Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04504-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04504-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04504-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04504-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
9 de octubre de 2025
Demandante: Germán Morales Oliveros,
como alcalde del municipio de Teruel (Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2025-04504-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04504-01
Demandante: GERMÁN MORALES OLIVEROS, COMO ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE TERUEL (HUILA)
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Revoca el fallo
que negó el amparo solicitado para, en su lugar, declarar la
improcedencia de la acción.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 28 de agosto de 2025, por la cual el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A negó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito remitido el 21 de julio de 2025, el señor Germán Morales
Oliveros, como alcalde del municipio de Teruel y por intermedio de apoderado
judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila
para que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la salud y la vida en condiciones dignas de los habitantes del
municipio mencionado.
La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia de única instancia proferida el 8 de abril de 2025 por la
autoridad judicial demandada en el medio de control de observaciones
identificado con el radicado 41001-23-33-000-2024-00360-00, mediante la cual
declaró la invalidez del Acuerdo 07 de 2024 emitido por el Concejo Municipal de
Teruel, «por medio de la cual se autoriza un cupo de endeudamiento y se
autoriza al alcalde municipal de Teruel (Huila) para gestionar, negociar y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Demandante: Germán Morales Oliveros,
como alcalde del municipio de Teruel (Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2025-04504-01
realizar operaciones de crédito público, celebrar contratos de empréstito y se
dictan otras disposiciones» y, en su lugar, ordenarle a la autoridad judicial
precitada emitir una nueva decisión, en la que se tengan en cuenta las
consideraciones del juez constitucional.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
…
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración se revoque
la sentencia de única instancia proferida por el Honorable Tribunal
Administrativo del Huila, el 8 de abril de 2025, que declaró la invalidez del
acuerdo 07 de 2024 del Concejo del Municipio de Teruel ‘por medio del
cual se autoriza un cupo de endeudamiento y se autoriza al alcalde
municipal de Teruel - Huila para gestionar, negociar y realizar operaciones
de crédito público, celebrar contratos de empréstito y se dictan otras
disposiciones’.
TERCERA: Que se ordene al Tribunal Administrativo del Huila que profiera
una nueva sentencia, en la cual se tengan en cuenta las consideraciones
del fallo que profiera el juez constitucional, en este caso, el H. Consejo de
Estado.
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
La parte actora sostuvo que presentó ante el Concejo Municipal de Teruel un
proyecto de acuerdo para que le autorizaran un cupo de endeudamiento con el
fin de gestionar, negociar y realizar operaciones de crédito público y celebrar
contratos de empréstito interno, con el propósito de financiar obras prioritarias
para la población, en especial las de adecuación urgente de la infraestructura
física de la ESE Hospital San Roque de ese municipio, la cual se encuentra en
una lamentable situación.
Refirió que, luego de llevar a cabo el procedimiento correspondiente, la
mencionada corporación profirió el Acuerdo 07 del 31 de octubre del 2024, «por
medio se autoriza un cupo de endeudamiento y se autoriza al alcalde municipal
de Teruel (Huila) para gestionar, negociar y realizar operaciones de crédito
público, celebrar contratos de empréstito y se dictan otras disposiciones».
Mencionó que, en el referido acto, se autorizó al mandatario local, hasta el 31
de diciembre de 2024, para celebrar un contrato de empréstito interno hasta por
$3.080.364.064, con un plazo máximo de 8 años. Por lo anterior, el alcalde
celebró dicho contrato con Bancolombia, el 26 de diciembre de 2024.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Demandante: Germán Morales Oliveros,
como alcalde del municipio de Teruel (Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2025-04504-01
Agregó que, el departamento del Huila formuló solicitud de control constitucional
y de legalidad contra el Acuerdo 07 del 31 de octubre del 2024 del Concejo
Municipal de Teruel.
Señaló que, la corporación mencionada autorizó al acalde para celebrar un
contrato de empréstito sin contar con el concepto previo del Departamento
Nacional de Planeación (DNP), conforme lo dispuesto en el inciso 4 del artículo
2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 1575 de 2022.
Indicó que, mediante providencia del 8 de abril de 2025, el Tribunal
Administrativo del Huila acogió la aludida observación y, en consecuencia:
I) Dejó sin validez el Acuerdo 07 del 31 de octubre del 2024. Como fundamento
de la decisión, explicó que el referido acuerdo estaba viciado, porque el
Concejo Municipal de Teruel lo profirió sin contar con concepto previo del DNP,
el cual debía allegarse en la fase de debate y aprobación del proyecto de
acuerdo, pues constituye un requisito previo indispensable y/ necesario para
autorizar operaciones de crédito público destinadas a financiar gastos de
inversión.
ii) Mencionó que contrario a lo manifestado por la parte demandada, consistente
en que la norma reglamentaria mencionada aplica para la fase posterior de
celebración contractual (operación de crédito) y no para el trámite de
autorización, el concepto del DNP constituye un requisito previo para la validez
misma del acto de autorización y, por lo tanto, su omisión afecta
sustancialmente la legalidad del acto administrativo.
iii) Desestimó el argumento de que el artículo 276 del Decreto Ley 1333 de
1986 excluye la necesidad de autorizaciones o avales por parte del Gobierno
Nacional para contratos de crédito interno de las entidades territoriales, al
considerar que no existe contradicción normativa, ya que la disposición del
Decreto 1068 de 2015 no exige una autorización, sino un concepto técnico del
DNP, lo cual es una exigencia distinta y adicional.
iv) Finalmente, precisó que, el Decreto 1575 de 2022, que en su parte
considerativa previó que “dado que las operaciones de crédito público y
asimiladas, comprenden el financiamiento de gastos de funcionamiento y de
inversión, resulta necesario aclarar el contenido, vigencia y las instancias
responsables de emitir los conceptos relacionados con la capacidad financiera
de las entidades, previo a la celebración de las operaciones de crédito público y
asimiladas. Lo anterior, con el fin de realizar un seguimiento responsable del
nivel de endeudamiento de las entidades estatales atendiendo a la situación
financiera, niveles adecuados de liquidez, solvencia y capacidad de pago”, es
un decreto que es posterior a las normas invocadas por el extremo pasivo (en
defensa del acuerdo enjuiciado), el cual se encuentra vigente en el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Demandante: Germán Morales Oliveros,
como alcalde del municipio de Teruel (Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2025-04504-01
ordenamiento jurídico colombiano y del que se presume su legalidad.
Adujo que, el 29 de abril de 2025, la parte demandada solicitó aclaración y
adición de la sentencia mencionada, debido a que la autoridad accionada no
expuso las razones por las cuales se apartó de su precedente de 2019; no
obstante, el 10 de junio de 2025, el tribunal demandado denegó la solicitud.
1.4. Sustento de la petición
La parte actora sostuvo que con la providencia demandada se incurrió en lo
siguiente:
1.4.1. Defecto sustantivo
Indicó que, con la sentencia demandada se empleó de manera errada el inciso
4 del artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 1575
de 2022, a pesar de que los contratos de crédito interno que celebran los
municipios con entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia
Financiera no requieren para su validez la autorización previa o la aprobación
posterior de ninguna autoridad nacional, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 276 del Decreto Ley 1333 de 1986.
Manifestó que, el numeral 3 de artículo 279 ibídem dispone que las operaciones
de crédito interno de los municipios deben contar únicamente con el concepto
técnico de la respectiva oficina local de planeación, mas no con concepto del
DNP.
Refirió que, la disposición reglamentaria mencionada no resultaba aplicable a
dicho acto por referirse exclusivamente a las operaciones de crédito en sentido
estricto, es decir, la celebración del contrato, que es un acto bilateral posterior al
acto de autorización que confiere el concejo municipal.
Destacó que, el acto previo de autorización que el concejo municipal otorga al
alcalde para celebrar el contrato de empréstito, de naturaleza político-
administrativa1 es distinto a la operación de crédito público como tal, es decir, la
celebración del contrato por parte del alcalde una vez es autorizado.
1.4.2. Defecto fáctico
Mencionó que la autoridad judicial demandada no valoró el oficio
20244381478341 del 27 de diciembre de 2024, emitido por el DNP y dirigido al
1 Y cuyo marco normativo son los artículos 313 (numerales 1 y 3) de la Constitución Política y
32 (numeral 3 y parágrafo 4) de la Ley 136 de 1994, así como el correspondiente acuerdo que
expida el concejo para regular dichas autorizaciones.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Demandante: Germán Morales Oliveros,
como alcalde del municipio de Teruel (Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2025-04504-01
municipio de Neiva, «en el cual esa autoridad explicó que no se requiere de su
concepto para las operaciones de crédito interno de las entidades territoriales»,
a pesar de su importancia.
1.4.3. Desconocimiento del precedente
Sostuvo que se desatendió el pronunciamiento contenido en la sentencia C-738
de 2001 de la Corte Constitucional y del propio tribunal demandado en la
Sentencia del 27 de agosto de 2019, en el proceso con radicado 41001-23-33-
000-2019-00179-00, en la que se dispuso que «los acuerdos de autorización
impartidos por los concejos municipales son actos político-administrativos
previos, sujetos a un régimen normativo propio y distinto al que rige los
contratos que eventualmente se celebren con base en dicha autorización».
1.4.4. Defecto orgánico
Expuso que, la demanda de observación fue presentada por la jefe de la Oficina
Jurídica del Departamento del Huila, quien alegó actuar con base en la
Resolución 009 de 2008 emitida por el gobernador2, por medio de la cual se
delegaron al director del Departamento Administrativo Jurídico funciones
relacionadas con la actividad de defensa judicial. Sin embargo, dicha
delegación no resulta suficiente para suplir la exigencia constitucional del
numeral 10 del artículo 305 de que es el gobernador quien debe formular la
observación o el funcionario a quien este delegue dicha facultad de forma
expresa y específica.
1.5. Trámite en primera instancia
El 23 de julio de 2025, se admitió la acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo del Huila y se vinculó al departamento del Huila, al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación (DNP), al
Concejo Municipal de Teruel y a Rubén Darío Valbuena Garzón. También se
requirió el expediente objeto de la demanda constitucional.
1.6. Contestaciones
1.6.1. Tribunal Administrativo del Huila
Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al
considerar que, la acción de tutela carece de relevancia constitucional, puesto
que el accionante se limitó a reiterar los mismos argumentos expuestos en la
2 «Por medio del cual se delegan en el director del Departamento Administrativo jurídico unas
funciones relacionadas con la actividad de Defensa Judicial Administrativa y Constitucional del
Departamento».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Demandante: Germán Morales Oliveros,
como alcalde del municipio de Teruel (Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2025-04504-01
contestación de la observación, haciendo énfasis en el principio de autonomía
territorial, asuntos que ya fueron analizados en la decisión cuestionada.
Señaló que, el demandante participó en el proceso ordinario a través de
apoderado, sin controvertir la legitimidad en la causa por activa del
departamento del Huila, por lo que la acción de tutela no es la instancia
adecuada para resolver asuntos que podrían haberse dirimido en dicho
expediente.
Indicó que no se vulneró el derecho a la igualdad del municipio de Teruel, pues
el hecho de que otros municipios del Huila, como La Argentina y Yaguará,
hayan recibido conceptos del DNP indicando que no requerían dicho concepto
para operaciones de crédito, no puede ser utilizado como comparación válida,
especialmente cuando esos documentos no fueron aportados al proceso.
Mencionó que el defecto sustantivo no se configura por el reproche respecto de
la interpretación realizada por la autoridad, pues de ser así, ello equivaldría a
que el juez constitucional actúe como una instancia adicional para decidir sobre
la validez del acuerdo observado.
Destacó que, la interpretación está debidamente fundamentada en el proveído
censurado. En estos términos, concluyó que la acción de tutela es
improcedente, pues no se superó el requisito general de relevancia
constitucional y, además, no se transgredieron los derechos fundamentales
reclamados por la parte actora.
1.6.2. Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Esta entidad sostuvo que carece de competencia legal que le permita
pronunciarse u oponerse a las pretensiones, ya que se trata de una operación
de crédito interno, la cual es de resorte exclusivo del ente territorial, en
consonancia con el marco legal vigente para este tipo de operaciones de
crédito, las cuales en todo caso deberán tener visto bueno del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
1.6.3. Vladimir Salazar Arévalo, en calidad de apoderado judicial del municipio
de Teruel en el trámite ordinario
Este profesional del derecho manifestó que coadyuvaba con la acción de tutela.
Advirtió que, el 25 de junio de 2025 radicó una petición ante el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, para que la entidad corrigiera y/o aclarara el inciso
4 del artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el artículo 3 del
Decreto 1575 de 2022; lo cual fue negado el 22 de julio de 2025, al considerar
que no existe ambigüedad ni error en el decreto que sugiera que las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Demandante: Germán Morales Oliveros,
como alcalde del municipio de Teruel (Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2025-04504-01
operaciones de crédito público interno de las entidades territoriales requieren
concepto previo del DNP.
Expuso que la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo por la
aplicación incorrecta del artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015, desconoció
el precedente al no tener en cuenta la Sentencia C-738 de 2001 de la Corte
Constitucional ni el fallo emitido en el proceso con radicado 41001-23-33-000-
2019-00179-00, en el cual la autoridad judicial accionada fijó una posición sobre
los empréstitos municipales y en un defecto fáctico, pues no valoró el concepto
emitido por el DNP, en el que se explica que no se requiere su intervención
para la celebración de operaciones de crédito interno por parte de los
municipios.
1.6.4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Esta cartera indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva y, en
consecuencia, solicitó su desvinculación, puesto que la parte accionante
pretende controvertir la decisión adoptada por el tribunal demandado mediante
la cual se declaró la invalidez del Acuerdo 007 de 2024, en el medio de control
de observación, trámite en el que no fue parte, por lo que no puede atribuírsele
la vulneración, ni por acción u omisión, de los derechos fundamentales
reclamados por la parte accionante.
1.6.5. Gobernación del Huila
Esta entidad territorial sostuvo que planteó los cuestionamientos al acuerdo
precitado, en cumplimiento del deber previsto en el numeral 10 del artículo 305
de la Constitución Política, esto es, remitir los acuerdos municipales al tribunal
acusado, cuando se advierte que una disposición es contraria a la Constitución
y la ley.
Señaló que, es a la autoridad judicial a la que le corresponde decidir si esta
tiene sustento jurídico y en consecuencia decidir sobre su validez y
permanencia en el ordenamiento jurídico, por lo que, a su juicio, no podía puede
imputársele la vulneración que alegó la parte demandante.
Manifestó que en el proceso la directora del Departamento Administrativo
Jurídico de la Gobernación del Huila se otorgó poder a un profesional del
derecho de esa dependencia para promover la respectiva solicitud de revisión
constitucional y legal del acto administrativo mencionado, cuya actuación se
surtió conforme a las facultades que el gobernador delegó al director de esa
dependencia desde el año 2008.
Apoyó la decisión demandada, la cual consideró que se encontraba
debidamente motivada; por lo que, lo planteado en la acción de tutela implicaría
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Demandante: Germán Morales Oliveros,
como alcalde del municipio de Teruel (Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2025-04504-01
una seria afectación a los principios de juez natural y de seguridad jurídica y
cosa juzgada.
Indicó que, la parte accionante intenta revivir un debate que fue ampliamente
discutido y resuelto conforme a derecho; por lo que, solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela.
1.6.6. Algunos habitantes de la comunidad de Teruel3
Estos mencionaron que su intervención obedece al deterioro del hospital
municipal, lo cual se agrava por la imposibilidad de ejecutar los recursos de un
empréstito gestionado por el municipio, pero no aprobado por el tribunal
cuestionado.
Indicaron que la decisión que se demandó en el medio de control, aunque
enmarcada en procedimientos legales, impidió el desarrollo de un proyecto que
pretendía mejorar la infraestructura hospitalaria que está en pésimas
condiciones.
Informaron que, cientos de personas están expuestas a un sistema de salud
colapsado por falta de instalaciones adecuadas, lo que vulnera el derecho a la
salud, vida y dignidad de muchos habitantes.
Alegaron que, el hospital municipal es el único dentro de salud de primer nivel.
Por lo anterior, solicitaron evaluar con enfoque humanitario y territorial la grave
afectación que vive su comunidad.
1.6.7. ESE Hospital San Roque de Teruel
Esta entidad hospitalaria señaló que enfrenta una grave situación relacionada
con su infraestructura física, la cual compromete seriamente la adecuada
prestación del servicio de salud a la población del municipio.
Precisó que esa problemática fue documentada en el informe de visita ICC 122-
2023, del 3 de noviembre de 2023, en el que se identificaron, entre otros
3 Elisabeth Laguna Guerrero, María Elcy Velasco Osso, Manuel Alejandro David Jorge, Aracely
Laguna de Zapata, Sandra Liliana Herrera, Héctor Ángel Cerquera, Adriana Milena Ramírez
Velasco, Beatriz Penagos Montaño, Jesús Ricardo Cardozo Penagos, Duvan Darío Laguna
Camacho, Francisco Javier Laguna Vargas, Karen Lucía Trujillo Moreno, Jair Yadier Alfaro
Sánchez, Andrea del Pilar Penagos Laguna, Briyid Laguna Laguna, Alba Rocío Baicue Medina,
Marleny Penagos Rodríguez, Julio César Castro Pérez, Eduardo Trujillo Villegas, Stella
Camacho de Vargas, Luis Elias Vargas Bustamante, Lina Marcela Pérez Ladino, Jorge
Leonardo Rivera Leyva, José Leonardo Cardozo Penagos, Cristian Camilo Salazar Sánchez,
Floresmiro Penagos Molina, Yesica Fernanda Martínez Calderón, Domitila Montano de
Penagos, Diana Maritza Herrera Laguna, Celimo Penagos Cerquera, Diana Paola Lizcano
Perdomo, Edna Maryobi Gómez y Diego Armando Laguna Gaitán.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Demandante: Germán Morales Oliveros,
como alcalde del municipio de Teruel (Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2025-04504-01
hallazgos relevantes: la ausencia de ambientes de aseo exclusivos para los
servicios de urgencias, hospitalización y atención del parto; entre otros.
Resaltó que la situación financiera de la entidad imposibilita materialmente la
ejecución de las inversiones necesarias para subsanar las deficiencias
identificadas, tal como lo evidencia sus estados financieros con corte al 31 de
diciembre de 2024.
Manifestó que, también coadyuvaba para que se acceda a las pretensiones de
la demanda constitucional y, en consecuencia, se revoque la providencia del 8
de abril de 2025, con el fin de garantizar el acceso efectivo a los recursos
necesarios para la adecuación de la infraestructura física del hospital.
1.7. Fallo de primera instancia
Mediante sentencia del 28 de agosto de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A negó la solicitud de amparo. A su vez, accedió a la
desvinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El a quo consideró que se cumplían los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial, particularmente el de la relevancia
constitucional, así:
…toda vez que el debate gira en torno a la presunta transgresión del derecho
fundamental al debido proceso, se argumentaron con suficiencia los reparos
alegados, no se observa que la parte accionante pretenda emplear el presente
mecanismo como una instancia adicional para reabrir el debate ya zanjado y la
discusión no versa sobre un asunto de mera legalidad o carácter eminentemente
económico…
Hizo referencia al contenido de la providencia demandada, para destacar que,
no se configuró el defecto sustantivo porque la interpretación realizada por el
tribunal demandado es razonable a la luz de las normas aplicables; en
particular, frente a la exigencia del concepto previo del DNP previsto en el inciso
4 del artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 1575
de 2022.
Agregó que, la autoridad judicial precitada no desconoció el contenido
normativo del artículo 276 del Decreto Ley 1333 de 1986, sino que llevó a cabo
una lectura armónica entre dicho precepto y la normativa reglamentaria
mencionada (Decreto 1068 de 2015), diferenciando entre la autorización previa
para la validez del contrato de empréstito y el concepto técnico del DNP como
requisito para estructurar una operación de crédito público destinada a financiar
gastos de inversión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Demandante: Germán Morales Oliveros,
como alcalde del municipio de Teruel (Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2025-04504-01
Precisó que, la autoridad judicial demandada evidenció que los artículos 276 y
279 del Decreto Ley 1333 de 1986 establecieron que los créditos internos
celebrados por los municipios con entidades sometidas a la vigilancia de la
Superintendencia Financiera no requieren autorización previa o posterior de
autoridad nacional para su validez y que dentro de los requisitos que debe
cumplir el ejecutivo para suscribir un contrato de empréstito no se menciona un
concepto por parte del DNP.
Adujo que, en la providencia demandada se indicó que el inciso 4 del artículo
2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015 exige, como condición complementaria y
diferenciada, un concepto técnico del DNP en relación con la justificación del
proyecto y su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, en aquellos
eventos en que la operación de crédito público tenga por objeto el
financiamiento de gastos de inversión.
Estimó que, la lectura sistemática de las normas efectuada por el tribunal
cuestionado no fue arbitraria o caprichosa, pues parte del reconocimiento de
que el concepto del DNP no tiene naturaleza de autorización, sino que
constituye una exigencia de carácter técnico-planificadora, orientada a verificar
la viabilidad de las operaciones de endeudamiento público.
Destacó que, la autoridad accionada hizo una distinción razonable entre la
celebración del contrato de empréstito y la ejecución del contrato mismo, pues
explicó que el contrato de empréstito constituye una operación de crédito en sí
misma, que implica la autorización y formalización para obtener recursos
financieros y, en esa medida, no puede entenderse que corresponda a la
ejecución del contrato.
Concluyó que, la autoridad judicial accionada realizó una interpretación
coherente y razonable del marco normativo aplicable al caso.
Descartó el defecto fáctico relacionado con la omisión en la valoración del oficio
20244381478341 del 27 de diciembre de 2024, emitido por el DNP, puesto que
si bien la autoridad accionada no se pronunció sobre dicho documento, a pesar
de que el aquí accionante, en el escrito de contestación de la demanda, lo puso
de presente, dicha omisión no configura el yerro invocado, por cuanto ese oficio
fue expedido con posterioridad a la emisión del Acuerdo 07 de 2024 y se refiere
a una entidad territorial diferente (municipio de Neiva).
Recordó que la autoridad accionada debía realizar el juicio de validez del acto
administrativo precitado de acuerdo con los elementos fácticos y jurídicos que
sirvieron de fundamento para su expedición, por lo que no era procedente
exigirle a la autoridad judicial que valorara elementos probatorios sobrevinientes
como el oficio citado, para determinar la legalidad de un acto emitido con
anterioridad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Demandante: Germán Morales Oliveros,
como alcalde del municipio de Teruel (Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2025-04504-01
Agregó que, tampoco se configuró el desconocimiento del precedente de la
sentencia C-738 de 2001 proferida por la Corte Constitucional y el fallo del 27
de agosto de 2019 emitido por el Tribunal Administrativo del Huila en el proceso
con radicado 41001-23-33-000-2019-00179-00, pues dichos pronunciamientos
no comparten similitud fáctica con el caso que discutido.
Hizo referencia a las generalidades del defecto orgánico, para destacar que
este se refiere a la autoridad que profiere la decisión judicial objeto de este
proceso de amparo; por lo que, consideró que tal vicio tampoco se configuró
porque lo demandado con la solicitud de tutela consistía en la falta de
competencia de la autoridad que presentó el medio de control de observación.
Indicó que, en todo caso, si la parte actora consideraba que esta situación
vulneraba su derecho al debido proceso, debió plantearlo en primer lugar ante
el juez natural de la causa, quien es la autoridad competente para pronunciarse
sobre el asunto, por lo que emitir una decisión al respecto en esta sede
implicaría asumir competencias de una autoridad que no ha tenido la
oportunidad de intervenir en esa discusión.
1.8. Impugnación
Mediante escrito remitido el 15 de septiembre de 2025, la parte actora impugnó
el fallo de tutela de primera instancia, el cual fue notificado vía electrónica el 8
del mismo mes y año.
Reiteró los defectos inicialmente planteados en el escrito inicial de tutela, al
considerar que con la decisión demandada se incurrió en un defecto sustantivo
porque el tribunal aplicó indebidamente el inciso 4 de artículo 2.2.1.6 del
Decreto 1068 de 2015 (modificado por el Decreto 1575 de 2022) para anular el
acuerdo del concejo municipal.
Señaló que, esa norma regula operaciones de crédito externo y contratos de
empréstito, mas no el acto administrativo previo de autorización del concejo. De
modo que, el tribunal confundió esos dos actos que son distintos: i) la
autorización del concejo (acto administrativo) y ii) el contrato de empréstito (acto
contractual).
Indicó que, se desconocieron normas de rango superior como la Ley 80 de
1993, el Decreto 1333 de 1986, artículo 276) que excluyen la exigencia del DNP
en créditos internos,
Reprocho también que no se aplicara la excepción de inconstitucionalidad o de
ilegalidad pese a que la norma reglamentaria contradice dichas normas de
rango superior.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Demandante: Germán Morales Oliveros,
como alcalde del municipio de Teruel (Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2025-04504-01
Insistió en que con la providencia demandada se incurrió en un defecto fáctico
porque se omitió valorar el oficio del DNP del 27 de diciembre de 2024, en el
que expresamente se indica que no corresponde a esa entidad emitir concepto
para créditos internos de municipios.
Alegó que, pese a lo expuesto por el a quo, ese documento era esencial ya que
mostraba la interpretación oficial de la autoridad técnica competente y
demostraba la imposibilidad práctica de cumplir el requisito.
Refirió que también se configuró el desconocimiento del precedente
particularmente respecto del pronunciamiento del mismo tribunal demandado,
emitido en un caso análogo (Concejo de Neiva), en el cual se concluyó que el
artículo 279 del Decreto 1333 de 1986 se refería al contrato y no al acuerdo de
autorización. Pese a ello, la autoridad judicial demandada no explicó por qué se
apartó.
Mencionó que, el defecto orgánico también se configuró ante la falta de
competencia del tribunal demandado porque tramitó la demanda de
observación por la jefe de la Oficina Jurídica del departamento del Huila, que no
tenía competencia para ello, pues según el artículo 305.10 superior le
correspondía era al gobernador, quien podía delegar pero no lo hizo.
Agregó que, por ser un medio de control de única instancia, se le privó de la
doble instancia.
Destacó que, la autonomía territorial se desconoce si se exige al municipio de
Teurel un concepto previo del DNP para aprobar operaciones de crédito interno.
Con ello se afectan los derechos fundamentales colectivos de la población,
puesto que el empréstito buscaba financiar la adecuación del centro de salud
municipal (que es el único en dicho ente territorial) y, la decisión acusada
bloquea las posibilidades de acceder a dichos recursos.
Expuso que la igualdad del mencionado municipio se vulnera frente a otros
pues a estos no se les ha exigido ese requisito que a su juicio es imposible de
cumplir.
Advirtió que el tribunal demandado creó una situación de imposibilidad jurídica
ya que exigió un concepto que tanto el DNP y el Ministerio de Hacienda han
reiterado que no se emite para operaciones de crédito interno. Estimó que con
ello se vulnera el derecho al autogobierno y a la satisfacción de necesidades
básicas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Demandante: Germán Morales Oliveros,
como alcalde del municipio de Teruel (Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2025-04504-01
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
decisión de primera instancia en atención a lo consagrado por el Decreto 2591
de 19914, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
El señor Vladimir Salazar Arévalo, en calidad de apoderado judicial del
municipio de Teruel en el trámite ordinario, al igual que la ESE Hospital San
Roque de dicho municipio manifestaron que coadyuvaban la solicitud de tutela.
Al respecto, se observa que como el a quo no se pronunció sobre dicha
manifestación de ambos intervinientes, en esta oportunidad se aceptará la
solicitud de coadyuvancia pues su escrito se funda en el mismo reproche que
planteó la entidad actora, y sus argumentos no se encuentran en oposición con
los de aquella y tampoco implican disposición del derecho en litigio5.
2.3. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.
Por tanto, se analizará si de acuerdo con los argumentos expuestos en la
impugnación del fallo, debe revocarse la sentencia de primera instancia que
negó el amparo solicitado, para en su lugar acceder a la protección invocada
por la parte actora que considera que con la providencia del 8 de abril de 2025
dictada por el Tribunal Administrativo del Huila se incurrió en los defectos
sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y orgánico.
De encontrarse cumplidos los requisitos de procedencia adjetiva, se analizará si
con la decisión demandada se incurre en la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la entidad demandante.
4 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política
5 Artículo 71 del Código General del Proceso.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Demandante: Germán Morales Oliveros,
como alcalde del municipio de Teruel (Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2025-04504-01
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20126, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.7
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por
la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los fijados hasta el
momento jurisprudencialmente. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.8
6 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
7 Ibídem.
8 Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Demandante: Germán Morales Oliveros,
como alcalde del municipio de Teruel (Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2025-04504-01
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Caso concreto
El señor Germán Morales Oliveros, como alcalde del municipio de Teruel y por
intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Huila para que se protegieran sus derechos fundamentales
los cuales consideró vulnerados con la providencia del 8 de abril de 2025
mediante la cual declaró la invalidez del Acuerdo 07 de 2024 emitido por el
Concejo Municipal de Teruel, «por medio se autoriza un cupo de
endeudamiento y se autoriza al alcalde municipal de Teruel (Huila) para
gestionar, negociar y realizar operaciones de crédito público, celebrar contratos
de empréstito y se dictan otras disposiciones».
Para tal efecto, la parte actora alegó que con dicha decisión se incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y orgánico. Esto,
por la aplicación indebida de la norma, la omisión probatoria, la falta de
aplicación de un pronunciamiento de la Corte Constitucional y otro dictado por
la misma autoridad en un caso análogo, entre otros, y porque el tribunal
acusado decidió un medio de control de observaciones promovida por quien no
era competente para ello.
El a quo negó el amparo solicitado, al considerar que dichos vicios no se
configuraron en el proveído demandado.
La parte accionante impugnó. Para tal efecto, reiteró que con la decisión
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Demandante: Germán Morales Oliveros,
como alcalde del municipio de Teruel (Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2025-04504-01
acusada se incurrió en los defectos específicos anotados y, consecuentemente
se vulneran sus garantías constitucionales y legales, puesto que, el tribunal
demandado creó una situación de imposibilidad jurídica ya que exigió un
concepto que no se emite para operaciones de crédito interno.
Para resolver, se considera lo siguiente:
En lo particular, se encuentra que, el a quo consideró que se acreditaron los
presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, particularmente el de la relevancia constitucional, pues a su
juicio el debate giraba en torno a la presunta transgresión del derecho
fundamental al debido proceso, se argumentaron con suficiencia los reparos
alegados, además no se observó que la parte accionante pretendiera emplear
el presente mecanismo como una instancia adicional para reabrir el debate ya
zanjado y la discusión no versaba sobre un asunto de mera legalidad o carácter
eminentemente económico.
En lo particular, se observa que, el fallo de tutela impugnado debe revocarse
pues no se cumple el requisito de la relevancia constitucional, por los siguientes
motivos:
En relación con el aludido requisito, se observa que, la Corte Constitucional en
la sentencia SU 215 de 2022 señaló:
…la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de
tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene
que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales… Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
Dicho presupuesto general de la acción de tutela supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con
aquel9. De igual manera, se precisa el aludido requisito tiene tres finalidades, a
saber:
9 Sentencia SU 573 de 2019.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Demandante: Germán Morales Oliveros,
como alcalde del municipio de Teruel (Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2025-04504-01
(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional10 y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad11; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales12 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces13.
Por tanto, este juez constitucional no puede atribuirse las facultades del
funcionario judicial de instancia, lo cual está prohibido, en tanto que implicaría
un menoscabo de los principios de autonomía judicial y de juez natural.
En efecto, esta sala de decisión planteó que el estudio de la relevancia
constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la
Corte Constitucional y acogidos por esta corporación, que en concreto se
refieren entre otros a que no se trate de asuntos de orden económico en los que
no se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental.
Lo anterior, porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces
ordinarios o naturales de la causa, pues la acción de tutela no puede
convertirse en una tercera instancia.
Por consiguiente, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la
decisión judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales, sino
que es necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la carga
de argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta contradicción
de los mandatos constitucionales y, ii) que implique la intervención del juez
constitucional.
En ese orden, para el caso concreto no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por el tribunal demandado que
amerite la intervención en sede constitucional.
En efecto, del contenido de la providencia acusada se observa que, el tribunal
demandado resolvió el asunto atinente a la exigencia del concepto previo del
DNP previsto en el inciso 4 del artículo 2.2.1.6 del Decreto 1068 de 2015,
modificado por el Decreto 1575 de 2022.
Por lo anterior, se precisa que tal reproche no representa un debate de orden
constitucional, sino meramente legal, en tanto que lo que se cuestionó es la
10 “Sentencia C-590 de 2005.”
11 “Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
12 “Sentencia C-590 de 2005.”
13 “Sentencia T-102 de 2006.”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Demandante: Germán Morales Oliveros,
como alcalde del municipio de Teruel (Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2025-04504-01
interpretación de dichas normas para establecer su criterio sobre el
endeudamiento público y de técnica contractual, lo cual fue objeto de estudio
por el tribunal demandado que estableció que el concepto del DNP no es una
autorización, sino un requisito técnico de planeación. Esto, al señalar que la
disposición del Decreto 1068 de 2015 no exige una autorización, sino un
concepto técnico del DNP, lo cual es una exigencia distinta y adicional.
Así, pese a que la parte actora invocó la violación de sus derechos
fundamentales, lo cierto es que cuestionó una diferencia de interpretación legal
consistente en establecer si el DNP debe o no dar concepto para créditos
internos; por tanto, no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional.
Adicionalmente, se observa que, tampoco se acredita dicho presupuesto ante el
cuestionamiento del defecto fáctico porque la legalidad del acto debía hacerla el
tribunal acusado con base en los elementos existentes al momento de su
expedición, y no con pruebas posteriores o sobrevinientes relativas a otro
municipio.
Por tanto, lo reprochado en relación con dicho defecto se refiere a una presunta
omisión probatoria que no logra cumplir la carga argumentativa necesaria para
justificar el vicio alegado.
A su vez, en cuanto al presunto desconocimiento del precedente 14, se advierte
que tampoco se acredita el mencionado presupuesto general de procedencia
ante la falta de carga argumentativa, dado que el accionante no expuso la
similitud fáctica entre los casos y el suyo, ni la regla de derecho que se fijó en
las sentencias alegadas como desconocidas.
Finalmente, en relación con el defecto orgánico se observa que este se
fundamentó en la falta de legitimidad de la funcionaria que presentó el medio de
control de observación, mas no en la propia competencia del tribunal
demandado, lo cual corresponde es a un asunto procesal del trámite del
proceso en cuestión.
Por lo que, lo discutido se centra a la interpretación de normas legales y
reglamentarias, concernientes a la legalidad ordinaria de medios de control
14 En la sentencia C-738 de 2001, la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad del
numeral 3° del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Dicho pronunciamiento se
refirió a la facultad del concejo para reglamentar lo relacionado con la autorización del alcalde
para contratar.
En el fallo del 27 de agosto de 2019 emitido por el Tribunal Administrativo del Huila en el
proceso con radicado 41001-23-33-000-2019-00179-00 se revisó la legalidad del Acuerdo
Municipal No. 004 de 2019, expedido por el Concejo del municipio de Neiva (Huila), «Por el cual
se autoriza al alcalde de Neiva para contratar un cupo de endeudamiento con entidades
financieras y se conceden unas facultades».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Demandante: Germán Morales Oliveros,
como alcalde del municipio de Teruel (Huila).
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Rad: 11001-03-15-000-2025-04504-01
como el que se demanda a través de esta acción de tutela, lo cual ya fue objeto
de análisis y debate del tribunal acusado.
Por consiguiente, se revocará el fallo impugnado que negó el amparo para, en
su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el
presupuesto de la relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Acéptase la coadyuvancia formulada el señor Vladimir Salazar
Arévalo, en calidad de apoderado judicial del municipio de Teruel en el trámite
ordinario y la ESE Hospital San Roque de dicho municipio.
SEGUNDO: Revócase la sentencia del 28 de agosto de 2025, por la cual, el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A negó la solicitud de
amparo, para en su lugar declarar improcedente la acción de tutela por no
cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional.
TERCERO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.