Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04563-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04563-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04563-00
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
23 de octubre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-00
Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-00
Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Temas: Contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (nulidad especial ambiental).
Defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por Parque Ecológico Praderas del
Antelio S.A.S E.S.P. contra la sentencia de 20 de febrero de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, al buen nombre y a la libertad de empresa, con
fundamento en las siguientes pretensiones:
«1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales de la sociedad Parque Ecológico
Praderas del Antelio S.A.S E.S.P., en su calidad de persona jurídica, a:
El debido proceso (art. 29 de la Constitución Política),
El buen nombre (art. 15),
La libertad de empresa y la libre iniciativa privada (art. 333),
Y, por conexidad, los derechos fundamentales y colectivos inherentes a la prestación del
servicio de:
▪ Saneamiento básico y la salubridad pública (arts. 49 y 366)
▪ Un ambiente sano (art. 79)
▪ El acceso continuo y eficiente a los servicios públicos esenciales (arts. 365 y 366)
2. Que se DECLARE que dichos derechos fundamentales fueron vulnerados por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 20 de febrero de 2025, al anular la Resolución 363 de 2018
expedida por la ANLA, incurriendo varias causales específicas de procedencia de tutela
contra providencias judiciales.
3. Que, en consecuencia, se DEJE SIN EFECTOS la providencia judicial proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, del 20 de febrero de 2025, dentro del expediente
11001-03-24-000-2018-00393-00.
4. Que se RESTABLEZCA la validez y plenos efectos jurídicos de la Resolución 363 de
2018 expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA–, por haber
sido adoptada dentro del marco de su competencia legal y con base en una ponderación
técnica, jurídica y constitucionalmente ajustada»
1. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-00
Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.
Antecedentes administrativos: concesión de la licencia ambiental por parte de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA
El 11 de marzo de 2014, la sociedad comercial Parque Ecológico Praderas del Antelio
S.A. E.S.P. solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
licencia ambiental para la construcción y operación de un relleno sanitario a
desarrollarse en el predio Fute del municipio de Bojacá (Cundinamarca).
El 29 de abril de 2014, por Auto 0372, la CAR declaró el inicio del trámite administrativo
de obtención de licencia ambiental.
El 7 de septiembre de 2015, mediante Auto 1022, la CAR requirió a la sociedad Parque
Ecológico Praderas del Antelio para que, con base en las recomendaciones
contenidas en los Informes Técnicos Sociales DRSO núm. 229 del 5 de febrero de
2015 y 963 del 31 de agosto de 2015, ajustara el estudio de impacto ambiental (EIA)
en los 29 puntos allí indicados.
Por medio de Auto 0006 de 7 de enero de 2016, la CAR realizó nuevos requerimientos
de ajuste del estudio de impacto ambiental, con fundamento en los Conceptos
Técnicos 370 del 4 de septiembre de 2015 y 1136 del 3 de diciembre de 2015, en los
cuales se incluyeron aspectos relacionados con el componente social y la
caracterización socioeconómica del proyecto.
Mediante informe técnico DESCA núm. 570 del 15 de julio de 2016, la CAR evaluó la
documentación allegada por la sociedad solicitante.
En Auto DRSO núm. 0423 del 8 de mayo de 2017, declaró reunida la información para
decidir la solicitud de licencia ambiental.
En consideración a que la sociedad solicitante no aportó la información referente al
plan de manejo ambiental a efecto de complementar el estudio de impacto ambiental
(requisito indispensable para el inicio de actividades), la CAR profirió la Resolución
2364 del 31 de agosto de 2017, en la que resolvió negar la licencia ambiental.
El 28 de septiembre de 2017, el apoderado de la sociedad comercial interpuso recurso
de reposición contra esa decisión. Además, el día siguiente, presentó recusación
invocando dos causales, a saber: (i) la primera de ellas en contra del director de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca de «tener interés particular y directo»;
(ii) de otra parte, la que denominó «existencia de conflictos de interés institucional» de la
CAR.
El argumento central fue que la CAR no podía actuar con imparcialidad para decidir
sobre la licencia del proyecto, porque es un actor directo en el mercado de disposición
de residuos y un competidor. Advirtió que la CAR es cofinanciadora y propietaria de
los terrenos del Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo, un competidor directo del
proyecto de la recusante.
El Procurador General de la Nación, mediante auto de 8 de noviembre de 2017,
concluyó que existía un conflicto de interés que afectaba la imparcialidad de la CAR.
Sobre el particular, señaló que la entrada de un nuevo actor en el mercado de
disposición de residuos sólidos afectaría la actividad económica del Relleno Sanitario
Nuevo Mondoñedo, dado que la CAR es una de las entidades que originaron y
cofinanciaron el proyecto Nuevo Mondoñedo, su rol como autoridad decisoria en el
licenciamiento de un competidor directo vulneraba los principios de imparcialidad y
transparencia. En consecuencia, resolvió designar a la Agencia Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA para que continuara con el referido trámite
administrativo, así como para resolver el recurso de reposición.
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Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.
El 13 de marzo de 2018, la ANLA dictó la Resolución 363, mediante la cual resolvió el
recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la sociedad comercial
solicitante y consideró que el proyecto «Relleno Sanitario Parque Ecológico Praderas del
Antelio» cumplía con los requerimientos ambientales para su ejecución. En
consecuencia, resolvió:
«ARTÍCULO PRIMERO: Reponer en el sentido de revocar en todas sus partes la
Resolución 2364 del 31 de agosto de 2017 proferida por la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca –CAR (…).
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar a la sociedad Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.
E.S.P. (…) licencia ambiental para el proyecto “Relleno Sanitario Parque Ecológico
Praderas del Antelio” en el predio denominado Finca Fute […] del municipio de Bojacá,
departamento de Cundinamarca (…)».
Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
a) De la demanda:
El municipio de Bojacá presentó demandada en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del CPACA,
contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en la que solicitó se
declare la nulidad la Resolución 363 de 13 de marzo de 2018.
A título de restablecimiento del derecho, el municipio solicitó que se «(…) recupere la
ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo expedido por la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca – CAR, contenido en la Resolución número 2364 de agosto 31 de
2017 (…)», que había negado la concesión de la licencia ambiental.
Concretamente, la parte actora formuló como cargos de violación los relacionados con:
(i) desconocimiento de las normas de orden superior en las que debió fundarse el acto
administrativo; (ii) falta de competencia; (iii) desconocimiento del derecho de audiencia
y de defensa; (iv) expedición irregular del acto administrativo y; (v) falsa motivación.
Se procede a sintetizar los argumentos expuestos en cada cargo, así:
1.1. Violación de derechos subjetivos de aplicación inmediata:
1.1.1 Violación del derecho a la igualdad, en relación con lo dispuesto en el
artículo 40 del CPACA y los artículos 228, 230 y 231 del C.G.P. en tanto omitió:
i) notificar el auto por medio del cual avocó conocimiento del recurso de reposición
interpuesto por la sociedad comercial solicitante de la licencia ambiental en contra
de la Resolución 2354 de 31 de agosto de 2017, mediante la cual la CAR negó la
licencia solicitada.
ii) dictar un auto de pruebas mediante el cual se decretara y, posteriormente,
practicara la inspección ocular que fuere realizada el 27 de diciembre de 2017.
iii) notificar la celebración de dicha inspección ocular a los terceros intervinientes en el
trámite, en especial, al municipio de Bojacá.
1.1.2. Violación del artículo 9 de la Ley 489 de 1998 y del artículo 2.2.2.3.9.6. del
Decreto 1076 de 2015, en tanto que el Grupo Técnico de la Subdirección de
Evaluación de la ANLA:
i) Actuó sin competencia para practicar la inspección ocular realizada el 27 de
diciembre de 2017, toda vez que no existió acto administrativo mediante el cual la
Dirección General de la ANLA la comisionara o delegara para tal efecto.
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ii) No corrió traslado al municipio de Bojacá del contenido del acta de la inspección
ocular realizada el 27 de diciembre de 2017, a pesar de mediar petición expresa al
respecto, radicada el 7 de febrero de 2018.
iii) No garantizó que el municipio de Bojacá pudiera controvertir el plano de cuerpos
hídricos y de cuencas hidrográficas, por cuanto este no estaba en óptimas
condiciones de legibilidad. Además, dicho documento carecía de características
descriptivas de los presuntos cuerpos de agua y humedales a representar.
iv) Otorgó licencia ambiental para desarrollar el proyecto de construcción y operación
del Relleno Sanitario Parque Ecológico Praderas del Antelio sin tener certeza
acerca de si dicha actividad era compatible con el respectivo uso del suelo de
conformidad con el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Bojacá.
1.1.3. Violación de lo dispuesto en los artículos 3 numeral 11; 41 y 42 del CPACA,
toda vez que la entidad demandada consideró que la inspección ocular era un
mero procedimiento interno, que no requería auto previo que la decretara, aun
cuando su resultado sí era indispensable para tomar la decisión administrativa.
1.1.4. Violación del artículo 107 de la Ley 99 de 1993 y el numeral 4º del artículo
2.2.3.3.5.2. del Decreto 1076 de 2015, en la medida que no exigió a la sociedad
solicitante de la licencia ambiental la autorización de los propietarios de los
predios respectivos a efectos de obtener el correspondiente permiso de
vertimientos de los lixiviados provenientes de la descomposición de los residuos
sólidos. Aunado a que no tuvo en cuenta el dislate del área del predio de mayor
extensión, como del área habilitada para la ejecución de la infraestructura del
proyecto.
1.1.5. Violación del artículo 70 de la Ley 99 de 1993, así como de los artículos
15 del Decreto 2820 de 2010 y 3, numerales 1 y 6; 37 y 38 del CPACA, al: (i)
pretermitir a los terceros oponerse a la servidumbre con posterioridad a la
expedición del licenciamiento ambiental; y (ii) omitir la comunicación de la
existencia del trámite administrativo en sede del recurso de reposición a los
miembros del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá y a
los municipios de Mosquera y Soacha, dado que, en atención al ajuste del
Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la sociedad mercantil solicitante,
indefectiblemente, el lixiviado resultante del proceso de descomposición de los
residuos sólidos sería transportado por tubería hasta el cauce del Río Bogotá.
1.2. Asunción de competencias por parte de la ANLA sin habilitación legal para el
efecto: Se vulneraron los artículos 1, 3, 15, 21, 24 y 25 del Decreto 2820 de 2010 y
los artículos 2.2.2.3.3.3., 2.2.2.3.5.1., 2.2.2.3.6.2. y 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de
2015, al incumplir el deber de informar a la comunidad sobre el alcance del proyecto
con la finalidad de que se garantizara la participación de las comunidades y se
incorporara en el estudio de impacto ambiental los aportes, ajustes y requerimientos
correspondientes, así como la caracterización de las áreas de influencia directa e
indirecta en su aspecto socioeconómico.
1.3. Pretermisión de valoración y motivación del acto acusado, respecto de: (i) la
capacidad de recepción de residuos sólidos provenientes del Distrito Capital e
impactos ambientales acumulativos y sinérgicos; y (ii) de acuíferos y zona de recarga
de acuíferos, para efectos de la expedición de la Resolución 00393 de 2018.
1.3.1. La ANLA desconoció el artículo 42 del CPACA, en tanto que el acto
administrativo cuestionado está desprovisto de la motivación relativa a su
habilitación para otorgar la licencia ambiental solicitada.
1.3.2. No se tuvo en cuenta que el Concepto Técnico núm. 00922, expedido por
la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la ANLA el 9 de marzo de 2018,
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mediante del cual se advirtió que la realización del proyecto licenciado no es
funcional ante un servicio regional que incluya a la ciudad de Bogotá, teniendo
en cuenta la población de 200.000 habitantes con la cual fue planificada la vida
útil y capacidad de relleno. No se explicó las razones por las cuales se apartó
del referido concepto técnico.
1.3.3. La autoridad ambiental no expuso los motivos por los cuales determinó
que el ecosistema de la zona, a pesar del referido impacto acumulativo y
sinérgico, es resiliente a una nueva carga ambiental generada por un tercer titular
del licenciamiento ambiental bajo examen.
1.3.4. Violación de los artículos 21, 22, 25, 28 y 39 numeral 4 del Decreto 2820
de 2010 y los principios 3, 4, 15 y 25 de la Declaración de Río de Janeiro sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, al omitir revisar y valorar aquella
parte del Concepto Técnico número 00922, según el cual, aunque la
implementación del proyecto Praderas de Antelio no introduciría impactos
nuevos al medio ambiente, sí ocasionará impactos acumulativos y sinérgicos
análogos a los generados por Sabrisky Point S.A. E.S.P. y por el Consorcio
Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo.
1.3.5. Violación del numeral 1 del inciso 3 del artículo 6 del Decreto 838 de 2005,
el artículo 2.3.2.3.2.2.5. del Decreto 1077 de 2015, el numeral 4 del artículo 1 de
la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1784 de 2017, al no tener en cuenta que, de
conformidad con el Concepto Técnico número 00922 de 9 de marzo de 2018, el
proyecto autorizado se desarrollará en zona de recarga de acuíferos, lo cual está
expresamente prohibido por la ley. No podía otorgar licencia ambiental sin haber
verificado la compatibilidad o no en materia de uso de suelo.
1.3.6. Desconocimiento del contenido del documento denominado «Informe Final
de Identificación de Áreas Potenciales en el Distrito Capital y Municipios Aledaños para
la Disposición Final con Alternativas Tecnológicas de Aprovechamiento y/o Tratamiento
de Residuos Sólidos», elaborado por la Universidad Nacional de Colombia, en el
cual se concluyó, entre otras cosas, que en la zona donde se autorizó la
construcción del relleno sanitario Praderas de Antelio se encuentra un área de
recarga de acuíferos, ecosistema en el que se prohíbe el desarrollo de ese tipo
de proyectos.
1.4. Desatención de la autoridad ambiental en relación con la existencia de verdaderos
humedales ubicados en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto de
relleno sanitario licenciado por la ANLA, porque:
1.4.1. Desconoció la existencia de cuerpos de agua cercanos a la parte sur del
proyecto, humedales identificados como Chicaque y Tingüa Moteada; los cuales
se encuentran dentro del área de influencia indirecta del proyecto.
Los resultados de la visita explicados en el Informe Técnico 922 de 2018 y en la
Resolución 363 expedida por la ANLA, se resumen en unas tablas contentivas
de datos sobre la existencia de unos cuerpos de agua, sin relacionar las
características bióticas de las zonas de influencia directa e indirecta del proyecto.
1.4.2. La ANLA al considerar que no existía certeza respecto de la presencia de
humedales en el sector, debió aplicar el principio de precaución, el cual, de
conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, opera ante la mera
amenaza de violación.
1.5. Falta de competencia porque la actuación de la autoridad ambiental implicó el
ejercicio ilegal de competencia creadora legislativa y/o reglamentaria, en el sentido de
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que transformó un requisito previo y sine qua non para la expedición de la licencia
ambiental, en una mera condición de ejercicio posterior a la expedición de la misma.
1.6. Desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, por cuanto: (i) la
ANLA pretermitió la expedición del auto de pruebas y no notificó a los terceros
interesados dicha decisión; (ii) omitió comunicar el acta de visita de diciembre de 2017
y, no corrió traslado de la misma; (iii) «la autoridad ambiental pretermitió el procedimiento
probatorio que garantizaba la habilitación procesal de contradicción de la prueba por parte del
Municipio de Bojacá»; (iv) omitió advertir a los terceros residentes y/o titulares del
derecho real de dominio sobre las áreas de influencia directa e indirecta al proyecto
para efectos de que hubiesen ejercido sus derechos de defensa en el trámite del
mismo; (v) omitió comunicar el trámite de licenciamiento ambiental en sede del recurso
de reposición a los terceros con interés directo e indirecto.
1.7. Expedición irregular, toda vez que no explicó los motivos que habiliten el
otorgamiento de la licencia ambiental y tampoco «las temáticas de impactos ambientales
acumulativos y de presencia o no de acuíferos y de zona de recarga de los mismos», aunado
al hecho de que no valoró y no revisó los impactos acumulativos y sinérgicos
generados por el proyecto, siendo que la zona del proyecto no se encuentra habilitada
para la actividad del servicio de aseo.
1.8. Falsa motivación porque «existe una evidente divergencia entre la realidad fáctica y
jurídica entre la producción del acto administrativo y el motivo tomado como fuente por la
administración a efectos de otorgar el licenciamiento ambiental».
b) De la medida de suspensión provisional
Con fundamento en similares argumentos expuestos en la demanda, la parte
demandante, en escrito aparte, solicitó la suspensión provisional del acto
administrativo demandado.
El despacho del consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, perteneciente a la
Sección Primera del Consejo de Estado, avocó conocimiento del asunto y realizó
traslado de la medida cautelar a la ANLA.
La ANLA pidió que se negara la suspensión provisional de la Resolución 00363 de
2018, con fundamento en lo siguiente:
(i) No se cumplen los requisitos para decretar la medida cautelar, pues la parte
demandante no demostró que negar la suspensión cause un perjuicio irremediable o
un daño grave al interés público. Tampoco se argumentó por qué la futura sentencia
podría perder sus efectos si el acto administrativo sigue vigente.
(ii) La ejecución del proyecto no es automática, pues la resolución no autorizó el inicio
inmediato del proyecto; su ejecución depende de que el municipio de Bojacá certifique
que es compatible con el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). Si el municipio
determina que no hay compatibilidad, el proyecto no se puede realizar,
independientemente de la licencia ambiental.
(iii) Explicó que la visita técnica realizada al área del proyecto no fue una prueba pericial,
sino una diligencia opcional para verificar las condiciones ambientales. Por ello, no
era obligatorio citar a terceros.
(iv) Afirmó que notificó debidamente al municipio de Bojacá sobre la localización de
cuerpos de agua; si el municipio tenía alguna objeción, debió manifestarla en el
término legal de cinco días previsto en la norma aplicable al caso.
(v) La socialización del proyecto fue «insuficiente». Sin embargo, el Estudio de Impacto
Ambiental (en adelante EIA) sí incluyó una caracterización socioeconómica. Para
subsanar las deficiencias en la socialización, se impusieron obligaciones a la empresa
titular de la licencia para que ajuste y complemente este componente antes de iniciar
el proyecto.
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(vi) Concluye que un mero «riesgo ambiental» no es un daño cierto, porque la resolución
obliga a la empresa a implementar un Plan de Manejo Ambiental, con su respectivo
seguimiento y monitoreo, para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles
impactos.
Mediante auto de 28 de febrero de 2020, el despacho del consejero Roberto Augusto
Serrato Valdés decretó la suspensión provisional del acto acusado, con
fundamento en los siguientes argumentos:
(i) La visita técnica, aunque es una actuación potestativa según el artículo 2.2.2.3.6.3
del Decreto 1076 de 2015, una vez realizada se convierte en un medio de prueba
fundamental para la decisión. Al tratarla como una simple etapa administrativa y no
como una prueba, la ANLA vulneró el Artículo 40 del CPACA, que garantiza el
derecho de los interesados a controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro
de una actuación administrativa antes de que se tome una decisión de fondo; y los
artículos 13 y 29 de la Constitución Política al negarle al municipio la oportunidad de
participar y defender sus intereses frente a una prueba que fue clave para la decisión
de otorgar la licencia.
(ii) La ANLA desconoció el ordenamiento jurídico al flexibilizar un requisito obligatorio
para el permiso de vertimientos, pues no tuvo en cuenta que el artículo 2.2.3.3.5.2,
numeral 4, del Decreto 1076 de 2015, exige, sin excepción, que, si el solicitante de
un permiso de vertimiento es un «mero tenedor» del predio, debe presentar la
autorización del propietario o poseedor. La ANLA interpretó erróneamente que esto
era una «situación externa de carácter civil» que podía resolverse con posterioridad,
lo que es contrario a la norma.
Además, no se aplicó el artículo 107 de la Ley 99 de 1993, el cual establece que las
leyes ambientales son de orden público, de estricto cumplimiento y no pueden ser
objeto de renuncia, negociación o flexibilización por parte de las autoridades o los
particulares.
(iii) Consideró incoherente y contrario a la ley que la ANLA otorgara la licencia ambiental
reconociendo que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) era deficiente, para luego
imponerle al licenciatario la obligación de completarlo. Dicha actuación violó:
El artículo 15 del Decreto 2820 de 2010 (compilado en el Decreto 1076 de 2015),
norma obliga a que se informe a las comunidades sobre el proyecto y que sus aportes,
de ser pertinentes, se valoren e incorporen en el EIA antes de tomar la decisión. La
propia ANLA admitió que el proceso de socialización fue «insuficiente» y no incluyó a
todos los actores sociales.
El artículo 70 de la Ley 99 de 1993 y los artículos 3, 37 y 38 del CPACA, que
consagran el principio de participación ciudadana en los procedimientos
administrativos ambientales. Al conceder la licencia con la promesa de que la
socialización y la caracterización socioeconómica se completarían a futuro, la ANLA
convirtió un requisito previo y esencial en una obligación posterior, vaciando de
contenido el derecho a la participación efectiva de la comunidad.
Por ello, concluyó que la actuación de la ANLA presenta una «apariencia de ilegalidad»
y que permitir el inicio del proyecto constituye una amenaza al interés público. De ahí
que, se consideró más razonable y ajustado al interés general decretar la suspensión
provisional de la licencia ambiental para proteger los derechos e intereses colectivos.
Contra dicha decisión, los apoderados judiciales de la ANLA y de la sociedad Parque
Ecológico Praderas del Antelio S.A. E.S.P., interpusieron recurso de súplica, del
siguiente modo:
• La ANLA señaló que la resolución acusada no ignoró el Esquema de Ordenamiento
Territorial (EOT) del municipio de Bojacá, pues la indeterminación sobre un 7.05 %
del área del predio se debió a que la Alcaldía remitió una cartografía desactualizada
(del año 2009 en lugar de la vigente de 2015), lo cual no es imputable a la entidad,
pues solicitó la información correcta mediante Auto 421 del 7 de febrero de 2018.
Como salvaguarda de la autonomía territorial y el debido proceso, destacó que
supeditó la ejecución del proyecto a una condición explícita contenida en el parágrafo
del artículo segundo de la resolución demandada. Dicha condición exige que, previo
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al inicio de cualquier actividad, el titular de la licencia debe obtener un
pronunciamiento del municipio que certifique la compatibilidad del proyecto con el
EOT vigente, en cumplimiento del Decreto 1077 de 2015.
En respuesta a la presunta vulneración de los artículos 13 y 29 de la Constitución
Política y 40 del CPACA, la ANLA sostuvo que el procedimiento de licenciamiento
ambiental se rige por la ley especial, en este caso, el Decreto 1076 de 2015, y no es
posible adicionar etapas o trámites no previstos en dicha norma.
Argumentó que la visita técnica del 27 de diciembre de 2017 se realizó en el marco
del numeral 2 del artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015. Defendió que esta
diligencia es una herramienta propia de la evaluación ambiental para verificar in situ
los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos, y no debe asimilarse a una
inspección ocular o a un medio probatorio en sentido estricto. Por lo tanto, la
normatividad ambiental no obliga a dar traslado de sus resultados a las partes antes
de la decisión final. Los hallazgos de la visita se plasmaron en el Concepto Técnico
Nº. 922 de 2018, que a su vez fundamentó la resolución que otorgó la licencia, la cual
fue debidamente notificada, garantizando el principio de publicidad.
Frente al supuesto desconocimiento del artículo 107 de la Ley 99 de 1993 y el numeral
4 del artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, aclaró que la exigencia de
presentar la autorización del propietario o poseedor del predio para un permiso de
vertimientos solo es aplicable cuando el solicitante es «mero tenedor» del inmueble.
Sostuvo que, en este caso, la sociedad Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.
E.S.P. no ostentaba la calidad de tenedor, por lo cual el cumplimiento de ese requisito
no era exigible para ella.
Respecto a la presunta vulneración de los artículos 70 de la Ley 99 de 1993, 15 del
Decreto 2820 de 2010 y los artículos 3, 37 y 38 del CPACA, la ANLA distinguió que
el EIA sí incluyó la caracterización del componente socioeconómico, como consta en
la parte motiva de la resolución acusada.
Sin embargo, la socialización del proyecto se llevó a cabo de manera «insuficiente»,
pero no fue inexistente.
Ante esa deficiencia, y dado que no existía otra oportunidad procesal para solicitar
una complementación al EIA, optó por imponer al titular de la licencia la obligación de
ajustar y complementar dicha socialización de manera previa al inicio del proyecto.
Argumentó que estas falencias no implicaban la inviabilidad ambiental del proyecto,
pues la entidad se reserva su facultad sancionatoria para garantizar el cumplimiento
de las obligaciones impuestas.
Finalmente, la ANLA hizo referencia a una acción popular (rad. 25000 23 15 000 2001
00479 00), en cuyo marco se levantó una medida cautelar que previamente
suspendía las obras del relleno. Resaltó que en dicho proceso se ordenó a la ANLA,
al municipio y al titular del proyecto dar cumplimiento a las obligaciones de la licencia
y realizar el seguimiento correspondiente, lo que, en su criterio, refuerza la legalidad
de su actuación.
• El Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A. E.S.P. argumentó que el trámite de
licenciamiento ambiental se rige por un procedimiento especial y no por las normas
generales del CPACA, particularmente en la etapa de evaluación del estudio de
impacto ambiental.
Sostuvo que la visita técnica, regulada en el artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de
2015, si bien es fundamental para la decisión, no constituye un medio probatorio en
el sentido estricto del procedimiento ordinario. Defendió que se trata de un examen
realizado por la propia administración para evaluar el EIA y no de una prueba pericial
elaborada por un tercero. Por esta razón, el informe técnico derivado de la visita no
es vinculante ni oponible hasta que es acogido formalmente en un acto administrativo.
Concluyó que solo este último acto es el que puede ser objeto de contradicción por
terceros, por lo que no existe obligación legal de correr traslado del informe técnico
previo a su adopción.
Adicionalmente, precisó que la ANLA garantizó el principio de contradicción cuando,
mediante Auto Nº 421 del 7 de febrero de 2018, corrió traslado de una prueba
aportada en el recurso de reposición (gráfico de localización de cuerpos de agua).
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Afirmó que el auto que decretó la suspensión confundió el requisito legal con una
exigencia distinta que había sido impuesta por la CAR. Explicó su posición en los
siguientes términos:
(i) Alegó haber cumplido con la exigencia del numeral 4 del artículo 2.2.3.3.5.2 del
Decreto 1076 de 2015, ya que junto con la solicitud de licencia se aportó el
contrato de arrendamiento del predio, cuyo objeto es la construcción del relleno,
lo cual constituye una autorización implícita de los propietarios.
(ii) Manifestó que la verdadera controversia en sede administrativa no era sobre la
autorización del propietario del predio del proyecto, sino sobre una exigencia
que la CAR «inventó», relativa a obtener la autorización de los dueños de los
predios por donde pasaría la tubería de conducción de lixiviados.
(iii) Sostuvo que la autorización para el paso de la tubería no es un presupuesto
para otorgar la licencia ambiental. Argumentó que este derecho de paso se
puede gestionar con posterioridad, incluso mediante la imposición de
servidumbres, conforme al artículo 57 de la Ley 142 de 1994, y, por tanto, no
puede ser una causa para negar la licencia.
Afirmó haber cumplido con los deberes de comunicación y participación, para lo cual
enlistó una serie de actuaciones desplegadas entre 2014 y 2015, incluyendo publicaciones,
visitas a las áreas de influencia directa e indirecta y oficios complementando el
componente social del EIA ante requerimientos de la autoridad ambiental.
Alegó haber cumplido con el artículo 15 del Decreto 2820 de 2010, que exige informar a
la comunidad sobre el alcance, impactos y medidas de manejo del proyecto. Sostuvo que
una «insuficiencia» en la socialización no es fundamento para negar una licencia, máxime
cuando la incorporación de las observaciones de la comunidad en el EIA es potestativa
para el solicitante.
Diferenció esas obligaciones de las propias de una consulta previa, la cual no era aplicable
al no existir comunidades étnicas en la zona. Consideró que la orden de la ANLA de
actualizar las fichas sociales era, de hecho, beneficiosa para la comunidad. Finalmente,
afirmó cumplir con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993 al haber tramitado todas las
solicitudes de intervención de terceros, y citó a su favor una decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en un incidente de desacato relacionado con la sentencia
del Río Bogotá, donde se consideró que el proyecto cumplía los requisitos ambientales.
El 18 de febrero de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado resolvió la súplica
en el sentido de confirmar la decisión inicial, con fundamento en los siguientes
argumentos:
(i) Aclaró el marco jurídico aplicable. Al respecto, precisó que la solicitud de licencia
ambiental se presentó el 11 de marzo de 2014, por lo que la actuación se rige por el
Decreto 2820 de 2010, conforme con el régimen de transición establecido en el
artículo 52 del Decreto 2041 de 2014.
Advirtió que el Decreto 2820 de 2010 no especifica cómo debe tramitarse el recurso
de reposición. Por lo que ese vacío normativo obliga a aplicar de manera supletoria
el procedimiento administrativo general, según lo ordenan los artículos 2 y 34 del
CPACA.
En consecuencia, el trámite del recurso y de las pruebas dentro del procedimiento
debían regirse por el artículo 79 del CPACA, que establece que los recursos se
resuelven de plano, a menos que se decreten pruebas de oficio o a petición de parte.
Si se decretan o aportan pruebas y hay más de una parte, es obligatorio correr
traslado de las mismas para garantizar el derecho de contradicción.
(ii) La ANLA, al resolver el recurso de reposición, decretó dos pruebas de oficio en el
Auto Nº 421 del 7 de febrero de 2018, a saber: (i) certificación de uso del suelo,
solicitada al municipio de Bojacá; (ii) visita técnica de evaluación, realizada el 27 de
diciembre de 2017.
La ANLA dio un tratamiento procesal diferente e injustificado a cada una de estas
pruebas, porque: (i) para la certificación de uso del suelo, ordenó su traslado a todas
las partes (la empresa, el municipio y los terceros intervinientes), cumpliendo con el
artículo 79 del CPACA; (ii) para la visita técnica, en el artículo cuarto del mismo auto,
la reconoció explícitamente como una prueba al resolver: «Tener como prueba el
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resultado de la visita efectuada». Además, omitió ordenar el traslado de su resultado
(el Concepto Técnico 922 de 2018) a los demás intervinientes.
Por ello, concluyó que la visita técnica tenía una «evidente connotación probatoria»,
reconocida por la propia ANLA. Al ser una prueba decretada de oficio en el marco de
un recurso, estaba sujeta al procedimiento del artículo 79 del CPACA, que imponía la
obligación de correr traslado para garantizar los derechos de defensa y contradicción.
De ahí que, al tratar de manera desigual dos pruebas de oficio la ANLA incurrió en
una actuación sorpresiva y carente de publicidad que vulneró el debido proceso de
los intervinientes.
Por el desconocimiento de esa norma, confirmó la decisión de suspender
provisionalmente los efectos de la licencia ambiental.
(iii) Además, confirmó que la empresa actuó bajo el entendimiento de que era tenedora,
pues en el trámite administrativo aportó una «promesa de contrato de arrendamiento»
y en sus recursos argumentó que la autorización estaba «implícita» en dicho contrato.
Sin embargo, advirtió que en el expediente administrativo no se encontraba el
contrato de arrendamiento final, sino únicamente la promesa. Dicha promesa,
además, fue suscrita por otra empresa (Aseo Regional S.A. E.S.P.) o «la sociedad
que se constituya para la operación», lo que generaba ambigüedad sobre el vínculo
jurídico exacto de Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A. E.S.P. con el inmueble.
Por ello, consideró que la promesa de contrato, cuyo objeto era explícitamente el
funcionamiento de un relleno sanitario, crea un escenario de incertidumbre, pues no
se puede afirmar con certeza absoluta que no existió una autorización del propietario,
pues este conocía el destino del inmueble.
Por lo tanto, concluyó que ese punto debe ser aclarado en el debate probatorio del
proceso principal y no constituye una razón suficiente para mantener la suspensión
provisional de la licencia, ya que la infracción a la norma no se demuestra de manera
clara e inequívoca en esta etapa inicial.
En este aspecto, revocó el razonamiento de la decisión inicial.
(iv) En cuanto al componente de socialización y caracterización socioeconómica previsto
en los artículos 15 y 21 del Decreto 2820 de 2010, encontró que el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), que debe incluir obligatoriamente una adecuada caracterización
socioeconómica y los resultados de la participación comunitaria, es un requisito
esencial y previo para la toma de la decisión. Es decir que, un EIA incompleto o
insuficiente no puede dar lugar a una licencia.
Al respecto, anotó que la propia ANLA reconoció la falla, pues en la Resolución 363
de 2018 que otorgó la licencia, en sus considerandos, la ANLA transcribió informes
donde se evidencia que: las autoridades locales y líderes comunitarios de Bojacá
manifestaron no conocer las características del proyecto; el proceso de socialización
se realizó sin tener en cuenta los diferentes actores sociales; los soportes de la
socialización (listas, actas) eran no legibles.
El hecho de que la ANLA impusiera en la parte resolutiva de la licencia la obligación
de «complementar» y «actualizar» la información socioeconómica y la socialización,
no es visto como una solución, sino como la confirmación de que estos requisitos
previos no se cumplieron.
En consecuencia, concluyó que la ANLA actuó de manera errada y en evidente
contradicción con la ley.
Por lo tanto, encontró acreditada prima facie el incumplimiento de los artículos 15 y
21 del Decreto 2820 de 2010, lo cual fue una razón suficiente para mantener la
suspensión del acto administrativo.
c) De la contestación de la sociedad comercial Parque Ecológico Praderas del
Antelio S.A. E.S.P.
El 4 de febrero de 2019, el Consejo de Estado, Sección Primera, admitió la demanda
y ordenó notificar a la parte demandada, al Ministerio Público, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, y como terceros con interés, a la Corporación
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-00
Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.
Autónoma Regional de Cundinamarca, a la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos, a la sociedad comercial Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.
E.S.P. y a la Asociación Ambiental y Cultural Guechas (en liquidación).
Dentro de la oportunidad de ley, la entidad demandada, la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, la U.A.E. de Servicios Públicos y la sociedad comercial
Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A. E.S.P. contestaron la demanda.
El 10 de junio de 2019, la sociedad Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A. E.S.P.
contestó a la demanda, oponiéndose a todas las pretensiones.
Señaló que se constituyó como una empresa de servicios públicos con el objetivo de
construir un relleno sanitario en Bojacá, amparada en el principio de libre competencia
de la Ley 142 de 1994. La solicitud de licencia ambiental se presentó ante la CAR,
tomando como base el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio,
contenido en el Acuerdo 05 de 2009.
A pesar de que los conceptos técnicos internos de la CAR avalaban la viabilidad del
proyecto, la entidad retrasó la decisión por más de tres años para finalmente negar la
licencia mediante la Resolución 2364 del 31 de agosto de 2017, en una decisión que
calificó como carente de sustento.
Afirmó que, en ese momento, la empresa encontró que la CAR participaba como
aportante en el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo, un competidor directo colindante
con su proyecto. Por lo cual interpuso recusación del Director de la CAR por conflicto
de interés, que fue decidida favorablemente por la Procuraduría, quien declaró el
conflicto de interés de la CAR y, en consecuencia, designó a la ANLA para que
resolviera el recurso de reposición pendiente y adelantara el trámite administrativo.
Acusó al municipio de Bojacá de actuar de manera paralela y coordinada con la CAR,
pues durante el trámite de la licencia, el municipio modificó su EOT para habilitar áreas
de expansión para el competidor Nuevo Mondoñedo, mientras restringía las zonas
correspondientes al proyecto Praderas del Antelio.
Indicó que la demanda del municipio y la coadyuvancia de la CAR responden a la
defensa de intereses particulares y comerciales, contrarios a los principios de
transparencia, igualdad y libre competencia que deben regir la función pública.
Argumentó que la visita técnica fue una actuación interna del grupo técnico de la ANLA
para formarse un juicio propio y resolver el recurso. Además, sostiene que no hubo
vulneración alguna, ya que los resultados de dicha visita fueron comunicados a todas
las partes mediante el Auto 00421 del 7 de febrero de 2018, permitiendo su
conocimiento y contradicción.
Afirmó que existe una confusión del demandante entre la autorización de vertimiento
(regulada por el Decreto 1076 de 2015) y la servidumbre de paso para la tubería
(regulada por la Ley 142 de 1994, artículos 33, 39.4 y 57). La licencia ambiental otorgó
el permiso para verter las aguas tratadas en el Río Bogotá; la obtención del derecho
de paso para la tubería a través de predios de terceros es un trámite civil posterior que
la empresa deberá gestionar.
Sostuvo que cumplió a cabalidad con todos los requisitos exigidos por la Ley 99 de
1993 y el Decreto 2820 de 2010 (vigente al momento de la solicitud). El proceso
administrativo se agotó debidamente y la decisión de la ANLA de otorgar la licencia
estuvo fundamentada en los estudios y pruebas del expediente.
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Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.
Como prueba, aportó «el escrito de reposición (…) contra la Resolución CAR 2364 del 31
de agosto de 2017. Junto con el escrito se adjuntan los mismos documentos y CD que él
anunció como anexos.». No solicitó la práctica de pruebas.
d) De la audiencia inicial
El 10 de diciembre de 2021, el despacho del consejero Serrato Valdés celebró
audiencia inicial. En lo atinente al presente asunto, se encuentra que en el decreto y
práctica de pruebas ordenó:
Decretar y oficiar a las siguientes entidades para que, a costa de la parte demandante,
allegaran la información solicitada:
(i) Al Servicio Geológico Colombiano le ordenó remitir copia a color del plano de
zonas de recarga de acuíferos de la sabana de Bogotá de los últimos tres lustros,
junto con sus notas explicativas sobre modalidades, características, profundidad,
composición geológica y procesos de recarga, con énfasis en el territorio del
Municipio de Bojacá.
(ii) A la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca le ordenó remitir, la
siguiente información: certificación de la totalidad de concesiones de agua
(superficiales y subterráneas) otorgadas en Bojacá, Mosquera y Soacha desde el
año 2005 a la fecha; certificación de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de
dichas concesiones en un radio de 5 km respecto de los rellenos sanitarios Nuevo
Mondoñedo, Tecniamsa y el proyecto Praderas del Antelio; un plano representativo
de las concesiones de agua en el mencionado radio de acción.
(iii) Al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B le
pidió remitir en formato digital copia íntegra de la actuación surtida en el incidente
número 75 de verificación de cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá (Exp.
2001-00479), específicamente en lo relacionado con el licenciamiento ambiental
otorgado a la sociedad Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A. E.S.P.
Por otro lado, negó las siguientes pruebas:
(i) Solicitudes de dictámenes periciales al Servicio Geológico Colombiano, al
Departamento de Biología de la Universidad Nacional y a la Facultad de Ingeniería
Ambiental de la Universidad de La Salle, por considerarlos impertinentes,
innecesarios e inconducentes, con el argumento que los conceptos técnicos
solicitados (sobre acuíferos, humedales, impactos acumulativos, etc.) pueden ser
consultados en la legislación y la jurisprudencia, y que las pruebas documentales
decretadas eran suficientes para resolver la controversia de fondo.
(ii) Negó la solicitud de practicar una inspección judicial en las áreas de influencia directa
e indirecta del proyecto, al considerarla innecesaria, reiterando que las pruebas
documentales aportadas y decretadas eran suficientes para esclarecer los hechos.
Asimismo, decretó de oficio las siguientes pruebas:
(i) Ordenó recibir la declaración de las siguientes personas sobre los hechos de la
demanda y su contestación: Claudia Victoria González Hernández, entonces
directora general de la ANLA, quien suscribió el acto administrativo demandado;
Subdirector de Evaluación y Licenciamiento de la ANLA y/o el funcionario que realizó
la visita técnica del 27 de diciembre de 2017; el Representante Legal de la sociedad
Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A. E.S.P.; el ingeniero Luis Felipe Aparicio
Torres, de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, quien suscribió el
informe técnico del ente de control sobre el proyecto.
(ii) Ordenó oficiar a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para
que rindiera un informe técnico certificando y aportando copia de: el auto de inicio
del proceso de licenciamiento ambiental que tramitó la CAR; la totalidad de las
comunicaciones dirigidas a la Alcaldía de Bojacá, los actos administrativos proferidos
en el trámite, las notificaciones surtidas, los terceros reconocidos y la lista de
funcionarios de la CAR que intervinieron en dicha actuación.
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Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.
El apoderado del municipio de Bojacá interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de súplica contra el auto de pruebas, específicamente en lo concerniente
a la negativa de decretar las pruebas periciales y la inspección judicial.
El Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A. E.S.P. indicó que el expediente
incidental Nº 75 contenía toda la documentación que el demandante extrañaba y, por
economía procesal, ofreció aportar al proceso la copia completa y certificada que
obraba en su poder.
El despacho confirmó íntegramente su decisión de negar las pruebas periciales y la
inspección judicial, pues reiteró que las pruebas eran innecesarias. Al respecto,
resaltó que el expediente del trámite incidental Nº 75, que se ordenó allegar, ya incluía
las inspecciones oculares y las pruebas técnicas que daban cuenta de todos los
aspectos que el demandante pretendía probar.
Tras escuchar los fundamentos expuestos por el despacho para confirmar su decisión,
el apoderado del municipio de Bojacá manifestó expresamente que desistía del
recurso de súplica.
e) De la sentencia de única instancia proferida en el medio de control de
nulidad especial ambiental
El 20 de febrero de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado dictó sentencia
de única instancia, en la que declaró la nulidad de la Resolución 00363 de 13 de marzo
de 2018. Para ello, abordó los 9 cargos propuestos en la demanda y los argumentos
empleados en las contestaciones de las entidades accionadas, así:
Antes de analizar los cargos de la demanda, señaló que no se pronunciaría sobre las
discusiones planteadas por las partes fuera de las oportunidades procesales
correspondientes, esto son, los argumentos atinentes a: (i) la legalidad del auto de la
Procuraduría; (ii) la excepción de proposición jurídica incompleta.
En el análisis del primer cargo: estudió si la ANLA vulneró el debido proceso durante
el trámite del recurso de reposición que culminó con el otorgamiento de la licencia
ambiental. Al respecto, encontró probada la vulneración de los derechos a la igualdad,
audiencia y defensa, consagrados en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política,
así como las normas procesales que reglamentan el proceso administrativo previstas
del CPACA.
Precisó que el marco normativo aplicable era el Decreto 2820 de 2010. Advirtió que,
si bien el artículo 25 ibidem contempla el recurso de reposición, no regula su trámite,
generando un vacío normativo que debe ser suplido con la aplicación de los artículos
40 y 79 del CPACA, los cuales garantizan el derecho a la contradicción probatoria.
Advirtió que la ANLA demostró conocer y aplicar dicho procedimiento, pues mediante
Auto 00421 de 2018 corrió traslado de un «gráfico de localización de cuerpos de agua»
y de una «certificación de uso del suelo» que había decretado de oficio.
Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la visita técnica del 27 de diciembre de 2017. A
pesar de que la propia ANLA le otorgó una clara connotación probatoria en el artículo
cuarto del mencionado auto, al resolver: «Tener como prueba el resultado de la visita
efectuada», le impartió un tratamiento desigual, pues omitió decretarla formalmente en
un auto previo y no ordenó correr traslado de su resultado (Concepto Técnico 922 de
2018) a los terceros intervinientes para su contradicción.
Por lo anterior, señaló que esa actuación introdujo en el procedimiento una «prueba
sorpresiva» que, además de carecer de publicidad, fue determinante en la decisión
final, rompiendo así el equilibrio procesal. Dicha irregularidad se vio agravada porque
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el mismo Auto 421 dispuso que contra esa decisión no procedía recurso alguno,
cercenando cualquier posibilidad de impugnación. A esto se suma que el municipio de
Bojacá solicitó formalmente acceso a dicha prueba el 7 de febrero de 2018, sin que la
ANLA demostrara haber atendido la petición.
En virtud de lo expuesto, concluyó que la actuación de la ANLA transgredió los
artículos 13 y 29 de la Constitución Política y el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011, al
no garantizar el traslado y la contradicción de una prueba que ella misma reconoció
como tal y que resultó fundamental para resolver el recurso.
En cuanto al segundo cargo: (vulneración al debido proceso al otorgar la licencia
ambiental sin tener certeza sobre la compatibilidad del proyecto con el Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT) vigente del Municipio de Bojacá), concluyó que estaba
probado, para lo cual fundamentó su decisión en el actuar contradictorio y la falta de
motivación de la autoridad ambiental.
Explicó que la CAR requirió al solicitante ajustar el proyecto al Acuerdo 05 de 2009 (el
EOT antiguo), expresó dudas sobre la viabilidad de un relleno en zonas con uso
condicionado para «infraestructura de servicios públicos» complementaria a vivienda
campestre. Además, resaltó que la falta de claridad en este aspecto fue una de las
razones por las cuales la CAR negó la licencia ambiental en la Resolución 2364 de
2017.
Posteriormente, al asumir el procedimiento administrativo ambiental, la ANLA
identificó que el EOT vigente era el Acuerdo 012 de 2015 y no el Acuerdo 05 de 2009.
Mediante Auto 00421 de 2018, consideró indispensable obtener la certificación
actualizada del uso del suelo para «determinar la compatibilidad del mismo» con la
planeación territorial, y así se la solicitó al municipio.
En oficios del 13 de febrero de 2018 (2018014400200 y 2018014613-2-000), la ANLA
afirmó que contaba con la información necesaria para evaluar la compatibilidad,
incluyendo la cartografía del EOT de 2015 que, según afirmó, había encontrado en la
página web del municipio.
A pesar de lo anterior, en el Concepto Técnico 922 del 9 de marzo de 2018 (que sirvió
de base para la decisión final), la ANLA cambió radicalmente su postura, pues afirmó
que «no cuenta con los elementos técnicos suficientes para pronunciarse sobre la
compatibilidad del proyecto», culpando al municipio por supuestamente haber enviado
la cartografía equivocada (la de 2009 en lugar de la de 2015).
Como consecuencia de la imposibilidad para evaluar ese punto, la ANLA otorgó la
licencia ambiental mediante la Resolución 00363 de 2018, pero incluyó en el parágrafo
del artículo segundo una condición, esto es, que el proyecto «únicamente se podrá
adelantar, si es compatible con los usos del suelo establecidos en el Esquema de
Ordenamiento Territorial (vigente)», obligando al titular a obtener un pronunciamiento del
municipio antes de iniciar el proyecto.
En consecuencia, concluyó que la actuación de la ANLA fue contradictoria, porque
pasó de considerar la prueba como indispensable, a afirmar que la tenía, para
finalmente declararse incapaz de decidir por falta de esta.
Reiteró que, si bien fue acertado que la ANLA centrara el análisis en el EOT vigente
(el de 2015), el método fue irregular. Al encontrarse sin los elementos para decidir
sobre un componente obligatorio de la evaluación ambiental, la ANLA no podía
simplemente delegar esa verificación a una etapa posterior a la licencia.
En lugar de ello, debió agotar sus facultades para obtener la prueba o, en su defecto,
negar la licencia ante la falta de certeza sobre un requisito esencial. Al no hacerlo,
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expidió un acto administrativo sin la motivación debida en un aspecto crucial,
probando así el cargo.
De modo que, esa falta de motivación y el cambio de criterio violó el artículo 29
superior, que exige que las decisiones públicas estén debidamente fundamentadas
en las pruebas recaudadas.
Frente al tercer cargo: analizó si la Resolución 363 de 2018 vulneró el derecho a la
participación y las normas que regulan el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para lo
cual tuvo en cuenta el Decreto 2820 de 2010, vigente para el trámite.
Al respecto, anotó que el artículo 21, define el EIA como el «instrumento básico para la
toma de decisiones» y exige, como componente mínimo, la «caracterización del área de
influencia del proyecto, para los medios abiótico, biótico y socioeconómico». Igualmente,
resaltó el artículo 15 ibidem, impone al solicitante el deber de informar a las
comunidades sobre el alcance, impactos y medidas de manejo del proyecto, así como
de valorar e incorporar sus aportes en el EIA.
Resaltó que el EIA, contiene un componente socioeconómico completo y una
socialización adecuada, lo que constituye un requisito sine qua non (esencial y previo)
para iniciar el trámite y para que la autoridad pueda tomar una decisión de fondo. Es
decir que, un EIA deficiente en este aspecto no puede dar lugar a un resultado
favorable para el peticionario.
En el caso concreto, señaló que en la Resolución 00363 de 2018 y en el Concepto
Técnico 922 de 2018, la ANLA concluyó que el proceso de participación se realizó «sin
tener en cuenta los diferentes actores sociales que se encuentran presentes en el AII y AID»
y que los soportes documentales aportados (actas, listados) eran «no legibles».
Además, detalló los hallazgos de varios informes técnicos de la CAR que demostraron
las omisiones, entre ellos:
a) El Informe Técnico DRSO núm. 0229 de 2015, producto de una visita de la CAR, el
cual reveló que el análisis socioeconómico carecía de contexto, no se aplicaron
técnicas adecuadas de recolección de información, no se identificó a los actores
sociales clave (Juntas de Acción Comunal, líderes, etc.), y no se presentaron
soportes válidos de las convocatorias o reuniones.
b) Concepto 963 de 31 de agosto de 2015, expedido tras realizar entrevistas directas
en la zona, la CAR constató que las autoridades locales (Alcaldía, Personería,
ASOJUNTAS) manifestaron desconocer las características del proyecto. Además,
se evidenció que los pobladores encuestados, por ser en su mayoría empleados de
grandes haciendas, sentían un «alto grado de subordinación» que les impedía
expresar sus opiniones libremente. Las supuestas reuniones fueron descritas por la
comunidad como meras encuestas de 10 minutos en las que no se informó sobre los
impactos ambientales.
Por lo anterior, mediante Auto 1022 de 25 de septiembre de 201584, la CAR requirió el
ajuste del componente social del EIA.
a) Frente a ese requerimiento, la sociedad titular del proyecto, mediante oficio de 25 de
septiembre de 2015, informó que ajustó el programa de información y participación
para realizar actividades conducentes a mitigar posibles conflictos sociales; y
elaboró una tabla que identifica a los 16 pobladores localizados dentro del radio de
3 km a la redonda del proyecto (área de influencia indirecta).
b) Frente a esas medidas, el Informe Técnico DESCA 1136 de 3 de diciembre de 2015,
detalló que no existía un directorio de actores institucionales, que no se había
contactado a veedurías ni al Concejo Municipal, y que el único acercamiento con la
comunidad fue superficial.
c) Mediante Auto DRSO 0006 de 7 de enero de 2016, la CAR requirió a la sociedad
Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A. ESP que ajustara el proyecto conforme
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a las observaciones de los «Informes Técnicos No. 370 del 4 de septiembre de 2015
y DESCA No. 1136 del 3 de diciembre de 2015».
d) En el informe técnico DESC 570 de 15 de julio de 2016 la CAR reconoció que los
municipios de Mosquera y Soacha tenían interés en la decisión, porque la línea de
conducción de los lixiviados tratados en tubería se encuentra en dichos municipios.
e) Comunicación del alcalde de Bojacá, realizada mediante oficio DA 151 de 4 de abril
de 2017, en el que informó formalmente a la CAR que la administración municipal
no tenía conocimiento del alcance del proyecto y que, dados los antecedentes
negativos con otros proyectos en la zona, «el municipio no está de acuerdo con que
se desarrolle un nuevo proyecto de tal envergadura en su jurisdicción».
En este contexto, concluyó que tanto la ANLA como la CAR coincidieron en que el
proceso de socialización y caracterización fue inadecuado y deficiente.
Sin embargo, la ANLA otorgó la licencia a pesar de haber constatado dichas falencias,
impuso en la parte resolutiva del acto (artículos noveno, décimo octavo, décimo
noveno y vigésimo) la obligación de complementar y ajustar a futuro lo que debió ser
un requisito previo.
En consecuencia, determinó que la Resolución 363 de 2018 vulneró los artículos 15 y
21 del Decreto 2820 de 2010, al omitir la participación comunitaria y la correcta
caracterización socioeconómica, que son elementos para la formación del acto
administrativo, no para su posterior ejecución.
Respecto al cuarto cargo: estudió si la Resolución 363 de 2018 incurrió en falsa
motivación al desconocer la posible afectación a cuerpos de agua y humedales
cercanos al proyecto, especialmente los humedales Chicaque y Tingüa Moteada. Para
ello, citó la normativa de protección de humedales, entre los que destacó:
a) La Ley 357 de 1997 (Convención Ramsar), que impone a las autoridades el deber
de conservar y custodiar los humedales (tanto naturales como artificiales, estén o no
en la lista RAMSAR) y de fomentar su uso racional y protección.
b) La Resolución 157 de 2004, cuyo artículo 9 establece que el uso principal de los
humedales no zonificados es su conservación, rehabilitación o restauración.
c) El artículo 2.3.2.3.2.2.5 del Decreto 1077 de 2015, el cual prohíbe de manera
explícita la localización, construcción y operación de rellenos sanitarios «en zonas
de pantanos, humedales y áreas similares» y establece franjas de protección de
mínimo 30 metros para ríos y lagos, y de 500 metros para fuentes de abastecimiento
hídrico.
Con fundamento en esa norma encontró una contradicción entre la evaluación de la
ANLA y los estudios técnicos detallados realizados previamente por la CAR, frente a
lo cual resaltó los siguientes argumentos:
Por un lado, la ANLA, en la Resolución 00363 de 2018, basándose en una única visita
realizada el 27 de diciembre de 2017, concluyó que los cuerpos de agua dentro de la
Finca Fute eran «reservorios artificiales» cuyas dinámicas hídricas eran
independientes y no estaban conectadas con los humedales cercanos (Chicaque,
Tingüa Moteada, etc.).
Sostuvo que el proyecto, al estar ubicado entre dos colinas, gozaba de un aislamiento
natural que impedía la afectación a los ecosistemas acuáticos, los cuales, según su
criterio, se encontraban fuera del área de influencia. Además, desestimó la presencia
de flora y fauna endémica reportada por la CAR, afirmando no haberla identificado
durante su visita.
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Por otro lado, la CAR, mediante varios conceptos técnicos (informe técnico 370 de
2015, concepto 963 de 2015, informe técnico DESCA 1136 de 2015), realizó una
caracterización exhaustiva y advirtió sobre graves deficiencias en el EIA, así:
a) Informe Técnico 370 de 2015: producto de varias visitas, documentó que un drenaje
natural en la zona fue modificado por la construcción de diques, formando un
«complejo de ecosistemas acuáticos» y «humedales antropizados». Identificó la
presencia de fauna vulnerable como la Tingua moteada (Gallinula melanops
bogotensis) y flora propia de áreas inundables.
b) Informe Técnico DESCA 1136 de 2015, que criticó el EIA presentado por la sociedad
solicitante, señalando que «erróneamente se establece que no existen ecosistemas
acuáticos en el área de influencia del proyecto», lo que impedía conocer la
«verdadera afectación» sobre la fauna silvestre y las comunidades hidrobiológicas.
Por ello, concluyó que el EIA no caracterizaba de forma suficiente los ecosistemas, su
comportamiento hídrico ni la interconexión entre ellos, lo que impedía una valoración
real de los impactos.
La autoridad judicial demandada acogió la conclusión de la CAR, determinó que el
EIA era insuficiente y no permitía valorar adecuadamente los impactos sobre el
recurso hídrico.
Además, criticó a la ANLA por basar su decisión en «una única observación visual» y
desestimar, sin un sustento científico robusto, los hallazgos técnicos detallados de la
CAR, que provenían de múltiples visitas y análisis. Asimismo, sostuvo que estaba
demostrada la existencia de diques y reservorios, lo que implicaba un «deber de análisis
hidráulico e hidrogeológico exhaustivo» para verificar si el predio hacía parte de un
complejo de humedales interconectados, análisis que la ANLA omitió.
Adicionalmente, señaló que el trazado de la tubería de vertimientos, que cruza sobre
los humedales Chicaque y Tingüa Moteada, generaba serias dudas sobre la
delimitación del área de influencia y el riesgo de impacto negativo.
Por lo tanto, concluyó que la ANLA incurrió en falsa motivación, pues su decisión de
que no existía afectación a los humedales se basó en una valoración insuficiente y
contraria a las pruebas técnicas del expediente, pues «factores como la
georreferenciación del proyecto, el sistema de tratamiento de lixiviados, la creación de
barreras físicas y vegetativas, el monitoreo de la calidad del agua y las medidas de
protección de la infraestructura de conducción de los vertimientos, dependían de la
existencia de estudios suficientes que permitieran superar la deficiencia de la
información técnica sobre este punto.».
Además, debía tenerse en cuenta que «el diseño de la tubería de aguas residuales
atraviese los humedales Chicaque, Tingua Moteada Fute y Balsilla, plantea dudas sobre
la precisión del área directa e indirecta de influencia del proyecto y el posible impacto
negativo en caso de falla en la infraestructura.»
En consecuencia, encontró probados los cargos por transgresión de los artículos 1 y
4 de la Ley 357 de 1997.
No obstante, aclaró que no se probó la vulneración del principio de precaución ni de
las prohibiciones específicas de los artículos 9 de la Resolución 157 de 2004 y
2.3.2.3.2.2.5. del Decreto 1077 de 2015, ya que sin los estudios adecuados no se
podía afirmar con certeza la conexión del complejo hídrico.
En lo relacionado con el quinto cargo: atinente a analizar si la resolución demandada
incurrió en falsa motivación y vulneró la normativa de protección de aguas
subterráneas, al licenciar el proyecto en un área que podría ser una zona de recarga
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de acuíferos, concluyó que este cargo se encontraba probado, debido a que la ANLA
no evaluó con el rigor debido los riesgos hidrogeológicos evidentes en el expediente.
En primer lugar, señaló que las zonas de recarga de los acuíferos (por tratarse de
áreas geográficas especialmente vulnerables) reciben una protección prioritaria por
parte de las autoridades. En estas regiones, el agua proveniente de la precipitación
se infiltra en el suelo hasta alcanzar el nivel freático, lo que facilita también la entrada
de contaminantes al subsuelo. Por lo tanto, la licencia ambiental que autoriza la
construcción y operación de un relleno sanitario debe estar sustentada en una
motivación técnica y jurídica suficiente, que garantice la protección del recurso hídrico
subterráneo.
En segundo lugar, citó el marco jurídico aplicable de las normas que otorgan una
protección especial a las aguas subterráneas, así:
a) El artículo 1, numeral 4, de La Ley 99 de 1993, que declara que «las zonas de recarga
de acuíferos serán objeto de protección especial».
b) El artículo 2.3.2.3.2.2.5. del Decreto 1077 de 2015, el cual establece dos mandatos
imperativos para los rellenos sanitarios, esto son: (i) la prohibición de la localización,
construcción y operación de rellenos sanitarios en zonas de recarga de acuíferos; (ii)
la restricción en áreas donde sí se permitan, la infraestructura deberá estar ubicada
a una altura mínima de 5 metros por encima del nivel freático.
Con fundamento en lo anterior, contrastó los estudios técnicos del expediente con la
motivación final de la ANLA en el acto administrativo demandado, encontrando
deficiencia en este.
Sobre el particular, resaltó que el EIA presentado inicialmente por la empresa (febrero
de 2014), elaborado por el estudio geotécnico de Daichi Ingeniería S.A.S. afirmó no
haber encontrado un nivel freático cercano a la superficie, basándose en sondeos y
perforaciones. Asimismo, la empresa solicitante complementó el EIA en marzo de
2015, con una descripción de la amenaza sísmica del proyecto, elaborada por la
sociedad Geonumerica Servicios Geotécnicos y Ambientales LTDA.
No obstante, el informe DESCA 1136 de 2015 de la CAR, que realizó una evaluación
técnica resumió las principales consideraciones frente del EIA, del siguiente modo:
a) Identificó cuatro unidades hidrogeológicas, destacando el «Acuífero Formación
Labor y Tierra». Advirtió que, aunque la roca tenía baja porosidad, presentaba un
«alto grado de fracturamiento» que creaba una porosidad secundaria, facilitando el
flujo de agua subterránea, por lo que era un acuífero vulnerable.
b) Concluyó que las condiciones del sitio «no son las mejores» para la construcción de
un relleno sanitario, ya que una eventual fuga en el sistema de impermeabilización
permitiría el paso de lixiviados a través de las fracturas de la roca, contaminando el
agua subterránea.
Por lo anterior, la CAR requirió a la empresa para que revisara en detalle las
características geológicas y evaluara la «aplicabilidad y confiabilidad del sistema de
impermeabilización previsto».
En respuesta a este requerimiento, el titular del proyecto informó el 3 de febrero de
2016 que, para complementar el sistema de impermeabilización, se adecuaría un
manto adicional de geomembrana (calibre 40 mils), además del ya planteado (calibre
60 mils), en caso de que el suelo de fundación no cumpliera con la permeabilidad
requerida.
En este contexto, consideró relevante citar dos pruebas clave para aclarar la
existencia de un riesgo de afectación a las aguas subterráneas, así:
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a) Un estudio realizado por Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
(UAESP) en el año 2016, que identificó un área potencial para un relleno sanitario
en Bojacá, denominada O7, la cual se superponía con una zona de recarga de
acuíferos.
No obstante, determinó que esta prueba no era concluyente, porque el demandante no
logró acreditar que el área O7 del estudio coincidiera geográficamente con el predio del
proyecto, porque el mapa carecía de la escala y precisión técnica necesarias para
establecer una correspondencia directa.
b) El concepto rendido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en el año 2022,
decretado como prueba en el proceso judicial, en el que se aclaró que no existen
estudios puntuales para las zonas de recarga en la jurisdicción específica de Bojacá.
Sin embargo, sostuvo que basándose en modelos hidrogeológicos regionales
(como el «Modelo Hidrogeológico Conceptual de la Sabana de Bogotá» de 2002),
las formaciones rocosas que afloran en la zona – el Grupo Guadalupe, que incluye
la Formación Labor y Tierra y la Formación Plaeners- están clasificadas «en su
conjunto como una zona de recarga».
El informe describió que la recarga en esta zona ocurre por la infiltración directa
de la lluvia y las corrientes superficiales a través de los poros y fracturas de las
rocas en las cadenas montañosas.
Con base en esas pruebas, identificó cinco hechos probados que demostraban un
alto riesgo y la falta de una evaluación rigurosa por parte de la ANLA en el trámite de
la concesión de la licencia, a saber: (i) no existía certeza científica sobre si el sitio
exacto del proyecto (Formaciones Plaeners y Labor Tierra) era una zona de recarga,
a pesar de la clasificación regional del SGC; (ii) no se demostró que las obras se
ubicarían 5 metros por encima del nivel freático, máxime si se tenía en cuenta que la
CAR en sus alegatos de conclusión, señaló que la empresa, sin estudios que lo
soportaran, había aumentado la profundidad de las celdas de disposición de 7 a 14
metros, lo que «afecta el nivel freático y las aguas subterráneas de la zona»; (iii) el principal
mecanismo de recarga del acuífero en la zona es la infiltración a través de la roca
fracturada expuesta en las partes altas; (iv) el macizo rocoso presenta un alto grado
de fracturamiento, que facilita el flujo de agua subterránea; (v) la Formación Labor y
Tierra, presente en el área, facilita el paso del agua por medio de dichas fracturas.
A partir de esos riesgos, afirmó que la motivación de la Resolución 00363 de 2018 fue
insuficiente, porque la ANLA se limitó a afirmar que el nivel freático era profundo y que
las capas superficiales de arcilla dificultaban la infiltración, ignorando por completo el
problema advertido por la CAR, esto es, el riesgo de contaminación por medio de la
roca fracturada subyacente.
Por lo tanto, concluyó que el cargo por falsa motivación prosperaba, pues la ANLA no
cumplió con su deber de proteger un ecosistema frágil, como lo exigen el numeral 4
del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 2.3.2.3.2.2.5 del Decreto 1077 de 2015,
al otorgar la licencia sin la certeza científica necesaria para descartar la afectación de
una zona de recarga de acuífero.
Como sexto cargo: analizó si la ANLA desconoció la normativa ambiental al no exigir
al solicitante la autorización de los propietarios de todos los predios afectados por la
infraestructura del proyecto, en particular por la tubería de conducción de lixiviados.
En primer lugar, señaló que el artículo 21 del Decreto 2820 de 2010 exige que el EIA
contenga la información para el permiso de vertimientos. A su vez, el art. 2.2.3.3.5.2.,
núm. 4, del Decreto 1076 de 2015 prevé la «autorización del propietario o poseedor
cuando el solicitante sea mero tenedor».
Asimismo, anotó que los artículos 33 y 57 de la Ley 142 de 1994 otorga a las empresas
de servicios públicos la facultad de imponer servidumbres para instalar la
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infraestructura necesaria (como tuberías) en predios ajenos, prevaleciendo el interés
común sobre el particular.
En segundo lugar, advirtió que la CAR infirmó que el proyecto no se limitaba a la Finca
Fute (para la cual la empresa, actuando como tenedora, sí aportó una promesa de
arrendamiento y una autorización del propietario), pues la tubería de conducción de
lixiviados, con una longitud de casi 5 km, atravesaba predios de distintos propietarios
para llegar hasta el Río Bogotá.
Por esa razón, la CAR, mediante Auto DRSO 0006 de 2016, requirió a la empresa
solicitante para que cumpliera con los requisitos del Decreto 1076 para estos otros
predios.
Posteriormente, y ante la falta de las autorizaciones de los propietarios de dichos
predios, la CAR negó la licencia ambiental en la Resolución 2364 de 2017,
argumentando que era imposible otorgar el permiso de vertimientos sin la certeza
jurídica sobre el paso de la tubería.
En tercer lugar, indicó que la ANLA, al resolver el recurso, revocó la decisión de la
CAR, con fundamento en que, según la Ley 142 de 1994, la obtención de la
servidumbre era una «situación externa de carácter civil» que la empresa podía
gestionar posteriormente, por lo que no debía ser un obstáculo para negar la licencia
ambiental.
En este contexto, consideró que el criterio de la ANLA era acertado en parte, pues una
norma reglamentaria (el requisito del permiso) no puede desconocer una ley de mayor
jerarquía (la facultad de imponer servidumbres). Por lo tanto, el solicitante tenía una
justificación legal para no allegar la autorización final de todos los propietarios de los
predios por donde pasaría la tubería.
Sin embargo, también determinó que la ANLA incumplió su deber de protección
ambiental, toda vez que, si bien la empresa podía estar eximida de presentar la
autorización final, no estaba eximida de aportar la información mínima y relevante
sobre dichos predios, pues el régimen de servicios públicos no es un eximente para
omitir la información necesaria para la evaluación ambiental.
Al respecto, dijo que el titular del proyecto «ni si quiera aportó los datos mínimos que
permitieran tener certeza sobre la propiedad, los usos autorizados y las actividades
desarrolladas en los predios en donde pretendía construir la tubería de lixiviados», a pesar
de que información determinante para que la autoridad ambiental pudiera evaluar
correctamente el permiso de vertimientos y los posibles impactos a lo largo del trazado
de la tubería.
Por ello, concluyó que existió vulneración del principio de orden público, al otorgar la
licencia sin esta información esencial, por lo que la ANLA vulneró el artículo 107 de la
Ley 99 de 1993, que establece que las normas ambientales son de orden público y su
aplicación no puede ser renunciada ni flexibilizada discrecionalmente. Asimismo, los
artículos 107 de la Ley 99, 21 del Decreto 2820 de 2010 y el numeral 4 del artículo
2.2.3.3.5.2. del Decreto 1076 de 2015 al no contar con la información básica para
evaluar adecuadamente el permiso de vertimientos.
Como séptimo cargo: estudió si la Resolución 00363 de 2018 vulneró el debido
proceso y las normas sobre publicidad, al no haber comunicado el inicio del trámite a
los propietarios del área de influencia, a los municipios de Mosquera y Soacha, y a
otros posibles interesados.
Sobre el particular, trajo a colación las normas que garantizan la publicidad de las
actuaciones administrativas para permitir la intervención de terceros, así:
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a) Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, que consagra los principios de debido proceso y
publicidad, que garantizan la intervención ciudadana en la gestión pública.
b) Artículo 70 de la Ley 99 de 1993, norma especial ambiental que ordena a la autoridad
dictar un acto de inicio de trámite, el cual debe ser notificado y publicado en un boletín
periódico de la entidad.
c) Artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, la cual establece que, si se identifican terceros
determinados que puedan ser afectados, se les debe comunicar la existencia de la
actuación; si los terceros son indeterminados, la divulgación debe hacerse a través
de un medio masivo de comunicación o cualquier otro mecanismo eficaz.
Seguidamente, verificó en el expediente las actuaciones de la CAR al iniciar el trámite
y determinó que se ajustaron a la ley, porque:
a) Mediante Auto OPSO 372 del 29 de abril de 2014, la CAR dio inicio formal al proceso
de licenciamiento ambiental.
b) En cumplimiento del auto, la CAR comunicó la existencia del trámite al municipio de
Bojacá mediante el oficio 10142101849 del 6 de mayo de 2014.
c) La CAR publicó el auto de inicio en el boletín ordinario de la entidad del 31 de mayo
de 2014, cumpliendo así con el requisito de divulgación para terceros no identificados.
Por ello, en cuanto a estos trámites, la Sala concluyó que la actuación de la CAR fue
la correcta, pues procedió acertadamente al aplicar la regla para terceros
indeterminados, utilizó la publicación en su boletín oficial (disponible en su portal web)
como mecanismo eficaz de divulgación, tal como lo permite el artículo 37 del CPACA.
Por lo tanto, la Sala determinó que no se demostró la vulneración del debido proceso
ni de los artículos 70 de la Ley 99 de 1993 y 3, 37 y 38 de la Ley 1437 de 2011.
En cuanto al octavo cargo: estudió si la Resolución 00363 de 2018 fue expedida de
forma irregular al no evaluar adecuadamente los impactos acumulativos y sinérgicos
que el nuevo relleno generaría, sumados a los ya existentes por los rellenos sanitarios
Nuevo Mondoñedo y Sabrisky Point.
Al respecto, verificó que el EIA de la empresa, desde su versión de 2014, reconoció
la existencia del Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo y la presencia de impactos
preexistentes en la zona. Además, el EIA calificó como el mayor reto del proyecto el
adecuado manejo de sus propios impactos para no agravar la situación y generar
efectos acumulativos en un ecosistema ya intervenido.
No obstante, la autoridad judicial también valoró los informes técnicos de la CAR
(Concepto 963 de 2015 e Informe DESCA 1136 de 2015), que criticaron la evaluación
de impactos del EIA. Sobre el particular, la CAR señaló que: (i) no existía una línea
base sobre la salud de la población para medir el impacto real; (ii) no se analizó la
vecindad con otros proyectos licenciados en la zona para coordinar medidas de
compensación; (iii) la caracterización del área de influencia indirecta era deficiente; (iv)
las acciones de compensación por pérdida de biodiversidad eran insuficientes
(enfocadas solo en reforestación) y faltaban fichas de manejo para problemas clave
como la proliferación de vectores y especies carroñeras.
A pesar de reconocer las deficiencias del EIA señaladas por la CAR, la Sección
Primera consideró que no era posible determinar en esta instancia si el análisis de
impactos fue inadecuado por la futura operación de tres rellenos sanitarios, pues una
valoración de impactos acumulativos de varios proyectos solo podía realizarse de
manera efectiva una vez estos inician su funcionamiento.
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Por lo tanto, afirmó que el cargo excedía la órbita del medio de control, que se limita
a examinar la legalidad del acto con base en los hechos y el derecho existentes al
momento de su expedición.
En consecuencia, el cargo fue desestimado.
Como noveno cargo: estudió el argumento relacionado en que la resolución estaba
falsamente motivada porque la ANLA se apartó de su propio concepto técnico (00922
de 2018), que reconocía que el proyecto no era funcional para atender a la población
de la ciudad de Bogotá.
Sobre el particular, verificó que la Resolución 00363 de 2018 explicó las razones
técnicas sobre la capacidad y proyección del relleno y encontró que el acto
administrativo contenía información técnica que cuantificaba: (i) la capacidad total del
proyecto; (ii) la capacidad de recepción diaria planificada; (iii) la población objetivo; (iv)
la vida útil proyectada para la primera fase, atendiendo las necesidades del municipio
de Bojacá y algunos municipios vecinos.
En consecuencia, determinó que no existió falsa motivación, porque la proyección del
relleno sanitario descartó explícitamente la recepción de residuos de la ciudad de
Bogotá.
Por lo tanto, advirtió que la afirmación del concepto técnico de que el proyecto «no es
funcional ante un servicio regional que incluya Bogotá» no es una contradicción, sino una
constatación del alcance real y diseñado del proyecto.
Al estar la decisión debidamente soportada en una proyección técnica clara sobre su
capacidad y vida útil, no se demostró el vicio de falsa motivación, y el cargo fue
desestimado.
2. Argumentos de la acción de tutela
La sociedad accionante afirmó que la Sección Primera del Consejo de Estado
incurrió en defecto por falta de motivación, defecto sustantivo (y defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto) y defecto fáctico
De forma previa a pronunciarse sobre los defectos, explicó que existe una crisis en la
gestión de residuos sólidos en Bogotá y Cundinamarca, la cual se extiende a nivel
nacional, porque los rellenos sanitarios están al borde del colapso o por terminar su
vida útil. Por ello, afirmó que la presente acción de tutela cumple con el requisito de
relevancia constitucional, pues la providencia cuestionada desconoció la grave crisis
de basuras, ignoró el mandato constitucional imperioso de garantizar la disposición
final de residuos y no tuvo en cuenta estándares internacionales de derechos
humanos al constituir un retroceso en materia ambiental.
Aunado a lo anterior, señaló que el proyecto Parque Ecológico Praderas del Antelio
es la única solución técnica y jurídicamente viable para la inminente crisis de basuras
en Bogotá y Cundinamarca.
Seguidamente, explicó que la presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de acción de tutela contra providencia judicial.
Posteriormente, formuló las causales específicas alegadas contra la decisión
cuestionada, que se sintetizan de la siguiente forma:
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a) Defecto sustantivo y defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
Anotó que la sentencia cuestionada incurrió en un defecto sustantivo y en un
exceso ritual manifiesto al interpretar de manera errónea y excesivamente
formalista las normas que regulan la visita técnica en el trámite de licenciamiento
ambiental, lo cual fue una de las razones centrales para anular la licencia de
Praderas del Antelio.
Expresó que en las consideraciones del fallo controvertido se señaló que la visita
que la ANLA realizó al proyecto el 27 de diciembre de 2017 no era un dictamen
pericial. No obstante, lo convirtió en uno e impuso cargas no previstas en la ley,
al señalar que debió darse traslado de este a todos los interesados.
Al respecto, explicó que el artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015
reglamenta el EIA y establece dicha visita como una herramienta facultativa para
la autoridad, que solamente se realiza cuando el proyecto lo requiera; en otras
palabras, que esa diligencia es opcional. Por ello, sostuvo que no era dable que
la autoridad judicial exigiera que se cumpliera las mismas formalidades de una
prueba pericial. Agregó que la propia norma señala que la alternativa a la visita
es una reunión para solicitar información, no una audiencia formal, lo que
refuerza el carácter técnico y flexible de esa etapa.
Con fundamento en lo anterior, dijo que la Sección Primera del Consejo de
Estado desobedeció principios generales del derecho, especialmente como el
que reza ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, y la regla de
interpretación consagrada en el artículo 27 del Código Civil, que ordena no
desatender el tenor literal de una ley cuando su sentido es claro.
b) Defecto factico: afectaciones al recurso hídrico superficial del área de
influencia del proyecto y la zona de recarga de un acuífero
Indicó que la providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico al fundamentar
su decisión sobre las supuestas afectaciones al recurso hídrico, no en una
valoración integral de las pruebas, sino en un mero ejercicio de arbitraje técnico
para el cual no tiene competencia.
Sobre este punto, dijo que, ante una duda entre dos conceptos expertos, el deber
del juez no es escoger caprichosamente uno sobre otro, sino verificar los hechos
por sus propios medios. De modo que, tenía el deber de desplegar una actividad
probatoria independiente para formar su propia convicción, esto es: practicar una
inspección judicial para constatar lo que la ANLA y otras entidades vieron en
terreno, o solicitar un peritaje a una institución académica neutral.
Sin embargo, no decretó esas pruebas, resolvió en derecho un asunto que exigía
una respuesta técnica, por lo que careció del apoyo probatorio necesario para
sustentar su decisión.
De igual forma, señaló que no se valoraron pruebas de suma importancia que ya
existían en el proceso, a saber:
(i) La Procuraduría General de la Nación, en su rol de garante de los derechos
colectivos, emitió en dos ocasiones (2015 y 2017) conceptos técnicos favorables al
proyecto, que fueron elaborados in situ y daban cuenta, por ejemplo, de la inexistencia
de humedales en el predio.
(ii) Concepto técnico proferido por la Procuraduría el 6 de abril de 2017 (realizado por
una abogada y un ingeniero civil), el cual revelaba que la misma CAR ya había emitido
conceptos técnicos favorables al proyecto en 2015 y 2016 (Informes Técnicos DESCA
1136 de 3 de diciembre de 2015 y 571 de 15 de junio de 2016).
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c) Falta de motivación general del acto
Dijo que la sentencia cuestionada omitió realizar un estudio del carácter
«constitucionalmente imperioso» de la instalación de rellenos sanitarios, según
lo previsto en las sentencias T-294 de 2014, SU-217 de 2017, entre otras. De
ahí que, redujo su análisis a una revisión formal y de conveniencia, usurpó las
funciones de la autoridad técnica (ANLA) que ya había realizado una
ponderación adecuada al emitir una licencia con estrictas condiciones.
Además, indicó que la sentencia no tuvo en cuenta el grave daño a la salud
pública y al ambiente que causa al anular la única alternativa viable para la crisis
de basuras, con lo que se agravó una emergencia estructural. Asimismo,
consideró que el juez ordinario no realizó un ejercicio de ponderación y tampoco
evaluó «alternativas menos gravosas para los derechos fundamentales
afectados.».
d) Falta de motivación específica: vulneración del debido proceso en la
valoración del uso del suelo
Expresó que la sentencia declara la vulneración de un derecho fundamental sin
ofrecer justificación alguna, con lo cual incurrió en una contradicción
argumentativa que la invalidó.
Explicó que en el trámite administrativo debió resolver la compatibilidad del
proyecto con el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de
Bojacá, el cual fue modificado en 2015, según afirma el accionante, para
obstaculizar el proyecto.
Señaló que la ANLA, al resolver el recurso de reposición, abordó esa situación
(a pesar de falta de colaboración del municipio para aportar la cartografía
adecuada) y adoptó una solución ponderada y garantista, esto es, otorgar la
licencia, pero la condicionó a que el proyecto fuera «compatible con los usos del
suelo establecidos en el Esquema de Ordenamiento Territorial (vigente) del
municipio de Bojacá».
Sin embargo, indicó que la Sección Primera del Consejo de Estado se apartó de
esa solución, en un breve apartado, en el que inicialmente expresó que la
decisión de la ANLA de «modificar sustancialmente el contenido de la
controversia» fue acertada, pero, posteriormente, sin ofrecer un argumento
lógico o una debida fundamentación, concluyó que la determinación de dicha
entidad vulneró el derecho al debido proceso.
Aunado a lo anterior, consideró que la autoridad judicial omitió la carga
argumentativa de demostrar por qué este supuesto defecto era determinante
para anular la totalidad del acto administrativo complejo, producto de un proceso
de años que involucró a múltiples expertos y autoridades. Al respecto, trajo a
colación una tabla de las autoridades ambientales que entre 2015 a 2018
revisaron el proyecto y otorgaron su concepto favorable, así:
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e) Falta de motivación: supuestas omisiones en materia de participación
Expresó que la sentencia cuestionada adolece de falta de motivación al concluir que la
licencia ambiental era nula por una supuesta insuficiencia en el componente de
participación social, porque se limitó a constatar, con base en conceptos previos de la
CAR, que el EIA presentaba falencias en su componente socioeconómico, sin realizar
un análisis jurídico ponderado u ofrecer una razón que sustente el porqué de su
argumento.
Advirtió que el proceso de participación, si bien existió, era mejorable, por lo que la
ANLA, entendiendo la naturaleza dinámica del derecho a la participación (que no se
agota en el licenciamiento), consideró que las falencias podían y debían subsanarse en
la ejecución del plan de manejo ambiental. No obstante, la Sección Primera del Consejo
de Estado optó por la vía más drástica y menos razonada, esto es, revocar la licencia
ambiental.
Además, considera que la autoridad judicial accionada se abstuvo de explicar por qué
la participación fue insuficiente a un nivel tal que hiciera inviable la licencia, y tampoco
justifica por qué la solución propuesta por la ANLA era inaceptable, sin ajustar las
condiciones de participación para viabilizar un servicio público esencial.
Asimismo, indicó que la conclusión del fallo no se sostiene en un análisis propio, sino
en una simple adhesión a los conceptos de la CAR, manifestando un sesgo que ignora
la solución ponderada de la ANLA.
f) Falta de motivación: incumplimiento del permiso de vertimientos
Anotó que existió falta de motivación respecto a la presunta falta de una
servidumbre de paso (necesaria para un tubo de seis pulgadas) y establecer esa
circunstancia como una barrera insalvable para un proyecto de interés general.
Expresó que los argumentos expuestos en la sentencia controvertida sobre ese
punto no realizaron una ponderación, que convirtieron un requisito administrativo
gestionable en una razón suficiente para dejar a Bogotá y Cundinamarca sin
alternativas para la disposición final de sus residuos.
Advirtió que la decisión judicial ignoró que una autorización de esta naturaleza
puede obtenerse válidamente durante la etapa de construcción del proyecto y,
en todo caso, como lo exigía la propia licencia de la ANLA, solo es requerida
antes del inicio de la operación.
A su juicio, era irrazonable y desproporcionado anular un proyecto
«constitucionalmente imperioso» por un requisito cuyo cumplimiento aún no era
exigible, por lo que el fallador debió modular su decisión para garantizar tanto el
cumplimiento normativo como la prestación de un servicio público esencial.
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g) Afectación al derecho fundamental al buen nombre
Afirmó que la sentencia, al anular la licencia ambiental con una argumentación
insuficiente y sin una ponderación real de los derechos en conflicto, causó una
afectación al derecho fundamental al buen nombre del Parque Ecológico
Praderas del Antelio, pues el mensaje público que proyecta el fallo es que la
empresa ha actuado de manera contraria al interés público y en detrimento del
medio ambiente.
Consideró que esa vulneración exige la intervención del juez de tutela para
restaurar el prestigio injustamente afectado.
h) Vulneración del derecho a la libertad de empresa
Señaló que la providencia atacada constituye una barrera al ejercicio del derecho
a la libertad de empresa, previsto en el artículo 333 superior, al anular la única
licencia ambiental viable para el desarrollo de un relleno sanitario regional.
Además, indicó que el fallo impide que la sociedad Parque Ecológico Praderas
del Antelio desarrolle su objeto social principal, para el cual fue constituida y ha
invertido recursos significativos durante más de una década.
Explicó que, si bien la libertad de empresa no es un derecho absoluto, cualquier
restricción debe ser razonable, necesaria y proporcional, lo cual no ocurre en
este caso, pues la decisión cuestionada no es una limitación legítima en aras del
bien común. Por el contrario, es una medida arbitraria que se fundamenta en
defectos formales y en una valoración técnica que no le correspondía, lo que
resultó en la anulación de la única iniciativa privada estructurada para solucionar
una crisis de saneamiento ambiental.
Advirtió que el daño es aún mayor si se considera que no existen otros actores
en el mercado capaces de ofrecer una solución similar a corto plazo. De ahí que,
al bloquear al único proponente que logró superar el trámite de licenciamiento,
la sentencia no solo vulneró la libertad económica de un particular, sino que
perjudicó directamente el interés general.
i) Incorrecta aplicación del principio de precaución y ausencia de un juicio
de proporcionalidad
Advirtió que, si bien la decisión judicial cuestionada aparenta fundamentarse en
el principio de precaución, en realidad lo desnaturaliza al aplicarlo como una
cláusula abierta para la prohibición, con lo que omitió el riguroso juicio de
proporcionalidad que la jurisprudencia constitucional exige para limitar derechos
fundamentales.
Explicó que el principio de precaución requiere un análisis estructurado que
demuestre la adecuación, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto
de la medida restrictiva, requisitos que no fueron analizados en la providencia,
porque:
(i) No identificó con precisión un daño cierto, grave e irreversible que justifique la anulación total
de la licencia, limitándose a enunciar riesgos genéricos.
(ii) No se apoyó en estudios científicos serios y concordantes que demuestren la inminencia de
dicho daño.
(iii) Omitió el análisis de necesidad, pues nunca consideró la existencia de alternativas menos
lesivas, como la imposición de condicionamientos adicionales a la licencia, que era la vía
adoptada por la ANLA para gestionar los riesgos.
(iv) No realizó omisión más un estudio de la proporcionalidad en sentido estricto al no adelantar
una ponderación entre los principios en conflicto.
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Afirmó que, en su lugar, otorga una prevalencia absoluta y abstracta a una supuesta protección
ambiental, sin sopesarla con el debido proceso, la confianza legítima, la libertad de empresa y, sobre
todo, con el carácter constitucionalmente imperioso del servicio de saneamiento básico.
3. Trámite previo
El 19 de agosto de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó
notificar al demandante y a la autoridad judicial accionada. Adicionalmente, se vinculó
al municipio de Bojacá (Cundinamarca), a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, a la
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Asociación Ambiental y
Cultural Guechas, como terceros con interés.
4. Oposiciones
El consejero Germán Eduardo Osorio Cifuentes, perteneciente a la Sección Primera
del Consejo de Estado y ponente de la decisión controvertida, solicitó que se declare
la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de
relevancia constitucional; y, en caso de análisis de fondo, que se nieguen las
pretensiones de la solicitud de amparo.
En primer lugar, afirmó que la controversia planteada no gira en torno al goce de un
derecho fundamental, sino que se limita a expresar inconformidades con la decisión
adoptada por el juez natural en el ejercicio legítimo de sus funciones. Al respecto,
expresó que la accionante reiteró los mismos puntos de controversia legal que fueron
el núcleo del proceso de nulidad especial ambiental y que fueron resueltos en la
sentencia del 20 de febrero de 2025.
Al respecto, explicó que:
a) Las alegaciones sobre un supuesto defecto sustantivo relacionado con la visita
técnica de la ANLA del 27 de diciembre de 2017 fueron objeto de análisis en el fallo
cuestionado, en el cual explicó que, si bien la diligencia no constituía un dictamen
pericial, sí tenía connotación probatoria, reconocida por la propia ANLA. Por tal
motivo, concluyó que dicha prueba debió haberse recaudado con garantías de
contradicción, es decir, decretándose mediante auto previo y corriendo traslado de
esta, lo cual no ocurrió, vulnerando el debido proceso administrativo de los
intervinientes.
b) En cuanto a los argumentos respecto al defecto fáctico, sostuvo que realizó un
estudio de las pruebas aportadas, entre las que destacó: la cartografía elaborada
por la CAR durante la actuación administrativa; el Concepto núm. 963 de 2015 y el
informe técnico núm. 370 de 2015 ambos emitidos por la CAR; los informes técnicos
DESCA 1136 de 2015 y DESC 570 de 2016; el EIA elaborado por la propia sociedad
accionante en 2014 y su complementación en 2015; el memorial de respuesta de la
accionante de febrero de 2016 y el Plan de Gestión del Riesgo y Vertimiento; el
estudio elaborado por la UAESP en 2016 sobre el área denominada O7 en el
municipio de Bojacá; el oficio de la Dirección Técnica de Geociencias Básicas del
Servicio Geológico Colombiano de enero de 2022.
Señaló que, del análisis de esas pruebas, se desprendía la existencia de falsa
motivación del acto administrativo demandado.
Además, anotó que la sentencia detalló cómo la ANLA, a partir de una única
inspección visual, descartó la interconexión de las dinámicas hídricas, lo que
contradijo los resultados de tres visitas previas y la caracterización técnica de la CAR.
Asimismo, identificó cinco incertidumbres científicas y fácticas que impedían
descartar la afectación a la zona de recarga de acuíferos, como el alto grado de
fracturamiento del macizo rocoso y la falta de certeza sobre la ubicación de las obras
respecto al nivel freático.
c) Respecto al defecto por falta de motivación por la participación ciudadana y la
caracterización socioeconómica, afirmó que fueron abordadas en la providencia,
frente a lo cual se evidenció que el EIA presentaba falencias cualitativas y
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cuantitativas significativas, máxime si se tenía en cuenta que ni siquiera las
autoridades municipales de Bojacá tenían conocimiento detallado del proyecto. De
ahí que, la ANLA concedió la licencia sin que estos componentes básicos y
determinantes estuvieran plenamente satisfechos, por lo que vulneró los artículos 15
y 21 del Decreto 2820 de 2010.
En segundo lugar, advirtió que, en el evento que se estudie de fondo los argumentos del
escrito de tutela, tampoco habría lugar al amparo constitucional solicitado, en razón a que la
sentencia constituyó un ejercicio judicial ponderado que realizó un análisis detallado y
exhaustivo de los medios de prueba y se fundamentó en la normativa y la jurisprudencia
aplicables al caso concreto.
Sobre el particular, sostuvo que no se configura el defecto sustantivo porque la visita
de evaluación al proyecto, realizada el 27 de diciembre de 2017 por el equipo técnico
de la ANLA, no fue erróneamente interpretada como un dictamen pericial, pues lo que
se identificó es que dicha diligencia, en el marco del procedimiento administrativo
reglado por el Decreto 1076 de 2015 y la Ley 1437 de 2011, tiene una connotación
probatoria. Además, que la propia ANLA le reconoció tal carácter mediante el auto
421 de 2018.
Por ello, en atención al derecho fundamental al debido proceso, al ser esta una prueba
recaudada en el marco del procedimiento, su práctica debía cumplir con la obligación
de ser decretada formalmente y de dar traslado de sus resultados a las partes para
garantizar su derecho a la contradicción. Sin embargo, se evidenció que este fue
omitido.
Indicó que tampoco se configura el defecto fáctico en la valoración probatoria de las
afectaciones al recurso hídrico y a la zona de recarga de acuíferos, porque el análisis
desplegado tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas decretadas y practicadas en el
proceso; y de ese análisis se concluyó que la ANLA incurrió en falsa motivación,
pues a partir de una única y superficial visita de observación, concluyó que las
dinámicas hídricas del territorio no estaban interconectadas, contrariando
abiertamente los resultados de tres visitas previas y la caracterización técnica de la
CAR.
De igual forma, sobre la afectación de la zona de recarga de acuíferos, la valoración
probatoria permitió identificar cinco hechos técnicos determinantes, que demostraban
que la resolución demandada no había cumplido con el deber legal de conservación
de estos ecosistemas frágiles.
Finalmente, consideró que no existía defecto por falta de motivación o violación
directa de la Constitución Política porque no desconoce la relevancia de la
prestación de los servicios públicos; por el contrario, afirma que es precisamente en
virtud de esa importancia que proyectos como los rellenos sanitarios deben someterse
a un riguroso proceso de licenciamiento ambiental, con el objeto de garantizar su
prestación en un marco de respeto por el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Además, que el fallo motivó de forma suficiente las razones por las cuales el acto
administrativo de la ANLA transgredió múltiples disposiciones de orden constitucional
y legal en materia de debido proceso, caracterización socioeconómica, protección de
humedales y gestión de lixiviados.
En cuanto a las alegaciones sobre la vulneración del buen nombre y la libertad de
empresa, advirtió que el objeto del medio de control de nulidad especial ambiental es
exclusivamente decidir sobre la legalidad de un acto administrativo, por lo que dichos
planteamientos escapaban de la naturaleza del proceso judicial.
5. Intervención de los terceros con interés
El municipio de Bojacá (Cundinamarca) solicitó negar la acción de tutela por
improcedente, porque el accionante pretende utilizar el amparo como una instancia
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adicional para reabrir un debate judicial ya concluido, motivado por intereses
económicos particulares y no por una vulneración real de derechos fundamentales.
Argumentó que la tutela carece de relevancia constitucional, ya que el demandante
no sustenta de forma concreta la supuesta vulneración al debido proceso.
Adicionalmente, defendió la decisión de la Sección Primera, porque, a su juicio, se
expuso detalladamente la inviabilidad ambiental del proyecto de relleno sanitario.
Resaltó que el proyecto se ubica sobre la Formación Guadalupe, la cual fue descrita
como una unidad geológica de importancia crítica que constituye el principal acuífero
de la Sabana de Bogotá y una zona estratégica para la recarga hídrica de la región.
Advirtió que su composición de areniscas fracturadas e intercalaciones de arcillas la
hace altamente vulnerable a la contaminación, representando un riesgo grave e
irreversible de que los lixiviados generados por el relleno migren y contaminen las
fuentes de agua subterránea que abastecen a la población, la agricultura y la
ganadería en la cuenca del río Bogotá.
Argumentó que, si bien el proyecto contempla barreras geosintéticas, estas tienen una
vida útil limitada frente a la escala temporal de un acuífero, y el riesgo de falla por
degradación, punzonamiento o inestabilidad geotécnica no puede ser descartado.
Adicionalmente, se explicó que el sellado de grandes superficies de suelo para la
operación del relleno reduciría drásticamente la infiltración natural de agua lluvia,
interrumpiendo el proceso de recarga del acuífero y afectando así la disponibilidad de
agua a largo plazo.
Asimismo, manifestó que la implantación del proyecto contraviene el Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS); desconoce los
determinantes ambientales del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica (POMCA) del Río Bogotá, que catalogan dichas zonas como de
protección obligatoria; y viola lo dispuesto en el Decreto 838 de 2005, que obliga a
excluir sitios con riesgo de contaminación de aguas subterráneas.
Igualmente, indicó que el proyecto no es compatible con el Esquema de Ordenamiento
Territorial (EOT) del propio municipio.
Finalmente, mencionó como impactos negativos adicionales la afectación a la calidad
del aire por la emisión de olores ofensivos y bioaerosoles, la fragmentación de la
Estructura Ecológica Principal (EEP), y el aumento del ruido y el tráfico pesado en las
vías municipales.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) solicitó que se
niegue la pretensión de amparo con fundamento en que la accionante pretende
convertir la tutela en una instancia adicional para decretar y reevaluar pruebas, lo cual
carece de justificación, máxime si se tiene en cuenta que en la sentencia cuestionada
se garantizó el derecho al debido proceso y el principio de contradicción.
Advirtió que, aunque el actor invoca el debido proceso, sus argumentos defienden
realmente intereses colectivos como el ambiente sano. Por tanto, el mecanismo
judicial idóneo para debatir dichas pretensiones es la acción popular, conforme con la
Ley 472 de 1998, y no la acción de tutela.
Anotó que el proyecto del relleno sanitario no es viable por estar afectado por
determinantes ambientales, entre los que mencionó el POT del municipio de Bojacá;
el POMCA del Río Bogotá y, el Distrito de Manejo Integrado Salto del Tequendama
Cerro Manjui.
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Manifestó que la acción no cumple con los presupuestos para ser admitida, toda vez
que el actor no sustentó de forma precisa la afectación al debido proceso y disimula
un interés particular como uno de relevancia constitucional.
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) pidió su
desvinculación del trámite de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Argumentó que su participación en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho se limitó a la de un tercero interesado, debido a que se citó un informe técnico
contratado por la entidad, pero nunca tuvo la calidad de parte demandada.
La representante legal del Observatorio de los Servicios Públicos Domiciliarios,
en calidad de «veedor ciudadano», manifestó actuar como tercero con interés, al
tratarse de un asunto que se encuentra relacionado con los derechos fundamentales
y colectivos de los usuarios del servicio de aseo.
Sostuvo que la decisión judicial que anuló la licencia ambiental del proyecto Parque
Ecológico Praderas del Antelio representa una grave amenaza para la continuidad del
servicio público de aseo y disposición final de residuos sólidos, del cual dependen más
de diez millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca.
Fundamentó su interés en el inminente colapso técnico de los rellenos sanitarios
existentes, cuya vida útil, según informes de la Superintendencia de Servicios Públicos,
es inferior a 18 meses. Advirtió que la falta de una alternativa viable como la que
representaba el proyecto genera un riesgo directo al derecho fundamental a la salud
y al saneamiento básico, y ya ocasiona efectos adversos como demoras en la
recolección de basuras. En consecuencia, solicitó a esta autoridad judicial ponderar
las consecuencias regresivas de dicha providencia y proteger los derechos
fundamentales de los usuarios del servicio.
Pedro Germán Peña Rodríguez, en calidad de veedor ciudadano del servicio público
de aseo en la región centro-occidente de Cundinamarca, solicitó su intervención en el
trámite de tutela como tercero interesado. Justificó su petición en el grave riesgo para
el ambiente y la salud pública que, a su juicio, representa la suspensión del proyecto
Praderas del Antelio.
Señaló que este proyecto es la única alternativa técnicamente viable para enfrentar la
inminente saturación de los rellenos sanitarios de la región. Afirmó que la falta de sitios
de disposición final es el «eslabón más débil» del servicio, lo que ya ocasiona retrasos
y el uso de botaderos informales. Fundamentó su interés en los derechos al ambiente
sano, al desarrollo sostenible y al acceso a servicios públicos. Consideró que impedir
el funcionamiento de una solución licenciada es una decisión regresiva que fomenta
la proliferación de vertederos ilegales. Finalmente, instó al despacho a tomar una
decisión de fondo para mitigar el riesgo que enfrentan millones de personas.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) coadyuvó la acción de
tutela y respaldó los argumentos y pretensiones de la empresa accionante.
En ese sentido, sostuvo que la decisión judicial controvertida fue desproporcionada,
pues se fundamentó en una interpretación restrictiva del principio de precaución y se
centró en formalidades procesales, sin realizar la adecuada ponderación
constitucional que el caso ameritaba. A su juicio, el juez de la causa no valoró la
naturaleza «imperiosa» del servicio de disposición de residuos para la salud pública,
un factor crucial en el contexto de la crisis sanitaria derivada del inminente colapso de
los rellenos sanitarios de Bogotá y Cundinamarca.
Adicionalmente, para defender la rigurosidad de su propia actuación, la ANLA precisó
que asumió la competencia en el trámite por un conflicto de interés en la CAR, por
disposición expresa de la Procuraduría. Hizo hincapié en que la licencia otorgada no
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fue una autorización incondicional, sino, por el contrario, el resultado de una
ponderación integral que impuso al proyecto condiciones estrictas y verificables en
todos sus componentes (físico, biótico y socioeconómico), tales como la gestión de
biogás, el control de olores y ruido, la protección de las fuentes hídricas, la promoción
de la participación ciudadana y la implementación de un sistema de seguimiento
permanente.
Mediante memorial del 27 de agosto de 2025, la ANLA manifestó su decisión de
desistir de la coadyuvancia que había presentado previamente en favor de la empresa
accionante. En el escrito, la entidad solicitó al Despacho tener por retirada dicha
intervención, sin exponer los motivos de su desistimiento.
El señor Sebastián Melo, como representante legal de la sociedad C.I. Melo Arango
S.A.S. presentó una serie de comunicaciones para intervenir en el proceso de tutela.
Inicialmente, la Secretaría del Consejo de Estado le requirió aclarar el objeto de su
petición, ya que no era claro si se trataba de una demanda, un recurso u otra figura
procesal. En respuesta, el interviniente aclaró que su intención era solicitar
formalmente ser parte del presente proceso.
Adicionalmente, pidió que se vincule a las alcaldías de las principales ciudades del
país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla), empresas del sector energético (Ecopetrol,
EPM, ISA), ministerios (Vivienda, Ambiente, Minas y Energía) y el Departamento
Nacional de Planeación.
Expuso que el propósito de su intervención es proporcionar un panorama más amplio
sobre la gestión de residuos orgánicos. Para ello, presentó su tecnología «HIDESS»
como una alternativa a los rellenos sanitarios, capaz de transformar dichos residuos
en energía renovable. Sostiene que esta solución puede reducir la cantidad de
desechos que llegan a los rellenos entre un 25% y un 55%, duplicando su vida útil.
Fundamentó la pertinencia de su solicitud en un contexto de crisis y compromisos
nacionales. Menciona el inminente colapso de los rellenos sanitarios en varias
ciudades, un déficit de energía previsto a corto y mediano plazo en Colombia, los
compromisos del país derivados del Acuerdo de París y el Acuerdo de Escazú, y
programas gubernamentales como «Basura Cero».
Mediante memorial de 14 de octubre de 2025, el señor Sebastián Melo, como
representante legal de la sociedad C.I. Melo Arango S.A.S. reiteró la solicitud inicial y
solicitó se respondiera su «derecho de petición».
6. Memorial adicional presentado por el accionante
El Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A. E.S.P reiteró la necesidad de
practicar la inspección judicial solicitada, pues insistió en que la inspección
demostraría que la anulación de la licencia ambiental careció de sustento probatorio
y que el asunto es vital ante el inminente vencimiento de la vida útil del relleno Doña
Juana.
Sostuvo que la solicitud de amparo cumple con los requisitos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales establecidos por la jurisprudencia de esta Sección.
Destacó que la providencia acusada incurrió en un defecto fáctico al carecer de apoyo
probatorio y limitarse a comparar posturas técnicas sin una valoración real. Finalmente,
solicitó acoger una postura garantista para prevenir un perjuicio irremediable derivado
de una inminente emergencia sanitaria.
Mediante auto de 16 de septiembre de 2025, el despacho de la consejera ponente
resolvió de forma negativa dicha solicitud.
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7. Auto vincula a terceros y decreta pruebas de oficio
El 29 de septiembre de 2025, el despacho de la ponente resolvió vincular como
terceros con interés a la Gobernación de Cundinamarca, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible.
Además, se decretaron pruebas de oficio para tener mayores elementos de juicio ante
el argumento presentado por la accionante, relacionado con una inminente crisis
sanitaria y ambiental en Bogotá y Cundinamarca causada por el agotamiento de la
vida útil de sus rellenos sanitarios.
Considerando la necesidad de contar con mayores elementos de juicio para tomar una
decisión de fondo, se ordenó a los vinculados presentar un informe técnico para que
explicaran:
(i) Cuál es el riesgo, a mediano y largo plazo, de que se configure una emergencia
sanitaria en los municipios de Cundinamarca por la falta de capacidad operativa
en la gestión de residuos sólidos.
(ii) Detallar el estado actual y la vida útil proyectada, a mediano y largo plazo, de cada
uno de los rellenos sanitarios que se encuentran en operación en el departamento
de Cundinamarca.
(iii) Si actualmente cursa alguna solicitud de licencia ambiental para la construcción y
operación de un nuevo proyecto de disposición final de residuos sólidos que
pretenda servir a los municipios de Cundinamarca.
(iv) Precisar el rol que el proyecto Relleno Sanitario Parque Ecológico Praderas del
Antelio podría desempeñar, a mediano y largo plazo, como solución para la
disposición de residuos sólidos.
(v) Cualquier otra información técnica que consideren relevante para comprender la
situación actual y las proyecciones a futuro de la capacidad del departamento para
la disposición final de residuos sólidos.
Además, se ordenó a la ANLA que certificara si la licencia ambiental del proyecto se
limitó a municipios de Cundinamarca o si incluía también a Bogotá.
8. Informes presentados por los terceros vinculados al presente trámite
En cumplimiento de lo ordenado en la providencia anterior, se recibieron los siguientes
informes:
• Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental (DESCA) de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
La CAR rindió informe en los siguientes términos:
(i) Sobre el riesgo de una emergencia sanitaria afirmó que desde que asumió
la competencia sobre los rellenos sanitarios en 2022, no ha recibido alertas
formales por parte de los municipios, operadores o el Distrito Capital sobre
un riesgo inminente de emergencia sanitaria derivado de la falta de
capacidad operativa.
No obstante entidad advirtió que los Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (PGIRS) de los municipios de su jurisdicción evidencian una baja
tasa de aprovechamiento. Esta situación, sumada a los altos volúmenes de
residuos generados, ejerce una presión sobre la operación actual de los
rellenos sanitarios. Por ello, concluyó que es imperativo que las entidades
territoriales optimicen sus estrategias de aprovechamiento para mitigar
dicho riesgo.
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(ii) En cuanto al estado actual y vida útil de los rellenos sanitarios, detalló la
situación de los principales sitios de disposición final en el departamento,
así:
Asimismo, explicó la situación de los rellenos Cucunubá y San Miguel de
Sema que atienden a sus respectivos municipios, con proyecciones hasta
2031 (Cucunubá) o mediante la implementación de nuevas celdas según la
necesidad (San Miguel).
(iii) En lo relacionado con las solicitudes de licencias ambientales en trámite
informó que se encuentran en evaluación tres solicitudes clave para la
ampliación de la capacidad en la región, del siguiente modo:
(iv) En cuanto al rol del proyecto Parque Ecológico Praderas del Antelio, advirtió
que esa entidad, en ejercicio de sus competencias, negó la licencia
ambiental para este proyecto mediante la Resolución No. 2364 del 31 de
agosto de 2017 y reiteró los argumentos expuestos en ese acto
administrativo.
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aclaró que, si bien es el organismo
rector de la política ambiental en Colombia, no tiene competencia directa en la
prestación, control o supervisión del servicio público de aseo y disposición final de
residuos sólidos, por lo que no cuenta con información técnica consolidada o bases
de datos oficiales sobre los puntos solicitados en el informe.
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Manifestó que su función es la formulación de políticas públicas y lineamientos
generales para la gestión integral de residuos, como el CONPES 3874 de 2016 y la
Estrategia Nacional de Economía Circular. De modo que, su objetivo es promover la
reducción, el aprovechamiento y la valorización de residuos para disminuir la presión
sobre los rellenos sanitarios.
Respecto al proyecto específico Relleno Sanitario Parque Ecológico Praderas del
Antelio, el Ministerio subrayó que no participó en el trámite de licenciamiento ambiental,
el cual fue gestionado y decidido por la ANLA.
Además, advirtió que no fue parte en el proceso judicial de nulidad que se adelantó
contra dicha licencia ante el Consejo de Estado.
En consecuencia, afirmó que desconoce los detalles técnicos y procesales del
proyecto y afirma que cualquier información de fondo debe ser solicitada directamente
a la ANLA.
• Gobernación de Cundinamarca (Secretaría de Bienestar Verde)
La Gobernación de Cundinamarca, mediante la Secretaría de Bienestar Verde,
presentó informe técnico sobre la situación de la disposición de residuos sólidos en el
departamento y señaló lo siguiente:
Dijo que no se prevé un riesgo de emergencia sanitaria a mediano plazo, puesto que
no existen fallas generalizadas en los programas de gestión integral de residuos
(PGIRS) de los municipios. Sin embargo, admite que, a largo plazo, el riesgo
dependerá del manejo que cada municipio les dé a sus residuos.
En cuanto a la vida útil de los rellenos sanitarios, informó sobre los principales rellenos
sanitarios en operación en el departamento y su vida útil proyectada, del siguiente
modo:
• Relleno sanitario Nuevo Mondoñedo: Según datos de febrero de 2025, tiene una vida
útil de 14 meses. No obstante, una nueva licencia ambiental de mayo de 2025 le otorga
una proyección de diez años adicionales.
• Praderas del Magdalena: A febrero de 2025, le quedan 6.3 meses de vida útil. Sin
embargo, una licencia de septiembre de 2024 le proyecta catorce años más.
• Cucunubá: Tiene una proyección de quince años, pero atendiendo a un solo municipio.
Respecto a las solicitudes de nuevas licencias ambientales, manifestó no tener
conocimiento de que actualmente se esté tramitando alguna de ellas ante las
autoridades competentes (CAR o ANLA).
En relación con el rol del proyecto Praderas del Antelio, señaló que los 116 municipios
del departamento de Cundinamarca ya tienen sitios de disposición final avalados.
Considera que un nuevo proyecto como Praderas del Antelio podría complementar las
actividades de los rellenos sanitarios existentes.
Como información técnica adicional, indicó que, a pesar de que los rellenos actuales
tienen una vida útil proyectada superior a 10 años, existe un alto crecimiento
poblacional (superior al 27% en los últimos 5 años) y el consecuente aumento en la
generación de residuos (cerca del 11% en el mismo período). Por ello, recomienda
que los futuros proyectos de disposición final se orienten hacia el aprovechamiento,
para que a los vertederos solo lleguen los residuos que no se pueden reutilizar.
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• Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD)
LA SSPD presentó un informe técnico sobre la situación de la disposición final de
residuos sólidos en Bogotá y Cundinamarca.
Manifestó que sus funciones se centran en la inspección, vigilancia y control de los
prestadores de servicios públicos, pero no tiene competencia para declarar
emergencias sanitarias, ya que esa es una atribución de los entes territoriales. Dijo
que tampoco está a su cargo el trámite de licenciamiento ambiental para nuevos
rellenos, función que corresponde a las CAR y a la ANLA. Por ello, solicitó que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva de esa entidad.
En cuanto a la disposición de residuos de Bogotá y Cundinamarca, explicó que se
realiza en cuatro rellenos sanitarios autorizados, así:
RELLENO UBICACIÓN COBERTURA VOLUMEN VIDA ÚTIL ESTADO
SANITARIO PROYECTADA DE
ALERTA
NUEVO Bojacá, 80 municipios de 1,175.8 Extensión de 10 No
MONDOÑEDO Cundinamarca Cundinamarca toneladas/día años a partir de informado
mayo de 2025.
DOÑA JUANA Ciudad Bolívar, Bogotá y 7 No informado Hasta el primer Crítico
Bogotá D.C. municipios de semestre de 2029. (vida útil
Cundinamarca restante < 3
años).
PRADERAS Girardot, 42 municipios de 11,303 Hasta el 15 de No
DEL Cundinamarca Cundinamarca y toneladas/mes junio de 2045. informado
MAGDALENA Tolima
CUCUNUBÁ Vereda Municipio de No informado Hasta el 5 de No
Aposentos, Cucunubá mayo de 2055. informado
Cucunubá
Respecto al riesgo de emergencia sanitaria, dijo que, si bien no tiene competencia
para declarar una emergencia sanitaria, utiliza un sistema de alertas basado en la vida
útil de los rellenos. Considera como «situación crítica» a aquellos con una vida útil
remanente de 0 a 3 años, ya que la puesta en marcha de un nuevo sitio puede tardar
aproximadamente ese tiempo. Actualmente, el Relleno Sanitario Doña Juana es el
único clasificado en esta categoría. La SSPD participa activamente en la mesa de
críticos rellenos sanitarios promovida por el Ministerio de Vivienda para proponer
soluciones a esta problemática.
En cuanto al rol del proyecto Praderas del Antelio afirmó que no puede determinar el
rol que podría desempeñar, porque este no se encuentra registrado en el Sistema
Único de Información (SUI) y, por lo tanto, no ha sido objeto de sus actividades de
inspección, vigilancia y control.
Finalmente, añadió que considera críticas situaciones como irregularidades operativas,
la disposición de residuos en lugares no autorizados como botaderos a cielo abierto y
problemas de orden público que interrumpen el servicio, como los bloqueos de las
comunidades. Para abordar esta problemática, dijo que el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio ha creado la «mesa de críticos rellenos sanitarios», en la que la
SSPD participa activamente para proponer soluciones a la crisis que enfrentan los
sitios que han colapsado o llegado al final de su vida útil.
Al respecto, resaltó que los rellenos Doña Juana y Praderas del Magdalena han sido
objeto de estas mesas de trabajo, y en la última sesión del 8 de abril de 2025 se
concluyó que la operación de una nueva celda representa un avance importante para
la continuidad del servicio.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
Cuestión previa: análisis sobre la supuesta crisis sanitaria y ambiental en
Bogotá D.C. y el departamento de Cundinamarca
La sociedad accionante alegó como uno de sus argumentos de la presente solicitud
de amparo la existencia de una supuesta crisis inminente en la gestión de residuos
sólidos en Bogotá y Cundinamarca, derivada del colapso y agotamiento de la vida útil
de los rellenos sanitarios. Según su argumentación, el proyecto Parque Ecológico
Praderas del Antelio es la única solución viable a esta problemática, y la providencia
judicial cuestionada desconoció esta grave situación.
Dada la trascendencia de dicho argumento, pues una eventual crisis en la gestión de
residuos sólidos podría generar graves problemas ambientales y una afectación
masiva de derechos fundamentales, el despacho de la ponente consideró necesario
verificar, mediante pruebas técnicas, si la afirmación sobre dicha crisis corresponde
con la realidad.
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Para ello, mediante auto del 29 de septiembre de 2025, se solicitó a las entidades con
competencia técnica y rectoría en la materia (la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR), la Gobernación de Cundinamarca, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible) que rindieran un informe detallado sobre el estado actual y proyectado de
la disposición final de residuos en la región.
Una vez analizados los informes técnicos aportados al expediente, se concluye que el
escenario de crisis generalizada e inminente descrito por la accionante no encuentra
respaldo en la evidencia oficial, pues las entidades encargadas de la gestión,
planificación y vigilancia del servicio público de aseo señalaron una realidad distinta.
Sobre el particular, se encuentra que no hay una emergencia sanitaria declarada o
inminente, tanto la CAR como la Gobernación de Cundinamarca señalaron que no han
recibido alertas formales ni prevén un riesgo de emergencia sanitaria. La CAR precisó
que, desde que asumió la competencia en 2022, ninguna entidad territorial u operador
ha reportado una situación de riesgo inminente. Si bien ambas entidades reconocen
desafíos a largo plazo por el crecimiento poblacional y las bajas tasas de
aprovechamiento, esta situación se enmarca en una necesidad de optimización de la
gestión y no en un colapso operativo.
Asimismo, los informes de la Gobernación de Cundinamarca y la SSPD desvirtúan la
idea de un agotamiento inmediato, toda vez que los proyectos como el Relleno
Sanitario Nuevo Mondoñedo y Praderas del Magdalena han obtenido licencias
ambientales que extienden su operación por 10 y 14 años adicionales,
respectivamente.
Además, la CAR informó que se encuentran en evaluación tres solicitudes de licencia
ambiental para la ampliación y optimización de la capacidad de los rellenos de Nuevo
Mondoñedo, Praderas del Magdalena y La Esmeralda, lo que demuestra que el
sistema está gestionando activamente la necesidad de expansión.
De igual forma, la SSPD, con su sistema de alertas técnicas, identifica como situación
crítica (menos de 3 años de vida útil) únicamente al Relleno Sanitario Doña Juana,
que atiende principalmente a Bogotá. Sin embargo, esta situación no es desconocida
ni desatendida y, por el contrario, la misma entidad informó que este caso es objeto
de seguimiento activo a través de la «mesa de críticos rellenos sanitarios», liderada por
el Ministerio de Vivienda, donde se articulan soluciones para garantizar la continuidad
del servicio.
En síntesis, las pruebas recaudadas demuestran que las autoridades competentes no
solo descartan una crisis sanitaria generalizada e inminente en la región, sino que
acreditan la existencia de una planificación que ha resultado en la extensión de la vida
útil de los principales sitios de disposición y la evaluación de nuevos proyectos.
De la vinculación como tercero con interés del señor Sebastián Melo,
representante legal de C.I. Melo Arango S.A.S.
Mediante diversas comunicaciones, el señor Sebastián Melo, en calidad de
representante legal de la sociedad C.I. Melo Arango S.A.S., solicitó su vinculación y
la de un grupo de entidades públicas y empresas privadas al presente trámite de
tutela.
En primer lugar, se debe señalar que la intervención del señor Melo como tercero con
interés es procedente, pues el presente asunto trata de una acción de tutela dirigida a
controvertir la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el
trámite de una nulidad especial ambiental, esto es, una acción pública.
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En consecuencia, se accede a la solicitud del señor Sebastián Melo de ser vinculado
como tercero interviniente en el presente proceso.
No obstante, es necesario precisar que el objeto de la presente acción de tutela
consiste en determinar si la Sección Primera del Consejo de Estado, al proferir la
sentencia del 20 de febrero de 2025 dentro del medio de control de nulidad especial
ambiental (expediente 11001-03-24-000-2018-00393-00), vulneró los derechos
fundamentales de la sociedad Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S E.S.P.,
particularmente por haber incurrido en las causales específicas de procedencia de
tutela contra providencia judicial que la accionante alega.
Por ello, no es procedente la solicitud de vinculación de las alcaldías de Bogotá,
Medellín, Cali y Barranquilla; las empresas Ecopetrol, EPM e ISA; los ministerios de
Vivienda, Ambiente y Minas y Energía; y el Departamento Nacional de Planeación.
Por cuanto, como se precisó, el análisis en esta sede se contrae a la providencia
judicial proferida dentro del proceso de nulidad, del cual ninguna de estas entidades
fue parte.
En este orden de ideas, al quedar desvirtuada con pruebas técnicas la premisa fáctica
sobre la cual la accionante edificó la supuesta emergencia sanitaria, se concluye que
este argumento carece de la relevancia constitucional necesaria para ser el eje central
de la presente solicitud de amparo, por lo que no se realizará un estudio de potencial
vulneración de derechos al ambiente sano o la salubridad pública que podrían
derivarse de dicha situación.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la relevancia constitucional de la
presente acción sí se configura desde la perspectiva de los derechos fundamentales
que la sociedad accionante alega como vulnerados directamente por la providencia
judicial cuestionada.
Otras cuestiones previas
Previo a formular los problemas jurídicos correspondientes, se considera necesario
pronunciarse sobre algunos de los argumentos expuestos en la acción de tutela que,
por su naturaleza, exceden el ámbito de la controversia que fue resuelta en la
sentencia cuestionada. Por lo tanto, no serán objeto de un análisis de fondo en esta
providencia.
El accionante acusa una incorrecta aplicación del principio de precaución. Sin
embargo, la lectura de la sentencia del 20 de febrero de 2025 permite constatar que
el Consejo de Estado, Sección Primera aclaró que su decisión no se fundamentó en
la aplicación de dicho principio.
Sobre el particular, se tiene que el análisis de la autoridad judicial demandada se
centró en el presunto incumplimiento de requisitos legales previos y esenciales para
la expedición de la licencia, como la debida conformación del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) y la motivación suficiente del acto. Por ello, dicha controversia, que
se encuentra relacionada con la valoración de las pruebas y la suficiencia o no de los
estudios que respaldaban al EIA, será analizada al estudiar los cargos por defecto
fáctico y falta de motivación formulados en la tutela.
Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala determinar si la providencia
de la Sección Primera del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales de
la sociedad accionante al debido proceso, buen nombre y libertad de empresa, al
anular la licencia ambiental del proyecto Parque Ecológico Praderas del Antelio.
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Para sustentar dicha vulneración, la demandante alega que la sentencia incurrió en:
(i) defecto sustantivo 4 , al interpretar erróneamente las normas sobre las visitas
técnicas en el trámite ambiental; (ii) defecto fáctico, por actuar como un árbitro técnico
sin decretar pruebas de oficio (inspección judicial o peritaje) y por omitir la valoración
de los conceptos de la Procuraduría; (iii) y, defecto por falta de motivación, que se
manifiesta en: la presunta contradicción al analizar la compatibilidad del proyecto con
el uso del suelo; la insuficiente justificación frente a la falta de participación ciudadana;
la valoración desproporcionada del permiso de vertimientos; y (iv) la omisión de una
ponderación entre la protección ambiental y la necesidad imperiosa del servicio
público de aseo.
La Sala anticipa que negará el amparo solicitado, al concluir que la providencia judicial
controvertida no incurrió en ninguno de los defectos que le fueron endilgados, toda
vez que la decisión cuestionada realizó un ejercicio interpretativo razonable de las
normas procesales y ambientales, se fundamentó en una valoración completa de las
pruebas obrantes en el expediente y contó con una motivación suficiente frente a cada
uno de los cargos que llevaron a la anulación del acto administrativo.
Por razones metodológicas, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i)
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el
presente caso; (ii) Defecto sustantivo en el caso concreto; (iii) Defecto fáctico en el
caso concreto; y (iv) Defecto por falta de motivación en el caso concreto.
(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en el presente caso
La Sala anota que la acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia
constitucional porque la parte actora invoca la protección del derecho fundamental al
debido proceso, se sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión
judicial cuestionada afecta dicho derecho, no se trata de un asunto de mera legalidad
o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi de la
decisión.
Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional,
toda vez que, la providencia judicial controvertida fue proferida en única instancia por
la Sección Primera del Consejo de Estado, decisión con la cual culminó el proceso, lo
que significa que es definitiva y contra ella no procede ningún otro recurso ordinario.
Además, de configurarse alguno de los requisitos especiales de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, se vería comprometido el derecho fundamental
al debido proceso de la parte actora, en tanto la autoridad judicial demandada habría
incurrido en: una falta de valoración de la prueba o en la omisión de decretar pruebas
de oficio; una indebida interpretación de la norma que trata sobre las visitas realizadas
en el trámite de la licencia ambiental; y si la omisión de justificar de manera suficiente
y coherente aspectos determinantes de su decisión.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface, pues,
el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la sentencia
fue proferida el 20 de febrero de 2025, notificada el 13 de marzo de 2025 por correo
electrónico (se entiende debidamente notificada el 17 de marzo de 2025, de acuerdo
4 Si bien la accionante alega la configuración de defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y de defecto sustantivo, la
Sala realizara el estudio solamente bajo la categoría de este último, porque los argumentos de la tutela no se dirigen a cuestionar
un vicio propio del trámite del proceso judicial, sino que reprochan la interpretación y aplicación que dicha autoridad judicial realizó
de las normas procesales que gobernaban la actuación administrativa.
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con lo previsto en la Ley 2213 de 2022), y el ejercicio de acción de tutela tuvo lugar el
23 de julio de 2025.
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora;
(v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y, (vi) se cumplen los requisitos de procedencia de acción de tutela.
Por lo que la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.
(ii) Del defecto sustantivo5 en el caso concreto
La sociedad accionante sostiene que la sentencia incurrió en defecto sustantivo al
interpretar de manera errónea y excesivamente formalista las normas que regulan la
visita técnica, dándole el tratamiento de una prueba pericial formal e imponiendo
cargas no previstas en la ley especial, como la necesidad de correr traslado de su
resultado.
Sobre este punto, la autoridad judicial demandada explicó que, si bien el trámite de
licenciamiento se rige por una norma especial, esto es, el Decreto 2820 de 2010 norma
especial, dicha reglamentación presenta un vacío respecto al trámite del recurso de
reposición. Por ello, debía aplicarse el principio de integración normativa y debía
acudirse a las disposiciones de la Ley 1437 de 2011, específicamente, los artículos
40 y 79, que establecen el derecho de los interesados a «controvertir las pruebas
aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de
fondo» y el deber de dar traslado a las demás partes cuando se presenten o decreten
pruebas en el trámite de un recurso.
Además, advirtió que fue la propia ANLA la que le otorgó explícitamente la calidad de
prueba a la visita, pues en el artículo cuarto del Auto 421 de 2018, esa entidad resolvió:
«(…) Tener como prueba el resultado de la visita efectuada». De ahí que, la ANLA sometió
el resultado de esa visita, contenida en el Concepto Técnico 922 de 2018 al régimen
de pruebas del procedimiento administrativo.
En ese contexto, manifestó que la ANLA estaba obligada a seguir el procedimiento
que la Ley 1437 de 2011 establece para garantizar el derecho de contradicción. Sin
embargo, actuó de forma inconsistente, porque, mientras que para otras pruebas
decretadas en el mismo auto sí ordenó el respectivo traslado, para esta omitió hacerlo,
convirtiéndola en una «prueba sorpresiva» que vulneró el debido proceso del
municipio de Bojacá y de los demás intervinientes.
Para resolver este cuestionamiento se hace necesario precisar el contexto en el que
se adelantó el trámite administrativo. Se encuentra que el trámite de licenciamiento
ambiental fue iniciado por la CAR, entidad que, mediante la Resolución 2364 de 2017,
negó la licencia al proyecto. Contra esta decisión, la sociedad accionante interpuso
recurso de reposición.
5 Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el
denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable
al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no
guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se
predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas
interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución
Política).
Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es
claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable
o desproporcionada), y, finalmente, (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva (Sentencia T – 462 de 2003, Corte Constitucional).
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De manera simultánea, la empresa presentó una recusación contra el director de la
CAR, con base en un posible conflicto de interés. Dicha recusación fue resuelta por la
Procuraduría General de la Nación, la cual encontró fundado el impedimento y, en
consecuencia, apartó a la CAR del conocimiento del asunto. Por esta razón, el
expediente fue remitido a la ANLA, quien asumió la competencia para resolver el
recurso de reposición pendiente.
Ahora bien, se encuentra que, el Decreto 2820 de 2010, norma especial que regía el
trámite de licenciamiento al momento de la solicitud, si bien contempla la procedencia
del recurso de reposición contra el acto que decide la licencia, guarda silencio sobre
el procedimiento específico que debe seguirse para su trámite, y en particular, sobre
las reglas para el decreto, práctica y contradicción de pruebas en esa etapa.
Por ello, resultaba necesario remitirse a la norma general que rige las actuaciones
administrativas, como lo dispone los artículos 2 y 34 de CPACA, los cuales establecen
que sus disposiciones se aplicarán en lo no previsto por los procedimientos regulados
en leyes especiales. Se trae en cita dichas normas:
«Artículo. 2º—Ámbito de aplicación. Las normas de esta parte primera del código se
aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en
sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del
Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se
les dará el nombre de autoridades.
(…)
Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen
en este código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales.
En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este código.»
(…)
Artículo. 34.—Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones
administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se
establece en este código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por
leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de
esta parte primera del código.»
Asimismo, la Ley 1437 de 201 impuso la garantía del principio de contradicción, en el
entendido que la Administración debe asegurar que todos los intervinientes conozcan
el material probatorio que se va a valorar. Para ello, instituyó la figura del traslado
como el mecanismo idóneo para que los interesados puedan pronunciarse sobre las
pruebas decretadas de oficio o aportadas por otros, garantizando así su derecho de
defensa y el equilibrio procesal. Dicha garantía se encuentra prevista en los siguientes
artículos:
«Artículo. 40.—Pruebas. Durante la actuación administrativa y hasta antes de que se
profiera la decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a
petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la solicitud de
pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la oportunidad de
controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la actuación, antes de
que se dicte una decisión de fondo.
Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las pidió. Si
son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales.
Serán admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento
Civil.
(…)
Artículo. 79.—Trámite de los recursos y pruebas. Los recursos se tramitarán en el efecto
suspensivo.
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Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al
interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de
decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio.
Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que
interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de
cinco (5) días.
Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor
de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin
que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días.
En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término
probatorio.»
Ahora bien, la Sala encuentra que, como lo señaló la sentencia cuestionada, la ANLA
dictó el Auto 421 de 7 de febrero de 2018, «Por el cual se decreta la práctica de unas
pruebas para resolver el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 2364 del 31
de agosto de 2017». En dicha decisión, en el título de «consideraciones jurídicas», explicó
que debía aplicarse el CPACA en lo atinente a las normas de presentación,
oportunidad y trámite del recurso de reposición. Además, citó los referidos artículos
79 y 40 ibidem, con el objeto de señalar que son las normas aplicables para el trámite
del recurso y las pruebas. Con fundamento en esas nomas, expresó que debía darse
traslado de las pruebas a los intervinientes.
De igual forma, en cuanto a la visita técnica, expresó lo siguiente:
«(…) esta Autoridad efectuó dicha visita de oficio el día 27 de diciembre de 2017, (…) a la
que fue invitada la Procuraduría General de la Nación, y la sociedad Parque Ecológico
Praderas del Antelio S.A. E.S.P., la cual contó con el acompañamiento de representantes
de esta última.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la mencionada visita hace parte intrínseca del
trámite de licenciamiento ambiental y en consecuencia, su resultado es indispensable, tal
y como en este caso se consideró, para la toma de la decisión. Por lo anterior, se precisa,
que las resultas de dicha visita se tendrá como prueba dentro del trámite objeto de
estudio.».
Posteriormente, en los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva ordenó
realizar el traslado de la certificación de uso de suelo que debía aportar el municipio
de Bojacá y del gráfico de localización de cuerpos de agua de la zona de influencia
directa e indirecta del proyecto.
Además, en el numeral cuarto de esa decisión, la entidad ambiental dispuso «Tener
como prueba el resultado de la visita efectuada al área del proyecto por el Grupo
Técnico de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales -ANLA, el día 27 de diciembre de 2017.».
Sin embargo, como lo señaló la autoridad judicial, no realizó el traslado de dicha visita
en esa ocasión, a pesar de que le otorgó la calidad de prueba. Tampoco consta que
el traslado de ese medio probatorio se hubiera realizado en algún momento antes de
que se dictara el acto administrativo que resolvió el recurso.
De igual forma, se encuentra demostrado que la ANLA profirió el Concepto Técnico
00922 de 9 de marzo de 2018 «Concepto Técnico Recurso de Reposición», que tuvo
como prueba la visita en campo realizada por la ANLA el 27 de diciembre de 2017.
Dicho concepto fue citado e hizo parte de las consideraciones de la Resolución 00363
de 13 de marzo de 2019, por medio de la cual la ANALA resolvió el recurso de
reconsideración en el sentido de reponer la decisión inicial y, en su lugar, otorgar la
licencia ambiental.
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En este contexto, se encuentra que en el fallo controvertido no se configuró el defecto
sustantivo alegado, toda vez que está demostrado que la ANLA le otorgó una
connotación probatoria a la visita técnica efectuada el 27 de diciembre de 2017. De
ahí que, debía aplicar el procedimiento probatorio establecido en el CPACA y
garantizar el derecho de contradicción. No obstante, incumplió con esa obligación,
convirtiéndola en lo que la sentencia denominó «prueba sorpresiva», que rompió el
derecho de defensa de los intervinientes.
De modo que, la interpretación de la Sección Primera del Consejo de Estado
correspondió a una aplicación de las normas que reglamentan el trámite administrativo,
las cuales garantizan el derecho al debido proceso de las partes y, contrario a lo que
afirma la parte actora, no puede ser entendido como una conclusión contraria a
derecho o vulneradora de derechos fundamentales, por el contrario, se constituyó en
garantía del derecho al debido proceso administrativo.
(iii) Del defecto fáctico6 en el caso concreto
En síntesis, la parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto fáctico porque: (i) omitió su deber de decretar pruebas de oficio, como una
inspección judicial o un dictamen pericial, para resolver la controversia técnica entre
los conceptos de la ANLA y la CAR, actuando en su lugar como un árbitro técnico sin
competencia; (ii) ignoró por completo o restó valor probatorio, sin justificación, a los
conceptos técnicos emitidos por la Procuraduría General de la Nación, los cuales eran
favorables al proyecto y desvirtuaban los riesgos ambientales advertidos; y (iii) dejó
de valorar la presunta contradicción de la propia CAR, que, había emitido conceptos
favorables al proyecto antes de su negativa a conceder la licencia.
Dado que los argumentos del defecto fáctico controvierten la valoración probatoria
realizada por la autoridad judicial en dos acápites distintos de la sentencia, uno, sobre
los recursos hídricos superficiales (humedales) y, otro, sobre la zona de recarga de
acuíferos, por razones metodológicas, la Sala los analizará de forma independiente.
En consecuencia, se estudiarán primero los argumentos que cuestionan lo relativo a
los humedales y, posteriormente, el de los acuíferos.
A. Del defecto fáctico en relación con la afectación a recursos hídricos
superficiales (humedales)
La sociedad accionante sostiene que la Sección Primera del Consejo de Estado
incurrió en un defecto fáctico al valorar la prueba sobre la presunta afectación a los
humedales, pues no se basó en una valoración probatoria integral, sino que se limitó
a actuar como un «árbitro técnico» entre los conceptos de la ANLA y la CAR, prefiriendo
sistemáticamente la postura de esta última sin una justificación técnica propia.
6
Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional ha señalado que se produce cuando de la actividad probatoria ejercida
por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.
En esta situación se incurre cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando
el juez simplemente la ignora u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente.
Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que para que se constituya una vía de hecho por defecto fáctico es necesario
que “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente
practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la
que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos
supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de
manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones
que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción.”
El defecto fáctico se presenta en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto. Se configura, entre otros, en los
siguientes supuestos: (i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de
los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas
no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo
probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro;
(iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos
en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos
probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; (v) cuando el juez de conocimiento da por probados
hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso.
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Afirmó que, ante esta controversia entre expertos, el deber de la autoridad judicial era
decretar pruebas de oficio (como una inspección judicial o un peritaje) para formar su
propia convicción, y no simplemente escoger una de las tesis.
Adicionalmente, advirtió que en la providencia cuestionada no se tuvieron en cuenta
los conceptos favorables de la Procuraduría General de la Nación que, según afirma,
desvirtuaban la existencia de los riesgos advertidos.
Sobre el particular, se encuentra que la autoridad judicial demandada, para resolver
el cargo contrastó la evidencia técnica del expediente, así:
Por un lado, constató que la ANLA fundamentó su decisión en el Concepto Técnico
922 del 9 de marzo de 2018, el cual, a su vez, se basó en los hallazgos de una única
visita de campo realizada el 27 de diciembre de 2017. Con base en esta actuación, la
ANLA concluyó que los cuerpos de agua del predio eran «reservorios artificiales» y
que los humedales naturales cercanos estaban aislados.
Por otro lado, la providencia judicial valoró los de la CAR que advertían riesgos,
específicamente el Informe Técnico 370 del 4 de septiembre de 2015 y el Informe
Técnico DESCA 1136 del 3 de diciembre de 2015, que fueron producto de varias
visitas, documentaron la existencia de un «complejo de ecosistemas acuáticos» y
«humedales antropizados» con presencia de fauna vulnerable, llevando a la CAR a
concluir que el Estudio de Impacto Ambiental era insuficiente.
Con base en esa contraposición, la sentencia concluyó que el análisis de la ANLA, al
fundarse en una «única observación visual», resultaba precario e insuficiente frente a la
evidencia técnica, detallada y sostenida en el tiempo por la CAR, configurándose así
el vicio de falsa motivación.
Ahora bien, con el fin de realizar el estudio de la presunta configuración del defecto
alegado, se presenta una tabla comparativa que resume las dos valoraciones técnicas
contrapuestas sobre el recurso hídrico superficial:
VALORACIÓN DE LA ANLA VALORACIÓN DE LA CAR VALORACIÓN DE LA CAR
FUNDAMENTO Concepto Técnico 922 de Informe Técnico 370 de 2015 Informe Técnico DESCA
PRINCIPAL 2018 - fundamentado en la (Sustentado en visitas técnicas de 5 de 1136 de 3 de diciembre de
visita de campo del 27 de diciembre y 15 de diciembre de 2014, 2015 – fundamentado en la
diciembre de 2017. realizado por una bióloga – contratista visita técnica de 15 de
de la CAR, un ecólogo – contratista de septiembre de 2014,
la CAR y un profesional especializado realizada por 5 profesionales
de la CAR. especializados y un
contratista de la CAR.
«reservorios» artificiales y Identificó un «sistema de humedales Al analizar el EIA, concluyó
«totalmente antropizados», antropizados». que: «erróneamente se
creados por diques, usados establece que no existen
NATURALEZA como «abrevadero y depósito Además, dijo que «en el área contigua ecosistemas acuáticos en el
DE LOS de agua». No se encuentran en a la zona de interés se identificaron 4 área de influencia del
CUERPOS DE los humedales identificados en humedales naturales y uno artificial, proyecto. Por lo anterior no
AGUA Colombia ni en los sitos que por sus características físicas es posible determinar por
Ramsar. alberga gran diversidad de especies de parte del consultor de
fauna y flora, mucha de ella endémica manera exacta los cambios
y con algún grado de vulnerabilidad tal en la estructura de la
es el caso de la tingua moteada comunidad hidrobiológica y
(Gallinula melanops bogotensis) y la el deterioro de su hábitat.»
monjita de pantano (Chrysomus
icterocephalus bogotensis), entre
otros.
Estos cuerpos de agua se deben tener
en cuenta, debido a su ubicación con
respecto al proyecto у su posible
afectación por el desarrollo del
mismo.»
HALLAZGOS Sostuvo que no se identificaron Observó «vegetación propia de áreas Criticó la falta de profundidad
SOBRE especies endémicas durante su inundables». en el diagnóstico de la fauna
FAUNA Y visita y que la fauna observada silvestre en el EIA. Menciona
FLORA estaba fuera del área de que la presencia de especies
influencia. amenazadas o de
importancia económica no
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VALORACIÓN DE LA ANLA VALORACIÓN DE LA CAR VALORACIÓN DE LA CAR
fueron reportadas en el
estudio.
Expuso que «(…) dada la
poca determinación y
diagnóstico completo de la
población de fauna silvestre
presente en la zona del
proyecto no hay un
conocimiento de la
verdadera afectación de este
recurso biológico si es
ejecutado el proyecto.»
CONCLUSIÓN Concluyó que dentro del área Se observa un sistema de drenaje de Determinó que, al no haber
GENERAL de influencia no existen aguas lluvias con 2 reservorios una correcta caracterización,
humedales que restrinjan el artificiales, los cuales fueron «no existe una valoración
proyecto y que no había mérito identificados con coordenadas. exacta de los verdaderos
para negar la licencia por este impactos a la fauna
aspecto. Además, advirtió que en el área de silvestre, así como en las
interés del proyecto se encuentran comunidades
Identificó los humedales los humedales Chicaque Fute, Tingua hidrobiológicas ubicadas en
Chicaque y Tingua Moteada a Moteada, Balsillas, Mosquera y Lago los humedales
1.2 km de distancia. Concluye Mayor, que tienen fauna y flora identificados».
que por la topografía (colinas y endémica.
microcuencas diferentes), no
habrá interacción con el
proyecto y los cuerpos de agua,
por lo que no sufrirían ninguna
afectación.
Aunado a lo anterior, y como lo resaltó la autoridad judicial accionada, se encuentra
que mediante el Auto DRSO 0006 del 7 de enero de 2016, la CAR requirió a la
accionante para que estableciera el «Cambio en la estructura de la comunidad
hidrobiológica (humedales artificiales o naturales identificados)» y las acciones para su
manejo.
En respuesta, el titular del proyecto, en escrito del 3 de febrero de 2016, insistió en su
premisa de que los procesos del relleno «no tienen afectación sobre humedales artificiales
o naturales», con el argumento que la ubicación del proyecto en un valle central
«proporciona condiciones de aislamiento del entorno».
Dicha respuesta fue considerada insuficiente por la CAR, que, mediante el Informe
Técnico DESC 570 del 15 de julio de 2016, insistió en que «aunque la sociedad indica
que la construcción y operación del relleno no genera afectación sobre humedales artificiales
o naturales debido a la ubicación y aislamiento del proyecto en el valle central entre dos
colinas, esto no responde con lo conceptuado en dicho Informe [Técnico 370]». Por ello, y
para poder evaluar el impacto real, la autoridad ambiental determinó que se debía
requerir al titular del proyecto que adelantara un estudio «en la primera época de lluvias
que se presente en ejecución del proyecto, para identificar las comunidades hidrobiológicas
de los humedales relacionados en el Informe Técnico 370 de 2015».
Ahora bien, con fundamento en estos conceptos, la ANLA llegó a las siguientes
conclusiones:
SUSTENTO
TÉCNICO –
RESOLUCIÓN
CONCEPTO
00363 DE
TÉCNICO
2018
00922 DE
2018
Afirmó que los
cuerpos de
agua son
1. Los
«reservorios»
cuerpos de
artificiales y
agua en el
«totalmente
área del
antropizados»,
proyecto son
producto de
artificiales y
diques
no
construidos
humedales
para la
ganadería.
Concluyó que
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no presentan
«condiciones
naturales de
humedales»
que restrinjan
el proyecto.
Expresó que
los humedales
naturales
(Chicaque,
Tingua
Moteada) se
encuentran a
1.2 km de
distancia y en
una
2. Los
microcuenca
humedales
diferente,
naturales
separados por
cercanos no
colinas.
serán
Asegura que
afectados
por la
«condición
topográfica»,
«en ningún
momento de la
ejecución del
proyecto
habrá
interacción
alguna».
Anotó que, si
bien la CAR
reportó
especies
endémicas en
su Informe
Técnico 370,
estas «no
fueron
identificadas
3. Los durante la
hallazgos de visita
fauna y flora realizada el
de la CAR no 27 de
fueron diciembre de
verificados 2017» por la
ANLA. La
fauna
observada,
según la
ANLA, se
encuentra
«fuera del
área de
influencia del
proyecto».
Concluyó que
«no se
encuentra
motivo en
4. No existe
cuanto a los
mérito para
cuerpos de
negar la
agua
licencia por
existentes en
este aspecto
la zona para
negar la
licencia
ambiental».
Por su parte, la CAR dictó la resolución por la cual negó la licencia ambiental. En lo
atinente al tema bajo análisis, expuso los siguientes argumentos:
SUSTENTO
TÉCNICO –
INFORMES
RESOLUCIÓN
TÉCNICOS
2364 DE 2017
370 Y 1136 DE
2015 Y 570 DE
2016
Sostuvo que en
1. Los
el área contigua
cuerpos de
al proyecto se
agua
encontró la
conforman un
formación de un
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complejo de «sistema de
humedales humedales
antropizados»
y un «complejo
de
ecosistemas
acuáticos» que
debían ser
tenidos en
cuenta por su
posible
afectación.
El Informe
Técnico 370 de
2015
documentó en
los humedales
contiguos la
2. El área presencia de
alberga fauna diversidad de
y flora especies de
endémica y fauna y flora,
vulnerable mucha de ella
endémica y
con algún
grado de
vulnerabilidad,
como la tingua
moteada.
Consideró que
el argumento
de la empresa
sobre el
«aislamiento»
del proyecto no
responde con lo
conceptuado en
los hallazgos
3. El EIA era técnicos.
deficiente Concluyó que,
al no haber una
caracterización
adecuada, es
imposible
valorar los
impactos reales
sobre las
comunidades
hidrobiológicas.
Señaló que «en
varios de los
informes
técnicos se
hace mención a
la presencia de
unos cuerpos
de agua tanto
superficiales
como
subterráneos
los cuales de
conformidad
con la
normatividad
legal ambiental
existente deben
4. La falta de
manejarse
información
atendiendo lo
impedía
dispuesto en el
otorgar la
Decreto 1736
licencia.
del 28 de
agosto de 2015,
que en su
artículo primero
modificó el
artículo
2.3.2.3.2.2.5
del Decreto
1077 de 2015»
Anotó que, al
no haberse
subsanado las
deficiencias del
EIA y al no
aportar la
información
requerida sobre
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los impactos en
los humedales,
era «inviable el
otorgamiento
de la licencia
solicitada».
A partir de estas pruebas, la autoridad judicial accionada expuso que el hecho de que
ambas entidades reconocieran la existencia de diques que alteraron el drenaje natural,
imponía un «deber de análisis hidráulico e hidrogeológico exhaustivo» para
verificar si el predio hacía parte de un complejo de humedales interconectados.
Asimismo, resaltó que la CAR realizó un análisis cartográfico que demostraba no solo
la cercanía de las obras a los humedales, sino que «el trayecto de la tubería que conduce
sobre los humedales Chicaque y Tingua Moteada Fute las aguas residuales del relleno
sanitario hasta el río Bogotá». Se trae en cita la imagen que fue utilizada en la sentencia:
De igual forma, concluyó que la ANLA incumplió este deber, pues su decisión de
descartar los riesgos se basó en una «única observación visual», la cual resultaba
insuficiente y contraria a la robusta caracterización de la CAR, que provenía de
múltiples visitas.
Por esta razón, la providencia judicial compartió «la conclusión de la CAR», en el
sentido de que el EIA no caracterizaba de forma suficiente los ecosistemas acuáticos,
lo que «impedía una valoración exacta de los impactos al recurso hídrico».
Ahora bien, en cuanto a los argumentos expuestos por el accionante para sustentar
la configuración de defecto fáctico, debe decirse, en primer lugar, que, el decreto de
pruebas de oficio es una facultad discrecional del juez, no una obligación irrestricta,
pues la obligación de aportar pruebas recae para demostrar sus afirmaciones recae
en las partes. Además, dicha potestad se ejerce excepcionalmente cuando las
pruebas son insuficientes o ambiguas.
En el presente asunto, la autoridad judicial accionada encontró que las pruebas
documentales y técnicas aportadas por las autoridades ambientales, además de las
que decretó de oficio en la audiencia inicial, eran suficientes para tomar una decisión,
sin que fuera indispensable un nuevo peritaje o inspección para llegar a dicha
conclusión.
En segundo lugar, en el proceso judicial consta que, la parte accionante en la
audiencia inicial no cuestionó la decisión que finalizó esa etapa. En consecuencia, no
puede ahora, en sede de tutela, alegar un vicio por la ausencia de una prueba que no
solicitó.
En tercer lugar, la Sala encuentra que la autoridad judicial contaba con un acervo
probatorio amplio y suficiente para resolver el asunto de manera razonable. Como se
detalló, la Sección Primera del Consejo de Estado no se limitó a escoger
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caprichosamente una postura, sino que contrastó los informes de la CAR con la
conclusión de la ANLA.
En cuanto a la omisión de valorar los conceptos de la Procuraduría General de la
Nación (de 28 de septiembre de 2015 y de 6 de abril de 2017), se encuentra que
dichos informes, en efecto, sostuvieron que no había humedales en el predio donde
se iba a desarrollar el proyecto. El primero de ellos, tras una visita de campo, afirmó
que «No hay presencia de humedales», y el segundo reforzó esta idea al señalar que en
el sitio «no existen fuentes hídricas que puedan llegar a contaminarse».
No obstante, ninguno de los dos conceptos analizó la suficiencia del EIA en lo que
respecta al «complejo de ecosistemas acuáticos» que la CAR había identificado, no solo
en el predio, sino en el área de influencia directa e indirecta del proyecto.
Además, la decisión de la autoridad judicial de declarar la nulidad de la licencia por
este cargo se fundamentó en la falta de información suficiente en el EIA para valorar
la posible afectación a los humedales que se encontraban en el área contigua al
proyecto y que podían encontrarse interconectados.
Por lo tanto, si bien no se realizó un pronunciamiento sobre esas pruebas del
Ministerio Público, su contenido no tiene la incidencia para desvirtuar la conclusión de
la autoridad judicial accionada.
Finalmente, sobre la supuesta contradicción en la que habría incurrido la CAR al emitir
conceptos técnicos favorables para luego negar la licencia, es necesario aclarar que
esta es una interpretación que descontextualiza la naturaleza del trámite de
licenciamiento, pues los informes técnicos no constituían una aprobación definitiva,
sino evaluaciones de etapa que daban viabilidad a ciertos aspectos del proyecto
sujetos al cumplimiento de nuevos requerimientos.
De modo que, la decisión final de negar la licencia, contenida en la Resolución 2364
de 2017, no fue una contradicción, sino la consecuencia de que, al culminar la
evaluación integral, la CAR consideró que los requerimientos de fondo, entre ellos, los
relacionados con la insuficiente caracterización de los ecosistemas hídricos, no fueron
subsanados de forma completa por la empresa.
Por ende, no prosperan los argumentos en que se basó el alegado defecto fáctico en
relación con la afectación a recursos hídricos superficiales (humedales).
B. Del defecto fáctico en relación con la afectación a acuíferos
Frente a este punto, la accionante reiteró su argumento de que la sentencia incurrió
en un defecto fáctico, porque la autoridad judicial accionada actuó como un « árbitro
técnico» al valorar la evidencia sobre los riesgos hidrogeológicos, en lugar de buscar
una certeza probatoria propia.
En lo relacionado a este punto, la Sección Primera del Consejo de Estado expuso lo
siguiente:
• En primer lugar, estableció el marco normativo aplicable al caso y resaltó que, de
conformidad con el numeral 4 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, las «zonas de
recarga de acuíferos serán objeto de protección especial». Además, que, en
desarrollo de este mandato, el Decreto 1077 de 2015 estableció una prohibición
explícita para la localización, construcción y operación de rellenos sanitarios «en
zonas de recarga de acuíferos».
• Posteriormente, analizó el EIA, que, con fundamento en el estudio técnico realizado
por Daichi Ingeniería S.A.S. y la sociedad Geonumerica Servicios Geotécnicos y
Ambientales LTDA, quienes adelantaron perforaciones y sondeos, afirmó que no se
reveló la presencia de agua subterránea o de un nivel freático cercano.
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• Además, tuvo en cuenta el Informe Técnico DESCA 1136 de 2015 de la CAR, que, si
bien reconoció un nivel freático profundo, advirtió de un riesgo sustancial, esto es,
que existía un «alto grado de fracturamiento del macizo rocoso». Por ello, concluyó
que las condiciones del sitio «no son las mejores», pues una eventual falla en la
impermeabilización permitiría el paso de lixiviados directamente al agua subterránea
mediante dichas fracturas, generando incertidumbre sobre la confiabilidad del
sistema.
• Ante dicho conflicto en las experticias técnicas, la autoridad judicial procedió a valorar
las demás pruebas del expediente. Analizó un estudio de la UAESP del año 2016,
que identificaba un área potencial que se superponía con una zona de recarga de
acuíferos. No obstante, desestimó esta prueba por considerarla inconclusa, al no
haberse acreditado que dicha área coincidiera geográficamente con el predio del
proyecto.
• Además, resaltó que decretó una prueba de oficio, solicitando un concepto al Servicio
Geológico Colombiano, en el cual esa entidad aclaró que, si bien no existían estudios
puntuales, las formaciones rocosas del área (Grupo Guadalupe) están clasificadas
regionalmente «en su conjunto como una zona de recarga».
• Con fundamento en esas pruebas, concluyó que la resolución de la ANLA incurrió en
falsa motivación, toda vez que se limitó a replicar la premisa inicial de la empresa
sobre un nivel freático profundo, pero ignoró por completo el riesgo advertido por la
CAR y soportado por el Servicio Geológico, esto es, la alta probabilidad de infiltración
de contaminantes mediante la roca fracturada en una zona de recarga de acuíferos.
Para analizar la configuración del defecto fáctico alegado, se presenta a continuación
una tabla que resume la contraposición de valoraciones técnicas sobre los acuíferos,
la cual sirvió de fundamento a la autoridad judicial para tomar su decisión:
POSTURA DE LA CAR (RESOLUCIÓN 2364 POSTURA DE LA ANLA (RESOLUCIÓN 00363
DE 2017) DE 2018)
PRINCIPAL Contaminación a través de la roca fracturada. El Riesgo bajo por nivel freático profundo. El
RIESGO Informe Técnico DESCA 1136 de 2015 advirtió Concepto Técnico 00922 de 2018 se fundamentó
IDENTIFICADO que el «alto grado de fracturamiento del macizo en el EIA para afirmar que un «nivel freático
rocoso» facilitaría el paso de lixiviados en caso de profundo» y las capas de arcilla superficiales
una falla. minimizaban el riesgo.
ANÁLISIS El Informe Técnico DESCA 1136 de 2015 El Concepto Técnico 00922 de 2018 consideró que
GEOLÓGICO consideró que las condiciones del sitio «no son la información geotécnica presentada por la
las mejores» para un relleno y que el sistema de empresa era suficiente y válida para el desarrollo
impermeabilización propuesto «genera del proyecto.
incertidumbre».
Dicha conclusión se fundamentó en los resultados
de los estudios del subsuelo, que incluyeron
sondeos eléctricos verticales. Según el informe,
aunque se estimó la posible presencia de agua
superficial infiltrada a profundidades de entre 4 y 8
metros, el estudio concluyó que el «nivel freático
se encuentra después de los 50 m». Con base en
esta premisa de un nivel freático profundo,
consideró que los riesgos estaban controlados.
RESPUESTA A Previo a que se dictara la resolución que negó la El Concepto Técnico 00922 de 2018 aceptó la
LA licencia, la CAR, mediante Auto DRSO 0006 de propuesta de la empresa (presentada en memorial
INCERTIDUMBRE 2016, requirió a la empresa que revisara en de febrero de 2016) de añadir una geomembrana
detalle la geología y evaluara la «aplicabilidad y adicional como medida suficiente.
confiabilidad» del sistema de impermeabilización.
Posterior a que se presentara la solución por
parte de la empresa, en la resolución que negó la
licencia, señaló: «la Sociedad no da alcance al
requerimiento, toda vez que no se revisaron en
detalle las características del depósito
cuaternario, su espesor y extensión,
confrontándolas con las cotas de fondo de la
terraza 1 y la cercanía en profundidad de la
arenisca con intercalaciones de arcillolita
fracturada, evaluando la aplicabilidad y
confiabilidad del sistema de impermeabilización
previsto.»
CONCLUSIÓN El Informe Técnico DESCA 1136 de 2015 y la El Concepto Técnico 00922 de 2018 concluyó que
GENERAL Resolución 2364 de 2017 determinaron que el el proyecto era ambientalmente viable y cumplía
EIA era insuficiente, pues no resolvía la con los requerimientos en este aspecto,
incertidumbre sobre el riesgo de contaminación procediendo a otorgar la licencia.
del acuífero.
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En ese contexto, y ante las evidentes contradicciones entre los conceptos técnicos de
la CAR y la ANLA, la sentencia cuestionada procedió a valorar las pruebas que fueron
aportadas y decretadas en sede judicial, precisamente, para dirimir la controversia
sobre el riesgo hidrogeológico, entre ellas, el estudio adelantado por la UAESP del
2016 y el concepto rendido por el Servicio Geológico Colombiano.
En cuanto a la evidencia aportada al proceso, la sentencia analizó un estudio
elaborado por la UAESP en el año 2016. Dicho documento identificaba un área
potencial para un relleno sanitario en Bojacá, colindante con el relleno Mondoñedo,
denominada «O7», la cual se superponía con una zona de recarga de acuíferos. Sin
embargo, la autoridad judicial desestimó esta prueba, al concluir que el mapa aportado
carecía de la precisión técnica necesaria y que no se acreditó que dicha área «O7»
coincidiera geográficamente con el predio donde se pretendía desarrollar el proyecto
materia de discusión.
En dicho estudio, se presentó el siguiente mapa:
Por otro lado, se encuentra el concepto técnico rendido por el Servicio Geológico
Colombiano, que fue decretado como prueba de oficio, el cual concluyó que: (i) no
existían estudios de detalle específicos sobre las zonas de recarga de acuíferos en la
jurisdicción concreta del municipio de Bojacá; (ii) sin embargo, y teniendo en cuenta
los modelos hidrogeológicos regionales (como el "Modelo Hidrogeológico Conceptual
de la Sabana de Bogotá"), se concluía que las formaciones rocosas que afloran en el
área del proyecto (Grupo Guadalupe) están «clasificada[s] en su conjunto como
una zona de recarga»; además, precisó que la recarga en dicha zona ocurre
principalmente por la infiltración directa de la lluvia y las corrientes superficiales a
través de los «poros y fracturas de las diferentes rocas».
Para sustentar su afirmación, dicho concepto aportó el siguiente mapa:
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Con fundamento en estas pruebas, la autoridad judicial afirmó que el área del proyecto
presenta una geología compleja con cuatro unidades hidrogeológicas distintas, siendo
la más significativa el acuífero Formación Labor y Tierra, que, a pesar de tener baja
porosidad primaria, se caracteriza por un «alto grado de fracturamiento del macizo
rocoso», lo que, sumado a la Formación Plaeners, llevó a clasificar el área como una
zona de recarga.
Por ello, concluyó que, ante esa complejidad se debió exigir una evaluación ambiental
más rigurosa.
Además, constató que en el proceso no se demostró el cumplimiento de que la
infraestructura del relleno se ubicara a la altura mínima de 5 metros por encima del
nivel freático, máxime si se tenía en cuenta que la CAR había afirmado que la empresa,
«sin ningún tipo de estudio», había duplicado la profundidad de las celdas de 7 a 14
metros, afectando aún más el nivel freático.
Por lo expuesto, la Sala considera que no se incurrió en un defecto fáctico, puesto que
la autoridad judicial accionada no actuó como un mero « árbitro técnico», en cambio
realizó una valoración integral y diligente de las pruebas, contrastó los dictámenes
técnicos de la ANLA y la CAR, tuvo en cuenta las pruebas aportadas durante el
proceso e, incluso, decretó y analizó una prueba de oficio (el concepto del Servicio
Geológico Colombiano) para formar su propia convicción.
Fue a partir de este análisis que la Sección Primera del Consejo de Estado
fundamentó su decisión, en el sentido de identificar el incumplimiento del deber de
conservación de estos ecosistemas frágiles, según lo previsto en el numeral 4 del
artículo 1 de la Ley 99 y en el artículo 2.3.2.3.2.2.5 del Decreto 1077 de 2015. Para lo
cual estableció cinco supuestos que demostraban el alto riesgo hidrogeológico y la
insuficiencia de la evaluación de la ANLA, así:
(i) existía un «alto grado de fracturamiento del macizo rocoso», lo que facilitaba el flujo
de agua subterránea.
(ii) La formación rocosa del área (Labor y Tierra) presentaba una «porosidad secundaria
que facilita el paso del agua a través de diaclasas y fracturas».
(iii) El principal mecanismo de recarga del acuífero en la zona era, precisamente, la
infiltración mediante esta roca fracturada.
(iv) No se demostró en el expediente el cumplimiento de un requisito atinente a que
todas las obras se ubicarían a 5 metros por encima del nivel freático
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(v) Aunque no existía certeza científica sobre el punto exacto, la clasificación regional
del Servicio Geológico Colombiano indicaba que el área era una zona de recarga.
Por tanto, no se configura el defecto alegado, pues no se demostró la apreciación
caprichosa de las pruebas, sino que la decisión fue el resultado de una valoración
detallada de múltiples factores de riesgo técnico y normativo que, a juicio de la
autoridad judicial accionada, no fueron debidamente desvirtuados en el trámite
administrativo.
(iv) Del defecto por falta de motivación7 en el caso concreto
La Sala procede a analizar los argumentos relacionados con este defecto, así:
A. Falta de motivación en la valoración del uso del suelo
Sostiene la sociedad accionante que la sentencia incurrió en falta de motivación por
ser contradictoria al analizar la compatibilidad del proyecto con el Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT). Afirma que la providencia, por un lado, calificó como
«acertada» la solución adoptada por la ANLA de condicionar la licencia a la posterior
certificación de compatibilidad por parte del municipio, pero luego, sin una justificación,
concluyó que esa misma actuación vulneró el derecho al debido proceso.
Al respecto, se encuentra que este cargo parte de una interpretación parcializada del
fallo, pues la autoridad judicial demandada consideró acertado fue el punto de partida
del análisis de la ANLA, esto es, centrar la controversia en el EOT vigente (Acuerdo
012 de 2015) y no en el antiguo, como lo venía haciendo la CAR. Pero no calificó
como acertada la solución de emitir una licencia condicionada.
Sobre ese punto, la sentencia explicó cómo la autoridad ambiental actuó de forma
contradictoria, porque en un Auto 421 de 2018, consideró la certificación del uso del
suelo como una prueba «indispensable» para para poder «determinar la compatibilidad
del mismo con lo establecido por la entidad territorial»; luego, en oficio de 13 de febrero de
2018, afirmó que «contaba con la información necesaria para evaluar la compatibilidad del
proyecto»; y, finalmente, en el concepto técnico que sirvió de base para la licencia,
afirmó que «no cuenta con los elementos técnicos suficientes para pronunciarse sobre la
compatibilidad del proyecto», porque el municipio no remitió la cartografía correcta. Por
ello, en el acto administrativa por el cual concedió la licencia, optó por delegar dicha
verificación a una etapa posterior.
En este contexto, la autoridad judicial accionada advirtió que la compatibilidad del
proyecto con el ordenamiento territorial es un requisito previo y esencial que debe ser
verificado por la autoridad ambiental antes de tomar la decisión de fondo, y no una
condición que pueda ser delegada para su cumplimiento futuro. De ahí que, al expedir
la licencia sin tener certeza sobre ese elemento, la ANLA profirió un acto administrativo
sin la debida motivación.
Finalmente, el reproche sobre el supuesto desconocimiento de los conceptos
favorables obrantes en el expediente administrativo parte de una premisa errónea,
porque la autoridad judicial accionada realizó un análisis integral de todas las pruebas,
7
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el defecto por falta de motivación se materializa cuando la decisión judicial carece de sustento
argumentativo o este es tan precario que se equipara a su inexistencia, convirtiendo el fallo en un mero acto de voluntad arbitraria del juez y no en
una aplicación racional del derecho.
Al respecto, ha explicado diversas tipologías de este defecto, entre las cuales se encuentran:
• Motivación ausente (T-233 de 2007 y T-709 de 2010): se presenta una omisión total de los fundamentos de la decisión. El fallo es un simple acto
resolutivo sin un cuerpo argumentativo que lo respalde, guardando silencio absoluto sobre los hechos, las pruebas y los argumentos planteados.
• Motivación insuficiente o deficiente (SU-635 de 2015): Aunque existe una argumentación, esta es a tal punto precaria, vaga, general o incompleta
que no constituye un sustento real y lógico para lo decidido.
• Motivación aparente (C-522 de 2023, T-237 de 2017): la providencia se reviste de una fachada de justificación, pero en realidad está vacía de
contenido. Se utilizan fórmulas retóricas, afirmaciones dogmáticas, transcripción de normas sin análisis o argumentos falaces que solo simulan
un razonamiento.
De modo que, lo que se cuestiona no es si la conclusión del juez es correcta o no, sino si existe un proceso de razonamiento lógico, coherente y
suficiente que la respalde. Por el contrario, la ausencia de este ejercicio argumentativo vicia la providencia judicial y vulnera el derecho fundamental
al debido proceso.
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pero fue esa valoración conjunta la que le permitió concluir que existió una la falta de
motivación de la ANLA respecto a la compatibilidad con el EOT.
En efecto, la Sección Primera del Consejo de Estado advirtió el actuar contradictorio
de la ANLA, que, si bien reconoció no tener « elementos técnicos suficientes» para
verificar la compatibilidad con el EOT, aun así, expidió la licencia delegando esa
verificación esencial a una etapa posterior, a pesar de ser un requisito previo. De modo
que, los conceptos favorables previos no desvirtuaban esa irregularidad.
En consecuencia, no se advierte la contradicción que alega la accionante, pues la
sentencia expuso una motivación clara, suficiente y coherente para concluir que el
proceder de la ANLA en ese aspecto fue irregular.
B. Falta de motivación en materia de participación ciudadana
La accionante sostiene que la sentencia cuestionada incurrió en falta de motivación
en lo atinente al componente de participación ciudadana del Estudio de Impacto
Ambiental, pues se limitó a acoger los conceptos de la CAR sobre las falencias de ese
componente, sin justificar por qué la solución propuesta por la ANLA, consistente en
subsanar los defectos a futuro mediante obligaciones en la licencia, resultaba
inaceptable.
Sobre este aspecto, la Sala encuentra que, contrario a lo afirmado, el fallo no se limitó
a listar las deficiencias, sino que expuso un argumento jurídico coherente, que se
puede examinar en tres componentes, a saber: el marco legal aplicable, la verificación
fáctica y la conclusión sobre la ilegalidad de la actuación de la ANLA.
En primer lugar, se encuentra que la Sección Primera del Consejo de Estado advirtió
que, según lo dispuesto en el Decreto 2820 de 2010, el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) no es un mero anexo documental, sino el « instrumento básico para la toma de
decisiones». De ahí que, la finalidad de dicho estudio es proveer a la autoridad
ambiental de todos los elementos de juicio (técnicos, bióticos, abióticos y sociales)
para que pueda realizar una ponderación informada, completa y racional sobre la
viabilidad de un proyecto que tiene el potencial de afectar el entorno.
Dentro de ese marco, resaltó el componente de participación y caracterización
socioeconómica, regulado en los artículos 15 y 21 del referido decreto. A partir de esas
normas, concluyó que el cumplimiento de ese componente no se acompasa con una
simple socialización, sino que se erige como una garantía ambiental y una herramienta
indispensable para la prevención de conflictos socio-ambientales.
De modo que, una adecuada caracterización de la comunidad, sus dinámicas, su
cultura y sus expectativas, no solo legítima socialmente el proyecto, sino que
enriquece de manera fundamental el análisis técnico al incorporar el conocimiento
local.
Por lo anterior, concluyó que «de estar incompleto el EIA o ser insuficiente la valoración del
componente social, no es viable ningún resultado favorable para el peticionario». En otras
palabras, explicó que un EIA completo en su componente social es un requisito sine
qua non para el licenciamiento, es decir, una condición esencial y previa sin la cual
la actuación administrativa no podía continuar válidamente.
En segundo lugar, se encuentra que la sentencia cuestionada sustentó su conclusión
en un examen exhaustivo de todas las pruebas aportadas, yendo mucho más allá de
una simple adhesión a los conceptos de la CAR. De hecho, el fallo citó el concepto
técnico de la ANLA núm. 922 de 2018, para resaltar que la propia ANLA admitió que
el proceso de participación «se realizó sin tener en cuenta los diferentes actores sociales
que se encuentran presentes en el AII y AID» y que los soportes documentales aportados
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por la empresa «no son legibles y no permiten identificar la información contenida en los
mismos».
En tercer lugar, la providencia resaltó los hallazgos de los informes técnicos de la
CAR (el DRSO 0229 de 2015 y el 963 de 2015), que daban cuenta de una
caracterización social precaria y que, tras visitas de campo y entrevistas, se constató
que, inclusive la Alcaldía del municipio de Bojacá y la Personería manifestaron
desconocer las características del proyecto al «no tener conocimiento de las
características del proyecto». Asimismo, describieron cómo las reuniones con los
habitantes de la zona fueron en realidad encuestas superficiales, realizadas en los
portones de las fincas, en las que no se informó sobre los impactos ambientales.
Asimismo, resaltó la advertencia de la CAR sobre el « alto grado de subordinación» de
los encuestados, al ser en su mayoría empleados de grandes haciendas, lo que ponía
en tela de juicio la libertad y validez de sus opiniones.
Finalmente, la sentencia el fallo concluyó que la autoridad ambiental, tras constatar
las graves falencias del componente social, optó por expedir la licencia ambiental y,
en los artículos noveno, décimo octavo, etc., impuso al titular la obligación de
«complementar», «actualizar» y «presentar» a futuro toda la información esencial que
echaba de menos.
Sin embargo, sostuvo que la debida caracterización socioeconómica y la participación
ciudadana no son obligaciones de ejecución de una licencia ya otorgada (como
podrían serlo los informes de cumplimiento o el monitoreo), pues, por el contrario, son
presupuestos esenciales que deben estar plenamente satisfechos para que el acto
administrativo pueda nacer válidamente a la vida jurídica.
De ahí que, la ANLA trató un vicio que afectaba la validez del acto como si fuera un
mero asunto de eficacia, lo que subvirtió el propósito de la norma ambiental, que tiene
un carácter eminentemente preventivo, pues la ley exige que la autoridad cuente con
todos los elementos de juicio antes de decidir, precisamente para garantizar que la
autorización se expida con pleno conocimiento de los impactos y con un plan de
manejo completo y coherente desde su origen.
Por lo anterior, la Sala encuentra que la sentencia no carece de motivación, toda vez
que adelantó un juicio de legalidad completo y explicó con suficiencia por qué la
metodología empleada por la ANLA era contraria a derecho.
C. Falta de motivación sobre el permiso de vertimientos
La accionante alegó que la sentencia carece de motivación y es desproporcionada, al
anular la licencia por un requisito que considera gestionable y no exigible de manera
previa, como es la obtención de la servidumbre para la tubería de lixiviados.
Al respecto, se encuentra que la autoridad judicial accionada explicó que el artículo
21 del Decreto 2820 de 2010 establece que el EIA debe contener toda la información
necesaria para los permisos requeridos, incluyendo explícitamente el de vertimientos.
A su vez, los requisitos específicos para dicho permiso se encuentran detallados en
el Decreto 1076 de 2015 (que compiló el Decreto 3930 de 2010), que exige al
solicitante aportar la «autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea mero
tenedor» del inmueble, el certificado de tradición y libertad, la localización exacta del
predio y los diseños de ingeniería del sistema de descarga.
Anotó que, con base en esos documentos, la autoridad ambiental podía realizar una
evaluación integral de los posibles impactos ambientales, en cumplimiento del artículo
107 de la Ley 99 de 1993, normas ambientales que son de orden público y de
obligatorio cumplimiento.
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En ese contexto, calificó como «acertado» el criterio de la ANLA al invocar la Ley 142
de 1994, reconociendo que, en virtud de las facultades especiales de las empresas
de servicios públicos, el solicitante tenía una «justificación legal para no allegar la
autorización de todos los propietarios» en esa etapa del trámite. Es decir, validó que el
trámite de constitución de la servidumbre definitiva podía ser posterior.
No obstante, distinguió entre el supuesto de no contar con el documento final que
constituye la servidumbre, y, por otro lado, y lo que ocurrió en el presente asunto, no
aportar la información mínima y básica sobre los predios afectados para realizar la
evaluación ambiental, pues en este último escenario era materialmente imposible
realizar una evaluación ambiental.
Al respecto, la autoridad judicial accionada detalló cómo esta falencia fue advertida a
lo largo del trámite, para lo cual destacó que:
• En el Informe Técnico DESCA 1136 de 2015, la CAR, tras un recorrido por la zona,
documentó que el representante legal de la empresa solicitante admitió tener
«dificultades para obtener la servidumbre en predios que bordean el rio Bogotá».
• La CAR, en Auto DRSO 0006 de 2016, realizó un requerimiento a la sociedad
solicitante, para que, entre otros, ajustara la información faltante sobre los
vertimientos.
• En respuesta a dicho requerimiento, la sociedad solicitante aportó una autorización
expresa del propietario de la «Finca Fute» para la instalación del tramo de la tubería
que atravesaba dicho predio, junto con otros documentos técnicos como la evaluación
económica y el plan de gestión de riesgo del vertimiento.
• En la Resolución 2364 de 2017, la CAR negó la licencia precisamente por la
persistencia de esta omisión, concluyendo que, seguía sin existir ningún soporte que
permitiera evaluar y autorizar el permiso de vertimientos, pues se limitó a resolver la
situación dentro de los linderos de la «Finca Fute» y no subsanó la falta de
información y autorizaciones para los tramos de la tubería que debían pasar por
predios de terceros para llegar al punto de descarga en el Río Bogotá.
Por lo anterior, la Sección Primera del Consejo de Estado concluyó que el « parámetro
de proporcionalidad no se cumplió», porque la ANLA, al ejercer su discrecionalidad para
permitir un trámite posterior, renunció por completo a su deber de contar con la
información mínima para proteger el medio ambiente. Además, señaló que la empresa
solicitante «ni si quiera aportara los datos mínimos que permitieran tener certeza sobre la
propiedad, los usos autorizados y las actividades desarrolladas en los predios» por donde
pasaría la tubería.
En este contexto, la Sala encuentra que, contrario a lo señalado por la accionante, no
es cierto que la licencia ambiental fuera anulada en la sentencia por la ausencia de un
documento de servidumbre, cuyo cumplimiento aún no era exigible, pues la decisión
cuestionada explicó que la nulidad se originaba porque la autoridad ambiental no
contó con los elementos para evaluar los permisos de vertimientos, debido a la
carencia de información sobre los predios de terceros que serían afectados por la
tubería.
Además, se encuentra que la Sección Primera del Consejo de Estado realizó una
fundamentación de su postura, explicando de manera clara y con base en el
expediente administrativo por qué la actuación de la ANLA fue desproporcionada al
desconocer su deber de evaluación.
De la presunta afectación a los derechos al buen nombre y de la libertad de
empresa de la accionante
La sociedad accionante alega que la anulación de la licencia ambiental ha causado
una afectación a su derecho al buen nombre, al proyectar una imagen pública negativa
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de su actuar, y a su derecho a la libertad de empresa, al constituir una barrera
desproporcionada para el desarrollo de su objeto social.
Al respecto, se advierte que el objeto del medio de control de nulidad especial
ambiental se circunscribe a realizar un juicio de legalidad de la Resolución 00363 de
2018 expedida por la ANLA para determinar si este se ajustó o no a las normas en las
que debía fundarse.
De modo que, las posibles afectaciones que se deriven de la anulación del acto
administrativo son consecuencias de la decisión judicial, pero no formaron parte del
debate procesal sobre la validez de la licencia ambiental. En consecuencia, por ser
asuntos ajenos a la controversia, no se encuentra acreditada la vulneración a los
derechos al buen nombre y de libertad de empresa.
En síntesis, la Sala encuentra que no se acreditaron defectos alegados, a saber: (i)
defecto sustantivo, al concluir que la autoridad judicial accionada realizó una
interpretación razonable de las normas procesales aplicables al trámite del recurso de
reposición, en especial, sobre la connotación probatoria de la visita técnica y el
consecuente deber de garantizar la contradicción; (ii) defecto fáctico, pues se
constató que la autoridad judicial accionada adelantó una valoración integral y
diligente de las pruebas sobre los riesgos de afectación a recursos hídricos, tanto
superficiales (humedales) como subterráneos (acuíferos), sin que su análisis pueda
ser calificado de arbitrario o caprichoso; y (iii) por falta de motivación, porque la
sentencia expuso de manera clara y suficiente las razones por las cuales la actuación
de la ANLA, al estudiar el EIA, fue irregular en aspectos determinantes como la
compatibilidad con el uso del suelo, la debida caracterización socioeconómica y
participación ciudadana, y la información requerida para evaluar el permiso de
vertimientos.
De manera que, la inconformidad del accionante con la interpretación legal realizada
no habilita la intervención del juez de tutela, porque el actor no logró demostrar de qué
manera esa decisión vulneró sus derechos y garantías constitucionales.
Sumado a lo anterior, tal como lo ha reiterado esta Sala de Decisión, en los casos en
que la tutela se dirige contra una sentencia proferida por una Alta Corporación, la Corte
Constitucional8 ha establecido un requisito adicional de procedencia, en el sentido que
se constate la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa
intervención del juez constitucional.
En esa medida, se impone negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció
la parte accionante contra la Sección Primera del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Vincular al representante legal de la sociedad C.I. Melo Arango S.A.S., señor
Sebastián Melo, como tercero con interés.
2. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la parte actora, de
conformidad con lo expuesto.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
8
Sentencias, SU-917 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU 573 de
2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
57
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-00
Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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