RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04398-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04398-00

Fecha
15 de septiembre de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04398-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez, según las razones anotadas. Como consecuencia, queda separado del conocimiento de la presente acción de tutela. 14 Sentencia del 1º de septiembre de 2025, expediente: 11001-03-15-000-2025-04380-00, M.P. José Roberto Sáchica Méndez. 15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de enero de 2015, expediente: 11001-03-15-000- 2014-00552-01, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicado: 11001-03-15-000-2025-04398-00 Demandante: Luis Alfonso González Caballero SEGUNDO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Luis Alfonso González Caballero. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04398-00

Consejero ponente: María Adriana Marín

15 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04398-00
Demandante: Luis Alfonso González Caballero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04398-00
Demandante: LUIS ALFONSO GONZÁLEZ CABALLERO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL POR AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Los argumentos del
señor Luis Alfonso González Caballero no satisfacen la carga argumentativa requerida
para calificar el asunto como constitucionalmente relevante.

La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por el señor Luis Alfonso González
Caballero contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 16 de julio de 20252, el señor Luis Alfonso González Caballero instauró acción de
tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el objeto de proteger sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a
la igualdad, con ocasión de la sentencia del 22 de mayo de 2025, dictada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado 20001-23-33-000-2025-
00062-01.

2. De la demanda de tutela y de los medios probatorios obrantes en el expediente, se
extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:

3. El 6 de septiembre de 2024, la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de
Valledupar impuso comparendo identificado con radicado «20001000000045546349 » al

1
Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 15 de agosto de 2025,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
Samai, índice 2.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04398-00
Demandante: Luis Alfonso González Caballero

señor Luis Alfonso González Caballero, por haber estacionado su vehículo en un sitio
prohibido.

4. El 23 de diciembre de 2024, el señor González Caballero solicitó ante la
Superintendencia de Puertos y Transporte, al Agencia Nacional de Seguridad Vial y el
municipio de Valledupar el cumplimiento de las siguientes normas: el artículo 18 de la
Ley 2251 de 2022; los artículos 1 al 4, 10, 13 y 14 de la Ley 1843 de 2017; los artículos
127, 129 y 135 de la Ley 769 de 20024, y los artículos 1 al 14 de la Resolución
«20203040011245» de 2020, emitida por el Ministerio de Transporte.

5. Asimismo, pidió que (i) se retirara los vehículos de fotomulta dispuestos en el
municipio de Valledupar; (ii) se abstuvieran de seguir imponiendo multas a través de
dicho sistema y (iii) que se agotara el debido procedimiento administrativo al momento
de retirar vehículos mal estacionados en el espacio público.

6. Surtido el trámite tendiente a la constitución en renuencia, se promovió el medio de
control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos
ante el Tribunal Administrativo de Sucre, el que, en fallo del 13 de marzo de 2025,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Como consecuencia, (i) le
ordenó a la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar el
cumplimiento del inciso primero del artículo 135 del Código Nacional de Tránsito
Terrestre; (ii) declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y (iii) rechazó la solicitud de cumplimiento de los artículos 4
y 5 del Decreto 2409 de 2018.

7. En sentencia del 22 de mayo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó
la decisión de primera instancia y, en su lugar, rechazó la solicitud de cumplimiento
respecto de la Superintendencia de Puertos y Transporte, y de los artículos 4 y 5 del
Decreto 2409 de 2018, y 134, 136 y 137 de la Ley 769 de 2002, por no haber superado
el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.

8. Frente a la pretensión encaminada a lograr que se anularan los comparendos
impuestos al demandante, dijo que no era procedente, pues no superó el requisito de
subsidiaridad, debido a que el accionante contaba con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

9. También negó las pretensiones relacionadas con el cumplimiento del artículo 4 del
Decreto 2409 de 2018, 134 de la Ley 769 de 2002, 14 de la Ley 1843 de 2017 y los
artículos 1, 2, 4 y 9 al 14 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el
Ministerio de Transporte, bajo el argumento de que no «contiene un mandato imperativo
e inobjetable cuyo acatamiento sea susceptible de solicitarse a través del mecanismo
constitucional de la referencia».

10. Finalmente, declaró la existencia de cosa juzgada frente a las pretensiones
relacionadas con los artículos 18 de la Ley 2251 de 2022; 3 y 13 de la Ley 1843 de 2017;

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04398-00
Demandante: Luis Alfonso González Caballero

127, 129 y 135 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y
los artículos 5 al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020, pues este asunto tiene
indentidad de objeto, causa y partes con un caso previamente resuelto por esa Sección,
a través de la sentencia del 10 de abril de 2025, dentro del medio de control de
cumplimiento con radicado 20001-23-33-000-2025-00029-01.

11. El señor González Caballero indicó que la sentencia del 22 de mayo de 2025 incurrió
en un defecto sustantivo, en desconocimiento del precedente y falta de motivación 3 y,
por ende, trasngredió sus derechos fundamentales.

12. En defecto sustantivo, porque la Sección Quinta interpretó erróneamente la Ley 1755
de 2015 y la Ley 393 de 1997, pues, entre otras, resaltó que no está «accionando
derecho de petición con fundamento en la ley 1755 del 2015 , estoy accionando es un
requerimiento de cumplimiento que se fundamenta por la ley 393 de 1997».

13. Agregó que la cosa juzgada no se había configurado en su caso, porque la sentencia
cuestionada revocó el fallo de primera instancia por «falta de pruebas».

14. Sostuvo que la autoridad judical accionada desconoció las reglas fijadas en las
sentencias C-1194 y C-010 de 2001, SU-386 de 2023, C-638 y C-1511 de 2000, C-157,
C-193 de 1998, SU-077 de 2018, C-319 de 2013, T-353 de 2014, T-173 y C-893 de 1999,
C-651 de 2003 y T-461 de 2021.

15. Concluyó que también carece de motivación, debido a que no se planteó de forma
adecuada el problema jurídico.

B. Trámite impartido e intervenciones

16. Mediante auto del 24 de julio de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela y ordenó notificar, como parte demandada, a los magistrados integrantes de la
Sección Quinta del Consejo de Estado. También dispuso notificar, en calidad de terceros
con interés, a la ministra de Transporte, al superintendente de Puertos y Transporte, a la
directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al alcalde y al secretario de Tránsito
y Transporte del municipio de Valledupar, así como a los señores Yenis Rodríguez,
Tomás Eduardo Quiroz, Ciro Alberto Fuentes, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle,
Nelson Contrera, Gustavo Rueda, Guillermo Augusto Arias, Jaime Santiago Perea,
Antonio José Jiménez, Wilmer Enrique Díaz, Greys José Cuello, Oseas Tomás Arias,
Miriam Jiménez, Nelly Orozco, María Cecilia Rincones, Carlos Andrés Carreño, Henry
Fabián Arévalo, Alber Suárez Mendoza, Carmen Rosa Quintero, Jaime Alonzo Mantilla,
Jean Carlos García, Elias Guillermo Ochoa Daza, Carmen Cecilia Rivera, Carmen
Carmona, Eliana Sanguino, Rosa María Yacur, Holger Posada, Ladis Leonor Padilla,
Favio José Jiménez, Lilibeth Hinojosa, Elisa Cote, Jhon Úsuga, Erneys Alfonso Zuleta,
Uriel Montero, Manuel Julián Sandoval, Elian Portillo, Gustavo Calderón, José Emilio

3
La parte accionante únicamente mencionó que la autoridad judicial también incurrió en los defectos
fácticos y violación directa a la Constitución, sin desarrollo alguno.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04398-00
Demandante: Luis Alfonso González Caballero

Molina, Juan José Castaño, Álvaro Camargo, Jaider Napoleón Rosado, Miguel Londoño,
Andrés Leonardo Quintero, Yani Ospino, William Elías Castro, Luis González, Jesús
Coronado, Eudes Antonio Rodríguez, Gabriel Arias, Nayeth Ríos Rangel, Jorge Viloria,
Quintana Cruz Duarte, Maricruz Donado, Eudes Hernández, María Eufemia Uribe, Miguel
Francisco Rodríguez, Héctor Grimaldo, Antonio Rafael Dangond, José Zuleta, Orlando
De Jesús Martínez, Roger Viloria Mendoza, Germán Ortiz, Rosa María Yacub Trizo, Luis
Alcides Serrano, Wilson Mora, Imera Sarmiento, Luis Ernesto Tamayo, Luis Enrique
Madrid Navarro, Rosario De Jesús Blanco Ospino, Melkis Kammerer, Adriana Oñate,
Yenis Rodríguez, Tomás Eduardo Quiroz, Ciro Alberto Fuentes, Martha Cecilia Lara
Palmera, Indira Valle y Gustavo Rueda.

17. El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial pidieron que
los desvincularan del proceso de tutela, porque sus actuaciones u omisiones no fueron
reprochadas en los supuestos facticos de la demanda, sino que dichas inconformidades
recaen sobre las autoridades de tránsito que impusieron las infracciones de tránsito.

18. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
en armonía con los artículos 13 y 17 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).

D. Cuestión previa: impedimento del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez

20. El consejero Fernando Alexei Pardo Flórez manifestó que desde hace ya varios años
sostiene una amistad estrecha con el también consejero Omar Joaquín Barreto Suárez,
quien suscribió la sentencia que aquí se cuestiona. Para ello, puso de presente su
relación cercana, lo que incluye visitas a sus respectivas familias, y el acompañamiento
mutuo y permanente «en momentos significativos de [sus] vidas (logros e infortunios
personales)». Que, por consiguiente, se encuentra incurso en la causal de impedimento
prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal: «que exista
amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o
perjudicado y el funcionario judicial».

21. Pues bien, en materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales
del Código de Procedimiento Penal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del
Decreto 2591 de 1991:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04398-00
Demandante: Luis Alfonso González Caballero

Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez
deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del
Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si
fuere el caso.

22. De esa norma se desprende que el juez que conozca de una acción de tutela deberá
declararse impedido cuando concurra alguna de las causales previstas en el Código de
Procedimiento Penal (CPP). Así, se constata que el numeral 2 del artículo 56 del CPP,
dispone:

ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
(…)
2. Que el funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguna de las partes, del
denunciante, de la víctima o del perjudicado, de su cónyuge o compañero permanente
o algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad.

23. Dado que las circunstancias fácticas descritas en el escrito analizado dan cuenta de
una amistad estrecha y prolongada, al punto que se ha mantenido durante más de ocho
años, periodo en el cual han compartido innumerables espacios académicos y
personales, es claro que se enmarcan en la causal prevista en el numeral 5 del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, a fin de garantizar la imparcialidad e
independencia que se requieren para conocer y tramitar la acción de tutela, se declarará
fundado el impedimento manifestado por el mencionado consejero de Estado, y, como
consecuencia, quedará separado del conocimiento del presente asunto.

E. Problema jurídico

24. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Solo en el evento de que se cumplan tales
exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si la providencia del
22 de mayo de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado adolece de
los defectos invocados por la parte accionante y, por ende, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad
del accionante.

F. Alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

25. Mediante sentencia del 5 de agosto de 2014 4, la Sala Plena de esta Corporación
estableció que el mencionado requisito tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e
independencia judicial, y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos cuya

4
Proceso identificado con el radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) (MP: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04398-00
Demandante: Luis Alfonso González Caballero

resolución corresponde a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una
solicitud de amparo tiene relevancia constitucional, sea necesario examinar dos
elementos:

26. Primero, que el actor cumpla una carga argumentativa mínima y justifique con
suficiencia la vulneración de los derechos fundamentales. Es decir, no basta
simplemente con invocar los derechos, sino que es necesario que se ofrezcan serias y
amplias razones en clave constitucional que le permitan al juez de tutela adentrarse en
el estudio de las causales específicas de procedibilidad que han sido invocadas y
debidamente sustentadas.

27. Segundo, que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional del proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, pues ese valioso mecanismo
de estirpe constitucional —la acción de tutela— fue creado para proteger derechos
fundamentales, no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias
con las providencias que allí se dicten.

28. En resumen, el requisito de relevancia constitucional no se agota con señalar los
derechos fundamentales vulnerados e identificar los defectos de la providencia. Por el
contrario, se requiere que la solicitud de amparo (i) contenga una carga argumentativa
mínima y (ii) no sea utilizada como una instancia adicional a las establecidas por el
legislador.

29. La tesis expuesta se ajusta al precedente de la Corte Constitucional, la cual, de
manera consistente y consolidada, ha sostenido que la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para
discutir aspectos de mera legalidad o de índole patrimonial, o la interpretación propia de
los jueces naturales. Por consiguiente, aquella es inidónea si lo pretendido es que el juez
constitucional se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación
propios de las especialidades de cada jurisdicción.

30. Igualmente, la Corte5 ha establecido que, si la acción de tutela de dirige contra una
providencia de una alta corte, además de satisfacer las exigencias expuestas en
precedencia, debe evidenciar, a primera vista, una afectación desproporcionada de
derechos fundamentales, derivada de una actuación judicial arbitraria.

G. Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

31. En el caso bajo estudio, la parte actora pidió que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, vulnerados con ocasión de la sentencia del 22 de mayo de 2025, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, en virtud de la cual revocó la sentencia del 13

5 Sentencia de unificación 215 de 2022.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04398-00
Demandante: Luis Alfonso González Caballero

de marzo de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la solicitud de cumplimiento.
32. En el breve escrito de tutela, el accionante afirmó que la sentencia de segunda
instancia, proferida el 22 de mayo de 2025, por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y falta de motivación,
por las siguientes razones (transcripción literal, incluso con posibles errores):

Que es obligación constitucional que SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO
me garanticen la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante de
la sentencias C-1194-01,SU 386-23, C-638-00, C-157-98, SU077 18,C-319-13,T-
353-14,T-173-99, C-173-99,C-1511-00,C-1511-00,C-893-99,C-651 03,C-010-01,
C-193-98,C651-03 , T-461-21, QUE HAN REITERADO la procedencia de la
acción de cumplimiento ,por violación al presente y por defecto sustantivos o
material por la interpretación errónea de la norma donde hay una imprecisión entre
la ley 1755 del 2015 , y la ley 393 de 1997, debido que no estoy accionando un
derecho de petición con fundamento en la ley 1755 del 2015 , estoy accionando
es un requerimiento de cumplimiento que se fundamenta por la ley 393 de 1997,En
ese sentido, cuando en una providencia judicial se aplica una norma jurídica de
manera manifiestamente errada.

(…)

SEXTO SEÑORES SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO, NO EXISTE
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA COSA JUZGADA , DEBIDO QUE ESTA
SENTECIA FUE REVOCADA POR FALTA DE PRUEBA , POR SE MOTIVO EL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR EN MAS DE 60 ACCIONES DE
CUMPLIMIENTO FALALDA CONTRA EL MUNICIPIO DE VALLEDUAPR Y
SECRETARIA DE TRANSITO CAMBIARON DICHAS POSTURA FUERON 4
MAGISTRADO CONVIRTIENDOSE EN UNA JURISPRUDENCIA , PERO EESTA
SALA QUINTA NO FALLO EN DERECHO , SI NO VIA DE HECHO.

(…)

DECIMO PRIMERO SEÑORES SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO EL
ESTA SALA QUINTA INCURRIÓ EN VÍA DE HECHO, POR falta motivación,
debido, a que no se había planteado adecuadamente el problema jurídico ,
planteado , pues según el tribunal administrativo del cesar avalo , la realización,
de comparendo a través de vehículos en movimiento , donde estos vehículos que
son tres , tienen vidrios oscuros , donde no se sabe , quien estan dentro de estos
vehículos tomando fotos , si hay funcionarios de transito o son funcionario de la
concepción de transito debido que ellos

33. Sin embargo, de entrada, la Sala advierte que la demanda carece de una carga
argumentativa mínima, que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, le permita
al juez de tutela examinar la posible configuración de los defectos endilgados a la
providencia censurada.

34. En efecto, recientemente la Corte Constitucional6, a modo de reiteración
jurisprudencial, recordó que la acción de tutela procede de manera excepcional contra
providencias judiciales, únicamente cuando se acredite la concurrencia de los requisitos

6 Corte Constitucional, sentencia T-495 de 2024, M.P. Juan Carlos Cortés González.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04398-00
Demandante: Luis Alfonso González Caballero

generales de procedencia7 -entre los que se encuentra la relevancia constitucional- y, al
menos uno, de los requisitos específicos que vicien la validez constitucional de la
decisión cuestionada.

35. Así, respecto de la relevancia constitucional el alto tribunal constitucional8 sostuvo
que para que se cumpla tal requisito, se exige a la parte actora que cumpla con una
carga argumentativa mínima, que le permita al juez del amparo abordar el análisis del
cargo planteado en la demanda. Puntualmente, en los casos en los que se pretenda el
amparo por defecto fáctico, la esta Corporación9 ha indicado que la carga argumentativa
consiste en que i) se identifiquen los elementos de convicción, supuestamente
desconocidos o valorados indebidamente, ii) que se argumente que el yerro valorativo
pudo variar o alterar el sentido de la decisión y iii) que la indebida omisión o apreciación
constituye una actuación arbitraria e irrazonable, que podría comprometer efectivamente
el goce efectivo de los derechos de los accionantes.

36. Sin embargo, como se vio, la parte accionante se limitó a mencionar cada uno de los
defectos, sin profundización alguna, como pasa a explicarse.

37. Sobre el defecto sustantivo, la Sala entiende que la parte accionante está inconforme
porque, en su criterio, la autoridad judicial accionada interpretó erróneamente las leyes
1755 de 201510 y 393 de 1997, pues su solicitud no buscó ser tramitada bajo las reglas
fijadas en la primera ley, sino que presentó una solicitud de cumplimiento; sin embargo,
no explicó por qué la sentencia cuestionada incurrió en tal defecto y cuál era el argumento
que se desarrolló en contravía de las disposiciones fijadas en esas leyes, circunstancia
importante para la Sala, pues la sentencia cuestionada no tuvo en cuenta la primera ley
para adoptar su decisión, sino que, entre otras, la controversia se centró sobre la falta de
acreditación del requisito de procedibilidad establecida en el artículo 8 de la Ley 393 de
199711, respecto del Ministerio de Trabajo.

7 La Corte aclaró que los requisitos generales son los siguientes: «1) legitimación por activa y por pasiva, 2)

relevancia constitucional, 3) subsidiariedad, 4) inmediatez, 5) irregularidad procesal decisiva, 6)
identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, y 7) que no se ataquen sentencias de
tutela».
8 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de tutela del 3 de

mayo de 2019, M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
10 «Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
11 Procedibilidad. La Acción de Cumplimiento procederá contra toda acción u omisión de la autoridad que

incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir inminente incumplimiento de normas con fuerza
de Ley o Actos Administrativos. También procederá contra acciones u omisiones de los particulares, de
conformidad con lo establecido en la presente Ley.
Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya
ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación
de la solicitud. Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito, cuando el cumplirlo a cabalidad
genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable para el accionante, caso en el cual deberá
ser sustentado en la demanda.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04398-00
Demandante: Luis Alfonso González Caballero

38. Algo similar ocurre con el reproche relacionado con la cosa juzgada, pues su
argumentó se basó en que la sentencia del 10 de abril de 2025 no se encontraba en
firme, porque había sido revocada, afirmación que carece de fundamento, porque,
revisado el aplicativo Samai, se observó que dicha decisión no fue revocada, pues fue
proferida en el trámite de segunda instancia de la acción de cumplimiento con radicado
20001-23-33-000-2025-00029-01 y no hay evidencia alguna de que posteriormente haya
sido dejada sin efectos.

39. Asimismo, se advierte que la inconformidad sobre la falta de motivación que
supuestamente incurrió la sentencia cuestionada carece de soporte alguno, pues solo
hizo referencia a que no se había planteado adecuadamente el problema jurídico, sin
planteamiento adicional alguno, reproche que pudo advertir durante la acción de
cumplimiento, pero no lo hizo.

40. A lo sumo, lo que hizo la parte demandante fue mencionar varios pronunciamientos
de la Corte Constitucional12 que, a su juicio, fueron ignorados por la Sección Quinta de
esta Corporación, pero no se preocupó por desarrollar el cargo de desconocimiento del
precedente, con miras a evidenciar, por ejemplo, cuáles eran las reglas o subreglas
jurisprudenciales desatendidas y por qué resultaban vinculantes en el caso particular, de
acuerdo con la sentencia T-482 de 201113.

41. De conformidad con lo expuesto, si bien el accionante está en desacuerdo con la
decisión proferida por la autoridad judicial accionada, lo cierto es que en la tutela de la
referencia se dedicó a plasmar, en forma general y abstracta, las razones por las cuales

12 Resaltó las sentencias C-1194 y C-010 de 2001, SU-386 de 2023, C-638 y C-1511 de 2000, C-157, C-

193 de 1998, SU-077 de 2018, C-319 de 2013, T-353 de 2014, T-173 y C-893 de 1999, C-651 de 2003 y
T-461 de 2021.
13
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del
precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas:

a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las
razones por las que estima que se desconoció.

b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de
aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.

c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el
precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del precedente judicial.
Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares,
tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio jurisprudencial
supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de transparencia y razón
suficiente).

e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la decisión
(ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez hace de las normas
frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto 13.

f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho al
debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04398-00
Demandante: Luis Alfonso González Caballero

consideraba que se debían amparar sus derechos fundamentales, sin sustentar los
defectos o causales específicas de procedibilidad con la suficiencia exigida por la
jurisprudencia constitucional para controvertir providencias judiciales mediante la acción
de tutela.

42. A todo lo anterior se suma, como lo planteó esta Subsección recientemente14, que
«tratándose de una acción de tutela dirigida a cuestionar una providencia proferida en el
marco de un medio de control de naturaleza pública [como el de cumplimiento de normas
con fuerza de ley o actos administrativos], no es posible admitir que los argumentos que
sirven de sustento a la vulneración alegada se funden en simples discrepancias que no
revelen, por sí mismas, una afectación de derechos fundamentales».

43. Esta Corporación15 también ha señalado que en la demanda de tutela no se puede
escuetamente señalar situaciones fácticas, sin invocar y sustentar alguna de las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales para obligar al juez
constitucional que revise las decisiones que estiman contrarias a los derechos
fundamentales, máxime cuando el fallo en cuestión fue dictado por una alta corte. Como
se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte
Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de la
acción de tutela contra las providencias judiciales.

44. A juicio de la Sala, la ausencia de motivos de carácter iusfundamental para cuestionar
la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, también denota que la acción
de tutela se está ejerciendo con el claro y único propósito de convertir este valioso
mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional de
la acción de cumplimiento con radicado 20001-23-33-000-2025-00062-01.

45. Con base en lo expuesto, se declarará improcedente la acción de tutela de la
referencia por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

46. En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Fernando
Alexei Pardo Flórez, según las razones anotadas. Como consecuencia, queda separado
del conocimiento de la presente acción de tutela.

14 Sentencia del 1º de septiembre de 2025, expediente: 11001-03-15-000-2025-04380-00, M.P. José
Roberto Sáchica Méndez.
15 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de enero de 2015, expediente: 11001-03-15-000-

2014-00552-01, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04398-00
Demandante: Luis Alfonso González Caballero

SEGUNDO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Luis
Alfonso González Caballero.

TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

CUARTO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.