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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04474-00

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04474-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por el señor Arnold Mauricio Pinilla Triana. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: NEGAR la solicitud de compulsa de copias formulada por el señor José Enrique Molina Rojas. CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04474-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04474-00
Accionante: ARNOLD MAURICIO PINILLA TRIANA
Accionados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTRO

Tema: Pérdida de investidura. Violación del régimen de
inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés de
concejales. Improcedencia de la acción por falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra de la Sección Primera del Consejo de
Estado. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos
333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena
del Consejo de Estado.

Por auto del primero de agosto de 20252, se admitió la solicitud de amparo de la
referencia3.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Arnold Mauricio Pinilla Triana, por medio de apoderado judicial,
presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Meta y la
Sección Primera del Consejo de Estado. Con la solicitud de amparo pretende la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
partición política, al acceso a cargos públicos «y funciones públicas».

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 11 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionadas al Tribunal
Administrativo del Meta y a la Sección Primera del Consejo de Estado. Asimismo, se dispuso la vinculación
del señor José Enrique Molina Rojas y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta última, en
los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
3 Esto, al subsanar lo advertido en el auto del 16 de junio de 2025, mediante el cual se inadmitió la tutela de

la referencia. Ver índice 5 de Samai.

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2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con
ocasión de la sentencia del 6 de marzo de 2025, proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado. En tal decisión se confirmó la providencia del 28 de
noviembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, en la que
se declaró la pérdida de investidura del actor, en su calidad de concejal del
municipio de Acacías (Meta)4.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: AMPARAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES al debido proceso,
la igualdad jurídica, participación política, acceso a cargos y funciones públicos,
como consecuencia de lo anterior:

SEGUNDO: CESAR los efectos la sentencia de 2ª instancia del CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ del 6 de marzo de
2025 radicación: 50001233300020240032101; que confirmo la sentencia de 1ª
instancia proferida por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META; en cuanto a
la inhabilidad para participar en cargos de elección popular y restablecer los
derechos políticos.

TERCERO: ORDENAR CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA rehacer la actuación judicial con el
cumplimiento de las garantías procedimentales conculcadas en el desarrollo de la
actuación judicial.

CUARTO: Las demás que la sala conforme las facultades ultra y extra petita,
considere pertinentes para salvaguardar los derechos fundamentales afectados.

1.2. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
siguiente manera:

5. El señor Pinilla Triana fue elegido concejal del municipio de Acacías (Meta)
para el período 2020 – 2023 y tomó posesión del cargo el 2 de enero de 2020.

6. El 3 de enero de 2020, el Concejo Municipal de Acacías (Meta) realizó la
entrevista, calificación y elección de los aspirantes al cargo de secretario general
de dicha corporación. En dicha sesión, participó como aspirante el señor Wilder
Nodier Urbano Rozo, quien también se había inscrito como candidato a dicho
órgano por el mismo partido del señor Pinilla Triana.

7. El señor José Enrique Molina Rojas solicitó que se decretara la pérdida de
investidura del señor Pinilla Triana, en ejercicio del respectivo medio de control.
Esto, al considerar que se incurrió en la causal prevista en el numeral 2 5 del

4 Ello, al interior del proceso de pérdida de investidura con el número de radicado 50001-23-33-000-2024-

00321-00/01.
5 Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su investidura por:

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses.

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artículo 55 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con el numeral 16 del artículo
48 de la Ley 617 del 2000 y el numeral 147 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.
Lo anterior, dado que, a juicio del señor Molina Rojas, se cumplieron los requisitos
previstos por la jurisprudencia del Consejo de Estado para que se configure la
causal invocada, en la medida en que: i) el señor Pinilla Triana hizo parte de la
lista para la elección de los miembros del Concejo Municipal de Acacías (Meta)
para el período 2020 – 2023 junto con el señor Wilder Nodier Urbano Rozo por
el mismo partido político, quien participó en el proceso de elección de secretario
general de dicha Corporación; ii) a pesar de ello, el concejal electo no se declaró
impedido para votar en la sesión de entrevista y elección de secretario.

8. Mediante fallo del 28 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del
Meta decretó la pérdida de investidura del señor Pinilla Triana como concejal del
Municipio de Acacías (Meta). Esto, de conformidad con las razones que se
exponen a continuación. El elemento objetivo de la causal se encontró probado,
dado que: i) el señor Pinilla Triana, en ejercicio de su investidura, participó en la
elección del secretario general del Concejo Municipal de Acacías (Meta); ii)
intervino en el debate del asunto al participar de la entrevista; iii) otorgó
calificación a los participantes y ejerció el voto; iv) participó activamente en la
elección, sin haber manifestado impedimento, a pesar de que el señor Urbano
Rozo conformó la misma lista de candidatos tal Corporación por el mismo partido
político, con lo que se configuró el interés directo, particular y real.

9. Por su parte, el elemento subjetivo de la causal se acreditó puesto que: i)
actuó de manera descuidada y negligente al no inferir que pudiera existir algún
tipo de impedimento y plantearlo; ii) al no buscar asesoría sobre si dicha situación
generaba inconveniente; iii) en sesión de la corporación del 3 de enero de 2020,
tuvo conocimiento que el señor Urbano Rozo era su excompañero de lista por el
mismo partido, por lo que se desvirtuaba que no tuviera conocimiento de quién
hacía parte de la lista de candidatos al Concejo Municipal y, iv) actuó sin el debido
cuidado, diligencia y prudencia, puesto que es una obligación general de quien
pretende acceder a la función pública la revisión del marco normativo que rige el
respectivo cargo.

6 Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas
administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de
intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general.
7 Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de la

función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá
declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas,
realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no
manifiesta su impedimento por:
14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o
integradas también por el interesado en el período electoral coincidente con la actuación administrativa o en
alguno de los dos períodos anteriores.

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10. Inconforme con lo anterior, el señor Pinilla Triana presentó recurso de
apelación y solicitó revocar la decisión de primera instancia, con fundamento en
los siguientes motivos. Sostuvo que no se configuró el elemento subjetivo de la
causal, toda vez que no se probó que su conducta fuera dolosa o culposa, puesto
que actuó bajo el convencimiento inequívoco e invencible de estar cumpliendo
una función constitucional y legal.

11. Existe un vacío jurisprudencial, en la medida en que su formación personal
y su capacidad de entendimiento en el momento de los hechos le impedían
conocer que su conducta era irregular, con lo que se generó una duda razonable
que debía ser decidida a su favor. Esto, dado: i) el «origen humilde» de su familia;
ii) el hecho de que solo contaba con el título de bachiller; iii) se desempeñó como
auxiliar de trabajo pesado sin contar con estudios en herramientas tecnológicas;
iv) no existía prueba de la intención de violar el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades; v) el día de los hechos era el primer día como servidor
público; vi) las directivas de su partido no lo tuvieron en cuenta para las reuniones
de su bancada, por lo que no conoció cómo estaba integrada la lista al concejo
y, vii) en la sesión de elección del secretario general, no se presentó ninguna
recusación en su contra que le permitiera inducir un grado mínimo de diligencia.

12. Por medio de fallo del 6 de marzo de 2025, la Sección Primera del Consejo
de Estado confirmó la decisión de primera instancia con sustento en las
siguientes razones. Las calidades personales señaladas por el señor Pinilla
Triana lo dotaban de la capacidad de discernir que para el ejercicio del cargo
como concejal requería cumplir los requisitos exigidos por el ordenamiento
jurídico. Por tanto, como cualquier otra persona en esas condiciones, tenía la
obligación mínima de consultar la normativa y verificar si se configuraba la causal
de pérdida de investidura por conflicto de intereses. En tal sentido, no cumplió
con el mínimo estándar obligatorio de diligencia y cuidado.

13. Con fundamento en el formulario E-8 CO, encontró acreditado que el señor
Pinilla Triana fue elegido concejal inscrito como candidato por el mismo partido
político que el señor Urbano Rozo, quien participó de la convocatoria pública para
la elección de secretario general del Concejo Municipal. A su vez, de conformidad
con el acta de la sesión del 3 de enero de 2020, se llevó a cabo la elección con
la participación y votación del funcionario electo.

14. Su condición como residente de una zona rural y con poco conocimiento
de acceso a la tecnología no fue obstáculo para lograr el aval de su partido
político, ni para realizar la inscripción de su candidatura. Esto no tenía la
virtualidad de impedirle tomar conocimiento de las exigencias previstas por el
ordenamiento. Por el contrario, contó con la capacidad de conocer de la
participación del señor Urbano Rozo en la convocatoria para la elección de
secretario general, incluso antes de la entrevista. Por tanto, contaba con la
capacidad de discernir que su falta de manifestación de impedimento se
configuraba como causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses,

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ante lo cual también pudo informarse, consultar y, a pesar de ello, optó por seguir
participando en el trámite.

15. El señor Pinilla Triana no acreditó la buena fe calificada, motivada por un
error invencible, en la medida en que no es suficiente que manifieste que actuó
con convicción de la validez de sus actos. Tampoco se observó que hubiera
actuado bajo el amparo de decisiones judiciales aplicables al caso en particular,
ni que hubiera revisado jurisprudencia del Consejo de Estado con el objeto de
informarse sobre el criterio jurisprudencial vigente, lo cual hubiere generado una
duda razonable sobre la existencia de normativa que le resultara favorable.

1.3. Sustento de la vulneración

16. La parte actora indicó que la Sección Primera del Consejo de Estado
vulneró los derechos fundamentales invocados, con fundamento en los
siguientes argumentos.

17. Afirmó que el demandante en el proceso de pérdida de investidura incurrió
en una «falsedad procesal» que llevó a un error inducido de la sala de decisión.
Esto pues, a su juicio, no se tuvo en cuenta que en la demanda se fundamentó
en una afirmación temeraria, consistente en que el señor Pinilla Triana admitió
que su compañero de lista, el señor Urbano Rozo, formaba parte de la lista de
elegibles al cargo de secretario general. Argumentó que este hecho era falso,
puesto que, de conformidad con el acta 02 del 3 de enero de 2020, el tutelante
no realizó ninguna intervención ni admitió tener dicho conocimiento.

18. Sostuvo que, pese a no contarse con prueba alguna de que tuviera
conocimiento de la postulación del señor Urbano Rozo, dicha afirmación del
demandante fue definitiva para la decisión adoptada por la autoridad judicial
accionada.

19. Alegó que «la tesis sobre la cual se apoya la conducta subjetiva no logra
ser lo suficientemente contundente» y se fundamentó en simples hipótesis
desproporcionadas. Lo anterior, en la medida en que para ser concejal solo se
requiere ser ciudadano colombiano y residir en el municipio, por lo que no es
requisito tener un conocimiento jurídico amplio. En tal sentido, indicó que no era
lógico deducir que un bachiller, sin experiencia en el sector público y procedente
de una zona rural sin conocimiento en tecnología, contara con «el bagaje de un
profesional con experiencia».

20. Señaló que la sentencia cuestionada se apartó del precedente
jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado en el fallo con radicado
54001-23-33-000-2019-00091-01 en el que se estableció la necesidad de evaluar
la capacidad de entendimiento del cargo como concejal y las condiciones
personales del funcionario tales como su formación y su profesión, así como las
circunstancias que rodearon los hechos. De tal forma, puso de presente que
estos aspectos no fueron tenidos en cuenta, pues no se valoró la procedencia del

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tutelante, sus estudios, su experiencia laboral y su carencia de formación en
herramientas tecnológicas. Agregó que estas circunstancias fácticas y jurídicas
no fueron evaluadas por el órgano de cierre en su caso, pese a que sí lo hizo en
la providencia que estima desconocida por la sala de decisión accionada.

21. Con sustento en ello y en un extracto textual de aquel fallo, sostuvo que
no se acreditó el elemento subjetivo de la causal invocada en la demanda
ordinaria, dadas las condiciones del señor Pinilla Triana para la época de los
hechos. Añadió que, por el contrario, se contaba con la certeza de que el actor
tenía la convicción inequívoca de estar cumpliendo con una función constitucional
y legal, sin tener la capacidad de entender la ilicitud de la conducta.

22. Expuso que su conducta debió ser calificada como falta leve, de
conformidad con la sentencia del 22 de febrero de 2023, radicado 11001-03-15-
000-2022-05556-00, en el que la Sala Sexta de Decisión del Consejo de Estado
estableció que la falta de formación personal no le permitía al demandado
conocer la ilicitud de la conducta y sus efectos. Al respecto, citó un extracto de
dicho fallo y unas aclaraciones de voto de magistrados que suscribieron la
decisión.

23. Trajo a colación una sentencia proferida el 3 de abril de 2025 por la
Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso de pérdida de investidura
con radicado 50001-2333-000-2024-00067-01 y sostuvo que, a diferencia de lo
estudiado en dicha oportunidad, en el fallo enjuiciado no se valoraron los
siguientes aspectos: i) de conformidad con el acta 02 del 3 de enero de 2020,
nunca se realizó la votación y elección del secretario general; ii) después de
realizada la entrevista, se dio por ganadora a la señora Leidy Alexandra Romero
Urueña, sin realizarse la votación, con lo que se dio por terminado el proceso de
elección de secretario general; iii) del análisis subjetivo quedó probado que no
hubo lista de elegibles ni se realizó la votación, por lo que no se podía atribuir
interés actual y directo del tutelante en la elección.

24. Aseguró que, en virtud del principio de favorabilidad y analogía, han debido
aplicarse el artículo 56 de la Ley 2200 de 2022 –que establece que no hay
conflicto de interés cuando el diputado participa en la elección de otros servidores
públicos mediante voto secreto– y el artículo 286 de la Ley 5.º de 1992 –que
dispone que no hay conflicto de interés cuando el congresista participa en la
elección de otros servidores mediante voto secreto–. Esto, dado que tanto los
concejales, como los diputados y congresistas son servidores públicos, miembros
de corporaciones públicas elegidos por voto popular.

1.4. Intervenciones

25. El señor José Enrique Molina Rojas allegó copia de la denuncia
formulada ante la Fiscalía General de la Nación contra el señor Pinilla Triana por
los delitos de injuria y calumnia, con fundamento en la denuncia promovida por
este sobre aquel por falsa denuncia y falsedad procesal. A su vez, informó que

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un excompañero de lista al concejo municipal del tutelante comunicó en sesión
en la que este estuvo presente que el señor Urbano Rozo hacía parte de tal
candidatura por su mismo partido, motivo por el cual tenía conocimiento de ello.
En tal medida, se opuso a las declaraciones sobre falsedad procesal formuladas
en el escrito inicial y solicitó compulsar copias a la «comisión seccional
disciplinaria» con el fin de que se determine la responsabilidad del apoderado
del accionante.

26. La Sección Primera del Consejo de Estado afirmó que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la
medida en que el objetivo del actor es reabrir un debate zanjado en el proceso
de pérdida de investidura. A su vez, indicó que la acción se fundamenta en los
mismos argumentos formulados en el recurso de apelación promovido en dicho
trámite.

27. A su vez, argumentó que no se configuran los defectos invocados por el
tutelante, puesto que la sentencia se motivó debidamente, con sustento en
razones fácticas, jurídicas y probatorias que permitieron adoptar la decisión
cuestionada. Agregó que se llevó a cabo una valoración de todas las pruebas
decretadas en su conjunto, de conformidad con las reglas de la lógica y la sana
crítica y se resolvió el asunto con sustento en los hechos debidamente probados.
En tal sentido, reiteró a detalle los motivos del fallo.

28. Finalmente, señaló que no se incurrió en desconocimiento del precedente,
puesto que la sentencia del 3 de abril de 2025 no puede ser aplicada al caso en
concreto en la medida en que los supuestos fácticos no guardan similitud alguna.
Esto, en la medida en que en este fallo se determinó que no se configuraba el
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura, situación que difiere a
lo estudiado por la sala en la decisión cuestionada.

II. CONSIDERACIONES

29. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por
el señor Arnold Mauricio Pinilla Triana. En tal sentido, se demostrará que en el
asunto no se supera el requisito general de relevancia constitucional.

2.1. Cuestión previa

30. El señor José Enrique Molina Rojas solicitó que se compulsara copias a la
«comisión seccional disciplinaria» contra el apoderado del tutelante. La sala
advierte que se negará esta petición, en la medida en que el interviniente no
acreditó la necesidad de la medida, de forma mínima, más allá de exponer las
razones por las cuales se opone a uno de los argumentos formulados en el escrito
inicial.

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2.2. Caso concreto

2.2.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

31. El Consejo de Estado8 y la Corte Constitucional9, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales10 y a la configuración de algún
defecto especial11 en el que puede incurrir una autoridad judicial.

32. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.

33. En el caso estudiado, esta Sección considera que la solicitud de amparo
no cumple con el requisito general de procedencia referido, como pasa a
exponerse.

34. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional12, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

35. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional puesto que: i) la parte actora
presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del proceso y,

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.

María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de
2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
10 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto

decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
(vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
11 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o

sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y
(viii) violación directa de la Constitución.
12 Sentencia SU-215 de 2022.

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con ello, reabrir etapas procesales zanjadas por el juez natural de la causa, ante
la reiteración de argumentos presentados en el proceso ordinario y, ii) la falta de
carga argumentativa en clave de derechos fundamentales.

36. En primer lugar, los argumentos relacionados con la configuración del
elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura invocada guardan
plena identidad con las razones que sustentaron el recurso de apelación
formulado por el señor Pinilla Triana en el trámite judicial objeto de este
mecanismo. En efecto, tanto en el proceso adelantado ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, como en el presente mecanismo, la parte actora
sostuvo que la Sección Primera del Consejo de Estado no valoró las condiciones
particulares, personales y sociales del tutelante, motivo por el cual, a su juicio, se
incurrió en un yerro al momento de estudiar dicho elemento.

37. Sin embargo, como fue expuesto en los numerales 12 al 15 del presente
fallo, el órgano de cierre en la materia expuso los motivos por los cuales se
acreditó que el actor no actuó con el mínimo estándar de diligencia y cuidado,
debido a que contaba con la capacidad de discernir sobre la configuración de la
causal de pérdida de investidura al no manifestar su impedimento en la elección
del secretario general del Concejo Municipal de Acacías. Al ser un aspecto
estudiado por el juez natural de la causa, y no establecer razones que permitan
advertir una evidente arbitrariedad o yerro en el actuar de la Sección Primera, es
necesario concluir que la reiteración de argumentos obedece a una simple
inconformidad con el fallo cuestionado.

38. Por su parte, en relación con la presunta «falsedad procesal» que habría
llevado a un error inducido a la sala de decisión, se considera que el actor no
brindó los argumentos suficientes que permitan establecer la incidencia de tales
afirmaciones consistentes en que el señor Pinilla Triana habría admitido que tenía
conocimiento de que su compañero de lista formaba parte de la lista de elegibles
al concejo municipal. Esto, dado que las consideraciones que al respecto adoptó
la autoridad judicial accionada se fundamentaron en la valoración del formulario
E-8 CO y en el acta de la sesión de dicha Corporación llevada a cabo el 3 de
enero de 2020. En tal sentido, tal afirmación no fue determinante en el sentido
del fallo y, por tanto, este argumento no cuenta con la carga necesaria para que
el juez de tutela intervenga y profiera un pronunciamiento de fondo.

39. Con respecto al cargo por desconocimiento del precedente, este tampoco
cumple con el requisito de relevancia constitucional, puesto que el actor se limitó
a citar algunos apartados de las sentencias aludidas, sin identificar alguna regla
o subregla de derecho aplicable a su caso y que hubiera sido desconocida por la
sala de decisión demandada, en consideración a las particularidades del caso
concreto.

40. En efecto, en el escrito inicial no se abordó de forma alguna en qué sentido
los asuntos tratados en tales providencias guardan similitud fáctica con el litigio
objeto de esta acción, con lo que no cumplió con la carga mínima requerida para

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Accionante: Arnold Mauricio Pinilla Triana
Accionados: Consejo de Estado, Sección Primera y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04474-00

que exista un pronunciamiento de fondo por parte de la sala. En específico, con
respecto a la sentencia del 3 de abril de 2025, simplemente se limitó a nombrar
de forma abstracta algunas consideraciones adoptadas por la Sección Primera
en relación con la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura, sin establecer los motivos por los cuales dicha providencia guarda
similitud fáctica con el caso en concreto. Aunado a esto, es necesario poner de
presente que dicho fallo invocado es posterior a la sentencia enjuiciada en esta
ocasión, motivo por el cual tampoco puede ser considerado como precedente
vinculante.

41. Sobre el cargo por desconocimiento del precedente es preciso resaltar que
esta Sección ha considerado que la parte que invoca este defecto debe cumplir
con la carga mínima de identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii)
la ratio aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción
dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la decisión
final que adopte el fallador de instancia.

42. Como fue expuesto con antelación, estos criterios no fueron desarrollados
por la parte demandante, por lo que no se satisface el deber de una carga mínima
que permita superar la relevancia constitucional.

43. Por último, con respecto a los argumentos relacionados con la aplicación
del principio de favorabilidad y con la necesidad de haber aplicado los artículos
56 de la Ley 2200 de 2022 y 286 de la Ley 5.º de 1992, se pone de presente que
estas normas no regulan lo relacionado con el conflicto de intereses para
concejales municipales, motivo por el cual no debían ser aplicadas por el juez
natural de la causa al caso sometido a su consideración. A su vez, el actor no
sustentó este argumento en alguna norma o precedente jurisprudencial que
posibilite establecer un deber de aplicación por analogía de dichas disposiciones.
Al no sustentar debidamente este cargo, tampoco cuenta con la entidad de ser
constitucionalmente relevante.

44. De igual forma, es necesario poner de presente que estos argumentos no
fueron expuestos en ninguna instancia del trámite ante el juez de la pérdida de
investidura. En este sentido, se recuerda que la acción de tutela no puede ser
usada como una instancia adicional en la que se presenten solicitudes que
pudieron y debieron ser expuestas en el proceso ordinario, pues su estudio
implicaría emplear la acción de tutela para subsanar los yerros y deficiencias de
la defensa en el proceso ordinario.

45. Por último, se enfatiza en que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio. En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial
medie un ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira
en torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental.

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2.3. Conclusión

46. Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
de la referencia por no superar el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por el señor Arnold Mauricio Pinilla Triana.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: NEGAR la solicitud de compulsa de copias formulada por el señor
José Enrique Molina Rojas.

CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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