Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04510-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04510-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04510-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
15 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., quince (15) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04510-01
Accionante: Mercedes Candelaria Mercado Castro
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión y
otros1
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación interpuesta por la señora Mercedes Candelaria Mercado Castro,
contra la providencia del 31 de octubre de 2025 proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela2, se colige que la señora Mercedes Candelaria Mercado
Castro presentó una demanda ordinaria laboral el 03 de marzo de 20223, contra la
ESE Centro de Salud San José San Marcos. La actora sostuvo que el juzgado
citado, en audiencia del 28 de abril de 2023 desestimó la excepción de falta de
jurisdicción y competencia alegada por la demandada4 por lo que la decisión fue
recurrida por la ESE referida en reposición y apelación, concediéndose esta última
para surtirse ante el superior.
3. La parte accionante señaló que el Tribunal Superior de Sincelejo-Sala Civil
Familia Laboral, mediante auto del 30 de agosto de 2023 confirmó la decisión del a
quo, ratificando la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral5 pero indicó que
1
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo y
el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos.
2
Presentado el 21 de julio de 2025
3
Ante el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos, seguida bajo el radicado núm. 70708-31-89-002-
2022-00008-00. – La actora solicitó su reintegro definitivo, pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, así
como la indemnización de 180 días de salario prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por la terminación de
su contrato sin autorización de la Oficina del Trabajo. -
4
Del plenario se advierte que la E.S.E, al contestar la demanda, alegó falta de jurisdicción porque la demandante
no era trabajadora oficial sino empleada pública.
5
De acuerdo con la parte actora, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (sentencias
SL10610-2014, SL1384-2020 y SL012-2022). No obstante, el Tribunal hizo la salvedad de que el a quo debía
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pese a ello, fijada la audiencia de lectura de sentencia para el 28 de noviembre de
2024, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos, mediante estado
del 27 de noviembre de 2024, decretó de oficio la falta de jurisdicción, al considerar
que las funciones desempeñadas por la demandante en el SIAU6 correspondían a
una vinculación legal y reglamentaria, cuya controversia corresponde a la
jurisdicción contenciosa administrativa.
4. Manifestó que, en consecuencia, el proceso fue remitido a los juzgados
administrativos de Sincelejo, siendo repartido al Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Sincelejo que avocó conocimiento el 18 de febrero de 20257. No
obstante, mediante auto del 17 de marzo de 2025, la autoridad judicial declaró
probada la caducidad, por lo que la decisión fue apelada por la parte actora y
confirmada por el Tribunal Administrativo de Sucre mediante auto del 21 de mayo
de 2025.
2.2. Fundamento jurídico
5. La accionante alegó que se vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, consagrados en los
artículos 29 y 229 constitucionales, porque en su sentir, las autoridades judiciales
no valoraron adecuadamente las pruebas obrantes en el proceso y desconocieron
la naturaleza laboral de su vinculación, pese a que la ESE demandada aceptó la
existencia de contratos de trabajo a término fijo.
6. En ese entendido, señaló que se le atribuyó erróneamente la calidad de
servidora pública, sin que existiera nombramiento ni posesión en el cargo previsto
en el manual de funciones de la entidad ni en el artículo 3 del Decreto 1335 de 1990
y que, además, no se tuvo en cuenta su declaración de parte ni las pruebas
documentales que demostraban que sus funciones reales eran de apoyo
administrativo y de servicios generales, propias de un trabajador oficial, pero no
aportó prueba alguna de tales afirmaciones.
7. Por otro lado, aunque la actora no los invocó ni desarrolló expresamente, se
infiere que buscó cuestionar la existencia de un posible defecto orgánico y
procedimental absoluto en la providencia del 26 de noviembre de 20248, proferida
por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos. Ello, por haber
decretado de oficio la falta de jurisdicción a pesar de existir una decisión previa del
Tribunal Superior de Sincelejo, Sala Civil-Familia-Laboral, que, en su sentir, había
confirmado la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral.
8. De igual manera, se colige que tales reproches también fueron dirigidos
resolver la excepción de falta de jurisdicción al momento de practicar y valorar las pruebas aportadas al
proceso.
6
Sistema de Información y Atención al Usuario
7
El Juzgado precisó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo era la competente para conocer las
demandas derivadas de la relación legal y reglamentaria entre empleados públicos y el Estado, por lo que
avocó el conocimiento del proceso e inadmitió la demanda con el fin de que la parte actora la ajustara al medio de
control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho conforme a los requisitos previstos en el CPACA, advirtiéndole a
la accionante que de no ser subsanada se procedería a su rechazo. Índice 2 del aplicativo SAMAI, exp. 70001-33-33-
002-2025-00001-00
8
Índice 20 del aplicativo SAMAI, 034AutoDeclaraFaltaJurisdicción
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contra el auto del 18 de febrero de 20259, proferido por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Sincelejo, pues la actora sostuvo que dicha autoridad
desconoció la decisión del Tribunal Superior antes referido y omitió declarar el
conflicto de competencia, al avocar conocimiento y ordenar la adecuación de la
demanda sin atender la definición previa y en firme de la jurisdicción ordinaria. Esta
misma censura la extendió al auto del 21 de mayo de 2025, mediante el cual el
Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la decisión del a quo.
9. Al respecto, señaló que las autoridades judiciales en la jurisdicción ordinaria
laboral supuestamente no controvirtieron la existencia de los contratos de trabajo a
término fijo celebrados con la ESE demandada pues fueron aceptados y aportados
como prueba documental.
10. Ahora bien, respecto al ejercicio real de sus funciones, afirmó que en la
práctica estas se modificaron, pues fue destinada al archivo y, durante la pandemia,
se le asignaron labores de desinfección, contrariando lo pactado en los contratos.
Sostuvo que, desde su perspectiva, esta variación funcional no fue valorada por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual concluyó que su situación
correspondía a una relación legal y reglamentaria. En su criterio, dicha apreciación
condujo injustamente a declarar la caducidad del medio de control, cuando el
proceso debió continuar ante la jurisdicción ordinaria laboral.
11. No obstante, más allá de su desazón con las situaciones expuestas y su
inconformidad con estas, no profundizó en sus argumentos ni sustentó fáctica y
jurídicamente el por qué las autoridades judiciales incurrieron concretamente en
una trasgresión ius fundamental en su asunto.
2.3. Pretensiones
12. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…) PRIMERO: Tutelar mis derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA contemplados en los
artículos 29 y 229 de la C.N.
SEGUNDO: como consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto el auto de
fecha 26 de noviembre de 2024, dictado por el entonces JUEZ SEGUNDO
PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SAN MARCOS-SUCRE el DR. HERNAN
JOSE JARAVA OTERO, dentro del proceso ordinario laboral 2022 00008 y
en su lugar se ordene dar continuidad al proceso, el cual se encontraba para
dictar sentencia.» (SIC a toda la cita). Negrillas y subrayas de la Sala.
2.4. Intervenciones
13. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 25 de agosto de 202510,
a través del cual se ordenó notificar como accionados al Tribunal Administrativo de
Sucre, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo, al Juzgado
Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos, Sucre y al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Sincelejo y como tercero interesado en el resultado del proceso
9
Ya referido en el pie de página núm. 7.
10
Índice 10 del aplicativo SAMAI
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a la E.S.E. Centro de Salud San José San Marcos – Sucre, entidad demandada en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Asimismo, se ordenó notificar
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia.
2.4.1. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo11 expuso
que la decisión que la tutelante señaló como vulneradora, esto es, el auto del 26
de noviembre de 202412 que declaró la falta de jurisdicción y remitió el proceso a
la jurisdicción administrativa, no fue dictado por esa autoridad judicial, razón por la
cual solicitó su desvinculación del trámite constitucional por falta de legitimación en
causa por pasiva.
14. Adicionalmente, señaló que, aún en el evento de que se llegara a considerar
su vinculación, ninguna de sus decisiones vulneró los derechos fundamentales de
la accionante. Explicó que los autos dictados el 18 de febrero, el 17 de marzo13 y
el 7 de abril de 202514 se habían expedido siguiendo estrictamente el procedimiento
previsto para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y
conforme a la jurisprudencia de esta corporación en lo relativo a la declaratoria de
caducidad. Por esa razón, insistió en que dichas providencias no podían calificarse
como arbitrarias ni caprichosas.
15. Finalmente, sostuvo que la acción de tutela debía declararse improcedente
por incumplir el requisito de subsidiariedad y por haber sido presentada de manera
extemporánea o en su defecto negar las pretensiones de la demanda. Indicó que
la actora no acudió a los mecanismos ordinarios disponibles para controvertir el
auto que declaró la falta de jurisdicción, ni promovió en su momento una tutela
contra dicha decisión y solo acudió a este medio excepcional cuando su proceso
culminó por caducidad, situación que no habilita la intervención del juez
constitucional.
2.4.2. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo señaló que tramitó
el recurso de apelación contra el auto del 28 de abril de 2023 proferido por el
Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos conforme a la ley,
admitiéndolo, corriendo traslado y resolviéndolo dentro de los plazos y formas
previstas, por lo que indicó que no existió irregularidad en el procedimiento y que
todas sus actuaciones fueron realizadas en debida forma garantizando en todo
momento el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
11
Índice 18 del aplicativo SAMAI
12
Proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos
13
Mediante este auto la autoridad judicial declaró la caducidad del medio de control porque el acto administrativo acusado,
esto es, el Oficio CSSJ07 del 31 de enero de 2020, recibido por la actora el 4 de febrero de 2020, que negó el pago de
prestaciones y el reintegro por estabilidad laboral reforzada solicitado por la actora mediante rad. 0043 del 15 de enero de
2020, debía ser demandado dentro de los cuatro (4) meses siguientes, esto es, entre el 5 de febrero y el 5 de junio de
2020, conforme al artículo 164.2.d del CPACA. Así las cosas, la autoridad judicial expuso que, aunque la actora interpuso
acción de tutela el 18 de febrero de 2020, dicha actuación solo suspendió, mas no amplió el término de caducidad. En
ese entendido, el a quo precisó que reanudado el cómputo el 17 de abril de 2020, tras la notificación de la sentencia de
segunda instancia del 16 de abril de 2020, el plazo venció definitivamente el 30 de julio de 2020, o incluso hasta el 17 de
agosto de 2020 bajo la hipótesis más favorable. Pese a ello, la demanda ante la jurisdicción ordinaria se presentó el 23 de
febrero de 2022, cuando ya había expirado ampliamente el término legal. Por tanto, en aplicación del artículo 169 del CPACA
y de la jurisprudencia del Consejo de Estado, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo declaró la
caducidad del medio de control y procedió a rechazar la demanda. Índice 8 del aplicativo SAMAI,
9_Autorechazade_20250000100_RechazaD_0_20250317162615278,. exp. 70001-33-33-002-2025-00001-00
14
Que concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo, Índice 13 del aplicativo SAMAI, exp. 70001-33-33-002-
2025-00001-00.
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16. Precisó que su decisión, contenida en el auto del 30 de agosto de 202315, se
sustentó en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha establecido
que “la sola afirmación de un contrato de trabajo con una entidad pública no
es suficiente para radicar la competencia en la jurisdicción laboral”,
correspondiendo al juez natural definir posteriormente en sentencia si el vínculo
existió, por lo que, bajo ese precedente, confirmó el auto del a quo.
17. Explicó que su determinación no obedeció a un criterio discrecional, sino a
un análisis serio y objetivo, sustentado en el marco normativo aplicable y en el
precedente obligatorio. Finalmente, informó que el expediente fue devuelto al
juzgado de origen al no existir actuaciones pendientes en segunda instancia y
adjuntó el vínculo de acceso al expediente.
2.4.3. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos- Sucre16
informó que la demanda laboral fue presentada el 23 de febrero de 2022 y admitida
el 3 de marzo de 2022, orientada al reintegro y pago de prestaciones de la señora
Mercado Castro. Indicó que la EPS contestó la demanda y propuso la excepción de
falta de jurisdicción, debatida en audiencia del 12 de abril de 2023 y luego remitida
al Tribunal Superior de Sincelejo por apelación del 28 de abril de 2023. Sostuvo
que el Tribunal, en auto del 30 de agosto de 2023, confirmó la negativa de la
excepción, pero indicó que la jurisdicción solo podía definirse después de practicar
las pruebas en juicio.
18. Manifestó que, en cumplimiento de esa orden, el juzgado continuó el trámite,
decretó pruebas el 24 de abril de 2024, las practicó el 10 de julio de 2024, y cerró
el debate probatorio el 30 de octubre de 2024. En consecuencia, con base en el
material recaudado, mediante auto del 26 de noviembre de 2024, declaró
oficiosamente la falta de jurisdicción, al comprobar que las funciones ejercidas
por la actora en el SIAU no correspondían a las de una trabajadora oficial
conforme a lo establecido en la normativa y en la jurisprudencia.
19. El despacho precisó que actuó conforme a lo indicado por el Tribunal, que
no definió la jurisdicción de fondo, sino que dispuso que ello debía decidirse
tras la práctica probatoria. Además, recordó que la falta de jurisdicción es
improrrogable, lo que obligaba a declararla para evitar la nulidad de una eventual
sentencia.
20. Finalmente, señaló que el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo
recibió el proceso sin plantear conflicto de jurisdicción y que el Tribunal
Administrativo de Sucre tampoco observó irregularidad al confirmar la caducidad
en el medio de control posteriormente. Por lo expuesto, solicitó declarar la
improcedencia de la acción tutela. Adicionalmente, remitió el vínculo de acceso al
expediente.
2.4.4. No se rindieron más informes.
15
Índice 19 del aplicativo SAMAI, 05AutoDecideApelacionORecursos
16
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2.5. Sentencia Impugnada17
21. La Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela presentada por la señora Mercedes Candelaria Mercado Castro y otros contra
las decisiones del Tribunal Administrativo de Sucre, el Juzgado Segundo
Administrativo de Sincelejo y el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San
Marcos.
22. Respecto de las decisiones de la jurisdicción contenciosa, la Sala concluyó
que la demandante no cumplió la carga argumentativa mínima, pues no explicó por
qué la declaración de caducidad era defectuosa ni señaló ninguna causal específica
de procedencia de tutela contra providencia judicial, por lo que concluyó que no se
superó el requisito de relevancia constitucional.
23. Por otro lado, frente al auto del 26 de noviembre de 2024 proferido por el
Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos, el a quo también la
consideró improcedente por incumplir los requisitos de subsidiariedad y de
inmediatez.
24. Frente al requisito de subsidiariedad sostuvo que este fue incumplido, toda
vez que la actora no interpuso el recurso de reposición contra el auto del 26 de
noviembre de 2024 que declaró de oficio la falta de jurisdicción por factor subjetivo
y funcional, proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San
Marcos, dentro del proceso ordinario laboral radicado 70708-31-89-002-2022-
00008-00, por lo que no actuó de manera diligente al respecto cuando tenía la
posibilidad de hacerlo.
25. Aunado a lo anterior, reprochó que la parte actora presentó la acción de
tutela siete meses y veintitrés días después de la notificación del auto referido, esto
es el 27 de noviembre de 2024, excediendo el plazo razonable para ello, toda vez
que la acción constitucional se interpuso el 21 de julio de 2025.
2.6. Impugnación18
26. La parte actora sostuvo que, en su sentir, sí desarrolló una carga
argumentativa suficiente sobre la vulneración al debido proceso y la administración
de justicia por lo que cumplía con el requisito de relevancia constitucional.
27. Insistió en lo planteado en su escrito de tutela respecto a que el Juzgado
Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos decretó de oficio la falta de
jurisdicción el 26 de noviembre de 2024, pese a existir una decisión en firme del
Tribunal Superior de Sincelejo del 30 de agosto de 2023 que, desde su perspectiva,
había confirmado la competencia de la jurisdicción laboral.
28. Reiteró que la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, al proferir los
autos del 18 de febrero, 17 de marzo y 21 de mayo de 2025, de manera
17
Índice 14 del aplicativo SAMAI, 009Sentencia_SENTENCIA_00820160037801ANGELA
18
Índice 64 del aplicativo SAMAI.
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desacertada tampoco declaró el conflicto de competencia y finalmente decretó la
caducidad del medio de control.
29. Afirmó que frente al auto que declaró la falta de jurisdicción no procedía
recurso alguno y que, por tanto, sí cumplió con el requisito de subsidiariedad.
Adicionalmente, manifestó que el cómputo de la inmediatez debía iniciarse desde
el auto del 21 de mayo de 2025, por lo cual la tutela presentada el 16 de julio de
2025 sí fue presentada oportunamente, por lo que solicitó revocar el fallo
impugnado y conceder el amparo de sus derechos fundamentales.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
30. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
31. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si con ocasión del auto del 30 de agosto de 202319, el auto del 26 de
noviembre de 202420, los autos del 18 de febrero21, el 17 de marzo22 y el 7 de abril
de 202523 dictados por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo
y el auto del 21 de mayo de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre,
que confirmó la decisión del a quo, se incurrió en los presuntos defectos orgánico
y procedimental absoluto y con ellos, en la trasgresión de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la
señora Mercedes Candelaria Mercado Castro y otros.
32. Previo a lo anterior, es necesario establecer si la acción cumple con los
19
Que confirmó la decisión del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos, ratificando la competencia
de la jurisdicción ordinaria laboral proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo
20
Que declaró de oficio la falta de jurisdicción por factor subjetivo y funcional, dentro del proceso ordinario laboral
radicado 70708-31-89-002-2022-00008-00 proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos
21
En el que el Juzgado precisó que la jurisdicción de lo contencioso administrativo era la competente para
conocer las demandas derivadas de la relación legal y reglamentaria entre empleados públicos y el Estado,
por lo que avocó el conocimiento del proceso e inadmitió la demanda con el fin de que la parte actora la ajustara al
medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho conforme a los requisitos previstos en el CPACA,
advirtiéndole a la accionante que de no ser subsanada se procedería a su rechazo. Índice 2 del aplicativo SAMAI,
exp. 70001-33-33-002-2025-00001-00
22
Que declaró la caducidad del medio de control porque el acto administrativo acusado, esto es, el Oficio CSSJ07 del 31
de enero de 2020, recibido por la actora el 4 de febrero de 2020, que negó el pago de prestaciones y el reintegro por
estabilidad laboral reforzada solicitado por la actora mediante rad. 0043 del 15 de enero de 2020, debía ser demandado
dentro de los cuatro (4) meses siguientes, esto es, entre el 5 de febrero y el 5 de junio de 2020, conforme al artículo
164.2.d del CPACA. Así las cosas, la autoridad judicial expuso que, aunque la actora interpuso acción de tutela el 18 de
febrero de 2020, dicha actuación solo suspendió, mas no amplió el término de caducidad. En ese entendido, el a quo
precisó que reanudado el cómputo el 17 de abril de 2020, tras la notificación de la sentencia de segunda instancia del 16 de
abril de 2020, el plazo venció definitivamente el 30 de julio de 2020, o incluso hasta el 17 de agosto de 2020 bajo la
hipótesis más favorable. Pese a ello, la demanda ante la jurisdicción ordinaria se presentó el 23 de febrero de 2022, cuando
ya había expirado ampliamente el término legal. Por tanto, en aplicación del artículo 169 del CPACA y de la jurisprudencia
del Consejo de Estado, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo declaró la caducidad del medio de
control y procedió a rechazar la demanda. Índice 8 del aplicativo SAMAI,
9_Autorechazade_20250000100_RechazaD_0_20250317162615278,. exp. 70001-33-33-002-2025-00001-00
23
Que concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo, Índice 13 del aplicativo SAMAI, exp. 70001-33-33-002-
2025-00001-00.
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requisitos generales de procedencia, en particular los de relevancia constitucional,
inmediatez y de subsidiariedad echados de menos en la providencia impugnada.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
33. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991, 306
de 1992 y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por
parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados
en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de
defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que
aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando
no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
34. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
35. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
4. Análisis del caso concreto
36. La Sala procede a resolver la impugnación interpuesta contra la providencia
de la Sección Cuarta de esta corporación, que declaró improcedente la acción de
tutela promovida por la señora Mercedes Candelaria Mercado Castro. Para ello, se
examinarán los argumentos expuestos por la impugnante, a la luz de los requisitos
de relevancia constitucional, inmediatez y subsidiariedad definidos por la
jurisprudencia constitucional.
37. En primer lugar, la accionante insiste en que las autoridades judiciales
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04510-01
Accionante: Mercedes Candelaria Mercado Castro
reprochadas en sede de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
desconocieron una supuesta definición previa de competencia por parte de la
jurisdicción ordinaria. No obstante, dicho planteamiento careció de un desarrollo
argumentativo mínimo que permitiera identificar con precisión la presencia de
algún defecto en las providencias que les sea atribuible a las accionadas. Ahora
bien, en gracia de discusión, los defectos que se trataron de inferir de su escrito de
tutela no se advierten configurados24.
38. En ese entendido, el requisito de relevancia constitucional exige que el
accionante demuestre con claridad que la actuación judicial cuestionada excede un
mero desacuerdo interpretativo y configura un defecto protuberante susceptible de
afectar derechos fundamentales. En consecuencia, ese deber se intensifica
cuando se pretende controvertir autos que ponen fin a un proceso, como ocurre con
la declaratoria de caducidad, por lo que la simple inconformidad con el criterio
jurídico de la autoridad judicial no satisface el umbral exigido.
39. Adicionalmente, la Sala advierte que la impugnación se limitó a reiterar
afirmaciones genéricas sobre la naturaleza del cargo desempeñado en la E.S.E.,
sin articular cómo dichos aspectos generarían la invalidez de las decisiones
adoptadas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
al advertir la existencia de una afectación directa al derecho fundamental al debido
proceso o al acceso a la administración de justicia. Tal insuficiencia narrativa impide
superar el filtro de relevancia constitucional exigido para la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales.
40. Por otro lado, en lo concerniente a la decisión adoptada el 21 de mayo de
2025 por parte del Tribunal Administrativo de Sucre, la impugnación tampoco
desarrolló argumento alguno destinado a demostrar la configuración de un defecto.
En ese entendido, la actora simplemente la menciona sin controvertir las razones
jurídicas que sustentaron la declaratoria de caducidad, lo que reafirma la
inexistencia de fundamentación al respecto.
41. Así las cosas, la Corte Constitucional ha reiterado que la tutela contra
providencias judiciales no puede fundarse en inconformidades subjetivas o en la
transcripción fragmentada de decisiones. En el presente asunto, la impugnante no
planteó un debate constitucional concreto, sino que pretendió reabrir controversias
procesales ya decididas en sede natural, lo cual excede el ámbito excepcional del
amparo.
42. En cuanto al requisito de subsidiariedad, la Sala confirma que, como lo
24
Al respecto, con lo que podría colegirse como un presunto defecto orgánico, se evidenció que la parte actora se
limitó a afirmar que el juez ordinario desconoció la competencia previamente definida por el Tribunal Superior de
Sincelejo, Sala Civil-Familia-Laboral. No obstante, no se demostró que la decisión que la actora estima como
precedente tuviera efectos vinculantes en el proceso que motivó la negativa de jurisdicción, pues contrario a lo que
pareció interpretar la accionante, el Tribunal citado no definió la jurisdicción de fondo, sino que dispuso que ello debía
decidirse tras la práctica probatoria por parte del a quo en la sentencia.
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Accionante: Mercedes Candelaria Mercado Castro
advirtió el a quo, frente a la decisión del 26 de noviembre de 2024 emitida por el
Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos, la impugnante no
interpuso el recurso de reposición, mecanismo ordinario idóneo para controvertir el
auto interlocutorio que declaró la falta de jurisdicción, por lo que no puede pretender
que la acción de tutela se convierta en una herramienta sustitutiva para revivir
oportunidades procesales vencidas. Adicionalmente, en la demanda no se señaló
que exista un riesgo que se materialice en un perjuicio irremediable y la Sala
tampoco advierte ninguno.
43. En lo relativo al requisito de inmediatez, la Sala también comparte lo
planteado por la primera instancia, toda vez que la providencia que busca dejar sin
efectos la parte actora de acuerdo a sus pretensiones, cobró ejecutoria el 27 de
noviembre de 2024 y la tutela fue presentada el 21 de julio de 2025, transcurridos
más de siete meses, superándose ampliamente el margen de tiempo razonable, sin
que la actora en su impugnación haya presentado una justificación válida para la
prolongada inactividad procesal.
44. Sumado a lo anterior, el argumento de la parte actora de contabilizar el término
de la inmediatez desde el auto del 21 de mayo de 2025, mediante el cual el Tribunal
Administrativo de Sucre confirmó la caducidad no tiene asidero alguno, pues resulta
claro que no guarda relación alguna con la providencia del 26 de noviembre de
2024 que declaró la falta de jurisdicción, la que es objeto principal de sus reproches
a través de esta acción constitucional.
45. Aunado a todo lo expuesto, no se evidencia en manera alguna que la
actuación hubiera desconocido etapas esenciales o que no se hubieran respetado
todas las garantías procesales.
46. Con base en lo anterior, la Sala concluye que la impugnación no introduce
argumentos nuevos, coherentes o suficientes para desvirtuar las razones de
improcedencia fijadas por el a quo, por lo que se confirmará la decisión de primera
instancia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia del 31 de octubre de 2025
que declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora Mercedes
Candelaria Mercado Castro de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
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eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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