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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04394-00

Fecha
5 de septiembre de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04394-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de Edwin Darío Rodríguez Domínguez, contra el Consejo de Estado-Sección Quinta-. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04394-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

5 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04394-00

Accionante: EDWIN DARÍO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN QUINTA-

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-Los argumentos de la demanda carecen de carga argumentativa en cuanto
a la vulneración de derechos fundamentales.

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por el solicitante contra el Consejo
de Estado-Sección Quinta-.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 17 de julio de 2025, Edwin Darío Rodríguez Domínguez, a nombre propio, formuló
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad, al principio
de buena fe, a la confianza legítima y al principio de seguridad jurídica, que considera
vulnerados por el Consejo de Estado-Sección Quinta, al haber proferido la
providencia del 5 de junio de 2025, en el marco del proceso de acción de
cumplimiento 1 que adelantó contra el municipio de Valledupar-Secretaría de Tránsito
y Transporte y otros.

1 Identificado con número de radicación: 20001-23-33-000-2025-00076-01

2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04394-00
Accionante: Edwin Darío Rodríguez Domínguez
Acción de tutela – Primera instancia

En virtud del amparo, solicita:

«Primero PRETENDO CON ESTA ACCION DE TUTELA como mecanismo
excepcional y definitivo QUE LA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO DEJE SIN
EFECTO Y SIN VALOR LA SENTENCIA DE ACCION DE CUMPLIMIENTO , Y EN SUS
LUGAR CONFIRMAR LA SENTENCIA EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y ASI GARANTIZAR la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante de la sentencias C-1194-01,SU 386-23, C-
638-00, C-157-98, SU077-18,C-319-13,T-353-14,T-173-99, C-173-99,C-1511-00, C-
1511-00, C-893-99,C-651-03,C-010-01, C-193-98,C651-03, T-461-21, QUE HAN
REITERADO la procedencia de la acción de cumplimiento, por violación al presente y
por interpretación errónea de la norma como causal de procedibilidad para que el juez
constitucional tutela mis derecho fundamental acceder a la administración de justicia,
al debido proceso, derecho a la igualdad, principio de la buena fe confianza legitima,
principio de seguridad jurídica y revoque la sentencia de acción de cumplimiento en
segunda instancia por medio de la cual el tribunal administrativo del cesar concedió la
acción de cumplimiento, por ser una clara vía de hecho, desconocimiento del
precedente judicial, falsa motivación violación directa de la Constitución Defecto
fáctico, Error inducido, La obligación de las autoridades administrativas de aplicar la
Constitución y la ley y de tener en cuenta el precedente judicial para todas sus
actuaciones, deben acatar el precedente judicial, esto es, están en la obligación
de aplicar e interpretar las normas, en el sentido dictado por la autoridad judicial, el
deber de acatamiento del precedente judicial que de conformidad con el articulo 10
de la ley 1437 del 2011, es obligación hacerla extensivas SU-380/21, T-022/19),SU-
354/17, SU113/18, C-539/11. T-441/18,
SEGUNDO QUE la sala plena del consejo de estado haga la diferencia entre la ley
1755 del 2015 y la ley 393 de 1997.

Tercero que la sala plena ordene al ministerio de transporte a darle cumplimiento
artículo 158ª de la ley 769 del 2002 y anule las sanciones impuestas por el municipio de
Valledupar a través de la secretaria de tránsito debido que no contaban con la
autorización de la superintendencia de transporte para operar dispositivo electrónico.»

2. Hechos relevantes

Al accionante Edwin Darío Rodríguez Domínguez le impusieron dos comparendos,
que se encuentran registrados en la plataforma dispuesta para ello en el Sistema
Integrado de información sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito “SIMIT”,
comparendo 20001000000041543375 de 02/02/2024 y 20001000000044146103
de 28/05/2024, sostuvo que, la autoridad de tránsito no le notificó los comparendos
en la forma establecida en los artículos 129 y 135 del Código Nacional de Tránsito,
y señala que, cuando el vehículo «caza infractores» capturó la foto detección, nadie
descendió de el para efectuarle el comparendo como corresponde.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04394-00
Accionante: Edwin Darío Rodríguez Domínguez
Acción de tutela – Primera instancia

El accionante presentó acción de cumplimiento, en causa propia, contra la
Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial
y el municipio de Valledupar-Secretaria de Tránsito y Transporte, con el fin de
obtener el acatamiento de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, artículo 18
de la Ley 2251 de 2022, artículos 2, 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos
127, 129 y 134 al 137 de la Ley 769 de 2002, y 1 a 14 de la Resolución
20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte.

El asunto correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del Cesar
que, por sentencia del 24 de abril de 2015, accedió parcialmente a las
pretensiones. El secretario de Tránsito y Transporte de Valledupar impugnó la
decisión a través de apoderado judicial. El asunto fue conocido en segunda
instancia por el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección
Quinta que, por sentencia del 5 de junio de 2025, revocó lo resuelto por el A Quo,
y en su lugar rechazó la acción de cumplimiento respecto de la Superintendencia
de Puertos y Transporte y de los artículos 5 del Decreto 2409 de 2018, 2002, 134
de la Ley 769 de 2002 y 4 de la Ley 1843 de 2017.

A su vez, declaró improcedente la acción de cumplimiento de la referencia
respecto de la pretensión de anular las multas interpuestas por la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar haciendo uso de las patrullas institucionales,
también declaró la cosa juzgada en relación con el cumplimiento del artículo 18 de
la Ley 2251 de 2022, artículos 2 y 3 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129
y 135 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los artículos 1 al 14 de la Resolución
20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte y artículo 4 del
Decreto 2409 de 2028, respecto del municipio de Valledupar – Secretaría de
Tránsito y Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad.

3. Fundamentos de la solicitud

El accionante estima que las autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, al principio de buena fe, a la confianza legitima y al principio de seguridad
jurídica. Lo anterior, con ocasión a la providencia proferida el 5 de junio de 2025.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04394-00
Accionante: Edwin Darío Rodríguez Domínguez
Acción de tutela – Primera instancia

Sostiene que en esta se incurrió en vía de hecho, falsa motivación, violación directa
de la Constitución, defecto fáctico, error inducido y de desconocimiento del
precedente judicial.

El escrito de tutela solo incluyó la copia textual de fallos de tutela sobre acciones de
cumplimiento; se circunscribió a repetir los argumentos plasmados en su proceso
ordinario. El autor no explicó por qué esos precedentes se aplican a su caso, ni
precisó en qué puntos la sentencia demandada presenta los defectos necesarios
para que proceda la tutela contra providencias judiciales, según las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

4. Trámite de primera instancia

El 28 de julio de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó su notificación a la
autoridad judicial accionada, así como a la Superintendencia de Puertos y
Transporte, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al municipio de Valledupar-
Secretaría de Tránsito y Transporte, en calidad de terceros con interés. También se
comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo
de su cargo.

En el escrito de contestación, el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso
Administrativo-Sección Quinta, a través de su Magistrado ponente, solicitó que la
acción fuera declarada improcedente o, en su lugar se deniegue el amparo, porque
no se encuentran reunidas las condiciones para la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales de la misma naturaleza. Adujo que no
cumple con la carga argumentativa que le permita al juez constitucional de tutela
abordar el asunto de fondo.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó que se declare la improcedencia de
la presente acción de tutela respecto de esa entidad, por una manifiesta falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que carece de competencia funcional
para atender lo pretendido. Adujo que el accionante pretende reabrir, por vía de
tutela, un debate jurídico que ya fue zanjado de manera definitiva por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo mediante una providencia que goza de presunción

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04394-00
Accionante: Edwin Darío Rodríguez Domínguez
Acción de tutela – Primera instancia

de legalidad y acierto. Expresó que no puede ser utilizada como una tercera instancia
para revivir controversias ya concluidas, máxime cuando no se demuestra una vía
de hecho.

El Tribunal Administrativo del Cesar remitió copia del expediente digital del proceso
ordinario y guardó silencio respecto de la solicitud. El resto de las partes guardaron
silencio respecto de la solicitud, a pesar de haber sido debidamente notificadas.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la providencia
del 5 de junio de 2025, en el marco de la acción de cumplimiento, en el que el
accionante fungió como parte demandante.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale

2 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04394-00
Accionante: Edwin Darío Rodríguez Domínguez
Acción de tutela – Primera instancia

con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional4: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

3 Ibidem.
4
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04394-00
Accionante: Edwin Darío Rodríguez Domínguez
Acción de tutela – Primera instancia

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

El accionante considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, al principio de buena fe, a la confianza legitima y al principio de seguridad
jurídica, al proferir la providencia cuestionada. Sostiene que en esta se incurrió en
vía de hecho, falsa motivación, violación directa de la Constitución, defecto fáctico,
error inducido y desconocimiento del precedente judicial.

No obstante lo anterior, Edwin Darío Rodríguez Domínguez, se abstuvo de soportar,
y justificar los anteriores defectos; circunscribió el escrito a copiar y pegar en él
extractos de sentencias respecto de acciones de tutela expedidas con ocasión de
acciones de cumplimiento, a punto que la parte resolutiva copiada en la solicitud de
tutela sobre la cual se busca quede sin efecto, no tiene relación con el fallo adoptado
por la Sala el 5 de junio de 2025.

Se resalta que la acción de tutela se está utilizando para debatir los argumentos
presentados ante los jueces de conocimiento, pretendiendo materializar la acción
constitucional como una tercera instancia, pues el actor se limitó a reiterar en sede
tutelar los argumentos que invocó en sede de la acción de cumplimiento. Se
evidencia una inconformidad con el fallo de segunda instancia con lo cual se está
buscando lo antes subrayado.

La Sala estima que los argumentos presentados por el accionante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, los cuales deben estar
justificados con la carga argumentativa mínima suficiente, sino, como se manifestó,
se encaminan a volver sobre la controversia ya decidida por el juez de conocimiento,

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04394-00
Accionante: Edwin Darío Rodríguez Domínguez
Acción de tutela – Primera instancia

pues los argumentos alegados en la acción de tutela fueron planteados durante el
trámite de la acción de cumplimiento.

Además de ello, revisados los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, se
considera que provienen de una interpretación razonable de lo aportado al
expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.

Al respecto, es importante dar alcance a la sentencia cuestionada de la Corporación,
puesto que es congruente con el problema jurídico y los planteamientos en ella
desarrollados. Particularmente en los siguientes apartados, explica e ilustra acerca
de su decisión concerniente a que las autoridades administrativas accionadas acaten
las normas indicadas y que corresponde al instrumento de cosa juzgada declarada
por lo que revocó lo decidido por el Ad Quo y sostuvo que:

(...) « 60. Según quedó expuesto en los antecedentes, las pretensiones de Edwin
Darío Rodríguez Domínguez se dividen en tres:

(i) que se ordene a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar la anulación
de todas las multas aplicadas mediante los denominados «vehículos caza
infractores»;
(ii) que se disponga el retiro de los tres vehículos utilizados para la imposición de
comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa vigente en punto de
la implementación de los SAST y
(iii) que se ordene a la autoridad de tránsito del municipio que la imposición de los
comparendos se realice de manera presencial, individualizando al infractor y
otorgándole un tiempo prudencial para el retiro del vehículo en caso de
estacionamiento en sitios prohibidos.

61. En cuanto a la primera de las pretensiones, se advierte que la controversia escapa
del ámbito de acción del juez de cumplimiento, toda vez que encierra un debate
jurídico sobre la validez de los comparendos que han sido interpuestos por la
Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar. Al respecto, se recuerda que esta
acción no es de carácter declarativo sino de ejecución de deberes imperativos e
inobjetables, es decir, que no admitan ningún tipo de discusión.

62. Aun cuando en este escenario se solicita el cumplimiento de las normas descritas,
lo cierto es que el fondo de la controversia plantea una discusión de carácter subjetivo
que debe ser conocida por el juez de lo contencioso administrativo a través de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del
CPACA contra los actos administrativos sancionatorios.

63. Lo anterior, por cuanto en dicho medio de control, quienes han visto afectados
sus intereses con la interposición de las multas tienen la posibilidad de cuestionar los

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04394-00
Accionante: Edwin Darío Rodríguez Domínguez
Acción de tutela – Primera instancia

comparendos impartidos por las autoridades de tránsito, lo que coincide con lo aquí
pretendido por Edwin Darío Rodríguez Domínguez.

64.En suma, la improcedencia de esta acción en lo que atañe a esta pretensión se
justifica en que no se satisface el requisito de la subsidiariedad, dado que este medio
es residual y no principal, lo que presupone que no se cuente o haya contado con un
medio ordinario de defensa judicial.

65. Finalmente, se debe indicar que, con base en los hechos y medios de prueba que
fueron aportados al trámite, no se hace evidente la existencia de un perjuicio
irremediable que permita flexibilizar el citado presupuesto.

66. bien, frente a la segunda y tercera pretensión que tienen que ver con el retiro de
los vehículos «caza infractores» y la imposición de comparendos de forma presencial
en seguimiento al procedimiento establecido en la norma, la Sala no advierte que la
parte actora cuente con otro medio de defensa judicial para procurar por el
acatamiento de los preceptos que pide atender.

67.Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la protección
de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela, o que
implique un gasto. Frente a esto último, no se observa que el retiro de circulación de
los vehículos institucionales le genere a las entidades accionadas una erogación de
partidas presupuestales.

68.Además, las disposiciones solicitadas en cumplimiento son actualmente exigibles
porque no están derogadas ni suspendidas y ostentan el rango de ley o acto
administrativo.

69.Sin embargo, la Sala observa que, en relación con las mismas normas y entidades
demandadas en esta oportunidad, ya existen diversos pronunciamientos (...)

(...)

74. Descendiendo al asunto que nos ocupa, la Sala observa que en el expediente
20001-33-33-009-2024-00283-01, el Tribunal Administrativo del Cesar resolvió en
segunda instancia una demanda presentada en contra de la Alcaldía de Valledupar,
para que se le ordenara acatar lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución
20203040011245 de 2020 y el artículo 2.º, numeral 1, de la ley 1843 del 2017 y, como
consecuencia, se dispusiera el retiro de los vehículos «caza infractores» por las calles
de Valledupar.

75. Al resolver la controversia, la autoridad judicial encontró que la acción de
cumplimiento es el mecanismo jurídico adecuado para exigir el acatamiento de las
regulaciones normativas señaladas por el actor como incumplidas por el ente
territorial, por cuanto contienen un mandato legal que al ser de orden público resulta
obligatorio.

76.Luego, al abordar el análisis de fondo, encontró que en la Resolución
20203040011245 de 2020 se indicaron los criterios técnicos para la instalación y

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04394-00
Accionante: Edwin Darío Rodríguez Domínguez
Acción de tutela – Primera instancia

operación de los SAST. No obstante, no se comprobó que el vehículo «caza
infractores» constituyera uno de ellos, ni que la cámara para detectar las presuntas
infracciones de tránsito estuviere en funcionamiento. Bajo tales consideraciones,
negó las pretensiones de la demanda.

77.Lo anterior permite corroborar la triple identidad a la que hace referencia el
fenómeno de la cosa juzgada en torno a la petición de cumplimiento del artículo 6 de
la Resolución 20203040011245 de 2020 por parte de la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Valledupar, con las precisiones ya realizadas a propósito de la
identidad de partes. Esto es, ya existe una decisión de fondo y ejecutoriada en la que
se resolvió si la Alcaldía de Valledupar está incumplimiento o no, lo dispuesto en esta
norma y si por ello, se le debía ordenar que retire sus patrullas institucionales.

78.Lo mismo sucede, en relación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el
supuesto incumplimiento del artículo 2.º, numeral 1, artículos 3, y 13 de la ley 1843
del 2017, el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, artículos 127, 129 y
135 al 137 de la Ley 769 de 2002, los artículos 1 a 14 de la Resolución
20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte y el artículo 4 del
Decreto 2409 de 2018.

79.En efecto, en la sentencia proferida el pasado 10 de abril15 y del 15 de mayo de
202516, esta Corporación estudió si, en su condición de autoridades del orden
nacional, las entidades enunciadas, se encontraban llamadas a velar por el
acatamiento de los mandatos deprecados por la actora que fueron presentadas en
esta acción de cumplimiento.

80.En esa ocasión, la Sala advirtió que, de la lectura de cada una de las normas que
son alegadas como incumplidas, ninguna de ellas estableció obligación en cabeza
del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

81.Además, encontró que, la Superintendencia de Puertos y Transporte tampoco
estaría llamada a soportar la pretensión incoada. Lo anterior, dado que la función de
dicho ente es vigilar a los organismos de tránsito del país, así como de verificar que
los SAST cumplan con los requisitos dispuestos en la ley, los cuales, para el caso del
ente territorial no operan actualmente.

82.Como consecuencia, en lo que respecta a las peticiones relativas al retiro de
circulación de las patrullas de tránsito y la interposición de comparendos de forma
presencial, las negó, dado que no existe un mandato actualmente exigible a las
entidades demandadas, pues, se reitera, actualmente no cuentan con SAST operando
en el territorio del municipio.

83.Así las cosas, para la Sala es claro que hay unas decisiones inmutables,
vinculantes y definitivas que resolvieron cada una de las pretensiones alegadas en
el mecanismo constitucional de la referencia. Por tanto, en relación con la solicitud
de acatamiento de las normas indicadas en esta oportunidad, corresponde la
declaratoria de la cosa juzgada.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04394-00
Accionante: Edwin Darío Rodríguez Domínguez
Acción de tutela – Primera instancia

84.Ahora, respecto de la temeridad alegada en la impugnación, si bien es cierta la
existencia de múltiples acciones con identidad de objeto y que tienen en común un
correo electrónico de notificación, la Sala no puede declarar que exista, pues cada
una de ellas tiene una petición concreta respecto de los actores, que corresponde a
las multas por las infracciones que cada uno cometió y que le fueron impuestas por
la autoridad.» (...)

La Sala estima que la ausencia de argumentos dejados de presentar por el
accionante no acreditan una vulneración o amenaza de derechos fundamentales,
sino que se encaminan a volver sobre la controversia ya decidida por el juez de
conocimiento.

Aunado a lo anterior, se advierte que el accionante se limitó a la enunciación de los
derechos fundamentales que considera transgredidos, sin plantear razones que
permitan una revisión del núcleo esencial de los derechos en contienda o el alcance
de disposiciones constitucionales relativas a esos derechos, con ocasión a la
afectación que el solicitante manifiesta.

De ahí que la discusión planteada en el escrito de tutela, se reitera, está motivada
en el desacuerdo con el contenido de la providencia dictada por el juez natural. La
vulneración, reiteramos, debe estar justificada con la carga argumentativa mínima
suficiente que permita al juez de tutela valorar la procedencia de la solicitud.

Esto, además en procura del respeto por la cosa juzgada, seguridad jurídica y la
garantía de independencia y autonomía de los jueces y de las actuaciones judiciales,
como elementos fundamentales para el cimiento de la actividad judicial del Estado.

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto.

Por las razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04394-00
Accionante: Edwin Darío Rodríguez Domínguez
Acción de tutela – Primera instancia

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de Edwin Darío Rodríguez
Domínguez, contra el Consejo de Estado-Sección Quinta-.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

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