Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04405-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04405-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04405-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04405-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARÍA EUGENIA URIBE MORALES
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE
ACTORA NO CUMPLIÓ CON LA CARGA MÍNIMA ARGUMENTATIVA, ADEMÁS, SE
EVIDENCIA QUE LO PRETENDIDO ES CREAR UNA INSTANCIA ADICIONAL
DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS CON
FUERZA MATERIAL DE LEY O DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 y el
MINISTERIO DE TRANSPORTE2.
I – ANTECEDENTES
1
En adelante Sección Quinta.
2
En adelante Ministerio.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04405-00
Actora: MARÍA EUGENIA URIBE MORALES
I.1. La Solicitud
La señora MARÍA EUGENIA URIBE MORALES, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y a los principios de buena fe,
confianza legítima y seguridad jurídica, los cuales estima vulnerados
por el MINISTERIO y la SECCIÓN QUINTA, al haber proferido
dicha autoridad judicial la providencia de 8 de mayo de 2025, dentro
del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o de actos administrativos identificado con el número único de
radicación 2025-00065-01.
I.2. Hechos
Señaló que presentó demanda en ejercicio del medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos contra la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y
TRANSPORTE3, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL4
(ANSV) y el MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - SECRETARÍA DE
3
En adelante Superintendencia.
4
En adelante ANSV.
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Actora: MARÍA EUGENIA URIBE MORALES
TRÁNSITO Y TRANSPORTE5 con el fin de obtener el cumplimiento
de los artículos 4 y 5 del Decreto núm. 2409 de 20186; 18 de la Ley
2251 de 20227; 3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 20178; 127, 129 y 134
al 137 de la Ley 769 de 20029; y los literales a, d, g, i, m del artículo
3 y 5 al 8 de la Resolución núm. 20203040011245 de 2020, expedida
esta última por el MINISTERIO10, a fin de que se le ordenara al
MUNICIPIO: i) la anulación de todas las infracciones impuestas a
través de los vehículos “caza infractores” durante el período en el
que no se tenía la autorización por parte de la cartera ministerial para
el uso de sistemas tecnológicos de detención de infractores de
tránsito; ii) el retiro definitivo de los vehículos utilizados para la
imposición de comparendos y; iii) ordenar la imposición de las multas
de manera presencial garantizando la individualización de los
infractores.
Manifestó que el proceso aludido fue identificado con el número único
de radicación 2025-00065-00 y atribuido para su trámite en primera
instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR11 que,
5
En adelante Municipio.
6
“Por el cual se modifica y renueva la estructura de la Superintendencia de Transporte y se dictan otras
disposiciones”.
7
"Por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con
enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones -Ley Julián Esteban"
8
“Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos,
semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras
disposiciones”.
9
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
10
“Por la cual se establecen los criterios técnicos de seguridad vial para la instalación y operación de
los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas
infracciones al tránsito y se dictan otras disposiciones”.
11
En adelante Tribunal.
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Actora: MARÍA EUGENIA URIBE MORALES
mediante sentencia de 12 de marzo de 2025, accedió parcialmente a
las pretensiones y ordenó al MUNICIPIO dar cumplimiento a lo
previsto en el inciso 1º del artículo 135 del Código Nacional de
Tránsito Terrestre, en las labores de control en vía con dispositivo
electrónico a cargo de sus agentes, verificando el debido proceso en
la imposición de multas y entendiendo que la entrega de la copia del
comparendo al presunto infractor y/o propietario, constituyen
garantía del debido proceso que rige en esta clase de actuaciones y
el principio de publicidad de las acciones realizadas por las
autoridades de tránsito, en lo demás denegó las pretensiones.
Mencionó que, inconforme con lo anterior, el MUNICIPIO presentó
recurso de apelación, el cual le correspondió a la SECCIÓN QUINTA
que, en providencia de 8 de mayo de 2025, revocó la decisión del a
quo y, en su lugar: i) rechazó el medio de control respecto de la
SUPERINTENDENCIA; ii) declaró su improcedencia frente a la
anulación de las infracciones de tránsito; y iii) declaró la cosa juzgada
en relación al cumplimiento de los artículos 18 de la Ley 2251 de
2022; 3, y 13 de la Ley 1843 de 2017; 127, 129 y 135 al 137 de la
Ley 769 de 2002; y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y 5 al 8 de
la Resolución núm. 20203040011245 de 2020, expedida esta última
por el MINISTERIO, frente al MUNICIPIO y la ANSV.
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Actora: MARÍA EUGENIA URIBE MORALES
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en vía
de hecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial
establecido en las sentencias C-1194-01, SU-386-23, C-638-00,
C157-98, SU-077-18, C-319-13, T-353-14, T-173-99, C-173-99, C -
1511-00, C-1511-00, C-893-99, C-651-03,C-010-01, C-193-98, C-
651-03, T-461-21 que, de acuerdo a su consideración, han reiterado
la procedencia del medio de control de cumplimiento para exigir el
acatamiento de las normas invocadas.
Aseguró que “[…] la sala quinta incurrió en vía de hecho por falta
motivación debido a que no se había planteado adecuadamente el
problema jurídico planteado, pues según el tribunal administrativo
del cesar avalo la realización de comparendo a través de vehículos
en movimiento, donde estos vehículos que son tres, tienen vidrios
oscuros, donde no se sabe quién están dentro de estos vehículos
tomando fotos, si hay funcionarios de tránsito o son funcionario de
la concepción de tránsito debido que ellos […]” (Sic en toda la cita).
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,
en consecuencia:
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Actora: MARÍA EUGENIA URIBE MORALES
“[…] Primero PRETENDO CON ESTA ACCION DE TUTELA como
mecanismo excepcional y definitivo QUE LA SALA PLENA DEL
CONSEJO DE ESTADO DEJE SIN EFECTO Y SIN VALOR LA
SENTENCIA DE ACCION DE CUMPLIMIENTO, Y EN SUS LUGAR
CONFIRMAR LA SENTENCIA EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y ASI GARANTIZAR la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante de la
sentencias C-1194-01, SU 386-23, C-638-00, C-157-98, SU077-
18, C-319-13, T-353-14, T-173-99, C-173-99, C-1511-00, C-
1511-00, C-893-99, C-651-03, C-010-01, C-193-98,C651-03, T-
461-21, QUE HAN REITERADO la procedencia de la acción de
cumplimiento ,por violación al presente y por interpretación
errónea de la norma como causal de procedibilidad para que el juez
constitucional tutela mis derecho fundamental acceder a la
administración de justicia, al debido proceso , derecho a la
igualdad, principio de la buena fe confianza legitima , principio de
seguridad jurídica y revoque la sentencia de acción de
cumplimiento en segunda instancia por medio de la cual el tribunal
administrativo del cesar concedió la acción de cumplimiento, por
ser una clara vía de hecho, desconocimiento del precedente
judicial, falsa motivación violación directa de la Constitución
Defecto fáctico, Error inducido, La obligación de las autoridades
administrativas de aplicar la Constitución y la ley y de tener en
cuenta el precedente judicial para todas sus actuaciones, deben
acatar el precedente judicial, esto es, están en la obligación de
aplicar e interpretar las normas, en el sentido dictado por la
autoridad judicial, el deber de acatamiento del precedente judicial
que de conformidad con el articulo 10 de la ley 1437 del 2011 , es
obligación hacerla extensivas SU-380/21, T-022/19, SU- 354/17,
SU 113/18, C-539/11, T-441/18, C-621/15, C-836/01, T-775/14,
SU-611/17, SU-069/18, T-656/11, 309/15, SU406/16,T-081/23,
SU-060/21, SU048/22, SU068/18, C-634/11, SU072/18, SU-
041/22, T-048/129, C- 099/22, SU-635/15.
SEGUNDO QUE la sala plena del consejo de estado haga la
diferencia entre la ley 1755 del 2015 y la ley 393 de 1997.
Tercero que la sala plena ordene al ministerio de transporte a darle
cumplimiento artículo 158ª de la ley 769 del 2002 y anule las
sanciones impuestas por el municipio de Valledupar a través de la
secretaria de tránsito debido que no contaban con la autorización
de la superintendencia de transporte para operar dispositivo
electrónico […]”. (Sic en toda la cita).
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA sostuvo que la solicitud de amparo se
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limitó a reiterar los argumentos que sirvieron como sustento en el
medio de control cuestionado, pero no demostró alguno de los
requisitos especiales establecidos por la Corte Constitucional para la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Afirmó que la demanda no cumple con la carga argumentativa
necesaria que le permita al juez constitucional abordar el estudio del
asunto, además, advirtió que los apartes transcritos en la misma de
la parte resolutiva de la decisión, no corresponde a la sentencia que
profirió el 8 de mayo de 2025, objeto de tutela.
I.5.2.- El MINISTERIO solicitó la desvinculación del trámite
constitucional en razón a la falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Recalcó que la entidad no funge como superior jerárquico de la
entidad territorial y que en virtud de lo establecido en el Decreto
núm. 087 de 2011, el objetivo primordial de la entidad es la
formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos
y regulación económica en materia de transporte, tránsito e
infraestructura, por lo que no tiene competencia para ordenar a la
autoridad de tránsito accionada en el medio de control censurado,
pues no tiene funciones jurisdiccionales para anular comparendos.
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I.5.3.- La SUPERINTENDENCIA, vinculada en calidad de tercera
con interés directo en las resultas del proceso, solicitó denegar las
pretensiones invocadas en su contra al considerar que, los supuestos
fácticos que dieron origen a la acción de tutela no le pueden ser
endilgados.
Indicó que se le vinculó al trámite constitucional como un agente
vulnerador de los derechos fundamentales de la actora, no obstante,
no es la entidad responsable de la presunta transgresión de las
garantías invocadas.
I.5.4.- La ANSV, vinculada en calidad de tercera con interés directo
en las resultas del proceso, indicó que no goza de legitimación en la
causa por pasiva, comoquiera que no ostenta la calidad de autoridad
de tránsito, por ende no le corresponde la imposición de
comparendos ni la adopción de medidas relacionadas con el
cumplimiento de normas de tránsito.
Recalcó que sus competencias y funciones se circunscriben de
manera exclusiva al ámbito técnico y preventivo de la seguridad vial,
en lo relativo a la expedición de autorizaciones previas de carácter
técnico para la instalación y puesta en funcionamiento de los
sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos
(SAST), conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
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I.5.5.- El TRIBUNAL y el MUNICIPIO, vinculados en calidad de
terceros con interés directo en las resultas del proceso, pese a ser
notificados del presente trámite, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
La Sala advierte que el MINISTERIO, la SUPERINTENDENCIA y la
ANSV, formularon petición de desvinculación de la presente acción
de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
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omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que dichas autoridades actuaron como parte accionada
dentro del medio de control de cumplimiento objeto del presente
estudio, la Sala concluye que les asiste interés directo en la decisión
de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se
denegará las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
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decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
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presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
deje sin efecto la providencia de 8 de mayo de 2025 proferida por
la SECCIÓN QUINTA dentro del medio de control de cumplimiento
de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos
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identificado con el número único de radicación 2025-00065-01.
A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales a al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia y a los principios de buena fe,
confianza legítima y seguridad jurídica.
Los disensos de la actora radican en que la autoridad judicial
accionada incurrió en vía de hecho por desconocimiento del
precedente jurisprudencial establecido en las sentencias C-1194-
01, SU-386-23, C-638-00, C157-98, SU-077-18, C-319-13, T-353-
14, T-173-99, C-173-99, C -1511-00, C-1511-00, C-893-99, C-651-
03,C-010-01, C-193-98, C-651-03, T-461-21 que, de acuerdo a su
consideración han reiterado la procedencia del medio de control de
cumplimiento para exigir el acatamiento de las normas invocadas.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados.
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De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional12, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela»13.
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
12
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
13
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación14, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [15]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [16].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [17].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[15] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[16] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[17] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [18].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [19]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
[18] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[19] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
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denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [20].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [21]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
[20] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[21] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito general de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]” (Destacado fuera de texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
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ordinario.
En el caso bajo examen, la solicitud de tutela se fundamentó de la
siguiente forma:
“[…] DECIMO SEÑORES SALA PLENA DEL CONSEJO DE
ESTADO QUE LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA, INCURRIÓ EN VÍA
DE HECHO por violación al precedente judicial establecido en
las sentencias C-1194-01,SU 386-23, C-638-00, C-157-98,
SU077-18,C-319-13,T-353-14,T-173 99, C-173-99,C-1511-
00,C-1511-00,C-893-99,C-651-03,C-010-01, C-193-98,C651-
03 , T-461-21, QUE HAN REITERADO QUE SI ES PROCEDENTE
ESTA ACCION DE CUMPLIMIENTO PARA QUE EL MUNICIPIO DE
VALLEDUAPR LE DE CUMPLIMIENTO A LAS DISPOCIONES
,artículos 1,2, 3, 13 y 14 de la ley 1843 de 2017 y artículo 109
del Decreto Ley 2106 de 2019,ARTICULO
127,129,134,135,136,137,Y 158ª DE LA LEY 769/02 14, Y 158A
articulo 14 parágrafo 1, ARTICULO 18 de la ley 2251/ 22 ,articulo
6 de la resolución NO 20203040011245 de 2020.
DECIMO PRIMERO SEÑORES SALA PLENA DEL CONSEJO
DE ESTADO EL ESTA SALA QUINTA INCURRIÓ EN VÍA DE
HECHO, POR falta motivación, debido, a que no se había
planteado adecuadamente el problema jurídico, planteado ,
pues según el tribunal administrativo del cesar avalo, la
realización, de comparendo a través de vehículos en
movimiento , donde estos vehículos que son tres , tienen
vidrios oscuros, donde no se sabe, quien están dentro de
estos vehículos tomando fotos , si hay funcionarios de
tránsito o son funcionario de la concepción de tránsito
debido que ellos violación directa de la Constitución al
desconocer los artículos 24,25,40, 87 de Defecto fáctico, que
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
la constitución Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales. Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
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de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
FUNDAMENTO DE DERECHO
FUNDAMENTO ESTA ACCION DE TUTELA CON LAS
SIGUIENTES SENTENCIAS ASI MISMO ESTOS VEHICULOS
CAZA INFRACTORE VULNERAS LA SIGUIENTES
SENTENCIA […]” (Negrilla pertenece al texto, sic en toda
la cita).
Conforme con lo anterior, la Sala advierte que en el escrito
introductorio la actora formuló una serie de inconformidades contra
la sentencia cuestionada y se limitó a afirmar que la SECCIÓN
QUINTA incurrió en vía de hecho al desconocer el precedente
jurisprudencial, sin indicar de manera clara cuales criterios
jurisprudenciales omitió aplicar en el estudio del problema jurídico.
La Sala advierte que las inconformidades descritas por la actora
pretenden retrotraer asuntos que fueron objeto de análisis por el juez
de lo contencioso administrativo, sin que se evidencie relevancia
constitucional que permita estudiar el fondo del asunto, toda vez que
la fundamentación del escrito introductorio de la acción de tutela está
encaminada a controvertir las conclusiones a las que arribó la
SECCIÓN QUINTA respecto de la improcedencia del medio de
control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de
actos administrativos cuestionado.
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En efecto, al revisar la providencia cuestionada, la Sala advierte que
la SECCIÓN QUINTA precisamente determinó que en el asunto el
medio de control de cumplimiento no era procedente para exigir la
anulación de comparendos impuestos bajo el uso de patrullas
institucionales, además estudió la configuración de la cosa juzgada
en relación con el acatamiento de las normas invocadas, de la
siguiente manera:
“[…] 6. De la procedencia de la acción de cumplimiento
62. Según quedó expuesto en los antecedentes, las pretensiones
de la señora María Eugenia Uribe Morales se dividen en tres:
(i) que se ordene a la Secretaría de Tránsito del municipio de
Valledupar la anulación de todas las multas aplicadas mediante los
denominados «vehículos caza infractores»;
(ii) que se disponga el retiro de los tres vehículos utilizados para la
imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene
la normativa vigente en punto de la implementación de los SAST y
(iii) que se ordene a la autoridad de tránsito del municipio que la
imposición de los comparendos se realice de manera presencial,
individualizando al infractor y otorgándole un tiempo prudencial
para el retiro del vehículo en caso de estacionamiento en sitios
prohibidos.
63. En cuanto a la primera de las pretensiones, se advierte que la
controversia escapa del ámbito de acción del juez de cumplimiento,
toda vez que encierra un debate jurídico sobre la validez de los
comparendos que han sido interpuestos por la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar. Al respecto, se recuerda que
esta acción no es de carácter declarativo sino de ejecución de
deberes imperativos e inobjetables, es decir, que no admitan
ningún tipo de discusión.
64. Aun cuando en este escenario se solicita el cumplimiento de las
normas descritas, lo cierto es que el fondo de la controversia
plantea una discusión de carácter subjetivo que debe ser conocida
por el juez de lo contencioso administrativo a través de la acción
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de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo
138 del CPACA contra los actos administrativos sancionatorios.
65. Lo anterior, por cuanto en dicho medio de control, quienes han
visto afectados sus intereses con la interposición de las multas
tienen la posibilidad de cuestionar los comparendos impartidos por
las autoridades de tránsito, lo que coincide con lo aquí pretendido
por la señora María Eugenia Uribe Morales.
66. En suma, la improcedencia de esta acción en lo que atañe a
esta pretensión se justifica en que no se satisface el requisito de la
subsidiariedad, dado que este medio es residual y no principal, lo
que presupone que no se cuente o haya contado con un medio
ordinario de defensa judicial.
67. Finalmente, se debe indicar que, con base en los hechos y
medios de prueba que fueron aportados al trámite, no se hace
evidente la existencia de un perjuicio irremediable que permita
flexibilizar el citado presupuesto.
68. Ahora bien, frente a la segunda y tercera pretensión que tienen
que ver con el retiro de los vehículos «caza infractores» y la
imposición de comparendos de forma presencial en seguimiento al
procedimiento establecido en la norma, la Sala no advierte que la
parte actora cuente con otro medio de defensa judicial para
procurar por el acatamiento de los preceptos que pide atender.
69. Tampoco se evidencia que lo pretendido por la accionante
involucre la protección de derechos fundamentales que puedan ser
invocados vía acción de tutela, o que implique un gasto. Frente a
esto último, no se observa que el retiro de circulación de los
vehículos institucionales le genere a las entidades accionadas una
erogación de partidas presupuestales.
70. Además, las disposiciones solicitadas en cumplimiento son
actualmente exigibles porque no están derogadas ni suspendidas y
ostentan el rango de ley o acto administrativo.
71. Sin embargo, la Sala observa que, en relación con las mismas
normas y entidades demandadas en esta oportunidad, ya existen
diversos pronunciamientos, tal y como pasa a explicarse.
7. De la cosa juzgada
72. Esta Sección ha manifestado que el objeto de la cosa juzgada
es que los hechos y conductas que se han resuelto judicialmente
no puedan ser debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo
anterior, por cuanto lo decidido por el juez adquiere las
características de vinculante, obligatorio y, por tanto, de
inmutable.
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73. En palabras de la Corte Constitucional:
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la
cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en
algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes
y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición
expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación
definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad
jurídica.
74. De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del
Código General del Proceso, los elementos constitutivos de la cosa
juzgada son: (i) identidad de objeto; (ii) identidad de causa y, (iii)
identidad jurídica de partes.
75. Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia
del fenómeno de la cosa juzgada en las acciones de cumplimiento,
en principio, no es necesaria la identidad de partes; en específico,
del extremo accionante, dado el carácter público de la acción, lo
cual implica que puede instaurarse por cualquier persona.
Tratándose de la identidad de objeto, se verifica la identidad del
bien jurídico que se encuentra en disputa. Finalmente, en relación
con la identidad de causa se determina la razón por la cual se acude
a esta instancia.
76. Descendiendo al asunto que nos ocupa, la Sala observa que en
el expediente 20001-33-33-009-2024-00283-01, el Tribunal
Administrativo del Cesar resolvió en segunda instancia una
demanda presentada en contra de la Alcaldía de Valledupar, para
que se le ordenara acatar lo dispuesto en el artículo 6 de la
Resolución 20203040011245 de 2020 y el artículo 2.º, numeral 1,
de la ley 1843 del 2017 y, como consecuencia, se dispusiera el
retiro de los vehículos «caza infractores» por las calles de
Valledupar.
77. Al resolver la controversia, la autoridad judicial encontró que la
acción de cumplimiento es el mecanismo jurídico adecuado para
exigir el acatamiento de las regulaciones normativas señaladas por
el actor como incumplidas por el ente territorial, por cuanto
contienen un mandato legal que al ser de orden público resulta
obligatorio.
78. Luego, al abordar el análisis de fondo, encontró que en la
Resolución 20203040011245 de 2020 se indicaron los criterios
técnicos para la instalación y operación de los SAST. No obstante,
no se comprobó que el vehículo «caza infractores» constituyera
uno de ellos, ni que la cámara para detectar las presuntas
infracciones de tránsito estuviere en funcionamiento. Bajo tales
consideraciones, negó las pretensiones de la demanda.
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79. Lo anterior permite corroborar la triple identidad a la que hace
referencia el fenómeno de la cosa juzgada en torno a la petición de
cumplimiento del artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de
2020 por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Valledupar, con las precisiones ya realizadas a propósito de la
identidad de partes. Esto es, y existe una decisión de fondo y
ejecutoriada en la que se resolvió si la Alcaldía de Valledupar está
incumplimiento o no, lo dispuesto en esta norma y si por ello, se le
debía ordenar que retire sus patrullas institucionales.
80. Lo mismo sucede, en relación con la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y el supuesto incumplimiento del artículo 2.º,
numeral 1, artículos 3, y 13 de la ley 1843 del 2017, el artículo 18
de la Ley 2251 de 2022, artículos 127, 129 y 135 al 137 de la Ley
769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m de artículo 3 y los artículos
3 y 5, 7 y 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida
por el Ministerio de Transporte.
81. En efecto, en la sentencia proferida el pasado 10 de abril, esta
Corporación estudió si, en su condición de autoridades del orden
nacional, las entidades enunciadas, se encontraban llamadas a
velar por el acatamiento de los mandatos deprecados por la actora
que fueron presentadas en esta acción de cumplimiento.
82. En esa ocasión, la Sala advirtió que, de la lectura de cada una
de las normas que son alegadas como incumplidas, ninguna de
ellas estableció obligación en cabeza del Ministerio de Transporte y
la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
83. Además, encontró que, la Superintendencia de Puertos y
Transporte tampoco estaría llamada a soportar la pretensión
incoada. Lo anterior, dado que la función de dicho ente es vigilar a
los organismos de tránsito del país, así como de verificar que los
SAST cumplan con los requisitos dispuestos en la ley, los cuales,
para el caso del ente territorial no operan actualmente.
84. Como consecuencia, en lo que respecta a las peticiones
relativas al retiro de circulación de las patrullas de tránsito y la
interposición de comparendos de forma presencial, las negó, dado
que no existe un mandato actualmente exigible a las entidades
demandadas, pues, se reitera, actualmente no cuenta con SAST
operando en el territorio del municipio.
85. Así las cosas, para la Sala es claro que hay una decisión
inmutable, vinculante y definitiva que resolvió cada una de las
pretensiones alegadas en el mecanismo constitucional de la
referencia. Por tanto, en relación con la solicitud de acatamiento
de las normas indicadas en esta oportunidad, corresponde la
declaratoria de la cosa juzgada.
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86. Ahora, respecto de la temeridad alegada en la impugnación, si
bien es cierta la existencia de múltiples acciones con identidad de
objeto y que tienen en común un correo electrónico de notificación,
la Sala no puede declarar que exista, pues cada una de ellas tiene
una petición concreta respecto de los actores, que corresponde a
las multas por las infracciones que cada uno cometió y que le
fueron impuestas por la autoridad.
87. Finalmente, en relación con la solicitud realizada por los
apoderados de las entidades impugnantes, dirigida a que se
compulse copias en contra del abogado Melkis Guillermo Kammerer
Kammerer, la Sala encuentra que, si las entidades accionadas
consideran que se ha incurrido en alguna conducta ilegal por parte
del profesional, ellas deberán acudir a las autoridades competentes
con el fin de iniciar los respectivos procesos, de acuerdo con el
material probatorio que tengan para ese fin […]”. (Destacado
fuera de texto)
Conforme lo anterior, la Sala evidencia que la autoridad judicial
accionada desarrolló un análisis razonado de los requisitos de
procedencia del medio de control de cumplimiento y recalcó que las
pretensiones relacionadas con la anulación de multas de tránsito
escapan del ámbito de acción del juez de cumplimiento, comoquiera
que tal proceso no es de carácter declarativo sino de ejecución de
deberes imperativos e inobjetables.
Asimismo, concluyó que respecto de las disposiciones normativas de
las que se solicitó el cumplimiento, se configuró la cosa juzgada, esto
en la medida en que frente a esas normas y entidades accionadas se
profirieron diversos pronunciamientos22, por lo tanto la solicitud de
22
• Tribunal Administrativo del Cesar expediente identificado con el número único de radicación 20001-
33-33-009-2024-00283-01
-Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta C.P. Gloria María Gómez
Montoya, sentencia de 10 de abril de 2025, Radicación: 20001-23-33-000-2025- 0029-01.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04405-00
Actora: MARÍA EUGENIA URIBE MORALES
acatamiento de la normativa indicada en esta oportunidad, ya fue
objeto de control y pronunciamiento por parte de la autoridad judicial
competente.
Sumado a lo anterior, es del caso advertir que no basta con que la
actora realice una remisión al tema objeto de debate dentro del
proceso cuestionado, afirmando que la decisión controvertida
desconoció sus derechos fundamentales al no realizar un análisis
debido del asunto, por cuanto dicha afirmación no identifica en qué
forma la SECCIÓN QUINTA incurrió en algún defecto ni de qué
manera tal decisión desfavorable desconoció sus derechos
fundamentales.
Esta Sala en reiteradas oportunidades, entre otras, mediante
sentencia de 28 de febrero de 201923, sostuvo que aun cuando la
acción de tutela se caracteriza por su informalidad, a los
accionantes les corresponde argumentar, al menos, de forma
sucinta, en qué forma la autoridad judicial incurrió en algún
defecto al proferir la providencia con la cual estiman vulnerados sus
derechos fundamentales.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, identificada con número único de radicación 11001-
03-15-000-2018-03615-01.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04405-00
Actora: MARÍA EUGENIA URIBE MORALES
Así las cosas, la Sala encuentra que los argumentos en los cuales la
actora fundamentó la acción de tutela no permiten abordar un
estudio constitucional del asunto, máxime si se tiene en cuenta que
estos ya fueron objeto de pronunciamiento por la SECCIÓN QUINTA
dentro del medio de control de cumplimiento cuestionado, por lo que
claramente lo pretendido con esta solicitud de amparo es reabrir un
debate que ya se surtió por el juez natural del asunto.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional, no solo porque la
actora no cumplió con el mínimo de carga argumentativa para
explicar la configuración de defecto alguno, sino porque, además,
pretende que en sede de tutela se estudien las razones y
fundamentos expuestos en la providencia dictada dentro de un medio
de control de cumplimiento, lo que torna la acción de tutela
improcedente, pues este mecanismo no está instituido para ser
ejercido como una instancia adicional a las establecidas por el
legislador en los procesos ordinarios y constitucionales.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente la
solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
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Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el MINISTERIO
DE TRANSPORTE, la SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y
TRANSPORTE y la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de septiembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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