Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04392-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04392-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04392-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
5 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04392-01
Accionante: Jorge Iván Blanco Cáceres
Accionados: Sección Quinta del Consejo de Estado
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 25 de septiembre de 2025 1 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.
I. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo constitucional
El 16 de julio de 20252 Jorge Iván Blanco Cáceres presentó acción de tutela3 en procura
de la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia,
al debido proceso, a la igualdad, así como de los principios de buena fe, confianza
legítima y seguridad jurídica, que consideró vulnerados en el marco de la acción de
cumplimiento 20001-23-33-000-2025-00086-01. En dicho trámite, la Sección Quinta del
Consejo de Estado profirió sentencia del 8 de mayo de 2025, mediante la cual revocó el
fallo del 13 de marzo de 2025 del Tribunal Administrativo del Cesar, que había accedido
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1.2. Hechos
1.2.1. Jorge Iván Blanco Cáceres interpuso acción de cumplimiento 4 en contra de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional
de Seguridad Vial y el municipio de Valledupar, con el fin de que se diera cumplimiento a
los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018; al artículo 18 de la Ley 2251 de 2022; a los
artículos 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017; a los artículos 127, 129, 134, 135, 136 y 137
1 Obra en el certificado 6E790E007A08637E 3E1AD51033D01187 613657B466B05F07 FDAFA1BC097658C6, índice
31.
2 Según el índice 2.
3 Obra en el certificado AB5A23E5D19022C4 EBC1E925EF2251D8 84B976DE16477D03 74AA40D2CBDD5D98,
índice 2.
4 Obra en el archivo JORGE IVAN BLANCO CACERES del certificado 573E3C645AFA91F6 787BA4E3781EDF07
1ED607C190477A94 3BA516E9EBA83680, índice 3 del expediente 20001233300020250008600 del Tribunal
Administrativo del Cesar.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04392-01
Accionante: Jorge Iván Blanco Cáceres
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
del Código Nacional de Tránsito; y a los artículos 1 al 14 de la Resolución
20203040011245 de 2020.
1.2.2. El 13 de marzo de 20255 el Tribunal Administrativo del Cesar accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
1.2.3. Inconforme, la Alcaldía de Valledupar6 impugnó la decisión. Como consecuencia,
la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante providencia del 8 de mayo de 20257,
revocó el fallo recurrido, para, en su lugar:
“1. Rechazar la demanda respecto del Ministerio de Transporte y frente a los artículos
5 del Decreto 2409 de 2018 y 4 de la Ley 1843 de 2017.
2. Declarar la improcedencia de la demanda respecto de la pretensión relacionada
con la anulación de los comparendos que le fueron impuestos por los agentes de
tránsito del municipio de Valledupar.
3. Declarar la cosa juzgada con respecto a las pretensiones de cumplimiento de los
artículos 18 de la Ley 2251 de 2022; 3 y 13 de la Ley 1843 de 2017; 127, 129 y 135
al 137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los artículos
5 al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020, por las razones expuestas en esta
providencia.
4. Negar las pretensiones de la demanda en relación con el artículo 4 del Decreto
2409 de 2018, 134 de la Ley 769 de 2002, 14 de la Ley 1843 de 2017 y los artículos
1, 2, 4 y 9 al 14 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio
de Transporte”8.
Como fundamento, se expuso que la demanda de cumplimiento no superó el requisito de
subsidiariedad en lo relativo a las pretensiones y argumentos encaminados a controvertir
los comparendos que le fueron impuestos al actor por la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Valledupar, sumado a que no se acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable.
Ahora, respecto de las demás pretensiones, la autoridad judicial comparó el litigio
propuesto con el resuelto en la decisión del 10 de abril de 2025, dentro del trámite de
cumplimiento 20001-23-33-000-2025-00029-01, y concluyó que se configuró una triple
identidad procesal. En ese sentido, estimó que, como ya existe una decisión de fondo
5 Obra en el certificado DED9721960C74C27 06F99FB6C82B748D 8CE26DF2356A4DC3 34B31BDC0D565023,
índice 37, ibid.
6 Obra en el certificado E28733EA21F3E0DE 3D5D5AAF87FE5B1E 8370DBED0BBDB8E2 B82A3B69F05219E2,
índice 40 del expediente, ibid.
7 Obra en el certificado 41D8517451590964 2F8BDE4B4959A80A D60C60B115B7C36C 50D9441DE67ABBE7, índice
4 del expediente 20001233300020250008601.
8 Folio 16, ibid.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04392-01
Accionante: Jorge Iván Blanco Cáceres
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
ejecutoriada en la que se resolvió si la Alcaldía de Valledupar, su Secretaría de Tránsito,
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia
de Puertos y Transporte dieron cumplimiento o no a las normas invocadas como
desatendidas, se debía declarar la existencia de cosa juzgada.
1.3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte tutelante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez
que no se garantizó la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en
relación con la procedencia de la acción de cumplimiento, no se configuró la cosa
juzgada, se desconoció el precedente judicial y se incurrió en falta de motivación al no
plantearse adecuadamente el problema jurídico. Para sustentar sus argumentos, citó de
manera extensa varias providencias proferidas por la Corte Constitucional.
1.4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte demandante solicitó textualmente:
“Primero PRETENDO CON ESTA ACCION DE TUTELA como mecanismo
excepcional y definitivo QUE LA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO DEJE
SIN EFECTO Y SIN VALOR LA SENTENCIA DE ACCION DE CUMPLIMIENTO , Y
EN SUS LUGAR CONFIRMAR LA SENTENCIA EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y ASI GARANTIZAR la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante de la sentencias C-1194-01,SU 386-23, C-
638-00, C-157-98, SU077-18,C-319-13,T-353-14,T-173-99, C-173-99,C-1511 00,C-
1511-00,C-893-99,C-651-03,C-010-01, C-193-98,C651-03 , T-461-21, QUE HAN
REITERADO la procedencia de la acción de cumplimiento ,por violación al presente
y por interpretación errónea de la norma como causal de procedibilidad para que el
juez constitucional tutela mis derecho fundamental acceder a la administración de
justicia, al debido proceso , derecho a la igualdad , principio de la buena fe confianza
legitima , principio de seguridad jurídica y revoque la sentencia de acción de
cumplimiento en segunda instancia por medio de la cual el tribunal administrativo del
cesar concedió la acción de cumplimiento, por ser una clara via de hecho ,
desconocimiento del precedente judicial, falsa motivación violación directa de la
Constitución Defecto fáctico, Error inducido, La obligación de las autoridades
administrativas de aplicar la Constitución y la ley y de tener en cuenta el precedente
judicial para todas sus actuaciones, deben acatar el precedente judicial, esto es,
están en la obligación de aplicar e interpretar las normas, en el sentido dictado por la
autoridad judicial, el deber de acatamiento del precedente judicial que de conformidad
con el articulo 10 de la ley 1437 del 2011 , es obligacion hacerla extensivas SU-
380/21, T-022/19),SU 354/17,SU113/18,C-539/11. T-441/18, C-621/15, C-836/01, T-
775/14, SU-611/17, SU-069/18, T-656/11, 309/15, SU406/16,T-081/23,SU
060/21,,SU048/22,SU068/18,C-634/11,SU-072/18,SU-041/22,T-048/129,C
099/22,SU-635/15
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04392-01
Accionante: Jorge Iván Blanco Cáceres
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SEGUNDO QUE la sala plena del consejo de estado haga la diferencia entre la ley
1755 del 2015 y la ley 393 de 1997
Tercero que la sala plena ordene al ministerio de transporte a darle cumplimiento
artículo 158ª de la ley 769 del 2002 y anule las sanciones impuestas por el municipio
de Valledupar atraves de la secretaria de transito debido que no contaban con la
autorización de la superintendencia de transporte para operar dispositivo
electrónico.”9.
2. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
2.1. Mediante auto del 25 de agosto de 202510 la Sección Cuarta del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandada, a la Sección
Quinta del Consejo de Estado; y, como terceros interesados, al Tribunal Administrativo
del Cesar, al Ministerio de Transporte, a la Superintendencia de Puertos y Transporte, a
la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la Alcaldía del municipio de Valledupar y a la
Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar11.
2.2. La Agencia Nacional de Seguridad Vial 12 propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que los hechos y pretensiones que
fundamentaron la demanda no le imponen obligación alguna y que la acción no se dirigió
en su contra.
2.3. El Ministerio de Transporte13 afirmó que no es la entidad competente respecto de las
multas y comparendos impuestos al actor por la Secretaría de Tránsito de Valledupar y
la Policía Nacional. En ese sentido, indicó que no es responsable de los hechos que
fundamentaron la solicitud de amparo ni tiene relación jurídica alguna con Jorge Iván
Blanco Cáceres, por lo que propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva. Adicionalmente, señaló que el escrito introductorio carece de claridad y
pertinencia en su argumentación.
9 Folios 42 – 43 del certificado AB5A23E5D19022C4 EBC1E925EF2251D8 84B976DE16477D03
74AA40D2CBDD5D98, índice 2.
10 Obra en el certificado B229D2503CF31C10 A956EC5372F160EC 5D688A3E1F751422 758737985D095D46, índice
19.
11 Obra en el índice 22.
12 Obra en el certificado 054C625A846F10CA 8C69C60B6B79697C BD0768BBC987FB91 66024BFDE8BCDB45,
índice 24.
13 Obra en el certificado C41C8ECC740AE324 9D4FE945AC1FDE51 497E58B34AE5C154 0D070608AB24AE34,
índice 25.
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3. Fallo de tutela de primera instancia
La Sección Cuarta de esta Corporación, mediante fallo del 25 de septiembre de 202514,
declaró la improcedencia de la acción de tutela, debido a que no cumplió el requisito de
relevancia constitucional.
3.1. El juez constitucional de primera instancia declaró configurada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la
desvinculó.
3.2. Al realizar el examen de procedibilidad, se estimó que la solicitud de amparo no
superó el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora no sustentó,
ni siquiera de manera sumaria, la configuración de los defectos alegados, sino que se
limitó a manifestar inconformidades con la decisión objeto de reproche. En ese sentido,
resulta claro que el tutelante no cumplió con su carga mínima argumentativa.
3.3. En la misma línea, se indicó que tampoco resultaba procedente el cargo por
desconocimiento del precedente contenido en las sentencias C-1194 de 2001, SU-386
de 2023, C-638 de 2000, C-157 de 1998, SU-077 de 2018, C-319 de 2013, T-173 de
1999, C-1511 de 2000, C-893 de 1999, C-651 de 2003, C-010 de 2001, C-193 de 1998,
T-461 de 2021 y T-353 de 2014, dado que el tutelante invocó dichas providencias para
insistir en su desacuerdo con la decisión proferida en la acción de cumplimiento. Además,
las sentencias citadas no guardan relación con la discusión planteada, por lo que dicha
argumentación evidencia que la verdadera intención del tutelante es reabrir una
controversia ya resuelta por el juez natural de la causa.
4. Razones de la impugnación
En contra de la providencia referida, la parte actora presentó impugnación15, en el sentido
de señalar que sí indicó de manera expresa y razonada la existencia del defecto
sustantivo, el defecto fáctico y el desconocimiento del precedente en el que incurrió la
14 Obra en el certificado 6E790E007A08637E 3E1AD51033D01187 613657B466B05F07 FDAFA1BC097658C6, índice
31.
15 El 7 de octubre de 2025. Obra en el certificado 3DC24C11F63698ED C0704D524C43F0B4 5CF8662AE2B3C972
472BB0AF1808EBA1, índice 40.
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Sección Quinta del Consejo de Estado, así como la vulneración al principio de legalidad,
al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima.
Insistió en la censura relacionada con que la providencia atacada avaló sanciones de
tránsito impuestas por la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar mediante
dispositivos electrónicos, sin contar con la autorización de la Superintendencia de
Transporte. En consecuencia, textualmente solicitó:
“Primero: REVOQUE el fallo del 25 de septiembre de 2025 que declaró improcedente
la acción de tutela.
Segundo: En su lugar, CONCEDA el amparo constitucional solicitado, y DEJE SIN
EFECTO la sentencia proferida el 8 de mayo de 2025 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado dentro del proceso de acción de cumplimiento radicado 11001-
03-15-000-2025 04396-00
Sustento este recurso en lo establecido por la Corte Constitucional en múltiples
sentencias que reconocen la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
cuando se acreditan causales específicas de violación de derechos fundamentales,
entre ellas: SU-817/10, SU 424/12, SU-388/23, SU-380/21, SU-060/21, SU-048/22,
T-461/21, C 1194/01, C-638/00, C-173/99, C-1511/00, SU-113/18, C-539/11, T
441/18, entre muchas otras citadas previamente”16.
5. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 15 de octubre de 202517 se concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 25 de septiembre de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo
de Estado.
16 Folio 2 del certificado AA7983812E1C2EBB A3342B5BC322A862 66D376761356D4E9 A56627D9C06462E3,
índice 40.
17 Obra en el certificado 40AC9AC3F6C7DE16 C2590D61E00B1E10 F8360A960A421937 AC15CB6F687854A4,
índice 42.
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2. Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos alegados.
3. La verificación del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto
3.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha señalado
que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”18.
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar
dos elementos, a saber 19 : (i) que el actor cumpla su carga argumentativa, justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales,
ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido
para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor
tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de 202220, al pronunciarse
sobre el requisito de relevancia constitucional, advirtió que era necesario verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
18 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
19 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
20 Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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3.2. La parte tutelante alega, en esencia, que se vulneraron sus derechos fundamentales,
debido a que no se tuvieron en cuenta las sentencias C-1194 de 2001, SU-386 de 2023,
C-638 de 2000, C-157 de 1998, SU-077 de 2018, C-319 de 2013, T-173 de 1999, C-1511
de 2000, C-893 de 1999, C-651 de 2003, C-010 de 2001, C-193 de 1998, T-461 de 2021
y T-353 de 2014; que no se debió declarar la configuración de la cosa juzgada; que la
providencia atacada incurrió en falta de motivación; y que no se estableció
adecuadamente el problema jurídico planteado.
3.3. Para la Sala resulta evidente que la censura planteada no supera el requisito de
relevancia constitucional, dado que la parte demandante no cumplió con la carga
argumentativa exigida, toda vez que, aunque citó múltiples sentencias de la Corte
Constitucional, omitió mencionar alguna regla jurisprudencial que estimara desconocida
o las razones por las cuales consideraba que dichas providencias contenían supuestos
fácticos y jurídicos idénticos que vincularan al juez ordinario al momento de adoptar la
decisión.
En la misma línea, respecto de la cosa juzgada, omitió justificar las razones por las que
hubiera podido considerar que no se configuró una triple identidad procesal, ya que se
limitó a manifestar:
“SEXTO SEÑORES SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO, NO EXISTE BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA COSA JUZGADA , DEBIDO QUE ESTA SENTECIA
FUE REVOCADA POR FALTA DE PRUEBA , POR SE MOTIVO EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR EN MAS DE 60 ACCIONES DE CUMPLIMIENTO
FALALDA CONTRA EL MUNICIPIO DE VALLEDUAPR Y SECRETARIA DE
TRANSITO CAMBIARON DICHAS POSTURA FUERON 4 MAGISTRADO
CONVIRTIENDOSE EN UNA JURISPRUDENCIA , PERO EESTA SALA QUINTA
NO FALLO EN DERECHO , SI NO VIA DE HECHO , Y ME FUNDAMENTO EN LO
SIGUIENTES: Que el juzgado noveno administrativo en sentencia de acción de
cumplimiento en primera instancia ordena al municipio de Valledupar y a la secretaria
de tránsito de Valledupar la suspensión inmediata de los vehículos caza infractores
hasta tanto no se cuente con la autorización correspondiente, así mismo anulo los
cobro , como lo ordena ,artículos 1,2, 3, 13 y 14 de la ley 1843 de 2017 y artículo 109
del Decreto Ley 2106 de 2019,ARTICULO 127,129,134,135,136,137,Y 158ª DE LA
LEY 769/02 14, Y 158A articulo 14 parágrafo 1, ARTICULO 18 de la ley 2251/ 22
,articulo 6 de la resolución NO 20203040011245 de 2020 que establecen: donde
ARTICULO 18 de la ley 2251/ 22 Artículo 158A. Incumplimiento de criterios de
seguridad vial para la instalación y operación de ayudas tecnológicas. Las
autoridades de tránsito serán sancionadas con multa equivalente al doble del valor
recaudado por concepto de las multas impuestas en los procesos sancionatorios
derivados de las infracciones detectadas con ayudas tecnológicas, en aquellos casos
en que se utilicen dichas ayudas, sin el cumplimiento de los criterios de seguridad
vial para su instalación y operación establecidos por el Ministerio de Transporte y la
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Acción de tutela – Segunda instancia
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Accionante: Jorge Iván Blanco Cáceres
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Agencia Nacional de Seguridad Vial en cumplimiento de la Ley 1843 de 2017.Todas
aquellas multas impuestas durante el período en el cual no se contó con la
autorización, deberán ser revocadas de forma oficiosa por parte de la autoridad de
tránsito y sin necesidad de la autorización expresa del afectado, dentro de un término
que, en ningún caso, podrá superar los 30 días hábiles siguientes a la fecha en la
cual haya quedado en firme la decisión que para el efecto haya proferido la
Superintendencia de Transporte”21.
Sumado a lo anterior, aunque en el escrito introductorio se hizo referencia de manera
extensa a los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no se logró sustentar con claridad las razones por las cuales se
consideraba que se configuraba alguno de ellos.
3.4. Sin perjuicio de lo anterior, se observa que el actor en la solicitud de amparo
examinada, realmente pretendió cuestionar la imposición de varios comparendos de
tránsito en su contra y el uso de vías tecnológicas que se utilizaron para hacerlo, frente a
lo cual la Sección Quinta del Consejo de Estado ya se pronunció en el siguiente sentido:
“Como se estableció, el señor Jorge Iván Blanco Cáceres formuló las siguientes
pretensiones: (i) la anulación de los comparendos que le fueron impuestos por los
agentes de tránsito del municipio de Valledupar, (ii) el retiro de los vehículos de foto
multa llamados comúnmente como «cazainfractores», y (iii) que se ordene a la
autoridad de tránsito del municipio que la imposición de los comparendos se realice
de manera presencial, individualizando al infractor y otorgándole un tiempo
prudencial para el retiro del vehículo en caso de estacionamiento en sitios prohibidos.
En relación con la primera de las pretensiones, se advierte que la controversia escapa
del ámbito de acción del juez de cumplimiento, toda vez que encierra un debate
jurídico sobre la validez de los comparendos que han sido interpuestos por la
Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar. En tal sentido, se advierte que
esta solicitud no acredita el cumplimiento del requisito de procedencia de
subsidiariedad.
Lo anterior, dado que el afectado tuvo o pudo ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia que
hace improcedente la acción constitucional, aunado a que no acreditó la
configuración de un perjuicio grave e inminente en su situación en concreto ante la
improcedencia del mecanismo constitucional.
(…)
Ahora bien, frente a la segunda y tercera pretensión que tienen que ver con el retiro
de los vehículos «cazainfractores» y la imposición de comparendos de forma
presencial en seguimiento al procedimiento establecido en la norma, la Sala no
advierte que la parte actora cuente con otro medio de defensa judicial para procurar
por el acatamiento de los preceptos que pide atender.
21 Folio 7 del certificado AB5A23E5D19022C4 EBC1E925EF2251D8 84B976DE16477D03 74AA40D2CBDD5D98,
índice 2.
10
Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04392-01
Accionante: Jorge Iván Blanco Cáceres
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
(…)
El esquema anterior nos permite concluir que existe una identidad de objeto, causa
y partes entre el asunto resuelto por esta Sala de decisión el 10 de abril de 2025, y
el litigio estudiado en el presente caso.
(…)
Lo anterior permite corroborar la triple identidad a la que hace referencia el fenómeno
de la cosa juzgada. Esto es, ya existe una decisión de fondo y ejecutoriada en la que
se resolvió si la Alcaldía de Valledupar, su Secretaría de Tránsito, la ANSV, el
Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte están
incumpliendo o no, lo dispuesto en los artículos alegados como desatendidos en la
presente acción”22.
3.5. Una vez relatado lo anterior, se observa que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que se emita un nuevo pronunciamiento en el que se enjuicien las actuaciones
de las entidades demandadas en la acción de cumplimiento y se determine la legalidad
de los comparendos impuestos, pese a que la Sección Quinta del Consejo de Estado ya
explicó con claridad que dicha reclamación, por un lado, carece de subsidiariedad y, por
otro, fue resuelta con anterioridad en otra acción de igual naturaleza, motivo por el cual
declaró la configuración de la cosa juzgada.
3.6. Resulta claro, entonces, que la parte actora pretende utilizar la acción de tutela como
si se tratara de una instancia adicional, pues, como se ha expuesto, las críticas
formuladas en el escrito tuitivo buscan reabrir la controversia que tuvo lugar en el trámite
ordinario, con el propósito de que prevalezca la interpretación de la parte tutelante sobre
la de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
En este orden de ideas y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, se debe acotar que no basta con manifestar
inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de censura o alegar la
configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya que, de esa forma, la
discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que no trascienden al plano
constitucional.
22 Folios 10 – 15 del certificado 41D8517451590964 2F8BDE4B4959A80A D60C60B115B7C36C
50D9441DE67ABBE7, índice 4 del expediente 20001233300020250008601.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04392-01
Accionante: Jorge Iván Blanco Cáceres
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado
3.7. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en contra de
decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la
autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica,
en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada23, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso ordinario 24.
4. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala declarará improcedente el
amparo constitucional objeto de estudio.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 25 de septiembre de 2025, por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados
por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado
23 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
24 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.
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