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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04400-00

Fecha
11 de agosto de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04400-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional frente al defecto por desconocimiento del precedente, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. 2º) Niégase la solicitud de amparo frente al defecto por decisión sin motivación, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. 3º) Niéganse las solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Puertos y Transporte, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva. 4º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04400-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

11 de agosto de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04400-00
Demandante: WILLIAM ELÍAS CASTRO DAZA
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL -
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - AUSENCIA DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - DECISIÓN SIN
MOTIVACIÓN - SE NIEGA EL AMPARO

Síntesis del caso: el demandante cuestionó la sentencia que en segunda instancia negó algunas
pretensiones de una acción de cumplimiento y declaró la cosa juzgada frente a las restantes,
pues, en su criterio, la decisión se profirió sin motivación y desconoció precedentes judiciales
vinculantes. La Sala declarará la improcedencia del cargo por el desconocimiento del precedente
y negará el cargo por la decisión sin motivación.

La Sala decide la acción de tutela presentada el 16 de julio de 2025 por el señor William
Elías Castro Daza en contra de la sentencia proferida el 8 de mayo de 2025 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado en la acción de cumplimiento con radicación no. 20001-
23-33-000-2025-00063-01 para la protección a sus derechos fundamentales de igualdad,
debido proceso y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 13,
29 y 229 de la Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente (índice 2 en SAMAI):

1) El 10 de febrero de 2025, William Elías Castro Díaz presentó demanda en ejercicio de
la acción de cumplimiento contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04400-00
Demandante: William Elías Castro Díaz
Acción de tutela

Nacional de Seguridad Vial, el Municipio de Valledupar (Cesar) y la Secretaría de Tránsito
Municipal de Valledupar, mediante la cual pretendió que: i) se declarara la nulidad de los
comparendos que le han sido impuestos, ii) se ordenara el retiro de todos los vehículos
de “foto-multa” o “caza-infractores” del municipio, y iii) se ordenara a las autoridades de
tránsito que solo impongan los comparendos en presencia del respectivo infractor.

2) Mediante sentencia del 13 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cesar
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y ordenó a la Secretaría de
Tránsito Municipal de Valledupar dar cumplimiento al artículo 135 del Código Nacional de
Tránsito Terrestre1, sobre el control vial mediante dispositivos electrónicos.

3) El Municipio de Valledupar impugnó la decisión2 y, por sentencia del 8 de mayo de
2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó el fallo; en su lugar, rechazó la

1 “Artículo 135. Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir

el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:

Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en la que
ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes. Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo.

Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada en este tiempo, la multa será aumentada
hasta por el doble de su valor, en cuyo caso deberá presentarse dentro de los diez (10) días siguientes a
la fecha de la infracción

La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el
conductor se niega a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo. Contra el informe del agente
de tránsito firmado por un testigo solamente procede la tacha de falsedad.

El Ministerio de Transporte determinará las características del formulario de comparendo único nacional,
así como su sistema de reparto. En éste se indicará al conductor que tendrá derecho a nombrar un
apoderado si así lo desea y que, en la audiencia, para la que se le cite, se decretarán o practicarán las
pruebas que solicite. El comparendo deberá además proveer el espacio para consignar la dirección del
inculpado o del testigo que lo haya suscrito por éste.

Parágrafo 1. La autoridad de tránsito entregará al funcionario competente o a la entidad que aquella
encargue para su recaudo, dentro de las doce (12) horas siguientes, la copia de la orden de comparendo,
so pena de incurrir en causal de mala conducta.

Cuando se trate de agentes de policía de carreteras, la entrega de esta copia se hará por conducto del
comandante de la ruta o del comandante director del servicio.

Parágrafo 2. Los organismos de tránsito podrán suscribir contratos o convenios con entes públicos o
privados con el fin de dar aplicación a los principios de celeridad y eficiencia en el cobro de las multas”.

2 Para sustentar el recurso, expuso que la acción de cumplimiento no superó el requisito de procedencia

de la subsidiariedad, comoquiera que no es el mecanismo judicial idóneo para controvertir la legalidad de
actos administrativos; además, que la sentencia del 13 de marzo de 2025 de la Sección Quinta del Consejo
de Estado abordó una demanda análoga y, en aquella oportunidad, se consideró que los vehículos “caza-
infractores” no constituyen sistemas automáticos, semiautomáticos u otro medio tecnológico (SAST) para
la detección de infracciones de tránsito.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04400-00
Demandante: William Elías Castro Díaz
Acción de tutela

demanda respecto de la Superintendencia de Puertos y Transporte, desvinculó al
Ministerio de Transporte, negó la pretensión de dar cumplimiento al Código Nacional de
Tránsito Terrestre, la Ley 1843 de 2017 y el Decreto 2409 de 2018, declaró improcedente
la pretensión de nulidad y declaró la cosa juzgada respecto de las pretensiones restantes.

2. Los fundamentos de la vulneración

La parte actora sostuvo que la sentencia proferida el 8 de mayo de 2025 por la Sección
Quinta del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales de igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia (índice 2 en SAMAI).

A su juicio, la autoridad judicial incurrió en una decisión sin motivación porque declaró la
cosa juzgada sin abordar el problema jurídico planteado en la acción de cumplimiento, a
saber, si la autoridad de tránsito incumplió las normas legales y reglamentarias que rigen
la imposición de comparendos mediante dispositivos de detección electrónica; además,
reprochó que la acción se hubiera declarado parcialmente improcedente sin una
fundamentación suficiente.

Por otra parte, mencionó que se configuró un defecto por desconocimiento del
precedente judicial sentado por la Corte Constitucional en materia de: los derechos del
debido proceso y acceso a la administración de justicia, las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la mora judicial, la
perspectiva de género, el alcance de las facultades sancionatorias de la Administración,
el exceso ritual manifiesto, el carácter rogado de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y las facultades oficiosas de los jueces.

3. Las pretensiones

Con fundamento en lo anterior, la parte demandante solicitó lo siguiente:

“Primero PRETENDO CON ESTA ACCI[Ó]N DE TUTELA como mecanismo
excepcional y definitivo QUE LA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO
DEJE SIN EFECTO Y SIN VALOR LA SENTENCIA DE ACCI[Ó]N DE
CUMPLIMIENTO, Y EN S[U] LUGAR CONFIRMAR LA SENTENCIA
EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y ASI

Finalmente, señaló que el actor pudo haber incurrido en una actuación temeraria porque su dirección de
correo electrónico coincide con la indicada por otros tantos demandantes que promovieron acciones de
cumplimiento con los mismos hechos, fundamentos, pretensiones y parte pasiva.

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Demandante: William Elías Castro Díaz
Acción de tutela

GARANTIZAR la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
de la sentencias C-1194-01, SU 386-23, C-638-00, C-157-98, SU077-18, C-
319-13,T-353-14, T-173-99, C-173-99, C-1511 00, C-1511-00, C-893-99, C-
651-03, C-010-01, C-193-98,C651-03, T-461-21, QUE HAN REITERADO la
procedencia de la acción de cumplimiento, por violación al presente (sic) y por
interpretación errónea de la norma como causal de procedibilidad para que el
juez constitucional tutel[e] mis derecho[s] fundamental[es] [de] acceder a la
administración de justicia, al debido proceso, derecho a la igualdad, principio de
la buena fe confianza legitima, principio de seguridad jurídica y revoque la
sentencia de acción de cumplimiento en segunda instancia por medio de la cual
el tribunal administrativo del cesar concedió la acción de cumplimiento, por ser
una clara vía de hecho, desconocimiento del precedente judicial, falsa
motivación violación directa de la Constitución Defecto fáctico, Error inducido,
La obligación de las autoridades administrativas de aplicar la Constitución y la
ley y de tener en cuenta el precedente judicial para todas sus actuaciones,
deben acatar el precedente judicial, esto es, están en la obligación de aplicar e
interpretar las normas, en el sentido dictado por la autoridad judicial, el deber
de acatamiento del precedente judicial que de conformidad con el articulo (sic)
10 de la ley 1437 del 2011, es obligaci[ó]n hacerla[s] extensivas SU-380/21, T-
022/19), SU 354/17, SU113/18, C-539/11. T-441/18, C-621/15, C-836/01, T-
775/14, SU-611/17, SU-069/18, T-656/11, 309/15, SU406/16, T-081/23, SU
060/21, SU048/22, SU068/18, C-634/11, SU-072/18, SU-041/22, T-048/129, C
099/22, SU-635/15.

SEGUNDO QUE la sala plena del consejo de estado haga la diferencia entre la
ley 1755 del 2015 y la ley 393 de 1997.

Tercero que la sala plena ordene al ministerio de transporte a darle
cumplimiento artículo 158ª de la ley 769 del 2002 y anule las sanciones
impuestas por el municipio de Valledupar a trav[é]s de la secretaria de tránsito
debido que no contaban con la autorización de la superintendencia de
transporte para operar dispositivo electrónico” (mayúsculas del original - archivo
disponible a índice 2 en SAMAI).

4. La actuación procesal

Mediante auto del 21 de julio de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar
al presidente y los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado y se vinculó
a la actuación como terceros con interés al presidente del Tribunal Administrativo de
Cesar, al superintendente de Puertos y Transporte, al ministro de Transporte, al director
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al alcalde del Municipio de Valledupar y al
secretario de la Secretaría Municipal de Tránsito de Valledupar, entregándoles copia de
la demanda y los anexos (índice 5 en SAMAI).

5. Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas

1) El magistrado ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela porque no cumplió con la carga argumentativa

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Demandante: William Elías Castro Díaz
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mínima para acreditar la relevancia constitucional del asunto, lo que revela que la
intención del demandante es utilizar el mecanismo constitucional como una tercera
instancia judicial (índice 15 en SAMAI); además, se allegó el expediente digital del
proceso con radicación no. 20001-23-33-000-2025-00063-01 (índice 10 en SAMAI).

2) El Tribunal Administrativo de Cesar allegó el expediente digital del proceso con
radicación no. 20001-23-33-000-2025-00063-00 (índice 9 en SAMAI).

3) La Secretaría de Tránsito Municipal de Valledupar afirmó que la sentencia cuestionada
se sustentó en las normas legales y jurisprudenciales aplicables, por lo cual es evidente
que los reproches del demandante corresponden a apreciaciones subjetivas sin ningún
respaldo jurídico (índice 14 en SAMAI).

4) El Ministerio de Transporte (índice 11 en SAMAI), la Agencia Nacional de Seguridad
Vial (índice 13 en SAMAI) y la Superintendencia de Puertos y Transporte (índice 17 en
SAMAI) manifestaron que carecen de legitimación en la causa por pasiva porque no son
las autoridades llamadas a responder por la vulneración a los derechos fundamentales
de la parte demandante, motivo por el cual consideran que deben ser desvinculadas del
presente proceso.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) solicitudes de desvinculación y
3) caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

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Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. Las solicitudes de desvinculación procesal

La Sala no accederá a las solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio de
Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Puertos y
Transporte, toda vez que dichas autoridades intervinieron en la acción de cumplimiento
con radicación no. 20001-23-33-000-2025-00063-00/01; por lo tanto, su vinculación en el
presente trámite tuvo como finalidad ponerlas en conocimiento de la existencia de la
acción de tutela y de las eventuales resultas del proceso.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección Quinta
del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales de igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia,
supuestamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 8 de mayo de 2025, mediante
la cual se revocó el fallo que en primera instancia había accedido parcialmente a las
pretensiones de la acción de cumplimiento.

En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala negará las pretensiones de
la acción de tutela por las razones que se exponen a continuación.

3.1 La verificación de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en el caso concreto

La Sala advierte que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad enunciados
por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: i) el demandante identificó los hechos que
generaron la vulneración y los derechos que se transgredieron, ii) se agotaron los medios

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de defensa judicial disponibles al alcance de las personas afectadas ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, iii) la acción se promovió dentro de los seis meses
siguientes a la notificación de la providencia reprochada3 y iv) no se ataca una sentencia
de tutela.

A su vez, se advierte que el cargo por la decisión sin motivación cumple con el requisito
de relevancia constitucional, habida cuenta de que el demandante alegó la vulneración a
sus derechos fundamentales por la sentencia de segunda instancia, que revocó la
decisión de primer grado y contra la cual no proceden recursos, por lo cual el reproche
no pudo ser objeto de análisis en el curso del proceso ordinario

En cambio, el cargo por el desconocimiento del precedente no reviste relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

1) De entrada, esta Sala advierte que la parte actora no cumplió con la carga mínima de
argumentación para sustentar el desconocimiento del precedente, pues la simple
enunciación de una inconformidad frente a una actuación judicial no demuestra la
relevancia constitucional del cargo ni habilita la procedencia de la acción de tutela.

2) En la solicitud de amparo, el demandante se refirió de manera genérica a la
jurisprudencia constitucional en torno a temas como los derechos del debido proceso y
acceso a la administración de justicia, las causales específicas de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la mora judicial, la perspectiva de género,
el alcance de las facultades sancionatorias de la Administración, el exceso ritual
manifiesto, el carácter rogado de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y las
facultades oficiosas de los jueces.

3) Sin embargo, no demostró que los hechos de aquellos antecedentes fuesen
sustancialmente similares con el caso concreto ni precisó la ratio decidendi que reclama
como desconocida; por el contrario, se limitó a mencionar los temas abordados por la
Corte Constitucional en algunas sentencias proferidas en sede de control abstracto de
constitucionalidad y de revisión de tutelas.

3 La sentencia del 8 de mayo de 2025 de la Sección Quinta del Consejo de Estado se notificó por correo

electrónico del 14 de mayo de 2025 (índice 7 en SAMAI con radicación 20001-23-33-000-2025-00063-01)
y la acción de tutela se presentó el 16 de julio de 2025 (índice 1 en SAMAI).

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4) Así las cosas, la Sala advierte que el reproche no se acompasa con los parámetros
para estructurar el defecto, comoquiera que el demandante no aclaró cuál es la decisión
previa que resolvió un problema jurídico análogo con base en los mismos patrones
fácticos, aunado a que tampoco precisó en qué consistió la ratio decidendi que, a su
juicio, fue desconocida.

5) En efecto, cuando se cuestionan providencias judiciales a través de la acción de tutela,
el demandante debe agotar un mínimo de argumentación para que proceda el análisis de
fondo; por lo tanto, para esta Sala, resulta imprescindible que la solicitud de amparo
contenga una explicación suficiente sobre la relevancia constitucional del asunto y los
requisitos específicos de procedencia en que habría incurrido la autoridad judicial, de
conformidad con lo expuesto sobre la materia en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte
Constitucional.

6) Igualmente, en ocasiones anteriores, la Sala Plena de esta Corporación estableció que
la verificación del requisito general de la relevancia constitucional comprende el análisis
de dos elementos de la solicitud de amparo, a saber:

“Para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen
sus discrepancias con las providencias que allí́ se dicten” (Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo: sentencia del 5 de agosto de 2014,
radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01).

7) En esos términos, para la Sala resulta claro que el cargo por el desconocimiento del
precedente no es constitucionalmente relevante porque no se cumplió con una
argumentación mínima para explicar la configuración del defecto, motivo por el cual se
declarará la improcedencia de la acción en este punto.

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3.2 El análisis del defecto por decisión sin motivación en el caso concreto

El demandante sostuvo que la providencia objeto de reproche adolece de falta de
motivación porque no abordó el problema jurídico planteado en la demanda ordinaria; no
obstante, la Sala advierte que dicho señalamiento no se acompasa con lo efectivamente
resuelto por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por lo cual no se configuró el
defecto alegado, como se pasa a exponer:

1) En la sentencia del 8 de mayo de 2025, la autoridad judicial llevó a cabo un análisis
argumentativo completo y razonable, pues identificó los hechos probados, examinó con
detenimiento los requisitos de procedencia de la acción, negó las pretensiones
relacionadas con el cumplimiento de los artículos 4 del Decreto 2409 de 2018, 134 de la
Ley 769 de 2002 y 4 de la Ley 1843 de 2017, declaró probada la cosa juzgada respecto
de las demás pretensiones y descartó la configuración de una actuación temeraria.

2) Aunque el actor consideró que la declaratoria de cosa juzgada implicó una omisión
frente al fondo del asunto, relacionado con el presunto incumplimiento de las normas
legales y reglamentarias en materia de comparendos impuestos con dispositivos de
detección electrónica, lo cierto es que la autoridad judicial motivó con suficiencia las
razones por las cuales consideró acreditada dicha excepción.

3) En concreto, la Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que el 10 de abril de
2025 profirió sentencia de segunda instancia en el proceso de acción de cumplimiento
con radicación no. 20001-23-33-000-2024-00331-01, en la cual se concluyó que los
vehículos “caza-infractores” del Municipio de Valledupar no correspondían a sistemas
automáticos, semiautomáticos ni a otros medios tecnológicos de detección electrónica,
de manera que no había lugar a exigir el cumplimiento de las normas que rigen dichos
sistemas.

4) Además, la autoridad judicial precisó que ambos procesos guardaban identidad de
objeto, causa y parte pasiva, toda vez que las dos acciones pretendieron el cumplimiento
de las mismas disposiciones legales y reglamentarias (artículos 4 y 5 del Decreto 2409
de 2018, el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, los artículos 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de
2017, los artículos 127, 129 y 134 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i,
m del artículo 3 y los artículos 5 al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020) respecto
de las mismas autoridades (Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia

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Nacional de Seguridad Vial, el Municipio de Valledupar y la Secretaría de Tránsito
Municipal de Valledupar).

5) De conformidad con lo anterior, no se evidencia que la providencia reprochada
constituya un mero acto de voluntad del juez ni que exista una contradicción manifiesta
entre la decisión y los fundamentos empleados para proferirla; en consecuencia, no se
configura el defecto por decisión sin motivación.

6) Adicionalmente, esta Sala reitera que la acción de tutela fue instituida como un juicio
de validez y no de corrección de la labor del juez natural de la causa, pues esta facultad
se encuentra amparada por los principios de autonomía e independencia judicial, de
modo que el juez de tutela tiene vedado pronunciarse sobre materias que fueron
abordadas por el juez ordinario simplemente con el objeto de imponer su criterio o
proponer una mejor solución.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional
frente al defecto por desconocimiento del precedente, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva.

2º) Niégase la solicitud de amparo frente al defecto por decisión sin motivación, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

3º) Niéganse las solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio de
Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Puertos y
Transporte, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

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Demandante: William Elías Castro Díaz
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5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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