Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04525-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04525-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04525-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
19 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04525-00
Accionante: Wilson Ariel Mora Pabón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: subsidio familiar, soldados profesionales.
Subtema 3: defecto sustantivo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por el señor Wilson Ariel Mora Pabón en contra del
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Wilson Ariel Mora Pabón, a través de apoderado, presentó acción de tutela
con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e
igualdad, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 27 de marzo de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado núm. 05001-33-33-028-2018-00372-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1.
A partir del escrito de amparo1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2.
El señor Wilson Ariel Mora Pabón ingresó al Ejército Nacional como soldado
regular y, posteriormente, se vinculó como soldado profesional.
3.
El accionante contrajo matrimonio, el 16 de septiembre de 2012, con la señora
Mabel Cristina Cabrera Gasca.
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04525-00 índice 2, certificado 8478D51830141DE1 09813A23A6BA1838
CBD0B090EBE7588D 1F9B6437575B3A55.
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Accionantes: Wilson Ariel Mora Pabón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
4.
El Ejército Nacional reconoció el subsidio familiar a favor del señor Mora Pabón,
en el porcentaje previsto en el artículo 5 del Decreto 1161 de 2014.
5.
El 27 de febrero de 2018, el actor radicó petición ante el Ejército Nacional, a través
de la cual solicitó el reconocimiento y pago del subsidio familiar, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000; sin embargo, la entidad guardó
silencio, por lo que se configuró el acto ficto negativo.
6.
La parte actora presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para
que se dejara sin efecto el mencionado acto administrativo y, en consecuencia, se
ordenara el pago del subsidio familiar en el valor equivalente al 4% del salario básico
más la prima de antigüedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000.
7.
El Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín, mediante sentencia del 16 de
octubre de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda. De esta manera, declaró
la nulidad del acto administrativo demandado y, a título de restablecimiento del
derecho le ordenó a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional lo siguiente:
[…] liquide y pague a favor del señor WILSON ARIEL MORA PABÓN el subsidio de familia
a que tiene derecho en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000; es decir el
4% del salario básico más la prima de antigüedad, sumas de dinero que se deberán
cancelar desde la fecha en que contrajeron matrimonio los señores WILSON ARIEL
MORA PABÓN y MABEL CRISTINA CABRERA GASCA; es decir el 16 de septiembre de
2012, en los términos indicados por el Consejo de Estado en la sentencia en que se
declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 y con efectos ex tunc, debiéndose descontar
las sumas ya reconocidas por el subsidio de familia en los términos del Decreto 1161 del
24 de junio de 2014, y de acuerdo a lo indicado en las motivaciones.
8.
La parte demandada, inconforme con la anterior decisión, presento recurso de
apelación.
9.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, a través de
sentencia del 27 de marzo de 2025, modificó parcialmente la providencia de primera
instancia, en cuanto dispuso lo que sigue:
«Como consecuencia de la declaración anterior, a título de restablecimiento del derecho
ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL a
liquidar y pagar a favor del demandante el subsidio familiar a que tiene derecho en los
términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, es decir, el 4% del salario básico más
la prima de antigüedad, sumas de dinero que se deberán cancelar desde la fecha en que
contrajeron matrimonio los señores Mora Pabón y Mabel Cristina Cabrera Gasca, es decir,
el 16 de septiembre de 2012 y hasta el 01 de julio de 2014 -fecha de la entrada en vigencia
del Decreto 1161 de 2014- en los términos indicados por el Consejo de Estado en
sentencia en que se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc».
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
10.
La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
1. AMPARAR los derechos fundamentales violados en la sentencia de sentencia de
segunda instancia de fecha marzo 27 de 2025, proferida por el Tribunal
2
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04525-00
Accionantes: Wilson Ariel Mora Pabón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Administrativo de Antioquia, Magistrado Ponente GONZALO ZAMBRANO
VELANDIA, Demandada. NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
EJÉRCITO NACIONAL, Demandante. WILSON ARIEL MORA PABON, dentro del
radicado N° 05001333302820180037201, como son: derecho a la igualdad, debido
proceso, desconocimiento del precedente judicial, principio de seguridad jurídica y
demás conexos y, en consecuencia:
2. REVOCAR la sentencia de sentencia de segunda instancia de fecha marzo 27 de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Magistrada Ponente
GONZALO ZAMBRANO VELANDIA, Demandada. NACION – MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL, Demandante. WILSON ARIEL
MORA PABON, dentro del radicado N° 05001333302820180037201.
3. ORDENAR a la autoridad judicial accionada que emita nuevo pronunciamiento
consistente en reconocer a favor del demandante por concepto de subsidio familiar,
el 4% del salario básico más la prima de antigüedad, de conformidad con el artículo
11 del decreto 1794 de 2000 desde el día 16 de septiembre de 2012, fecha en la
cual, el demandante contrajo matrimonio y hasta el último día en servicio activo,
descontando lo ya cancelado por el mismo concepto conforme al decreto 1161 de
2014.
4. ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, en el nuevo pronunciamiento,
ordene la modificación de la hoja de servicios del demandante, manifestando que
el subsidio devengado en actividad es el establecido en el artículo 11 del decreto
1794 de 2000 y, que, a su vez, remita la hoja de servicios a la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares “CREMIL”, para que haga los reconocimientos y actualizaciones
a que haya lugar en la asignación de retiro del actor.
5. SIRVASE, señor Magistrado reconocerme personería adjetiva para actuar en los
términos y condiciones del poder conferido […]2.
11.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo porque realizó una indebida
interpretación de las normas que regulan el subsidio familiar para los soldados
profesionales, en tanto ordenó el pago de la prestación reclamada por el tutelante con
base en lo previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y en el artículo 1 del
Decreto 1161 de 2014.
12.
En este sentido, explicó que la autoridad judicial desconoció los efectos ex tunc de
la sentencia de nulidad proferida el 8 de junio de 2017 por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la nulidad del
Decreto 3770 de 2009, que derogó el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 porque no
tuvo en cuenta que al surgir nuevamente a la vida jurídica este última norma su
derecho se debió regular con fundamento en dicha disposición normativa, pues
cumplió requisitos para acceder al subsidio familiar durante el periodo de su vigencia,
es decir, con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014.
13.
Refirió que la autoridad accionada al dar aplicación al Decreto 1161 de 2014
desconoció los principios de favorabilidad, progresividad y no regresividad, que rigen
los derechos laborales.
2
Se transcribe incluso con errores.
3
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Accionantes: Wilson Ariel Mora Pabón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
14.
Por otro lado, indicó que la providencia cuestionada desconoció el precedente
jurisprudencial, por cuanto no tuvo en cuenta que el Consejo de Estado, en
sentencias de tutela3 ha establecido que los soldados profesionales, «que ingresaron
a la institución y que contrajeron matrimonio o declararon la existencia de la unión
marital de hecho en vigencia del Decreto 1794 de 2000, son acreedores a devengar el
subsidio familiar establecido en el artículo 11 ibidem, y que no le es exigible el requisito
de reportar el cambio de estado civil a la institución castrense por existir una
imposibilidad o barrera jurídica y que solo les fue posible reclamar este derecho, una
vez ejecutoriada la sentencia que elimino el Decreto 3770 de 2009 del ordenamiento
jurídico» [sic].
15.
También afirmó que la decisión acusada incurrió en violación directa de la
constitución porque vulneró el derecho a la igualdad, al no ordenarse el pago del
subsidio familiar únicamente en los términos del Decreto 1794 de 2000, como lo ha
dispuesto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca4, en algunos asuntos sometidos
a su conocimiento.
2.3. Trámite procesal
16.
El despacho ponente, mediante auto del 24 de julio de 20255, admitió la demanda,
ordenó la notificación a la autoridad accionada, es decir, al Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Séptima de Decisión y puso en conocimiento el escrito de tutela
Juzgado Veintiocho Administrativo Oral del Circuito de Medellín y a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, en su condición de terceros
interesados.
2.4. Intervenciones
17.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión6 pidió que
se niegue la tutela porque la providencia cuestionada realizó una valoración adecuada
de los hechos, las pruebas, la normativa y la jurisprudencia aplicable, con lo cual
consideró que era jurídicamente viable aplicar el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
solo hasta la entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014.
18.
Asimismo, afirmó que los planteamientos de la parte accionante reflejan una
inconformidad con el fallo proferido por la corporación, en tanto reitera los argumentos
propuestos en la demanda, que ya fue estudiada y decidida en las dos instancias
posibles, sin exponer y acreditar la existencia de una de las causales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial.
3
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias del 7 de abril de 2022, radicado núm. del 27 de octubre de 2021, radicado núm.
11001-03-15-000-2021-04441-01. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Subsección B, radicado núm. 1100103-
15-000-2023-06613-01.
4
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sentencias del 22 de noviembre de 2020, radicado núm. 11001334204620180019101,
13 de febrero de 2020, radicado núm. 25269333300220180013801, del 23 de febrero de 2021, radicado núm.
11001334205120180036801, del 17 de junio de 2021, radicado núm. 11001333502020190000301.
5
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6
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4
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Accionantes: Wilson Ariel Mora Pabón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
19.
La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional 7 manifestó que
la providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia realizó un análisis de integral
de las normas y las pruebas aportadas al proceso ordinario sin incurrir en alguna
irregularidad sustancial o procesal, por lo que los argumentos expuestos por la parte
tutelante carecen de fundamento.
20.
Así pues, indicó que el actor pretende utilizar este mecanismo constitucional como
una tercera instancia para reabrir el debate jurídico y probatorio que se surtió en las
instancias respectivas ante los jueces naturales.
21.
Solicitó que se conserve la decisión contenida en la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia y, en consecuencia, se nieguen las pretensiones
de la tutela.
22.
El Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín8 afirmó que la sentencia de
primera instancia, proferida el 16 de octubre de 2019, efectuó un análisis exhaustivo
del material probatorio obrante en el expediente y aplicó la normativa vigente al
momento de proferir fallo.
23.
De este modo, consideró que no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte actora porque el despacho dio aplicación a las normas que
regulan la materia y se valoraron las pruebas allegadas al expediente; sin embargo,
advirtió que se acogerá la decisión que se adopte en el trámite de la tutela.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
24.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por del señor Wilson Ariel Mora Pabón, en
contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión.
3.2. Legitimación en la causa
25.
La legitimación en la causa por activa del señor Wilson Ariel Mora Pabón está
acreditada porque fue el demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus
derechos fundamentales.
26.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, debido a que fue la autoridad
que profirió la sentencia, objeto de estudio.
7
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8
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5
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3.3. Cuestión preliminar
27.
Por otra parte, se observa que la parte actora, en el escrito de amparo, alegó que
la sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y
violación directa de la constitución; sin embargo, al revisar los hechos y los argumentos
descritos en la solicitud de tutela, se advierte que la inconformidad del accionante se
concreta en la interpretación de la normativa aplicable al caso concreto que realizó la
autoridad judicial accionada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Por esta razón, la Sala analizará el asunto bajo una posible configuración de
un defecto sustantivo.
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
28.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional10.
29.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
30.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales11 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.
31.
De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-03-
15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina, Productos Alimenticios S.A.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
6
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inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución12.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
32.
Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional13 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que
ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
33.
Así pues, la Corte Constitucional14 ha fijado unos criterios que deben ser acatados
con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional en un caso en
concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico»15 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental»16;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los
particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima que
permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en
una afectación grave de derechos fundamentales.
34.
En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió una
afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la decisión
cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico que, a su
juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
35.
También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la parte
actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la
decisión objeto de tutela.
36.
Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 27 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Séptima de Decisión, fue notificada el 28 de marzo de 202517, y la demanda de
tutela se presentó el 22 de julio de 202518, esto es, dentro del plazo de seis meses
12
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Samai, exp. 05001-33-33-028-2018-00372-01, índice 14.
18
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-04525-00, índice 1.
7
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previsto por la jurisprudencia constitucional19 y del Consejo de Estado20 como
razonable.
37.
En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del proceso
objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra de
la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
38.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
39.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad con relación a los defectos sustantivo y, en ese orden, continuará
con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
40.
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Decisión vulneró los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad
del señor Wilson Ariel Mora Pabón. En particular, deberá establecer si incurrió el
defecto sustantivo al proferir la sentencia del 27 de marzo de 2025, que modificó
parcialmente la providencia del 16 de octubre de 2019, expedida por el Juzgado
Veintiocho Administrativo de Medellín, en el sentido reconocer el subsidio familiar
reclamado por el accionante con fundamento en el artículo 11 del Decreto 1794 de
2000 solo hasta la entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014.
41.
Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades del defecto invocado; ii) el
subsidio familiar de los soldados profesionales y iii) el caso concreto.
3.5.1. El defecto sustantivo
42.
La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo
se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma
claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su
aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue
derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado21.
43.
De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que la
acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de
una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para
escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren
más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230
de la Constitución Política.
19
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm. 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
21
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
8
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44.
La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en
su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las
normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia
judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos
previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las
normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y
para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor
no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia
se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que
son de forzosa aplicación […]22.
45.
En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los
jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a
su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del
parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la
Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con
su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
46.
Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al carácter
normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar eficacia a los
derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los derechos humanos
(artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la garantía al acceso a la
administración de justicia (artículo 228 Superior).23
3.5.2. El subsidio familiar en las fuerzas militares
47.
El Gobierno nacional creo con el artículo 11 del Decreto 1794 del 14 de
septiembre de 200024 el subsidio familiar para los soldados profesionales que
estuvieran casados o con unión marital de hecho, equivalente al 4% del salario básico,
más la prima de antigüedad, con el requisito de que reportaran el cambio en el estado
civil:
Artículo 11. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto, el soldado
profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente,
tendrá derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al cuatro
por ciento (4%) de su salario básico mensual más la prima de antigüedad.
Para los efectos previstos en este artículo, el soldado profesional deberá reportar el
cambio de estado civil a partir de su inicio al Comando de la Fuerza de conformidad
con la reglamentación vigente.
48.
El anterior artículo fue derogado por el Decreto 3770 del 30 de septiembre de
200925, sin embargo, el beneficio permaneció para aquellos uniformados que ya lo
22
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
24
«Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares».
25
«Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones».
9
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devengaban. Luego, el Decreto 1161 del 24 de junio de 201426 creó de nuevo el
subsidio familiar para los soldados profesionales que no fueran favorecidos con la
prerrogativa del Decreto 1794 de 2000, que estuvieran casados, en unión marital o
viudos con hijos a cargo, en cuantía del 20% de la asignación básica, más un
porcentaje por cada hijo27. También para los que tuvieran hijos, en los porcentajes
definidos.
49.
Finalmente, en sentencia del 8 de junio de 2017, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró, con efectos ex tunc, la nulidad del Decreto
3770 de 2009, por cuanto encontró que fue regresivo y carente de legalidad, que
contravino los principios y normas en que debía fundarse y que no era compatible con
el contenido esencial de los derechos a la protección, la seguridad social, al trabajo, y
la seguridad jurídica, toda vez que su objeto no estuvo dirigido a promover el bienestar
general de los soldados profesionales.
50.
Posteriormente, con ocasión de solicitudes de adición y aclaración de la sentencia
del 8 de junio de 2017 en relación con los efectos ex tunc de la nulidad declarada del
Decreto 3770 de 2009, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
emitió el auto, el 8 de septiembre de 2017, en el que las negó. No obstante, indicó
sobre el asunto:
[…] la Sala considera prudente reiterar que conforme con su inveterada y pacífica
jurisprudencia, es claro que la nulidad de un acto administrativo produce efectos ex
tunc, es decir, se retrotrae la actuación desde el momento en que se profirió el acto
administrativo anulado, por consiguiente, queda la situación jurídica en el estado en
que se encontraban antes de la expedición de dicho acto. Por lo tanto, si se declara la
nulidad de un acto administrativo que había derogado o revocado otro acto
administrativo, la consecuencia es que el acto revocado o derogado cobra nuevamente
vigencia, incluida su presunción de legalidad.
Sobre los efectos de los fallos de nulidad, también ha sido abundante la jurisprudencia
de la Corporación en el sentido de que, en relación con las situaciones jurídicas no
consolidadas, son ex tunc, es decir, desde entonces, y se retrotraen al momento en
que nació el acto, y como consecuencia de ello, las cosas se vuelven al estado en que
se encontraban antes de la expedición del mismo, por lo que las situaciones no
consolidadas entre el momento de la expedición del acto y la sentencia anulatoria
del mismo, son afectadas por la decisión que en esta última se tome. Es así que
respecto de las situaciones jurídicas no consolidadas, se reitera, las sentencias de
nulidad de actos de carácter general tienen efecto inmediato, es decir, sobre aquellas
26
«Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales y se dictan otras
disposiciones».
27
«ARTÍCULO 1.º. Subsidio Familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales. Créase, a partir del 1° de
julio del 2014, para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo, que
no perciben el subsidio familiar regulado en los decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, un subsidio familiar que se liquidará y
reconocerá mensualmente sobre su asignación básica, así:
a. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales casados o con unión marital de hecho vigente, tendrán
derecho a percibir por subsidio familiar el veinte por ciento (20%) de la asignación básica por la cónyuge o compañera permanente,
más los porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos conforme al literal c. de este artículo.
[…]
c. Para los soldados profesionales e infantes de marina profesionales con hijos, tendrán derecho a percibir subsidio familiar por
este concepto calculado sobre su asignación básica así: Por el primer hijo el tres por ciento (3%), por el segundo hijo el dos por
ciento (2%) y el uno por ciento (1%) por el tercer hijo. En ningún caso el soldado profesional o el infante de marina profesional por
este concepto podrá percibir más del seis por ciento (6%) de su asignación básica.
PARÁGRAFO 1. El subsidio familiar previsto en el presente artículo en ningún caso podrá sobrepasar el veintiséis por ciento
(26%) de la asignación básica de los soldados profesionales e infantes de marina profesionales».
10
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que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse
ante las autoridades administrativas o ante esta jurisdicción; por lo tanto, las “afecta”,
de manera inmediata.
[…]
De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto
3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de
vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de
regulación particular y específica respecto de situaciones jurídicas no consolidadas
desde el momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el
Decreto 1161 de 2014, que permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta
nuestros días, por cuanto que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por
ninguna de las vías legalmente establecidas”.
51.
De acuerdo con lo expuesto, los efectos ex tunc de la sentencia del 8 de junio de
2017, implican que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 recobró su fuerza vinculante
desde que fue derogado con el Decreto 3770 de 2009, hasta que fue proferido el
Decreto 1161 de 2014, que sigue vigente.
52.
En ese orden, los soldados profesionales que, desde el 30 de septiembre de
200928 hasta el 23 de junio de 201429, cumplieron los requisitos para ser beneficiarios
del subsidio familiar, como contraer matrimonio, y que no pudieron percibirlo en ese
periodo ante la derogatoria del mencionado artículo 11, tuvieron la posibilidad de
reclamar la liquidación de la prestación para ese lapso, una vez quedó ejecutoriada la
sentencia del 8 de junio de 2017.
53.
Finalmente, se advierte que la sentencia del 8 de junio de 2017 fue objeto de una
acción de tutela30 interpuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
sin embargo, fue declarada improcedente en primera instancia, decisión modificada en
segunda instancia, que negó la solicitud de amparo.
3.6. Caso concreto
54.
El señor Wilson Ariel Mora Pabón acudió a la acción de tutela, con el fin de obtener
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad. En
consecuencia, solicitó que se deje sin efecto la sentencia del 27 de marzo de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y se ordene a la autoridad
accionada expedir una nueva providencia que disponga el reconocimiento y pago del
subsidio familiar a que tiene derecho en los términos del artículo 11 del Decreto 1794
de 2000.
55.
Para la parte actora, la providencia cuestionada no realizó una adecuada
interpretación de las normas que regulan el subsidio familiar para los soldados
profesionales, en tanto ordenó el pago de la prestación reclamada por el tutelante a
partir de una aplicación conjunta del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y el artículo
1 del Decreto 1161 de 2014.
28
Fecha de entrada en vigor del Decreto 3770 de 2009.
29
Día anterior a cuando fue publicado el Decreto 1161 de 2014.
30
Radicado núm. 11001-03-15-000-2018-00859-01.
11
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56.
De esta manera, aclaró que la autoridad judicial desconoció los efectos ex tunc de
la sentencia de nulidad proferida el 8 de junio de 2017 por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la nulidad del
Decreto 3770 de 2009, que derogó el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 porque no
tuvo en cuenta que al surgir nuevamente al ordenamiento jurídico este último precepto,
el derecho se debió regular con fundamento en dicha norma, pues cumplió requisitos
para acceder al subsidio familiar durante el periodo de su vigencia, es decir, con
anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 1161 de 2014.
57.
Refirió que la autoridad accionada al dar aplicación al Decreto 1161 de 2014
desconoció los principios de favorabilidad, progresividad y no regresividad, que rigen
los derechos laborales.
3.6.1. Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
58.
Así pues, revisadas las pruebas aportadas al trámite de tutela, la Sala observa que
el Tribunal Administrativo de Antioquia modificó el numeral segundo de la sentencia del
16 de octubre de 2019, proferida por el Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín,
en el sentido de ordenar el pago del subsidio familiar a que tiene derecho el señor
Wilson Ariel Mora Pabón, en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000
desde la fecha en que contrajo matrimonio (16 de octubre de 2012) hasta la entrada
en vigor del Decreto 1161 de 2014 (1 de julio de 2014) y, en adelante, se debía liquidar
la prestación con base en esta última norma.
59.
Al respecto, la autoridad accionada desarrolló el siguiente análisis.
Tal como se mencionó en líneas anteriores, es claro que el Decreto 1794 de 2000 “por
el cual se estableció el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados
profesionales de las Fuerzas Militares” en el artículo 11 contempló el subsidio familiar
para los soldados profesionales casados o con unión marital, subsidio que sería
equivalente al 4% del salario básico más la prima de antigüedad.
Como se aprecia del material probatorio aportado, la parte demandante allegó registro
civil de matrimonio, el cual se celebró el 16 de septiembre de 2012 con la señora Mabel
Cristina Cabrera Gasca, siendo claro, de conformidad con el recuento normativo ya
descrito que, para el momento en que el señor Mora Pabón contrajo matrimonio, no se
encontraba vigente disposición normativa alguna que otorgara el beneficio del subsidio
familiar a los soldados profesionales en servicio activo, en tanto, el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000 que inicialmente otorgó en cabeza de dichos funcionarios este
derecho, fue derogado por el Decreto 3770 del 30 de septiembre de 2009, es decir, que
para el 16 de septiembre de 2012 que fue la fecha de la unión matrimonial del
demandante, ya el Decreto 1794 de 2000 había perdido vigencia, no haciéndose
acreedor, para dicha fecha a su reconocimiento.
Sin embargo, a partir del 01 de julio de 2014 se creó para los soldados profesionales e
infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo, un subsidio
familiar equivalente al 20% de asignación básica por la cónyuge o compañera
permanente, más los porcentajes a que se tenga derecho por los hijos, beneficio que
se contempló en el Decreto 1161 del 24 de junio de 2014.
Ahora, pese a que no se allegó al plenario prueba alguna que diera cuenta que en
vigencia del Decreto 1161 de 2014 el señor Wilson Ariel Mora Pabón solicitó el
reconocimiento del subsidio familiar allí creado, se reitera, que el beneficio
12
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efectivamente está siendo percibido, pues fue un hecho afirmado en el escrito de la
demanda y ratificado por la entidad demandada en el escrito de contestación.
Con posterioridad a lo anterior y como ya fue explicado, el Decreto 3770 de 2009 que
había derogado el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 relacionado con el subsidio
familiar para los soldados profesionales, fue declarado nulo con efectos ex tunc, lo que
significa que dicha disposición normativa derogada - artículo 11 del Decreto 1794 de
2000- recobro vigencia y, por ende, sus efectos, en los términos expuestos por el
Consejo de Estado en las providencias antes citadas, hasta la subrogación que se dio
con la expedición del Decreto 1161 de 2014 que creó dicho subsidio para los soldados
e infantes de marina profesionales y que continúa vigente.
[…]
De acuerdo con lo dicho, a partir del 08 de julio de 2017, fecha en que el Consejo de
Estado declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, mismo que a su vez derogó el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, se generó para el hoy demandante señor Wilson
Ariel Mora Pabón, el derecho a reclamar el subsidio familiar en los términos de éste
último decreto, mismo que en virtud de dicha sentencia recobró su validez y efectos,
hasta tanto, como lo explicó la máxima Corporación Contencioso Administrativa en el
auto proferido el 8 de septiembre de 2017, se expidió el Decreto 1161 de 2014.
En consecuencia, si bien como lo estipuló el Juzgado de primera instancia, al
demandante le asiste el derecho al reconocimiento y pago del subsidio familiar
contenido en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 a partir de que contrajo el vínculo
matrimonial – 16 de septiembre de 2012-, el derecho persiste únicamente hasta el 30
de junio de 2014, en tanto, a partir del 01 de julio de 2014 comenzó a regir el Decreto
1161 de 2014, norma en virtud de la cual el hoy demandante devenga el subsidio
familiar allí contemplado.
La manera de efectuarse el reconocimiento del derecho hoy reclamado, igualmente
tiene su sustento, no solo en lo expuesto por el Consejo de Estado en el auto del 8 de
septiembre de 2017 que resolvió la solicitud de aclaración o adición de la sentencia
que declaró nulo el Decreto 3770 de 2009 y fechada del 8 de julio de 2017 “(…)De
acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770
de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del Decreto
1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de vacíos
normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de regulación
particular y específica respecto de situaciones jurídicas no consolidadas desde el
momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de
2014, que permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros días, por
cuanto que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna de las vías
legalmente establecidas (…)”, sino también el pronunciamiento de tutela efectuado en
un caso similar por la máxima Corporación Contencioso Administrativa en el cual se
expuso del 28 de octubre de 2021 31
[…]
En consecuencia con lo anteriormente expuesto, es procedente la declaratoria de
nulidad del acto ficto o presunto, debiéndose modificar la providencia con relación a los
términos en que será otorgado el derecho, por lo tanto, se ordena a la entidad
demandada liquidar y pagar a favor del demandante el subsidio familiar a que tiene
31
Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, providencia del 28
de octubre de 2021 y radicado 11001-03-15-000-2021-03220-01 (AC).
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derecho en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, es decir, el 4% del
salario básico más la prima de antigüedad, sumas de dinero que se deberán cancelar
desde la fecha en que contrajeron matrimonio los señores Mora Pabón y Mabel Cristina
Cabrera Gasca, es decir, el 16 de septiembre de 2012 y hasta el 01 de julio de 2014 -
fecha de la entrada en vigencia del Decreto 1161 de 2014- en los términos indicados
por el Consejo de Estado en sentencia en que se declaró la nulidad del Decreto 3770
de 2009 con efectos ex tunc.
60.
De acuerdo con lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia,
al examinar los documentos aportados al expediente, evidenció que el señor Wilson
Ariel Mora Pabón contrajo matrimonio con la señora Mabel Cristina Cabrera Gasca, el
16 de septiembre de 2012, según consta en el registro civil de matrimonio. Así pues,
para dicha fecha no se encontraba vigente el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
toda vez que fue derogado por el Decreto 3770 de 2009.
61.
En este sentido, la autoridad judicial advirtió que el Gobierno nacional con la
expedición del Decreto 1161 de 2014 creó para los soldados profesionales e infantes
de marina profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo, un subsidio familiar
equivalente al 20% de asignación básica por la cónyuge o compañera permanente,
más los porcentajes a que se tenga derecho por los hijos.
62.
De este modo, el Tribunal afirmó que, si bien al expediente no se aportó prueba
que demostrara que durante la vigencia del Decreto 1161 de 2014, el señor Wilson
Ariel Mora Pabón solicitó el reconocimiento del subsidio familiar allí creado, lo cierto
es que dicho beneficio está siendo percibido por el actor, toda vez que fue un hecho
que se planteó en el escrito de demanda y se ratificó por la entidad demandada en la
contestación.
63.
No obstante, el Tribunal aclaró que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 8 de junio de 2017, declaró la nulidad del
Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc, lo que significó que el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000 recobró vigencia y, por ende, sus efectos, hasta la subrogación
que se dio con la expedición del Decreto 1161 de 2014.
64.
Asimismo, indicó que el Consejo de Estado, mediante providencia del 8 de
septiembre de 2017, resolvió la solicitud de aclaración de la sentencia del 8 de junio
de 2017, en la cual se precisó que: «[D]e acuerdo con lo dicho, la declaratoria de
nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009 revivió las disposiciones
normativas contenidas en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, […] desde el
momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de
2014, que permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros días, por
cuanto que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico […]».
65.
Así pues, la providencia acusada consideró que, con ocasión de lo dispuesto en la
sentencia del 8 de junio de 2017, se generó para el señor Wilson Ariel Mora Pabón, el
derecho a reclamar el subsidio familiar en los términos del Decreto 1794 de 2000, hasta
el 1 de julio de 2014, cuando comenzó a regir el Decreto 1161 de 2014.
66.
En atención a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que el
demandante tenía derecho al pago del subsidio familiar conforme lo dispuesto en el
artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, a partir del momento en que contrajo matrimonio,
14
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es decir, desde el 16 de septiembre de 2012 y hasta el 30 de junio de 2014. Sin
embargo, desde el 1 de julio de 2014 y en adelante, el derecho se regía por lo previsto
en el Decreto 1161 de 2014, por cuanto la entidad demandada efectuó el
reconocimiento de la prestación a favor del accionante con base en esta última norma.
3.6.2. Las consideraciones de la Sala respecto al defecto alegado por la actora
67.
Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en el
defecto expuesto por el accionante en el escrito de tutela, la Sala debe preciar que al
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho se aportó copia del Registro Civil
de Matrimonio con indicativo serial núm. 04814643 del 16 de septiembre de 2012, en
el que consta que el soldado profesional del Ejército Nacional Wilson Ariel Mora Pabón
contrajo nupcias con la señora Mabel Cristina Cabrera Gasca el 16 de septiembre de
2012.
68.
Ahora, respecto el subsidio familiar para el cuerpo profesional de las Fuerzas
Militares, la Sala destaca que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, reguló dicha
prestación; sin embargo, esta norma fue derogada por el Decreto 3770 del 30 de
septiembre de 200932. Posteriormente, el Decreto 1161 del 24 de junio de 201433
creó de nuevo el subsidio familiar para los soldados profesionales que no fueron
favorecidos con la prerrogativa del Decreto 1794 de 2000, que estuvieran casados, en
unión marital o viudos con hijos a cargo.
69.
Bajo este contexto, se advierte que para el momento en que el señor Wilson Ariel
Mora Pabón contrajo matrimonio, no se encontraba vigente el artículo 11 del Decreto
1794 de 200034, por lo que, en principio, no existía un fundamento jurídico que le
permitiera acceder al reconocimiento y pago del subsidio familiar. Dicha circunstancia
se mantuvo hasta la expedición del Decreto 1161 de 2014.
70.
No obstante, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia del 8 de junio de 2017, declaró, con efectos ex tunc, la nulidad del Decreto
3770 de 2009. Posteriormente, la corporación, mediante auto del 8 de septiembre de
2017, negó las solicitudes de adición y aclaración de la citada sentencia con relación
a los efectos ex tunc de la nulidad declarada del Decreto 3770 de 2009; sin embargo,
expuso lo siguiente:
De acuerdo con lo dicho, la declaratoria de nulidad con efectos ex tunc del Decreto
3770 de 2009 revivió las disposiciones normativas contenidas en el artículo 11 del
Decreto 1794 de 2000, restituyendo sus efectos con el fin de evitar la existencia de
vacíos normativos y, por ende, la inseguridad jurídica generada por la ausencia de
regulación particular y específica respecto de situaciones jurídicas no consolidadas
desde el momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el
Decreto 1161 de 2014, que permanece en vigor desde su entrada en vigencia hasta
nuestros días, por cuanto que no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por
ninguna de las vías legalmente establecidas.
32
«Por el cual se deroga el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 y se dictan otras disposiciones».
33
«Por el cual se crea el subsidio familiar para soldados profesionales e infantes de marina profesionales y se dictan otras
disposiciones
34
«Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares»
15
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Accionantes: Wilson Ariel Mora Pabón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
71.
Conforme con lo expuesto, los efectos ex tunc de la sentencia del 8 de junio de
2017, implicaron que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 recobró su fuerza
vinculante desde que fue derogado por el Decreto 3770 de 2009, hasta que fue
proferido el Decreto 1161 de 2014, cuya normativa sigue vigente.
72.
De esta manera, los soldados profesionales que, desde el 30 de septiembre de
200935 hasta el 23 de junio de 201436, cumplieron los requisitos para ser beneficiarios
del subsidio familiar, como contraer matrimonio, y que no pudieron percibirlo en ese
periodo ante la derogatoria del mencionado artículo 11 del Decreto 1794 de 2000,
tuvieron la posibilidad de reclamar la liquidación de la prestación para ese lapso, una
vez quedó ejecutoriada la sentencia del 8 de junio de 2017.
73.
Por lo anterior, es claro que al señor Wilson Ariel Mora Pabón le asistía el derecho
a acceder al reconocimiento y pago del subsidio familiar conforme con lo dispuesto en
el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, toda vez que se demostró que contrajo el
vínculo matrimonial el 16 de septiembre de 2012, tal y como lo planteó el Tribunal
Administrativo de Antioquia en la providencia objeto de tutela.
74.
En este sentido, comoquiera que el reconocimiento y pago del subsidio familiar a
favor del señor Mora Pabón procedía con fundamento en lo previsto en el artículo 11
del Decreto 1794 de 2000, no era viable aplicar el Decreto 1161 de 2014. Esto adquiere
relevancia, si se tiene en cuenta la prohibición expresa contenida en el parágrafo 3 del
artículo 1 del Decreto 1161 de 2014, que establece lo siguiente:
PARÁGRAFO 3. Los soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las
Fuerzas Militares que estén percibiendo el subsidio familiar previsto en los decretos 1794
de 2000 y 3770 de 2009, no tendrán derecho a percibir el subsidio familiar que se crea en
el presente decreto.
75.
Así pues, llama la atención de la Sala que, el Tribunal haya limitado la aplicación
del Decreto 1794 de 2000 únicamente hasta el 30 de junio de 2014 y, a partir del 1 de
julio de 2014 continuara con el pago del subsidio familiar con fundamento en el Decreto
1161 de 2014.
76.
Lo anterior, por cuanto la sentencia del 8 de junio y la providencia del 8 de
septiembre de 2017, proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en ninguno de sus apartes establecieron la posibilidad de efectuar una
aplicación conjunta tanto del Decreto 1794 de 2000 como del Decreto 1161 de 2014.
77.
Adicionalmente, es pertinente aclarar que, si bien el Ejército Nacional reconoció y
ordenó el pago del subsidio familiar a favor del señor Wilson Ariel Mora Pabón con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1161 de 2014, lo cierto es que
ello obedeció al vació jurídico que ocasionó el Decreto 3770 de 2009 y, que el Decreto
1161 de 2014 pretendía subsanar. Así pues, resulta oportuno aclarar que el supuesto
de hecho que permitía acudir al Decreto 1161 de 2014 desapareció con ocasión de los
efectos ex tunc de la sentencia de nulidad del 8 de junio de 2017.
35
Fecha de entrada en vigencia del decreto 3770 de 2009.
36
Día anterior a cuando fue publicado el Decreto 1161 de 2014.
16
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Accionantes: Wilson Ariel Mora Pabón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
78.
Sobre el tema, resulta oportuno mencionar que la Sección Quinta del Consejo de
Estado37, con relación a los alcances del Decreto 1161 de 2014 para los soldados
profesionales a los que les resultaba aplicable el Decreto 1794 de 2000, precisó lo
siguiente:
Por tanto, la autoridad demandada no analizó lo relativo a las particularidades de la
situación administrativa del demandante que conllevó a que inicialmente no pudiera
acceder al subsidio familiar bajo el amparo del artículo 11 del citado Decreto 1794 de 2000,
por cuanto para el año 2013 –cuando cambió su estado civil- tal norma había sido
derogada.
Sin embargo, con ocasión del fallo que declaró la nulidad del Decreto 3770 de 30 de
septiembre 2009 con efectos retroactivos, aquella recobró su vigencia, por lo que,
resultaba necesario verificar si en el periodo comprendido entre la fecha de celebración
del matrimonio -20 de marzo de 2013- y la expedición del Decreto 1161 de 24 de junio de
2014, se debía reconocer y pagar tal prestación.
A su vez, la Sala estima que no resulta de recibo el argumento en virtud del cual se indica
que el accionante ya goza del subsidio familiar en virtud del Decreto 1161 de 2014, toda
vez que, el hecho que justifica el reconocimiento de la partida se dio con antelación a la
fecha de expedición del mencionado decreto, esto es, el 20 de marzo de 2013; por lo que
la norma aplicable es el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, que se reitera recobró su
vigencia con la declaratoria de nulidad de la norma que lo había derogado. [resaltado fuera
de texto original].
79.
Dicho esto, también es pertinente mencionar que una aplicación conjunta del
Decreto 1794 de 2000 y del Decreto 1161 de 2014 como lo planteó el Tribunal
Administrativo de Antioquia en la providencia cuestionada implica una desmejora en el
valor de la prestación reclamada por el demandante, pues resulta evidente que el
monto que se le pagaría al actor con base en el artículo 11 del primer decreto es mayor
en comparación con el monto que obtendría con fundamento en el Decreto 1161 de
2014.
80.
Lo anterior, no solo desconoce el principio de favorabilidad porque limita la
aplicación de una norma que le es beneficiosa al actor, sino que además puede
configurar un desconocimiento del principio de no regresividad en materia laboral, lo
cual, sea de paso advertir, fue un aspecto que se analizó y sirvió de fundamento en la
sentencia del 8 de junio de 2017, proferida por esta corporación, para declarar la
nulidad del Decreto 3770 de 2009.
81.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que «si bien los jueces,
incluyendo las altas cortes, tienen un amplio margen de interpretación en las normas
laborales, no les es dable hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando
entre dos o más entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o
perjudica (…) una conducta contraria configura un defecto que viola los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, por desconocimiento directo
del artículo 53 constitucional»38.
82.
En este orden de ideas, se observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia, al
37
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de octubre de 2021, expediente núm. 11001-03-15-000-2021-04441-01.
Dicho criterio fue reiterado en la sentencia dictada dentro del expediente núm. 11001-03-15-000-2020-03102-00.
38
Corte Constitucional, sentencia SU-241 de 2015
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proferir la sentencia del 27 de marzo de 2025, incurrió en defecto sustantivo porque
limitó la aplicación del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 hasta el 30 de junio de
2014 y, dispuso continuar el pago del subsidio familiar a favor del señor Wilson Ariel
Mora Pabón, a partir del 1 de julio de 2014, con base en el Decreto 1161 de 2014, sin
tener en cuenta que el derecho reclamado por el demandante se configuró bajo los
efectos del Decreto 1794 de 2000, al haber contraído matrimonio el 16 de septiembre
de 2012 con la señora Mabel Cristina Cabrera Gasca.
83.
En suma, se advierte que la autoridad judicial accionada definió parte del derecho
del actor con base en una norma que no tenían cabida, dado que su análisis se
circunscribió a referir que el demandante ya recibía la prestación en virtud del Decreto
1161 de 24 de junio de 2014; sin embargo, omitió estudiar adecuadamente los efectos
y aplicación del Decreto 1794 de 2000 frente a los hechos que justificaban la prestación
pretendida por el accionante, así como las implicaciones del cambio normativo en
cuanto al valor a recibir por el actor.
84.
En este punto, conviene mencionar que el defecto sustantivo, según la
jurisprudencia constitucional, se configura ante «[…] la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación o aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez»39.
85.
Así las cosas, se advierte que la autoridad accionada incurrió en un defecto
sustantivo y, en consecuencia, vulneró el derecho fundamental al debido proceso del
tutelante, en la medida en que no realizó una adecuada interpretación de las normas
que regulan el subsidio de familia a favor de los soldados profesionales del Ejército
Nacional.
IV. CONCLUSIONES
86.
En virtud de lo anterior, la Subsección amparará el derecho fundamental al debido
proceso del señor Wilson Ariel Mora Pabón; y se dejará sin efectos la sentencia del 27
de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima
de Decisión.
87.
En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que en un término
de 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia emita una nueva
providencia, en la que decida el recurso de apelación interpuesto en contra de la
sentencia de primera instancia dentro del expediente con radicado núm. 05001-33-33-
028-2018-00372-01, de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta
providencia.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
39
Corte Constitucional, sentencia SU-241 de 2015.
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Accionantes: Wilson Ariel Mora Pabón
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FALLA
PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso del
señor Wilson Ariel Mora Pabón, por los motivos expuestos en esta decisión.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 27 de marzo de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de Decisión, dentro del
expediente con radicado núm. 05001-33-33-028-2018-00372-01, en atención a las
razones expresadas en esta decisión.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Séptima de
Decisión que, en el término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la
notificación de esta sentencia, profiera una nueva decisión en la que atienda lo
indicado en la parte considerativa de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
Con salvamento de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
JLAS/SEJV
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