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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04386-01

Fecha
25 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04386-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez, por las consideraciones anotadas. Como consecuencia, queda separado del conocimiento de la presente acción de tutela. SEGUNDO. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el 25 de septiembre de 2025, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04386-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

25 de noviembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-01
Demandante: Betsy Sánchez Morón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-01
Demandante: BETSY SÁNCHEZ MORÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL POR AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Los argumentos de
la señora Betsy Sánchez Morón no satisfacen la carga argumentativa requerida para
calificar el asunto como constitucionalmente relevante.

La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 25
de septiembre de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 16 de julio de 20252, la señora Betsy Sánchez Morón instauró acción de tutela contra
la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el objeto de proteger sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la
igualdad, con ocasión de la sentencia del 8 de mayo de 2025, dictada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado 20001-23-33-000-2025-
00075-01. Formuló las siguientes pretensiones:

Primero PRETENDO CON ESTA ACCION DE TUTELA como mecanismo
excepcional y definitivo QUE LA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO
DEJE SIN EFECTO Y SIN VALOR LA SENTENCIA DE ACCION DE
CUMPLIMIENTO , Y EN SUS LUGAR CONFIRMAR LA SENTENCIA EXPEDIDA
POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y ASI GARANTIZAR la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante de la sentencias C-
1194-01,SU 386-23, C-638-00, C-157-98, SU077 18,C-319-13,T-353-14,T-173-
99, C-173-99,C-1511- 00,C-1511-00,C-893-99,C-651-03,C-010-01, C 193-

1
Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 29 de octubre de 2025,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
Samai, índice 2.

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1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-01
Demandante: Betsy Sánchez Morón

98,C651-03 , T-461-21, QUE HAN REITERADO la procedencia de la acción de
cumplimiento ,por violación al presente y por interpretación errónea de la norma
como causal de procedibilidad para que el juez constitucional tutela mis derecho
fundamental acceder a la administración de justicia, al debido proceso , derecho
a la igualdad , principio de la buena fe confianza legitima , principio de seguridad
jurídica y revoque la sentencia de acción de cumplimiento en segunda instancia
por medio de la cual el tribunal administrativo del cesar concedió la acción de
cumplimiento, por ser una clara via de hecho , desconocimiento del precedente
judicial, falsa motivación violación directa de la Constitución Defecto fáctico, Error
inducido, La obligación de las autoridades administrativas de aplicar la
Constitución y la ley y de tener en cuenta el precedente judicial para todas sus
actuaciones, deben acatar el precedente judicial, esto es, están en la obligación
de aplicar e interpretar las normas, en el sentido dictado por la autoridad judicial,
el deber de acatamiento del precedente judicial que de conformidad con el articulo
10 de la ley 1437 del 2011 , es obligacion hacerla extensivas SU-380/21, T-
022/19), SU354/17,SU113/18,C-539/11. T-441/18, C-621/15, C-836/01, T-775/14,
SU-611/17, SU-069/18, T 656/11, 309/15, SU406/16, T-081/23, SU060/21,
SU048/22, SU068/18, C-634/11, SU-072/18, SU 041/22, T-048/129, C099/22, SU-
635/15.

SEGUNDO QUE la sala plena del consejo de estado haga la diferencia entre la
ley 1755 del 2015 y la ley 393 de 1997.

Tercero que la sala plena ordene al ministerio de transporte a darle cumplimiento
artículo 158ª de la ley 769 del 2002 y anule las sanciones impuestas por el
municipio de Valledupar atraves de la secretaria de transito debido que no
contaban con la autorización de la superintendencia de transporte para operar
dispositivo electrónico.

2. De la demanda de tutela y de los medios probatorios obrantes en el expediente, se
extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:

3. La Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar impuso
comparendo identificado con radicado «20001000000045553854» del 30 de octubre de
2024 y «20001000000045554379» del 12 de noviembre de 2024 a la señora Sánchez
Morón, por haber estacionado su vehículo en un sitio prohibido.

4. El 30 de diciembre de 2024, la señora Sánchez Morón solicitó ante la
Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el
municipio de Valledupar el cumplimiento de las siguientes normas: el artículo 18 de la
Ley 2251 de 20223; los artículos 1 al 4, 10, 13 y 14 de la Ley 1843 de 20174; los artículos
127, 129 y 135 de la Ley 769 de 2002, y los artículos 1° al 14 de la Resolución
«20203040011245» de 20205, emitida por el Ministerio de Transporte.

3 «Por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque

de sistema seguro y se dictan otras disposiciones».
4 «Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos,

semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras
disposiciones».
5 «Por la cual se establecen los criterios técnicos de seguridad vial para la instalación y operación de los

sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas
infracciones al tránsito y se dictan otras disposiciones».

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Demandante: Betsy Sánchez Morón

5. Asimismo, pidió que (i) se retirara los vehículos de fotomulta dispuestos en el
municipio de Valledupar; (ii) se abstuvieran de seguir imponiendo multas a través de
dicho sistema y (iii) que se agotara el debido procedimiento administrativo al momento
de retirar vehículos mal estacionados en el espacio público.

6. Surtido el trámite tendiente a la constitución en renuencia, se promovió el medio de
control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos
ante el Tribunal Administrativo de Cesar, el que, en fallo del 13 de marzo de 2025,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Como consecuencia, (i) le
ordenó a la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar el
cumplimiento del inciso primero del artículo 135 del Código Nacional de Tránsito
Terrestre; (ii) declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y (iii) rechazó la solicitud de cumplimiento del artículos 5 del
Decreto 2409 de 2018.

7. En sentencia del 8 de mayo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó
la decisión de primera instancia y, en su lugar, rechazó la solicitud de cumplimiento
respecto de la Superintendencia de Puertos y Transporte, y de los artículos 4 y 5 del
Decreto 2409 de 2018, y 134, 136 y 137 de la Ley 769 de 2002, por no haber superado
el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.

8. Frente a la pretensión encaminada a lograr que se anularan los comparendos
impuestos a la demandante, dijo que no era procedente, pues no superó el requisito de
subsidiaridad, debido a que la accionante contaba con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

9. También negó las pretensiones relacionadas con el cumplimiento del artículo 4 del
Decreto 2409 de 2018, 134 de la Ley 769 de 2002, 14 de la Ley 1843 de 2017 y los
artículos 1, 2, 4 y 9 al 14 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el
Ministerio de Transporte, bajo el argumento de que no «contiene un mandato imperativo
e inobjetable cuyo acatamiento sea susceptible de solicitarse a través del mecanismo
constitucional de la referencia».

10. Finalmente, declaró la existencia de cosa juzgada frente a las pretensiones
relacionadas con los artículos 18 de la Ley 2251 de 2022; 3 y 13 de la Ley 1843 de 2017;
127, 129 y 135 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y
los artículos 5 al 8 de la Resolución «20203040011245» de 2020, pues este asunto tiene
indentidad de objeto, causa y partes con un caso previamente resuelto por esa Sección,
a través de la sentencia del 10 de abril de 2025, dentro del medio de control de
cumplimiento con radicado 20001-23-33-000-2025-00029-01.

11. La señora Sánchez Morón indicó que la sentencia del 8 de mayo de 2025 incurrió en
un defecto sustantivo, en desconocimiento del precedente y falta de motivación 6 y, por
ende, trasngredió sus derechos fundamentales.

6
La parte accionante únicamente mencionó que la autoridad judicial también incurrió en los defectos
fácticos y violación directa a la Constitución, sin desarrollo alguno.

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Demandante: Betsy Sánchez Morón

12. En defecto sustantivo, porque la Sección Quinta interpretó erróneamente la Ley 1755
de 2015 y la Ley 393 de 1997, pues, entre otras, resaltó que no está «accionando
derecho de petición con fundamento en la ley 1755 del 2015 , estoy accionando es un
requerimiento de cumplimiento que se fundamenta por la ley 393 de 1997».

13. Agregó que la cosa juzgada no se había configurado en su caso, porque la sentencia
cuestionada revocó el fallo de primera instancia por «falta de pruebas».

14. Sostuvo que la autoridad judical accionada desconoció las reglas fijadas en las
sentencias C-1194 y C-010 de 2001, SU-386 de 2023, C-638 y C-1511 de 2000, C-157,
C-193 de 1998, SU-077 de 2018, C-319 de 2013, T-353 de 2014, T-173 y C-893 de 1999,
C-651 de 2003 y T-461 de 2021.

15. Concluyó que también carece de motivación, debido a que no se planteó de forma
adecuada el problema jurídico.

B. Trámite impartido e intervenciones

16. Mediante auto del 22 de julio de 20257, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a los magistrados integrantes de la Sección Quinta del
Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Cesar, así como a la ministra de
Transporte, al superintendente de Puertos y Transporte, a la directora de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, al alcalde y al secretario de Tránsito y Transporte del
municipio de Valledupar.

17. En auto del 15 de agosto de 20258, el despacho sustanciador ordenó vincular, como
terceros con interés, a Yenis Rodríguez y otros9.
18. La Agencia Nacional de Seguridad Vial10 pidió que se le desvinculara del proceso
de tutela, porque sus actuaciones u omisiones no fueron reprochadas en los supuestos
facticos de la demanda, sino que dichas inconformidades recaen sobre las autoridades
de tránsito que impusieron las infracciones de tránsito.

7 Samai, índice 5.
8 Samai, índice 12.
9 8Tomás Eduardo Quiroz, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle, Nelson Contrera, Gustavo Rueda,

Guillermo Augusto Arias, Jaime Santiago Perea, Antonio José Jiménez, Wilmer Enrique Díaz, Greys José
Cuello, Oseas Tomás Arias, Miriam Jiménez, Nelly Orozco, María Cecilia Rincones, Carlos Andrés
Carreño, Henry Fabián Arévalo, Alber Suárez Mendoza, Carmen Rosa Quintero, Jaime Alonzo Mantilla,
Jeancarlos García, Elías Guillermo Ochoa Daza, Carmen Cecilia Rivera, Carmen Carmona, Eliana
Sanguino, Rosa María Yacur, Holger Posada, Ladis Leonor Padilla, Favio José Jiménez, Lilibeth Hinojosa,
Elisa Cote, Jhon Usuga, Erneys Alfonso Zuleta, Uriel Montero, Manuel Juliam Sandoval, Eliam Portillo,
Gustavo Calderón, José Emilio Molina, Juan José Castaño, Álvaro Camargo, Jaider Napoleón Rosado,
Miguel Londoño, Andrés Leonardo Quintero, Yani Ospino, William Elías Castro, Luis González, Jesús
Coronado, Eudes Antonio Rodríguez, Gabriel Arias, Nayeth Ríos Rangel, Jorge Viloria, Quintana Cruz
Duarte, Maricruz Donado, Eudes Hernández, María Eufemia Uribe, Miguel Francisco Rodríguez, Héctor
Grimaldo, Antonio Rafael Dangond, José Zuleta, Orlando De Jesús Martínez, Roger Viloria Mendoza,
Germán Ortiz, Rosa María Yacub Trizo, Luis Alcides Serrano, Wilson Mora, Imera Sarmiento, Luis Ernesto
Tamayo, Luis Enrique Madrid Navarro, Rosario De Jesús Blanco Ospino, Melkis Kammerer, Adriana
Oñate, Yenis Rodríguez, Tomás Eduardo Quiroz, Ciro Alberto Fuentes, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira
Valle, Nelson Contreras y Gustavo Rueda.
10 Samai, índice 10.

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Demandante: Betsy Sánchez Morón

19. Los demás sujetos procesales guardaron silencio, pese a que fueron debidamente
notificados del auto admisorio de la solicitud de amparo.

C. Fallo impugnado11

20. En sentencia del 25 de septiembre de 2025, la Sección Cuarta de esta Corporación
declaró improcedente la solicitud de amparo, dado que, al examinar la solicitud de
amparo, concluyó que la demandante no cumplió con la carga argumentativa requerida.
Simplemente trascribió fragmentos de la sentencia de segunda instancia del Consejo de
Estado, Sección Quinta. En consecuencia, sus planteamientos no identifican ni
desarrollan las causales generales o específicas de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, omitiendo explicar por qué la decisión impugnada incurrió en los
defectos constitucionales que se le atribuyen.

D. Impugnación12

21. Inconforme con la decisión, la parte actora presentó impugnación. Señaló que sí
desarrolló los defectos en los que incurrió la Sección Quinta del Consejo de Estado, en
la sentencia del 8 de mayo de 2025, dentro del proceso con radicado 20001-23-33-000-
2025-00075-01.

22. Precisó que la providencia censurada incurrió en una vía de hecho, por cuanto avaló
las sanciones impuestas por la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar,
contrariando el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022 y el artículo 158 de la Ley 769 de
2002.

23. Aclaró que se desconoció los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de
confianza legítima, así como se transgredió el derecho fundamental al debido proceso,
dado que validó «las decisiones administrativas carentes de competencia legal y soporte
constitucional».

24. Concluyó lo siguiente:

[L]a Sala incurrió en un defecto procedimental por indebida valoración del
cumplimiento de los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales, y desconoció los elementos fácticos y jurídicos que estructuran la
petición de amparo.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en

11 Samai, índice 21.
12 En auto del 16 de octubre de 2025, el despacho sustanciador concedió la impugnación. Ver índice 30

de Samai.

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Demandante: Betsy Sánchez Morón

el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).

F. Cuestión previa: impedimento del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez

26. Por escrito del 20 de noviembre de 2025, el consejero Fernando Alexei Pardo Flórez
manifestó que desde hace ya varios años sostiene una amistad estrecha con el también
consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, quien suscribió la sentencia que aquí se
cuestiona. Para ello, puso de presente su relación cercana, lo que incluye visitas a sus
respectivas familias, y el acompañamiento mutuo y permanente «en momentos
significativos de [sus] vidas (logros e infortunios personales)». Que, por consiguiente, se
encuentra incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal: «que exista amistad íntima o enemistad grave entre
alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial».

27. Pues bien, en materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales
del Código de Procedimiento Penal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del
Decreto 2591 de 1991:

Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez
deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del
Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si
fuere el caso.

28. De esa norma se desprende que el juez que conozca de una acción de tutela deberá
declararse impedido cuando concurra alguna de las causales previstas en el Código de
Procedimiento Penal (CPP). Así, se constata que el numeral 5 del artículo 56 del CPP,
dispone:

ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
(…)

5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante,
víctima o perjudicado y el funcionario judicial.

29. Dado que las circunstancias fácticas descritas en el escrito analizado dan cuenta de
una amistad estrecha y prolongada, al punto que se ha mantenido durante más de ocho
años, periodo en el cual han compartido innumerables espacios académicos y
personales, es claro que se enmarcan en la causal prevista en el numeral 5 del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, a fin de garantizar la imparcialidad e
independencia que se requieren para conocer y tramitar la acción de tutela, se declarará
fundado el impedimento manifestado por el mencionado consejero de Estado, y, como
consecuencia, quedará separado del conocimiento del presente asunto.

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G. Problema jurídico

30. Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo
proferido el 25 de septiembre de 2025, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por
medio del cual se declaró improcedente la acción de tutela. Para el efecto, primero se
establecerá si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra
providencia judicial.

H. Alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

31. Mediante sentencia del 5 de agosto de 2014 13, la Sala Plena de esta Corporación
estableció que el mencionado requisito tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e
independencia judicial, y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos cuya
resolución corresponde a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una
solicitud de amparo tiene relevancia constitucional, sea necesario examinar dos
elementos:

32. Primero, que el actor cumpla una carga argumentativa mínima y justifique con
suficiencia la vulneración de los derechos fundamentales. Es decir, no basta
simplemente con invocar los derechos, sino que es necesario que se ofrezcan serias y
amplias razones en clave constitucional que le permitan al juez de tutela adentrarse en
el estudio de las causales específicas de procedibilidad que han sido invocadas y
debidamente sustentadas.

33. Segundo, que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional del proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, pues ese valioso mecanismo
de estirpe constitucional —la acción de tutela— fue creado para proteger derechos
fundamentales, no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias
con las providencias que allí se dicten.

34. En resumen, el requisito de relevancia constitucional no se agota con señalar los
derechos fundamentales vulnerados e identificar los defectos de la providencia. Por el
contrario, se requiere que la solicitud de amparo (i) contenga una carga argumentativa
mínima y (ii) no sea utilizada como una instancia adicional a las establecidas por el
legislador.

35. La tesis expuesta se ajusta al precedente de la Corte Constitucional, la cual, de
manera consistente y consolidada, ha sostenido que la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para
discutir aspectos de mera legalidad o de índole patrimonial, o la interpretación propia de
los jueces naturales. Por consiguiente, aquella es inidónea si lo pretendido es que el juez
constitucional se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación
propios de las especialidades de cada jurisdicción.

13
Proceso identificado con el radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) (MP: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez).

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36. Igualmente, la Corte14 ha establecido que, si la acción de tutela de dirige contra una
providencia de una alta corte, además de satisfacer las exigencias expuestas en
precedencia, debe evidenciar, a primera vista, una afectación desproporcionada de
derechos fundamentales, derivada de una actuación judicial arbitraria.

I. Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

37. En el caso bajo estudio, la parte actora pidió que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, vulnerados con ocasión de la sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, en virtud de la cual revocó la sentencia del 13
de marzo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Cesar, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la solicitud de cumplimiento.

38. En el breve escrito de tutela, la accionante afirmó que la sentencia de segunda
instancia, proferida el 8 de mayo de 2025, por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y falta de motivación,
por las siguientes razones (transcripción literal, incluso con posibles errores):

Que es obligación constitucional que SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO me
garanticen la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante de la
sentencias C-1194-01,SU 386-23, C-638-00, C-157-98, SU077 18,C-319-13,T-353-
14,T-173-99, C-173-99,C-1511-00,C-1511-00,C-893-99,C-651 03,C-010-01, C-193-
98,C651-03 , T-461-21, QUE HAN REITERADO la procedencia de la acción de
cumplimiento ,por violación al presente y por defecto sustantivos o material por la
interpretación errónea de la norma donde hay una imprecisión entre la ley 1755 del
2015 , y la ley 393 de 1997, debido que no estoy accionando un derecho de petición
con fundamento en la ley 1755 del 2015 , estoy accionando es un requerimiento de
cumplimiento que se fundamenta por la ley 393 de 1997,En ese sentido, cuando en
una providencia judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente
errada.

(…)

SEXTO SEÑORES SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO, NO EXISTE BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA COSA JUZGADA, DEBIDO QUE ESTA SENTECIA
FUE REVOCADA POR FALTA DE PRUEBA , POR SE MOTIVO EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR EN MAS DE 60 ACCIONES DE CUMPLIMIENTO
FALALDA CONTRA EL MUNICIPIO DE VALLEDUAPR Y SECRETARIA DE
TRANSITO CAMBIARON DICHAS POSTURA FUERON 4 MAGISTRADO
CONVIRTIENDOSE EN UNA JURISPRUDENCIA, PERO EESTA SALA QUINTA NO
FALLO EN DERECHO , SI NO VIA DE HECHO.

(…)

DECIMO PRIMERO SEÑORES SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO EL
ESTA SALA QUINTA INCURRIÓ EN VÍA DE HECHO, POR falta motivación, debido,
a que no se había planteado adecuadamente el problema jurídico , planteado , pues
según el tribunal administrativo del cesar avalo , la realización, de comparendo a
través de vehículos en movimiento , donde estos vehículos que son tres , tienen
vidrios oscuros , donde no se sabe , quien están dentro de estos vehículos tomando

14 Sentencia de unificación 215 de 2022.

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8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-01
Demandante: Betsy Sánchez Morón

fotos , si hay funcionarios de tránsito o son funcionario de la concepción de tránsito
debido que ellos.

39. Sin embargo, de entrada, tal como lo advirtió el fallador de primer grado, la Sala
observa que la demanda carece de una carga argumentativa mínima, que, de acuerdo
con la jurisprudencia constitucional, le permita al juez de tutela examinar la posible
configuración de los defectos endilgados a la providencia censurada.

40. En efecto, recientemente, la Corte Constitucional15, recordó que la acción de tutela
procede de manera excepcional contra providencias judiciales, únicamente cuando se
acredite la concurrencia de los requisitos generales de procedencia 16 -entre los que se
encuentra la relevancia constitucional- y al menos uno de los requisitos específicos que
vicien la validez constitucional de la decisión cuestionada.

41. Así, respecto de la relevancia constitucional, el alto tribunal constitucional17 sostuvo
que para que se cumpla tal requisito, se exige a la parte actora una carga argumentativa
mínima, que le permita al juez del amparo abordar el análisis del cargo planteado en la
demanda. Puntualmente, en los casos en los que se pretenda el amparo por defecto
fáctico, la esta Corporación18 ha indicado que la carga argumentativa consiste en que i)
se identifiquen los elementos de convicción, supuestamente desconocidos o valorados
indebidamente, ii) que se argumente que el yerro valorativo pudo variar o alterar el
sentido de la decisión y iii) que la indebida omisión o apreciación constituye una actuación
arbitraria e irrazonable, que podría comprometer efectivamente el goce efectivo de los
derechos de los accionantes.

42. Sin embargo, como se vio, la parte accionante se limitó a mencionar cada uno de los
defectos, sin profundización alguna, como pasa a explicarse.

43. Sobre el defecto sustantivo, la Sala entiende que la parte accionante está inconforme
porque, en su criterio, la autoridad judicial accionada interpretó erróneamente las leyes
1755 de 201519 y 393 de 1997, pues su solicitud no buscó ser tramitada bajo las reglas
fijadas en la primera ley, sino que presentó una solicitud de cumplimiento; sin embargo,
no explicó por qué la sentencia cuestionada incurrió en tal defecto y cuál era el argumento
que se desarrolló en contravía de las disposiciones fijadas en esas leyes, circunstancia
importante para la Sala, pues la sentencia cuestionada no tuvo en cuenta la primera ley
para adoptar su decisión, sino que, entre otras, la controversia se centró sobre la falta de

15 Corte Constitucional, sentencia T-495 de 2024, M.P. Juan Carlos Cortés González.
16 La Corte aclaró que los requisitos generales son los siguientes: «1) legitimación por activa y por
pasiva, 2) relevancia constitucional, 3) subsidiariedad, 4) inmediatez, 5) irregularidad procesal decisiva, 6)
identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, y 7) que no se ataquen sentencias de
tutela».
17 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de tutela del 3

de mayo de 2019, M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
19 «Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».

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Demandante: Betsy Sánchez Morón

acreditación del requisito de procedibilidad establecida en el artículo 8 de la Ley 393 de
199720, respecto del Ministerio de Trabajo.

44. Algo similar ocurre con el reproche relacionado con la cosa juzgada, pues su
argumentó se basó en que la sentencia del 8 de mayo de 2025 no se encontraba en
firme, porque había sido revocada, afirmación que carece de fundamento, porque,
revisado el aplicativo Samai, se observó que dicha decisión no fue revocada, pues fue
proferida en el trámite de segunda instancia de la acción de cumplimiento con radicado
20001-23-33-000-2025-00075-01 y no hay evidencia alguna de que posteriormente haya
sido dejada sin efectos.

45. Asimismo, se advierte que la inconformidad sobre la falta de motivación que
supuestamente incurrió la sentencia cuestionada carece de soporte alguno, pues solo
hizo referencia a que no se había planteado adecuadamente el problema jurídico, sin
planteamiento adicional alguno, reproche que pudo advertir durante la acción de
cumplimiento, pero no lo hizo.

46. A lo sumo, lo que hizo la parte demandante fue mencionar varios pronunciamientos
de la Corte Constitucional21 que, a su juicio, fueron ignorados por la Sección Quinta de
esta Corporación, pero no se preocupó por desarrollar el cargo de desconocimiento del
precedente, con miras a evidenciar, por ejemplo, cuáles eran las reglas o subreglas
jurisprudenciales desatendidas y por qué resultaban vinculantes en el caso particular, de
acuerdo con la sentencia T-482 de 201122.

20 Procedibilidad. La Acción de Cumplimiento procederá contra toda acción u omisión de la autoridad que

incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir inminente incumplimiento de normas con fuerza
de Ley o Actos Administrativos. También procederá contra acciones u omisiones de los particulares, de
conformidad con lo establecido en la presente Ley.
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya
ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación
de la solicitud. Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito, cuando el cumplirlo a cabalidad
genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable para el accionante, caso en el cual deberá
ser sustentado en la demanda.
21 Resaltó las sentencias C-1194 y C-010 de 2001, SU-386 de 2023, C-638 y C-1511 de 2000, C-157, C-

193 de 1998, SU-077 de 2018, C-319 de 2013, T-353 de 2014, T-173 y C-893 de 1999, C-651 de 2003 y
T-461 de 2021.
22
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del
precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas:

a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las
razones por las que estima que se desconoció.

b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de
aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.

c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.

d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el
precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del precedente judicial.
Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares,
tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio jurisprudencial
supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de transparencia y razón
suficiente).

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Demandante: Betsy Sánchez Morón

47. De conformidad con lo expuesto, si bien la accionante está en desacuerdo con la
decisión proferida por la autoridad judicial accionada, lo cierto es que en la tutela de la
referencia se dedicó a plasmar, en forma general y abstracta, las razones por las cuales
consideraba que se debían amparar sus derechos fundamentales, sin sustentar los
defectos o causales específicas de procedibilidad con la suficiencia exigida por la
jurisprudencia constitucional para controvertir providencias judiciales mediante la acción
de tutela.

48. A todo lo anterior se suma, como lo planteó esta Subsección recientemente23, que
«tratándose de una acción de tutela dirigida a cuestionar una providencia proferida en el
marco de un medio de control de naturaleza pública [como el de cumplimiento de normas
con fuerza de ley o actos administrativos], no es posible admitir que los argumentos que
sirven de sustento a la vulneración alegada se funden en simples discrepancias que no
revelen, por sí mismas, una afectación de derechos fundamentales».

49. Esta Corporación24 también ha señalado que en la demanda de tutela no se puede
escuetamente señalar situaciones fácticas, sin invocar y sustentar alguna de las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales para obligar al juez
constitucional que revise las decisiones que estiman contrarias a los derechos
fundamentales, máxime cuando el fallo en cuestión fue dictado por una alta corte. Como
se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte
Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de la
acción de tutela contra las providencias judiciales.

50. A juicio de la Sala, la ausencia de motivos de carácter iusfundamental para cuestionar
la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, también denota que la acción
de tutela se está ejerciendo con el claro y único propósito de convertir este valioso
mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional de
la acción de cumplimiento con radicado 20001-23-33-000-2025-00075-01.

51. Lo expuesto resulta suficiente para confirmar la providencia impugnada, toda vez que
no se reúnen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.

52. En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la decisión
(ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez hace de las normas
frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto 22.

f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho al
debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
23 Sentencia del 1º de septiembre de 2025, expediente: 11001-03-15-000-2025-04380-00, M.P. José

Roberto Sáchica Méndez.
24 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de enero de 2015, expediente: 11001-03-15-000-

2014-00552-01, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-01
Demandante: Betsy Sánchez Morón

FALLA:

PRIMERO. Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Fernando
Alexei Pardo Flórez, por las consideraciones anotadas. Como consecuencia, queda
separado del conocimiento de la presente acción de tutela.

SEGUNDO. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el 25 de septiembre de 2025,
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de acuerdo con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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