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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04383-00

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04383-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar la solicitud de desvinculación formulada por Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Puertos y Transporte. Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor Wilson Mora Barbosa, quien actúa en nombre propio, contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Tercero.- Reconocer personería jurídica a la abogada Maribel Catalina Martínez Vega como apoderada de la Superintendencia de Puertos y Transporte en los términos del poder allegado con la tutela y de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso. 12 T-461 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo. 13 SU-917 de 2010 y SU-215 de 2022. la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad, razón por la cual “se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional. Se destaca que este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan advertir tal situación a primera vista especialmente, cuando se trata de una tutela contra una sentencia de una alta corte”. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-04383-00 Accionante: Wilson Mora Barbosa Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04383-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C, veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04383-00
Accionante: WILSON MORA BARBOSA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de cumplimiento
de normas con fuerza materia de ley o de actos administrativos.
Requisito de la relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Wilson Mora Barbosa, quien actúa en nombre propio, contra
la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 15 de julio de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y a la igualdad, así como los principios de confianza legítima, a la seguridad
jurídica y a la confianza legítima, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial
accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“(Sic para toda la cita) Primero PRETENDO CON ESTA ACCION DE TUTELA
como mecanismo excepcional y definitivo QUE LA SALA PLENA DEL CONSEJO
DE ESTADO DEJE SIN EFECTO Y SIN VALOR LA SENTENCIA DE ACCION
DE CUMPLIMIENTO , Y EN SUS LUGAR CONFIRMAR LA SENTENCIA
EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y ASI
GARANTIZAR la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
de la sentencias C-1194-01,SU 386-23, C-638-00, C-157-98, SU077-18,C-319-
13,T-353-14,T-173-99, C-173-99,C-1511- 00,C-1511-00,C-893-99,C-651-03,C-
010-01, C-193-98,C651-03, T-461-21, QUE HAN REITERADO la procedencia
de la acción de cumplimiento, por violación al presente y por interpretación
errónea de la norma como causal de procedibilidad para que el juez
constitucional tutela mis derecho fundamental acceder a la administración de
justicia, al debido proceso, derecho a la igualdad, principio de la buena fe
confianza legitima, principio de seguridad jurídica y revoque la sentencia de
acción de cumplimiento en segunda instancia por medio de la cual el tribunal
administrativo del cesar concedió la acción de cumplimiento, por ser una clara
via de hecho, desconocimiento del precedente judicial, falsa motivación violación
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04383-00
Accionante: Wilson Mora Barbosa

directa de la Constitución Defecto fáctico, Error inducido, La obligación de las
autoridades administrativas de aplicar la Constitución y la ley y de tener en
cuenta el precedente judicial para todas sus actuaciones, deben acatar el
precedente judicial, esto es, están en la obligación de aplicar e interpretar las
normas, en el sentido dictado por la autoridad judicial, el deber de acatamiento
del precedente judicial que de conformidad con el articulo 10 de la ley 1437 del
2011 , es obligacion hacerla extensivas SU-380/21, T-022/19),
SU354/17,SU113/18,C-539/11. T-441/18, C-621/15, C-836/01, T-775/14, SU-
611/17, SU-069/18, T-656/11, 309/15, SU406/16, T-081/23, SU060/21,
SU048/22, SU068/18, C-634/11, SU-072/18, SU-041/22, T-048/129, C099/22,
SU-635/15.

SEGUNDO QUE la sala plena del consejo de estado haga la diferencia entre la
ley 1755 del 2015 y la ley 393 de 1997.

Tercero que la sala plena ordene al ministerio de transporte a darle cumplimiento
artículo 158ª de la ley 769 del 2002 y anule las sanciones impuestas por el
municipio de Valledupar atraves de la secretaria de transito debido que no
contaban con la autorización de la superintendencia de transporte para operar
dispositivo electrónico”.

2. Hechos

De la lectura de la demanda y el expediente de tutela se observan como hechos
relevantes los siguientes:

La autoridad de tránsito del municipio de Valledupar le impuso un comparendo al
accionante, identificado con el radicado núm. 20001000000047699218 de 28 de
noviembre de 2024, por estacionar su vehículo en un sitio prohibido.

El 21 de diciembre de 2024, el señor Wilson Mora Barbosa solicitó a la
Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
a la Secretaría de Tránsito y Transporte y al municipio de Valledupar el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022 1 y los
artículos 4, 10, 13 y 14 de la Ley 1843 de 20172, 127, 129 y 135 de la Ley 769 de
2002, y 1° al 14 de la Resolución núm. 20203040011245 de 20203 expedida por el
Ministerio de Transporte para que se retiraran los vehículos de foto multa
dispuestos en la jurisdicción del municipio de Valledupar y se abstuvieran de seguir
imponiendo multas. Asimismo, que se anularan los comparendos interpuestos
durante su operación y agotara el debido procedimiento administrativo al momento
de retirar vehículos mal estacionados o abandonados en el espacio público.

El señor Wilson Mora Barbosa, en ejercicio del medio de control de cumplimiento
de normas con fuerza materia de ley o de actos administrativos, presentó demanda
contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, a la Secretaría de Tránsito y Transporte y el municipio de

1
Por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro
y se dictan otras disposiciones.
2
Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios
tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones.
3
Por la cual se establecen los criterios técnicos de seguridad vial para la instalación y operación de los sistemas automáticos,
semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito y se dictan otras
disposiciones.
2

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04383-00
Accionante: Wilson Mora Barbosa

Valledupar, con el fin de que se les ordenara la anulación de todas las multas
aplicadas mediante vehículos “caza infractores”, incluyendo las que se le
impusieron al demandante, durante el período en el que no se contaba con la
autorización de la cartera ministerial demandada para el uso de sistemas
automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos de detección de
infracciones de tránsito.

El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia de 7 de marzo de 2025,
declaró la cosa juzgada respecto del artículo 6 de la Resolución núm.
20203040011245 de 2020 y del artículo 2 de la Ley 1843 de 2017. Por consiguiente,
consideró que no era necesario referirse a las demás cuestiones planteadas en la
demanda.

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. La
Sección Quinta del Consejo de Estado en fallo de 8 de mayo de 2025 la revocó y,
en su lugar, rechazó el medio de control respecto de la Superintendencia de Puertos
y Transporte y de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, y 134, 136 y 137 de
la Ley 769 de 2002, pues la constitución en renuencia no se hizo a partir de dichas
normas.

Igualmente, declaró la improcedencia del mencionado medio de control en lo
relacionado con la pretensión de anular las multas interpuestas por la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar haciendo uso de las patrullas institucionales,
en tanto no se superó el requisito de subsidiariedad. Declaró la cosa juzgada en lo
referente con el cumplimiento del artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, artículos 3 y
13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129 y 135 de la Ley 769 de 2002, y los
literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los artículos 5 al 8 de la Resolución
20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte por parte de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y el municipio de Valledupar - Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar, toda vez que estos fueron objeto de
pronunciamientos en otros procesos de la misma naturaleza con igualdad de objeto,
causa y entidades demandadas4. Y desvinculó al Ministerio de Transporte porque
no fue parte demandada ni se le vinculó como terceros con interés.

Por último, negó las pretensiones restantes, en tanto que no se demostró algún
posible incumplimiento por parte de las entidades demandadas.

3. Fundamentos de la acción

El demandante afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial, pues “es obligación
constitucional que (…) me garanticen la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante de la sentencias C-1194-01, SU 386-23, C-638-00,
C-157-98, SU077-18, C-319-13, T-353-14, T-173-99, C-173-99, C-1511-00,C-1511-
00, C-893-99, C-651- 03, C-010-01, C-193-98, C651-03, T-461-21, QUE HAN
REITERADO la procedencia de la acción de cumplimiento, por violación al presente
(sic) y por defecto sustantivos o material por la interpretación errónea de la norma
donde hay una imprecisión entre la ley 1755 del 2015, y la ley 393 de 1997, debido
que no estoy accionando un derecho de petición con fundamento en la ley 1755 del

4
Radicados núm. 20001-23-33-000-2025-00041-01, 2001-23-33-000-2025-00029-01 y 20001-33-33-009-2024-00283-01.
3

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04383-00
Accionante: Wilson Mora Barbosa

2015, estoy accionando es un requerimiento de cumplimiento que se fundamenta
por la ley 393 de 1997”.

Sostuvo que se incurrió en defecto fáctico, toda vez que “NO EXISTE BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA COSA JUZGADA, DEBIDO QUE ESTA SENTECIA
FUE REVOCADA POR FALTA DE PRUEBA, POR SE MOTIVO EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR EN MAS DE 60 ACCIONES DE CUMPLIMIENTO
FALALDA CONTRA EL MUNICIPIO DE VALLEDUAPR Y SECRETARIA DE
TRANSITO CAMBIARON DICHAS POSTURA FUERON 4 MAGISTRADO
CONVIRTIENDOSE EN UNA JURISPRUDENCIA, PERO EESTA SALA QUINTA
NO FALLO EN DERECHO, SI NO VIA DE HECHO (sic para toda la cita)”.

Finalmente, manifestó que se configuró una “(…) falta motivación, debido, a que no
se había planteado adecuadamente el problema jurídico, planteado, pues según el
tribunal administrativo del cesar avalo, la realización, de comparendo a través de
vehículos en movimiento, donde estos vehículos que son tres, tienen vidrios
oscuros, donde no se sabe, quien estan dentro de estos vehículos tomando fotos,
si hay funcionarios de transito o son funcionario de la concepción de transito debido
que ellos (sic para toda la cita)”.

4. Trámite procesal

Por auto de 23 de julio de 2025, se remitió el expediente de tutela al magistrado
Oswaldo Giraldo López, con el fin de que se estudiara la posibilidad de estudiar una
posible acumulación al mecanismo constitucional con radicado núm. 11001-03-15-
000-2025-04378-00.

En providencia de 12 de septiembre de 2025, el referido magistrado negó la
acumulación por considerar que al cuestionar providencias diferentes no se
configuran los presupuestos del Decreto 1069 de 2015.

Una vez regresó el expediente, en proveído de 23 de septiembre de 2025, el
magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó notificar al accionante y a la
autoridad judicial accionada. Asimismo, al Tribunal Administrativo del Cesar, a la
Superintendencia de Puertos y Transporte, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
al municipio de Valledupar –Secretaría de Tránsito y Transporte- y a los señores
Tomás Eduardo Quiroz, Yenis Rodríguez, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle,
Nelson Contreras, Gustavo Rueda, Guillermo Augusto Arias, Jaime Santiago Perea,
Antonio José Jiménez, Wilmer Enrique Díaz, Greys José Cuello, Oseas Tomás
Arias, Miriam Jiménez, Nelly Orozco, María Cecilia Rincones, Carlos Andrés
Carreño, Henry Fabián Arévalo, Alber Suárez Mendoza, Carmen Rosa Quintero,
Jaime Alonzo Mantilla, Jeancarlos García, Elias Guillermo Ochoa Daza, Carmen
Cecilia Rivera, Carmen Carmona, Eliana Sanguino, Rosa María Yacur, Holger
Posada, Ladis Leonor Padilla, Favio José Jiménez, Lilibeth Hinojosa, Elisa Cote,
Jhon Usuga, Erneys Alfonso Zuleta, Uriel Montero, Manuel Juliam Sandoval, Eliam
Portillo, Gustavo Calderón, José Emilio Molina, Juan José Castaño, Alvaro
Camargo, Jaider Napoleón Rosado, Miguel Londoño, Andrés Leonardo Quintero,
Yani Ospino, William Elías Castro, Luis González, Jesús Coronado, Eudes Antonio
Rodríguez, Gabriel Arias, Nayeth Ríos Rangel, Jorge Viloria, Quintana Cruz Duarte,
Maricruz Donado, Eudes Hernández, María Eufemia Uribe, Miguel Francisco
Rodríguez, Hector Grimaldo, Antonio Rafael Dangond, José Zuleta, Orlando De
4

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04383-00
Accionante: Wilson Mora Barbosa

Jesús Martínez, Roger Viloria Mendoza, Germán Ortíz, Rosa María Yacub Trizo,
Luis Alcides Serrano, Imera Sarmiento, Luis Ernesto Tamayo, Luis Enrique Madrid
Navarro, Rosario de Jesús Blanco Ospino, Melkis Kammerer, Adriana Oñate, Yenis
Rodriguez, Tomás Eduardo Quiroz, Ciro Alberto Fuentes, Martha Cecilia Lara
Palmera, Indira Valle, Nelson Contreras y Gustavo Rueda, como terceros
interesados en el resultado del proceso. De igual modo, se vinculó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 138808, 138836 a
138837 de 25 de septiembre de 2025 y 144604 de 3 de octubre de 2025, con el fin
de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica pidió que se declare la improcedencia de la
acción de tutela, por cuanto no se demostró una vulneración de derechos
fundamentales atribuibles a la entidad. Subsidiariamente, solicitó que se declare la
falta de legitimación en la causa en pasiva de la agencia.

Sostuvo que la entidad no realizó ninguna acción u omisión atribuible a esa entidad
que pueda constituirse en fuente de amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante.

5.2. Respuesta de la Superintendencia de Puertos y Transporte

La apoderada de la entidad solicitó que se desvinculara a la entidad de la acción
de tutela, por carecer de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que todas la
actuaciones y procedimientos encaminados a controvertir la imposición de
comparendos se efectúan únicamente por la autoridad territorial de tránsito.

5.3. Respuesta del municipio de Valledupar

La secretaria de tránsito y transporte pidió que se declare la improcedencia de la
acción de tutela, en tanto se utiliza a manera de una instancia adicional, más aún
cuando los argumentos planteados en el escrito de tutela carecen de respaldo
jurídico.

5.4. El Tribunal Administrativo del Cesar y los los señores Tomás Eduardo
Quiroz, Yenis Rodríguez, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle, Nelson
Contreras, Gustavo Rueda, Guillermo Augusto Arias, Jaime Santiago Perea,
Antonio José Jiménez, Wilmer Enrique Díaz, Greys José Cuello, Oseas Tomás
Arias, Miriam Jiménez, Nelly Orozco, María Cecilia Rincones, Carlos Andrés
Carreño, Henry Fabián Arévalo, Alber Suárez Mendoza, Carmen Rosa
Quintero, Jaime Alonzo Mantilla, Jeancarlos García, Elías Guillermo Ochoa
Daza, Carmen Cecilia Rivera, Carmen Carmona, Eliana Sanguino, Rosa María
Yacur, Holger Posada, Ladis Leonor Padilla, Favio José Jiménez, Lilibeth
Hinojosa, Elisa Cote, Jhon Usuga, Erneys Alfonso Zuleta, Uriel Montero,
Manuel Juliam Sandoval, Eliam Portillo, Gustavo Calderón, José Emilio
Molina, Juan José Castaño, Alvaro Camargo, Jaider Napoleón Rosado, Miguel
5

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04383-00
Accionante: Wilson Mora Barbosa

Londoño, Andrés Leonardo Quintero, Yani Ospino, William Elías Castro, Luis
González, Jesús Coronado, Eudes Antonio Rodríguez, Gabriel Arias, Nayeth
Ríos Rangel, Jorge Viloria, Quintana Cruz Duarte, Maricruz Donado, Eudes
Hernández, María Eufemia Uribe, Miguel Francisco Rodríguez, Héctor
Grimaldo, Antonio Rafael Dangond, José Zuleta, Orlando de Jesús Martínez,
Roger Viloria Mendoza, Germán Ortiz, Rosa María Yacub Trizo, Luis Alcides
Serrano, Imera Sarmiento, Luis Ernesto Tamayo, Luis Enrique Madrid
Navarro, Rosario de Jesús Blanco Ospino, Melkis Kammerer, Adriana Oñate,
Yenis Rodriguez, Tomás Eduardo Quiroz, Ciro Alberto Fuentes, Martha Cecilia
Lara Palmera, Indira Valle, Nelson Contreras y Gustavo Rueda, a pesar de que
se les notificó en debida forma el auto admisorio, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Cuestión preliminar

La Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Puertos y
Transporte solicitaron que se desvinculara de la acción de tutela, al considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
al estudiar la falta de legitimación en la casa por pasiva ha explicado que este
requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción,
de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en
caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada” , la Sala negará las
5

solicitudes de desvinculación de las referidas entidades, porque ostentan interés
directo en el asunto, más aún cuando fueron parte demandada en el medio de
control de cumplimiento de normas con fuerza materia de ley o de actos
administrativos que interpuso el señor Wilson Mora Barbosa.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y a la igualdad, así como los principios de confianza legítima, a la seguridad
jurídica y a la confianza legítima, del accionante.

5
Sentencia T-005 de 2022.
6

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Accionante: Wilson Mora Barbosa

4. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones6.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20057, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional8.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala9, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad,
pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza
o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un

6
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
8
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
9
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
7

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Accionante: Wilson Mora Barbosa

mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron
de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación
de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si
fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

5. Estudio y solución del caso concreto10

El accionante sostiene que la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso
y a la igualdad, así como los principios de confianza legítima, a la seguridad jurídica
y a la confianza legítima, al supuestamente incurrir en los defectos sustantivo, por
desconocimiento del precedente judicial, fáctico y “falta de motivación”, al no
resolver en su favor el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza
materia de ley o de actos administrativos que adelantó contra la Superintendencia
de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la Secretaría de
Tránsito y Transporte y el municipio de Valledupar, con el fin de que se anularan
todas las multas aplicadas mediante vehículos “caza infractores” en la jurisdicción
del municipio de Valledupar.

La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no
cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella sin
desarrollar la carga argumentativa mínima y explicativa necesaria para que el juez
de tutela analice de fondo el asunto. Con el fin de respaldar esa determinación, se
realizará un breve recuento de la providencia objetada, así:

La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 8 de mayo de 2025,
revocó el fallo de 7 de marzo de 2025 del Tribunal Administrativo del Cesar y, en su
lugar, resolvió lo siguiente:

• Rechazó la acción de cumplimiento respecto de la Superintendencia de
Puertos y Transporte y de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, y
134, 136 y 137 de la Ley 769 de 2002.

Lo anterior, con sustento en que, al verificar si el demandante cumplió con la
carga de probar que constituyó en renuencia a las entidades demandadas,
evidenció que el escrito radicado el 17 de diciembre de 2024, el demandante
solicitó el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 2251 de
2022, artículos 1 al 4, 10, 13 y 14 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129

10
Se reitera la postura desarrollada por esta sección en la sentencia de 25 de septiembre de 2025, radicado No. 11001-03-
15-000-2025-04386-00, C.P.: Wilson Ramos Girón.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04383-00
Accionante: Wilson Mora Barbosa

y 135 de la Ley 769 de 2002, y los artículos 1 al 14 de la Resolución núm.
20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte.

Sin embargo, en torno de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, 134,
136 y 137 de la Ley 769 de 2002, el actor no constituyó en renuencia a la
parte pasiva, por cuanto no solicitó la observancia de estas disposiciones en
el escrito de constitución en renuencia. Asimismo, este requisito no se superó
frente a la Superintendencia de Puertos y Transporte, puesto que no se le
requirió el cumplimiento de las normas invocadas en la demanda a los
canales de comunicación dispuestos por la entidad.

• Declaró la improcedencia respecto de la pretensión de anular las multas
interpuestas por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar
haciendo uso de las patrulladas institucionales.

Al respecto, consideró que no corresponde al fallador constitucional
adelantar un estudio sobre la legalidad del procedimiento sancionatorio
adelantado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, toda
vez que este corresponde al juez de lo contencioso administrativo.

Agregó que la improcedencia de esta acción en lo que atañe a esta
pretensión se justifica en que no se satisface el requisito de la subsidiariedad,
toda vez que este mecanismo constitucional es residual y no principal, lo que
presupone que no se cuente o haya contado con un medio ordinario de
defensa judicial.

• Declaró la cosa juzgada en relación con el cumplimiento del artículo 18 de la
Ley 2251 de 2022, artículos 3, y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127,
129 y 135 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y
los artículos 5 al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por
el Ministerio de Transporte por parte de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial y el municipio de Valledupar.

La Sección Quinta del Consejo de Estado indicó que el Tribunal
Administrativo del Cesar ya había resuelto una demanda contra la Alcaldía
de Valledupar, dentro de la acción de cumplimiento No. 20001-33-33-009-
2024-00283-01, en la que se solicitó ordenar el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 6 de la Resolución núm. 20203040011245 de 2020 y en el
artículo 2, numeral 1, de la Ley 1843 de 2017, así como disponer el retiro de
los vehículos denominados “caza infractores” de la jurisdicción del municipio
de Valledupar. El mencionado tribunal estudió lo relacionado con la
Resolución No. 20203040011245 de 2020 del Ministerio de Transporte en la
que se fijó criterios técnicos para la instalación y operación de sistemas
automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST). Sin embargo,
en ese caso no se probó que dichos sistemas estuvieran en funcionamiento
en la entidad territorial, pues no se aportó prueba alguna que demostrara la
existencia o uso de un vehículo equipado con cámara u otro dispositivo
regulado. En consecuencia, no era posible verificar un incumplimiento de los
requisitos legales previstos para su implementación.

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Accionante: Wilson Mora Barbosa

Igualmente, resaltó que la pretensión relacionada con el cumplimiento de los
artículos 18 de la Ley 2251 de 2022, 3 y 13 de la Ley 1843 de 2017, 127, 129
y 135 de la Ley 769 de 2002, los literales a), d), g), i) y m) del artículo 3, y los
artículos 5 al 8 de la Resolución núm. 20203040011245 de 2020, fue objeto
de estudio en la acción de cumplimiento No. 20001-23-33-000-2025-00029-
0111, promovida contra el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de
Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el municipio
de Valledupar, Secretaría de Tránsito y Transporte, en el que igualmente se
solicitó el retiro de circulación de los vehículos institucionales de la autoridad
de tránsito de esa ciudad.

En consecuencia, indicó que se había configurado la cosa juzgada, toda vez
que dicha pretensión había sido motivo de estudio en otros dos procesos, en
los cuales se presentó identidad de objeto, causa y entidades accionadas.

• Desvinculó al Ministerio de Transporte porque no fue demandada ni había
sido vinculada como tercero en el curso del proceso.

• Negó las demás pretensiones, “esto es aquellas sobre las que se agotó la
renuencia y no fueron objeto de escrutinio en otrora oportunidad, es decir, no
se ven afectadas por el fenómeno de cosa juzgada, la Sala colige que
ninguna establece algún mandato claro, exigible e inobjetable en cabeza de
alguna de las autoridades demandadas y que esté relacionado con las
pretensiones formuladas por el actor y los supuestos de hecho relacionados
en el escrito inicial”.

Por consiguiente, no se pudo predicar un posible incumplimiento por parte de
las entidades demandadas, lo que conllevó la imposibilidad de impartir orden
alguna encaminada a su acatamiento.

Bajo el escenario expuesto, la Sala observa que la parte demandante emplea la
acción de tutela para plantear reproches que no cumplen con la carga mínima
argumentativa, pues las razones expuestas en el escrito de tutela no le permiten al
juez de tutela adentrarse en un estudio de fondo.

Al respecto, en lo referente con los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente judicial, debe señalarse que el accionante invoca las sentencias que se
indicaron en el acápite de fundamentos de la acción para insistir en el desacuerdo
que expuso en la acción de cumplimiento frente a la imposición de comparendos,
cargo respecto del cual se le indicó que cuenta con otros medios de defensa a su
alcance para cuestionar la legalidad.

De hecho, de la revisión de las aludidas sentencias se advierte que fueron
proferidas en el marco del estudio de constitucionalidad de la Ley 393 de 1997 y
acciones de tutela que se han dirigido contra otras decisiones dictadas en el marco
de acciones de cumplimiento, las cuales en todo caso no guardan relación con la
11
En dicho proceso, el tribunal denegó las pretensiones al determinar que el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y la Superintendencia de Puertos y Transporte carecían de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no
eran las entidades llamadas a cumplir dichas normas. Asimismo, consideró que no existía un mandato exigible a la Secretaría
de Tránsito de Valledupar, dado que esta autoridad no había implementado el SAST en el ejercicio de sus funciones
sancionatorias.

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Accionante: Wilson Mora Barbosa

discusión planteada en el caso objeto de estudio y lo que muestran es que lo
pretendido es retomar la discusión que ya fue resuelta por el juez natural de la
causa.

Llama la atención de la Sala que entre las consideraciones expuestas por la Corte
Constitucional en una de las sentencias citadas como desconocidas se estudió la
figura de la cosa juzgada en la acción de cumplimiento y se indicó que las
providencias proferidas en dicho trámite adquieren la fuerza de cosa juzgada y allí
termina el proceso en forma definitiva, pues la ley no admite la posibilidad de una
nueva instancia para discutir lo resuelto por el juez de segunda instancia, ni menos
aún el ejercicio de otro tipo de acción para discutir lo resuelto en el trámite judicial
de cumplimiento tal como ocurrió en el caso objeto de estudio.

En la misma oportunidad, la Corporación sostuvo que no puede convertirse a la
tutela en el instrumento para revivir instancias agotadas o recursos que se
vencieron por el transcurso del tiempo y la negligencia de su titular o para sustituir
al juez ordinario, sino también para crear una nueva instancia o controvertir la
sentencia adoptada en un proceso especial y particular como el de cumplimiento,
cuando la decisión resulta desfavorable a los intereses de su titular.

Por lo demás, la Sala constata que, si bien la inconformidad del señor Mora Barbosa
con la determinación judicial censurada radica en una decisión contraria sus
intereses, lo cierto es que los escasos argumentos expuestos en la solicitud de
amparo no se logra evidenciar un genuino debate constitucional.

Además, el accionante no aludió a algún medio de prueba que permita inferir la
presunta omisión de valoración probatoria en que pudo incurrir la autoridad judicial
demandada, situación que impide determinar con precisión cuáles son los hechos
u omisiones que se atribuyen como causantes de la supuesta vulneración de
derechos fundamentales por parte de la sentencia objetada.

Asimismo, la Sala advierte que en la demanda de tutela la parte actora se limitó a
manifestar inconformidades subjetivas, transcribir apartes de la sentencia
cuestionada y citar jurisprudencia ajena al caso bajo estudio, así como a formular
afirmaciones genéricas, sin demostrar de manera razonada cómo la autoridad
judicial accionada incurrió en alguna de las causales especiales de procedencia.

Por lo anterior, se observa que los planteamientos de la parte actora carecen de un
desarrollo argumentativo claro, concreto y suficiente que permita establecer la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, conforme a las
causales generales y específicas previstas por la jurisprudencia constitucional.
Tampoco se presentan argumentos concretos que controviertan de manera directa
las razones de la decisión que cuestiona.

Así las cosas, la Sala reitera que no basta con aducir la afectación de garantías
iusfundamentales para cumplir este requisito de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, sino que es imperativo que el interesado exponga de
manera clara las razones por las cuales las considera vulneradas o amenazadas, lo
que no ocurre en el caso concreto.

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Accionante: Wilson Mora Barbosa

En relación con el alcance de este presupuesto de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha indicado que la
solicitud debe contener una carga argumentativa y explicativas mínimas, lo que es
razonable para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales con los
principios y valores en juego, cuando se controvierte una decisión judicial, porque
“a pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido
control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces”12.

Aunado a lo anterior, se recuerda que si bien la Constitución Política y el Decreto
2591 de 1991 aluden al principio de informalidad en el ejercicio de la acción de
tutela, la jurisprudencia constitucional, acogida por esta Sala, ha considerado que
cuando se cuestionan providencias judiciales, más aún de una alta corte13, la parte
interesada debe exponer unas razones mínimas con el fin de que el juez
constitucional pueda efectuar el estudio de fondo de la decisión objeto de reproche
constitucional, lo que se justifica en que, en principio, deben privilegiarse los
principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y especialidad del juez natural.

Así las cosas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir el
presupuesto de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

Primero.- Negar la solicitud de desvinculación formulada por Agencia Nacional de
Seguridad Vial y la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Wilson Mora Barbosa, quien actúa en nombre propio, contra la Sección Quinta del
Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.

Tercero.- Reconocer personería jurídica a la abogada Maribel Catalina Martínez
Vega como apoderada de la Superintendencia de Puertos y Transporte en los
términos del poder allegado con la tutela y de conformidad con el artículo 75 del
Código General del Proceso.

12
T-461 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
13
SU-917 de 2010 y SU-215 de 2022. la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales proferidas por una
alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad, razón por la cual “se requiere demostrar que en la providencia atacada
se presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria. Por este
motivo, no basta con mencionar una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter
arbitrario, para entender acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional. Se destaca que este
requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los derechos fundamentales, sino en que se aporten
elementos suficientes que permitan advertir tal situación a primera vista especialmente, cuando se trata de una tutela contra
una sentencia de una alta corte”.
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04383-00
Accionante: Wilson Mora Barbosa

Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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