Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04504-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04504-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04504-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04504-00
Demandante: Germán Morales Oliveros, como alcalde del municipio de Teruel
(Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Control del
constitucionalidad y legalidad de acuerdos municipales. Acuerdo
por medio del cual se autorizó un cupo de endeudamiento y se
autoriza al alcalde para celebrar operaciones de crédito y
celebrar contratos de empréstitos.
Decisión: Niega el amparo.
La Sala decide la acción de tutela formulada por Germán Morales Oliveros, como
alcalde del municipio de Teruel (Huila), contra del Tribunal Administrativo del Huila.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 21 de julio de 2025, Germán Morales Oliveros, como alcalde del
municipio de Teruel y por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de
tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, salud y vida en condiciones dignas de los habitantes del municipio
mencionado.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó revocar la sentencia de única
instancia proferida el 8 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo del Huila,
mediante la cual declaró la invalidez del Acuerdo No. 07 de 2024 emitido por el
Concejo Municipal de Teruel, «por medio se autoriza un cupo de endeudamiento y
se autoriza al alcalde municipal de Teruel - Huila para gestionar, negociar y realizar
operaciones de crédito público, celebrar contratos de empréstito y se dictan otras
disposiciones»; y, en su lugar, ordenarle a la autoridad judicial precitada emitir una
nueva decisión, en la que se tengan en cuenta las consideraciones del juez
constitucional.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, afirmó que
presentó ante el Concejo Municipal de Teruel un proyecto de acuerdo para que le
autorizaran un cupo de endeudamiento con el fin de gestionar, negociar y realizar
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Demandante: Germán Morales Oliveros, como alcalde del municipio de Teruel (Huila)
operaciones de crédito público y celebrar contratos de empréstito interno, con el
propósito de financiar obras prioritarias para la población, en especial las de
adecuación urgente de la infraestructura física de la ESE Hospital San Roque de
ese municipio, la cual se encuentra en una lamentable situación.
4. Luego de llevar a cabo el procedimiento correspondiente, la mencionada
corporación profirió el Acuerdo No. 07 del 31 de octubre del 2024, «por medio se
autoriza un cupo de endeudamiento y se autoriza al alcalde municipal de Teruel -
Huila para gestionar, negociar y realizar operaciones de crédito público, celebrar
contratos de empréstito y se dictan otras disposiciones».
5. En el referido acto, se autorizó al mandatario local, hasta el 31 de diciembre
de 2024, para celebrar un contrato de empréstito interno hasta por $3.080.364.064,
con un plazo máximo de 8 años. Por lo anterior, el alcalde celebró dicho contrato
con Bancolombia, el 26 de diciembre de 2024.
6. El departamento del Huila formuló solicitud de control constitucional y de
legalidad 1 contra el Acuerdo No. 07 del 31 de octubre del 2024 del Concejo
Municipal de Teruel. Para el efecto, afirmó que la corporación mencionada autorizó
al acalde para celebrar un contrato de empréstito sin contar con el concepto previo
del Departamento Nacional de Planeación (DNP), conforme lo dispuesto en el inciso
4 del artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 1575 de
2022
7. El 8 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila acogió la aludida
observación y, en consecuencia, dejó sin validez el Acuerdo No. 07 del 31 de
octubre del 2024. Como fundamento de la decisión, explicó que el referido acuerdo
estaba viciado, porque el Concejo Municipal de Teruel lo profirió sin contar con
concepto previo del DNP, el cual debía allegarse en la fase de debate y aprobación
del proyecto de acuerdo, pues constituye un requisito previo indispensable y/
necesario para autorizar operaciones de crédito público destinadas a financiar
gastos de inversión.
8. Adicionalmente, indicó que contrario a lo manifestado por la parte
demandada, consistente en que la norma reglamentaria mencionada aplica para la
fase posterior de celebración contractual (operación de crédito) y no para el trámite
de autorización, el concepto del DNP constituye un requisito previo para la validez
misma del acto de autorización y, por lo tanto, su omisión afecta sustancialmente la
legalidad del acto administrativo.
9. Igualmente, desestimó el argumento de que el artículo 276 del Decreto Ley
1333 de 1986 excluye la necesidad de autorizaciones o avales por parte del
Gobierno Nacional para contratos de crédito interno de las entidades territoriales, al
considerar que no existe contradicción normativa, ya que la disposición del Decreto
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Con radicado 41001-23-33-000-2024-00360-00.
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1068 de 2015 no exige una autorización, sino un concepto técnico del DNP, lo cual
es una exigencia distinta y adicional.
10. Finalmente, frente a la interpretación sistemática propuesta por el municipio,
el Tribunal resolvió que el Decreto 1775 de 2022 que modificó el artículo 2.2.1.6 del
Decreto 1068 de 2015 es posterior a todas las normas de rango superior citadas por
la defensa y estaba vigente, por lo que debía presumirse legal y obligatorio.
11. El 29 de abril de 2025, la parte demandada solicitó aclaración y adición de
la sentencia mencionada, debido a que la autoridad accionada no expuso las
razones por las cuales se apartó de su precedente de 2019. Sin embargo, el 10 de
junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Huila denegó la anterior solicitud.
12. Como fundamentos de derecho, el accionante afirmó que el Tribunal
Administrativo del Huila, al expedir la sentencia del 8 de abril de 2025, incurrió en
defecto sustantivo, al emplear erradamente el inciso 4 del artículo 2.2.1.6 del
Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 1575 de 20222, a pesar de que
los contratos de crédito interno que celebran los municipios con entidades
sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera no requieren para su
validez la autorización previa o la aprobación posterior de ninguna autoridad
nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Decreto Ley 1333
de 1986.
13. En el mismo sentido, indicó que el numeral 3 de artículo 279 ibídem dispone
que las operaciones de crédito interno de los municipios deben contar únicamente
con el concepto técnico de la respectiva oficina local de planeación, mas no con
concepto del DNP.
14. Consideró que la disposición reglamentaria mencionada no resultaba
aplicable a dicho acto por referirse exclusivamente a las operaciones de crédito en
sentido estricto, es decir, la celebración del contrato, que es un acto bilateral
posterior al acto de autorización que confiere el concejo municipal.
15. Para el efecto, explicó que uno corresponde al acto previo de autorización
que el concejo municipal otorga al alcalde para celebrar el contrato de empréstito,
de naturaleza político-administrativa y cuyo marco normativo son los artículos 313
(numerales 1 y 3) de la Constitución Política y 32 (numeral 3 y parágrafo 4) de la
Ley 136 de 1994, así como el correspondiente acuerdo que expida el concejo para
regular dichas autorizaciones; y, el otro es la operación de crédito público como tal,
es decir, la celebración del contrato por parte del alcalde una vez es autorizado.
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Artículo 2.2.1.6. Emisión de Conceptos. «[…] ara las operaciones de crédito público y asimiladas internas de la Nación y
de las entidades descentralizadas del orden Nacional, las entidades territoriales y sus descentralizadas, incluidos los
patrimonios autónomos que éstas constituyan, que comprendan el financiamiento de gastos de inversión se requerirá
concepto del Departamento Nacional de Planeación - DNP. Los conceptos del Departamento Nacional de Planeación - DNP
se expedirán sobre la justificación técnica del proyecto y la alineación con el respectivo Plan de Desarrollo y las políticas
sectoriales aplicables. Así mismo, deberán verificar que el endeudamiento de las Entidades Estatales se encuentra en el nivel
adecuado teniendo en cuenta su situación financiera y su proyección financiera. Los conceptos emitidos por el Departamento
Nacional de Planeación - DNP deberán establecer como mínimo la vigencia de estos y, en caso de ser procedente, el monto
máximo a que se refiere dicho concepto […]».
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16. De otra parte, manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico, puesto que no valoró el Oficio No. 20244381478341 del 27 de diciembre de
2024, emitido por el DNP y dirigido al municipio de Neiva, «en el cual esa autoridad
explicó que no se requiere de su concepto para las operaciones de crédito interno
de las entidades territoriales», a pesar de su importancia.
17. Sostuvo el Tribunal Administrativo del Huila desconoció el precedente fijado
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-738 de 2001 y por aquella autoridad
judicial en la Sentencia del 27 de agosto de 2019, en el proceso con radicado No.
41001-23-33-000-2019-00179-00, en la que se dispuso que «los acuerdos de
autorización impartidos por los concejos municipales son actos político-
administrativos previos, sujetos a un régimen normativo propio y distinto al que rige
los contratos que eventualmente se celebren con base en dicha autorización».
18. Por último, aseguró que la providencia cuestionada adolece de defecto
orgánico, comoquiera que la demanda de observación fue presentada por la jefe de
la Oficina Jurídica del Departamento del Huila, quien alegó actuar con base en la
Resolución No. 009 de 2008 emitida por el gobernador3, por medio de la cual se
delegaron al director del Departamento Administrativo Jurídico funciones
relacionadas con la actividad de defensa judicial. Sin embargo, dicha delegación no
resulta suficiente para suplir la exigencia constitucional del numeral 10 del artículo
305 de que es al gobernador quien formule la observación o el funcionario a quien
este delegue dicha facultad de forma expresa y específica.
Intervenciones4
19. El Tribunal Administrativo del Huila afirmó que la acción de tutela carece
de relevancia constitucional, toda vez que el accionante se limitó a reiterar los
mismos argumentos expuestos en la contestación de la observación, haciendo
énfasis en el principio de autonomía territorial, los cuales ya fueron analizados en la
decisión cuestionada.
20. Aclaró que el demandante participó en el proceso ordinario a través de
apoderado, sin controvertir la legitimidad en la causa por activa del Departamento
del Huila, por lo que la acción de tutela no es la instancia adecuada para resolver
asuntos que podrían haberse dirimido en dicho proceso.
21. Señaló que no se vulneró el derecho a la igualdad del municipio de Teruel,
pues el hecho de que otros municipios del Huila, como La Argentina y Yaguará,
hayan recibido conceptos del DNP indicando que no requerían dicho concepto para
operaciones de crédito, no puede ser utilizado como comparación válida,
especialmente cuando esos documentos no fueron aportados al proceso. Cada
3
«Por medio del cual se delegan en el director del Departamento Administrativo jurídico unas funciones relacionadas con la
actividad de Defensa Judicial Administrativa y Constitucional del Departamento».
4
El 23 de julio de 2025, se admitió la acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Huila y se vinculó al
departamento del Huila, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación (DNP), al
Concejo Municipal de Teruel y a Rubén Darío Valbuena Garzón.
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Demandante: Germán Morales Oliveros, como alcalde del municipio de Teruel (Huila)
situación debe analizarse de manera individual y coherente con las facultades
otorgadas en cada caso.
22. Finalmente, indicó que no puede considerarse como un defecto sustantivo
la interpretación realizada por la autoridad, ya que ello implicaría que el juez
constitucional actúe como una instancia adicional para decidir sobre la validez del
acuerdo observado. En todo caso, precisó que la interpretación está debidamente
fundamentada en el proveído censurado. En estos términos, concluyó que la acción
de tutela es improcedente, pues no se superó el requisito general de relevancia
constitucional y, además, no se transgredieron los derechos fundamentales
reclamados por la parte actora.
23. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) expresó que carece de
competencia legal que le permita pronunciarse u oponerse a las pretensiones, pues
se trata de una operación de crédito interno, la cual es de resorte exclusivo del ente
territorial, en consonancia con el marco legal vigente para este tipo de operaciones
de crédito, las cuales en todo caso deberán tener visto bueno del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
24. Vladimir Salazar Arévalo, en calidad de apoderado judicial del municipio
de Teruel en el trámite ordinario, manifestó coadyuvar la acción de tutela. Para ello,
previo a exponer sus argumentos de desacuerdo, explicó que el 25 de junio de 2025
radicó una petición ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solicitando que
la entidad corrigiera y/o aclarara el inciso 4 del artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de
2015, modificado por el artículo 3 del Decreto 1575 de 2022.
25. Indicó que, el 22 de julio de 2025, dicha entidad negó la solicitud, al
considerar que no existe ambigüedad ni error en el decreto que sugiera que las
operaciones de crédito público interno de las entidades territoriales requieren
concepto previo del DNP.
26. En relación con el fondo del asunto, adujo que la providencia cuestionada
incurrió en defecto sustantivo al aplicar incorrectamente el artículo 2.2.1.6 del
Decreto 1068 de 2015 a una materia claramente regulada por normas de rango
superior, como la Constitución y la ley. Asimismo, sostuvo que el Tribunal
Administrativo del Huila desconoció el precedente al no tener en cuenta la Sentencia
C-738 de 2001 de la Corte Constitucional ni el fallo emitido en el proceso con
radicado No. 41001-23-33-000-2019-00179-00, en el cual la autoridad judicial
accionada fijó una posición sobre los empréstitos municipales.
27. Finalmente, indicó que la providencia cuestionada incurrió en defecto
fáctico, pues no valoró el concepto emitido por el DNP, en el que se explica
claramente que no se requiere su intervención para la celebración de operaciones
de crédito interno por parte de los municipios.
28. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expresó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que la parte accionante pretende
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Demandante: Germán Morales Oliveros, como alcalde del municipio de Teruel (Huila)
controvertir la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante
la cual se declaró la invalidez del Acuerdo 007 de 2024, en el medio de control de
observación, dentro del cual esa cartera ministerial no fue parte, por lo que no puede
atribuírsele la vulneración, ni por acción u omisión, de los derechos fundamentales
reclamados por la parte accionante. En consecuencia, solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional.
29. La Gobernación del Huila indicó que esa entidad planteó sendos
cuestionamientos al acuerdo precitado, en cumplimiento del deber previsto en el
numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Política, esto es, remitir los acuerdos
municipales al Tribunal Administrativo del Huila, cuando se advierte que una
disposición es contraria a la Constitución y la ley, autoridad judicial a la que le
corresponde decidir si esta tiene sustento jurídico y en consecuencia decidir sobre
su validez y permanencia en el ordenamiento jurídico. Por lo anterior, no puede
imputársele violación de derecho fundamental alguno.
30. Adicionalmente, aclaró que en el proceso la directora del Departamento
Administrativo Jurídico de la Gobernación del Huila se otorgó poder a un profesional
del derecho de esa dependencia para promover la respectiva solicitud de revisión
constitucional y legal del acto administrativo mencionado, cuya actuación se surtió
conforme a las facultades que el gobernador delegó al director de esa dependencia
desde el año 2008.
31. Finalmente, señaló que el Tribunal Administrativo del Huila en ejercicio de
su función jurisdiccional emitió una decisión debidamente motivada en desarrollo
del proceso ordinario, por lo que acceder a lo solicitado por vía tutela implicaría una
seria afectación a los principios de juez natural y de seguridad jurídica y cosa
juzgada, pues lo que el accionante intenta realmente es revivir un debate que fue
ampliamente discutido y resuelto conforme a derecho. En esos términos, solicitó
declarar improcedente la acción de la referencia.
32. Algunos habitantes de la comunidad de Teruel5 indicaron que acuden a
la presente acción en atención al deterioro del hospital municipal, situación que se
agrava por la imposibilidad de ejecutar los recursos de un empréstito gestionado por
el municipio, pero no aprobado por el Tribunal Administrativo del Huila.
33. Señalaron que esa decisión, aunque enmarcada en procedimientos legales,
impidió el desarrollo de un proyecto que pretendía mejorar la infraestructura
hospitalaria que está en pésimas condiciones. Como consecuencia, cientos de
personas están expuestas a un sistema de salud colapsado por falta de
instalaciones adecuadas, lo que vulnera el derecho a la salud, vida y dignidad de
5
Elisabeth Laguna Guerrero, María Elcy Velasco Osso, Manuel Alejandro David Jorge, Aracely Laguna de Zapata, Sandra
Liliana Herrera, Héctor Ángel Cerquera, Adriana Milena Ramírez Velasco, Beatriz Penagos Montaño, Jesús Ricardo Cardozo
Penagos, Duvan Darío Laguna Camacho, Francisco Javier Laguna Vargas, Karen Lucía Trujillo Moreno, Jair Yadier Alfaro
Sánchez, Andrea del Pilar Penagos Laguna, Briyid Laguna Laguna, Alba Rocío Baicue Medina, Marleny Penagos Rodríguez,
Julio César Castro Pérez, Eduardo Trujillo Villegas, Stella Camacho de Vargas, Luis Elias Vargas Bustamante, Lina Marcela
Pérez Ladino, Jorge Leonardo Rivera Leyva, José Leonardo Cardozo Penagos, Cristian Camilo Salazar Sánchez, Floresmiro
Penagos Molina, Yesica Fernanda Martínez Calderón, Domitila Montano de Penagos, Diana Maritza Herrera Laguna, Celimo
Penagos Cerquera, Diana Paola Lizcano Perdomo, Edna Maryobi Gómez y Diego Armando Laguna Gaitán.
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Demandante: Germán Morales Oliveros, como alcalde del municipio de Teruel (Huila)
muchos habitantes. Resaltaron que el hospital municipal es el único dentro de salud
de primer nivel. Por lo anterior, solicitaron evaluar con enfoque humanitario y
territorial la grave afectación que vive su comunidad.
34. La ESE Hospital San Roque de Teruel manifestó que enfrenta una grave
situación relacionada con su infraestructura física, la cual compromete seriamente
la adecuada prestación del servicio de salud a la población del municipio. Puntualizó
que esa problemática fue documentada en el informe de visita No. ICC 122-2023,
del 3 de noviembre de 2023, en el que se identificaron, entre otros hallazgos
relevantes: la ausencia de ambientes de aseo exclusivos para los servicios de
urgencias, hospitalización y atención del parto; la falta de una estación de
enfermería independiente para hospitalización y partos; la inexistencia de una sala
de procedimientos en hospitalización; habitaciones que no cumplen con las áreas
mínimas requeridas por paciente; la carencia de una habitación individual para
aislamiento; deficiencias en la sala de partos, la cual no cuenta con sistema de
vacío, y una infraestructura eléctrica en condiciones críticas que compromete
gravemente la continuidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud.
35. Adicionalmente, señaló que la situación financiera de la entidad imposibilita
materialmente la ejecución de las inversiones necesarias para subsanar las
deficiencias identificadas. En efecto, los estados financieros con corte al 31 de
diciembre de 2024 evidencian una realidad preocupante, que fue puesta en
conocimiento de esta Corporación.
36. En virtud de lo anterior, solicitó, en calidad de coadyuvante, que se acojan
las pretensiones del accionante y, en consecuencia, se revoque la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 8 de abril de 2025, con el fin de
garantizar el acceso efectivo a los recursos necesarios para la adecuación de la
infraestructura física del Hospital.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
37. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
38. Sea lo primero señalar que pese a que la parte actora invocó como
desconocidas varias garantías constitucionales, la Sala centrará su análisis en la
presunta vulneración al debido proceso comoquiera (1) los reparos están
enmarcados como defectos predicables de una providencia judicial proferida en el
marco de un proceso en el que se estudió la validez constitucional y legal de un
acuerdo municipal con ocasión a unas observaciones hechas por el gobernador del
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Demandante: Germán Morales Oliveros, como alcalde del municipio de Teruel (Huila)
Huila y (2) la vulneración de los demás derechos se presentó como consecuencia
de aquella afrenta al debido proceso alegada 6 . En ese orden, de encontrarse
demostrada aquella vulneración bastará para conceder el amparo solicitado.
39. Asimismo, debe aclararse que accederá a la solicitud de desvinculación
presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la medida en que
dicha entidad no intervino en el medio de control de observación cuya sentencia es
objeto de análisis en esta sede. Adicionalmente, aunque el accionante solicitó su
vinculación, no formuló ningún reproche concreto ni dirigió pretensión alguna en su
contra.
Problema jurídico
40. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal
Administrativo del Huila, al expedir la Sentencia del 8 de abril de 2025, incurrió en
(i) defecto sustantivo, al utilizar, según el accionante, una norma para determinar la
validez del Acuerdo 07 de 2024 que no era aplicable; (ii) defecto fáctico, al no valorar
la respuesta emitida por el DNP; y/o (iii) defecto orgánico, al haber asumido el
conocimiento de una demanda (solicitud de revisión de validez) presentada por una
autoridad que no estaba facultada para ello.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
41. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta transgresión del derecho
fundamental al debido proceso, se argumentaron con suficiencia los reparos
alegados, no se observa que la parte accionante pretenda emplear el presente
mecanismo como una instancia adicional para reabrir el debate ya zanjado y la
discusión no versa sobre un asunto de mera legalidad o carácter eminentemente
económico; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, puesto
que el municipio de Teruel es el titular de la garantía constitucional que se invoca
como vulnerada, y el Tribunal Administrativo del Huila es la autoridad que profirió la
decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro mecanismo
judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos
constitucionales7; (4) la acción de tutela se presentó el 21 de julio de 2025, es decir,
dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia del 10 de junio
de 20258, mediante la cual se resolvió una solicitud de aclaración y adición con
respecto a la Sentencia del 8 de abril de 2025; (5) identificaron razonablemente los
hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de
6
Aunado a lo anterior no puede perderse de vista que los derechos a la saludo y vida en condiciones dignas fueron invocados
respecto de los habitantes del municipio.
7
Es preciso señalar que (1) el proceso ordinario fue de única instancia y su trámite esta reglado en el Decreto Ley 1333 de
1986, y (2) el reparo relativo al defecto orgánico, en los términos presentados por la parte actora, no concuerda por sí mismo
alguno de las causales de nulidad.
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Notificación por estado el 11 de junio de 2025.
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Demandante: Germán Morales Oliveros, como alcalde del municipio de Teruel (Huila)
derechos fundamentales; y (6) la tutela no se interpone contra una providencia de
igual naturaleza.
Análisis de vulneración alegada: estudio de los defectos
42. La Sala negará el amparo solicitado, con fundamento en las razones que a
continuación se exponen:
43. Germán Morales Oliveros, como alcalde del municipio de Teruel, solicitó la
protección del derecho fundamental al debido proceso, el cual estimó vulnerado por
el Tribunal Administrativo del Huila, al expedir la Sentencia del 8 de abril de 2025,
comoquiera que incurrió en defecto sustantivo, al aplicar erróneamente el inciso 4
del artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 1575 de
2022, para estudiar la validez del Acuerdo No. 07 de 2024, pese a que los contratos
de crédito interno de los municipios con entidades supervisadas por la
Superintendencia Financiera no requieren autorización previa o aprobación
posterior de ninguna autoridad, conforme al artículo 276 del Decreto Ley 1333 de
1986. Además, señaló que dicha disposición no resultaba aplicable al referirse
exclusivamente a las operaciones de crédito en sentido estricto, es decir, la
celebración del contrato, un acto bilateral posterior al acto administrativo de
autorización que confiere el concejo municipal.
44. Pues bien, para resolver el anterior desacuerdo y los relativos a los defectos
fáctico y orgánico, la Sala considera imperioso realizar un análisis de los
argumentos en que se apoyó el Tribunal Administrativo del Huila para acoger la
observación hecha por el gobernador del Huila y, en consecuencia, dejar sin validez
el Acuerdo No. 07 de 2024 del Concejo Municipal de Teruel, «[p]or medio del cual
se autoriza un cupo de endeudamiento y se autoriza al alcalde municipal de Teruel
• Huila para gestionar, negociar y realizar operaciones de crédito público, celebrar
contratos de empréstito y se dictan otras disposiciones».
45. Así, se observa que el Tribunal Administrativo del Huila, en la providencia
censurada, explicó que el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política le
confirió a los concejos la facultad de: «(…) autorizar al alcalde para celebrar
contratos y ejercer pro tempore precisas funciones que le corresponde al concejo»
y el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 1551
de 2012 le asignó a esas corporaciones la responsabilidad de «[r]eglamentar la
autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que se requiere
autorización previa del concejo».
46. A su vez, indicó que las operaciones de crédito, las facultades de los
alcaldes para su celebración (previa autorización de los concejos municipales) y las
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generalidades de su trámite, están consagradas en los artículos 2769, 27710, 27811
y 27912 del Decreto Ley 1333 de 1986.
47. Por otra parte, expuso que el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de
1993 señaló que las operaciones de crédito son las que tienen por objeto dotar a la
entidad de recursos con plazo para su pago, entre las que se encuentran la
contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de bonos y títulos
valores, los créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para
obligaciones de pago a cargo de las entidades estatales. Asimismo, resaltó que en
la referida norma se puntualizó que las entidades territoriales y sus descentralizadas
se regularán por las disposiciones contenidas en los Decretos Ley 1222 y 1333 de
1986, que continúan vigentes, salvo lo previsto en forma expresa en esta ley.
48. Adicionalmente, indicó que el Decreto 1068 de 201513, modificado por el
artículo 5 del Decreto 1575 de 2022, en cuanto a su ámbito de aplicación, refirió que
este aplica a las operaciones de crédito público y asimiladas, las de manejo de
deuda pública y las conexas con las anteriores de que trata el parágrafo 2 del
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que realicen las siguientes entidades estatales,
aun cuando estén sometidas al derecho privado.
49. Además, precisó que la disposición mencionada definió las operaciones de
crédito como aquellas que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos,
bienes o servicios con plazo para su pago, así como aquellas mediante las cuales
la entidad estatal actúa como deudor solidario o cuando otorgue garantías sobre
obligaciones dinerarias con plazo para su pago. Dentro de estas operaciones están
comprendidas, entre otras, la contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y
colocación de títulos de deuda pública, el financiamiento con proveedores y el
otorgamiento de garantías para obligaciones de pago dinerarias con plazo para su
pago.
50. En esos términos, consideró que la celebración de contratos de empréstito
está prevista por el legislador como una operación de crédito, la cual, por ende, no
es ni corresponde a la ejecución del contrato mismo, como señalaran los
intervinientes en ese asunto.
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Artículo 276. Los contratos de empréstito que celebren los municipios y sus entidades descentralizadas, se someten a los
requisitos y formalidades que señale la ley, y los que sólo se refieran a créditos internos que se celebren con entidades
sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, no requerirán para su validez la autorización previa o la aprobación
posterior de ninguna autoridad intendencial, comisarial, departamental o nacional.
10
Artículo 277. Son créditos internos los pactados en moneda nacional o extranjera que se reciban y paguen en pesos
colombianos, sin que se afecte la balanza de pagos.
11
Artículo 278. Las operaciones de crédito público interno que proyecten celebrar los Municipios serán tramitadas por el
alcalde. Compete al Alcalde Municipal la celebración de los correspondientes contratos.
12
Artículo 279. Las operaciones de crédito a que se refiere el artículo anterior deben estar acompañadas de los siguientes
documentos:
1. Estudio económico que demuestre la utilidad de las obras o inversiones que se van a financiar y sujeción a los planes y
programas que estén adelantando las respectivas administraciones seccionales y municipales junto con la proyección del
servicio de la deuda que se va a contraer.
2. Autorización de endeudamiento expedida por el Concejo Municipal.
3. Concepto de la oficina de planeación municipal o de la correspondiente oficina seccional si aquélla no existiere sobre la
conveniencia técnica y económica del proyecto.
4. Relación y estado de la deuda pública y valor de su servicio anual, certificada por la autoridad competente.
5. Presupuesto de rentas y gastos de la vigencia en curso y sus adiciones y modificaciones legalmente autorizadas.
13
Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.
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51. Ahora, en cuanto a las operaciones de crédito público que constituyan, entre
otras, las entidades territoriales, para el financiamiento de gastos de inversión,
precisó que el artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015, estableció que se requerirá
concepto del DNP14.
52. Así las cosas, bajo el anterior marco normativo, el Tribunal del Huila
consideró que el Acuerdo No. 07 de 2024 desconocía lo dispuesto en el inciso 4 del
artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015 modificado por el artículo 3 del Decreto
1575 de 2022, porque en su trámite para estudio y aprobación ante el concejo
municipal, no contaba con el concepto emitido por el DNP. Textualmente, expuso lo
siguiente:
«[L]a Sala considera que el Acuerdo No. 07 de 2024 expedido por el Concejo municipal
de Teruel – Huila, desconoce lo dispuesto en el inciso 4° del artículo 2.2.1.6. del Decreto
1068 de 2015 modificado por el artículo 3° del Decreto 1575 de 2022, porque en su
trámite para estudio y aprobación ante el concejo municipal, no contó con el concepto
emitido por el Departamento Nacional de Planeación sobre justificación técnica y
alineación con el plan nacional de desarrollo en cuanto se trata de autorizar al alcalde
municipal de Teruel para realizar una operación de crédito público consistente en
celebrar el contrato de empréstito de que trata el acuerdo observado, conforme se echó
de menos, tanto en el texto de la ponencia en segundo debate reglamentario, como en
la parte considerativa del acuerdo observado.
En consonancia con lo anterior, tanto el municipio de Teruel, como el concejo de dicha
municipalidad, en sus contestaciones, manifestaron oponerse al cargo bajo estudio, por
cuanto aseguran que para la autorización contenida en el acuerdo observado, no se
requiere del aludido concepto, por tanto, es claro que no se contó con el concepto del
DNP, aun cuando la norma antes señalada, así lo exige para las operaciones de crédito
público internas que constituyan, entre otras, las entidades territoriales y sus
descentralizadas, para el financiamiento de gastos de inversión, como aquí ocurre.
Ahora bien, el municipio de Teruel, la corporación edilicia de dicha municipalidad y la
intervención del ciudadano Rubén Darío Valbuena Garzón, al defender la validez del
acuerdo observado, enfatizan su desacuerdo con el cargo primero planteado por el
gobernador del Huila, en tanto, señalan que el artículo 2.2.1.6. del Decreto 1068 de
2015 modificado por el Decreto 1575 de 2022 contraría lo previsto en las normas que
regulan el crédito público territorial, en especial porque el Decreto 1333 de 1986, en su
artículo 276 dispone: “Los contratos de empréstito que celebren los municipios y sus
entidades descentralizadas, se someten a los requisitos y formalidades que señale la
ley, y los que sólo se refieran a créditos internos que se celebren con entidades
sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, no requerirán para su validez
la autorización previa o la aprobación posterior de ninguna autoridad intendencial,
comisarial, departamental o nacional” (Subrayas de la sala).
Así mismo, los defensores del acuerdo observado hacen énfasis que el artículo 279 de
dicho Código de Régimen Municipal, prevé los requisitos que debe cumplir el ejecutivo
para suscribir un contrato de empréstito, sin que allí se mencione que se requiere de
un concepto por parte del Departamento Nacional de Planeación. Además, el acuerdo
objetado autoriza al alcalde para que constituya la operación de crédito público,
consistente en celebrar un contrato de empréstito para financiar gastos de inversión, el
14
Textualmente, el articulo referido señala lo siguiente: «Para las operaciones de crédito público y asimiladas internas
de la Nación y de las entidades descentralizadas del orden Nacional, las entidades territoriales y sus descentralizadas,
incluidos los patrimonios autónomos que éstas constituyan, que comprendan el financiamiento de gastos de inversión se
requerirá concepto del Departamento Nacional de Planeación - DNP. Los conceptos del Departamento Nacional de
Planeación - DNP se expedirán sobre la justificación técnica del proyecto y la alineación con el respectivo Plan de
Desarrollo y las políticas sectoriales aplicables. Así mismo, deberán verificar que el endeudamiento de las Entidades
Estatales se encuentra en el nivel adecuado teniendo en cuenta su situación financiera y su proyección financiera. Los
conceptos emitidos por el Departamento Nacional de Planeación - DNP deberán establecer como mínimo la vigencia de estos
y, en caso de ser procedente, el monto máximo a que se refiere dicho concepto».
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cual debe estar acompañado de los requisitos señalados en el artículo 279 del Decreto
1333 de 1986, mientras que el inciso 4° del artículo 2.2.1.6. del Decreto 1068 de 2015
alude es un requisito previo a la realización de las operaciones de crédito público, en
tanto, lo que hace es complementar los requisitos para que la corporación edilicia
pueda autorizar al alcalde la celebración del mismo.
Sumado a lo anterior, el Decreto 1575 de 2022 ya mencionado, en su parte
considerativa prevé “dado que las operaciones de crédito público y asimiladas,
comprenden el financiamiento de gastos de funcionamiento y de inversión, resulta
necesario aclarar el contenido, vigencia y las instancias responsables de emitir los
conceptos relacionados con la capacidad financiera de las entidades, previo a la
celebración de las operaciones de crédito público y asimiladas. Lo anterior, con el fin
de realizar un seguimiento responsable del nivel de endeudamiento de las entidades
estatales atendiendo a la situación financiera, niveles adecuados de liquidez, solvencia
y capacidad de pago” (Subrayas de la Sala), como puede verse, este decreto es
posterior a las normas invocadas por el extremo pasivo (en defensa del acuerdo
enjuiciado), decreto que se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico colombiano
y del que se presume su legalidad.
El Tribunal no acoge los planteamientos de los intervinientes (municipio de Teruel, el
concejo municipal y el ciudadano), como quiera que el inciso 4° del artículo 2.2.1.6. del
Decreto 1068 de 2015 (modificado por el Decreto 1575 de 2022), alude es a un
concepto previo del DNP sobre la justificación técnica y su conformidad con el Plan
Nacional de Desarrollo y no a una autorización suya (como señala el artículo 276 del
Decreto Ley 1333 de 1986), lo cual es distinto, por tanto, no hay lugar a aplicar la
excepción de ilegalidad deprecada por el ciudadano interviniente, pues las normas
antes mencionadas no se contraponen, en tanto el Código de Régimen Municipal
plantea que no se requiere para su validez o aprobación autorización de ninguna
autoridad y el decreto reglamentario exige es un concepto.
En consecuencia, la Sala declarará fundado el cargo primero de la observación
formulada por el gobernador del Huila, en torno al Acuerdo No. 07 de 2024 y como la
misma cobija la totalidad del acuerdo bajo estudio, se torna inane desarrollar el
segundo cargo, pues la invalidez recae sobre la integridad de este, no sin antes advertir
que, de acuerdo con las normas citadas en el acápite anterior, referentes a la
competencia para la modificación del presupuesto municipal, el artículo 5° del acuerdo,
daba lugar a su invalidez en cuanto el presupuesto municipal y sus modificaciones, por
regla general, debe ser aprobado por el concejo municipal […]»
53. En esos términos, la Sala considera que la interpretación realizada por el
Tribunal Administrativo del Huila es razonable a la luz de las normas aplicables; en
particular, frente a la exigencia del concepto previo del DNP previsto en el inciso 4
del artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 1575 de
2022.
54. Al respecto, se advierte que la autoridad judicial precitada no desconoció el
contenido normativo del artículo 276 del Decreto Ley 1333 de 1986, sino que llevó
a cabo una lectura armónica entre dicho precepto y la normativa reglamentaria
mencionada (Decreto 1068 de 2015), diferenciando entre la autorización previa para
la validez del contrato de empréstito y el concepto técnico del DNP como requisito
para estructurar una operación de crédito público destinada a financiar gastos de
inversión.
55. Ciertamente, se observa que la corporación accionada evidenció que los
artículos 276 y 279 del Decreto Ley 1333 de 1986 establecieron que los créditos
internos celebrados por los municipios con entidades sometidas a la vigilancia de la
Superintendencia Financiera no requieren autorización previa o posterior de
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autoridad nacional para su validez y que dentro de los requisitos que debe cumplir
el ejecutivo para suscribir un contrato de empréstito no se menciona un concepto
por parte del DNP.
56. No obstante, precisó que el inciso 4 del artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de
2015 exige, como condición complementaria y diferenciada, un concepto técnico del
DNP en relación con la justificación del proyecto y su alineación con el Plan Nacional
de Desarrollo, en aquellos eventos en que la operación de crédito público tenga por
objeto el financiamiento de gastos de inversión.
57. Por tanto, la Sala considera que esta lectura sistemática de las normas
mencionada no es arbitraria o caprichosa, pues parte del reconocimiento de que el
concepto del DNP no tiene naturaleza de autorización, sino que constituye una
exigencia de carácter técnico-planificadora, orientada a verificar la viabilidad de las
operaciones de endeudamiento público.
58. Adicionalmente, se repara en que la autoridad accionada hizo una distinción
razonable entre la celebración del contrato de empréstito y la ejecución del contrato
mismo, pues explicó que el contrato de empréstito constituye una operación de
crédito en sí misma, que implica la autorización y formalización para obtener
recursos financieros y, en esa medida, no puede entenderse que corresponda a la
ejecución del contrato.
59. En esos términos, la Sala concluye que no se configuró el defecto sustantivo
alegado; pues la autoridad judicial accionada realizó una interpretación coherente y
razonable del marco normativo aplicable al caso.
60. Ahora, se observa que la parte accionante manifestó que el Tribunal
Administrativo del Huila incurrió en defecto fáctico, al omitir la valoración del Oficio
núm. 20244381478341 del 27 de diciembre de 2024, emitido por el DNP «en el cual
indicó que requiere de su concepto para las operaciones de crédito interno de las
entidades territoriales».
61. Al revisar el expediente ordinario, se observa que si bien la autoridad
accionada no se pronunció sobre dicho documento, a pesar de que el aquí
accionante, en el escrito de contestación de la demanda, lo puso de presente, la
Sala considera que esa omisión no configura el defecto fáctico invocado, por cuanto
ese oficio fue expedido con posterioridad a la emisión del Acuerdo No. 07 de 2024
y se refiere a una entidad territorial diferente (municipio de Neiva).
62. Al respecto, debe recordarse que la autoridad accionada debía realizar el
juicio de validez del acto administrativo precitado de acuerdo con los elementos
fácticos y jurídicos que sirvieron de fundamento para su expedición, por lo que no
es procedente exigirle a la autoridad judicial que valore elementos probatorios
sobrevinientes, como el Oficio citado, para determinar la legalidad de un acto
emitido con anterioridad.
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63. Por otra parte, se observa que la parte accionante también discutió el
desconocimiento de la Sentencia C-738 de 2001 proferida por la Corte
Constitucional y el fallo del 27 de agosto de 2019 emitido por el Tribunal
Administrativo del Huila en el proceso con radicado 41001-23-33-000-2019-00179-
00.
64. Sin embargo, se aclara que ellos no comparten similitud fáctica con el caso
que aquí se discute, ya que, frente a la primera, se denota que allí la Corte
Constitucional estudió la constitucionalidad del numeral 3° del artículo 32 de la Ley
136 de 1994, frente a la facultad del concejo para reglamentar lo relacionado con la
autorización del alcalde para contratar.
65. Y, en el segundo, se revisó la legalidad del Acuerdo Municipal No. 004 de
2019, expedido por el Concejo del municipio de Neiva (Huila), «Por el cual se
autoriza al alcalde de Neiva para contratar un cupo de endeudamiento con
entidades financieras y se conceden unas facultades», bajo los argumentos de que
no se revisó o comprobó la documentación que sirvió de soporte para el estudio y
debate del proyecto, relacionado con las alternativas de financiamiento y de
conveniencia financiera y fiscal que el representante legal de la entidad o la
Secretaría de Hacienda solicitó que se evaluaran; y, adicionalmente, el alcalde
carece de competencia constitucional y legal para modificar el presupuesto
municipal. De manera que la autoridad judicial accionada no se encontraba obligada
a aplicar los pronunciamientos que el accionante invoca como inobservados.
66. Finalmente, respecto al supuesto defecto orgánico, la parte actora sostiene
que este se originó porque la demanda de observación fue presentada por la jefa
de la Oficina Jurídica del Departamento del Huila, cuando dicha competencia
corresponde exclusivamente al gobernador, conforme al numeral 10 del artículo 305
de la Constitución Política.
67. Sin embargo, es importante aclarar que dicho defecto se refiere a la
autoridad que profiere la decisión judicial objeto de este proceso de amparo. En este
sentido, la Corte Constitucional ha establecido reiteradamente que, conforme a los
artículos 29 y 121 de la Constitución, este defecto se configura cuando el juez emite
una decisión sin contar con la competencia para hacerlo. Esto puede darse en dos
situaciones: (i) falta de competencia funcional, que ocurre cuando el juez excede
manifiestamente sus atribuciones constitucionales y legales, llegando incluso a
invadir funciones de otros funcionarios; y (ii) falta de competencia temporal, que se
presenta cuando, aunque el juez tenga las atribuciones, las ejerce fuera del plazo
previsto.
68. En consecuencia, dado que en este caso la controversia se centra en la
falta de competencia de la autoridad que presentó el medio de control de
observación, la Sala considera que el defecto invocado no se configura. En todo
caso, si la parte actora consideraba que esta situación vulneraba su derecho al
debido proceso, debió plantearlo en primer lugar ante el juez natural de la causa,
quien es la autoridad competente para pronunciarse sobre el asunto, por lo que
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Demandante: Germán Morales Oliveros, como alcalde del municipio de Teruel (Huila)
emitir una decisión al respecto en esta sede implicaría asumir competencias de una
autoridad que no ha tenido la oportunidad de intervenir en esa discusión.
Conclusión
69. De acuerdo con los anteriores argumentos, la Sala concluye que no se
estructuraron los defectos sustantivo, fáctico y orgánico, toda vez que el Tribunal
Administrativo del Huila adoptó su decisión con base en el marco normativo
aplicable al caso y las pruebas aportadas al expediente, razón por la cual se negará
el amparo solicitado por Germán Morales Oliveros, como alcalde del municipio de
Teruel (Huila).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. ACCEDER a la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
SEGUNDO. NEGAR el amparo solicitado por Germán Morales Oliveros, como
alcalde del municipio de Teruel (Huila), a través de la acción de tutela instaurada en
contra del Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte motiva de la presente providencia
TERCERO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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