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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04427-01

Fecha
9 de octubre de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04427-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: CONFIRMAR la decisión del 28 de agosto de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04427-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

9 de octubre de 2025

Demandante: Lizeth Andrea Carrillo Fetecua
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04427-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04427-01
Demandante: LIZETH ANDREA CARRILLO FETECUA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos fundamentales
a la igualdad, debido proceso, libertad para elegir profesión u
oficio y desempeño en funciones y cargos públicos – Vacancia
temporal para desempeñar cargo en periodo de prueba por fuera
de la Rama Judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cundinamarca, Amazonas contra la sentencia del 28 de
agosto de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A que accedió a la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 17 de julio de 20251, la señora Lizeth Andrea Carrillo Fetecua, actuando en
nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca, Amazonas,
Grupo de Asuntos Laborales del área de Talento Humano, con la que pretende el
amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad; al debido proceso; a la
defensa y contradicción; al trabajo; a la libertad de escoger profesión u oficio; de
acceso al desempeño de funciones y cargos públicos; al mérito y carrera judicial y,
a la carrera administrativa.

1 Acción de tutela radicada por medio de la ventanilla virtual del Consejo de Estado, a la cual se le

asignó el número de solicitud 17903.

1

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Demandante: Lizeth Andrea Carrillo Fetecua
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04427-01

La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con
ocasión de la omisión de la autoridad accionada de ejecutar lo dispuesto en la
Resolución 003 de 2025 dictada por el Juzgado Primero de Familia del Circuito
Judicial de Zipaquirá, mediante el cual se le autorizó la vacancia temporal y la
suspensión de pagos salariales y prestacionales a partir del 10 de julio de 2025.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

SEGUNDA: Ordenar que dentro de las 48 horas siguientes a la comunicación del
fallo emitido en esta instancia, la coordinadora o quien haga sus veces del Grupo
de Asuntos Laborales del área de Talento Humano de la Dirección Seccional del
Consejo Superior de la judicatura de Cundinamarca y Amazonas, ejecute lo
dispuesto en la Resolución No. 005 de 2025 emanada del Juzgado Primero de
Familia del Circuito de Zipaquirá, por ende, tome nota de la vacancia temporal que
me fue concedida y disponga la suspensión de pagos salariales y prestacionales, a
partir del 10 de julio de 2025 y hasta cuando se cumpla alguna de las circunstancias
referidas en el mencionado acto administrativo.

TERCERA: Ordenar que dentro de las 48 horas siguientes a la comunicación del
fallo emitido en esta instancia, la coordinadora o quien haga sus veces del Grupo
de Asuntos Laborales del área de Talento Humano de la Dirección Seccional del
Consejo Superior de la judicatura de Cundinamarca y Amazonas, ejecute lo
dispuesto en la Resolución No. 005 de 2025 emanada del Juzgado Primero de
Familia del Circuito de Zipaquirá y en consecuencia, mantenga vigente mi registro
en el escalafón de la carrera administrativa en la Rama Judicial, mientras obtengo
una calificación satisfactoria en mi periodo de prueba en el cargo que vengo
desempeñando en la DIAN o resuelva retornar a mi cargo en la Rama Judicial como
secretaría nominada del Despacho Judicial aludido, según lo que ocurra primero.

CUARTA: Exhortar a la coordinadora del Grupo de Asuntos Laborales del área de
Talento Humano de la Dirección Seccional del Consejo Superior de la judicatura de
Cundinamarca y Amazonas, abstenerse de asumir competencias, atribuciones y
funciones que no le corresponden conforme al ordenamiento jurídico que regula la
carrera de la Rama Judicial, tales como la negativa a tomar nota de los actos
administrativos que han sido expedidos por los nominadores de los respectivos
despachos judiciales a través de los que se emiten pronunciamientos relacionados
con las situaciones administrativas de los servidores públicos vinculados mediante
carrera a las plantas de personal de las Sedes Judiciales respecto de las cuales se
encuentran a cargo2.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

2 Transcripción literal que puede contener errores.

2

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La señora Lizeth Andrea Carrillo Fetecua ostenta en propiedad el cargo de
secretaria del Juzgado Primero de Familia del Circuito Judicial de Zipaquirá desde
el 2 de mayo de 20223.

Asimismo, por medio de la Resolución 006649 del 18 de junio de 2025, fue
nombrada en periodo de prueba por el término de 6 meses para ejercer el cargo de
gestor IV en la Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Compras y
Contratos de la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (en adelante, DIAN).

En petición radicada el 24 de junio de 2025, la señora Carrillo Fetecua le solicitó a
su nominadora que declarara la vacancia temporal en su cargo de secretaria, para
separarse temporalmente del servicio de sus funciones con el fin de tomar posesión
en el cargo en periodo de prueba de la DIAN.

En consecuencia, la jueza Primera de Familia del Circuito Judicial de Zipaquirá, a
través de la Resolución 003 del 27 de junio de 2025, resolvió: i) declarar la vacancia
temporal a partir del 10 de julio de 2025; ii) autorizar la posesión en periodo de
prueba en la DIAN y, iii) advertir que la concesión aludida ocasionaría que su
vinculación con la Rama Judicial no tuviese efectos fiscales desde la fecha señalada
anteriormente.

En oficio DESAJCUNO25-2532 del 16 de julio de 2025, la coordinadora del área de
Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca, Amazonas informó a la jueza que la Resolución 003 de 2025 no
sería tramitada por el Grupo de Asuntos Laborales, comoquiera que el contenido de
esta no se enmarcaba en lo dispuesto en la Ley 270 de 1990, modificada por la Ley
2430 de 2024, por lo que se mantendría vigente la vinculación de la señora Carrillo
Fetecua con la Rama Judicial.

Al respecto, hizo énfasis en el concepto 205361 de 2022 del Departamento
Administrativo de la Función Pública, en la que analizó la posibilidad de que un
servidor de carrera de la Rama Judicial fuera en periodo de prueba a la DIAN, en la
que se concluyó que no existía una figura legalmente establecida en la Ley 270 de
1990 que permitiera la aprobación de la vacancia temporal del cargo de carrera,
pues resultaba necesario que presentara la renuncia del cargo para que la misma
fuera aceptada.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La actora manifestó que la situación en comento vulneraba sus derechos

3 Nombramiento efectuado mediante la Resolución 007 del 24 de marzo de 2022 y posesionada el 2

de mayo de 2022.

3

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fundamentales, en tanto la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca, Amazonas la estaba obligando a abandonar sus derechos de
carrera adquiridos con el cargo de secretaria, sin que pudiera contar con certeza
con el nombramiento en la DIAN.

Por otro lado, señaló que la autoridad accionada pasó por alto: i) las facultades
atribuidas a la jueza para expedir disposiciones que decidieran sobre sus derechos
laborales; ii) que su cargo de secretaria ya se encontraba ocupado por otra persona
y, iii). que era madre de dos hijos, quienes dependían económicamente de ella.

Aunado a ello, explicó que, ante la falta de ejecución por parte de la Dirección
Seccional del acto administrativo en mención, en apariencia se podía observar que
se encontraba desempeñando dos cargos al mismo tiempo y, por ende, devengando
doble, lo cual podría derivar en una inhabilidad sobreviniente.

Adicionalmente, argumentó que existían otros casos en la que la figura de vacancia
temporal había sido reconocida por varios Despachos judiciales, como en la
Resolución 033 del 19 de noviembre de 2024 proferida por el Juzgado Octavo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar y la Resolución 015 del 26 de
septiembre de 2016 expedida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Córdoba. En consecuencia, solicitó que se aplicara un enfoque de igualdad.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El magistrado ponente del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en
auto del 22 de julio de 2025, admitió la demanda de tutela y ordenó como medida
cautelar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca,
Amazonas que registrara de forma provisional la novedad administrativa de que
trataban las Resoluciones 3, 4 y 5 del 2025, proferida por el Juzgado Primero de
Familia del Circuito Judicial de Zipaquirá y, en consecuencia, suspendiera de la
nómina de la Rama Judicial a la actora mientras se decidía la acción tutelar.

Además, ordenó notificar a la parte demandante4 y, como demandado, a la
Dirección Seccional de Administración de Justicia de Cundinamarca, Amazonas5.

Asimismo, ordenó vincular como terceros con interés al Juzgado Primero de Familia

4 Índice 10 de Samai de primera instancia. La notificación se realizó en el siguiente buzón web:

lizeth.acarrillo@gmail.com.
5 Índice 10 de Samai de primera instancia. Se realizó la notificación por medio de mensaje de datos:

dsajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co; prenominacun@cendoj.ramajudicial.gov.co;
novedadescundinamarcaamz@cendoj.ramajudicial.gov.co y dirseccmarca-
amazonas@cendoj.ramajudicial.gov.co.

4

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del Circuito Judicial de Zipaquirá6, al Consejo Superior de la Judicatura7. Unidad de
Carrera Judicial8 y a la señora Sandra Milena Vidal Suárez (quien ocupa ahora el
cargo de secretaria del juzgado)9.

En providencia del 8 de agosto de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A decidió vincular al presente proceso a la señora Maira Nataly Triana
León10 en atención a la solicitud realizada el 29 de julio de 2025. En dicho
documento manifestó tener interés legítimo por haber ocupado el cargo de
escribiente del juzgado, labor que previamente desarrollaba la señora Sandra
Milena Vidal Suárez.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca,
Amazonas

Por medio de informe allegado el 29 de julio de 2025, el director de la Dirección
Seccional expuso los argumentos señalados en la respuesta otorgada a la señora
Carrillo Fetecua en el oficio DESAJCUNO25-2532 del 16 de julio de 2025. Por lo
tanto, adujo que no se habían vulnerado los derechos fundamentales de la actora,
pues la contestación se había fundamentado bajo normas constitucionales y de
orden legal

En consecuencia, solicitó que la acción de amparo fuera negada.

1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera
Judicial

A través de memorial del 29 de julio de 2025, la directora de la unidad solicitó la
desvinculación de la entidad por falta de legitimación en la causa por pasiva, así
como que se negaran las pretensiones formuladas por la accionante, dado que no
se habían afectado las garantías fundamentales de la referida.

6
Índice 10 de Samai de primera instancia. La notificación se realizó al correo:
j01prfzip@cendoj.ramajudicial.gov.co.
7
Índice 10 de Samai de primera instancia. Notificación realizada en el buzón web:
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co.
8 Índice 10 de Samai de primera instancia. Notificación realizada en los correos:
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co y carjud@cendoj.ramajudicial.gov.co.
9 Índice 12 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a:
svidals@cendoj.ramajudicial.gov.co y CFBV13@GMAIL.COM.
10 Índices 24 y 25 de Samai de primera instancia. Notificación realizada a: nathytriana@gmail.com y

mtrianal@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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1.6.3. Juzgado Primero de Familia del Circuito Judicial de Zipaquirá

Por medio de contestación del 29 de julio de 2025, la titular del juzgado indicó que
la señora Carrillo Fetecua se encontraba vinculada al Despacho en propiedad desde
el año 2022 y se destacaba por ser una excelente funcionaria. Asimismo, explicó
que le concedió a la trabajadora la vacancia temporal solicitada para agotar el
periodo de prueba en la DIAN.

Puso de presente que de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, el
periodo de prueba de una persona no inscrita en carrera administrativa seleccionada
por concurso, duraría 6 meses, en los cuales sería evaluado su desempeño y
culminaría como una evaluación, la cual, si era satisfactoria, el empleado adquiría
los derechos de carrera, de lo contrario, regresaría al empleo que venía
desempeñando. Por lo tanto, el cargo de la persona podrá ser provisto por encargo
o mediante nombramiento provisional mientras se surte el trámite referido.

Igualmente, cuando un empleado público con derechos de carrera superara un
concurso de méritos, sería nombrado en periodo de prueba en la entidad donde
concursó y su empleo se declararía vacante temporalmente mientras durara la
prueba.

Por ello, la jueza advirtió que la anterior disposición le permitía a la señora Carrillo
Fetecua retirarse de manera temporal del cargo sin quedar con doble vinculación
laboral.

Por otro lado, indicó que lo dispuesto en la Ley 270 de 1990 no estipulaba nada
relacionado con la posibilidad de ser nombrado en periodo de prueba en otra rama,
cuando se pertenecía a la Rama Judicial, sino solamente, planteaba como solución
la renuncia al cargo, razón por la que se evidenciaba una brecha de desigualdad de
los empleados de la Rama Judicial frente a los que laboran en las demás ramas del
poder público.

En consecuencia, explicó que, en una interpretación sistemática de la normativa,
los derechos fundamentales, la estabilidad laboral y la condición más beneficiosa
para la trabajadora, señaló en el acto administrativo mediante el cual concedió la
vacancia temporal, la existencia de un vacío normativo, que se llenaba de manera
supletoria con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 909 de 2004.

También, mencionó que la interpretación la realizó desde la perspectiva de género
y siguiendo el fundamento de la sentencia del 3 de diciembre de 2019 del Consejo
de Estado, identificada con radicado 11001-03-15-000-2019-04302-00, en la que se
reconoció que ante vacíos normativos en los regímenes especiales como el de la
Rama Judicial, era procedente la aplicación de la Ley 909 de 2004.

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Finalmente, resaltó que «[…] los jueces poseían autonomía judicial en el contexto
de expedición de actos administrativos», por lo cual no encontraba que el Despacho
hubiera vulnerado los derechos de la actora, sin embargo, se acogería a lo decidido
por el juez constitucional.

1.6.4. Sandra Milena Vidal Suárez

La señora Vidal Suárez en escrito del 30 de julio del presente año, comentó que
mediante Resolución 004 del 8 de julio de 2025, le fue concedida licencia no
remunerada en el cargo de escribiente por el término de 3 años, a partir del 10 de
julio de 2025, para desempeñar el rol de secretaria en el Juzgado Primero de Familia
del Circuito Judicial de Zipaquirá, en atención a la vacancia temporal concedida a la
señora Lizeth Andrea Carrillo Fetecua.

Por lo tanto, adujo que coadyuvaba todas las pretensiones de la parte actora, en
tanto era evidencia la vulneración de sus garantías fundamentales.

1.6.5. Maira Nataly Triana León

En memorial del 13 de agosto de 2025, la señora Triana León solicitó que se
concedieran en su integridad las pretensiones de la señora Carrillo Fetecua, así
como que se ordenara a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca, Amazonas la inscripción de la Resolución 06 de 2025 11, dictada por
el Juzgado Primero de Familia del Circuito Judicial de Zipaquirá.

1.7. Fallo impugnado

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 28 de
agosto de 2025, accedió a la solicitud de amparo. Igualmente, accedió a la
desvinculación formulada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la
coadyuvancia de la señora Sandra Milena Vidal Suárez.

Al respecto, consideró que al margen de la discusión de si la situación administrativa
estaba o no prevista en el régimen de carrera de la Rama Judicial o debía acudirse
a lo establecido en la Ley 909 de 2004, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cundinamarca, Amazonas desconoció que la Resolución 003 del 27 de
junio de 2025 era un acto administrativo en firme dictado por la respectiva
nominadora, que se presumía legal y contaba con carácter ejecutorio, que no se
había suspendido ni declarado nulo por la jurisdicción contenciosa administrativa.

11 Por medio de la cual se nombra a la señora Maira Nataly Triana León como escribiente en el

Juzgado Primero de Familia del Circuito Judicial de Zipaquirá.

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En ese orden de ideas, adujo que la Dirección Seccional debió ejecutar
materialmente lo dispuesto en el acto administrativo que resultaba obligatorio.
Además, señaló que no le correspondía al juez constitucional estudiar la legalidad
de la resolución, ya que ello desbordaba el objeto de la solicitud de amparo y
desconocía el carácter subsidiario de la acción.

Adicionalmente, explicó que las obligaciones que se desprendían del acto no eran
pecuniarias sino de anotación y/o registro de la situación administrativa, en aras de
salvaguardar los derechos de carrera de la accionante, permitir el nombramiento de
su remplazo y evitar pagos de nómina indebidos.

Así las cosas, amparó los derechos fundamentales al trabajo, a la libertad para
elegir profesión u oficio, de acceso y desempeño en funciones y cargos públicos, al
mérito y a la carrera judicial de la tutelante y ordenó a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas que:

(i) ejecute la Resolución No. 00512 de 2025 del Juzgado 1 de Familia de Zipaquirá y
registre la vacancia temporal concedida por la juez a la hoy accionante, a partir del
10 de julio de 2025; (ii) imparta a la señora Carrillo Fetecua las instrucciones
necesarias para la devolución del dinero consignado por concepto de los días no
laborados durante los meses de julio y agosto (si es del caso) de 2025 en el cargo
de secretaria del Juzgado 1 de Familia de Zipaquirá; y (iii) coordine con la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES) la devolución y/o compensación de los aportes a salud realizados a la
accionante desde el inicio de la vacancia temporal concedida.

Finalmente, exhortó a la señora Carrillo Fetecua para que, una vez conociera la
calificación del período de prueba o antes, comunicara al Juzgado Primero de
Familia del Circuito Judicial de Zipaquirá y a la Dirección Seccional de
Administración de Justicia de Cundinamarca, Amazonas su decisión de continuar o
no en el cargo de secretaria.

1.8. Impugnación

Con documento radicado por medio del aplicativo Samai el 11 de septiembre de
202513, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca,
Amazonas impugnó el fallo de primera instancia.

Al respecto argumentó que, la Rama Judicial contaba con disposiciones especiales
contenidas en la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 2430 de 2024, estatuto en
el que se determinaron las condiciones para el otorgamiento de licencias no

12 Si bien el a quo hace referencia a la Resolución 005 de 2025, en realidad se refiere al acto

administrativo 003 que fue el que concedió la vacancia temporal a la señora Carrillo Fetecua.
13
Sentencia de primera instancia notificada el 8 de septiembre de 2025.

8

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remuneradas para capacitación o estudios y para desempeñar otro cargo en la
Rama Judicial, sin que se hubiera considerado dentro de las posibilidades el
desempeñar otros cargos o periodos de prueba en entidades u órganos del Estado
diferentes a la Rama Judicial.

Explicó que, si bien el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 909 de 2004, el legislador
ordenó expresamente la integración y aplicación supletoria del régimen general en
los eventos de vacío normativo a los servidores de los diferentes regímenes
especiales de carrera ahí enunciados, el régimen de carrera de la Rama Judicial se
encontraba completamente reglado, incluyendo periodos de prueba. Por lo tanto, no
era posible razonar que la discusión presentaba en el caso no se podía considerar
como un vacío normativo, pues las ausencias de tales disposiciones eran
necesarias para el correcto funcionamiento de la carrea judicial.

Asimismo, recalcó el contenido del concepto 205361 de 2022 expedido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública en la que analizó la posibilidad
de que un servidor de carrera de la Rama Judicial fuera en periodo de prueba a la
DIAN, en la que concluyó que:

Conforme a lo expuesto y atendiendo puntualmente la consulta, en criterio de esta
Dirección Jurídica, no existe una figura legalmente establecida en la Ley 270 de 1996
Estatutaria de Administración de Justicia, que le permita a un empleado de carrera
administrativa de la Rama Judicial, que mientras ejerce un empleo de carrera con
nombramiento en período de prueba en otra entidad, como la DIAN, se declare la
vacancia temporal del cargo de carrera del cual es titular en la Rama Judicial, lo cual
significa que, para posesionarse y ejercer en período de prueba un cargo de carrera de
la DIAN, será necesario que presente renuncia del cargo que desempeña con derechos
de carrera en la Rama Judicial y la misma le sea aceptada.

Igualmente, comentó que las licencias en general eran una situación administrativa
que le permitía al servidor separarse de sus funciones sin romper el vínculo con la
entidad, pues en ese tiempo no se perdía la calidad de servidor y, por tanto, no
podía emplear las mismas para desempeñar otros cargos ni celebrar contratos con
el Estado, intervenir en política o ejercer la profesión de abogado.

Así las cosas y dado que en a su juicio el contenido de la Resolución 003 del 27 de
junio de 2025 no se encontraba enmarcada en lo reglado en la Ley 270 de 1990,
solicitó que se revocara el fallo del 28 de agosto de 2025.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Cundinamarca, Amazonas
contra la sentencia del 28 de agosto de 2025, proferida por el Consejo de Estado,

9

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Sección Segunda, Subsección A, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala
Plena del Consejo de Estado 080 del 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 28
de agosto de 2025 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A para lo
cual deberá resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca vulneró
los derechos fundamentales de la señora Lizeth Andrea Carrillo Fetecua al
no dar cumplimiento al contenido de la Resolución 003 de 2025 dictada por
el Juzgado Primero de Familia del Circuito Judicial de Zipaquirá?

Con el fin de dilucidar el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) las generalidades de la acción de tutela y, (ii) el caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable14.

2.4. Caso concreto

La señora Lizeth Andrea Carrillo Fetecua presentó acción de tutela contra la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca, Amazonas con
ocasión de su renuncia a dar cumplimiento a la Resolución 003 de 2025, por medio
de la cual el Juzgado Primero de Familia del Circuito Judicial de Zipaquirá le
reconoció una vacancia temporal a partir del 10 de julio de 2025, para surtir el
periodo de prueba en la DIAN.

14 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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Demandante: Lizeth Andrea Carrillo Fetecua
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04427-01

Al respecto, la autoridad accionada argumentó que no era posible registrar dicha
situación administrativa, dado que iba en contra de lo dispuesto en la Ley 270 de
1990, acerca de las licencias no remuneradas o permisos para ejercer otros cargos,
pues todas las circunstancias se contemplaban para dentro de la misma Rama
Judicial y no por fuera de esta. En consecuencia, la actora debía renunciar a su
cargo de carrera para poder desempañarse en otros empleos.

En primera instancia constitucional, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A amparó los derechos fundamentales de la señora Carrillo Fetecua al
trabajo, a la libertad para elegir profesión u oficio, de acceso y desempeño en
funciones y cargos públicos, al mérito y a la carrera judicial.

No obstante, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca,
Amazonas impugnó el fallo del 28 de agosto de 2025, aduciendo la errónea
interpretación y aplicación normativa del acto administrativo, lo cual le impedía dar
cumplimiento con lo ahí dispuesto.

Una vez analizado el material probatorio obrante en el plenario, esta Sala de
Decisión considera que se debe confirmar el amparo proferido en primer grado, por
los siguientes motivos.

De acuerdo con el artículo 88 del CPACA, los actos administrativos se presumen
legales mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. Por lo tanto, de todo acto se presume su validez hasta
tanto un juez al realizar el estudio de legalidad concluya lo contrario.

Igualmente, dicho fundamento de la presunción de legalidad se encuentra
establecido en los artículos 83 y 209 de la Carta Política. La Corte Constitucional
por su parte, ha indicado que el objetivo del principio es garantizar a la
administración que pueda responder de forma inmediata a satisfacción de las
necesidades urgentes de la comunidad, logrando así la garantía de los intereses
públicos o sociales sobre los intereses particulares15.

En consecuencia, se observa que, dado que la Resolución 003 de 2025 se
encontraba en firme y ejecutoriada, pues no se presentó recurso alguno contra esta,
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca, Amazonas
debía sujetarse a lo ordenado en su integridad.

Si bien la autoridad accionada posee fundamentos jurídicos para debatir el
contenido del acto administrativo, no tiene la facultad para oponerse a este, a menos
de que lo discuta en el medio de control respectivo ante la jurisdicción contenciosa

15 Corte Constitucional, M.P. Antonio Barrera Carbonell, Sentencia C-197 de 1997.

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administrativa. Por ello, cualquier inconformidad con estos, debe ser debatida en el
escenario idóneo y de ninguna manera su contenido puede ser restringido por una
autoridad administrativa.

En ese orden de ideas, se confirmará la decisión del juez de primera instancia en
su totalidad, para que la Dirección Seccional dé cumplimiento a cabalidad de las
disposiciones dictadas, pues, se insiste, si la autoridad accionada no se encuentra
de acuerdo con lo resuelto por el Juzgado Primero de Familia del Circuito Judicial
de Zipaquirá deberá acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para plantear
sus fundamentos ante un juez natural de la causa.

Realizar dicho pronunciamiento de fondo en el presente trámite sería atentar contra
el núcleo del mecanismo constitucional y la autonomía judicial de los jueces
competentes.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRMERO: CONFIRMAR la decisión del 28 de agosto de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

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Magistrado

Salvamento de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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