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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04529-00

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-04529-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por falta del requisito general de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04529-00 Actor: MAURICIO RUIZ CICERI CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04529-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04529-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: MAURICIO RUIZ CICERI

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL,
PUES LO PRETENDIDO ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL
PROCESO DE NULIDAD ELECTORAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE
DE ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y A ELEGIR Y
SER ELEGIDO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor MAURICIO RUIZ CICERI, actuando a través de apoderada

judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

1
En adelante Sección Quinta.

2

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Actor: MAURICIO RUIZ CICERI

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a elegir y ser elegido,

los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN QUINTA, al haber

proferido la providencia de 22 de mayo de 2025, dentro del medio

de control de nulidad electoral identificado con el número único de

radicación 2023-00170-01, al cual se acumuló el expediente número

2023-00174-00.

I.2. Hechos

Indicó que se inscribió ante la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL

ESTADO CIVIL como candidato a diputado de la ASAMBLEA DEL

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ2 para el período constitucional

2024-2027, por el partido de la Unión por la Gente - Partido de la U.

Señaló que una vez surtidos los comicios electorales mediante Acta

núm. E-26 ASA de 4 de noviembre de 2023, fue elegido como

diputado de la ASAMBLEA al obtener 3.055 votos.

Adujo que los señores ANDRÉS EDUARDO PEÑA ARAGÓN y

FREDMAN HERNÁNDEZ ANTURÍ promovieron de manera

individual demandas en ejercicio del medio de control de nulidad

2
En adelante ASAMBLEA.

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3

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Actor: MAURICIO RUIZ CICERI

electoral contra su acto de elección como diputado, por

presuntamente estar inhabilitado para ejercer el cargo al ser

hermano del señor LUIS ANTONIO RUIZ CICERI, quien fungió

como alcalde del municipio de Florencia durante el período

constitucional 2020-2023.

Manifestó que a los procesos les fueron asignados los números únicos

de radicación 2023-00170-00 y 2023-00174-00, y le

correspondieron en primera instancia al TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ que, los acumuló y mediante

sentencia de 20 de noviembre de 2024, denegó las pretensiones de

la demanda.

Aseveró que inconforme con la anterior decisión el señor FREDMAN

HERNÁNDEZ ANTURÍ presentó recurso de apelación ante la

SECCIÓN QUINTA que, en sentencia de 22 de mayo de 2025,

revocó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró la nulidad de su

acto de elección como diputado de la ASAMBLEA para el período

constitucional 2024-2027.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

el defecto sustantivo en la medida que amplió el alcance del

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artículo 49 de la Ley 2200 de 20223 al incluir vínculos con

funcionarios municipales como causal de inhabilidad, a pesar de que

dicha extensión no estaba prevista en la normativa vigente al

momento de su elección.

Mencionó que el régimen de inhabilidades aplicada con efecto

retroactivo configuró un obstáculo jurídico inexistente al momento

del proceso electoral, por lo que se lesionó su derecho a ser elegido

y correlativamente el de sus electores.

Aseguró que la sentencia incurrió en violación directa de la

Constitución, ya que la nulidad de su acto de elección desconoció

los límites constitucionales en materia electoral, por lo que se

compromete la validez de la actuación y habilita la intervención del

juez de tutela.

Indicó que la autoridad judicial accionada desconoció el

precedente jurisprudencial4 establecido por esta Corporación en

el que, a su juicio, se sostuvo que la inaplicación judicial de una

norma con incidencia electoral debía surtir efectos únicamente hacia

3
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
departamentos”.
4
El actor hizo mención de la sentencia de 9 de septiembre de 2021, proferida por la Sección Primera
del Consejo de Estado dentro del proceso identificado con el número único de radicación 2020-00606-
01.

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el futuro, como salvaguarda de la buena fe, la estabilidad normativa

y la integridad del sufragio.

Argumentó que “[…] sin mediar carga argumentativa suficiente, la

Corporación desconoció dicha directriz y aplicó una interpretación

novedosa y retroactiva del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022,

configurando así un tratamiento desigual ante situaciones jurídicas

equivalentes y afectando los principios de seguridad jurídica,

confianza legítima e igualdad. Este defecto ha sido ampliamente

desarrollado en el acápite sobre la vulneración de los derechos

fundamentales invocados […]”.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

en consecuencia:

“[…] PRIMERO: Se declare la violación de los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, la IGUALDAD y al de ELEGIR
Y SER ELEGIDO del señor MAURICIO RUIZ CICERI, vulnerados por
la sentencia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo
– Sección Quinta del Consejo de Estado el 22 de mayo de 2025,
dentro del proceso de nulidad electoral.

SEGUNDO: Se declare la cesación de los efectos jurídicos de la
sentencia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo –
Sección Quinta del Consejo de Estado con fecha 22 de mayo de
2025, que conoció en acción de nulidad electoral, bajo el radicado
18001-23-33-000-2023-00170-01 (acumulada) 18001-23-33-
000-2023-00174-00 […]”. (Destacado pertenece al texto).

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I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA sostuvo que la solicitud de amparo

carece del requisito general de la relevancia constitucional,

comoquiera que lo que se pretende es discutir el análisis jurídico que

desarrolló para acceder a las pretensiones de la demanda.

Afirmó que en la providencia cuestionada fueron expuestos los

fundamentos normativos y jurisprudenciales que sustentaron la

decisión de anular la elección del actor, por lo que no hay lugar a

tener por configurados los defectos alegados.

Señaló que no se configuró el desconocimiento del precedente

jurisprudencial, toda vez que “[…] la providencia que citó el

accionante fue proferida en el marco de un proceso de pérdida de

investidura, el cual es de naturaleza distinta al electoral, aunado a

que los efectos a futuro frente a la excepción de inconstitucionalidad

se hicieron respecto del parágrafo del artículo 6º de la Ley 1871 de

2017, en el sentido de señalar que resultaría aplicable esa excepción,

en materia de pérdida de investidura, a partir del próximo proceso

electoral, es decir, del periodo 2024-2027. Con todo, se tiene que

ese aparte que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional

mediante sentencia C-396 del 19 de noviembre de 2021 […]”.

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I.5.2.- El TRIBUNAL, vinculado en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso, se limitó a remitir el expediente

digital del proceso objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento

alguno frente al fondo del asunto.

I.5.3.- La REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,

vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas del

proceso, solicitó la desvinculación del trámite constitucional en razón

a la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Recalcó que en el contexto de sus competencias y funciones no tiene

injerencia en las decisiones que profieren los jueces y magistrados

de la república.

I.5.4.- Los señores ANDRÉS EDUARDO PEÑA ARAGÓN,

FREDMAN HERNÁNDEZ ANTURÍ y LUIS ALFREDO SILVA

NEIRA, vinculados en calidad de terceros con interés directo en las

resultas del proceso, pese a ser notificados del presente trámite,

guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

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conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

La Sala advierte que la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO

CIVIL formuló petición de desvinculación de la presente acción de

tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

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La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO

CIVIL fue parte accionada dentro del medio de control de nulidad

electoral objeto del presente estudio, la Sala concluye que le asiste

interés directo en la decisión de la acción constitucional de la

referencia, razón por la que se denegará la solicitud de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

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Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso

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judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos

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y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 22 de mayo de 2025, proferida por

la SECCIÓN QUINTA, mediante la cual se revocó la decisión de

primera instancia proferida por el TRIBUNAL y, en su lugar, se

declaró la nulidad de la elección del actor como diputado de la

ASAMBLEA para el período constitucional 2024-2027, dentro del

proceso de nulidad electoral identificado con el número único de

radicación 2023-00170-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a elegir y ser elegido,

habida cuenta que, a juicio del actor, la autoridad judicial accionada

incurrió en el defecto sustantivo en la medida que amplió el alcance

de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, al incluir

vínculos con funcionarios municipales como causal de inhabilidad, a

pesar de que dicha extensión no estaba prevista en la normativa

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vigente al momento de su elección.

Aseguró que la sentencia incurrió en violación directa de la

Constitución, ya que la nulidad de su acto elección desconoció los

límites constitucionales en materia electoral, por lo que se

compromete la validez de la actuación y habilita la intervención del

juez de tutela.

Indicó que la autoridad judicial accionada desconoció el

precedente jurisprudencial establecido por esta Corporación en el

que, a su juicio, se sostuvo que la inaplicación judicial de una

normativa con incidencia electoral debía surtir efectos únicamente

hacia el futuro, como salvaguarda de la buena fe, la estabilidad

normativa y la integridad del sufragio.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

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procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001

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Actor: MAURICIO RUIZ CICERI

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,

03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de

[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos

[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

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instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la

controversia que propone el actor implica la reapertura de un asunto

que ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir

una instancia adicional, comoquiera que los argumentos expuestos

en el escrito de tutela, están dirigidos a demostrar que no se

configuró la causal de inhabilidad que sirvió de argumento para

declarar la nulidad de su acto de elección como diputado de la

ASAMBLEA para el período constitucional 2024-2027.

En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las

inconformidades que ahora trae el accionante a esta sede

constitucional ya fueron resueltas de forma admisible por la

SECCIÓN QUINTA, al realizar un análisis del asunto así:

“[…] 2.2. Problema jurídico

73. Corresponde a esta Sección resolver si hay lugar a confirmar,
revocar o modificar la sentencia proferida del 20 de noviembre
de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que
negó las pretensiones de la demanda.

74. Para el efecto, se deberá establecer si el juez de primera
instancia estaba relevado del análisis de la causal de inhabilidad
que se invocó en la demanda, por estar sustentada en una
disposición derogada, y en caso contrario, si en este asunto el
demandado se encontraba inhabilitado para ser diputado por el

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vínculo de parentesco con funcionario que ejerció autoridad
administrativa y política en el departamento, durante los doce
meses anteriores a la elección. […]

2.5. Caso concreto

89. En este asunto, el recurrente considera que en la demanda
se planteó como causal de inhabilidad la prevista en el artículo
33, numeral 5 de la Ley 617 de 2000 y, a pesar de que fue
derogada por la Ley 2200 de 2022, lo cierto es que esta
disposición tiene idéntica redacción a la anterior, por lo que se
debía hacer una interpretación integral de los supuestos fácticos
en cuanto a que se alegó la vulneración del régimen de
inhabilidades previsto para los diputados, consagrado en el
artículo 49 de la última legislación.

90. Al respecto, se tiene que el Tribunal Administrativo del
Caquetá sustentó la decisión de negar las pretensiones de la
demanda en el hecho de que la parte actora señaló como
disposición trasgredida el artículo 33 de la Ley 617 de 2000,
norma derogada por el artículo 154 de la Ley 2200 de 2022, por
lo que aquella fue retirada del ordenamiento jurídico y, en esa
medida, no era posible realizar el estudio oficioso de la
inhabilidad, debido al carácter rogado de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, la presunción de legalidad del acto
de elección y en garantía del derecho de defensa del
demandado.

91. Lo primero que se debe advertir es que las disposiciones en
comento son idénticas en su redacción, como se muestra en el
siguiente cuadro comparativo: […]

92. Por lo tanto, tal como lo sostuvo el recurrente, el problema
jurídico debió resolverse con base en la normativa vigente que
consagra el régimen de inhabilidades de diputados, esto es, el
artículo 49.6 de la Ley 2200 de 2022, pues es claro que en la
demanda se expusieron con suficiencia los supuestos fácticos y
los argumentos por los cuales se considera que el demandado
incurrió en la inhabilidad por parentesco con funcionario que
ejerce autoridad administrativa en el departamento, durante los
doce meses anteriores a la elección.

93. Para el efecto, se indicó que el señor Luis Antonio Ruiz Ciceri
es hermano del demandado, como lo acreditan los registros
civiles de nacimiento aportados con la demanda, emitidos por la
Notaría Única del Círculo de Belén de los Andaquíes, el 15 de
noviembre de 2023, y que fungió como alcalde de Florencia, en
el periodo 2020-2023.

94. En ese sentido, no le era dable al tribunal, so pretexto de la
derogatoria del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, abstenerse de

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efectuar el estudio de la inhabilidad atribuida al demandado,
toda vez que, en aplicación del derecho de acceso a la
administración de justicia y del principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, debía interpretar la demanda
a partir de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y
emprender el juicio de legalidad del acto de elección acusado
con base en la normativa vigente. […]

98. De conformidad con lo señalado, se procederá a analizar los
elementos de la inhabilidad.

99. Sobre el factor territorial, la Sección Quinta ha señalado que
el que el parágrafo del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022
flexibiliza el régimen de inhabilidades de los diputados, respecto
al de los congresistas, en abierta contradicción con el artículo
299 de la Constitución Política.

100. Ello es así porque configura el elemento territorial de las
causales, en particular, aquella por vínculo o parentesco con un
funcionario que ejerce autoridad, únicamente cuando el familiar
ocupa un cargo en la administración departamental o alguna de
sus entidades adscritas o vinculadas, mientras que, para los
congresistas, específicamente los representantes a la Cámara,
se estructura también cuando el respectivo cargo pertenece a
alguno de los municipios del departamento.

101. Esta postura fue determinante para decidir recientemente
un asunto similar al que se resuelve en esta oportunidad, con el
siguiente razonamiento: […]

102. En ese contexto, se evidencia que la situación descrita
acontece en este asunto, pues no está en discusión que el señor
Luis Antonio Ruiz Ciceri fue alcalde de Florencia, municipio
comprendido en el departamento del Caquetá, por manera que
la autoridad que se atribuye fue ejercida «en el respectivo
departamento», como lo exige el numeral 6 del artículo 49 de la
Ley 2200 de 2022.

103. Ahora bien, en cuanto al elemento objetivo de la
inhabilidad, referente al ejercicio de autoridad administrativa, la
jurisprudencia de la Sección Quinta ha señalado que se trata de
aquellos poderes decisorios de mando o imposición de sanciones
que ostentan quienes se encuentran en cargos de administración
nacional, departamental, municipal o de los órganos electorales
y de control con capacidad para «hacer que la administración
funcione, también ejerciendo mando y dirección sobre los
órganos del aparato administrativo, nombrando y removiendo
sus agentes, celebrando contratos, supervigilando la prestación
de servicios, castigando infracciones al reglamento, etc. Todo
eso y más, es la autoridad administrativa»

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104. En relación con los elementos de la autoridad
administrativa, desde el año 2005, en tesis que más adelante se
reiteró en la sentencia del 23 de septiembre de 2013, la sala ha
precisado que para establecer «si el ejercicio de determinado
cargo público implica el ejercicio de autoridad administrativa,
puede acudirse, o bien a un criterio orgánico, o bien a un criterio
funcional. En virtud del primero, es posible entender que el
ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad
administrativa por tratarse de aquellos que, de conformidad con
la ley, implican dirección administrativa, por ser ésta es (sic) una
manifestación de dicha autoridad.

Y, acudiendo al segundo, será posible concluir que las funciones
propias de un determinado cargo implican el ejercicio de dicha
autoridad, en atención al análisis que de dichas atribuciones
haga el juzgador en el caso concreto».

105. Se reitera que todas aquellas funciones que de acuerdo con
la estructura orgánica de la administración confieran al
respectivo cargo autonomía en la adopción de decisiones y
potestad de mando, conllevan o comportan autoridad
administrativa.

106. En este caso, no hay duda de que el cargo de alcalde implica
el ejercicio de autoridad política y administrativa, según los
artículos 189 y 190 de la Ley 136 de 1994, en tanto se trata al
empleo del máximo nivel decisorio del municipio, el cual fue
ejercido por Luis Antonio Ruiz Ciceri, hermano del demandado,
durante el año anterior a la elección.

107. Por lo tanto, se configuran todos los presupuestos de la
causal de inelegibilidad para ser diputado por parentesco con
funcionario que ejerció autoridad, consagrada en el artículo 49,
numeral 6 de la Ley 2200 de 2022, razón por la cual se revocará
la sentencia apelada, y, en su lugar, se declarará la nulidad del
acto de elección de Mauricio Ruiz Ciceri como diputado del
Caquetá, para el periodo constitucional 2024-2027 […]”.
(Destacado pertenece al texto).

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae

que la SECCIÓN QUINTA realizó un análisis de la situación fáctica

y jurídica del asunto y, coligió que, se configuró la causal de

inhabilidad contenida en el numeral 6º del artículo 49 de la Ley 2200,

al cumplirse los presupuestos de inelegibilidad para ser diputado por

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tener parentesco con un funcionario que ejerció autoridad política y

administrativa en un municipio del departamento del Caquetá.

En efecto, la Sala observa que la decisión cuestionada estudió el

material probatorio aportado al expediente y de allí corroboró que el

actor es hermano del señor LUIS ANTONIO RUIZ CICERI, tal y

como lo acreditaron los registros civiles de nacimiento aportados con

la demanda y, además, que este fungió como alcalde del municipio

de Florencia en el período constitucional 2020-2023.

Asimismo, la autoridad judicial accionada concluyó que sí se

configuró el elemento territorial dispuesto en la causal de inhabilidad

por vínculo o parentesco con un funcionario que ocupó un cargo en

la administración de un municipio perteneciente al departamento,

postura que fue adoptada por la SECCIÓN QUINTA, en la que en

asuntos similares, ha señalado que debe entenderse que el

departamento comprende la totalidad del territorio que lo compone,

incluidos los municipios.

Así las cosas, al encontrar configurada la causal de inhabilidad la

SECCION QUINTA dispuso revocar la decisión del a quo y, en su

lugar, anuló el acto de elección del actor al encontrar probado los

presupuestos de inelegibilidad para ser elegido como diputado, por

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parentesco con un funcionario que ejerció autoridad en un ente

territorial perteneciente al departamento del Caquetá.

Aunado a lo anterior, la Sala advierte que la autoridad judicial

accionada desarrolló el problema jurídico teniendo en cuenta los

criterios jurisprudenciales relacionados con la configuración de la

causal de inhabilidad en el marco del medio de control de nulidad

electoral, por lo que tampoco hay lugar a considerar el presunto

desconocimiento de la providencia proferida por esta Sección el

pasado 9 de septiembre de 202115, traída a colación por el actor,

comoquiera que dicha sentencia fue proferida en un proceso de

pérdida de investidura, el cual tiene una naturaleza distinta al

proceso electoral objeto de litigio.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial

accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora

alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber

actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites

del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece

del requisito general de la relevancia constitucional.

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 54001-23-
33-000-2020-00606-01(PI), CP: doctora Nubia Margoth Peña Garzón.

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Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí

dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que

de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, la SECCION QUINTA decidió el asunto sometido a su

consideración.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada

por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en

el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a

la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

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Actor: MAURICIO RUIZ CICERI

En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de amparo

presentada por la parte actora por falta del requisito de relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia por falta del requisito general de

relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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Actor: MAURICIO RUIZ CICERI

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de septiembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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