Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04507-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04507-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04507-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Parte accionada: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04507-01
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Se revoca el fallo impugnado
que negó el amparo y, en su lugar, declarar la improcedencia por falta de
relevancia constitucional
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
14 de agosto de 2025, proferido por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, mediante el cual negó la solicitud de amparo de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en ejercicio de
la acción de controversias contractuales presentó demanda contra el
Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda -
Departamento Administrativo del Medio Ambiente y de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. -EAAB-, solicitando que se
declarara el cumplimiento del Convenio Interadministrativo núm. 250 de
1997.
1.2. En el marco del anterior proceso, el Distrito Capital de Bogotá presentó
demanda de reconvención en contra de la accionante, con el propósito
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de que se declarara que la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca incumplió con el Convenio Interadministrativo núm. 250
de 1997.
1.3. El conocimiento del proceso le correspondió a la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en
sentencia de 25 de agosto de 2021 negó parcialmente las pretensiones
de la demanda principal, y accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda de reconvención.
1.4. Inconforme con la anterior decisión la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca interpuso recurso de apelación.
1.5. Mediante sentencia de 11 de septiembre de 2024, la Sección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado modificó parcialmente la
decisión de primera instancia, en el sentido de concretar la condena
impuesta a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca,
ordenar la liquidación judicial del Convenio Interadministrativo núm. 250
de 1997 y declarar no probadas las excepciones propuestas por la CAR
frente a la demanda de reconvención.
1.6. El 9 de octubre de 2024, la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca formuló solicitud de aclaración y adición respecto de la
decisión de 11 de septiembre de 2024.
1.7. Mediante auto de 10 de diciembre de 2024, la Sección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado negó la anterior solicitud de aclaración
y adición.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico, al omitir la valoración de pruebas técnicas, contables y contractuales,
en especial el informe contable que, con base en registros financieros y
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soportes presupuestales oficiales, acreditaba que los aportes ejecutados por
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca entre 1997 y 2003 eran
suficientes para cubrir el componente de inversión ambiental pactado en el
convenio interadministrativo núm. 250 de 1997.
Indicó que la autoridad judicial incurrió en defecto sustantivo, al desconocer el
artículo 44 de la Ley 99 de 1993, y fundamentar su decisión en el Decreto
Distrital 748 de 1995, excediendo el objeto del convenio interadministrativo y
adoptando una decisión jurídica y materialmente inexigible.
Señaló que se configuró un defecto procedimental absoluto, en tanto la
autoridad judicial asumió que las obligaciones derivadas del Convenio
Interadministrativo núm. 250 de 1997 subsistían a pesar de la terminación del
contrato de concesión, sin considerar que debía procederse a su liquidación
conforme al objeto ejecutado y a la extinción de la causa jurídica.
Aseveró que se incurrió en desconocimiento del precedente constitucional al
haberse desatendido las sentencias T- 774 de 2004, C-590 de 2005, SU-053
de 2015 y SU- 573 de 2017.
3. Pretensiones
La parte actora planteó las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Se amparen los derechos Constitucionales y
fundamentales al debido proceso (artículo 29 Constitucional y numeral 1,
artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), Ley 1437 del 2011) y artículo 14 del Código
General del Proceso (CGP), Ley 1564 del 2012), al acceso a la
administración de justicia (artículo 229 Constitucional), a la igualdad y al
principio de igualdad de armas procesales (artículo 13 Constitucional), y
al derecho al patrimonio público y a la autonomía institucional (artículo 31
de la Ley 99 de 1993) de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE CUNDINAMARCA (CAR), los cuales fueron flagrantemente
vulnerados al dictarse la sentencia del día 11 de septiembre del año 2024,
proferida por el Honorable Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, dentro del expediente judicial con radicado No.
25000232600020040020202, al incurrir en múltiples vías de hecho (hoy
llamadas requisitos específicos de procedibilidad), puntualmente en los
defectos sustantivo, fáctico y procedimental, incurriendo además en un
desconocimiento del precedente, configurando causales específicas para
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la procedencia excepcional de la Acción de Tutela en contra de
providencia judicial como es el caso que aquí nos ocupa.
SEGUNDA: Se declare que la providencia del 11 de septiembre de 2024,
proferida por el Honorable Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, dentro del expediente con radicado No.
25000232600020040020202, incurrió en defectos tanto generales como
específicos que habilitan excepcionalmente la procedencia de la presente
Acción de Tutela contra providencias judiciales, conforme a los
parámetros fijados por la jurisprudencia Constitucional, en particular los
establecidos en la Sentencia SU - 395 de 2017 de la Honorable Corte
Constitucional, entre otras.
TERCERA: Se declare que la providencia del 11 de septiembre de 2024,
proferida por el Honorale Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, dentro del expediente con radicado No.
25000232600020040020202, incurrió en un defecto fáctico, al omitir el
análisis objetivo, razonado, razonable y completo de las pruebas
contables, técnicas y contractuales allegadas por la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR) dentro del
proceso judicial en el contencioso administrativo, en especial el informe
financiero rendido por el asesor contable, el señor Gustavo Moreno
Montalvo, el cual acredita que los aportes realizados por la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR)
(por más de USD $152.8 millones entre 1997 y 2003) eran suficientes para
cubrir la totalidad del componente de inversión exigido por el Convenio
250 de 1997; incurriendo así en una vulneración directa y flagrante al
debido proceso (artículo 29 Constitucional y numeral 1, artículo 3 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), Ley 1437 del 2011) que privó a mi prohijada de
una valoración probatoria integral y afectó gravemente la legalidad, la
justicia material y la autonomía institucional (artículo 31 de la Ley 99 de
1993) en la decisión hoy objeto de censura.
CUARTA: Se declare que la providencia del 11 de septiembre de 2024,
proferida por el Honorable Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, dentro del expediente con radicado No.
25000232600020040020202, incurrió en un defecto sustantivo, al exigir a
la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
(CAR) aportes para operación y mantenimiento una vez terminado el
contrato de concesión, con fundamento en el Decreto 748 de 1995,
desconociendo el artículo 44 de la Ley 99 de 1993, que establece que los
recursos de la sobretasa ambiental están destinados exclusivamente a
programas y proyectos de inversión ambiental.
QUINTA: Se declare que la providencia del 11 de septiembre de 2024,
proferida por el Honorable Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, dentro del expediente con radicado No.
25000232600020040020202, incurrió en un defecto procedimental, al
vulnerar las garantías del debido proceso en materia de audiencia,
defensa y contradicción (artículo 29 Constitucional y numeral 1, artículo 3
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), Ley 1437 del 2011) y artículo 14 del Código
General del Proceso (CGP), Ley 1564 del 2012), así como los principios
de legalidad procesal y congruencia de la decisión, al dar por subsistentes
las obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 250 de 1997 pese a
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la terminación formal del contrato de concesión No. 15 de 1994, sin abrir
debate alguno sobre su liquidación o ejecutoria.
SEXTA: Se declare que la providencia del 11 de septiembre de 2024,
proferida por el Honorable Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, dentro del expediente con radicado No.
25000232600020040020202, incurrió en un defecto por desconocimiento
del precedente, al apartarse injustificadamente de la jurisprudencia
consolidada y pacífica del Honorable Consejo de Estado y de la Honorable
Corte Constitucional, relativa a la autonomía administrativa y financiera de
las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), a la fuerza vinculante
de los actos administrativos ejecutoriados, a la extinción formal de las
obligaciones contractuales y al principio de protección de la confianza
legítima, vulnerando con ello los derechos fundamentales al debido
proceso, a la buena fe, a la seguridad jurídica y al acceso a una
administración de justicia coherente, imparcial y predecible.
SÉPTIMA: Como consecuencia de lo anotado en las anteriores
pretensiones, solicito se ANULE y deje sin efectos la sentencia de
segunda instancia proferida por el Consejo de Estado el día 11 de
septiembre de 2024, Sección Tercera, Subsección B, dentro del
expediente con radicado No. 25000232600020040020202 y en su lugar
se dicte la sentencia que en derecho corresponda respetando y
garantizando los derechos Constitucionales y Fundamentales previstos
en la Carta Política de 1991.
OCTAVA: Se conceda como MEDIDA CAUTELAR dentro del presente
trámite Constitucional, la suspensión inmediata de los efectos ejecutivos,
fiscales, presupuestales y contables derivados de la sentencia del 11 de
septiembre de 2024, proferida por el Honorable Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, dentro del expediente con radicado No.
25000232600020040020202, hasta tanto se profiera decisión de fondo en
esta Acción Tutela, con el fin de evitar un perjuicio grave e irremediable al
patrimonio público, a las finanzas públicas, al herario público, a la
estabilidad financiera y a la seguridad jurídica de la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR), frente a la
inminente ejecución de una condena basada en una providencia judicial
que presenta y reviste graves y serios vicios en torno a su
Constitucionalidad, lo cual de contera viola los derechos Constitucionales
fundamentales señalados líneas atrás. […]”. [sic en toda la cita]
II. INTERVENCIONES
1. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado rindió informe
en el que manifestó que “[…] estaré presto a atender lo que disponga la Sala
que decida la acción constitucional […]”.
2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió el expediente del medio
de control de controversias contractuales con núm. de radicación 25 000-23-
26-000-2004-00202-01.
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3. El Distrito de Bogotá solicitó su desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva. Adicionalmente, advirtió que la presente acción de tutela
incumple los requisitos generales de relevancia constitucional, inmediatez y
subsidiariedad.
4. La Secretaría Distrital de Ambiente solicitó la declaratoria de improcedencia
de la acción de tutela al considerar que la accionante no ha agotado los medios
de defensa judicial, como lo es el recurso extraordinario de revisión.
5. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB- indicó que sus
actuaciones se encuentran acorde con el ordenamiento jurídico sin que haya
vulnerado ningún derecho fundamental a la accionante. Igualmente, solicitó su
desvinculación del presente asunto.
III. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
Mediante sentencia de 14 de agosto de 2025, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela
de la referencia y las solicitudes de desvinculación propuestas por la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Secretaría Distrital de Bogotá,
por las siguientes razones:
Consideró que no se configuró el defecto fáctico, por cuanto la autoridad
accionada efectuó un análisis integral de las certificaciones, órdenes de pago,
informes financieros y presupuestales, que lo llevaron a negar las pretensiones
de la demanda principal.
Indicó que la decisión objeto de tutela no obedeció a un capricho ni a una
arbitrariedad, sino que se fundamentó en un estudio lógico y razonable del
artículo 1° del Decreto 748 de 1995.
En relación con el defecto procedimental absoluto, indicó que la autoridad
judicial asumió que las obligaciones derivadas del Convenio
Interadministrativo núm. 250 de 1997 subsistían a pesar de la terminación del
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Contrato de Concesión núm. 015 de 1994, sin desconocer que dicho convenio
debía liquidarse conforme al objeto ya ejecutado y a la cesión de la extinción
jurídica. Por tanto, no se configuró una indebida prolongación de las cargas
económicas ni se acreditó la causal de procedibilidad de tutela por este
defecto.
Finalmente, advirtió que la decisión cuestionada cuenta con una carga
argumentativa suficiente y razonable, conforme a los lineamientos
establecidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado, sin que se
evidencie el desconocimiento del precedente judicial.
IV. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia reiterando
en términos generales los argumentos expuestos en el escrito inicial de tutela
relacionado con la configuración de un defecto fáctico, procedimental,
sustantivo y desconocimiento del precedente.
Adujo que el a quo realizó una lectura restrictiva y formalista de la procedencia
de la acción de tutela porque no efectuó un análisis integral del acervo
probatorio ni una aplicación razonable del marco normativo.
Refirió que el fallo de primera instancia legitimó una interpretación judicial que
se aparta de las reglas de la experiencia y de la lógica, afectando el debido
proceso y la protección que ofrece la doctrina sobre esta garantía
constitucional.
Destacó que el a quo validó la exigencia de nuevos aportes con posterioridad
a la terminación del Contrato de Concesión núm. 15 de 1994, con fundamento
en un reglamento de menor jerarquía, lo cual constituye una interpretación
contra legem.
Manifestó que el fallo de primera instancia avaló una grave alteración de las
reglas del debido proceso al mantener obligaciones extinguidas vulnerando el
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derecho de audiencia, defesa y contradicción, al impedir que la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca controvirtiera un vínculo jurídico
inexistente.
Finalmente, refirió que la acción de tutela constituye la vía idónea para prevenir
perjuicios irreparables al erario y para garantizar la integridad del
ordenamiento jurídico, solicitando que se atienda la dicotomía entre la
admisión formal del trámite y el examen material de fondo.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
3. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado2, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia aquí controvertida vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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presuntamente en defecto sustantivo, fáctico, procedimental y
desconocimiento del precedente.
4. Caso concreto
4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo
de Estado4 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, que se configure alguno de los
requisitos especiales.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental5 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces6.
3
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
4
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
5
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
6
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad judicial accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en el
marco del proceso de controversias contractuales con número de radicación
250002326-000-2004-00202-02.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad accionada haya incurrido en una
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arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que, a su juicio, la autoridad accionada no tuvo en cuenta que el Convenio
Interadministrativo núm. 250 de 1997 había sido liquidado de manera formal, sin
que pudiera exigírsele aportes para operación y mantenimiento una vez
terminado el contrato de concesión núm. 015 de 1994, con fundamento en el
Decreto 748 de 1995, y desconoció el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 sobre los
recursos de la sobretasa ambiental destinados exclusivamente a programas y
proyectos de inversión ambiental.
El anterior argumento más que develar la existencia de una cuestión que sea
de “verdadera relevancia constitucional” que conlleve la presunta trasgresión
de los derechos fundamentales de la parte actora, demuestra una
inconformidad con la decisión adoptada por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado como si este mecanismo se tratase de un
recurso o instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse
en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le
es propio de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia
del juez natural.
Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.
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FALLA
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela de 14 de agosto de 2025 proferido por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar,
DECLARAR improcedente la solicitud de amparo por las razones expuestas
en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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