Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04563-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04563-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04563-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
25 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-04563-011
Accionante : Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.
Accionado : Consejo de Estado, Sección Primera
Municipio de Bojacá (Cundinamarca), Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA), Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, Unidad Administrativa Especial
Vinculados : de Servicios Públicos, Asociación Ambiental y Cultural
Guechas, Gobernación de Cundinamarca, Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, Defensoría del Pueblo y
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Acción : Tutela (impugnación)
Tutela contra providencia, nulidad especial ambiental
Tema :
(otorgamiento de licencia ambiental)
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el actor contra el fallo de 23 de
octubre de 2025, proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta2, que negó las
pretensiones de la acción constitucional de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por la
parte accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que
corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela
La parte demandante, por conducto de apoderado judicial, interpuso el presente recurso
1
Expediente digital disponible en Samai.
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C. P. Claudia Rodríguez Velásquez.
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Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.
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de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, el buen nombre, la libertad de empresa y la libre iniciativa privada 3,
presuntamente vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Primera.
Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos el fallo de 20 de febrero de 2025, mediante el
cual el Consejo de Estado, Sección Primera4: (i) anuló la Resolución No. 363 de 2018
expedida por la ANLA y, en su lugar, (ii) restableció la validez y efectos jurídicos del acto
administrativo nulitado, por haber sido adoptado dentro del marco de su competencia
legal y con base a una ponderación técnica, jurídica y constitucionalmente ajustada.
1.3 Hechos5
De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por la parte
accionante, se puede destacar que, la Sociedad Parque Ecológico Praderas del Antelio
S.A. E.S.P. solicitó el 11 de marzo de 2014, a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR), una licencia ambiental para el proyecto de relleno sanitario del
Parque Ecológico Praderas del Antelio, ubicado en la vereda Fute del municipio de
Bojacá (Cundinamarca). Surtido el trámite de rigor, mediante Resolución 2364 del 31
de agosto de 2017, la referida autoridad negó la licencia ambiental. Inconforme con tal
decisión, el 28 de septiembre de 2017, la sociedad titular del proyecto, presentó recurso
de reposición y, posteriormente, ante la falta de estudio de aquel, impetró recusación
contra el director general de la CAR.
Al estimar procedente la recusación, mediante auto de 8 de noviembre de 2017, el
Procurador General de la Nación, designó a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA), para que continuara con el trámite administrativo.
A su turno, la ANLA en Auto 5836 de 13 de diciembre de 2017, avocó conocimiento del
expediente, y el 27 de diciembre de 2017, el Grupo Técnico de la Subdirección de
Evaluación y Seguimiento de esa entidad, efectuó una visita a la zona prevista para el
desarrollo del proyecto, sin decretarla previamente o informar a los terceros
3
En conexidad con los derechos fundamentales y colectivos inherentes a la prestación del servicio de: i) saneamiento básico, ii)
ambiente sano y iii) el acceso continuo y eficiente a los servicios públicos esenciales.
4
C. P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
5
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
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intervinientes.
Con auto 00421 de 7 de febrero de 2018, la ANLA decretó la práctica de una prueba
documental y reconoció como tal el resultado de la visita de 27 de diciembre de 2017.
Al notificar esa actuación al municipio de Bojacá (Cundinamarca), no se adjuntó la
cartografía legible de los cuerpos de agua.
Posteriormente, la ANLA, mediante Resolución 00363 de 13 de marzo de 2018, revocó
la decisión de la CAR y, en su lugar, concedió la licencia. Inconforme con esa
determinación, el municipio de Bojacá (Cundinamarca), formuló demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho (acción de nulidad especial ambiental) contra la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, pretendiendo la nulidad de ese acto administrativo.
El asunto fue tramitado en única instancia por el Consejo de Estado, Sección Primera
(expediente con radicado No. 11001-03-24-000-2018-00393-00) que, en sentencia del
20 de febrero de 2025, declaró la nulidad de la Resolución 00363 de 2018 de la ANLA,
al identificar errores procedimentales en el decreto de pruebas, valoración deficiente
del uso de suelo, omisiones de participación ciudadana, entre otros. Además, halló
vicios que atentan contra el debido proceso, tales como, no fijar la visita previamente y
luego, correrle traslado de esta a los interesados e insuficiencia en la caracterización
socioeconómica. También, advirtió vulneración a la exigencia de informar a las
comunidades sobre el alcance del proyecto y sus impactos ambientales.
Sobre la precedente situación, el tutelante expone que la providencia objeto de censura
incurre en defecto sustantivo, defecto fáctico y falta de motivación, por cuanto efectuó
una «[…] interpretación irrazonable del régimen jurídico ambiental y del uso del suelo, desconociendo el
carácter imperioso del licenciamiento ambiental. […] por una valoración probatoria arbitraria, sesgada y sin
contraste técnico independiente, decantándose sin fundamento por informes de una sola entidad. […] por
omitir el análisis constitucional del proyecto, su contexto técnico y el impacto colectivo, así como por adoptar
conclusiones sin justificación probatoria mínima.».
1.4 Contestaciones de la acción
1.4.1 El Consejo de Estado, Sección Primera, adujo que la acción de tutela de la
referencia es improcedente, por cuanto carece de relevancia constitucional: repite los
3
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mismos temas ya discutidos y resueltos en el proceso de nulidad especial ambiental,
referente a pruebas no compartidas, uso del suelo según planes municipales, falta de
consulta con comunidades, riesgos a humedales y acuíferos por lixiviados, y manejo de
vertimientos, lo que sería como pedir una tercera revisión judicial.
Indicó que, en caso de analizarse de fondo, se nieguen las pretensiones de la acción
constitucional, como quiera que, el fallo cuestionado abordó en forma acertada las
pruebas y normas ambientales incumplidas (como Ley 99/1993, Decretos
1076/1077/2820 y Ley 1437), sin que se configuren los defectos alegados.
1.4.2 La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, solicitó negar el
amparo al considerar que la tutela se usa como una instancia adicional para revalorar
pruebas, pese a que en la sentencia cuestionada se garantizó el debido proceso y la
contradicción. Sostuvo que las alegaciones del actor realmente persiguen la protección
de intereses colectivos, por lo que el medio idóneo es la acción popular conforme a la
Ley 472 de 1998. Agregó que, el proyecto de relleno sanitario no es viable por las
restricciones ambientales derivadas del POT de Bojacá, el POMCA del río Bogotá y el
DMI Salto del Tequendama–Cerro Manjui.
1.4.3 La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, pidió su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al haber intervenido en el
proceso de nulidad solo como tercero interesado.
1.4.4 El Observatorio de Servicios Públicos Domiciliarios, intervino como tercero con
interés, advirtiendo que la anulación de la licencia del proyecto Praderas del Antelio
amenaza seriamente la continuidad del servicio de aseo para más de diez millones de
usuarios, ante el inminente colapso de los rellenos existentes (vida útil inferior a 18
meses), con riesgos para la salud y el saneamiento básico.
1.4.5 El veedor ciudadano Pedro Germán Peña Rodríguez, también intervino como
tercero, resaltando que Praderas del Antelio sería la única alternativa técnicamente viable
frente a la saturación de los rellenos de la región y que su suspensión agrava los riesgos
para el ambiente, la salud pública y la prestación del servicio, al fomentar retrasos,
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botaderos informales y decisiones regresivas en materia de ambiente sano, desarrollo
sostenible y servicios públicos.
1.4.6. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, coadyuvó la tutela y
respaldó a la empresa accionante, al considerar que la providencia cuestionada fue
desproporcionada, basada en una interpretación restrictiva del principio de precaución y
en formalismos procesales, sin la debida ponderación constitucional de la naturaleza
imperiosa del servicio de disposición de residuos en el contexto de la crisis por el
inminente colapso de los rellenos de Bogotá y Cundinamarca.
Aclaró que asumió la competencia por un conflicto de intereses en la CAR, según
mandato expreso de la Procuraduría. Enfatizó que la licencia concedida no fue
incondicional, sino el fruto de una valoración exhaustiva que estableció exigentes
condiciones verificables en aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos, incluyendo
manejo de biogás, control de olores y ruido, protección de fuentes hídricas, fomento de
la participación ciudadana y monitoreo continuo.
Por medio de memorial del 27 de agosto de 2025, la ANLA desistió de la coadyuvancia
en apoyo a la empresa accionante, solicitando que se tenga por retirada dicha
intervención, sin detallar los motivos de la decisión.
1.4.7 El representante legal de C.I. Melo Arango S.A.S., presentó comunicaciones para
intervenir en la tutela. Tras requerimiento de la Secretaría del Consejo de Estado para
precisar su solicitud, aclaró que buscaba formalmente ser parte del proceso.
Adicionalmente, pidió vincular a alcaldías de ciudades principales (Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla), entidades energéticas (Ecopetrol, EPM, ISA), ministerios (Vivienda,
Ambiente, Minas y Energía) y el DNP. Propuso su tecnología «HIDESS» como alternativa
a los rellenos sanitarios, al transformar residuos orgánicos en energía renovable,
reduciendo en un 25% a 55% la carga a los rellenos y extendiendo su vida útil. Justificó
su intervención invocando la crisis de rellenos, el déficit energético, compromisos
internacionales (Acuerdo de París y Escazú) y programas como «Basura Cero».
Mediante memorial del 14 de octubre de 2025, reiteró la petición y solicitó respuesta a su
derecho de petición.
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1.4.8 El municipio de Bojacá, solicitó negar la tutela por improcedencia, al estimar que
el accionante pretende reabrir un debate judicial cerrado por motivos económicos, sin
demostrar una real afectación a derechos fundamentales ni relevancia constitucional en
el debido proceso. Defendió la providencia de la Sección Primera por detallar la
inviabilidad ambiental del proyecto, ubicado sobre la Formación Guadalupe —principal
acuífero de la Sabana de Bogotá y zona clave de recarga hídrica—, altamente vulnerable
a lixiviados por su composición de areniscas fracturadas y arcillas, con riesgos
irreversibles para aguas subterráneas que abastecen población, agricultura y ganadería
en la cuenca del río Bogotá. Argumentó que las barreras geosintéticas tienen vida útil
limitada y riesgos de falla (degradación, punzonamiento, inestabilidad), que el sellado del
suelo interrumpiría la recarga hídrica natural, y que el proyecto viola el RAS, el POMCA
del Río Bogotá (zonas de protección), el Decreto 838 de 2005 (exclusión de sitios de
riesgo hídrico), el EOT municipal, además de generar impactos en aire (olores,
bioaerosoles), EEP (fragmentación), ruido y tráfico.
1.5. Informes de terceros vinculados en el trámite constitucional6
1.5.1 La Dirección de Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental (DESCA) de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), presentó informe sobre el
riesgo de emergencia sanitaria, señalando que no ha recibido alertas formales por parte
de los municipios sobre un riesgo inminente de emergencia sanitaria por falta de
capacidad operativa; sin embargo, indicó que los Planes de Gestión Integral de Residuos
Sólidos de los municipios de su jurisdicción, demuestran baja tasa de aprovechamiento,
por lo que estima imperativo la optimización de estrategias de aprovechamiento, a fin de
aminorar el riesgo.
1.5.2 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, indicó que carece de
competencia directa en la prestación, control o supervisión del servicio público de aseo y
disposición final de residuos sólidos, por lo tanto, no tiene información técnica
consolidada sobre lo solicitado. Agregó que la entidad no participó en el trámite de
6
A través del auto del 29 de septiembre de 2025, el despacho ponente vinculó como terceros con interés a la Gobernación de
Cundinamarca, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y decretó pruebas de oficio para tener mayores elementos de juicio ante el argumento presentado por la
accionante, relacionado con una inminente crisis sanitaria y ambiental en Bogotá y Cundinamarca causada por el agotamiento de la
vida útil de sus rellenos sanitarios.
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licenciamiento ambiental, ni fue parte del proceso de nulidad que se formuló contra la
licencia, ante el Consejo de Estado, por lo tanto, desconoce detalles técnicos y
procesales del proyecto.
1.5.3 La Gobernación de Cundinamarca – Secretaría de Bienestar Verde, rindió
informe técnico señalando que, no se pronostica un riesgo de evidencia sanitaria a
mediano plazo, pues no existen fallas generalizadas en los programas de gestión integral
de residuos de los municipios. Empero, considera que el riesgo dependerá del manejo
que cada municipio les dé a sus residuos. Agregó no tener conocimiento de nuevas
solicitudes de licencias ambientales ante las autoridades competentes.
1.5.4. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, allegó un
informe técnico de la situación de la disposición final de residuos sólidos en Bogotá y
Cundinamarca, precisando que sus funciones son de inspección, vigilancia y control de
los prestadores de servicios públicos, pero no tiene competencia para declarar
emergencias sanitarias, lo cual, les corresponde a los entes territoriales. Solicitó que se
declarara falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad.
1.6 Providencia impugnada7
Mediante sentencia de 23 de octubre de 2025, el Consejo de Estado, Sección Cuarta
negó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, al considerar que no se
acreditaron los defectos alegados.
Sobre el defecto sustantivo, señaló que la ANLA le otorgó una connotación probatoria
a la visita técnica efectuada el 27 de diciembre de 2017, de ahí que, debía aplicar el
procedimiento probatorio previsto en el CPACA y garantizar el derecho de contradicción;
obligación que no cumplió, en tanto, como lo señaló la Sección Primera, la convirtió en
una «prueba sorpresiva» que rompió el derecho de defensa de los intervinientes.
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Índice 00068 del expediente de Samai de primera instancia.
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Concluyó, entonces, que la interpretación efectuada respondió a la aplicación de las
normas que regulan el trámite administrativo y que garantizan el debido proceso de las
partes.
Sobre el defecto fáctico en relación con la afectación a recursos hídricos
superficiales (humedales), determinó que la providencia judicial valoró los informes
técnicos de la CAR, particularmente el 370 del 4 de septiembre de 2015 y el Informe
Técnico DESCA 1136 del 3 de diciembre de 2015, los cuales, producto de varias visitas,
documentaron la existencia de un «complejo de ecosistemas acuáticos» y «humedales
antropizados» con presencia de fauna vulnerable, que permitieron establecer a la CAR
que el Estudio de Impacto Ambiental era insuficiente.
En este escenario, la sentencia concluyó que el análisis de la ANLA, al fundarse en una
«única observación visual»8, resultaba precario e insuficiente frente a la evidencia
técnica, detallada y sostenida en el tiempo por la CAR, con lo que encontró configurado
el vicio de falsa motivación.
Ahora bien, sobre el reproche concreto de la parte accionante en relación con la omisión
de la autoridad judicial demandada en el decreto de pruebas de oficio, precisó que esta
es una facultad discrecional del juez y no una obligación irrestricta, si se tiene en cuenta
que, la obligación de aportar pruebas recae en las partes.
En este caso, la Sección Primera encontró que las pruebas documentales y técnicas
aportadas por las autoridades ambientales, además de las que decretó de oficio en la
audiencia inicial, eran suficientes para arribar a una decisión, sin que considerara
indispensable un nuevo peritaje o una inspección para llegar a dicha conclusión.
Adicionalmente, la parte accionante no cuestionó, durante la audiencia inicial, la decisión
de cerrar la etapa probatoria, por lo que señaló que la acción de tutela no es el escenario
para exponer su inconformidad por la ausencia de una prueba que no solicitó.
8
Al efecto, la ANLA fundamentó su decisión en el Concepto Técnico 922 del 9 de marzo de 2018, el cual, a su vez, se basó en los
hallazgos de una única visita de campo realizada el 27 de diciembre de 2017, con base en la que la ANLA concluyó que los cuerpos
de agua del predio eran «reservorios artificiales» y que los humedales naturales cercanos estaban aislados.
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En relación con la supuesta contradicción en la que habría incurrido la CAR al emitir
conceptos técnicos favorables para luego negar la licencia, aclaró que esta aseveración
obedece a una interpretación que descontextualiza la naturaleza del trámite de
licenciamiento, pues, los informes técnicos no constituían una aprobación definitiva, sino
evaluaciones de etapa que daban viabilidad a ciertos aspectos del proyecto sujetos al
cumplimiento de nuevos requerimientos. De modo que, la decisión final de negar la
licencia, contenida en la Resolución 2364 de 2017, no fue una contradicción, sino la
consecuencia de que, al culminar la evaluación integral, la CAR consideró que los
requerimientos de fondo, entre ellos, los relacionados con la insuficiente caracterización
de los ecosistemas hídricos, no fueron subsanados de forma completa por la empresa.
Sobre el defecto fáctico en relación con la afectación de acuíferos, después de
analizar detalladamente el contenido de la providencia reprochada, concluyó que la
Sección Primera no actuó como un mero «árbitro técnico»; por el contrario, realizó una
valoración integral y diligente de las pruebas, contrastó los dictámenes técnicos de la
ANLA y la CAR, analizó las pruebas aportadas durante el proceso y tuvo en consideración
una prueba de oficio relacionada con el concepto del Servicio Geológico Colombiano para
formar su convicción.
Por tanto, descartó igualmente una apreciación caprichosa de las pruebas y determinó
que, por el contrario, la decisión obedeció al análisis detallado de múltiples factores de
riesgo técnico y normativo que, a juicio de la autoridad judicial accionada, no fueron
debidamente desvirtuados en el trámite administrativo.
De otra parte, el defecto por falta de motivación lo desarrolló de la siguiente forma:
Falta de motivación en la valoración del uso del suelo: señaló que, el accionante parte
de una interpretación parcializada del fallo cuestionado, pues, la autoridad judicial
consideró acertado el punto de partida del análisis de la ANLA que centró la controversia
en el EOT vigente (Acuerdo 012 de 2015), sin que ello la llevara a considerar como
acertada la solución de emitir una licencia condicionada.
Al respecto, precisó que la Sección Primera del Consejo de Estado lo que hizo fue
explicar cómo la autoridad ambiental actuó de forma contradictoria, porque, inicialmente,
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a través del auto 421 de 2018 señaló que la certificación del uso del suelo era una prueba
indispensable para determinar la compatibilidad del mismo con lo establecido por la
entidad territorial; luego, mediante oficio del 13 de febrero de 2018 afirmó que contaba
con la información necesaria para evaluar la compatibilidad del proyecto; y, finalmente,
en el concepto técnico que sirvió de base para la licencia, señaló que no contaba con los
elementos técnicos suficientes para pronunciarse sobre la compatibilidad del proyecto en
tanto, el municipio no remitió la cartografía correcta, lo que conllevó a delegar la
verificación a una etapa posterior a la concesión de la licencia.
En este contexto, la autoridad judicial demandada advirtió que, es un requisito previo y
esencial establecer la compatibilidad del proyecto con el ordenamiento territorial, el cual,
debe ser verificado por la autoridad ambiental antes de tomar la decisión de fondo, sin
que sea dable delegar su verificación para el futuro. Ello, entonces, condujo a concluir
que, al expedir la licencia sin tener certeza sobre ese elemento, la ANLA profirió un acto
administrativo sin la debida motivación.
Falta de motivación en materia de participación ciudadana: la parte accionante alegó
que, la sentencia cuestionada se limitó a acoger los conceptos de la CAR sobre las
falencias de ese componente sin justificar por qué la solución propuesta por la ANLA de
subsanar los defectos a futuro mediante obligaciones en la licencia resultaba inaceptable.
Al respecto, advirtió que, para desarrollar este aspecto, el fallo no se limitó a listar las
deficiencias, sino que, expuso un argumento jurídico coherente sustentado en tres
componentes: (i) el marco legal aplicable; (ii) la verificación fáctica; y (iii) la conclusión
sobre la ilegalidad de la ANLA.
En este contexto, la Sección Primera concluyó que, la autoridad ambiental, tras constatar
las graves falencias del componente social, optó por expedir la licencia ambiental e
impuso al titular la obligación de complementar, actualizar y presentar a futuro toda la
información que no reposaba en el expediente; pese a que, la debida caracterización
socioeconómica y la participación ciudadana no son obligaciones de ejecución de una
licencia ya otorgada (como podrían serlo los informes de cumplimiento o el monitoreo),
sino que, son presupuestos esenciales que deben estar plenamente satisfechos para
que el acto administrativo pueda nacer válidamente a la vida jurídica.
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De ahí que, la autoridad judicial accionada estableció que, la ANLA trató un vicio que
afectaba la validez del acto como si fuera un mero asunto de eficacia, lo que subvirtió el
propósito de la norma ambiental, que tiene un carácter eminentemente preventivo, pues,
la ley exige que la autoridad cuente con todos los elementos de juicio antes de decidir,
precisamente, para garantizar que la autorización se expida con pleno conocimiento de
los impactos y con un plan de manejo completo y coherente desde su origen.
Por tanto, descartó, también, que la sentencia cuestionada careciera de motivación sobre
ese aspecto.
Falta de motivación sobre el permiso de vertimientos: en la sentencia cuestionada se
explicó que, el artículo 21 del Decreto 2820 de 2010 establece que el EIA debe contener
toda la información necesaria para los permisos requeridos, incluyendo explícitamente el
de vertimientos. A su vez, los requisitos específicos para dicho permiso se encuentran
detallados en el Decreto 1076 de 2015 (que compiló el Decreto 3930 de 2010), que exige
al solicitante aportar la «autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea
mero tenedor» del inmueble, el certificado de tradición y libertad, la localización exacta
del predio y los diseños de ingeniería del sistema de descarga.
En ese contexto normativo, la Sección Primera del Consejo de Estado concluyó que, el
«parámetro de proporcionalidad no se cumplió», porque la ANLA, al ejercer su
discrecionalidad para permitir un trámite posterior, renunció por completo a su deber de
contar con la información mínima para proteger el medio ambiente. Además, señaló que
la empresa solicitante ni si quiera aportó los datos mínimos que permitieran tener certeza
sobre la propiedad, los usos autorizados y las actividades desarrolladas en los predios
por donde pasaría la tubería.
Dicha conclusión, a juicio del juez de tutela de primera instancia, estuvo debidamente
sustentada, pues, no es cierto que la licencia ambiental fuera anulada en la sentencia por
la ausencia de un documento de servidumbre, cuyo cumplimiento aún no era exigible,
sino que, la decisión cuestionada explicó que la nulidad se originó en el hecho que la
autoridad ambiental no contara con los elementos para evaluar los permisos de
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vertimientos, debido a la carencia de información sobre los predios de terceros que serían
afectados por la tubería.
Finalmente, sobre la presunta afectación a los derechos al buen nombre y a la
libertad de empresa del accionante, precisó que, el medio de control de nulidad
especial ambiental se circunscribió a realizar un juicio de legalidad de la Resolución
00363 de 2018 expedida por la ANLA para determinar si este se ajustó o no a las normas
en las que debía fundarse. De modo que, las posibles afectaciones que se deriven de la
anulación del acto administrativo son consecuencias de la decisión judicial, pero no
formaron parte del debate procesal sobre la validez de la licencia ambiental. En
consecuencia, por ser asuntos ajenos a la controversia, no se encontró acreditada la
vulneración a los derechos al buen nombre y de libertad de empresa.
1.7 La impugnación9
Inconforme con esa determinación, el accionante la impugnó, con fundamento en que la
decisión de primera instancia «[…] desconoció los parámetros constitucionales de motivación,
razonabilidad y control reforzado que deben regir la revisión de providencias judiciales con impacto
estructural en servicios públicos esenciales y en la protección del ambiente. La Sección Cuarta validó una
decisión de la Sección Primera que no solo adolece de una grave falta de motivación, sino que además
incurrió en defectos fácticos al sustituir la valoración técnica especializada por apreciaciones jurídicas
carentes de sustento empírico, con base en una autoridad que presentaba conflicto de interés ».
Además, reiteró la solicitud de inspección judicial, enfatizando que con ella el Ad -quem
puede ejercer la constatación fáctica de los aspectos técnicos en discusión, «pues solo
mediante la verificación in situ puede determinarse la razonabilidad o arbitrariedad de las
conclusiones adoptadas por la Sección Primera.».
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
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Índice 00073 del expediente de Samai de primera instancia.
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Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
En virtud de los artículos 3210 del Decreto ley 2591 de 199111 y 2512 del Acuerdo 80 del
12 de marzo de 201913 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción
Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
2.3. Cuestión previa
Pese a que se alude falta de motivación respecto de la sentencia de nulidad de la licencia
ambiental, las inconformidades de la parte accionante se encaminan a probar la
configuración de un probable defecto fáctico en el que incurrió el juez ordinario, en cuanto
al decreto, práctica y valoración probatoria. De suerte que, será el requisito excepcional
de procedencia de la acción de tutela que se estudiará y analizará.
Al respecto, vale decir que, en el recurso de alzada, el accionante formula algunas
oposiciones respecto del ejercicio o valoración efectuado por el juez de tutela de primera
instancia; sin embargo, dichas aseveraciones no comportan un parámetro de juzgamiento
de la providencia que aquí se está analizando.
Lo anterior, por cuanto la configuración de los defectos que se alegan, se fundamenta en
10
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente».
11
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
12
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la
cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
13
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
13
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el examen de lo actuado en el proceso ordinario y no en el presente trámite de tutela. Si
bien, se estudia en segunda instancia lo analizado por el juez constitucional, lo cierto es
que, no se corrige el accionar de aquel, sino que se valora si la decisión de primera
instancia se encuentra conforme a derecho, de acuerdo con el trámite surtido en el
proceso ordinario, no en este juicio constitucional.
De otra parte, la sociedad accionante, en el escrito de impugnación, insistió en la
práctica de la inspección judicial, la cual, también fue requerida en el proceso ordinario
y en la primera instancia del trámite constitucional14.
Al respecto, en relación con los presupuestos de conducencia, pertinencia y utilidad de
las pruebas, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado lo siguiente: «la
conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para
demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a
demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad a
su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar
ya demostrado con otro medio probatorio”3.
En este contexto, la inspección judicial solicitada no acredita los presupuestos de
conducencia, pertinencia y utilidad para desatar el presente asunto constitucional, toda
vez que, el objeto de la acción de tutela consiste en determinar si la providencia judicial
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado adolece de defecto fáctico, el
cual, de acuerdo con la jurisprudencia vigente, tiene dos dimensiones: una positiva, que
se presenta cuando el funcionario judicial demandado fundamenta su pronunciamiento
en una prueba no apta para ello; y una negativa, que alude a aquella valoración probatoria
arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado un hecho
caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra.
En el contexto descrito, el objeto de la presente controversia es la providencia judicial
demandada y el expediente dentro del cual se profirió, por lo que, son estas pruebas,
además de los informes rendidos en esta acción constitucional, los elementos de
convicción relevantes para desatar la presente impugnación.
14
La primera instancia negó el decreto y práctica de esta prueba.
14
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Por tanto, la prueba solicitada será negada.
2.4 Falta de legitimación en la causa por pasiva
El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…]se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el
derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha considerado que, «[…]
La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien
se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental […]».
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, en los escritos de intervención solicitaron su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no son las
autoridades que profirieron la providencia cuestionada.
Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en calidad de
tercera con interés, por ser la entidad demandada dentro del proceso contencioso en
cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y contradicción, por lo que,
se negará su solicitud.
2.5 Problema Jurídico
Se contrae a determinar si, la providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección
Primera, el 20 de febrero de 2025, mediante la cual declaró la nulidad de la Resolución
00363 del 13 de marzo de 2018, incurrió o no en el defecto fáctico alegado por el
recurrente y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido
proceso y libertad de empresa invocadas en la solicitud de amparo.
2.6 La acción de tutela contra providencias judiciales
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte
permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
15
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reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo
judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía
una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo
vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se
determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como
vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos,
uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se
produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente
inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa
completamente al margen del proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando
de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales
de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una
sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en
aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si
16
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no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los
órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias
judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de
procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad, la cual, solamente
cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que
se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
17
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incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales15, rectificó su posición mediante
sentencia de 31 de julio de 201216, en el sentido de disponer que, la acción constitucional
es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con
observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que, esta subsección con anterioridad
al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos17.
2.7 Caso concreto
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, en la medida en que, recae sobre la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, buen nombre, libertad de empresa y libre
iniciativa privada; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii)
15
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de
Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín
Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela
Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-
01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre
de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
16
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
17
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30
de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo
de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
18
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-01
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se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que,
la providencia atacada fue proferida en única instancia el 20 de febrero de 2025 y
notificada el 13 de marzo del mismo año18, además la solicitud de amparo se presentó el
23 de julio siguiente, es decir, dentro de los 6 meses; y (v) el fallo acusado no es de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico, comoquiera que, pese a
que la parte actora alegó también el defecto sustantivo por falta de motivación y
desconocimiento del precedente, se advierte que sus reproches y la génesis de la
vulneración invocada radican, a su juicio, en supuestos yerros en la valoración probatoria
del proceso ordinario, específicamente, por no recurrir a otras experticias técnicas
diferentes a las aportadas al proceso. Por lo tanto, en virtud del principio de oficiosidad,
que señala que el juez de tutela debe interpretar de manera extensiva el escrito inicial19,
resulta procedente analizar este trámite a partir de la aludida causal de procedencia de
tutela contra providencia judicial.
2.7.1 Defecto fáctico
Sea lo primero anotar que, una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con
supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»20.
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos o
dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el funcionario
judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello. Por su parte, la
segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a aquella valoración
probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en que da por no probado
18
Según constancia de ejecutoria emitida por el Tribunal Administrativo del Caquetá.
19
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela, esta Corte
ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos fundamentales
de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su deber esclarecer los hechos
que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y en esta
medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
20
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
19
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-01
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un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material probatorio que lo
demuestra21.
En el presente caso, la sociedad demandante sostiene que, la decisión reprochada
incurre en defecto fáctico, por cuanto: (i) omitió acudir a otros medios de convicción para
dirimir la controversia técnica entre los conceptos de la ANLA y la CAR, asumiendo en su
lugar un rol de árbitro técnico para el cual carece de competencia y; (ii) desestimó sin
motivación alguna, los conceptos técnicos emitidos por la Procuraduría General de la
Nación, los cuales, a su juicio, respaldaban el proyecto y refutaban los riesgos
ambientales señalados.
En cuanto al primer aspecto, se verifica que el fallo de la Sección Primera del Consejo de
Estado confrontó las pruebas técnicas del proceso de la siguiente manera:
De una parte, acreditó que la ANLA sustentó su determinación en el Concepto Técnico
922 de 9 de marzo de 2018, el cual se apoyó en los resultados de una sola visita de
campo efectuada el 27 de diciembre de 2017. Partiendo de dicha diligencia, la ANLA
determinó que los cuerpos de agua en el predio constituían «reservorios artificiales» y que
los humedales naturales adyacentes se hallaban aislados.
Además, la decisión judicial ponderó los pronunciamientos de la CAR que señalaban
riesgos, en particular los Informes Técnicos 370 de 4 de septiembre de 2015 y DESCA
1136 de 3 de diciembre de 2015, derivados de múltiples visitas, que registraron la
presencia de un «complejo de ecosistemas acuáticos» y «humedales antropizados» con fauna
vulnerable, lo que llevó a la CAR a considerar insuficiente el Estudio de Impacto
Ambiental.
Frente a este aspecto, el fallo cuestionado, luego de transcribir apartes de los informes
técnicos emitidos por la ANLA y la CAR, puntualmente indicó:
174. Aun cuando ambas autoridades ambientales identificaron cambios en la estructura de los
humedales del sector, junto con el deterioro de esos hábitats, lo cierto es que la Ley 357 de
1997, aprobatoria de la "Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
21
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
20
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Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", cobija tanto los humedales naturales, como
aquellos con intervenciones antrópicas, incluidos o no en la lista internacional RAMSAR.
175. Acertadamente, la CAR exigió a la sociedad Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.
ESP que estableciera los ecosistemas pantanosos presentes, y que determinara el cambio en
la estructura de la comunidad hidrobiológica, porque sin el proyecto podría incurrir en la
prohibición del artículo 2.3.2.3.2.2.5 del Decreto 1077 de 2015, conforme al cual la construcción
de rellenos sanitarios no es posible “[…] en zonas de pantanos, humedales y áreas similares
[…]”.
176. La distancia adecuada entre los rellenos sanitarios y los ríos y humedales es crucial para
prevenir la contaminación del agua. Los humedales proporcionan una serie de servicios
ecosistémicos esenciales, como la regulación del clima, la purificación del agua y la protección
contra inundaciones. Al garantizar que estos cuerpos de agua estén libres de contaminación,
se preservan estos servicios, beneficiando el ambiente y las comunidades. Por ello, el artículo
9.° de la Resolución 157 de 2004 determinó que, cuando dichos ecosistemas no se encuentran
zonificados, su uso presuntivo es el de “[…] conservación, rehabilitación o restauración […]”.
177. Nótese que, en el caso concreto, factores como la georreferenciación del proyecto, el
sistema de tratamiento de lixiviados, la creación de barreras físicas y vegetativas, el monitoreo
de la calidad del agua y las medidas de protección de la infraestructura de conducción de los
vertimientos, dependían de la existencia de estudios suficientes que permitieran superar la
deficiencia de la información técnica sobre este punto.
178. Adicionalmente, el hecho asociado a que el diseño de la tubería de aguas residuales
atraviese los humedales Chicaque, Tingua Moteada Fute y Balsilla, plantea dudas sobre la
precisión del área directa e indirecta de influencia del proyecto y el posible impacto negativo en
caso de falla en la infraestructura.
179. Sin embargo, la ANLA a partir de una única observación visual, sin dicha información
científica, concluyó que las dinámicas hídricas del territorio en conjunto no estaban
interconectadas, en contravía con los resultados provenientes de las 3 visitas y de la
caracterización de la CAR. En consecuencia, la Sala considera que los cargos de falsa
motivación y de transgresión de los artículos 1.° y 4.° de la Ley 357 de 1997 prosperan.
180. Aun así, esta autoridad observa que en el debate procesal no se demostró el
quebrantamiento del principio de precaución, de los artículos 9.° de la Resolución 157 de 2004
y 2.3.2.3.2.2.5. del Decreto 1077 de 2015, porque el presente caso se rige por el principio de
prevención cuya vulneración no se invocó en la demanda y, sin los aludidos estudios, tampoco
se puede afirmar que los reservorios ubicados al interior de la “FINCA FUTE” se relacionen con
el complejo de humedales colindante.
A partir de dicha confrontación, la sentencia coligió que el examen realizado por la ANLA,
al restringir en una «única observación visual», carecía de solidez e integralidad frente a la
prueba técnica minuciosa y prolongada aportada por la CAR.
Ello da cuenta que, la determinación del juez natural, no obedeció a una valoración
arbitraria de las pruebas, toda vez que, la decisión derivó de un análisis minucioso de
21
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-01
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diversos factores de riesgo técnico y normativo, los cuales, a criterio de la autoridad
demandada, no fueron convenientemente refutados durante el proceso de nulidad
especial ambiental.
Ahora bien, la sociedad recurrente alega la omisión en la valoración de los informes
favorables que, en su momento, fueron dados por la Procuraduría General de la Nación.
Al respecto, se advierte que, tales informes efectivamente concluyeron la ausencia de
humedales en el predio destinado al proyecto. El primero, derivado de una inspección in
situ, declaró textualmente que «[n]o hay presencia de humedales», mientras que el
segundo ratificó esta conclusión al indicar que en el lugar «no existen fuentes hídricas que
puedan llegar a contaminarse».
Sin embargo, ninguno de aquellos pronunciamientos examinó la adecuación del Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) en relación con el «complejo de ecosistemas acuáticos»
previamente identificado por la CAR, no solo en el predio, sino también en las áreas de
influencia directa e indirecta del proyecto, por tanto, no contenían la información suficiente
para ser valorados en los términos pretendidos. Adicionalmente, la declaratoria de nulidad
de la licencia por parte de la autoridad judicial se apoyó, justamente, en la insuficiencia
informativa del EIA para evaluar posibles impactos en humedales ubicados en zonas
adyacentes al proyecto, los cuales podrían estar interconectados.
En consecuencia, aunque no se profirió un fallo expreso sobre esas pruebas del
Ministerio Público, su contenido carece de fuerza suficiente para contradecir la
determinación de la autoridad judicial demandada.
Por otra parte, resulta oportuno indicar que, el hecho que la autoridad judicial accionada
no haya valorado las pruebas en el sentido que pretendía la sociedad actora, no involucra
la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
denominada defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de sus competencias
jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de
los elementos de convicción obrantes en el expediente, así como la de otorgarles
diferentes grados de certeza, siempre que lo haga de manera integral y bajo los criterios
de la sana crítica, conforme aconteció en el asunto materia de controversia.
22
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-01
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Es así que, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de una
valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que, imposibilita
al juez de tutela cuestionarlas, salvo que, sean evidentemente contrarias a las garantías
superiores, supuesto que no se da en el sub lite. En lo que atañe a este aspecto, la Corte
Constitucional22 sostuvo que «[l]as diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de
una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos […]», en la medida que el juez
del proceso es autónomo en el ejercicio de sus funciones.
En ese orden de ideas, se tiene que, la anulación de la licencia ambiental se fundó en
que la ANLA transgredió normas superiores al otorgar la licencia sin cumplir requisitos
legales, configurando vicios por infracción de la norma superior, falsa motivación y
desconocimiento del debido proceso. Señalando que específicamente, se vulneraron los
artículos 13 y 29 de la Constitución Política; el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011 (debido
proceso probatorio), por cuanto no se decretó como prueba la visita técnica del 27 de
diciembre de 2017, además no fue notificada adecuadamente, impidiendo con ello la
contradicción de terceros; los artículos 15 y 20 del Decreto 2820 de 2010 (caracterización
socioeconómica), al ignorar los riesgos a humedales y zonas de recarga acuífera; los
artículos 1 y 4 de la Ley 357 de 1997 (protección humedales), el artículo 1 numeral 4 de
la Ley 99 de 1993, el artículo 2.3.2.3.2.2.5 del Decreto 1077 de 2015 (zonas recarga
acuíferos), el artículo 107 de la Ley 99 de 1993 y, el artículo 21 Decreto 2820 de 2010
(vertimientos), al otorgar permisos sin autorizaciones de predios afectados, ni la
adecuada socialización comunitaria.
En suma, las pruebas analizadas por el Consejo de Estado, Sección primera, para la
emisión de la sentencia de única instancia, correspondieron a: (i) la cartografía que
elaboró la CAR durante el curso de la actuación administrativa; (ii) el Concepto núm. 963
de 31 de agosto de 2015 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca; (iii) el
informe técnico núm. 370 de 4 de septiembre de 2015 de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca; (iv) el informe técnico DESCA 1136 de 3 de diciembre de
2015; (v) el memorial de 3 de febrero de 2016 elaborado por Parque Ecológico Praderas
del Antelio S.A. ESP en respuesta al Auto DRSO 0006 de 7 de enero de 2016; (vi) el
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Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-01
Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
informe técnico DESC 570 de 15 de julio de 2016; (vii) el estudio de impacto ambiental,
elaborado por la sociedad Praderas del Antelio S.A. ESP en febrero de 2014 y su
complementación en marzo de 2015; (viii) el documento denominado “Plan de Gestión
del Riesgo y Vertimiento Parque Ecológico Pradera del Antelio”; (ix) el estudio elaborado
por la UAESP en el año 2016 del área denominada O7 ubicada en el municipio de Bojacá;
y (x) el Oficio 20223000002741 de 26 de enero de 2022 de la Dirección Técnica de
Geociencias Básicas del Servicio Geológico Colombiano.
De ahí que, para la Sala, en el fallo objeto de censura, se valoraron de manera razonable
y en el marco de la sana crítica los elementos de convicción recaudados, con base en los
que era dable concluir la irregularidad en la resolución que otorgó la licencia ambiental,
sin que la valoración de los conceptos emitidos por la Procuraduría General de la Nación,
pudieran tener incidencia para modificar de forma alguna, la decisión de instancia.
En consecuencia, no se configuró el defecto fáctico alegado por la sociedad tutelante,
puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo debidamente fundamentada,
tanto normativamente, como de conformidad con la jurisprudencia actual y vigente
aplicable sobre la materia.
Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que efectúa el
juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía e
independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera instancia, que
negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por la sociedad accionante.
III. DECISIÓN
La Sala considera que en el presente asunto la parte actora no acreditó que la providencia
cuestionada haya incurrido en la causal especial de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial invocada (defecto fáctico), por tal motivo, se confirmará el fallo
impugnado, que negó el amparo deprecado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-01
Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR las solicitudes de desvinculación de la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Públicos y de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
SEGUNDO. NEGAR la solicitud de inspección judicial elevadas por el Parque Ecológico
Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.
TERCERO. CONFIRMAR la sentencia de 23 de octubre de 2025, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, que negó el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, buen nombre y libertad de empresa, invocados por el Parque Ecológico
Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P., por las razones consignadas en la parte motiva de
esta providencia.
CUARTO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
QUINTO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Cuarta de esta Corporación y
remitir copia.
SEXTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591
de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04563-01
Demandante: Parque Ecológico Praderas del Antelio S.A.S. E.S.P.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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