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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04444-01

Fecha
13 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04444-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia de 14 de agosto de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que negó las pretensiones formuladas por la parte actora. En su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por la Universidad Tecnológica del Chocó, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-04444-01 Demandante: Universidad Tecnológica del Chocó 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04444-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

13 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-04444-01
Demandante UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ
Demandada CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
nulidad electoral. Requisitos generales de procedibilidad de la
acción. La relevancia constitucional. Argumento nuevo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta decide la impugnación interpuesta por la Universidad
Tecnológica del Chocó contra la sentencia de 14 agosto de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que dispuso lo siguiente:

«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela formulada por la Universidad
Tecnológica del Chocó, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente
proveído».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 17 de julio de 2025, la Universidad Tecnológica del Chocó interpuso acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la participación democrática y debido proceso, con
ocasión de la sentencia de 10 de julio de 2025 proferida en el medio de control de
nulidad electoral 27001-23-33-000-2024-00035-02.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Declárese la nulidad de la sentencia proferida por la sección Quinta del Consejo de Estado,
en el medio de control de Nulidad Electoral, radicación No. 27001-23-33-000-2024-00035-02
del 10 de julio de 2025 con ponencia del Consejero LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA».

2. Hechos

Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:

2.1. Un ciudadano interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral contra el acto de elección del señor William Romaña Mena como
representante del personal administrativo ante el Comité Electoral de la
Universidad Tecnológica del Chocó, para el periodo 2024-2026. Uno de los
cargos en que se fundamentó la demanda consistió en que el rector de la
Universidad creó un Comité Electoral ad hoc para realizar el mencionado
proceso de elección y designó discrecionalmente a cuatro de sus miembros,
pese a no contar con competencia para la creación de tal órgano.

2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de Chocó,
Sala Primera de Decisión (Expediente 27001-23-33-000-2024-00035-00), que
mediante sentencia de 13 de febrero de 2025 declaró la nulidad del acto de
elección del señor William Romaña Mena como representante del personal

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Demandante: Universidad Tecnológica del Chocó

administrativo ante el Comité Electoral de la Universidad Tecnológica del
Chocó, para el periodo 2024-2026.

La autoridad judicial reconoció que en el acto administrativo que creó el
Comité Electoral ad hoc se indicó que aquella fue una medida temporal
adoptada en virtud de la situación de vacancia de los miembros del Comité
Electoral y las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia de
Covid-19. No obstante, según el artículo 3 del Estatuto Electoral de la
Universidad Tecnológica del Chocó los miembros del Comité Electoral deben
ser elegidos mediante votación universal, directa y secreta. Agregó que ni en
el Estatuto General ni en el Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó
se le concedió al rector la competencia para la creación de comités ad hoc.

En consecuencia, consideró que la medida adoptada por el rector de crear un
Comité Electoral ad hoc y designar directamente a sus miembros sin seguir el
proceso de votación democrática establecido en los estatutos de la
universidad excedió su competencia administrativa. En criterio de la autoridad
judicial, tal circunstancia vulneró los principios de participación democrática y
debido proceso y, consecuentemente, vició de nulidad el acto de elección del
señor William Romaña Mena, pues el proceso de elección se llevó a cabo con
un Comité Electoral que fue creado por el rector sin tener competencia para
ello.

2.3. El señor William Romaña Mena y la Universidad Tecnológica del Chocó
presentaron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

2.4. Mediante sentencia de 10 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Quinta revocó la decisión apelada, pues encontró que la falta de competencia
del rector alegada en la demanda se predica de un acto distinto al demandado.
En otras palabras, el reparo de la parte actora sobre la nulidad por falta de
competencia no se dirige contra el acto de elección del señor William Romaña
Mena, sino contra la Resolución 6274 del 20 de noviembre de 2023 mediante la
cual el rector designó provisionalmente a los miembros del Comité Electoral
ad hoc. La autoridad judicial enfatizó que ese último acto es susceptible de
control de legalidad autónomo en el marco de la nulidad electoral. Así lo
expresó la autoridad judicial:

«El reparo de la parte actora se funda en una causal de nulidad por falta de competencia que
no se dirige contra el acto de elección demandado, esto es, la Resolución 7698 del 27 de
diciembre de 2023, sino en contra de otra actuación pasible de control de legalidad autónomo
en el marco de la nulidad electoral.
Efectivamente, el demandante cuestiona, en realidad, la Resolución 6274 del 20 de noviembre
de 2023, mediante la cual el rector de la UTCH designó, de manera provisional, a los miembros
del Comité Electoral ad-hoc que se ocuparía de la inspección, control y vigilancia de los
procesos electorales de la universidad, entre ellos el de la elección tendiente a conformar el
Comité Electoral titular».

En suma, consideró que el demandante debió demandar directamente el
mencionado acto y no plantear la ilegalidad como un vicio de la resolución por
la cual fue elegido el señor William Romaña Mena.

3. Fundamentos de la acción

Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la parte actora argumentó que el Consejo de
Estado, Sección Quinta incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.

Informó que, además del medio de control objeto de esta tutela, se interpuso otra
demanda 11001-03-28-000-2024-00008-00 que también conoció la Sección Quinta
del Consejo de Estado. Esta buscaba la nulidad del acto administrativo mediante el

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cual se reglamentó la convocatoria para las elecciones de representante de los
administrativos y otros procesos de elección, periodo 2024 - 2026, de la Universidad
Tecnológica del Chocó. Tal asunto fue rechazado mediante auto de ponente de 14
de febrero de 2024, porque se consideró que «la decisión demandada no culmina la
actuación administrativa y, en esa medida, no tiene la connotación de acto administrativo definitivo
pasible de control judicial, circunstancia que constituye causal de rechazo de la demanda, según lo
consagrado en el artículo 169 de la Ley 1437 de 2011».

Teniendo en cuenta que también se demandó ese otro acto administrativo en un
medio de control aparte, reprochó que en segunda instancia el Consejo de Estado,
Sección Quinta haya negado las pretensiones de la demanda bajo el argumento de
que debió demandarse directamente el acto administrativo del cual se reputaba la
falta de competencia del rector. En su criterio, el fallo de segunda instancia está
soportado en una falsedad, puesto que en el otro medio de control mencionado,
cuya demanda fue rechazada, sí se controvirtió el acto administrativo al cual hizo
referencia la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia reprochada.

De otra parte, aseguró que para adelantar el proceso de elección para escoger el
representante de los administrativos, el rector de la Universidad Tecnológica del
Chocó creó un Comité Electoral ad hoc. Sin embargo, insistió en que dicho
funcionario carecía de competencia para tal fin, pues no existe norma constitucional,
ley o reglamento que así lo faculte.

Según los estatutos de la universidad el único facultado para expedir acuerdos que
reglamenten y convoquen a elecciones es el Consejo Superior Universitario, ni
siquiera el Comité Electoral está facultado para tal fin. A su vez, el estatuto electoral
universitario establece que «El papel del Rector en el proceso electoral es proporcionar todas
las herramientas que permitan al Comité Electoral el cumplimiento de sus funciones, por ser la
primera autoridad administrativa y ejecutiva de la universidad», mas no convocar mediante
resolución un proceso electoral.

Por lo tanto, aseguró que si el Consejo Superior de la Universidad del Chocó es el
único competente para expedir acuerdos que convoquen a elección al interior de la
Universidad, la resolución por medio de la cual el rector convocó y reglamentó el
proceso de elección del Comité Electoral en la Universidad del Chocó es nula, así
como los actos emanados de dicho proceso eleccionario. Entre estos últimos se
encuentran la resolución mediante la cual el rector de la Universidad Tecnológica
del Chocó declaró elegido para la representación de los administrativos ante el
Comité Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó, periodo 2024 - 2026, al
señor William Romaña Mena.

4. Trámite e intervenciones

4.1. En auto de 21 de julio de 2025, se admitió la acción de tutela interpuesta por
la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” contra el Consejo
de Estado, Sección Quinta; se vinculó como terceros interesados al Tribunal
Administrativo del Chocó, a los señores William Romaña Mena (demandado
del medio de control), David Emilio Mosquera Valencia, Luis Alfredo Giraldo
Álvarez, Raúl García Mosquera y a los demás intervinientes en el medio de
control de nulidad electoral como terceros interesados; se reconoció
personería jurídica al abogado de la parte demandante; y se ordenó efectuar
las notificaciones correspondientes.

4.2. El señor William Romaña Mena (demandado del medio de control) aseguró que
no se cumple el requisito de subsidiariedad, debido a que la Universidad
Tecnológica del Chocó pudo controvertir la Resolución 6274 del 20 de
noviembre de 2023 mediante la cual se conformó el Comité Electoral ad hoc,
a través del medio de control de nulidad electoral, pero decidió no ejercerlo.

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Informó que la demanda de nulidad electoral contra ese acto fue promovida
por un ciudadano a título personal y no por la Universidad. Por esto, consideró
que «la institución tuvo, en su momento, acceso al medio ordinario y específico
correspondiente». Dentro de ese proceso, la Universidad fue formalmente
vinculada, ejerció su derecho de defensa e interpuso recurso de apelación ante
el Tribunal Administrativo del Chocó quien concluyó que dicho acto no estaba
viciado de nulidad. Por lo tanto, sostuvo que la tutela interpuesta no constituye
el medio idóneo para el accionante.

Agregó que de acuerdo con la Corte Constitucional los requisitos de
procedibilidad son aún más rigurosos cuando se pretende cuestionar
decisiones de las altas cortes.

De otra parte, resaltó que en la acción de tutela se ve reflejado el cambio de
criterio institucional de la Universidad Tecnológica del Chocó sobre el asunto
debatido, tanto así que en el medio de control esta última defendió la legalidad
del acto acusado mediante el cual él resultó elegido. De hecho, fue la propia
Universidad Tecnológica del Chocó la que recurrió la sentencia de primera
instancia en la que se anuló tal acto.

También aseguró que el argumento planteado en el escrito de tutela es falso.
Explicó que la Resolución 6076 del 14 de noviembre de 2023 mediante la cual
se reglamenta y fija la convocatoria para las elecciones no corresponde al acto
referido en la sentencia controvertida. Por consiguiente, el rechazo del medio
de control en el que se atacó dicho acto administrativo «no constituye prueba de
contradicción alguna por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado». Así lo expresó
el señor Romaña Mena:

«dicho acto fue efectivamente objeto de demanda en un proceso aparte, de ahí que, la
Resolución 6076 del 14 de noviembre de 2023, en efecto, es un acto preparatorio, cuyo
contenido se limita a convocar el proceso electoral, sin producir efectos jurídicos definitivos.
Por tal razón, el rechazo fue correcto y se ajustó al marco legal.
Por consiguiente, el acto que debió ser demandado, fue la Resolución 6274 del 20 de
noviembre de 2023, que designaba a los miembros del Comité Electoral Ah Hoc, más no la
Resolución 6076 del 14 de noviembre de 2023, pues como ya se dejó demostrado, esta última
es un acto de trámite y no definitivo, como si lo es, la Resolución 6274 del 20 de noviembre de
2024, como en su momento, lo intento (sic) demandar el señor (...), y esto lo que demuestra
es la presunción de legalidad del acto y hoy no se puede revivir lo que ya feneció».

Por otro lado, aseguró que no se configura el defecto sustantivo alegado,
debido a que la Sección Quinta del Consejo de Estado no aplicó normas
derogadas, inaplicables o inexistentes. Por el contrario, hizo un análisis
completo del Estatuto General y del Estatuto Electoral de la Universidad
Tecnológica del Chocó y concluyó que el acto de elección contenido en la
Resolución 7698 del 27 de diciembre de 2023 se ajustaba plenamente al marco
normativo aplicable y a los principios de participación democrática y legalidad.

En todo caso, manifestó que ni el Consejo Superior ni ningún otro órgano
interno de la institución tienen atribuida la función de conformar o constituir
comités ad hoc. Por lo tanto, considerando que tal órgano se encontraba
acéfalo, correspondía al rector asumir dicha responsabilidad. En virtud de las
competencias establecidas en el artículo 46 del Acuerdo 0001 de 2017,
particularmente en los numerales 2, 9, 20 y 21, era el rector quien debía
conformar el Comité ad hoc, como efectivamente lo hizo. Por lo anterior,
aseguró que las pretensiones del accionante no están llamadas a prosperar y,
por el contrario, debe mantenerse en firme la validez de los actos
administrativos que convocaron su elección, así como de aquellos que la
resolvieron.

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Además, el argumento de la presunta incompetencia del rector fue valorado y
descartado. En criterio de la Sección Quinta, de existir el vicio alegado este se
predicaba de un acto distinto del demandado. Por lo tanto, el señor Romaña
Mena consideró que no era jurídicamente procedente trasladar dicho
cuestionamiento a la resolución atacada.

Por las razones expuestas, concluyó que la interpretación adoptada por la
Sección Quinta no fue arbitraria ni caprichosa, sino razonable y coherente con
la jurisprudencia sobre actos preparatorios, actos definitivos y medios de
control. Consecuentemente, solicitó la declaratoria de improcedencia de la
presente acción de tutela, pues no se cumple con el principio de
subsidiariedad, ni se acreditan defectos fácticos o sustanciales en la decisión
judicial proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, ni se vulneraron
derechos fundamentales.

4.3. La Universidad Tecnológica del Chocó presentó memorial en el cual sostuvo
que el señor Romaña Mena se limitó a mencionar que no se agotaron todos
los mecanismos ordinarios o extraordinarios de defensa; sin embargo, no
especificó cuáles serían dichos medios judiciales.

Además, insistió en que el Comité Electoral ad hoc solo podría ser designado
por el Consejo Superior, como máximo órgano de gobierno y dirección de la
Universidad, mas no por el rector, quien se atribuyó una facultad que no le
había sido conferida.

4.4. El Consejo de Estado, Sección Quinta y algunos de los terceros vinculados
guardaron silencio en el trámite de la tutela 1.

5. Providencia impugnada

Mediante sentencia de 14 de agosto de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A negó las pretensiones formuladas por la parte actora.

Con relación al defecto fáctico alegado, recordó que en la sentencia de segunda
instancia la Sección Quinta del Consejo de Estado estimó que la inconformidad de
la parte demandante sobre la falta de competencia no se derivaba de la expedición
del acto de elección del señor William Romaña Mena, sino de la emisión de la
Resolución 6274 del 20 de noviembre de 2023, «mediante la cual el rector de la UTCH
designó, de manera provisional, a los miembros del Comité Electoral ad-hoc que se ocuparía de la
inspección, control y vigilancia de los procesos electorales de la universidad, entre ellos el de la
elección tendiente a conformar el Comité Electoral titular».

Por tal razón, el juez electoral concluyó que el acto administrativo que debió ser
objeto de control jurisdiccional directo era la Resolución 6274 del 20 de noviembre
de 2023, en tanto se trata de un acto de naturaleza electoral, susceptible de control
judicial autónomo.

En criterio del juez de tutela, lo expuesto por la Sección Quinta no transgrede los
derechos fundamentales invocados, en la medida en que la resolución en cuestión
produjo efectos jurídicos concretos y definitivos, al conformar un órgano temporal
con funciones específicas dentro del proceso electoral.

Explicó que la Resolución 6274 creó una situación jurídica nueva y plenamente
eficaz, lo que justifica su control independiente en sede de nulidad electoral, a
diferencia de lo que sucede con los actos meramente preparatorios que carecen de
autonomía jurídica y no generan efectos jurídicos inmediatos por sí mismos.

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A índice 8 en Samai obra la notificación del auto admisorio a las partes y a índices 13 y 14 se encuentran las notificaciones
de terceros en virtud de despacho comisorio.

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Además, se resaltó que en la sentencia controvertida la Sección Quinta no indicó
que debía demandarse el acto alegado en la tutela por la parte actora, es decir la
Resolución 6076 del 14 de noviembre de 2023 mediante el cual se fijan las reglas
de la convocatoria para las elecciones de los estudiantes, sino la Resolución 6274
del 20 de noviembre de 2023 a través de la cual el rector designó provisionalmente
a los miembros del Comité Electoral ad hoc, la cual no fue demandada. Por ende,
concluyó que no era admisible el argumento de la parte accionante relativo a la
configuración de un defecto fáctico por parte de la Sección Quinta del Consejo de
Estado.

Tampoco encontró configurado el defecto sustantivo, porque la Sección Quinta del
Consejo de Estado realizó un análisis integral de la normatividad aplicable al caso
garantizando los derechos fundamentales de las partes procesales.

Tal autoridad indicó en la sentencia controvertida que el proceso electoral se surtió
en el horario comprendido entre las 08:00 a.m. y las 08:00 p.m. del 15 de diciembre
de 2023, a través de una votación en línea. Como resultado de ello, el Comité
Electoral ad hoc presentó como ganador al señor William Romaña Mena, con un
total de 239 votos, según consta en el boletín final del proceso electoral. Fue por
ese motivo que la Sección Quinta concluyó que la elección del representante del
personal administrativo ante el Comité Electoral surgió de un proceso democrático
de votación universal, directa y secreta.

Por las razones expuestas, el juez de tutela negó las pretensiones formuladas por
la parte actora.

6. Impugnación y actuaciones posteriores

6.1. La Universidad Tecnológica del Chocó impugnó la sentencia de primera
instancia. Sostuvo que el problema jurídico del debate se centra en determinar
qué tipo de acto administrativo es la Resolución 6274 de 2023 mediante la cual
se creó un Comité Electoral ad hoc en la Universidad Tecnológica del Chocó.
En su criterio, dicho acto es de trámite, pues solo tuvo como propósito la
operatividad provisional de dicho Comité, hasta que se realizará la elección del
Comité Electoral titular.

Seguido, indicó que el cargo de nulidad por incompetencia del rector de la
Universidad Tecnológica del Chocó no fue estudiado en la sentencia de
segunda instancia que revocó la decisión del Tribunal Administrativo del
Chocó, pese a que fue esa la razón por la que en primera instancia se anuló
la elección del representante del personal administrativo ante el Comité
Electoral de la Universidad del Chocó 2024 - 2026.

6.2. El señor William Romaña Mena (demandado del medio de control) insistió que en
el medio de control la Universidad adoptó una posición procesal activa
defendiendo la legalidad del acto que hoy controvierte por vía de tutela.

Ahora, de forma contradictoria, pretende que el juez constitucional revise una
decisión judicial en firme, apoyando la tesis contraria a la que antes sostuvo.
De manera que hubo un cambio de postura institucional por intereses políticos
de actores de la Universidad. Tal circunstancia no solo desconoce el principio
de coherencia institucional, sino que también vulnera principios como la buena
fe, la cosa juzgada y la autonomía judicial.

Aseguró que no existe gravamen para la Universidad con la decisión de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, ya que en el medio de control aquella
defendió la legalidad del acto demandado. En su criterio, esto significa que
dicha institución educativa carece de especial legitimación para recurrir.

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Agregó que si se admitiera legitimación por parte de la Universidad
Tecnológica del Chocó, lo cierto es que su conducta está viciada por la
prohibición de actuar contra sus propios actos.

Asimismo, reiteró que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, debido
a que la Universidad no acudió al medio de control de nulidad electoral contra
la Resolución 6274 del 20 de noviembre de 2023, mediante la cual se conformó
el Comité Electoral ah hoc.

Además, indicó que según la Corte Constitucional la acción de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales.

Por otra parte, se refirió a la impugnación presentada por la Universidad, en la
cual esta aseguró que el problema jurídico de la presente tutela se centra en
determinar si la Resolución 6274 del 20 de noviembre de 2023 es un acto de
trámite o definitivo.

Frente a dicha formulación, el señor Romaña Mena precisó que la acción de
tutela interpuesta no se orientó a debatir la clasificación jurídica del acto
contenido en la Resolución 6274 del 20 de noviembre de 2023, sino a
determinar si la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado incurrió en defectos fácticos o sustantivos que vulneraran derechos
fundamentales, tales como el derecho a la participación democrática, el debido
proceso y la autonomía universitaria.

A su vez, resaltó que el juez de tutela de primera instancia le aclaró a la parte
actora que el verdadero acto que debió ser cuestionado no era la Resolución
6076 del 14 de noviembre de 2023 mediante el cual se fijan las reglas de la
convocatoria para las elecciones de los estudiantes, como se alegó en la
tutela, sino la Resolución 6274 del 20 de noviembre de 2023 en la que el rector
designó provisionalmente a los miembros del Comité Electoral ad-hoc. Lo
anterior porque este último sí contiene un acto de designación de carácter
electoral, y por tanto, era susceptible de control judicial mediante el medio de
nulidad electoral.

Aseguró que el hecho de que la Resolución 6274 tenga un carácter temporal
o ad hoc, no implica que sea un acto de trámite. La temporalidad del Comité
Electoral ad hoc no le resta fuerza jurídica ni le convierte en un acto
preparatorio. Por lo tanto, consideró que la impugnación presentada pretende
desnaturalizar el carácter jurídico del acto mediante afirmaciones equivocadas
sobre su supuesta transitoriedad y función meramente operativa.

Aun así, tanto la Sección Quinta como la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado han considerado que la Resolución 6274 del 20 de noviembre
de 2023 sí constituye un acto administrativo definitivo y autónomo, pues creó
efectos jurídicos concretos, inmediatos y definitivos que justifican su control a
través de la vía ordinaria de nulidad electoral.

Por último, indicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado sí analizó el
cargo de nulidad por falta de competencia del rector en sede de apelación,
conforme a los principios de congruencia, debido proceso y acceso a la
administración de justicia.

Por las razones expuestas, solicitó confirmar la sentencia de tutela de primera
instancia impugnada.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben re unir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.

Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Por tal motivo,
la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

Con fundamento en lo expuesto, corresponde a la Sala establecer si le asistió razón
al juez de tutela de primera instancia al negar las pretensiones formuladas por la
parte actora.

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

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Demandante: Universidad Tecnológica del Chocó

Para tal fin, inicialmente, se analizará si la acción interpuesta cumple a cabalidad
con los requisitos generales de procedibilidad, especialmente el de la relevancia
constitucional.

Solo en caso de superar dicho análisis, la Sala determinará si al proferir la sentencia
de 10 de julio de 2025, en el marco del medio de control de radicado 27001-23-33-
000-2024-00035-02 la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en los defectos
propuestos por la parte actora.

4. Alcance del requisito de la relevancia constitucional de la tutela contra
providencia judicial

La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.

Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito,
esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de
Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte
Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales»3. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por
las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con argumentos
suficientes contra las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de
los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se
trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional
del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que
se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

3 Ibidem.

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Demandante: Universidad Tecnológica del Chocó

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales 4.

5. Análisis del caso

5.1. Como se desprende de lo expuesto previamente, el cumplimiento del requisito
de relevancia constitucional, tratándose de tutela contra providencia judicial,
implica un conjunto de elementos que deben reunirse. Entre estos, se requiere
que la acción constitucional no se esté empleando como una tercera instancia
para reabrir el mismo debate ya surtido ante el juez natural, que se cumpla con
una carga argumentativa suficiente, entre otras condiciones.

Adicionalmente, uno de los criterios para que se cumpla con la relevancia
constitucional es que la tutela no se emplee para adicionar, completar,
modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la
causa. Por consiguiente, el juez debe verificar que la parte actora no
introduzca cargos nuevos no expuestos ante el fallador natural.

Se considera que en el caso no se satisface el requisito de relevancia
constitucional, justamente, porque la acción de tutela se está empleando para
introducir cargos que la Universidad Tecnológica del Chocó no planteó en el
medio de control. De hecho se advierte que en la tutela dicha institución
defendió la tesis totalmente opuesta a la que sostuvo en el medio de control.

En la primera expuso las razones por las cuales consideró que la Sección
Quinta del Consejo de Estado erró al mantener la legalidad del acto
administrativo mediante el cual el rector declaró la elección del señor William
Romaña Mena como representante del personal administrativo ante el Comité
Electoral. En cambio en el medio de control defendió dicha elección y la
legalidad de tal resolución. Veamos lo expuesto por la Universidad
Tecnológica del Chocó en la contestación a la demanda, que es totalmente
contrario a lo alegado en el escrito de tutela:
«Me opongo a todas y cada una de las pretensiones presentadas por la parte actora en el
sentido que pretende que se declare la nulidad del oficio del 27 de diciembre de 2023 mediante
el cual el Comité́ ́́ Electoral Ad Hoc presentó como ganador de la elección del representante de
los administrativos ante el Comité́ ́́ Electoral, al se渃̀or WILLIAM ROMA七̀A MENA, (…) y a su
vez, se declare la nulidad de la Resolución No. 7698 del 27 de diciembre de 2023, mediante
la cual el rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, declaró elegido para la
representación de los Administrativos ante el Comité́ ́́ Electoral de la Universidad Tecnológica
del Chocó, periodo 2024 – 2026, a WILLIAM ROMA七̀A MENA
es claro que si a otros órganos o funcionarios de la Universidad, no tienen determinado expedir
cierto actos administrativos o reglamentos, como para el caso que nos ocupa, designar
COMITÉ ELECTORAL, le correspondería entonces expedirlos al señor Rector de la
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba. (…)
la creación del Comité Electoral de la UTCH, se encuentra dentro de las funciones del rector
y representante legal de la UTCH establecidas en el artículo 46 numeral 21 del Acuerdo 0001
de 2017. Es claro que, con la normatividad previamente citada el Consejo Superior
Universitario, no tiene establecidas las funciones de crear Comité Electoral Ad Hoc, así las
cosas y remitiéndonos al artículo 46 numeral 20, del Estatuto General, Acuerdo 0001 de
agosto de 2017, le corresponde al Rector expedir los reglamentos y actos administrativos para
lograr realizar las elecciones para la ocupar dicho cuerpo colegiado. En consecuencia, la
Resolución No. 6076 del 14 de noviembre de 2023, “Por Medio De La Cual Se Reglamenta,
Determina Y Se Fija Convocatoria Para Las Elecciones De Representante De Los Estudiantes,
Docentes, Egresados Y Administrativos Ante El Comit攃Ā Electoral, Periodo 2024 – 2026, De La
Universidad Tecnológica Del Choco Diego Luis Córdoba” se expidió por la autoridad

4 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.

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competente y por ende su legalidad también se extiende al Oficio del 27 de diciembre de 2023
y de la Resolución No. 7698 del 27 de diciembre de 2023. (…)
los actos demandados se encuentran ajustados a derecho pues se brindaron todas las
condiciones, mecanismos y garantías, se realizaron las respectivas publicaciones y como tal,
el proceso de elección no goza de ningún vicio o ilegalidad, respetando los numerales 1, 8 y
29 que el actor alega vulnerados, pues su fin fue designar el Representante de los
administrativos ante el Consejo Superior de la UTCH, tras un proceso transparente que
cumplió́ todas y cada una de sus etapas ajustadas a la Constitución y a la ley; (…)
Solicito declarar probadas la excepción de legalidad de los actos demandados aduciendo que
el proceso de elección de Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior de la
Universidad Tecnológica del Chocó se ajustó al ordenamiento legal; se garantizaron unas
elecciones libres, participativas y secretas, sin vulnerar derechos de los administrativos para
elegir y ser elegidos, además no es precisa la información sobre la ilegalidad de los precitados
actos administrativos».

Asimismo, en el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia la
Universidad Tecnológica del Chocó insistió en que el acto administrativo de
elección del señor William Romaña Mena no estaba viciado de nulidad.
Veamos:

(sic para toda la cita)
«me opongo a la decisión adoptada por la Sala, ya que considero que el proceso de elección por
medio del cual fue elegido el señor William Romaña Mena, como representante de los
Administrativos ante el Comité Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis
Córdoba”, se llevó a cabo conforme al Estatuto General (Acuerdo 0001 del 09 de agosto de 2017)
y el Estatuto Electoral (Acuerdo No. 0021 del 21 de septiembre de 2011) de la Universidad. Este
proceso fue organizado bajo los principios de democracia, participación y voto secreto de
conformidad con el artículo 61A del Acuerdo No. 0010 del 02 de julio de 2021 y el artículo 11
numeral 1, 8 del Estatuto General de la Universidad, sin que se haya vulnerado el derecho de los
administrativos a elegir y ser elegidos.
En este orden de ideas, se llevó a cabo un proceso legal, transparente y público a través de
la Resolución No. 6076 del 14 de noviembre de 2023 “Por medio del cual se reglamenta, se
determina y se fija convocatoria para las elecciones de Representante de los estudiantes,
docentes, egresados y administrativos ante el Comité Electoral. Periodo 2024- 2026”.
Considero que se debe asumir por parte del Tribunal Administrativo del Chocó la presunción
de legalidad de los actos administrativos que se emiten por las autoridades competentes. (…)
Ahora bien, no se entiende por esta dependencia jurídica, como una sala del Tribunal
Administrativo del Chocó, declara la nulidad de un proceso electoral transparente y
democratico, basado en que el rector no podía crear un comité Ad Hoc, cuando el acto
administrativo que creó dicho comité Ad Hoc, nunca fue demandado ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, al no ser demandado, no fue nulitado y menos suspendido dichos
efectos jurídicos de el acto administrativo que crea el comité Ad Hoc. Tampoco fue revocado
por la misma administración entendiendo la facultad discrecional de que goza para revocar
sus propios actos de oficio o a petición de parte. Por lo anterior, se considera por este extremo
procesal que, no debió el Tribunal Administrativo del Chocó, declarar la nulidad de la elección
del representante de los administrativos ante el Comité Electoral. (…)
De acuerdo con el apartado que considera la Sala, con relación a que de conformidad con el
Estatuto Electoral de la Universidad Tecnológica del Chocó, los miembros del Comité Electoral
deben ser elegidos mediante votación universal, directa y secreta, en el cual considera que
este principio es fundamental y debe ser respetado en todas las circunstancias, es importante
precisar que fui declarado electo a través de la Resolución No. 7698 del 27 de diciembre de
2023 mediante un proceso público y transparente en el que se garantizó la participación
democrática del personal administrativo de la Universidad Tecnológica del Chocó, en el que
participaron 259 administrativos como se demostró en la contestación de la demanda. Por lo
tanto, el acto acusado no puede considerarse ilegal, en el que se surtió el debido proceso y la
participación democrática tal como se precisa en la Resolución 6076 del 14 de noviembre del
2023, socializada en los medios de comunicación externos e internos de la Universidad. (…)
Ahora bien, es importante precisar, que, si el demandante consideró que hubo alguna
irregularidad en el proceso, debió haber demandado la Resolución No. 6274 del 20 de noviembre
de 2023 “por medio del cual se crea un Comité Electoral Ad Hoc en la Universidad”
Por las razones expuestas en este memorial, solicito respetuosamente, Honorable
Magistrado(a) del Consejo de Estado, revocar la Sentencia No. 0003 del 13 de febrero de
2025 notificada el 17 de febrero de 2025 emitida por el Tribunal Administrativo del Chocó en
el entendido de que se actuó conforme a derecho, toda vez que está demostrado que el señor
Rector si es competente para expedir reglamentos y tomar medidas administrativas y, además,

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teniendo en cuenta que, la resolución que creó y/o conformó el Comité Ad Hoc, no ha sido
demandada, no ha sido suspendida, no ha sido nulitada por la jurisdicción contencioso
administrativa y menos aún, revocada por la autoridad que la emitió» (Negrillas propias).

De las anteriores transcripciones se desprende que en el caso no se cumple
con el requisito de relevancia constitucional, puesto que la Universidad
Tecnológica del Chocó está empleando la acción de tutela para introducir
cargos que dicha parte no expuso en el medio de control.

Se insiste, la tutela está siendo utilizada para defender la tesis contraria por la
cual dicha institución universitaria abogó en el medio de control, que no fue
otra que defender el acto de elección demandado; y en cambio, ahora se
pretende dejar sin efectos la sentencia que dejó incólume tal acto
administrativo. De manera que si la Universidad Tecnológica del Chocó
consideraba que el acto administrativo de elección del señor William Romaña
Mena estaba viciado de nulidad, como lo sostuvo en la tutela, debió alegarlo
en el medio de control ante el juez natural.

Ahora bien, no se desconoce que en los alegatos de conclusión de segunda
instancia la mencionada institución educativa cambió su postura mantenida
durante toda la primera instancia y solicitó todo lo contrario a lo argumentado
en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y en sus
actuaciones previas.

En tales alegatos solicitó lo siguiente: «Confírmese la sentencia de primera instancia
No. 003 del 13 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó,
mediante la cual se anuló al acto de elección del señor William Romaña Mena, como
representante de los administrativos». Sin embargo, más allá de tal mención, lo cierto
es que ni en primera instancia del medio de control y ni siquiera en los referidos
alegatos de segunda instancia la Universidad presentó con suficiencia
argumentos relativos a que el acto demandado debía anularse.

Como se indicó previamente, el objeto de la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales no es ni insistir en las inconformidades ya resueltas en
el medio de control ni adicionar o completar los argumentos que debieron
exponerse ante el juez natural, a fin de convencerlo de la causa defendida.
Mucho menos alegar una tesis contraria a la defendida en el medio de control,
pues la acción de tutela no es un mecanismo adicional para rectificar posturas
de las partes involucradas. Por el contrario, la tutela contra providencias
judiciales es una herramienta sumamente excepcional que busca la protección
de derechos fundamentales vulnerados por yerros cometidos en el ámbito de
un proceso judicial.

Por lo tanto, debe existir una coherencia lógica de los planteamientos de las
partes en relación con los asuntos puestos a consideración del juez natural y
la supuesta vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de lo
decidido o acontecido en el respectivo proceso. Se insiste, la acción de tutela
no puede ser utilizada para adicionar, completar, modificar los argumentos que
dejaron de plantearse ante el juez de la causa.

En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción tiene su justificación en la medida en que «sí es menester que el
actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos» 5.

5 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.

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5.2. Precisado lo anterior, se recuerda que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye
en sí misma una vulneración de derechos fundamentales.

Justamente, lo advertido en el caso es que la parte actora presentó tutela por
no estar de acuerdo con la decisión adoptada por la autoridad accionada. Sin
embargo, tal discrepancia de criterios no implica una vulneración real a su
derecho al debido proceso ni al acceso a la administración de justicia.

De manera reiterada, se ha sostenido que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto; lo que no ocurre en este caso.

No debe olvidarse que tratándose de providencias judiciales proferidas por
altas cortes (quienes cumplen la función de unificar la jurisprudencia y actuar
como órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones), se exige la
configuración de un error en la providencia judicial acusada que haga que esta
riña de manera abierta con la Constitución Política y que sea incompatible con
la jurisprudencia constitucional. Lo cual no acontece en el caso.

Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de cosa juzgada, independencia, autonomía funcional y juez natural.
Por consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar
una decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
relevancia constitucional porque la tutela se empleó como mecanismo para
introducir nuevos argumentos no desarrollados por la Universidad Tecnológica del
Chocó ante el juez natural. En consecuencia, la Sala revocará la decisión de primera
instancia mediante la cual se negaron las pretensiones formuladas y en su lugar
declarará la improcedencia de la acción de tutela, por considerar que no se cumple
con el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia de 14 de agosto de 2025, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A que negó las pretensiones
formuladas por la parte actora. En su lugar, declarar la improcedencia de la
acción de tutela promovida por la Universidad Tecnológica del Chocó, dadas
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

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Demandante: Universidad Tecnológica del Chocó

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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