Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04427-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04427-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04427-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04427-00
Demandante: Lizeth Andrea Carrillo Fetecua
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Temas: Tutela contra acción u omisión de autoridad pública. Situaciones
administrativas para empleados judiciales. Vacancia temporal
para desempeñar cargo en periodo de prueba por fuera de la
Rama Judicial.
Decisión: Ampara
La Sala decide en primera instancia la acción de tutela presentada por Lizeth Andrea
Carrillo Fetecua.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 17 de julio de 2025, Lizeth Andrea Carrillo Fetecua presentó una acción
de tutela contra la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca
y Amazonas, en la que alegó la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso (defensa y contradicción), trabajo,
libertad para elegir profesión u oficio, acceso y desempeño en funciones y cargos
públicos, mérito y carrera judicial.
2. A título de amparo constitucional solicitó que se ordene al Grupo de Asuntos
Laborales del Área de Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cundinamarca y Amazonas dar cumplimiento a lo establecido en la
Resolución No. 003 de 2025 emitida por el Juzgado 1 de Familia de Zipaquirá. En
concreto, pidió que se reconozca la vacancia temporal concedida, se suspendan los
pagos y prestaciones sociales a partir del 10 de julio de 2025 y se mantenga su
registro en el escalafón de carrera dentro de la Rama Judicial, mientras obtiene la
calificación en su periodo de prueba en el cargo que desempeña en la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o hasta que decida retornar a su puesto
en la Rama Judicial.
3. Como fundamentos fácticos, la accionante manifestó que fue nombrada
en el cargo de secretaria del Juzgado 1 de Familia de Zipaquirá mediante la
Resolución No. 007 del 24 de marzo de 2022.
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Demandante: Lizeth Andrea Carrillo Fetecua
4. El Consejo Superior de la Judicatura la inscribió en el escalafón de la carrera
judicial en el cargo de secretaria de juzgado de circuito, adscrita al Juzgado 1 de
Familia de Zipaquirá, mediante la Resolución No. CSJCUR22-261 del 11 de mayo
de 2022.
5. Mediante la Resolución No. 006649 del 18 de junio de 2025, fue nombrada
en periodo de prueba por 6 meses para desempeñar el cargo de gestor IV en la
DIAN.
6. El 24 de junio de 2025, solicitó ante la juez 1 de Familia de Zipaquirá la
declaratoria de vacancia temporal del empleo para el cual fue nombrada en dicho
juzgado, a partir del 10 de julio de 2025, con el fin de separarse temporalmente de
sus funciones y asumir el cargo en la DIAN durante su periodo de prueba.
7. En consecuencia, mediante Resolución No. 003 del 27 de junio de 2025, la
juez 1 de Familia de Zipaquirá declaró la vacancia temporal del cargo de secretaria
nominada del despacho, a partir del 10 de julio de 2025.
8. Esta resolución fue comunicada a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cundinamarca y Amazonas, mediante el Oficio No. 1192, con el
propósito de que la vacancia temporal tuviera efectos salariales y prestacionales
desde el 10 de julio de 2025.
9. A raíz de lo anterior, mediante Resolución No. 005 de 2025, Sandra Milena
Vidal Perdomo fue nombrada como secretaria en provisionalidad en el Juzgado 1
de Familia de Zipaquirá.
10. Con base en lo anterior, la accionante aceptó el nombramiento en la DIAN
y tomó posesión del cargo de gestor IV en la Dirección de Gestión Corporativa –
Subdirección de Compras y Contratos, el 10 de julio de 2025.
11. Mediante Oficio DESAJCUNO25-2532 del 16 de julio de 2025, la
coordinadora del Área de Talento Humano de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas informó a la juez 1 de Familia
de Zipaquirá que la Resolución No. 003 de 2025 no sería tramitada, pues no se
ajustaba a lo establecido en la Ley 270 de 1990, modificada por la Ley 2430 de
2024. Además, advirtió que mantendría vigente la vinculación de la señora Carrillo
Fetecua con la Rama Judicial. La accionante adujo que solo tuvo conocimiento de
esta actuación al recibir el reenvío desde el buzón del juzgado, el mismo 16 de julio
de 2025.
12. Al revisar el sistema de nómina de la Rama Judicial (EFINOMINA),
evidenció que en julio de 2025, se le pagaría la totalidad del salario correspondiente
a ese mes, a pesar de no haber estado ejerciendo funciones como secretaria del
Juzgado 1 de Familia de Zipaquirá desde el 10 de julio, dado que ese día tomó
posesión del cargo de gestor IV en la DIAN. Por esta razón, el 17 de julio de 2025
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presentó una solicitud de corrección de nómina ante la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas.
13. La respuesta a su solicitud fue un correo electrónico en el que se le indicó:
«Cordial saludo. Dando alcance al correo precedente, me permito informar que el
día de ayer, la Coordinadora del área de Talento Humano envió un correo al
despacho con respecto a su novedad. Quedo atenta». La accionante considera que
esta respuesta no da cumplimiento pleno ni de fondo a su petición presentada el 17
de julio de 2025.
14. Como fundamento de la vulneración, la accionante alegó que la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas, al abstenerse
de ejecutar la Resolución No. 003 de 2025 expedida por la jueza 1 de Familia de
Zipaquirá, generó la apariencia de que actualmente se encuentra ejerciendo
simultáneamente dos cargos públicos: el de secretaria del Juzgado 1 de Familia de
Zipaquirá y el de gestora IV en la DIAN. Situación que no corresponde a la realidad
y podría dar lugar a una inhabilidad sobreviniente.
15. Señaló que desde el 10 de julio de 2025, Sandra Milena Vidal Perdomo
ocupa el cargo de secretaria en provisionalidad en el Juzgado 1 de Familia de
Zipaquirá, garantizando la continuidad en la prestación del servicio de
administración de justicia. En ese sentido, el desconocimiento de las decisiones de
la jueza por parte de la Dirección Seccional constituye una transgresión a sus
funciones como nominadora del despacho que preside.
16. Indicó que sus derechos fundamentales han sido vulnerados, en particular
los derechos a la igualdad, debido proceso, mérito, carrera judicial, libertad de
escoger profesión u oficio, trabajo y acceso y ejercicio de funciones y cargos
públicos.
17. Expuso que otros servidores públicos han sido beneficiados con el
reconocimiento de la figura de vacancia temporal para ejercer cargos en periodo de
prueba dentro de otros regímenes de carrera administrativa. Si bien los servidores
de la carrera judicial se rigen por un régimen especial, señaló que ante vacíos
normativos, era procedente aplicar supletoriamente las normas del régimen general.
En ese sentido, citó la Sentencia C-387 de 2023 de la Corte Constitucional, la cual
establece que sólo en ausencia de regulación específica en el régimen especial, se
puede acudir al régimen general.
18. Asimismo, mencionó que el Consejo de Estado, en Sentencia de 3 de
diciembre de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04302-00, reconoció que la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia no regula de forma completa las
situaciones administrativas de los empleados de la Rama Judicial, lo cual permite
acudir de manera supletoria a la Ley 909 de 2004 y demás disposiciones aplicables
a los servidores públicos.
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19. Resaltó que, conforme al artículo 131 de la Ley 270 de 1996, el juez es la
autoridad nominadora de los empleos adscritos a su despacho y por tanto tiene
competencia exclusiva para resolver las situaciones administrativas relacionadas
con dichos servidores. En consecuencia, la Dirección Seccional no podía
abstenerse de ejecutar los actos administrativos expedidos por el juez en ejercicio
de dicha facultad.
20. Agregó que imponerle la obligación de elegir entre presentar una renuncia
definitiva a su empleo de carrera y renunciar a la posibilidad de asumir nuevas
oportunidades laborales, obtenidas por mérito, constituye una restricción ilegítima y
desproporcionada a su derecho a la libertad de escoger profesión. Señaló también
que esta situación la expone a una eventual investigación disciplinaria por la
percepción simultánea de 2 asignaciones del tesoro público: una correspondiente a
su cargo en la Rama Judicial y otra al empleo que desempeña en la DIAN.
21. Indicó que el Oficio DESAJCUN25-2532 del 16 de julio de 2025, mediante
el cual se le informó sobre la no ejecución de los efectos jurídicos de la Resolución
No. 003 de 2025, no le fue debidamente notificado.
22. Finalmente hizo un llamado a aplicar un enfoque de género en el acceso a
la administración de justicia, señalando que en casos similares se reconoció la figura
de vacancia temporal a 2 funcionarios hombres que también ejercieron cargos
dentro de la carrera en la Rama Judicial1. Manifestó ser madre y tener a su cargo 2
hijos menores de edad.
Intervenciones2
23. La Dirección Seccional de Administración de Justicia de
Cundinamarca – Amazonas indicó que la accionante se encuentra vinculada en
propiedad como secretaria de Circuito, adscrita al Juzgado 1 de Familia de
Zipaquirá.
24. Señaló que el régimen especial de carrera judicial no contempla la
posibilidad de aplicar situaciones administrativas para el desempeño de cargos en
otras entidades u órganos del Estado distintos a la Rama Judicial, incluso cuando
se trate de un empleo en periodo de prueba. Aclaró que esta omisión no constituye
un vacío normativo, sino que corresponde a una decisión deliberada del legislador
al diseñar el régimen especial. En consecuencia, la inexistencia de tales
disposiciones no afecta ni compromete el adecuado funcionamiento del sistema de
carrera judicial. Por ello, no es procedente el otorgamiento de comisiones o licencias
con dicho propósito.
1
Resolución No 033 del 19 de noviembre de 2024 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar y Resolución
No 015 del 26 de septiembre de 2016 expedido por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Córdoba.
2
Mediante Auto del 22 de julio de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a la Dirección Seccional de
Administración de Justicia de Cundinamarca - Amazonas, así como al Consejo Superior de la Judicatura, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial – CARJUD, el Juzgado 1 de Familia de Zipaquirá y a Sandra Milena Vidal Suárez como
terceros con interés en el proceso. Además, se ordenó a la Dirección Seccional de Administración de Justicia de
Cundinamarca – Amazonas que registre la novedad administrativa de que tratan las Resoluciones No. 3, 4 y 5 del Juzgado 1
de Familia de Zipaquirá y suspenda la nómina de la Rama Judicial a la accionante mientras se tramita y decide la presente
acción de tutela.
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25. En relación con la medida provisional decretada, manifestó que la normativa
vigente aplicable a la Rama Judicial no contempla la figura de «autorización para
desempeñar un empleo en periodo de prueba y declarar vacancia temporal de un
empleo en carrera». Debido a ello, el sistema EFINOMINA no se encuentra
parametrizado para registrar dicha novedad. No obstante, se procederá con el pago
de la nómina correspondiente al mes de julio de 2025 y se adelantarán las gestiones
administrativas necesarias para el cobro de los valores adicionales generados. En
cumplimiento del auto proferido, se registró la novedad de la señora Carrillo Fetecua
bajo el concepto de «ausencia». En ese sentido, solicitó a la Sala determinar quién
tiene la responsabilidad de realizar los cobros correspondientes a los aportes de
seguridad social derivados de dicha ausencia.
26. Finalmente, la entidad afirmó que no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la accionante, y que, en todo caso su actuación se ajustó a lo
previsto en la normativa vigente. Por tanto, solicitó negar la acción de tutela
interpuesta.
27. El Juzgado 1 de Familia de Zipaquirá indicó que concedió a favor de la
accionante una vacancia temporal, toda vez que la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia no contempla la situación específica de quien es
nombrado en período de prueba en otra rama del poder público. Por lo tanto, en
virtud de una interpretación garantista del sistema jurídico, accedió a la solicitud de
vacancia temporal presentada por la accionante.
28. La Unidad de Administración de Carrera Judicial solicitó ser
desvinculada del proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva o, en su
defecto, que niegue el amparo solicitado. Lo anterior, debido a que las decisiones
cuestionadas corresponden exclusivamente a la jueza 1 de Familia de Zipaquirá, en
su calidad de nominadora y directora del despacho y no al Consejo Superior de la
Judicatura. Igualmente, indicó que la Dirección Seccional de Administración de
Justicia de Cundinamarca – Amazonas es ajena a dichas actuaciones.
29. Precisó que la licencia no remunerada a la que se refiere el artículo 142 de
la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 73 de la Ley 2430 de 2024, está
destinada a permitir que los servidores judiciales puedan desempeñar cargos dentro
de la propia Rama Judicial. Por otra parte, el artículo 151 numeral 1 de la Ley 270
de 1996 establece que el ejercicio de un cargo en la Rama Judicial es incompatible
con el desempeño de cualquier otro cargo retribuido, como lo sería en este caso un
empleo en la DIAN. Esta prohibición también se extiende a los servidores que se
encuentren en licencia. Resaltó que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-
037 de 1996, avaló la validez del artículo 151 de la Ley 270 de 1996.
30. Sandra Milena Vidal Suárez manifestó que, mediante Resolución No. 005
del 10 de julio de 2025, fue nombrada en el cargo de secretaria del Juzgado 1 de
Familia de Zipaquirá, en calidad de reemplazo hasta que culmine la vacancia
temporal otorgada a la servidora Lizeth Andrea Carrillo Fetecua. Expresó que
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coadyuva todas las pretensiones de la accionante, teniendo en cuenta que el actuar
de la Dirección Seccional vulnera el derecho a la igualdad de la servidora.
Actuaciones procesales posteriores a la admisión
31. Mediante Oficio del 29 de julio de 2025, Maira Nataly Triana León solicitó
su vinculación al proceso, la cual fue aceptada mediante auto proferido el 8 de
agosto de julio de 20253. Asimismo, solicitó ordenar a la Dirección Seccional de
Administración de Justicia de Cundinamarca - Amazonas la aplicación en la nómina
de la Resolución No. 06 de 2025 proferida por la jueza 1 de Familia de Zipaquirá4 y
por ende corrija su nómina.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
32. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
33. Se accederá a la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, al encontrar que dicha entidad no tiene
injerencia en la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegada por la
accionante.
34. La solicitud presentada por Maira Nataly Triana, relacionada con la
corrección de su nómina no será tramitada dentro del presente trámite de tutela, por
cuanto no constituye objeto de la presente acción, esto es, el amparo de los
derechos fundamentales de Lizeth Andrea Carrillo Fetecua.
35. La solicitud de coadyuvancia presentada por Sandra Milena Vidal Suárez
será aceptada, dado que ostenta un interés legítimo en el resultado del proceso, en
tanto la decisión que se adopte podría afectarla de forma directa.
Problema jurídico
36. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, si la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración de Justicia de Cundinamarca – Amazonas vulneró los
derechos fundamentales de Lizeth Andrea Carrillo Fetecua.
3
Con ocasión de su vinculación, posteriormente presentó escrito en el que solicitó que se accedieran a las súplicas de la
acción de tutela.
4
Por medio de la cual se nombra a Maira Nataly Triana León como escribiente en el Juzgado 1 de Familia de Zipaquirá.
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Procedibilidad de la acción de tutela
37. La presente acción resulta procedente pues 1) se orientó a lograr el amparo
del derecho igualdad, debido proceso (defensa y contradicción), trabajo, libertad
para elegir profesión u oficio, acceso y desempeño en funciones y cargos públicos,
mérito y carrera judicial; 2) se tiene acreditada la legitimación, tanto por activa como
por pasiva, puesto que la señora Carrillo Fetecua es la titular de las garantías
constitucionales que se invocan como violadas y la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas fue la autoridad que
presuntamente vulneró sus derechos fundamentales; 3) no existe otro mecanismo
judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos
constitucionales; y 4) hubo un plazo razonable en la presentación de la acción de
tutela, de cara a lo decidido por la Dirección Seccional y comunicado a la accionante
y al Juzgado 1 de Familia de Zipaquirá el 16 de julio de 2025.
Análisis de la vulneración alegada
38. La Sala ampara los derechos fundamentales a la igualdad, trabajo, libertad
para elegir profesión u oficio, acceso y desempeño en funciones y cargos públicos,
mérito y carrera judicial de la accionante, por las siguientes razones:
39. En el proceso quedó plenamente demostrado que la accionante se
encontraba inscrita en el escalafón de la Rama Judicial en calidad de secretaria del
Juzgado 1 de Familia de Zipaquirá. Durante el ejercicio de dicho cargo, solicitó
formalmente a la titular del despacho la declaratoria de la vacancia temporal de su
empleo a partir del 10 de julio de 2025, con el fin de tomar posesión del cargo de
gestor IV en la DIAN en periodo de prueba.
40. En respuesta a dicha solicitud, la juez 1 de Familia de Zipaquirá expidió la
Resolución No. 003 del 27 de junio de 2025, mediante la cual declaró la vacancia
temporal del cargo de secretaria judicial, efectiva a partir del 10 de julio del mismo
año.
«ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA VACANCIA TEMPORAL del cargo de
SECRETARIO del Juzgado Primero de Familia del circuito de Zipaquirá, a partir del 10
de julio de 2025, para que la titular del cargo en propiedad, Dra. LIZETH ANDREA
CARRILLO FETECUA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 20.760.202, pueda
ejercer el PERIDO DE PRUEBA, en el empleo de Gestor IV en la Dirección de Gestión
Corporativa – Subdirección de Compras y Contratos – Despacho, de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y
conforme a lo expresado en la parte motiva de la resolución.
Parágrafo: La anterior situación administrativa concedida a la servidora judicial, NO
TENDRÁ NINGUN EFECTO FISCAL a partir de dicha fecha (10 de Julio de 2025) y
hasta tanto dure la situación administrativa o esta decida retornar a su cargo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez TERMINADO EL PERIODO DE PRUEBA en la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la señora LIZETH ANDREA CARRILLO
FETECUA, deberá informar de manera inmediata o antes al despacho, si RETORNA
al cargo, o si por el contrario decide de manera definitiva, continuar con su vinculación
laboral definitiva con la DIAN, aportando los actos administrativos, a efectos de que el
despacho proceda a tomar las decisiones administrativas a que haya lugar.
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Sin perjuicio, de que si la servidora judicial, por alguna circunstancia, decida
RETORNAR AL CARGO, en cualquier momento, lo pueda hacer sin contratiempo
alguno, evento en el cual igualmente deberá informar al despacho.
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR esta resolución a la interesada, y dentro de los
cinco (5) días siguientes al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y a la
Coordinación del área de talento humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas, para lo de su cargo.
ARTÍCULO CUARTO: Esta resolución rige a partir de su expedición.»
41. Esta decisión fue debidamente notificada a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas.
42. Sin embargo, mediante Oficio No. DESAJCUNO25-2532 del 16 de junio de
2025, la Coordinadora del Área de Talento Humano de la Dirección Seccional del
Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca y Amazonas informó a la juez
1 de Familia de Zipaquirá que dicha resolución no sería tramitada por el Grupo de
Asuntos Laborales. En su concepto, el acto administrativo no se encontraba
enmarcado dentro de las situaciones reguladas por la Ley 270 de 1996, modificada
por la Ley 2430 de 2024, dentro del régimen de carrera aplicable a los servidores
judiciales. En consecuencia, se indicó que la funcionaria continuaría formalmente
vinculada a la Rama Judicial en el cargo que venía desempeñando.
43. Al analizar la respuesta emitida por la Dirección Seccional, se advierte que,
al margen de la discusión de si la situación administrativa antes descrita está o no
prevista en el régimen de carrera de la Rama Judicial o debe acudirse a lo
establecido en la Ley 909 de 2004, dicha autoridad desconoció que la Resolución
No. 003 del 27 de junio de 2025 es un acto administrativo en firme5 dictado por la
respectiva nominadora, que se presume legal6 y cuenta con carácter ejecutorio7,
aunado a que no se ha suspendido y mucho declarado nulo por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
44. En ese orden de ideas, la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca y Amazonas debió ejecutar materialmente lo dispuesto en la
Resolución No. 003 del 27 de junio de 2025 del Juzgado 1 de Familia de Zipaquirá,
pues como acto administrativo en firme resulta obligatorio.
5
Ley 1437 de 2011, artículo 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme:
1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación
según el caso.
2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos.
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se
hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.
6
Ley 1437 de 2011, artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen
legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos,
no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.
7
Ley 1437 de 2011, artículo 89. Carácter ejecutorio de los actos expedidos por las autoridades. Salvo disposición legal en
contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de inmediato. En
consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad. Para tal efecto podrá requerirse, si fuere
necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional.
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45. Es preciso señalar que de dicho acto no se desprenden obligaciones
pecuniarias, sino la anotación y/o registro de la situación administrativa (con sus
respectivas consecuencias jurídicas), en aras de salvaguardar los derechos de
carrera de la hoy accionante, permitir el nombramiento de un remplazo y evitar
pagos de nómina indebidos. Asimismo, no sobra anotar que, dados los hechos
materiales del caso, no corresponde al juez constitucional, a través del mecanismo
de tutela, estudiar la legalidad de dicho acto, pues, de un lado, ello desborda el
objeto de la solicitud de amparo y, del otro, desconocería el carácter subsidiario de
la acción.
46. Por las razones expuestas, la Sala ampara los derechos fundamentales de
la accionada y, en consecuencia, ordenará a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas que (i) ejecute la Resolución
No. 005 de 2025 del Juzgado 1 de Familia de Zipaquirá y registre la vacancia
temporal concedida por la juez a la hoy accionante, a partir del 10 de julio de 2025;
(ii) imparta a la señora Carrillo Fetecua las instrucciones necesarias para la
devolución del dinero consignado por concepto de los días no laborados durante los
meses de julio y agosto (si es del caso) de 2025 en el cargo de secretaria del
Juzgado 1 de Familia de Zipaquirá; y (iii) coordine con la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) la devolución
y/o compensación de los aportes a salud realizados a la accionante desde el inicio
de la vacancia temporal concedida.
47. Finalmente, se exhortará a Lizeth Andrea Carrillo Fetecua que, una vez
conozca la calificación del período de prueba o antes, comunique al Juzgado 1 de
Familia de Zipaquirá y a la Dirección Seccional de Administración de Justicia de
Cundinamarca y Amazonas su decisión de continuar o no en el cargo de secretaria.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. ACCEDER a la solicitud de desvinculación solicitada por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial.
SEGUNDO. ACCEDER a la solicitud de coadyuvancia presentada por Sandra
Milena Vidal Suárez.
TERCERO. AMPARAR los derechos fundamentales al trabajo, libertad para elegir
profesión u oficio, acceso y desempeño en funciones y cargos públicos, mérito y
carrera judicial de Lizeth Andrea Carrillo Fetecua, conforme a los argumentos
expuestos en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca y Amazonas que dé aplicación a la Resolución No. 005 de 2025
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04427-00
Demandante: Lizeth Andrea Carrillo Fetecua
emitida por el Juzgado 1 de Familia de Zipaquirá. En consecuencia, deberá registrar
la vacancia temporal concedida por la juez, a partir del 10 de julio de 2025.
QUINTO. ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca y Amazonas que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
de esta providencia, imparta a la accionante las instrucciones necesarias para la
devolución del dinero consignado a su cuenta de nómina, correspondiente a los días
no laborados durante los meses de julio y agosto (si es del caso) de 2025, en el
cargo de secretaria del Juzgado 1 de Familia de Zipaquirá.
SEXTO. ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca – Amazonas que coordine con la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) la devolución y/o
compensación de los aportes a salud realizados a favor de Lizeth Andrea Carrillo
Fetecua desde el inicio de la vacancia temporal concedida.
SÉPTIMO. EXHORTAR a Lizeth Andrea Carrillo Fetecua para que, de dentro de
las 48 horas siguientes a que conozca la calificación del periodo de prueba o antes,
comunique al Juzgado 1 de Familia de Zipaquirá y a la Dirección Seccional de
Administración de Justicia de Cundinamarca y Amazonas su decisión de continuar
o no en el cargo de secretaria.
OCTAVO. En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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