Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04501-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04501-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04501-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04501-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
17 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04501-01
Accionante: JHON JAIRO PÁEZ PATIÑO Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial// improcedencia por falta de
relevancia constitucional // la acción de tutela se utiliza como una tercera instancia
para reabrir debates ya concluidos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. A través de apoderado judicial, Jhon Jairo Páez Patiño, Claudia Patricia Patiño
Santiago y Jorge Suarez Leiva ejercieron acción de tutela contra la sentencia de 27
de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que
confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo
Administrativo de Bucaramanga el 12 de agosto de 2024. Ello ocurrió dentro del
proceso de reparación directa identificado con 68001-33-33-007-2017-00394-01.
Con el fin de ofrecer mayor claridad de los antecedentes, se expondrán
cronológicamente, primero, los del proceso ordinario, y segundo, los del proceso de
tutela.
Antecedentes del proceso de reparación directa 68001-33-33-007-2017-00394-
01
2. El 29 de agosto de 2014, Jhon Jairo Páez Patiño fue capturado en flagrancia por
la Policía Nacional. En compañía de otras personas fue señalado de tener en su
poder una cantidad relevante de marihuana. El 30 de agosto de 2014, el Juzgado
Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías de Pelaya,
departamento del Cesar, le impuso medida de aseguramiento privativa de la
libertad, como coautor del delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.
El 3 de junio de 2016, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bucaramanga
anunció sentido de fallo absolutorio1, motivo por el cual, Páez Patiño recuperó su
libertad el 8 de junio de 2016.
3. Con base en los anteriores hechos, los tutelantes y otras personas promovieron
demanda de reparación directa contra la Nación-Rama Judicial y la Fiscalía General
1 La sentencia escrita se profirió el 1 de julio de 2016. Ver página 4 del fallo de segunda instancia del
expediente 680013333007-2017-00394-01, proferido el 27 de febrero de 2025, Tribunal
Administrativo de Santander.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04501-01
Accionante: Jhon Jairo Páez Patiño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
de la Nación y solicitaron la declaratoria de responsabilidad extracontractual del
Estado, pues se había producido una privación injusta de la libertad.
4. En fallo de primera instancia, del 12 de agosto de 2024, el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral de Bucaramanga negó las pretensiones, ya que la decisión de
la privación de la libertad de Jhon Jairo Páez Patiño fue proporcionada, legal y
razonable conforme las circunstancias en las que se dio la aprehensión de
flagrancia. Apelada esa determinación, en providencia de 27 de febrero de 2025, en
sede de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la
sentencia de primera instancia. Argumentó que la privación de la libertad del
demandante fue un daño, pero no fue antijurídico, pues fue resultado del ejercicio
legítimo y legal de la actividad punitiva del Estado. Tuvo importancia para el tribunal
que la decisión de imposición de medida de aseguramiento no fue recurrida por
Páez Patiño.
Escrito de tutela
5. El apoderado de la parte actora sostiene que las providencias cuestionadas
incurren una violación al derecho a la presunción de inocencia, pues la absolución
de Jhon Jairo Páez Patiño se debió a la ausencia total de pruebas. Estima que los
hechos debían analizarse a la luz de título de imputación de daño especial, ya que,
ejerciendo su competencia, el Estado privó la libertad a un ciudadano que no
participó en la conducta penal investigada, pero que soportó la medida restrictiva de
manera injustificada, generándose así un desequilibrio en las cargas públicas.
Además, la decisión vulneró los derechos a la reparación y el derecho al acceso
efectivo a la administración.
6. Afirmó que la providencia incurrió en varios defectos, entre ellos dos defectos
sustantivos, toda vez que, si bien en su parte considerativa menciona la posibilidad
de analizar el daño especial como título de imputación al momento de examinar la
responsabilidad de las entidades demandadas omite por completo desarrollar dicho
análisis, o al menos justificar por qué no sería procedente aplicarlo en el caso
concreto. Un segundo defecto sustantivo, pues reprochó al tribunal que haya
indicado que el daño fue responsabilidad del demandante al no haber apelado la
decisión de imposición de medida de aseguramiento.
7. Adicionalmente, la providencia incurrió en el defecto de ausencia de motivación,
pues no desarrolla los argumentos por los cuales no resulta aplicable el título de
imputación de daño especial.
8. Por lo anterior solicitó amparar sus derechos fundamentales, dejar sin efecto la
providencia cuestionada y ordenar proferir un fallo de reemplazo.
Trámite de la tutela
9. Admitida la demanda de tutela, el juez de primera instancia vinculó a Tribunal
Administrativo de Santander como accionado y a la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía General de la Nación y al
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04501-01
Accionante: Jhon Jairo Páez Patiño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bucaramanga como terceros
interesados en el resultado del proceso.
10. El Tribunal Administrativo de Santander, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Dirección Seccional de administración judicial de
Bucaramanga solicitaron que se declare improcedente el amparo, pues en su
criterio los tutelantes plantean una diferencia interpretativa con el fallo de segunda
instancia, el cual, en todo caso, realizó una valoración probatoria y jurídica
razonable. Estiman que se utiliza la acción de tutela para reabrir debates procesales
finalizados en dos instancias.
11. El juzgado séptimo administrativo de Bucaramanga remitió el enlace del
expediente digital, pero no realizó intervención.
Sentencia de primera instancia
12. En sentencia de 21 de agosto de 2025, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó el amparo solicitado pues, en su criterio, no se
configuró la causal específica de procedencia de tutela contra providencia de
“decisión sin motivación”. Se examinó la decisión cuestionada y se encontró que el
Tribunal accionado tuvo en cuenta el título de imputación de daño especial, y explicó
las razones por las cuales su aplicación es excepcional, y los motivos concretos por
los cuales, la situación de los actores no se encuentra dentro de las excepciones.
13. Respecto a los defectos sustantivos alegados, el juez de primera instancia indicó
que no se pronunciaría sobre ellos, pues a su juicio, la parte actora solo los enunció,
pero no explicó con precisión las razones por las cuales se incurrió en los
mencionados yerros.
Impugnación2.
14. Dentro del término de ejecutoria, la parte actora impugnó la providencia. Señaló
que, si bien es cierto que el tribunal Administrativo de Santander mencionó el
régimen de imputación de responsabilidad de daño especial, lo hizo a partir de
precedente del Consejo de Estado del año 2021, cuando debió haber consultado
precedente del año 2025. Estimó que el fallo se apartó del precedente del Tribunal
de cierre de lo contencioso administrativo. Afirmó que resultaba aplicable el
precedente de 8 de abril de 2024, proferido por la subsección B de la Sección
Tercera y un fallo de 22 de agosto de 2023, en los que, la misma subsección indicó
las condiciones de aplicación del régimen objetivo de daño especial, puntualmente
que la absolución se produjo por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia.
15. Insistió que el escrito de amparo no constituye un simple desacuerdo con la
providencia adoptada, sino la exigencia de un pronunciamiento en derecho
debidamente motivado y sustentado. Reiteró que la decisión cuestionada incurrió
en un defecto sustantivo pues afirmó que para acceder a la reparación había que
apelar la decisión de imposición de medida de aseguramiento, lio que desconoció
2 Índice samai 18.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04501-01
Accionante: Jhon Jairo Páez Patiño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
lo prescrito en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 que indica que no es exigible
ejercer recursos judiciales para acceder al reconocimiento de perjuicios por
privación de la libertad.
CONSIDERACIONES
Competencia
16. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en
segunda instancia, conforme el artículo 32 del decreto ley 2591 de 1991 y el artículo
13 del Acuerdo 080 de 2019, reglamento del Consejo de Estado.
Problema jurídico
17. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, teniendo en cuenta que
se trata de un ataque a una sentencia proferida en sede de segunda instancia por
un Tribunal Administrativo y que puso fin a un proceso de reparación directa por una
supuesta privación injusta de la libertad. En caso de resolver positivamente el
anterior interrogante, se formulará el problema jurídico de fondo.
18. Con el fin de resolver el primer problema jurídico, de manera sucinta, la sección
reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela contra
providencias, y posteriormente resolverá el caso concreto.
Procedibilidad de tutela contra providencia. Reiteración de precedente3.
19. El medio constitucional de amparo es un instrumento eficaz de protección de
derechos fundamentales, cuando quiera que ellos se vean en riesgo o sean
afectados por hechos u omisiones de una autoridad pública -incluidas las
autoridades judiciales- e inclusive de particulares. Con todo, la procedibilidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, precisa un mayor rigor, dadas las
presunciones de acierto y validez que les acompañan, y por ello tiene un carácter
excepcional. Todo ello en guarda de los principios de seguridad jurídica y autonomía
judicial, en tanto que la acción de tutela no puede constituirse en un mecanismo
adicional, alterno, o paralelo para discutir las providencias judiciales emitidas por el
juez natural en cada asunto.
Causales genéricas de procedencia. Reiteración de precedente4.
20. La excepcionalidad de la tutela contra providencia se ha enmarcado a partir de
requisitos de procedencia o causales de procedibilidad que han venido reiterándose
por la Corte Constitucional. En primer lugar, las denominadas causales genéricas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales posibilitan el
estudio de fondo del asunto y que se han resumido así5:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
4 Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
5 Corte Constitucional Sentencia C-590 de 2005.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04501-01
Accionante: Jhon Jairo Páez Patiño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De
allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”. La
Corte Constitucional extendió la imposibilidad de cuestionar en tutela las
decisiones proferidas con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional6 o el Consejo de
Estado7, ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección
de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la
Paz -JEP-8.
21. La acción de tutela dirigida contra una providencia debe satisfacer las seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica. A continuación, se
examina si la providencia atacada satisface los requisitos de procedibilidad general.
Si los satisface, se proseguirá con la formulación de un problema jurídico de fondo.
22. En relación con el requisito de relevancia constitucional, en las SU-033 de
20189, SU-128 de 202110 y la SU-215 de 202211 la Corte Constitucional ha indicado
que la acción de tutela es improcedente cuando es utilizada para cuestionar
providencias judiciales con base en argumentos de índole legal que ya fueron
estudiados y resueltos dentro del proceso judicial ordinario y es utilizada como una
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-304 de 2024.
7 Ibid.
8 Corte Constitucional, Sentencia C-111 de 2023.
9 M.P. Alberto Rojas Ríos.
10 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
11 M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04501-01
Accionante: Jhon Jairo Páez Patiño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
tercera instancia para reabrir debates probatorios ya precluidos12. También se ha
indicado que, carece de relevancia constitucional, la acción de tutela que “se limita
a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la
correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se
desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales”13. Se ha indicado
que, la acción de tutela es improcedente cuando los argumentos que la sostienen
se limitan a expresar razones o interpretaciones diferentes a las contenidas en el
fallo cuestionado y que evidencian un disgusto o inconformidad del actor.
23. Las providencias de unificación citadas, han indicado que el juez de tutela debe
declarar improcedente la acción cuando: (i) no tienen el alcance para desarrollar la
constitución política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
24. En el caso concreto, la subsección concluye que la acción de tutela promovida
carece de relevancia constitucional por varios motivos. En primer lugar, respecto al
reproche de los tutelantes conforme al cual, la sentencia cuestionada
supuestamente no ofreció las razones para descartar aplicar un régimen de
responsabilidad objetivo, en oposición al régimen de la falla en el servicio, la
jurisprudencia constitucional14 ha indicado que, la Constitución no prescribe un
específico tipo de régimen de imputación, por lo que, invocar como causal específica
de procedencia de tutela contra providencia, la inaplicación de un determinado título
de imputación es un asunto infraconstitucional y por tanto plantea una cuestión de
índole puramente legal, en atención a que no permite desarrollar directamente
mandatos superiores. El reparo central del escrito de tutela se funda en la supuesta
falta de razones para aplicar el régimen de imputación de daño especial, el cual,
como argumento, por sí solo no tiene el alcance de proponer una cuestión
constitucional.
25. En segundo lugar, en criterio de esta Subsección, la herramienta constitucional
de protección de derechos fundamentales busca reabrir un debate procesal agotado
en dos instancias dentro del proceso de reparación directa. Esto pues, la aplicación
del título de imputación de daño especial fue fundamento mismo de la demanda de
reparación directa15 y del recurso de apelación dentro del proceso ordinario 16. A su
vez, en dos instancias, las autoridades judiciales descartaron los argumentos de la
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-018 de 2024, fundamento jurídico 43: “(…) en relación con el
título de imputación cabe precisar que la Constitución no se decanta por un título específico. Sin
embargo, el Consejo de Estado, como tribunal especializado y órgano de cierre de la jurisdicción
contencioso administrativa, ha desarrollado algunos títulos de imputación para atribuir la
responsabilidad del Estado. Como se mencionó previamente, estos títulos de imputación no están
consagrados ni en la Constitución ni en la ley por lo que son de desarrollo jurisprudencial y el juez
tiene el deber de emplear aquellos que son aplicables, aunque las partes no los aleguen. Los títulos
de imputación tienen un desarrollo amplio que muchas veces depende de las condiciones concretas
en que se dan los hechos del caso”.
15 Índice Samai 51 del expediente ordinario, allegado al expediente de tutela en índice samia 9. Folio
30 de la demanda de reparación directa.
16 Índice Samai 55 dentro del radicado del expediente ordinario, remitido por el juzgado Séptimo
Administrativo de Bucaramanga. Índice samai 9 del expediente de tutela.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04501-01
Accionante: Jhon Jairo Páez Patiño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
parte actora. En esa medida se acude a la acción de tutela como tercera instancia
con el fin de reabrir una discusión que fue resuelta en las dos instancias del proceso
ordinario.
26. En tercer lugar, respecto a los dos supuestos defectos sustantivos, los mismos
también carecen de relevancia constitucional. En el primero de ellos, la parte actora
sostiene que, el tribunal desconoció la jurisprudencia sobre el título de imputación
por daño especial. Respecto a esta censura corresponde reiterar las razones ya
esbozadas, esto constituye una discusión de carácter legal, pues la constitución de
1991 no prevé en su texto dicho título de imputación y se trata de un argumento que
fue discutido en las dos instancias del proceso de reparación directa. Motivo por el
cual, la subsección reitera que se trata de una petición de amparo presentada como
una tercera instancia.
27. El segundo defecto sustantivo se fundamenta en que el Tribunal hizo una
afirmación conforme la cual, Jhon Jairo Páez Patiño no presentó recurso de
apelación contra la decisión de imposición de medida de aseguramiento. En criterio
del tutelante esa aseveración implica un defecto sustantivo pues, el artículo 68 de
la Ley estatutaria de la Administración de justicia no prevé este requisito para
acceder a indemnizaciones en caso de privación injusta de la libertad. Respecto a
este cargo, y como consecuencia de las anteriores consideraciones, de igual forma,
el mismo adolece de relevancia constitucional, toda vez que se trata de una simple
aseveración sobre un supuesto contenido legal (art. 68 de la ley 270 de 1996), que
en todo caso, no afecta el sentido y razonamiento del fallo cuestionado, pues, la
providencia cuestionada aplicó adecuadamente el marco normativo de la
responsabilidad del Estado por la actividad judicial, puntualmente, los casos de
privación injusta de la libertad. Ello resulta visible en los folios 12 a 16 de la
providencia de 27 de febrero de 202517.
28. En efecto, la providencia acudió a las normas constitucional y estatutarias que
regulan la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por eventos
de privación injusta de la libertad, los requisitos y el precedente en vigor del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional, motivo por el cual, el ataque de la parte
tutelante no presenta una razón constitucional para sostener que la decisión incurrió
en un yerro.
29. Además, basta examinar la providencia para verificar que, el pasaje en que el
tribunal aseveró que el demandante no ejerció recursos contra la decisión de
imponerle medida de aseguramiento, es un obiter dictum del fallo, el cual, en todo
caso de manera suficiente explicó que la razón para confirmar la sentencia de
primera instancia se funda en que la decisión de privación de la libertad fue
razonable, legal y proporcional.
30. Por lo anterior, la Subsección modificará la sentencia de primera instancia, para
en lugar de negar el amparo, declararlo improcedente por no satisfacer el requisito
de relevancia constitucional.
17 Índice Samai 2. Escrito de amparo, folio 36 y subsiguientes.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04501-01
Accionante: Jhon Jairo Páez Patiño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 21 de agosto de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en cuanto NEGÓ el
amparo, y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE por no satisfacer el requisito
de relevancia constitucional.
SEGUNDO: ORDENAR por secretaría informar a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.