Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04477-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04477-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04477-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Arguello
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-04477-00
Demandante LUZ MILA PEÑA CLAROS
Demandado CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Temas Derecho de petición. Núcleo esencial del derecho. Solicitud de
desarchivo del expediente. Expediente no hallado. Carencia actual de
objeto.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la señora Luz Mila Peña Claros, de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de julio de 20251, la señora Luz Mila Peña Claros, actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, por estimar
vulnerado su derecho fundamental de petición, en conexidad con el derecho a la
propiedad privada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2:
«1. Solicito respetuosamente que ordene a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Bogotá eliminar del certificado de tradición y libertad la anotación 005 referente al
embargo ya que puedo comprobar con el paz y salvo del Fondo Nacional del ahorro que
no tengo ninguna deuda con esta entidad desde el 2008, es decir hace 17 años, cuando
se archivó el proceso por que pagué la deuda. Además de que no consta ninguna otra
anotación relacionada con embargo o acciones ejecutivas por el bien de mi propiedad. Y
teniendo en cuenta que el proceso de (sic) perdió en el caos que tienen en el Archivo
Central.
2. Pido que se me envie (sic) copia de la orden formal enviada por usted a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá y también copia de la respuesta por escrito
que esta oficina realice.
3. Requiero que se le dé celeridad a mi solicitud ya que la afectación que me están
generando es muy grande. Y tengo derecho a que mis derechos fundamentales sean
protegidos y esto tiene que ver con el tiempo de respuesta, llevo casi 10 años en esto.
4. Solicito que atiendan al ciudadano dignamente ya que también es un derecho
fundamental, consignado en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia. La
atención al público en ese edificio de los juzgados ubicado en la carrera 10 # 14-33 debe
cambiar totalmente. Primero las personas deben ser atendidas adentro (sic) del edificio y
no afuera. Segundo debe existir fila para el adulto mayor y mujeres en embarazo. Se
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debe contratar más personal, por que (sic) la atención para llegar a ser primero en la fila
lleva todo el día. Además, deben contar con agua y café por lo menos, es que ni
extintores, camillas, ni ningún tipo de prevención hay, siendo un sitio para servir al público.
Los vigilantes prestan seguridad, no son funcionarios del Consejo Superior de la
Judicatura, pongan personas que no sepan nada, pero que quieran servir con el corazón,
solo eso se requiere, hay mucha gente con ganas de trabajar.» (Sic a toda la cita).
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La señora Luz Mila Peña Claros, señala que el 10 de noviembre de 1994
adquirió un crédito hipotecario con el Fondo Nacional del Ahorro para la
compra del inmueble identificado con matrícula 050C01374XXX, que
corresponde al apartamento 40X, interior 2, en la Urbanización Carlos Lleras
Restrepo, Manzana B.
2.2. El 26 de noviembre de 1998 el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de
Bogotá adelantó el trámite de embargo del mencionado inmueble dentro del
proceso 11001-20-31-033-1998-02829-01.
2.3. La actora manifiesta que para el año 2008 realizó el pago total de lo adeudado
al Fondo Nacional de Ahorro quedando a paz y salvo. Ese mismo año el
expediente fue archivado en la «Caja o paquete Montevideo 19».
2.4. El 10 de octubre de 2017 la señora Peña Claros solicitó el desarchivo del
proceso 11001-20-31-033-1998-02829-01, para poder realizar el trámite de
levantamiento de la hipoteca, solicitud de la que no ha recibido respuesta.
2.5. El 12 de mayo de 2023 realizó una nueva solicitud de desarchivo del
mencionado expediente, para ello realizó el pago del arancel judicial de
desarchivo, diligenció el formulario y en respuesta se le asignó el radicado
DESCLF23-0097, en esa misma comunicación se le indicó que en el evento
de no recibir respuesta en 60 días debería enviar un correo electrónico a la
dirección notificacionesacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Manifestó que, «envié otro correo más el 14 de agosto de 2023 y otro más el 8 de
septiembre de 2023», sin embargo, no ha obtenido respuesta alguna.
2.6. La señora Luz Mila Peña Claros dijo que a la fecha de radicación de esta
acción no ha tenido respuesta a las solicitudes de desarchivo presentadas a
pesar de que ya se superó el término legal.
3. Fundamentos de la acción
En el escrito de tutela se acusó la vulneración de su derecho fundamental de
petición, en conexidad con el derecho a la propiedad privada de la parte actora
comoquiera que, al momento de interponer la solicitud de amparo el Consejo
Superior de la Judicatura no le ha dado respuesta a las múltiples solicitudes de
desarchivo del expediente 11001-20-31-033-1998-02829-01, presentadas el 10 de
octubre de 2017, el 12 de mayo de 2023, reiteradas el 14 de agosto y el 8 de
septiembre de 2023.
La accionante manifestó que es una persona de la tercera edad, que a la fecha de
radicación de esta acción de tutela cuenta con 73 años, que tiene problemas
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visuales por el ojo izquierdo, y que no cuenta con una persona que la siga
acompañando al Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá para continuar
consultando por el estado del desarchivo, como lo ha realizado en varias ocasiones,
que se le está causando un grave perjuicio pues pretende vender su inmueble pero
no ha sido posible porque requiere el desarchivo del proceso, respecto a lo cual no
ha tenido respuesta.
Manifiesta que en la oficina en donde le brindaron información del desarchivo le
informaron que «las cajas están en una bodega en Mosquera, Cundinamarca y que está todo
refundido y algunas cajas perdidas por un traslado que hicieron mal hecho allá».
Expuso su inconformidad con la prestación del servicio de desarchivo y la
desorganización del Consejo Superior de la Judicatura.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Con providencia del 23 y 28 de julio de 20253, el despacho sustanciador
admitió la demanda presentada por la señora Luz Mila Peña Claros contra el
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial; el Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos y el Líder del
Grupo de Trabajo del Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá.
En calidad de terceros con interés se vinculó al Coordinador del Grupo de
Servicios Administrativos y al Líder del Grupo de Trabajo del Archivo Central
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cundinamarca – Amazonas, y al Centro de servicios administrativos
jurisdiccionales para los Juzgados de Civiles, Laborales y de Familia de
Bogotá; se requirió a las autoridades accionadas y vinculadas para que
informaran sobre el estado actual de la solicitud de desarchivo del expediente
11001-20-31-033-1998-02829-01 y para que se comunicara si las actuaciones
que se han surtido han sido notificadas a la señora Luz Mila Peña; y ordenó
las notificaciones correspondientes.
4.2. El Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial4 señaló que de acuerdo con los hechos de esta
acción de tutela no le corresponde atender las pretensiones y
cuestionamientos que realizó la actora, pues no se encuentra legitimada por
pasiva de conformidad con las funciones establecidas en el artículo 99 de la
Ley 270 de 1996 (modificado por el artículo 45 de la Ley 2430 de 2024). Por lo que,
solicitó se negara esta acción.
Explicó que no es la entidad competente para administrar el Archivo Central,
pues esa administración recae en la seccional, quien controla y gestiona el
archivo de los procesos que conocen los despachos judiciales dentro del
ámbito de su jurisdicción, por lo cual, la autoridad competente en este caso es
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
4.3. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca –
Amazonas5 rindió informe en el que señaló que, en razón a la escisión de la
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Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca con la
Dirección de Administración Judicial de Bogotá, mediante el Acuerdo
PCSJA22-12033 del 29 de diciembre de 2022, se creó la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas.
Analizados los hechos narrados y la evidencia que se adjuntó con el escrito de
tutela, concluyó que no se encontró solicitud que de acuerdo con sus
competencias debiera ser atendida por esa autoridad.
Indicó que se opone a las pretensiones de la accionante por cuanto no ha
vulnerado directa o indirectamente los derechos fundamentales mencionados,
dado que en la narración de los hechos y pretensiones no se involucra a esa
Dirección Seccional. Señaló que las peticiones que menciona la actora se
realizaron directamente a la oficina de Archivo Central, entidad que se
encuentra a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá. En consecuencia, solicitó que se declarara improcedente la acción.
4.4. El Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Civiles laborales y
de Familia6 indicó que la Oficina de Archivo Central no hace parte de ese
centro, por lo que, las vinculaciones a las acciones constitucionales de tutela
en las que es accionado el Archivo Central deben ser enviadas a los canales
establecidos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional
Bogotá.
Como sustento de sus afirmaciones adjuntó la resolución DESAJBOR22-6741
del 1 de diciembre de 2022 y la Circular DESAJBOC22-57 del 26 de agosto de
2022, emanada por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial,
misma en la que se precisó, que el Archivo Central es la dependencia que
tiene bajo su cargo proporcionar la información de la gestión dada a las
diligencias de desarchivo en la ciudad de Bogotá.
Finalmente indicó que de esa notificación le corrió traslado al Archivo Central.
4.5. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá7, en una
respuesta preliminar, expuso que solicitó al Archivo Central para que le
remitiera información sobre el objeto de esta tutela, por lo que estaba a la
espera de la gestión que se adelantara.
Precisó que los responsables del cumplimiento de esta acción era el Líder del
Grupo de Trabajo del Archivo Central, el señor John Alexander Ramírez
Bernal, y su superior la Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos,
la señora Indira Elisa Pachón Serna, de quienes informó los correos
electrónicos de notificación.
Con memorial del 4 de agosto de 20258, contestó que esa Seccional, junto con
el apoyo del Grupo de Archivo Central, dio respuesta a la accionante mediante
correo electrónico del 31 de julio de 2025, en el que se manifestó que se
adelantaron todas las acciones posibles para localizar el expediente
concluyendo que «no fue hallado», razón por la cual asegura que en este caso
se configuró carencia actual de objeto.
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Manifestó que la respuesta fue enviada a la actora vía correo electrónico, junto
con la certificación DESAJBOADO25-1574 expedida por el Coordinador del
Grupo de Archivo Central, que daba cuenta del resultado de la búsqueda.
4.6. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura9, rindió informe en el
que indicó que no tiene legitimación en la causa porque las acciones y
omisiones vulneradoras de derechos recaen únicamente en la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
Esto, porque la Oficina de Archivo se encuentra adscrita a dicha Corporación
de conformidad con el artículo 3° del Acuerdo PCSJA17-10784 del 26 de
septiembre de 2017.
Añadió que el Consejo Superior de la Judicatura no es el llamado a cumplir las
órdenes que se expidan con el fin de amparar las garantías constitucionales
del accionante, más aún cuando no aportó pruebas que permitan evidenciar
que efectivamente se radicó una solicitud en tal sentido en los canales de esa
Corporación.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199110, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Delimitación del análisis y planteamiento del problema jurídico
2.1. La Sala precisa que, si bien en el acápite de pretensiones de la demanda de
tutela la actora incluyó la petición orientada a que se le ordene a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá eliminar la anotación 005
(embargo) del certificado de libertad y tradición de su inmueble, dado que el
proceso judicial que se adelantó en su contra finalizó por pago, lo cierto es que
de la narración de los hechos, de la identificación de las autoridades
accionadas11, de la precisión de los derechos fundamentales vulnerados y de
los fundamentos de la tutela, se determinó que esta acción se dirige a obtener
la protección del derecho fundamental de petición, ante la falta de respuesta
por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
Archivo Central, a las múltiples peticiones de desarchivo del expediente
11001-20-31-033-1998-02829-01, para que en consecuencia la actora pudiera
tramitar el levantamiento de la medida cautelar de embargo, a fin de
comercializar su bien.
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Samai, índice 16.
10
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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La accionante identificó en el escrito de tutela como autoridad accionada a: «Demandado: Nombre de la entidad: Consejo
Superior de la Judicatura».
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Fue por esta razón que la acción de tutela se admitió en contra del Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; el
Coordinador del Grupo de Servicios Administrativos y el Líder del Grupo de
Trabajo del Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá.
2.2. De acuerdo con los antecedentes planteados, corresponde a la Sala
determinar si las autoridades accionadas vulneraron el derecho fundamental
de petición de la señora Luz Mila Peña Claros, ante la falta de respuesta
oportuna y de fondo a las múltiples solicitudes de desarchivo del expediente
11001-20-31-033-1998-02829-01, contentivo del proceso ejecutivo hipotecario
que tramitó el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá, las cuales
fueron presentadas el 10 de octubre de 2017, el 12 de mayo de 2023, y
reiteradas el 14 de agosto y el 8 de septiembre de 2023.
De igual manera, corresponderá establecer si en el presente asunto operó la
figura de la carencia actual de objeto, teniendo en cuenta el informe rendido12,
según el cual, en el trámite de la acción de tutela, el Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá adelantó
gestiones tendientes a garantizar los derechos fundamentales de la señora
Luz Mila Peña Claros.
3. Núcleo esencial del derecho fundamental de petición
3.1. De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante
organizaciones privadas, por motivos de interés general o particular y a
obtener una pronta resolución. Se trata de un derecho de aplicación inmediata
según el artículo 85 de la Carta.
De conformidad con el inciso 2º del artículo 13 del CPACA13:
“Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el
reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución
de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar,
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y
reclamos e interponer recursos”.
3.2. La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la
connotación de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales
como la información, la participación política, la libertad de expresión, la
seguridad social, el acceso a documentos públicos, entre otros.
El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia constitucional 14, que ha
dispuesto que son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho, a
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Samai, índice 15.
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Sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
14
Dentro de las providencias recientes se remite a lo dispuesto en la sentencia T-167 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla),
en la que se hace una presentación integral de este derecho y de una de sus especies, el derecho de acceso a los
documentos públicos (consagrado en el Art. 74 CP). Dentro de las providencias iniciales, sin duda, debe tenerse presente
lo dispuesto en la sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), en la que se hace un estudio preciso acerca
de la determinación del núcleo esencial de los derechos fundamentales y, en especial, del núcleo del derecho de petición.
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saber: (i) la pronta resolución; (ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo,
es decir que sea clara, precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y
(iii) que la decisión adoptada se le notifique al peticionario15.
En tanto derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto
de protección por la acción de tutela. De este, sin embargo, no hace parte el
sentido de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo
del derecho de petición, por ello se ha aclarado que la respuesta negativa en
ningún caso significa vulneración del derecho fundamental de petición, ya que
“existe una diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido.”16.
En otras palabras, una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente
la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la
respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario, pues se considera
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea y es congruente si
existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución
verse sobre lo pedido17.
Conviene precisar que la respuesta a la solicitud no exige necesariamente la
decisión favorable o positiva a los intereses de la persona, en razón a que una
cosa es el derecho de petición y otra es el derecho a lo pedido.
Sobre ese asunto la Corte Constitucional en sentencia T-063 de 2000, explicó:
“En primer lugar cabe señalar que existe una diferencia esencial entre el derecho de petición
y el derecho a lo pedido, en cuanto el primero de ellos, consagrado en el artículo 23 de la
Carta, hace referencia a la facultad que tienen las personas de elevar solicitudes respetuosas
ante las autoridades, en la seguridad de obtener de ellas una pronta y oportuna
respuesta que debe hacerse conocer en debida forma al interesado, y que materialmente
responda las inquietudes o asuntos planteados. Este derecho, en los distintos aspectos que
lo componen y que han sido analizados por la doctrina de la Corte, puede ser objeto de amparo
constitucional en sí mismo y con independencia del contenido de las peticiones.
Por su parte, el derecho a lo pedido hace alusión a aquel que se pretende defender, o cuyo
reconocimiento se busca a través del ejercicio del derecho de petición. El objeto de la solicitud,
que no interesa para los fines de la garantía constitucional, en los términos expuestos, tiene
en cambio relevancia frente a la normatividad que regula el ejercicio de esos otros derechos,
canalizados en su ejercicio por la vía de la solicitud elevada ante la autoridad competente.
Esta, respecto del fondo de la petición, no está obligada a absolverla favorablemente
y, en todo caso su decisión, si así lo quiere el solicitante por considerar que sus derechos
son violados con la respuesta negativa, está llamada a debatirse ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, en tanto, como lo ha dicho la jurisprudencia, ya no
está en juego el derecho fundamental de que trata el artículo 23 de la Carta, "sino
otros derechos, para cuya defensa existen las vías judiciales contempladas en el Código
Contencioso Administrativo y, por tanto, respecto de ella -esa hipótesis- no cabe la acción
de tutela salvo la hipótesis del perjuicio irremediable (artículo 86 C.N.)”
Como se ve, la resolución de fondo de una petición no tiene que ser en los
términos favorables al solicitante, sino que se conteste de fondo y de manera
clara lo que se está pidiendo.
3.3. En lo que respecta a la notificación de la respuesta al derecho de petición, la
Corte Constitucional indicó que corresponde a la administración actuar con
diligencia para que la su respuesta sea conocida por el interesado, gestión que
denota lealtad y publicidad de las actuaciones de la administración y permite
15
Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
16
Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
17
Sentencia T-587 de 2006, Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería, providencia del 27 de julio de 2006.
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materializar el derecho al debido proceso del administrado, ya que es
condición necesaria para que el interesado ejerza su derecho de defensa y
contradicción.
Además, la Corte Constitucional hace énfasis en que, “la administración tiene la
carga probatoria de demostrar que notificó al solicitante su decisión, pues el conocimiento de
esta hace parte del intangible de ese derecho que no puede ser afectado” 18.
4. Del trámite impartido por la autoridad accionada
4.1. Como se precisó y delimitó en el problema jurídico la señora Luz Mila Peña
Claros cuestionó que a la fecha de radicación del escrito de tutela el Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, no le hubiera dado respuesta a las múltiples solicitudes de desarchivo
del expediente 11001-20-31-033-1998-02829-01, las cuales presentó el 10 de
octubre de 2017, el 12 de mayo de 2023 (radicado DESCLF23-0097), y reiteró
el 8 y 14 de agosto de 2023.
4.2. Tal como se mencionó, de la narración de los hechos, de la identificación de
las autoridades accionadas, de la precisión de los derechos fundamentales
vulnerados y de los fundamentos de la tutela, se determinó que esta acción se
dirige a obtener respuesta por parte de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, Archivo Central, a las múltiples peticiones
de desarchivo del expediente 11001-20-31-033-1998-02829-01, para poder
retirar y tramitar el levantamiento de la medida cautelar de embargo y así poder
vender su inmueble.
En efecto, de la revisión del informe rendido por la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá se tiene que el 31 de julio de 2025 a las 2:42
p.m. la asistente administrativa del Grupo de Archivo Central, Jessica Paola
Piedrahita Jaimes, remitió un correo a la dirección electrónica:
luzmipece@yahoo.com19, con copia al Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de
Bogotá, al líder del Grupo de Trabajo de Archivo Central el señor John
Alexander Ramírez Bernal y a la señora Diana Carolina Salamanca Munévar,
en el que se indicó que de la revisión del sistema se identificaron dos
solicitudes de desarchivo del expediente 11001-20-31-033-1998-02829-01. Por
lo que, esa dependencia procedió a realizar la búsqueda en las bodegas de
Santo Domingo, Fontibón y Clic 80, sin que se hubiera hallado.
Esto en los siguientes términos:
«En atención a Tutela de la referencia, me permito informar que, revisada la base de datos de
solicitudes radicadas a través del formulario en línea, se evidencia petición(es) No. USU23-
97; USU24-13026 en la cual se solicite el desarchive del proceso 11001203103319980282901
del JUZGADO 33 CIVIL CIRCUITO DE BOGOTÁ, donde figuran las siguientes partes:
Demandante: Fondo Nacional del Ahorro, Demandado: Luz Mila Peña Claros, ubicado en
Caja/Paquete 19-2008.
Por consiguiente, se procedió a la verificación en bodegas: SANTO DOMINGO, FONTIBÓN
Y CLIC 80 y luego de realizadas las labores administrativas de búsqueda, se informó que el
proceso no fue hallado.
Finalmente es importante precisar que Archivo Central, ha realizado todo lo posible por dar
con la ubicación del proceso, sin tener resultados, lo cual no obedece a la negligencia sino a
18
Corte Constitucional. Sentencia T-149 de 2013.
19
Esta dirección electrónica coincide con la aportada por la accionante en el escrito de tutela de la referencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04477-00
Demandante: Luz Mila Peña Claros
la imposibilidad física, esto de conformidad a lo establecido por la Honorable Corte
Constitucional, a través de la sentencia C-367 de 2014» (Sic a toda la cita).
A su vez, la Dirección Seccional manifestó que adjunto a esa comunicación
electrónica se envió la certificación DESAJBOADO25-1574 del 31 de julio de
2025 suscrita por el Coordinador del Grupo de Archivo Central, en donde se
informaba que el resultado de la búsqueda fue «NO HALLADO», para que
eventualmente se procediera con lo dispuesto en los artículos 126 y numeral
10 del artículo 597 del Código General del Proceso. Así:
En este sentido, dado que las peticiones presentadas por la señora Luz Mila
Peña Claros ante el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá ya fue resuelta y notificada, actualmente
carece de objeto emitir un pronunciamiento de fondo respecto del derecho de
petición, en razón a que la solicitud de amparo perdió cualquier motivo que la
justifique.
4.3. La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales ante situaciones
de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades o de los
particulares. Su finalidad, entonces, es evitar que una amenaza a un derecho
fundamental se materialice, o una vez la vulneración ya se ha producido hacer
que cese. Por ende, cuando los hechos que motivaron la acción desaparecen
o cuando no hay forma de resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su
razón de ser. Cualquier pronunciamiento al respecto carecería de fundamento.
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Demandante: Luz Mila Peña Claros
Este fenómeno ha sido denominado por la jurisprudencia constitucional como
carencia actual de objeto dividido en tres escenarios: (i) hecho superado20; (ii)
daño consumado21 y (iii) situación sobreviniente22. Sobre esta clasificación,
desde sus inicios la Corte Constitucional en Sentencia T-494 de 1993, precisó:
«la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para
identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra
el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos
que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el
género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través
de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se
ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una
“situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende
el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo
y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la
vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada
(ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos
derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas consiste en que a partir de la vulneración
iusfundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela imparta
una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de
eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo
de objeto y es en aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación
sobreviniente” que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración
predicada ya no tiene lugar, sea porque el actor mismo asumió una carga que no le
correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis.»
(Subrayas fuera del texto)
Como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019 «ante
la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de
los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así
como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial». De
allí que, una vez desaparece el supuesto de hecho que motivó la presentación
de la solicitud de amparo, sería inocua cualquier determinación del juez
constitucional, ya que «la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que
conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de las
pretensiones».
Como lo pretendido por la señora Luz Mila Peña Claros era obtener una
respuesta a las múltiples solicitudes de desarchivo del expediente 11001-20-
31-033-1998-02829-01, contentivo del proceso ejecutivo hipotecario que tramitó
el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá, se advierte que tal
pretensión fue satisfecha con la certificación DESAJBOADO25-1574 del 31 de
julio de 2025 suscrita por el Coordinador del Grupo de Archivo Central que le
indicó que dicho expediente no fue encontrado. Recuérdese que el sentido de
la respuesta no hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental de
petición23.
20
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 540 de 2007, T-678 de 2011, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-624 de 2016 y
T-021 de 2017.
21
Cfr. Corte Constitucional, Sentencias: SU 225 de 2013, T-011 de 2016 y T-082 de 2006.
22
Cfr. Corte Constitucional, sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-158 de 2017.
23
Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
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Demandante: Luz Mila Peña Claros
4.4. Esta Sección debe precisarle a la señora Luz Mila Peña Claros, que la
búsqueda del expediente 11001-20-31-033-1998-02829-01 finalizó por parte
de la Oficina de Archivo Central, lo que significa que de forma definitiva el
expediente «NO FUE HALLADO».
Ya, para materializar el desembargo del inmueble de su propiedad, le
corresponderá a la interesada dirigirse al Juzgado Treinta y Tres Civil del
Circuito de Bogotá (que fue la autoridad judicial que tuvo a su cargo el proceso
ejecutivo hipotecario 11001-20-31-033-1998-02829-01 y que decretó la medida de
embargo sobre su inmueble), para que, tal como se mencionó en la certificación
DESAJBOADO25-1574 del 31 de julio de 2025 adelante el trámite
correspondiente, conforme a los artículos 126 y numeral 10 del artículo 597
del Código General del Proceso.
Este último artículo señala que se podrá levantar el embargo cuando pasados
5 años a partir de la inscripción de la medida no se halle el expediente en el
que se decretó (como ocurre en este caso al determinarse que el expediente «NO FUE
HALLADO»).
En consecuencia, la señora Luz Mila Peña Claros (a través de su abogado)
deberá presentar una «Petición de levantamiento de medidas cautelares»
adjuntando el certificado DESAJBOADO25-1574 del 31 de julio de 2025 ante
el Juez Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogotá, el cual deberá fijar un aviso
en la secretaría del juzgado y en su micrositio por el término de 20 días, para
que los interesados (en este caso el Fondo Nacional del Ahorro) puedan ejercer sus
derechos de considerarlo necesario. Una vez trascurra ese tiempo le
corresponderá al juez dictar un auto en el que resolverá si levanta la medida
cautelar, en caso de acceder a la solicitud, se realizará la notificación de ese
auto, y luego elaborará el «Oficio de levantamiento de medida de embargo» el
cual enviará a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para su
correspondiente registro en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria del
inmueble24.
Para tal propósito, se le recuerda a la accionante que en caso de requerir
soporte o asistencia jurídica para adelantar dicho trámite, puede acudir a la
Defensoría del Pueblo, o acercarse de forma gratuita a los consultorios
jurídicos de las facultades de derecho.
4.5. Frente a la pretensión que formuló la actora en relación con la mala atención
al público que se presta en el «edificio de los juzgados ubicado en la carrera 10 #
14-33», resalta la Sala que la autoridad accionada no se pronunció, dejando de
lado que la accionante es un sujeto de especial protección constitucional en
razón a su edad (73 años), quien afirmó no haber sido atendida en condiciones
dignas.
24
Adicionalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 1579 de 2012, en concordancia con el
artículo1521 del Código Civil, la actora también tiene la opción de solicitar al Juez Treinta y Tres Civil del Circuito de
Bogotá que autorice al registrador para inscribir título o documento que implique enajenación del bien sujeto a registro,
caso en el cual, la señora Luz Mila Peña Claros deberá presentar a la Oficina de Registro la certificación del juzgado
sobre la inexistencia de embargo de remanentes, o en caso de no contar con la autorización del juez, podrá realizarlo con
el consentimiento del acreedor. Sin embargo, se destaca que esta situación es excepcional pues la Ley no le permite al
registrador realizar esas inscripciones cuando en el folio de matrícula inmobiliaria aparezca registrado un embargo. Lo
que significa que por este medio la actora podría obtener la inscripción de un documento que implique enajenación de su
inmueble, pero la anotación de embargo seguiría registrada, pues tal medida solo podrá ser levantada, por orden de
la autoridad judicial que ordenó su inscripción.
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Demandante: Luz Mila Peña Claros
Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que las personas de la tercera
edad gozan de una protección preferencial, porque esta es una materialización
del principio de igualdad, según el cual «hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo
desigual». En virtud de esta premisa es deber del Estado «no consagrar un
igualitarismo jurídico entre quienes se hallan en diversidad de condiciones fácticas, es decir,
la obligación de crear un sistema jurídico diferente para quienes se encuentran en desigualdad
en los amplios y complejos campos de la vida política, económica, social y cultural» .
En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional ha puntualizado que las
distintas autoridades estatales tienen el deber de prestar especial atención a
los casos que involucren personas de la tercera edad, a fin de determinar si
procede una atención preferente:
«las autoridades y el juez constitucional deben obrar con especial diligencia cuando se trate
de adultos mayores, dadas sus condiciones de debilidad manifiesta, interpretando el alcance
de sus propias funciones con un criterio eminentemente protectivo, de forma que se
materialice la intención del Constituyente y se garantice el goce de los derechos
constitucionales. Corresponde a ellas detener la reproducción de prácticas cotidianas que
producen opresión, haciendo especial control a los comportamientos institucionales que
puedan traer consigo consecuencias colectivas a un grupo especialmente protegido, como los
adultos mayores».
Precisamente, la Corte Constitucional ha explicado que «algunos grupos con
características particulares pueden llegar a sufrir daños o amenazas que, aun cuando para la
generalidad de la sociedad no constituyen perjuicio irremediable sí lo son para ellos, puesto
que por encontrarse en otras condiciones de debilidad o vulnerabilidad pueden tener
repercusiones de mayor trascendencia que justifican un ‘tratamiento diferencial positivo’, y que
amplía a su vez el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía
de tutela»25.
Justamente, dadas las especiales condiciones que afrontan los adultos
mayores, mediante la Ley 2055 de 2020, Colombia aprobó la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores. En este instrumento, además de reconocerse «la necesidad de abordar
los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos»26,
se dispuso que los estados parte adoptarán medidas afirmativas y realizarán
los ajustes razonables que haya lugar para el ejercicio de los derechos de los
adultos mayores, y especialmente «para acelerar o lograr la igualdad de hecho de la
persona mayor»27. Asimismo, se estableció la obligación de adoptar todas las
medidas judiciales y administrativas, para «garantizar a la persona mayor un trato
diferenciado y preferencial en todos los ámbitos»28.
Teniendo en consideración que la demandante es un sujeto de especial
protección constitucional, fruto de su edad, y afirmó no haber sido atendida en
condiciones dignas en las instalaciones del Edificio de los juzgados ubicado
en la carrera 10 # 14-33, se considera procedente oficiar al Consejo Seccional
de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, para que vele por la debida prestación del servicio y la atención digna
y respetuosa de los usuarios en las mencionadas instalaciones, en especial
de las personas de la tercera edad, y de ser necesario, adopte las medidas
que correspondan en pro de garantizar el cumplimiento de los deberes de las
25
Corte Constitucional. Sentencia T-261 de 2018.
26
Ley 2055 de 2020. Preámbulo.
27
Ley 2055 de 2020. Artículo 4.
28
Ley 2055 de 2020. Preámbulo.
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Demandante: Luz Mila Peña Claros
autoridades en la atención al público previstos en el artículo 7 de la Ley 1437
de 201129.
5. Otras decisiones
Esta Sala de decisión ha conocido de múltiples acciones de tutela con idénticos
supuestos fácticos a la de la referencia, todas ellas promovidas contra el Archivo
Central de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, como se
relaciona en cuadro a continuación:
Tipo de
Radicado Magistrado
Demandante Fecha de fallo proceso para Decisión
Ponente
desarchivo
11001-03-15-000- Julio Roberto
Nélida Minerva 22 de octubre de Proceso
2020-04110-00 Piza Rodríguez Amparó
Carrillo Turriago 2020 ejecutivo
(E)
Carencia actual
11001-03-15-000- de objeto, por
Claudia Rocío Stella Jeanette 9 de diciembre Proceso
2020-04593-00 haberse
Ortiz Sánchez Carvajal Basto de 2020 ejecutivo
encontrado el
expediente
Carencia actual
11001-03-15-000- de objeto, por
José Rafael Stella Jeanette 24 de junio de
2021-01589-00 Sin registro haberse
Cruz Prieto Carvajal Basto 2021
encontrado el
expediente
Proceso de
11001-03-15-000- Modificó
María Teresa Stella Jeanette 24 de febrero de nulidad y
2021-05948-01 parcialmente la
Cristancho Ayala Carvajal Basto 2022 divorcio de
orden de amparo
matrimonio civil
11001-03-15-000- Yaneth
Stella Jeanette 19 de mayo de Proceso
2022-01961-00 Merlanda Basto Amparó
Carvajal Basto 2022 ejecutivo
Álvarez
11001-03-15-000- Myriam Stella
Ricardo Becerra 11 de mayo de Proceso unión
2023-00971-00 Gutiérrez Amparó
Hernández 2023 marital de hecho
Argüello
11001-03-15-000- Myriam Stella
Yeison Padilla 13 de julio de Proceso
2023-02485-00 Gutiérrez Amparó
Puello 2023 ejecutivo
Argüello
11001-03-15-000- Manuel Vicente
Wilson Ramos 31 de agosto de Proceso
2023-03307-00 Quitiaquez Amparó
Girón 2023 ejecutivo
Quenguan
11001-03-15-000- Alicia Forero Wilson Ramos 7 de diciembre Proceso
2023-06728-00 Amparó
Zambrano Girón de 2023 ejecutivo
Negó y se instó
11001-03-15-000- para que
Guillermo García Stella Jeanette 8 de febrero de Proceso
2023-06828-00 culminara la
Rodgers Carvajal Basto 2024 ejecutivo
búsqueda del
expediente.
11001-03-15-000- Myriam Stella
Miguel Enrique 22 de febrero de Proceso
2023-07201-00 Gutiérrez Amparó
Cubillos Monroy 2024 ejecutivo
Argüello
11001-03-15-000- Myriam Stella
Samir Andrés 29 de febrero de Proceso Confirmó el
2023-05387-01 Gutiérrez
González Largo 2024 ejecutivo amparo
Argüello
11001-03-15-000- Myriam Stella
César Augusto 2 de mayo de Proceso
2024-00578-00 Gutiérrez Amparó
Mendoza Acero 2024 ejecutivo
Argüello
29
Recuérdese que en virtud del artículo 2º de la Ley 1437 de 2011, “Las normas de esta Primera Parte del Código se
aplican a todos los organismos y entidades que conforman las Ramas del Poder Público en sus distintos órdenes, sectores
y niveles, a los órganos autónomos e independientes del estado y a los particulares, cuando cumplan funciones
administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades.” […]
13
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04477-00
Demandante: Luz Mila Peña Claros
Tipo de
Radicado Magistrado
Demandante Fecha de fallo proceso para Decisión
Ponente
desarchivo
Negó y se instó
11001-03-15-000- para que
Patricia Pérez Stella Jeanette 2 de mayo de Proceso
2024-01212-00 culminara la
Peña Carvajal Basto 2024 ejecutivo
búsqueda del
expediente.
11001-03-15-000- Proceso de
Aminta Barajas Milton Chaves 30 de mayo de
2024-02119-00 nulidad de Amparó
Jaimes García 2024
matrimonio civil
11001-03-15-000- Myriam Stella
Julián David 25 de julio de Proceso
2024-02914-00 Gutiérrez Amparó
Peña Martínez 2024 ejecutivo
Argüello
Proceso de
11001-03-15-000- Carmen Lucía
Stella Jeannette 25 de julio de divorcio y
2024-03085-00 Rodríguez Amparó
Carvajal Basto 2024 separación de
Rodríguez
bienes
11001-03-15-000- Myriam Stella
Germán Yesid 4 de septiembre Proceso
2024-03887-00 Gutiérrez Amparó
Ángel León de 2024 ejecutivo
Argüello
11001-03-15-000- Myriam Stella 26 de
María Victoria Proceso
2024-04537-00 Gutiérrez septiembre de Amparó
Rivera Guerra ejecutivo
Argüello 2024
11001-03-15-000- Margarita Wilson Ramos 28 de noviembre
2024-05704-00 Proceso penal Amparó
Gómez de Parra Girón de 2024
11001-03-15-000- Adolfo Rivera Wilson Ramos 28 de noviembre Ordinario laboral
2024-05810-00 Amparó
Celis Girón de 2024 y ejecutivo
11001-03-15-000- Myriam Stella
Manuel José 5 de diciembre Proceso
2024-03539-01 Gutiérrez Amparó
Rey Baquero de 2024 divisorio
Argüello
Carencia actual
11001-03-15-000- de objeto, por
Juan Félix Pérez Wilson Ramos 12 de diciembre Proceso
2024-06226-00 haberse
Murcia Girón (E) de 2024 ejecutivo
encontrado el
expediente
11001-03-15-000- María Nelly Wilson Ramos 29 de mayo de Proceso
2025-02342-00 Amparó
López Sánchez Girón (E) 2025 ejecutivo
11001-03-15-000- José Luis Calvo Wilson Ramos 5 de junio de Proceso
2025-01567-00 Amparó
Pinzón Girón (E) 2025 ejecutivo
11001-03-15-000- Juan Diego
Wilson Ramos 10 de julio de Proceso de
2025-03771-00 Hernández Amparó
Girón (E) 2025 divorcio
Fonseca
Carencia actual
11001-03-15-000- Diana Carolina Wilson Ramos 31 de julio de de objeto por
2025-03894-00 Civil
Rozo Reatiga Girón 2025 certificación de
no hallado
En consecuencia, se estima pertinente ordenar lo siguiente:
5.1. En los términos del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, prevenir al Archivo
Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, en cabeza del Líder del Grupo de Trabajo del Archivo Central (señor
John Alexander Ramírez Bernal) y de la Coordinadora del Grupo de Servicios
Administrativos (señora Indira Elisa Pachón Serna) para que, en lo sucesivo, se
abstengan de incurrir en las omisiones que dieron lugar a la interposición de la
presente acción de tutela, y para que le impartan un trámite célere a las
solicitudes de desarchivo de expedientes, a fin de garantizar no solo el derecho
de petición sino otros derechos que pueden resultar comprometidos.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04477-00
Demandante: Luz Mila Peña Claros
5.2. De conformidad con los artículos 256 y 257 de la Constitución Política y 85 de
la Ley Estatutaria 270 de 1996, remitir copia de esta decisión a la presidencia
del Consejo Superior de la Judicatura, para su conocimiento y fines pertinentes.
5.3. Remitir copia de esta providencia a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá para que, de considerarlo procedente, adelante las
investigaciones disciplinarias a que haya lugar.
6. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala:
(i) Declarará la carencia actual de objeto frente al derecho de petición invocado por la
accionante.
(ii) Oficiará al Consejo Seccional de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, para que vele por la debida prestación del servicio
y la atención digna y respetuosa de los usuarios en las mencionadas instalaciones,
en especial de las personas de la tercera edad, y de ser necesario, adopte las
medidas que correspondan en pro de garantizar el cumplimiento de los deberes de
las autoridades en la atención al público previstos en el artículo 7 de la Ley 1437 de
2011;
(iii) Prevendrá al Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, en cabeza del Líder del Grupo de Trabajo del Archivo Central
(señor John Alexander Ramírez Bernal) y de la Coordinadora del Grupo de
Servicios Administrativos (señora Indira Elisa Pachón Serna) para que, en lo
sucesivo, se abstengan de incurrir en las omisiones que dieron lugar a la interposición
de la presente acción de tutela, y para que le impartan un trámite célere a las solicitudes
de desarchivo de expedientes, a fin de garantizar no solo el derecho de petición sino
otros derechos que pueden resultar comprometidos.
(iv) Remitirá copia de esta decisión a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
para su conocimiento y fines que estime pertinentes.
(v) Remitirá copia de esta providencia a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá para lo de su competencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la carencia actual de objeto frente a la pretensión orientada al
amparo del derecho fundamental de petición de la señora Luz Mila Peña
Claros, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Oficiar al Consejo Seccional de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá para que adopte las medidas que
correspondan en pro de garantizar la debida prestación del servicio y la
atención digna y respetuosa a los usuarios en las instalaciones del Edificio
Hernando Morales Molina de Bogotá, en especial de las personas de la tercera
edad.
15
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04477-00
Demandante: Luz Mila Peña Claros
3. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991,
Prevenir al Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, en cabeza del Líder del Grupo de Trabajo
del Archivo Central (señor John Alexander Ramírez Bernal) y de la Coordinadora
del Grupo de Servicios Administrativos (señora Indira Elisa Pachón Serna), para
los fines y en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia.
4. Por intermedio de la Secretaría General de la Corporación, remitir copia de
esta decisión a la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, para
su conocimiento y fines que estime pertinentes.
5. Por intermedio de la Secretaría General de la Corporación, remitir copia de
esta decisión a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, para lo
de su competencia.
6. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
7. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
8. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
16
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