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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04517-01

Fecha
24 de octubre de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04517-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de agosto de 2025 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela de Galdys Vargas Olarte en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04517-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

24 de octubre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04517-01
Accionante: Gladys Vargas Olarte

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04517-01
Accionante: Gladys Vargas Olarte
Accionados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela

Tutela contra providencia judicial. Requisito de procedencia. Inmediatez. Subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora en contra de la sentencia
del 14 de agosto de 2025 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, que declaró improcedente el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Gladys Vargas Olarte, por conducto de apoderado judicial, promovió acción de tutela
en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, a la cosa juzgada y a la inmutabilidad de la sentencia, que estimó vulnerados
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B con ocasión del auto del
27 de junio de 2025 dictado en el marco del proceso ejecutivo identificado con el
número de radicado 25000-23-42000-2018-01782-01.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:

2.1. La accionante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de Bogotá D.C – Secretaría Distrital de Gobierno – Cárcel Distrital de Varones y
Anexo de Mujeres, al que se le fue asignado el número de radicado 25000-23-25-000-
2011-00108-00/01.

1 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000234200020180178201110010
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Accionante: Gladys Vargas Olarte

2.2. El proceso fue asignado por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
autoridad que, mediante sentencia del 12 de noviembre de 2013, ordenó al Distrito
Capital liquidar y pagar a la señora Gladys Vargas Olarte las horas extras, recargos
nocturnos, compensatorios, festivos y dominicales laborados desde el 24 de mayo de
2007 hasta el cumplimiento del fallo, conforme a los Decretos 1042 y 1045 de 1978 y
la jurisprudencia aplicable. Estimó que la entidad debía deducir los periodos de
descanso o licencias y reliquidar las cesantías, intereses y demás prestaciones
derivadas, pagando las diferencias que resulten, sin perjuicio de los valores recibidos
de buena fe por la trabajadora.

2.3. Dicha decisión fue modificada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, a
través de la sentencia del 1 de julio de 2015, la que dispuso:

“CONFIRMAR la sentencia de 12 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que accedió a las pretensiones de la demanda
formulada por la señora GLADYS VARGAS OLARTE, en cuanto accedió al
reconocimiento de las horas extras, a la reliquidación de las cesantías y al reajuste
del valor de los recargos nocturnos y el trabajo en dominicales, con la modificación
y/o aclaración que la entidad demandada deberá pagar a la señora GLADYS
VARGAS OLARTE los anteriores derechos laborales, así:

a) El valor correspondiente a cincuenta horas (50) extras diurnas al mes, desde el
24 de mayo de 2007, con fundamento en los artículos 36 a 38 del Decreto 1042
de 1978, acorde con la prueba documental allegada al proceso, liquidadas con
base en el factor hora que resulte de dividir la asignación básica mensual sobre el
número de horas mensuales de la jornada ordinaria laboral (190).

b) Reajustar los recargos nocturnos y el trabajo en dominicales y festivos
laborados por el actor desde el 24 de mayo de 2007, empleando para el cálculo
de los mismos el factor de 190 horas mensuales, que corresponden a la jornada
ordinaria laboral, y no 240, y pagar las diferencias que resulten a favor de la
demandante, entre lo pagado por el Distrito y lo que debió pagarse por tales
conceptos como resultado del reajuste.

c) Reliquidar el valor de las cesantías reconocidas y pagadas a la actora a partir
del 24 de mayo de 2007 con el valor que surja por concepto de las horas extras
cuyo reconocimiento se ordena. d) No se reconocen los descansos
compensatorios, por encontrarse debidamente acreditado su pago y disfrute
conforme a las pruebas allegadas al proceso y tampoco la reliquidación de las
prima (sic) de servicios, vacaciones y navidad, por cuanto el trabajo suplementario
no constituye factor salarial para su liquidación…”

2.4. La tutelante promovió demanda ejecutiva en contra del Distrito Capital de Bogotá,
identificada con el radicado No. 25000-23-42-000-2018-01782-00, la cual fue asignada
por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E. Dicha autoridad, mediante auto del 11 de marzo de 2022, libró mandamiento de
pago en los siguientes términos

“PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor de la señora Gladys
Vargas Olarte y en contra del Distrito Capital- Secretaría de Gobierno por las
siguientes sumas:

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Accionante: Gladys Vargas Olarte

Por la suma de cuarenta y ocho millones ciento sesenta mil seiscientos treinta y
cuatro pesos ($48.160.634), valor que corresponde a las diferencias no
canceladas por concepto de horas extras, recargos nocturnos y recargos
dominicales ordenadas en las sentencias proferidas por esta Corporación y por el
H. Consejo de Estado los días 12 de noviembre de 2013 y 1º de julio de 2015.

Por la suma de setenta y dos millones novecientos noventa y dos mil ciento
dieciocho pesos con cincuenta y cinco centavos ($72.992.118,55) que
corresponden a los intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la
sentencia hasta el 28 de febrero de 2022.

Por los intereses moratorios que se generen desde el 1 de marzo de 2022 hasta
la fecha en que se de cumplimiento integral a la sentencia […]”

2.5. La actora interpuso recurso de apelación contra el auto del 11 de marzo de 2022,
al considerar que el mandamiento de pago debió librarse en contra de Bogotá D.C. –
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia - Dirección Cárcel Distrital, y no frente
a la Secretaría de Gobierno. Sustentó su inconformidad en que, como consecuencia
de modificaciones en la estructura administrativa distrital, la Cárcel Distrital de Varones
y Anexo de Mujeres fue adscrita a la referida Secretaría de Seguridad, circunstancia
que, a su juicio, configuró una sucesión procesal que debía ser reconocida en el trámite
del proceso ejecutivo.

2.6. A través de providencia dictada el 30 de septiembre de 2024 la Sección Segunda
Subsección A del Consejo de Estado declaró improcedente el recurso de apelación.
Para fundamentar su decisión, indicó que contra autos que nieguen total o parcialmente
el mandamiento ejecutivo el recurso procede únicamente por dos razones: (i) cuando
la impugnación se refiere a la negativa de librar el mandamiento sobre una o todas las
obligaciones reclamadas, o (ii) cuando la controversia versa sobre la cuantía fijada por
el juez de primera instancia para su cumplimiento.

2.7. La señora Gladys Vargas Olarte presentó solicitud de adición, aclaración y
corrección de dicha providencia. Insistió en la sucesión procesal que se presentó entre
la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Esta
petición fue negada con auto del 27 de junio de 2025.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional amparar los derechos fundamentales
solicitados. Como consecuencia de ello pidió i) dejar sin efectos el auto del 27 de junio
de 2025; ii) ordenar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B “proferir
nueva providencia donde se resuelva de fondo el recurso de apelación respecto a que
la entidad legitimada por pasiva en el proceso ejecutivo laboral es SECRETARIA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTÁ”.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela manifestó, que el mandamiento de pago
librado por el Tribunal implica que la notificación se realizará a la Dirección Cárcel

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Accionante: Gladys Vargas Olarte

Distrital de Varones y Mujeres, circunstancia que se enmarca en una posible nulidad
por indebida representación.

Agregó que, mediante autos del 13 de febrero de 20202 y del 17 de noviembre de 20223
proferidos dentro de procesos ejecutivos con fundamentos fácticos y jurídicos análogos
a los que rodean el caso de la accionante, la Sección Segunda del Consejo de Estado
resolvió de fondo los recursos de apelación interpuestos contra los autos que libraron
mandamiento de pago en contra de la Secretaría de Gobierno Distrital, y determinó que
la orden debía dirigirse al Distrito Capital – Secretaría de Seguridad, Convivencia y
Justicia, por ser esta la autoridad administrativa competente para responder por la
obligación reclamada.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 24 de julio de 20254 la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela. Igualmente, vinculó en calidad de
tercero con interés al Distrito Capital – Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia-
Dirección Cárcel Distrital.

4.2. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá D.C5 solicitó que
se declare improcedente el amparo, puesto que la actora pretende una instancia
adicional del proceso en contravía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada,
presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales.

4.3. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado6 manifestó que en
la providencia cuestionada se consignaron las razones legales que respaldan la
decisión, que consistieron en que, no era procedente la solicitud de aclaración,
corrección y adición presentada, conforme a lo dispuesto en los artículos 285, 286 y
287 del Código General del Proceso. Señaló que, en todo caso, en el escrito de tutela
no se invocaron cargos específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, y no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales.

4.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F7 remitió el enlace web del proceso ejecutivo. Sin embargo, no se pronunció frente a
los fundamentos expuestos por la parte actora.

5. La sentencia de primera instancia

El 14 de agosto de 20258 la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado
profirió sentencia mediante la cual declaró improcedente el amparo.

2 Radicado 25000-23-42000-2013-05816-01.
3 Radicado 25000-23-42000-2018-02090 01.
4 Índice 00005 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
5 Índice 00009 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
6 Índice 00010 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
7 Índice 00012 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
8 Índice 00015 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.

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Accionante: Gladys Vargas Olarte

Consideró que la providencia del 27 de junio de 2025 examinó la procedencia del
recurso interpuesto por la actora y concluyó que el auto del 11 de marzo de 2022,
dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, no era susceptible de apelación conforme a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley
1437 de 2011. En consecuencia, dicha decisión no efectuó un pronunciamiento de
fondo respecto de la sucesión procesal invocada por la accionante como fundamento
de la alzada.

En desarrollo de lo anterior, precisó que los argumentos del escrito de tutela se limitan
a continuar la discusión sobre la forma en que se libró el mandamiento de pago, sin
sustentar presuntos defectos en los que habría incurrido la autoridad judicial accionada.
En tal sentido, advirtió que la controversia no revista relevancia constitucional.

Adicionalmente, indicó que la solicitud de amparo tampoco cumple con el requisito de
inmediatez, en tanto la providencia que libró el mandamiento de pago data del 11 de
marzo de 2022, mientras que la solicitud de amparo se radicó luego de superado el
término de seis (6) meses contados desde la notificación o la ejecutoria.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación9 en el que solicitó revocar el fallo de
primer grado y, en su lugar, conceder la protección deprecada.

Para sustentar su petición sostuvo que como argumentos del amparo se indicó que
desde que se interpuso el recurso de apelación en contra del auto del 11 de marzo de
2022 se puso de presente la existencia de la sucesión procesal con motivo de las
reformas administrativas que se presentaron al interior del Distrito de Bogotá, y que
implicaron la pérdida de competencia de la Secretaría de Gobierno para pronunciarse
sobre la obligación reclamada a través de la demanda ejecutiva.

Señaló que la providencia cuestionada vulneró los derechos fundamentales invocados,
en la medida que mantiene “la decisión errada de tener como parte pasiva a la
SECRETARIA DE GOBIERNO a pesar que la llamada a responder es la SECRETARIA
DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA da lugar a que la ejecutante quede en
un limbo jurídico, todo por no tener en cuenta la realidad procesal al pretender el H.
Tribunal endilgar la responsabilidad por pasiva a la entidad que desde el 1 de octubre
de 2016 carece de competencia para ser demandada, cuando la entidad responsable
de los temas laborales de los empleados públicos de la CARCEL DISTRITAL DE
VARONES Y ANEXO DE MUJERES DE BOGOTÁ, es la SECRETARIA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA”.

Insistió en la procedencia del recurso de apelación para controvertir la sucesión
procesal referida, con fundamento en lo decidido por la Sección Segunda del Consejo

9 Índice 00019 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.

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Accionante: Gladys Vargas Olarte

de Estado en los autos del 13 de febrero de 202010 y del 17 de noviembre de 202211,
proferidos en procesos ejecutivos que presentan fundamentos fácticos y jurídicos
análogos a los que rodean el caso de la tutelante.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa Gladys
Vargas Olarte, al ser la titular de los derechos que afirma fueron vulnerados, dado actuó
como demandante al interior del proceso de ejecutivo identificado con el radicado
número 25000-23-42-000-2018-01782-01.

2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por cuanto fungió como juez de segunda
instancia dentro del trámite mencionado y es su decisión a la que la parte accionante
le atribuyó la vulneración de sus garantías constitucionales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia que negó el amparo solicitado.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200512 indicó que estas proceden si
se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general,

10 Radicado 25000-23-42000-2013-05816-01.
11 Radicado 25000-23-42000-2018-02090 01.
12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Accionante: Gladys Vargas Olarte

que habilitan la interposición de la tutela13 y otros de carácter específico, que tocan con
la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto14.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”15.

4.1. Inmediatez

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la
premisa de que su objeto, no es otro que la protección inmediata de los derechos
fundamentales.

Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta
como una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que implica
que la acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable 16, según las
condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose de
acciones de tutela contra providencias judiciales, la garantía de los principios que

13 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
14 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo
en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el
que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión
que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
14 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
16 La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el siguiente

sentido: “Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término
de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso
dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. || Si bien el
término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el
juez está en la obligación de verificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que
desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad jurídica es un elemento determinante para la realización de la justicia,
por lo que este requisito debe ser más exigente. Así, cuando el objeto de la tutela es una providencia judicial precisó
la sentencia T- 038 de 2017 “(…) si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales
estaría siempre a la espera de una controversia constitucional”.

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Accionante: Gladys Vargas Olarte

dirigen la administración de justicia exige mayor rigurosidad17, al punto que la Corte
Constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6) meses18.

El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias fácticas
que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las siguientes
variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante una situación
excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en mención:

“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual (…)”19.

La jurisprudencia constitucional, ha establecido que el requisito de inmediatez se
supera cuando “[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta vulneración”20.
Respecto a este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el término razonable
que define la inmediatez que es “[…] un plazo de seis meses, contados a partir de
la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la
acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente”21.

17 Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos:

“la Corte ha considerado en los asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, que el análisis
de inmediatez debe ser más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues
´la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente´. En otras
palabras, ser laxo con la exigencia de inmediatez en estos casos significaría ´que la firmeza de las decisiones
judiciales estaría siempre a la espera de la controversia constitucional que, en cualquier momento, sin límite de
tiempo… En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el
alcance de [e]stos, con lo cual se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia –
que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad
jurídica´”. || Sobre este punto, ver también las sentencias T-315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009 de 2006, T-594
de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras.
18 Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la jurisprudencia de la

Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre en sus jurisdicciones lo han
definido como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional T-246 de 2015, se alude a este
criterio a partir de la sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la que,
explícitamente, “(…) la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente”. (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). Léase también en
las sentencias T-269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible a partir
de las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la ya
mencionada sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-217 de 2013 y
T-505 del mismo año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la discrecionalidad y autonomía
judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y proporcional,
toda vez que, “(…) en algunos casos, seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela
improcedente; pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción
de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del caso”.
19 Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidas por la Corte

Constitucional: T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158 de 2006;
T-166 de 2010; T-367 de 2010; T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
20 Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
21 Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de

2014.Resaltado fuera del texto original.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04517-01
Accionante: Gladys Vargas Olarte

En este escenario, el examen del requisito de inmediatez en el trámite de tutela en
contra de providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de determinar
el hecho generador de la posible afectación iusfundamental. Esta certeza se deriva de
la misma seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos procesales.

Como se expuso, la jurisprudencia constitucional es diáfana al determinar que la
eventual afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene
conocimiento de esta, lo que resulta plenamente identificable desde el trámite en que
se perfecciona su notificación y ejecutoria.

4.2. Subsidiariedad

Resulta importante recordar que la subsidiariedad está definida expresamente en el
artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela,
en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo
6º numeral 1º del Decreto 2591 de 199122.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el
amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios
que el legislador tiene previsto para controvertir las decisiones judiciales, con el fin de:
(i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el
proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos atiendan
un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma de
enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de
un proceso judicial23.

Sobre el particular, en la sentencia T - 401 del 2019, la Corte Constitucional precisó los
siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia judicial por
no superar el requisito de subsidiariedad:

“[...] (i) cuando el asunto está en trámite24; (ii) en el evento en que no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico” (La Sala subraya).

22“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
23 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.
24 Enunciado también en la sentencia T -053 de 2020.

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Accionante: Gladys Vargas Olarte

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad. Por consiguiente, se procederá a confirmar el fallo de
primera instancia que declaró improcedente la solicitud de tutela, pero por las razones
que se exponen a continuación.

5.1. Inmediatez

5.1.1. Al analizar las actuaciones surtidas al interior del proceso ejecutivo, se observa
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante auto del 11 de marzo de 2022, libró mandamiento de pago 25 a solicitud de
Gladys Vargas Olarte. La orden se digirió contra el Distrito Capital-Secretaría de
Gobierno.

La tutelante solicitó la adición, aclaración y corrección del auto, bajo el argumento que
la entidad llamada a responder por el pago de la obligación reclamada era la Secretaría
de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá D.C., en razón a que, conforme a la
reorganización administrativa dispuesta mediante el Decreto 413 de 2016, la Cárcel
Distrital de Varones y Anexo de Mujeres quedó adscrita a dicha dependencia; solicitud
que fue negada mediante providencia del 29 de abril de 2022. En consecuencia,
interpuso recurso de apelación, con el objeto de que se corrigiera el extremo pasivo del
mandamiento de pago.

A su turno, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado dictó providencia
del 30 de septiembre de 2024 con el que declaró improcedente el referido recurso26.

La señora Vargas Olarte presentó un escrito con el propósito de lograr adición,
aclaración y corrección de dicha decisión, para lo cual, insistió en la competencia de la
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia para responder por el pago de la
obligación reclamada. No obstante, a través de proveído del 27 de junio de 2025 se
negó tal petición.

5.1.2. En este contexto, resulta necesario precisar que lo que en realidad cuestiona la
tutelante es la forma en que se libró el mandamiento de pago; concretamente, su
inconformidad se refiere a la entidad que, por razón de competencia administrativa,
debía ser la destinataria de la orden de pago. Dicha determinación fue adoptada
mediante auto del 11 de marzo de 2022. Si bien la accionante interpuso recurso de
apelación para controvertir esa decisión, lo cierto es que la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado declaró la improcedencia de dicho medio de

25 Respecto de la obligación contenida en las sentencias del 12 de noviembre de 2013 y 1 de julio de 2015 dictadas

en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 25000-
23-25-000-2011-00108-00/01.
26 Como fundamento indicó: “[…]Puesto en contexto el alcance de la impugnación, el Despacho reitera la subregla

de aplicación normativa antes identificada, según la cual, los recursos de apelación interpuestos contra autos que
nieguen total o parcialmente el mandamiento ejecutivo serán procedentes, únicamente: i. Si el tema de apelación
se encuentra concernido a la negativa de librar mandamiento ejecutivo sobre alguna o todas las obligaciones
descritas en la demanda, o ii. Cuando la discusión se centra en la cuantía por la cual el juez de primera instancia
ordenó su cumplimiento”.

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Accionante: Gladys Vargas Olarte

impugnación. Posteriormente, a través de providencia del 27 de junio de 2025 —que
es la que se cuestiona en esta sede—, la misma autoridad negó las solicitudes de
adición, corrección y aclaración presentadas por la accionante.

5.1.3. En este sentido, la Sala advierte que el plazo de seis (6) meses previsto por la
jurisprudencia constitucional para valorar el cumplimiento del requisito de inmediatez
no puede computarse a partir de la ejecutoria del auto del 27 de junio de 2025. Ello
obedece a que el recurso de apelación interpuesto contra la providencia que libró el
mandamiento de pago contra la Secretaría Gobierno Distrital fue declarado
improcedente, circunstancia que impide otorgarle efectos jurídicos capaces de
extender o modificar el cómputo del término razonable.

En consecuencia, el punto de partida debe fijarse en la ejecutoria de la decisión que
materialmente contiene la determinación cuestionada por la accionante, esto es, el auto
proferido el 11 de marzo de 2022, por ser este el acto que, según su planteamiento,
generó la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

5.1.4. Así las cosas, para el 21 de julio de 202527, día en que se radicó la solicitud de
amparo ya se había superado el término en cuestión, por lo que no se cumple con el
requisito de inmediatez.

5.2. Subsidiariedad

5.2.1. De otro lado, al revisar el expediente digital del proceso ejecutivo, la Subsección
observó que el 8 de septiembre de 2025 se corrió traslado a las partes 28 de las
excepciones propuestas por la Secretaría Distrital de Gobierno, razón por la cual su
trámite se encuentra vigente y pendiente de decisión.

Por consiguiente, al estar el proceso ejecutivo en curso, el juez de tutela no puede
desconocer el carácter residual y subsidiario del mecanismo de amparo, pues ello
implicaría invadir la órbita de competencia del juez natural del asunto y obstaculizar el
pronunciamiento sobre los argumentos que aún se encuentran pendientes de
resolución.

5.2.2. En tal sentido, y conforme con las particularidades procesales expuestas, se
concluye que la presente acción de tutela también resulta improcedente, al no
acreditarse el cumplimiento del requisito de subsidiariedad.

6. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 14 de agosto de
2025, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela; no obstante, la

27 Índice 00001 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
28 Índice 00070 del aplicativo SAMAI del proceso ejecutivo identificado con el número de radicado 25000-23-42000-

2018-01782-01, que puede ser consultado en el siguiente enlace web
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000234200020180178200250002
3.

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Accionante: Gladys Vargas Olarte

presente decisión se sustentará en el incumplimiento de los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de agosto de 2025 proferida por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que declaró improcedente la
acción de tutela de Galdys Vargas Olarte en contra del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta
decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS

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