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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04463-01

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04463-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de agosto de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04463-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

17 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04463-01
Accionante: WILSON FERNANDO MUÑOZ ESPITIA
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE
CONTROL INTERNO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Procedencia excepcional / SUBSIDIARIEDAD – Se acudió
a la acción de tutela con el propósito de cuestionar un acto de trámite proferido dentro de
una actuación disciplinaria que requiere del cumplimiento de los requisitos establecidos por
la jurisprudencia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la parte accionante
contra la sentencia del 14 de agosto de 2025, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la
Constitución Política y en el artículo 29 del Decreto 2591 de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 18 de julio de 2025, a nombre propio, el señor Wilson Fernando Muñoz Espitia
presentó acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Control Interno, con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad.

Hechos relevantes

2. A través de auto del 18 de diciembre de 2024, la Unidad de Control Interno
Disciplinario de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial abrió una
investigación disciplinaria contra el señor Wilson Fernando Muñoz Espitia en su
condición de director de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva
de la Administración Judicial2 del Consejo Superior de la Judicatura. Esto con
ocasión de un informe realizado por la Contraloría General de la República en la
que se analizó una actuación especial de fiscalización a contratos de obra e
infraestructura en esta misma entidad.

1 Que ingresó para fallo el 11 de septiembre de 2025.
2 En adelante DEAJ.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04463-01
Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Control Interno
Referencia: Acción de tutela

3. Por medio de auto del 4 de abril de 2025, la DEAJ ordenó la práctica de pruebas3
en etapa de investigación disciplinaria, con el fin de tener mayores elementos de
juicio para calificar la investigación disciplinaria consistente en la no liquidación del
contrato No. 158 de 2017.

4. Mediante auto del 15 de mayo de 2025, la DEAJ ordenó el cierre de la
investigación disciplinaria y dispuso correr traslado por el término de diez (10) días
al investigado para que presentara alegatos previos a la evaluación de
investigación.

5. El 26 de mayo de 2025, el accionante envió un escrito dirigido a la señora Norma
Constanza Rodríguez Sánchez, directora de la Unidad de Control Interno
Disciplinario. En dicho escrito solicitaba lo siguiente:

“(…) 1. Que se realice la recolección y el traslado de las pruebas decretadas
mediante auto del día 4 de abril de 2025.

2. Que se asigne Abogado de Oficio que me permita ejercer el derecho de
defensa y contradicción en esta etapa.

3. No realizar el cierre de la investigación, por cuanto aún no se han recolectado
y trasladado las pruebas decretadas mediante Auto del día 4 de abril de 2025

4. Aplazar la versión dispuesta para el día 29 de mayo de 2025, hasta tanto, se
recolecte y traslade las pruebas decretadas mediante Auto del día 4 de abril de
2025, con el fin de realizar mi versión libre de manera integral dentro del
ejercicio del derecho de defensa y contradicción.”4

6. El 27 de mayo de 2025, la DEAJ decretó la nulidad a partir del cierre de
investigación disciplinaria y en su lugar nombró como defensor de oficio del
accionante, al señor Jhon Freddy González Gordillo para que actuara dentro de las
diligencias disciplinarias.

7. El 28 de mayo de 2025, la DEAJ reconoció personería al señor Jhon Freddy
González Gordillo y corrió traslado al investigado y su defensor de oficio de las
pruebas allegadas, de acuerdo con el auto del 4 de abril de 2025 por el término de
tres (3) días. Asimismo, citó a diligencia de versión libre al investigado y a su
defensor para que hiciera uso de su derecho, lo que se adelantó el 6 de junio de
2025 a las 9:00 am.

3 - Oficiar a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué- Tolima, y la División
Administrativa de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la DEAJ, en aras de que informen a
ésta Unidad, si han tenido conocimiento del trámite de alguna demanda en contra la Nación,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por deficiencia, problemas o cualquier otra situación
referente o derivada de la Consultoría Técnica para la elaboración de los estudios técnicos, diseños,
presupuestos y trámite para de licencia para la construcción de la sede de los despachos judiciales
del Guamo– Tolima.
• Citar y escuchar en diligencia de versión libre al empleado judicial Wilson Fernando Muñoz Espitia
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.683.784, con el fin de que si es su deseo hagan uso
de este derecho, de conformidad con lo previsto en el numeral 3° del artículo 112 de la Ley 1952 de
2019. La diligencia será realizada en forma virtual a través de la herramienta Teams. La fecha y hora
será comunicada por esta Unidad. Advertir que, no obstante, lo anterior, también podrán allegarla en
forma escrita al correo electrónico Undctrldiscip@deaj.ramajudicial.gov.co
4 Obra en certificado 958EA94B30AE0C02 C836A199DC00008E 0A22DE012D1D52D9
FB7780F5EDABF071, pág. 28, índice 2 de samai el proceso 11001031500020250446300.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04463-01
Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Control Interno
Referencia: Acción de tutela

8. El 30 de mayo de 2025, el accionante remitió un oficio dirigido a la directora de la
Unidad de Control Interno Disciplinario. Dicho memorial contenía la siguiente
solicitud:

“1. Que se brinde un mayor plazo de 25 días hábiles para tener la oportunidad
de realizar la revisión de los documentos allegados por su Despacho con el fin
de realiza la correspondiente defensa y contradicción dentro del presente
Proceso.

2. Debido a que este documento contine información sensible. Se mantenga la
reserva del caso generando en lo posible, una carpeta aparte en el expediente,
para que solo tenga acceso usted, mi apoderado y yo”5.

9. El 6 de junio de 2025, la DEAJ negó el plazo de 25 días solicitados por el
investigado. Asimismo, negó la práctica y decreto de la prueba.

Pretensiones

10. Solicitó la parte accionante lo siguiente [transcripción textual]:

“1. Se ampare el derecho fundamental a la Igualdad y al Debido Proceso,
en concordancia con los principios a la Confianza Legítima, Seguridad
Jurídica y de Favorabilidad, por los hechos ya expuestos ampliamente.

2. En consecuencia, se ordene que la Unidad de Control Disciplinario
decrete un plazo razonable para la lectura de los más de 450 folios
trasladados mediante el numeral tercero del Auto 28 de mayo de 2025.

3. Que (sic) por contener datos sensibles relacionados con mi situación
médica, no se ordene la publicación o si se ordena, solicito respetuosamente
que cambien mis nombres, apellidos, correo electrónico y demás datos
personales”6.

Fundamentos de la demanda de tutela

11. La parte accionante cuestionó las determinaciones de la señora Norma
Constanza Rodríguez Sánchez como directora de la Unidad de Control Interno
Disciplinario, específicamente en las que se pretendía que el accionante realizara
la revisión de las pruebas trasladas que contenían más de 34 archivos en PDF con
más de 450 folios en tres (3) días. A su juicio era imposible, motivo por el cual, tal
como se determinó en el oficio del 30 de mayo de 2025 solicitó 25 días hábiles para
realizar la revisión de las pruebas. Sin embargo, no se aplicó la Sentencia C-029 de
2021 de la Corte Constitucional en relación con la determinación y aplicación de
trámites y plazos razonables, así como la Ley 16 de 1972 en su artículo 8.

12. Por otra parte, advirtió que si bien tenía el acompañamiento de un abogado no
era determinante para que el accionante como investigado no tuviera la posibilidad
de adelantar una lectura personal de los documentos para poder defenderse. El

5 Obra en certificado 958EA94B30AE0C02 C836A199DC00008E 0A22DE012D1D52D9
FB7780F5EDABF071, pág. 45, índice 2 de samai el proceso 11001031500020250446300.
6 Ver pág. 9 del escrito de tutela.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04463-01
Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Control Interno
Referencia: Acción de tutela

actor argumentó que el abogado tiene personería jurídica en el proceso, pero no
bajo una figura de delegación absoluta que implique su relevo en la participación
del proceso disciplinario.

13. Asimismo, mencionó que la negativa de la amplitud del término para la revisión
de las pruebas vulnera su derecho a la igualdad frente a otros investigados en otros
procesos al tener la oportunidad de leer las pruebas trasladadas que reposan en los
expedientes para ejercer su derecho a la defensa y contradicción. Además que, el
despacho disciplinario tuvo los documentos por 34 días desde la llegada del mismo.

14. De otra parte, dijo que se presentaba la imposibilidad de leer los documentos
debido a su condición médica en la que requiere tomar medicamentos para su salud
mental, al igual que la carga laboral que maneja en su trabajo.

15. Como fundamentos de derecho mencionó la sentencia C-345 de 2019, C-690
de 2008, C-836 del 2001, C-029 de 2021, T-313 de 2006 de la Corte Constitucional,
así como las Leyes 1952 del 28 de enero de 2019, 16 de 1972 y los artículos 29 y
83 de la Constitución Política sin explicar de fondo las mismas.

Trámite en primera instancia

16. A través de auto del 22 de julio de 2025, el despacho sustanciador admitió la
tutela de la referencia; ordenó notificar a la Unidad de Control Interno del Consejo
Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como
accionado; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos
del artículo 610 del Código General del Proceso; requirió a la Unidad de Control
Interno del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial para que allegara copia íntegra digital de los antecedentes
administrativos de la investigación disciplinaria con radicado 2024-0018.

Intervenciones

17. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial sostuvo que todas las
decisiones dentro de la investigación disciplinaria fueron debidamente notificadas y
que el señor Wilson Fernando Muñoz Espitia tuvo oportunidad de pronunciarse.
Afirmó que se garantizaron sus derechos fundamentales mediante la asignación de
un abogado de oficio y la posibilidad de ejercer una defensa técnica. Indicó además
que el plazo de 25 días solicitado no existe en la ley, pues la normativa disciplinaria
vigente (Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021) no prevé extensiones especiales,
más aún cuando el investigado y su apoderado tuvieron acceso al expediente desde
la etapa de investigación y contaron con las pruebas en el aplicativo SAMAI, lo que
permitía su consulta sin restricciones.

18. La entidad agregó que no se demostró discriminación ni vulneración de
derechos fundamentales, al aclarar que los 450 folios mencionados por el actor
correspondían a un proceso contractual ajeno, por lo que su abogado debía
orientarlo en su contenido. Finalmente, concluyó que la acción de tutela era
improcedente, ya que el proceso disciplinario aún está en curso, no existe decisión
definitiva y el actor cuenta con medios judiciales ordinarios —como los recursos

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04463-01
Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Control Interno
Referencia: Acción de tutela

disciplinarios o las acciones de nulidad ante la jurisdicción contenciosa— para
controvertir las actuaciones. Tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que justificara la intervención del juez constitucional.

19. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura señaló que carece de
legitimación en la causa por pasiva, ya que sus funciones ejercidas son netamente
administrativas de acuerdo con la Constitución Política y la Ley 270 de 1996. De
igual modo, el mecanismo se encuentra dirigido a cuestionar actuaciones
adelantadas por la Unidad de Control Disciplinario, pero esta se encuentra adscrita
a la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial de acuerdo con el Acuerdo
PCSJA20-11603 expedido por la misma Corporación.

20. Adicionalmente, mencionó la sentencia del 15 de junio de 20237 del Consejo de
Estado y un auto del 21 de junio de 20238 de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia. Lo anterior para determinar que solo puede responder por la
vulneración del derecho la autoridad que tiene la atribución legal para hacerlo.
Motivo por el cual carece de legitimación en la causa por pasiva de acuerdo con lo
estipulado en la sentencia T-005 del 2022 y T-1015 de 2006.

La sentencia de primera instancia

21. Por medio de sentencia del 14 de agosto de 2025, la Sección Quinta del Consejo
de Estado declaró improcedente la tutela de referencia por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad.

22. El juez de primera instancia analizó la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra actos administrativos de trámite. Lo anterior bajo el criterio de la Corte
Constitucional9, en el que ha mencionado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra actos administrativos de trámite o preparatorios. Es decir
que con estos no hay una expresión concreta de la voluntad de la administración,
ya que únicamente corresponden a actuaciones que preceden a la formación de
una decisión10. Sumado a que, por regla general, los actos de trámite no son
susceptibles de mecanismos judiciales autónomos. Por ello, a modo de excepción,
se requiere que se cumplan algunos requisitos para la presentación de la acción de
tutela contra ese tipo de manifestaciones de la administración11.

23. De igual modo precisó que el auto proferido el 6 de junio de 2025 por la Unidad
de Control Interno Disciplinario de la Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial se trata de un acto de naturaleza administrativa. Este fue expedido en
ejercicio de la potestad disciplinaria interna con la que contaba la autoridad y

7 Radicado: 11001-03-15-000-2023-01865-00
8 Radicado: 11001-02-30-000-2023-00657-00
9 Cita las sentencias SU-201 de 1994, T-688 de 2014 y T-405 de 2018.
10 T-688 de 2014.
11 Los requisitos son los siguientes: (i) el acto debe ser producto de una actuación arbitraria y
desproporcionada que transgrede o amenaza los derechos fundamentales; (ii) el acto debe resolver
algún asunto que se proyecte en la decisión principal, es decir, la actuación debe tener incidencia en
la construcción de la decisión final y (iii) la acción de tutela debe promoverse de manera previa a
que se profiera el acto de naturaleza definitiva en la actuación administrativa que se adelanta.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04463-01
Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Control Interno
Referencia: Acción de tutela

constituía un ejercicio de la función administrativa. Además, se trata de un acto de
trámite al ser una actuación que precede a la información de una decisión definitiva
en el proceso disciplinario.

24. Adujo que el accionante no acreditó que el auto proferido por la autoridad
accionada fuera producto de una actuación arbitraria y desproporcionada, dado que
solamente existía una negativa ante la amplitud de un plazo. Además, aludió a
apreciaciones de índole subjetivo en relación con la razonabilidad del término de
traslado de pruebas, tampoco estuvieron respaldados por la normatividad o
jurisprudencia aplicable al caso concreto. Igualmente, no expuso los motivos de
índole constitucional que permitieran determinar una vulneración flagrante a sus
derechos fundamentales.

25. Por último, la Sala consideró que el actor alegó una imposibilidad del ejercicio
del derecho de defensa. No obstante, en el acto no se incurrió en arbitrariedad. De
otra parte, manifestó una condición de salud que le impedía llevar a cabo la revisión
de las pruebas en el término del traslado. Sin embargo, no allegó ningún documento
o prueba en la que se demostrara la configuración de un daño inminente o de un
perjuicio irremediable materializado en el acto administrativo que negó su solicitud
de ampliación del término de traslado.

La impugnación

26. Contra la decisión precitada, el señor Wilson Fernando Muñoz Espitia adujo que,
si bien existía otra posibilidad futura de la actuación procesal, esto se determinaría
hasta que la decisión disciplinaria estuviera en firme. Según el actor, esto no solo
genera un desgaste del aparato administrativo sino un impacto fuerte en el que se
deteriora su salud mental ante la tensión causada por las enfermedades que sufre 12.
Por tal motivo, se presenta una vulneración del derecho fundamental a la defensa,
así como a la salud en conexidad con el derecho a la vida.

27. En el mismo sentido dijo que el transcurso de este proceso se torna oneroso y
generador de tensión mental, lo cual agrava sus enfermedades ya diagnosticadas.
Tanto así que cuenta con restricciones laborales donde debe alternar tareas de alta
carga mental con otras de menor complejidad propias del cargo. Sumado a que
tiene restricciones para trabajar más de las 8 horas reglamentarias 13. Igualmente,
al ser ingeniero civil no le es fácil analizar 450 páginas, porque el impacto en la
concentración de sus enfermedades impide que lea de manera más rápida.

28. De otra parte, la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ) presentó un pronunciamiento frente al escrito
de impugnación. Expuso que el accionante se limitó a reprochar el hecho de que
la directora de la Unidad de Control Interno no le concediera el plazo pretendido. Es
decir que no había ningún argumento que concluyera que la accionada actuó de
manera arbitraria, desproporcionada o caprichos, por tanto, no se cumplía con

12 Para esto allegó un concepto de rehabilitación desfavorable realizado por el área de Medicina
Laboral de Sanitas EPS.
13 Allegó unas recomendaciones laborales de la EPS Sanitas.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04463-01
Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Control Interno
Referencia: Acción de tutela

ninguno de los mencionados requisitos. El actor se limitó al reprochar el hecho de
que la directora de la Unidad de Control Interno no le concedió el plazo que él
pretendía. Aun cuando la Ley disciplinaria no extiende indefinidamente a la voluntad
del disciplinado. Por esa razón, señaló que el legislador ha dispuesto los términos
razonables y suficientes para que el sujeto procesal se pronuncie sobre las pruebas
sin que esto implique una parálisis indefinida del proceso.

29. Además de lo anterior, el proceso disciplinario se encuentra en curso y no ha
culminado ni se ha adoptado decisiones definitivas sobre la conducta del
investigado. Allí se encuentra en una etapa en la que la administración decidió
formular pliego de cargos, pero la decisión sobre su conducta no se ha adoptado.
Por tanto, contra esa misma proceden los recursos dispuestos en la ley disciplinaria
y en el procedimiento administrativo de forma subsidiaria.

30. Del mismo modo, explicó que el accionante contaba con un defensor de
confianza con formación profesional en derecho, por lo que este tenía el deber de
ilustrar a su poderdante respecto de los documentos procesales y el contenido de
estos. Ahora bien, las restricciones médicas no podían ser una excusa para el
accionante, esto debido a que significaría que cualquier servidor público con un
diagnóstico de salud mental, sin importar su gravedad o efectos concretos sobre su
comportamiento funcional.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

31. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problema jurídico y metodología de la decisión

32. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela es
procedente para cuestionar actos administrativos de trámite dentro de un proceso
disciplinario que se encuentra en curso? De resultar afirmativa la respuesta del
anterior interrogante, se resolverá ¿si el Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Control Interno
Disciplinario vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad
del señor Wilson Fernando Muñoz Espitia al no permitirle una extensión de 25 días
hábiles para revisar las pruebas allegadas a ese despacho? Lo anterior para poder
ejercer un derecho a la defensa y contradicción adecuado.

33. Con el fin de resolver el anterior problema jurídico, la Sala reiterará el
precedente constitucional sobre (i) la procedencia de la acción de tutela para
cuestionar actos administrativos de trámite dentro de los procesos disciplinarios,
específicamente el requisito de subsidiariedad y (ii) el caso concreto

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04463-01
Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
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Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Control Interno
Referencia: Acción de tutela

Procedencia de la acción de tutela para cuestionar actos administrativos de
trámite dentro de un proceso disciplinario

34. El artículo 86 superior señala que la acción de tutela es un medio judicial
subsidiario de protección de los derechos fundamentales, en esa medida no es
principal ni procede directamente ante cualquier amenaza o violación, toda vez que,
los medios ordinarios de defensa, también son instrumentos procesales idóneos
para la protección de las garantías constitucionales.

35. En desarrollo de lo anterior, el artículo 6 del decreto 2591 de 1991 precisó que
la acción de tutela es improcedente cuando en el caso concreto, sea posible acudir
a un medio de defensa judicial ordinario o extraordinario, el cual, en el caso concreto
sea idóneo y eficaz. En consecuencia, la acción de tutela es procedente cuando no
existe medio de defensa, o este, aplicado al caso concreto, es inidóneo o ineficaz.
Caso en el cual, de manera excepcional el juez de tutela desplaza al juez ordinario
y, en sede de control concreto de constitucionalidad, puede resolver definitivamente
la solicitud de protección.

36. Una segunda hipótesis de procedencia se funda en el hecho que, en un caso
concreto puede existir un mecanismo de defensa judicial, ordinario o extraordinario,
y el mismo se idóneo y eficaz, pero se presenta un perjuicio irremediable sobre el
ejercicio de un derecho fundamental, en cuyo caso la acción de tutela opera como
mecanismo definitivo.

37. Sumado a lo anterior, según lo establecido por la Corte Constitucional14 existen
unos requisitos para que proceda la acción de tutela contra actos administrativos de
trámite o preparatorios proferidos al interior de actuaciones administrativas. A saber:

(i) Que la actuación administrativa de la cual hace parte el acto no haya
concluido;

(ii) Que el acto acusado defina una situación especial y sustancial que se
proyecte en la decisión final;

(iii) Que ocasione la vulneración o amenaza real de un derecho
constitucional fundamental

38. Con base en lo anterior, resulta relevante para el juez constitucional determinar
si cuando se presenta una acción de tutela en contra de un acto administrativo de
trámite o preparatorio, cumple con alguno de estos requisitos y si con estos se
presentó una actuación irrazonable o desproporcionada por parte del funcionario,
así como puede ocasionar una vulneración o amenaza de un derecho constitucional
fundamental.

Caso concreto

39. En el caso bajo estudio, la parte accionante solicita la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente

14 Sentencia T-084 de 2023.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04463-01
Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Control Interno
Referencia: Acción de tutela

vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Unidad de Control Interno Disciplinario con ocasión del
rechazo de una extensión de tiempo para realizar una revisión detallada de las
pruebas allegadas dentro del proceso disciplinario.

40. Concretamente, porque, a través de auto del 28 de mayo de 2025, la DEAJ
corrió traslado al investigado y su defensor de oficio de las pruebas allegadas de
conformidad con lo ordenado en el auto del 4 de abril de 2025 por tres (3) días.
Motivo por el cual el accionante remitió un oficio en el cual solicitaba una extensión
de 25 días hábiles para poder revisar más de 34 archivos en PDF donde se
presentan más de 450 folios. Sin embargo, a través de auto del 6 de junio de 2025
la DEAJ se negó la solicitud de extensión de tiempo.

41. La Sala advierte que el accionante cuenta con otros mecanismos judiciales
idóneos para obtener un razonamiento favorable de lo que se cuestiona a través de
este mecanismo de tutela. Por tanto, puede promover el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 15. Lo
anterior, para declarar la ilegalidad de un acto administrativo que crea, modifica o
extinga un derecho. Pues a su vez no solo puede solicitar la anulación del acto
administrativo, sino que además se restablezca el derecho que se vio afectado.

42. Sin embargo, se debe precisar que esta irregularidad de no otorgar un plazo
para analizar las pruebas allegadas, puede definirse por la autoridad judicial y a
través de este medio, pero una vez culmine la investigación disciplinaria y se
obtenga una decisión adversa a sus intereses. Esto debido a que el acto que negó
la solicitud de extensión de tiempo no es objeto de cuestionamiento porque se trata
de un acto de trámite, es decir que surge durante el procedimiento, pero no resuelve
la investigación disciplinaria de fondo. Sin embargo, surge como facilitador para la
emisión de la decisión final.

43. Por tanto, es al finalizar el proceso disciplinario y una vez se emita el acto
administrativo definitivo cuando puede presentar este medio de control. Pues allí se
declara la responsabilidad del disciplinado y se le puede imponer una sanción. Por
ello, ahí puede surgir la posibilidad de discutir la legalidad de las actuaciones previas
y las irregularidades que se presentaron al transcurrir el acto definitivo. Como en
este caso sería el de no otorgar un plazo para poder revisar las pruebas allegadas
y por las cuales se le corrió traslado para que ejerciera su derecho a defensa.

15“ ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare
la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho;
también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales
establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04463-01
Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Control Interno
Referencia: Acción de tutela

44. De otra parte, una vez analizado el auto del 6 de junio de 2025, no se configura
un perjuicio irremediable, así como tampoco se avizora un hecho que afecte
gravemente los derechos fundamentales del actor. En efecto, actualmente el
proceso disciplinario no ha culminado, por lo que dicha decisión no ha vulnerado de
manera definitiva garantía constitucional alguna. En el mismo sentido, no se
presenta ningún hecho que demuestre que se presenta un hecho urgente e
impostergable que afecte las garantías superiores del actor. Más allá de que el
accionante no pueda revisar los documentos allegados como pruebas y a través de
los cuales se corrió traslado.

45. Lo anterior, especialmente cuando el señor Wilson Fernando Muñoz Espitia a
través de oficio del 26 de mayo de 2025 solicitó que se le asignara un abogado de
oficio que le permitiera ejercer su derecho a la defensa y a la contradicción. Motivo
por el cual, la DEAJ nombró como defensor de oficio al abogado Jhon Freddy
González Gordillo. Por tanto, si el accionante no contaba con el tiempo para revisar
las pruebas que fueron allegadas al expediente contaba con su abogado el cual
podía intervenir en las diferentes actuaciones administrativas.

46. Del mismo modo, resulta relevante reconocer que, durante el trámite surtido al
interior del proceso disciplinario, ha transcurrido sin ninguna dificultad en la que la
autoridad accionada le haya impedido al señor Wilson Fernando Muñoz Espitia
participar o no tener conocimiento de lo llevado a cabo. Por el contrario, ha sido
notificado de las diferentes actuaciones realizadas por la DEAJ. Por tanto, si dicha
autoridad no accedió a la extensión de tiempo para la revisión de los documentos
allegados como pruebas, su actuación no puede calificarse como abiertamente
irrazonable o desproporcionada. Habida consideración de que el accionante
contaba con un abogado para que revisara en el transcurso especificado en el auto
del 6 de junio de 2025, es decir tres días. Esto con el fin de tener la oportunidad de
ejercer la respectiva contradicción de las pruebas.

47. Motivo de lo anterior, no es recibido el argumento invocado por el accionante,
en donde se vulneró su derecho al debido proceso y a la igualdad, pues en criterio
de la Sala, la parte accionante aún dispone de mecanismos idóneos y efectivos
dentro del ordenamiento jurídico para obtener la satisfacción de lo pretendido, en
atención a que el proceso disciplinario aún no ha finalizado, por tanto, es susceptible
de ser cuestionado durante lo que queda de este.

48. Al respecto, es necesario resaltar que la causal de improcedencia de la acción
consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito de
respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y el
principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.

49. Ahora bien, el accionante menciona dentro del escrito de tutela e impugnación
que padece de una condición médica, por lo que le queda imposible revisar 450
páginas de pruebas. Esta Sala no desconoce la situación de salud del accionante.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04463-01
Accionante: Wilson Fernando Muñoz Espitia
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Unidad de Control Interno
Referencia: Acción de tutela

Sin embargo, esta circunstancia no puede ser justificada para evitar o dilatar el
tiempo establecido dentro del mismo proceso disciplinario, porque vulnera el
principio de igualdad frente a los demás usuarios de la administración que
responden diariamente por sus conductas. Además, esta Corporación considera
que el actor cuenta con un abogado de oficio, quien debe revisar el expediente para
elaborar de manera técnica la defensa de su poderdante, lo que atiende la situación
de salud del actor y su derecho de defensa.

50. En este contexto, la Sala estima que la tutela ejercida por el señor Wilson
Fernando Muñoz Espitia busca que se amplíe un término para revisar las pruebas
dentro de un proceso disciplinario, cuando este ni siquiera ha finalizado y se
encuentra en curso, por lo que durante dicho proceso puede proponer los diferentes
mecanismos y/o recursos para hacer efectivo su derecho a la defensa y a la
contradicción. Sumado a que no acreditó que el auto proferido por la autoridad fuera
producto de una actuación arbitraria y desproporcionada.

45. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, se confirmará la sentencia de
primera instancia, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por
el incumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de agosto de 2025, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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