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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04540-00

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04540-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la solicitud de amparo promovida por Andrea Valentina Hoyos Rendon, de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04540-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

21 de agosto de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04540-00
Accionante: Andrea Valentina Hoyos Rendon

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04540-00
Demandante: Andrea Valentina Hoyos Rendon
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA)

Tesis: Carece de objeto la acción de tutela, cuando en el curso del
proceso y antes de proferir fallo la entidad accionada cumplió
la conducta solicitada.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por la
ciudadana Andrea Valentina Hoyos Rendon, quien consideró vulnerado sus
derechos fundamentales al trabajo y a la igualdad, por parte del Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia.

I. LA SOLICITUD DE AMPARO

I.1. Andrea Valentina Hoyos Rendon promovió acción de tutela en contra del
Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados
y Auxiliares de la Justicia, con el fin de que le fueran protegidos sus derechos
fundamentales al trabajo y a la igualdad.

Por lo anterior formuló las siguientes pretensiones:

«[…] PRIMERO. Que se TUTELEN a mi favor los DERECHOS
FUNDAMENTALES CONSTITUCIONALES AL TRABAJO Y DEL DERECHO A LA
IGUALDAD.

SEGUNDO. Consecuencialmente se ORDENE a la UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA DE
ANTIOQUIA y al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA expedir mi

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04540-00
Accionante: Andrea Valentina Hoyos Rendon

tarjeta profesional con prontitud toda vez que se me están vulnerando mi
derecho fundamental al trabajo y a la igualdad.

TERCERO. Se haga saber a la UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE
ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA DE ANTIOQUIA y al CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA las consecuencias que se derivan de
contravenir lo dispuesto por el Despacho si el fallo resultare favorable a mí.
[…]»

II. SITUACIÓN FÁCTICA

Relató que, el 7 de abril de 2025, a través de la plataforma SIRNA, remitió los
documentos requeridos para la expedición de su tarjeta profesional de
abogada.

Posteriormente, el 28 de abril se dirigió personalmente a las instalaciones de
la Rama Judicial en Medellín, dado que no había recibido ninguna notificación
sobre el estado de su solicitud; allí le indicaron que ya se le había respondido,
pero que el sistema estaba caído.

Indicó que, el 13 de mayo de 2025 observó una actualización en la plataforma,
en la que se le informaba que la Universidad no había enviado la fecha de inicio
de sus estudios de Derecho. Ante ello, se trasladó a la Universidad de Medellín,
donde le manifestaron que la información sí había sido remitida.

Para complementar lo solicitado, el 14 de mayo de 2025, gestionó ante la
Universidad Autónoma Latinoamericana un certificado sobre el tiempo cursado
en esa institución, donde había iniciado su carrera profesional.

Adujo que, el 23 de mayo de 2025, envió por correo electrónico dicho
certificado a las direcciones oficiales de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados. No obstante, el 3 de junio recibió una respuesta negativa, en la que
se le indicó que dicha información debía ser remitida directamente por la
universidad.

Sostuvo que, el 13 de junio de 2025, solicitó a la Universidad de Medellín que,
de manera excepcional, remitiera el certificado de Universidad Autónoma
Latinoamericana. Ese mismo día, la Unidad de Registro acusó recibo del
documento y que había sido trasladado al área correspondiente.

Señaló que, a la fecha no ha recibido respuesta definitiva ni actualización
alguna en la plataforma SIRNA. Aseguró que, ha enviado múltiples correos sin
recibir respuesta.

2

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Accionante: Andrea Valentina Hoyos Rendon

Concluyó que, por la falta de entrega de su tarjeta profesional, no ha podido
ejercer su profesión, lo cual ha afectado su derecho fundamental al trabajo, a
la igualdad y a su estabilidad económica.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1. COMPETENCIA.

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 1991 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo nro. 801 de 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de
las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es competente para
conocer del presente asunto.

IV.2. Hechos Relevantes

IV.2.1. El 7 de abril de 2025, la accionante adjuntó los documentos requeridos
por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con
el fin de que le fuera expedida la tarjeta profesional.

IV.2.2. El 5 de agosto de 2025, la Unidad de Registro Nacional de Abogados
le informó a la accionante que, mediante acta nro. 59783 de 2025, le fue
asignada la tarjeta profesional núm. 444.775.

IV.3. Análisis de la Sala

La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados
por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede a falta de otro medio de defensa judicial, salvo se utilice
como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la figura de la
carencia actual de objeto opera cuando, durante el trámite de la acción de
tutela, cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, o cuando se consuma
la violación, de manera que se impide el ejercicio del derecho, o la pretensión

1
Modificado por el Acuerdo núm. 434 del 10 de diciembre de 2024.

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Accionante: Andrea Valentina Hoyos Rendon

perseguida deja de ser exigible al punto de no existir el motivo u objeto que
justifique la intervención del juez constitucional2. Así entonces, la carencia
actual de objeto se presenta a través de dos eventos: el hecho superado y el
daño consumado; también se presenta cuando, no obstante que no se dan las
condiciones del hecho superado, se ha hecho efectiva la conducta que se
pretendía evitar, pero resultaba improcedente impartir cualquier orden, como
quiera que no se daban los supuestos para la prosperidad de la tutela.

Sobre el primer supuesto, se tiene que la carencia de objeto por hecho
superado se genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de
tutela era una orden de actuar y, previo al pronunciamiento del juez,
sobrevienen hechos que demuestran que la entidad accionada acató la
solicitud y que su correspondiente conducta resulta suficiente para impedir que
continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo por el cual la tutela
pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su objeto, resulta
inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible orden
que impartiera el juez caería en el vacío”3.

Por su parte, la carencia actual de objeto por daño consumado se presenta
cuando se ha consumado el daño o afectación que se pretendía evitar con la
acción de tutela, de forma que, ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto4.

En el tercer supuesto debe tenerse en cuenta que la finalidad u objeto de la
acción de tutela es la protección de los derechos vulnerados o amenazados 5,
por lo que, cuando desaparece el hecho que ha dado lugar a la interposición
de la acción de tutela y no se ha emitido pronunciamiento alguno sobre el
eventual amparo, la decisión del juez del conocimiento del caso resultaría
inocua por carecer de objeto. Lo anterior no obsta para que, en algunos casos,
y con el fin de determinar si era o no amparable el derecho constitucional, se
realice un pronunciamiento de fondo.

Bajo tal presupuesto, advierte la Sala que el Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, con el
informe presentado, allegó copia del oficio remitido al correo electrónico de la
accionante (05/08/2025), en el cual le informó que había sido inscrita en el

2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña
Garzón, sentencia de 5 marzo de 2021. Radicación número: 11001-03-15-000-2021-00063-00
3
Corte Constitucional, sentencias T-519 de 1992, C-540 de 2007, T-218 de 2008 y T-112 de 2010.
4
Corte Constitucional, sentencia T-653 de 2017
5
Cfr. Artículo 1° Decreto 2591 de 1991

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04540-00
Accionante: Andrea Valentina Hoyos Rendon

Registro Nacional de Abogados con la tarjeta profesional núm. 444.775, como
se observa en la siguiente imagen.

Visto lo anterior, y teniendo en cuenta que el artículo 86 de la Carta Política
prevé la acción de tutela como un mecanismo por medio del cual se busca la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, amenazados o
conculcados por la acción o la omisión de una autoridad pública o de
determinados particulares, resulta claro que, al desaparecer las causas o
motivos de la afectación, la acción de tutela pierde su razón de ser como

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04540-00
Accionante: Andrea Valentina Hoyos Rendon

mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial6,
configurándose el fenómeno de carencia actual del objeto.

Al respecto, la Corte Constitucional lo ha entendido como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que
permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados»7.

Así las cosas, para la Sala, la presente acción de amparo carece de objeto, en
tanto que la conducta solicitada por el accionante, esto es, la expedición de la
tarjeta profesional se cumplió mediante el acta núm. 59783 del 01 de agosto
de 2025, por medio de la cual se le asignó la tarjeta profesional de abogado
núm. 444.775.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la
solicitud de amparo promovida por Andrea Valentina Hoyos Rendon, de
conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

6
Ver sentencia T-472 de 2017.
7
Ver sentencia T-653 de 2017.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04540-00
Accionante: Andrea Valentina Hoyos Rendon

NUBIA MARGOTH PEÑA PABLO ANDRÉS CÓRDOBA
GARZON ACOSTA
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO
Consejero de Estado CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

7

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