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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04547-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04547-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: 27 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04547-01 ACTOR: ELKIN ARMANDO PACHECO MORENO PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04547-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04547-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: ELKIN ARMANDO PACHECO MORENO

TESIS: SE MODIFICA LA DECISIÓN IMPUGNADA QUE DENEGÓ LAS
PRETENSIONES Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD
DE AMPARO POR NO CUMPLIRSE EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, TRABAJO,
SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL, VIDA Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra

la sentencia de 24 de julio de 2025, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

denegó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1 En adelante la Sección Segunda.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04547-01
ACTOR: ELKIN ARMANDO PACHECO MORENO

I.1.- La Solicitud

El señor ELKIN ARMANDO PACHECO MORENO, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la seguridad

social, al mínimo vital, a la vida y al acceso a la administración de

justicia, los cuales estima vulnerados por la SALA QUINTA DE

DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA2

al haber proferido la providencia de 20 de enero de 2025, dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2019-00068-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que se vinculó como soldado profesional al EJÉRCITO

NACIONAL el 12 de mayo de 2012 y que, a mediados de diciembre

del 2013, mientras se encontraba en servicio activo, sufrió una caída

de aproximadamente 3 metros causándole un fuerte dolor en la

columna.

2
En adelante TRIBUNAL.

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ACTOR: ELKIN ARMANDO PACHECO MORENO

Afirmó que el 26 de marzo de 2014 accedieron a la solicitud de

autorización de servicios de salud para tratar la patología herniorrafía

umbilical, la cual fue practicada el 15 de abril de ese año,

circunstancia que generó una incapacidad y vacaciones por el

término de 1 mes y 8 días.

Aseguró que el 7 de mayo de 2014, durante el período de

incapacidad, experimentó un fuerte dolor de columna, acompañada

de la perdida de la función motora de las piernas, lo cual motivó su

traslado a urgencias.

Indicó que desde el 26 de mayo de 2014 hasta el 9 de febrero de

2015, se le concedió una incapacidad denominada “excusa del

servicio temporal permanente”.

Aseveró que el 17 de abril de 2015 sufrió una fractura en el tercio

medio del cuarto metatarsiano, por esta razón el 8 de mayo de la

misma anualidad, fue sometido a un procedimiento de reducción

abierta y fijación interna en la pierna derecha.

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ACTOR: ELKIN ARMANDO PACHECO MORENO

Arguyó que se enteró de su retiro de la institución al acudir al

dispensario de base 1 de Tunja, en el que le indicaron que había

cesado la prestación del servicio médico, por lo que el 7 de junio de

2018 solicitó al EJÉRCITO NACIONAL la notificación personal del

acto administrativo que dio lugar a la desincorporación de la fuerza

pública.

Sostuvo que mediante Oficio núm. 00413 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-

JEMGF-COPER-DIPER-1.10 de 27 de julio de 2018, se declaró el cese

en el servicio activo por inasistencia de mas de 10 días sin justa

causa.

Aseguró que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda

en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA

NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL3, con el fin que se declarara la

nulidad del acto administrativo que lo retiró del servicio, el cual fue

identificado con el número único de radicación núm. 2019-00068-00,

y correspondió por reparto al JUZGADO TREINTA Y DOS

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN que, en

3 En adelante Policía Nacional.

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ACTOR: ELKIN ARMANDO PACHECO MORENO

sentencia de 10 de noviembre de 2021, accedió a las pretensiones

de la demanda.

Advirtió que la parte demandada inconforme con lo anterior presentó

recurso de apelación, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL el 20 de

enero de 2025 que, revocó la decisión de primera instancia al

considerar que había operado la caducidad del medio de control

instaurado.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la providencia cuestionada incurrió en

defecto fáctico puesto que no cuenta con un mayor sustento

probatorio, ya que no existe un documento que permita determinar

la caducidad del asunto ante la carencia de evidencia de la

notificación del acto de retiro del servicio activo.

Manifestó que el TRIBUNAL incurrió en desconocimiento del

precedente judicial al citar jurisprudencia que no guarda identidad

o analogía con el caso en concreto.

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ACTOR: ELKIN ARMANDO PACHECO MORENO

Sostuvo que la autoridad judicial también incurrió en defecto sin

motivación, dado que pasó por alto que el retiro del servicio activo

solamente le fue notificado hasta el 27 de julio de 2018.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como violados y, en consecuencia:

“[…] 1º Tutelar los Derechos Fundamentales AL TRABAJO, AL
DEBIDO PROCESO, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL MINIMO
VITAL, LA VIDA DIGNA (en aplicación del Principio de
Favorabilidad, y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
POR FALTA DE UNA RECTA IMPARTICION, vulnerados por parte
del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA- SALA QUINTA
DE DECISIÓN.

2º DECLARAR, que la sentencia de segunda instancia, proferida
el veinte (20) de enero de dos mil veinticinco (2025) por
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA- SALA QUINTA DE
DECISIÓN, vulnera los derechos fundamentales invocados por
configuración de los Defectos fáctico, material o sustantivo,
Decisión sin motivación, Desconocimiento del precedente,
Violación directa de la Constitución.

3º Como consecuencia de la anterior, DEJAR SIN EFECTO la
sentencia de segunda instancia de veinte (20) de enero de dos
mil veinticinco (2025) proferida por parte del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA- SALA QUINTA DE DECISIÓN
al interior de la demanda del medio de control Radicado Nro.
05001 33 33 032 2019 00068 01 por medio de la cual se revocó
la Sentencia proferida el día diez (10) de noviembre de dos mil
veintiuno (2021) por parte del JUZGADO TREINTA Y DOS
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, por
configurarse los defectos alegados.

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4º Como consecuencia de la anterior se proferirá Sentencia
Sustitutiva; para que en sede de instancia se confirme en lo
favorable respecto de la decisión de día diez (10) de noviembre
de dos mil veintiuno (2021) por parte del JUZGADO TREINTA Y
DOS ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL indicó que la decisión que profirió en su

momento se fundó debidamente en hechos, normativa y

jurisprudencia, por lo que no incurrió en ningún defecto alegado.

Afirmó que la providencia en controversia expone de manera

detallada por que procedía a declararse la la caducidad del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho.

I.5.2.- El EJÉRCITO NACIONAL, tercero con interés directo en las

resultas del proceso, solicitó declarar improcedente la presente

acción de tutela, puesto que no se evidencia la ilegalidad del acto

administrativo demandado dentro del proceso ordinario cuestionado,

por el contrario, actualmente se encuentra ejecutoriado y en firme.

I.5.3. El JUZGADO, tercero con interés directo en las resultas del

proceso, pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.

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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA, mediante sentencia 19 de agosto de 2025,

denegó las pretensiones de la solicitud de amparo al considerar que

no se encontró satisfecho el requisito general de relevancia

constitucional.

Recalcó que los argumentos formulados por el actor se dirigen a

cuestionar su inconformidad con la declaratoria de la caducidad del

medio de control censurado, sin tener en cuenta que la autoridad

judicial accionada le explicó las razones por las cuales se declaró

probada tal excepción.

Afirmó que la providencia cuestionada es el resultado de un análisis

judicial sobre la controversia formulada en sede de tutela, lo que

permite concluir que la parte actora pretende emplear la presente

acción con el fin de obtener una decisión favorable a sus intereses y

pretensiones.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó

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revocarla y, en su lugar, acceder al amparo pretendido.

Aseguro que con la presente solicitud de amparo no pretende crear

una tercera instancia, puesto que la decisión de primera instancia

proferida por el JUZGADO le fue favorable, mientras que el

TRIBUNAL interpretó de forma errónea varias circunstancias que

condujeron a la equivocada revocatoria.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la

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sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado .[11]

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se deje deje sin efecto la providencia de 20 de enero de 2025,

proferida por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2019-00068-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

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fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la seguridad social, al

mínimo vital, a la vida digna y al acceso a la administración de

justicia, a juicio de la parte actora, incurrió en defecto fáctico

puesto que no cuenta con un mayor sustento probatorio, ya que no

existe un documento que permita determinar la caducidad del asunto

ante la carencia de evidencia de la notificación del acto de retiro del

servicio activo.

Manifestó que el TRIBUNAL incurrió en desconocimiento del

precedente judicial al citar jurisprudencia que no guarda identidad

o analogía con el caso en concreto.

Sostuvo que la autoridad judicial también incurrió en defecto sin

motivación, dado que pasó por alto que el retiro del servicio activo

solamente le fue notificado hasta el 27 de julio de 2018.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

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establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal

4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].

5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo

[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la

[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

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judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la

controversia que propone la parte actora implica la reapertura de un

asunto que ya fue resuelto en el medio de control de nulidad y

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restablecimiento del derecho y del cual se pretende constituir una

instancia adicional, comoquiera que los argumentos expuestos en el

escrito de tutela están dirigidos a cuestionar la decisión que declaró

la caducidad de la demanda.

En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las

inconformidades que ahora trae la parte actora a esta sede

constitucional ya fueron resueltas de forma admisible por el

TRIBUNAL, al realizar un análisis del asunto así:

“[…] La tesis de la entidad demandada es que el actor conocía
de su situación de retiro desde el 2 de julio de 2014, por lo que,
debía acudir ante la jurisdicción desde ese momento, pero
pretendió revivir los términos a través de una petición. Por el
contrario, la juez de instancia señaló que el señor Elkin solo se
notificó del acto definitivo el 27 de julio de 2018.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho frente a actos de retiro del servicio se cuenta a partir
del día siguiente a aquel en que se materializa el acto
administrativo, es decir, cuando se produce el retiro efectivo del
servicio.

Para ilustrar, en sentencia del 24 de enero de 2019 esta
Corporación indicó que:

“Bajo este criterio interpretativo, debe entenderse que el acto
administrativo que declara el retiro del servicio es el acto
definitivo que contiene la decisión unilateral de la administración
de culminar el vínculo legal y reglamentario del servidor público.

Esta Corporación se ha pronunciado en ese sentido así:

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Ahora bien, teniendo en cuenta que mediante la resolución
acusada se retiró del servicio al actor, se precisa que según lo
ha reiterado esta Sala, «tratándose de actos de retiro del
servicio, el interés para obrar del demandante nace a partir
del día siguiente en que tenga lugar la desvinculación, es
decir, desde la ejecución del acto respectivo y no desde
su notificación» . (Subraya y Negrilla de la Sala).

Así las cosas, para garantizar el derecho al acceso a la
administración de justicia, el punto de partida para contar la
caducidad cuando se demanda el acto por medio del cual se
produce la desvinculación de un empleado, es a partir del día
siguiente a aquel en que se produce el retiro efectivo del
servicio.”
(…)
De conformidad con las pruebas documentales obrantes en el
proceso, se pudo establecer que:

 Por Orden Administrativa No. 1710 del 2 de julio de 2014
fue retirado del servicio activo el soldado profesional Elkin
Pacheco por inasistencia al servicio por más de 10 días sin
causa justificada.

 En Acta del 13 de junio de 2014 se hizo constar que se
notificó al Tesorero de la BRIM 25 para que no le fueran
cancelados los haberes correspondientes al señor Elkin
Armando Pacheco, a partir de la fecha en que cometió la
inasistencia al servicio sin causa justificada, mientras se
le tramitaban los respectivos documentos para ser
retirado de la fuerza60 .

 Verificado el Sistema de Información para la
Administración de Talento Humano (SIAT) se encontró
que en el caso del señor Pacheco Moreno se había
elaborado novedad fiscal de retiro el 06 de junio de 2014,
por lo que, la última nomina que recibió correspondió al
mes de julio de 2014

Ahora bien, la solicitud de conciliación se radicó el 27 de
noviembre de 201862 cuando era evidente la caducidad del
medio de control.

De igual forma, dado que, la demanda se radicó el 8 de febrero
de 201963, se debe concluir que no se presentó en tiempo, por
lo que está afectada de caducidad.

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De otro lado, la Sala no encuentra ninguna justificación
razonable para que el demandante hubiere esperado más de 4
años para radicar la solicitud de conciliación extrajudicial, porque
no existe prueba en el expediente de que su diagnóstico se
hubiera prolongado o le hubiera impedido acceder
materialmente a la administración de justicia. De hecho, en los
supuestos fácticos de la demanda, la misma parte actora
aseguró que nunca fue notificado del acto administrativo que
dispuso su retiro, pero se dio cuenta de tal situación, porque
cesó la prestación del servicio de salud.

Al respecto, en el plenario también se encontró que toda la
historia clínica remitida por el actor corresponde a atención
médica del 2014-2015. Es así como, la última Excusa del
Servicio Temporal Permanente se otorgó por la Dirección de
Sanidad el 9 de febrero de 2015, con 4 días de incapacidad para
ejercicio físico, caminada prolongada y estar varias horas de pie,
pero para el 12 de junio de 2015 cuando acudió al Hospital San
Rafael de Tunja por el servicio de ortopedia, lo hizo teniendo
como entidad prestadora de salud a la NUEVA EPS…
(…)
Lo anterior conlleva a inferir que desde aproximadamente junio
de 2015 el actor ya debía saber que había cesado la prestación
del servicio de salud por parte de la Dirección de Sanidad del
Ejercito Nacional, sin que sea plausible creer que éste no
preguntó o indagó la razón de ello, máxime cuando había dejado
de percibir su salario.

Adicionalmente, la historia clínica permite concluir que para esa
fecha el actor seguía incapacitado para realizar actividad física,
lo que no obsta para que éste acudiera a la jurisdicción para
interponer el correspondiente medio de control a través de su
apoderado. En este punto, se recuerda que el desconocimiento
de la ley no excusa de las consecuencias de su incumplimiento,
como dispone el artículo 9 del Código Civil, declaro exequible por
la Corte Constitucional en sentencia C-651 de 1997.

Entonces, no resulta razonable el término transcurrido entre la
ejecución del acto administrativo de retiro con la fecha de
presentación de la demanda, al no existir una razón que
justifique tal demora. De esa manera, operó ipso iure la
caducidad. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera
instancia para, en su lugar declarar probada la excepción de
caducidad del medio de control. Finalmente, la Sala comparte la
apreciación de la entidad, aunque no por las razones expuestas,
frente al hecho que la evaluación médica de retiro o la

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calificación de la pérdida de capacidad laboral para obtener las
prestaciones económicas propias de la disminución adquirida
durante el servicio, no dependen del retiro, ni mucho menos
pueden ser negadas por el hecho de no estar en servicio activo.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que el
examen médico de retiro de las fuerzas militares no prescribe,
ya que es obligatorio y no se trata de una prestación. Así las
cosas, el actor tiene la posibilidad de solicitar la valoración
médico laboral por retiro de la Fuerza Pública, aun cuando esté
retirado. […]”.

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae

que el TRIBUNAL realizó un análisis de la situación fáctica y jurídica

del asunto, del cual concluyó que el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho había sido instaurado por fuera de

término, teniendo en cuenta que la parte actora tuvo conocimiento

de su situación de retiro desde el 2 de julio de 2014, mientras que la

solicitud de conciliación prejudicial se presentó hasta el 27 de

noviembre de 2018, cuando el término de caducidad para hacer uso

del medio de control ya había vencido.

Igualmente, el TRIBUNAL concluyó que en el asunto no se logró

acreditar justificación razonable para flexibilizar la contabilización del

término de caducidad del medio de control, esto en razón a que, el

señor PACHECO MORENO conocía de su situación desde que cesó

la prestación del servicio de salud y cuando dejó de percibir el

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respectivo salario.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad judicial

accionada se pronunció frente a los aspectos que la parte actora

alude como desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber

actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites

del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece

del requisito general de la relevancia constitucional.

Situación distinta es que la parte actora no comparta la tesis allí

dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que

de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su

consideración.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada

por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en

el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a

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la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Consecuente con lo anterior, la Sala modificará la decisión del a quo

que denegó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia

y, en su lugar, declarará improcedente el amparo solicitado por

carencia del requisito general de la relevancia constitucional, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

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PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 11 de diciembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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