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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04444-00

Fecha
14 de agosto de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04444-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela formulada por la Universidad Tecnológica del Chocó, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04444-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

14 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04444-00
Accionante: Universidad Tecnológica del Chocó
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Se niegan las pretensiones por no demostrarse los defectos
alegados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela presentada por la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis
Córdoba”, por intermedio de apoderado judicial en contra del Consejo de Estado,
Sección Quinta, por la presunta vulneración del derecho fundamental a la
participación democrática y «a darse sus directivas y regirse por sus propios
estatutos, de acuerdo con la ley», ocurrida con ocasión de la providencia expedida
el 10 de julio de 2025, al interior del medio de control de nulidad electoral con
radicado 27001-23-33-000-2024-00035-00/01/02.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Raúl García Mosquera, interpuso demanda de nulidad electoral del
oficio del 27 de diciembre de 2022, «mediante el cual el Comité Electoral Ad Hoc
declaró ganador de la elección del representante de los administrativos ante el
Comité Electoral al señor William Romaña Mena», y de la Resolución 7698
expedida en la misma fecha, a través de la cual, el entonces rector de la Universidad
Tecnológica del Chocó, el señor David Emilio Mosquera Valencia, lo declaró electo
para el periodo 2024 - 2026, al considerar que este funcionario público carecía de
competencia para crear dicho comité y designar discrecionalmente a cuatro de sus
miembros, pues, el artículo 3° del Estatuto Electoral Universitario establece que las
elecciones de representantes deben realizarse por votación universal, nominal y
secreta.

3. El proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Chocó,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 13 de febrero de 2025 accedió a las
pretensiones de la demanda y declaró la nulidad del acto de elección del señor
William Romaña Mena, al determinar que el rector de la institución educativa

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Accionante: Universidad Tecnológica del Chocó

excedió su competencia al designar directamente a los miembros del Comité
Electoral Ad Hoc sin seguir el proceso de votación democrática establecida en los
estatutos de la universidad.

4. Con posterioridad, el 19 de febrero de 2025, el señor Luis Alfredo Giraldo Álvarez
se posesionó como el nuevo rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, en
virtud de la Resolución 002638 de 18 de febrero de la anualidad, expedida por el
Ministerio de Educación Nacional.

5. En sede de apelación, la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 10 de julio de 2025, revocó la decisión judicial anterior, para en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda, al considerar que la falta de
competencia deviene, en realidad, de la Resolución 6274 del 20 de noviembre de
2023, «por medio de la cual se creó un Comité Electoral ad-hoc y se designaron
sus miembros»; y no del acto administrativo que declaró la elección del señor
William Romaña Mena. Por lo tanto, señaló que el acto referido puede ser
demandado directamente en el marco del medio de control de nulidad electoral.

2.2. Fundamentos jurídicos

6. La Universidad Tecnológica del Chocó, a través de su apoderado judicial, el
señor Mauricio Díaz Mosquera sostuvo que, la Sección Quinta del Consejo de
Estado incurrió en un defecto fáctico, al afirmar erróneamente que la censura por
falta de competencia atribuida al entonces rector de la institución, el señor David
Emilio Mosquera Valencia, recaía sobre un acto distinto al que declaró la elección
del señor William Romaña Mena. A juicio del accionante, dicha conclusión
desconoce que previamente se había demandado la Resolución No. 6076 del 14
de noviembre de 2023, mediante la cual, dicho funcionario convocó y reglamentó
el proceso electoral, la cual fue rechazada por esta misma jurisdicción al considerar
que no constituía un acto administrativo definitivo susceptible de control judicial.

7. De otro lado, la parte accionante también alega la existencia de un defecto
sustantivo, en la medida en que la autoridad judicial desconoció que no existe
norma estatutaria o reglamento de la Universidad Tecnológica del Chocó que
faculte al rector para determinar y fijar convocatoria para adelantar procesos de
elección.

2.3. Pretensiones

8. La parte accionante solicitó:

«Declárese la nulidad de la sentencia proferida por la sección Quinta del
Consejo de Estado, en el medio de control de Nulidad Electoral, radicación
No. 27001-23-33-000-2024-00035-02 del 10 de julio de 2025 con ponencia
del Consejero LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA».

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2.4. Intervenciones

9. La acción de tutela fue admitida mediante ato del 21 de julio de 2025, a través
del cual se ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Quinta como accionada
y al Tribunal Administrativo del Chocó, a los señores William Romaña Mena David,
Emilio Mosquera Valencia, Luis Alfredo Giraldo Álvarez, Raúl García Mosquera y a
los demás intervinientes en el proceso de nulidad electoral, como terceros
interesados en el resultado del proceso.

10. El señor William Romaña Mena adujo que la acción de tutela de referencia
resultaba improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad, en la medida
en que la Universidad Tecnológica tuvo a su disposición el medio de control de
nulidad electoral para controvertir la Resolución 6274 del 20 de noviembre de 2023
y no lo ejerció. De otra parte, señaló que la decisión cuestionada no adolece de
ningún defecto, pues la Sección Quinta del Consejo de Estado realizó una
valoración integral, razonable y debidamente motivada del acervo probatorio. Por
último, consideró que, existe cosa juzgada, debido a que esta Corporación se
pronunció anteriormente sobre los asuntos nuevamente debatidos.

11. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

12. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

13. De conformidad con lo expuesto, el análisis de la acción de tutela de referencia
se centrará en establecer si la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en
los defectos fáctico y sustantivo al proferir la sentencia del 10 de julio de 2025, al
interior del medio de control de nulidad electoral con radicado 27001-23-33-000-
2024-00035-00/01/02.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

14. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue creada
para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas,
cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por
particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado,
siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer
tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual
o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
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15. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

16. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.5.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.5.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.

3.5.1.2. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.

3.5.1.3. Se observa igualmente que la interposición1 del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que se profirió la providencia cuestionada2.

3.5.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración de principios y derechos
fundamentales que se encuentran razonadamente fundamentados en el escrito de
tutela por la posible existencia de los defectos fáctico y sustantivo en la providencia
objeto de la acción.

1 18 de julio de 2025.
2 10 de julio de 2025.

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17. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

18. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional3 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa4, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que
de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende
las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar
la veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva5, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

19. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios»6.

20. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.

3.4.1. Análisis del presunto defecto fáctico en el caso concreto

21. La Universidad Tecnológica del Chocó, a través de su apoderado judicial, el
señor Mauricio Díaz Mosquera sostuvo que, la Sección Quinta del Consejo de
Estado incurrió en un defecto fáctico, al afirmar erróneamente que la censura por
falta de competencia atribuida al entonces rector de la institución, el señor David
Emilio Mosquera Valencia, recaía sobre un acto distinto al que declaró la elección
del señor William Romaña Mena. A juicio del accionante, dicha conclusión
desconoce que previamente se había demandado la Resolución No. 6076 del 14
de noviembre de 2023, mediante la cual, dicho funcionario convocó y reglamentó

3 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010,

T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
4 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
5 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

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el proceso electoral, la cual fue rechazada por esta misma jurisdicción al considerar
que no constituía un acto administrativo definitivo susceptible de control judicial.

22. Al respecto, la autoridad judicial accionada en la sentencia proferida el 10 de
julio de 2025, expuso lo siguiente:

«El reparo de la parte actora se funda en una causal de nulidad por falta
de competencia que no se dirige contra el acto de elección demandado,
esto es, la Resolución 7698 del 27 de diciembre de 2023, sino en contra
de otra actuación pasible de control de legalidad autónomo en el marco de
la nulidad electoral.

Efectivamente, el demandante cuestiona, en realidad, la Resolución 6274
del 20 de noviembre de 2023, mediante la cual el rector de la UTCH
designó, de manera provisional, a los miembros del Comité Electoral ad-
hoc que se ocuparía de la inspección, control y vigilancia de los procesos
electorales de la universidad, entre ellos el de la elección tendiente a
conformar el Comité Electoral titular.

El reparo de legalidad sobre dicho acto se fundó en la falta de competencia
del rector de la UTCH para dictarlo, dada la inexistencia de precepto legal
o estatutario expreso que respalde la atribución de este funcionario para
designar a los miembros del Comité Electoral ad-hoc.

De este modo, la decisión adoptada en el acto en mención es de contenido
electoral, por tratarse de la designación de los miembros de un estamento
transitorio.

En ese orden, la Resolución 6274 del 20 de noviembre de 2023, al tratarse
de un acto electoral, es pasible de control judicial autónomo. De ahí que el
demandante debiera promover su enjuiciamiento directo, y no plantear su
ilegalidad como vicio de la Resolución 7698 del 27 de diciembre de 2023
(acto de elección demandado).

Sobre este último aspecto, es necesario advertir que, dada la naturaleza
electoral de la designación del Comité Electoral ad-hoc, y por ende pasible
de control independiente de legalidad, ello conduce a descartar su
condición de acto preparatorio de la elección demandada, por lo que
tampoco es procedente alegar su ilegalidad como vicio del proceso de
formación del acto definitivo.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, dada la prosperidad del
argumento de la alzada, según el cual la Resolución 6274 del 20 de
noviembre de 2023 mantiene incólume su presunción de legalidad, por
cuanto no fue demandada por el actor, la Sala revocará el proveído
apelado y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda».

23. En virtud de lo anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado estimó que, la
inconformidad de la parte demandante no se derivaba de la expedición de la
Resolución precitada, sino de la emisión de la Resolución 6274 del 20 de noviembre
de 2023, «mediante la cual el rector de la UTCH designó, de manera provisional, a
los miembros del Comité Electoral ad-hoc que se ocuparía de la inspección, control
y vigilancia de los procesos electorales de la universidad, entre ellos el de la
elección tendiente a conformar el Comité Electoral titular».

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24. Por tal razón, concluyó que el acto administrativo que debió ser objeto de control
jurisdiccional directo era la Resolución 6274 del 20 de noviembre de 2023, en tanto
se trata de un acto de naturaleza electoral, susceptible de control judicial autónomo.
A juicio de esta Sala, dicha conclusión no transgrede los derechos fundamentales
invocados, en la medida en que la resolución en cuestión produjo efectos jurídicos
concretos y definitivos, al conformar un órgano temporal con funciones específicas
dentro del proceso electoral.

25. A diferencia de los actos meramente preparatorios, que carecen de autonomía
jurídica y no generan efectos jurídicos inmediatos por sí mismos, la Resolución
6274 creó una situación jurídica nueva y plenamente eficaz, lo que justifica su
control independiente en sede de nulidad electoral.

26. En ese sentido, no resulta admisible para esta Sala el argumento de la parte
accionante relativo a la configuración de un defecto fáctico por parte de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, toda vez que, como se evidenció, dicha autoridad
no le indicó que debía demandar la Resolución 6076 del 14 de noviembre de 2023,
sino la Resolución 6274 del 20 de noviembre de 2023, la cual no fue demandada.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

27. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los siguientes
términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son
evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de
la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida
por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo
se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al
caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico»7.

28. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta
carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se
mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas
de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por
su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en
su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias
judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el
mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

7Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.

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En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto
sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida
en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes
tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que, si bien es
cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas
jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una
atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia,
la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto
sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera
cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento
jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se
abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su
aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido
declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a
pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia
fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador»8.

29. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.

3.5.1. Análisis del presunto defecto sustantivo en el caso concreto

30. La parte accionante también alega la existencia de un defecto sustantivo, en la
medida en que la autoridad judicial desconoció que no existe norma estatutaria o

8 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt

Chaljub.

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reglamento de la Universidad Tecnológica del Chocó que faculte al rector para
determinar y fijar convocatoria para adelantar procesos de elección.

31. Sobre el particular, se evidencia que la autoridad judicial accionada determinó
lo siguiente:

«Para las demás representaciones, a saber, del sector docente, estudiantil
y de los egresados, la norma bajo cita dispuso que se eligen por ellos,
mediante votación universal, nominal y secreta.

No obstante, el artículo 111 Estatuto General de la UTCH (Acuerdo 0001
de 2017) modificó la forma de elegir la representación del sector
administrativo, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 111. COMITÉ ELECTORAL. Para garantizar la participación
democrática de toda la comunidad universitaria en la vida institucional de
la misma, ésta contará con un Comité Electoral integrado de la siguiente
manera:

1. Un representante de los profesores, elegido por estos, mediante
votación universal, directa y secreta.
2. Un representante de los estudiantes, elegido por estos, mediante
votación universal, directa y secreta.
3. Un representante de los empleados administrativos de la
Universidad, elegido por estos, mediante votación universal, directa
y secreta.
4. Un representante de los egresados, elegido por estos, mediante
votación universal, directa y secreta. (Negrillas fuera de texto)

Según esta disposición, la representación del sector administrativo del ente
autónomo ya no se designa por parte de los sindicatos o el rector, sino
mediante votación universal, directa y secreta por los mismos empleados
administrativos de la universidad.

Esta forma de elección concreta el derecho de participación democrática
previsto en la Constitución Política, al consagrar la posibilidad de que los
empleados administrativos de la UTCH, a través del voto, elijan su
representación ante el Comité Electoral».

32. Según advirtió la autoridad judicial accionada, la elección de los
representantes del sector administrativo de la universidad no es una competencia
atribuida al rector, sino que se lleva a cabo mediante votación universal, directa y
secreta por parte de los empleados administrativos de la institución, de conformidad
con el artículo 111 del estatuto general.

33. Habida consideración de lo anterior, la Sección Quinta del Consejo de
Estado recordó que el proceso electoral se surtió en el horario comprendido entre
las 08:00 a.m. y las 08:00 p.m., del 15 de diciembre de 2023, a través de una
votación en línea. Como resultado de ello, el Comité Electoral ad-hoc presentó
como ganador al señor William Romaña Mena, con un total de 239 votos, según
consta en el boletín final del proceso electoral.

34. De ahí que, la autoridad judicial concluyera que, la elección del representante
del personal administrativo de la UTCH ante el Comité Electoral surgiera de un
proceso democrático de votación universal, directa y secreta.
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35. En ese contexto, esta Sala de Subsección no encuentra configurado el
defecto sustantivo, pues, como se evidencia, la Sección Quinta del Consejo de
Estado realizó un análisis integral de la normatividad aplicable al caso concreto,
garantizando los derechos fundamentales de las partes procesales. En
consecuencia, se negarán las pretensiones de la acción de tutela.

36. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela formulada por la
Universidad Tecnológica del Chocó, de conformidad con los argumentos expuestos
en el presente proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

10
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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