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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04544-00

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04544-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04544-00 TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04544-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Elizabeth Ocampo Bustamante
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04544-00
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional. Tercera instancia

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. La señora Elizabeth Ocampo Bustamante, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento, presentó demanda contra la
Nación – Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-, con el
propósito de que se declarara nulo el acto administrativo 2-2017-
004295, a título de restablecimiento del derecho, se reconociera la
existencia de una relación laboral, entre el 17 de enero de 2006 y el
16 de diciembre de 2016.

1.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 3 de
junio de 2023. negó las pretensiones de la demanda.

1.3. Contra la sentencia de primera instancia la parte accionante
interpuso recurso de apelación.

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1.4. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 14 de mayo de 2025 confirmó la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto fáctico por omisión y valoración de los medios probatorios esenciales
que obran en el expediente, ignorando también los antecedentes
administrativos aportados por la entidad demandada con la contestación de la
demanda.

Además, desconoció la realidad material de una relación laboral de más de
nueve años, y desconociendo el memorando 05-9301-102 de 29 de enero de
2007, vulnerando su derecho al debido proceso.

Indicó que se incurrió en defecto sustantivo al desconocer el principio protector
del derecho laboral que obliga a resolver cualquier duda sobre la existencia de
la relación laboral a favor del trabajador, además desconoció la carga
probatoria que recae sobre la entidad estatal “[…] como parte fuerte de la
relación […]”.

Sostuvo que se desconoció el precedente contenido en las sentencias SUJ-
025 CE S2 20211, C-154 de 19972 y T-388 de 20203, en las que se
establecieron los criterios para identificar la subordinación y el “[…] el uso
abusivo de los contratos de prestación de servicios para encubrir relaciones
laborales. […]”.

Consideró que “[…] el error de derecho de la sentencia no se limita a una
interpretación legal divergente, sino a la pretermisión y aplicación indebida de
normas y principios de raigambre constitucional y jurisprudencial, lo que

1
Consejo de Estado, 9 de septiembre de 2021 Exp.: 05001-23-33-000-2013-01143-01. M.P.: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
2
Corte Constitucional, 19 de marzo de 1997. Exp.: D-1430. M. P.: Hernando Herrera Vergara.
3
Corte Constitucional, 3 de septiembre de 2020. Exp.: T-7.745.031. M.P.: Diana Fajardo Rivera.

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conculca el debido proceso, el derecho al trabajo, a la igualdad y a la seguridad
social de la accionante. […]”.

Enfatizó en que, al desconocerse la existencia de una relación laboral
encubierta por contratos de prestación de servicios, impide su acceso a las
garantías laborales inherentes al vínculo de trabajo.

Señaló que la sentencia desconoció el principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades, contenida en el artículo 53 de la Constitución Política,
al darle mayor relevancia a la denominación contractual que a la ejecución
material de las actividades.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] REVOCAR la Sentencia de Segunda Instancia de fecha 14 de mayo
de 2025 (Radicación: 05001-23-33-000-2018-00273-01), proferida por el
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Segunda - Subsección A, que confirmó la sentencia del Tribunal
Administrativo de Antioquia de 5 de junio de 2023. […]”.

II. INTERVENCIONES

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado rindió
informe en el que manifestó que no ha vulnerados los derechos fundamentales
de la parte actora, por lo que solicitó declarar improcedente el amparo.

2. El Tribunal Administrativo de Antioquia manifestó que lo pretendido por la
parte actora es reabrir un debate que fue zanjado por el juez natural de la
causa.

3. El Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- Regional Antioquia rindió
informe mediante el cual indicó que no hay claridad en el escrito de tutela que
describa la forma en que el operador judicial violó los principios que pretende

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proteger con la acción de tutela, por lo que solicita que no sean tutelados los
derechos fundamentales invocados por la accionante.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19914, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante al incurrir
presuntamente en defecto fáctico, sustantivo, desconocimiento del
precedente y en violación directa de la Constitución.

3. Caso concreto

3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional5 como del Consejo
de Estado6 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra

4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
6
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.

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providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental7 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces8.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el

7
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
8
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

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alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.

En el presente caso, la parte actora instauró la acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales invocados, los cuales, a su
juicio, fueron vulnerados por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, con ocasión de la providencia de 14 de mayo de 2025
proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 05001-23-33-000-2018-00273-
01.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en
segunda instancia en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar

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la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora se
fundamenta en que, a su juicio, la autoridad accionada no reconoció la existencia
de una relación laboral durante el periodo comprendido entre el 17 de enero de
2006 y el 16 de diciembre de 2016 con el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), pese a que se encontraban demostrados los elementos esenciales del
contrato de trabajo.

El anterior argumento más que develar la existencia de una cuestión que sea
de “verdadera relevancia constitucional” que conlleve la presunta trasgresión
de los derechos fundamentales de la parte actora, demuestra una
inconformidad con la decisión adoptada por el tribunal accionado como si este
mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, por lo cual el juez de
tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de
tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez natural.

Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

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TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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