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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04508-00

Fecha
19 de agosto de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04508-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Manuel David Ruiz Barrios, por las razones expuestas en la parte motiva. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04508-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

19 de agosto de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04508-00
Demandante: MANUEL DAVID RUÍZ BARRIOS
Demandados: SALA QUINTA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
• SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN

Síntesis del caso: el demandante cuestionó la sentencia que en segunda instancia declaró
improcedente la acción de tutela que presentó en contra de un acto administrativo emitido en
un proceso de cobro coactivo. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela porque
se dirigió a cuestionar un fallo de la misma naturaleza.

La Sala decide la acción de tutela presentada el 17 de julio de 2025 por el señor Manuel
David Ruíz Barrios en contra de las sentencias proferidas el 11 de junio de 2025 y 27
de junio de 2025 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre, respectivamente, en el proceso de
acción de tutela con radicación no. 70001-33-33-002-2025-00087-00/01 para la
protección a su derecho fundamental del debido proceso, consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente (índice 2 en SAMAI):

1) El 29 de mayo de 2025, el señor Manuel David Ruíz Barrios promovió acción de
tutela en contra del Grupo de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la
República, mediante la cual pretendió que se dejara sin efectos el Oficio no.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04508-00
Demandante: Manuel David Ruíz Barrios
Acción de tutela

2025EE0099636 de 2025, que negó su solicitud de prescripción de la acción en el
marco de un proceso de cobro coactivo adelantado por esa autoridad.

2) El 11 de junio de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Sincelejo profirió sentencia de primera instancia que negó el amparo de tutela con
fundamento en que, tratándose del cobro de sumas derivadas de un acto administrativo
que resolvió un proceso de responsabilidad fiscal, no era procedente la prescripción de
la acción de cobro prevista en el Estatuto Tributario.

3) El demandante impugnó esa decisión y, mediante sentencia del 27 de junio de 2025,
la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre revocó el fallo
impugnado; en su lugar, declaró la improcedencia de la acción por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, tras considerar que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho era idóneo y eficaz para controvertir el Oficio no.
2025EE0099636 de 2025 del Grupo de Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General
de la República, aunado a que no se acreditó la presencia de un perjuicio irremediable.

2. Los fundamentos de la vulneración

La parte actora sostuvo que la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Sucre y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo vulneraron
su derecho fundamental del debido proceso porque debieron aplicar lo dispuesto en
los artículos 101 del CPACA, 59 de la Ley 610 de 2000 y 835 del Estatuto Tributario.

En su criterio, de dichas disposiciones se desprende que únicamente son demandables
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo los actos que ponen fin al proceso
de responsabilidad fiscal o aquellos que, dentro del cobro coactivo, deciden
excepciones, ordenan seguir adelante la ejecución o liquidan el crédito.

Por tanto, consideró que el Oficio no. 2025EE0099636 de 2025 no constituye un acto
administrativo demandable a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, de modo que dicho mecanismo no resultaba idóneo ni eficaz.

Además, afirmó que las autoridades judiciales omitieron vincular al proceso de acción
de tutela a algunos terceros con interés, sin identificar quiénes son esos sujetos.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04508-00
Demandante: Manuel David Ruíz Barrios
Acción de tutela

3. Las pretensiones

Con fundamento en lo anterior, la parte demandante solicitó lo siguiente:

“Se tutelen los principios y derechos que me fueron conculcados y, en
consecuencia, se ordene la revocatoria del fallo proferido por la sala quinta
de decisión oral del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, que me fue
notificado el día 07 de julio de 2025 y se les ordene que se profiera un nuevo
fallo, que deje sin efectos el Oficio No. 2025EE0099636 del 21 de mayo de
2025, por estar configuradas todas las situaciones fácticas y jurídicas para
que a través de acción de tutela se conceda la prescripción de los procesos
de cobro coactivos números 424, 589 y 646 que tramita en mi contra y de
otras personas el GRUPO DE JURISDICCIÓN COACTIVA – GERENCIA
SUCRE de la Contraloría General de la República -C.G.R” (mayúsculas del
original - archivo disponible a índice 2 en SAMAI).

4. La actuación procesal

Por auto del 23 de julio de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar al
presidente y a los magistrados integrantes de la Sala Quinta de Decisión Oral del
Tribunal Administrativo de Sucre y al titular del Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Sincelejo y se vinculó a la actuación como terceros con interés al
contralor general de la República y al coordinador o quien haga sus veces del Grupo
de Jurisdicción Coactiva - Gerencia Sucre, entregándoles copia de la demanda y los
anexos (índice 4 en SAMAI).

5. Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas

El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo allegó el
expediente digital del proceso con radicación no. 70001-33-33-002-2025-00087-00 y
solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento de
los requisitos que habilitan su procedencia excepcional en contra de fallos de la misma
naturaleza (índice 9 en SAMAI)

La Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre allegó el expediente
digital del proceso con radicación no. 70001-33-33-002-2025-00087-01 (índice 8 en
SAMAI) y solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque no se
demostró que la sentencia reprochada se hubiere proferido con ocasión de una
situación de fraude (índice 10 en SAMAI).

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04508-00
Demandante: Manuel David Ruíz Barrios
Acción de tutela

La Contraloría General de la República y su Grupo de Jurisdicción Coactiva - Gerencia
Sucre guardaron silencio en esta oportunidad, pese a estar debidamente notificadas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) delimitación del asunto
y 3) caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. Delimitación del asunto

La Sala observa que, si bien la acción de tutela se dirigió indistintamente en contra del
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo y la Sala Quinta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, lo cierto es que la parte demandante
únicamente reprochó la decisión de segunda instancia, en la cual se declaró la
improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad,
aunado a que su pretensión se encaminó a dejar sin efectos esta decisión.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04508-00
Demandante: Manuel David Ruíz Barrios
Acción de tutela

En consecuencia, el análisis de la presente providencia se limitará a los reparos
formulados en contra del fallo de tutela de segunda instancia emitido el 27 de junio de
2025 por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, siendo
aquella providencia la que definió el marco de decisión de la presente sentencia.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sala Quinta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre con el fin de que se proteja el derecho
fundamental del debido proceso, supuestamente vulnerado con ocasión de la sentencia
del 27 de junio de 2025, mediante la cual se revocó el fallo de tutela de primer grado y
se declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad.

En los términos en que se propuso la controversia, la Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela por las razones que se exponen a continuación.

1) La jurisprudencia constitucional ha establecido de manera pacífica que, por regla
general, no es admisible controvertir un fallo de tutela a través de una nueva acción de
tutela, pues la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en perjuicio de la
seguridad jurídica y la tutela perdería su eficacia como mecanismo de protección
inmediata de derechos fundamentales.

2) Sobre el particular, en las sentencias T-699 de 1996, T-162 de 1997 y T-1009 de
1999, la Corte Constitucional señaló que –en principio– la tutela contra tutela no es
procedente, salvo que se cuestionen actuaciones distintas a la sentencia que puso fin
al proceso y que exista una ostensible vía de hecho.

3) Luego, en la sentencia SU-1219 de 2001, la Corte Constitucional unificó su
jurisprudencia en torno a la improcedencia de las acciones de tutela en contra de
sentencias de tutela; criterio que fue acogido y reiterado en la sentencia C-590 de 2005,
mediante la cual se fijaron los requisitos generales y específicos de procedencia de la
acción de tutela en contra de providencias judiciales, en los siguientes términos:

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04508-00
Demandante: Manuel David Ruíz Barrios
Acción de tutela

“(…) f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse
de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas”.

4) No obstante, en pronunciamientos posteriores, esa Corporación estudió la
posibilidad de cuestionar una sentencia de tutela a través de otra acción de tutela
cuando se configura el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta; al efecto, la sentencia
SU-628 de 2015 estableció los siguientes parámetros para determinar la procedencia
por excepción de la acción de tutela en contra de fallos de la misma naturaleza:

“[a] Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla
general es la de que no procede.

[b] Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus
Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de
nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional.

[c] Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional,
cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la
acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que
la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación
de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.”.

5) La jurisprudencia constitucional ha precisado que la cosa juzgada fraudulenta se
configura cuando las partes o el juez utilizan el proceso con fines ilegales o dolosos
(Corte Constitucional, sentencia T-218 de 2018) o cuando la sentencia se profiere con
ocasión de “un negocio fraudulento [efectuado] a través de medios procesales, que
implican un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad” (Corte Constitucional,
sentencia T-073 de 2019).

6) En el caso concreto, el demandante cuestionó una sentencia de tutela de segunda
instancia porque, en su criterio, el tribunal no tuvo en cuenta los artículos 101 del
CPACA, 59 de la Ley 610 de 2000 y 835 del Estatuto Tributario al analizar el requisito
de subsidiariedad, según los cuales el Oficio no. 2025EE0099636 de 2025 no
constituiría un acto administrativo demandable mediante el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04508-00
Demandante: Manuel David Ruíz Barrios
Acción de tutela

7) Sin embargo, la Sala constató que el actor no alegó ni acreditó circunstancia alguna
que permita inferir que la decisión cuestionada se profirió de forma fraudulenta o con
móviles dolosos; en efecto, el expediente carece de elementos probatorios que
respalden la configuración de una cosa juzgada fraudulenta en los términos de la
jurisprudencia constitucional.

8) Adicionalmente, si bien la parte demandante manifestó que la autoridad judicial no
vinculó a todos los terceros con interés en el trámite de la acción de tutela primigenia,
no precisó quiénes eran esos sujetos, por qué les asistía un interés sustancial en el
proceso referido o en qué medida su no comparecencia en el mismo configuraba una
actuación fraudulenta, ni explicó la razón por la cual tampoco los invocó en esa primera
solicitud de amparo; en consecuencia, la Sala no advierte que esta circunstancia
configure una cosa juzgada fraudulenta en los términos antes expuestos, ni que en
este caso proceda el amparo por falta de vinculación de terceros interesados en los
términos expuestos por la sentencia SU-627 de 2015 de la Corte Constitucional.

9) En suma, para la Sala es evidente que la solicitud de amparo se dirigió a cuestionar
una sentencia de tutela, pero no se acreditaron los presupuestos establecidos para la
procedibilidad de la acción de tutela contra fallos de la misma naturaleza, motivo por
el cual se declarará su improcedencia.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Manuel David
Ruiz Barrios, por las razones expuestas en la parte motiva.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04508-00
Demandante: Manuel David Ruíz Barrios
Acción de tutela

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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