Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04565-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04565-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04565-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
28 de agosto de 2025
Demandante: Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04565-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04565-00
Demandante FEDERICO ANDRÉS GUTIÉRRREZ ZULUAGA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – incidente de desacato en
medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591 de
1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, en calidad de alcalde del Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, presentó acción de tutela contra el
Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, con el fin de que le sea amparado su derecho fundamental
al debido proceso.
Lo anterior, con ocasión de las providencias del 3 y 14 de marzo de 2025, proferidas
por las autoridades judiciales accionadas, que lo sancionaron con multa de un (1)
S.M.L.M.V., en el marco de un incidente de desacato previsto en el artículo 41 de la
Ley 472 de 1998 e identificado con el radicado 05001-33-33-034-2019-00385-02.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:
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Demandante: Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
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1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso (Art. 29 C.P.) del ciudadano
FEDERICO ANDRÉS GUTIÉRREZ ZULUAGA, vulnerado por el Juzgado Treinta y
Cuatro Oral Administrativo de Medellín y la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal
Contencioso Administrativo de Antioquia.
2. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la providencia del 03 de
marzo de 2025, proferida por el Juzgado Treinta y Cuatro Oral Administrativo de
Medellín, y la providencia del 14 de marzo de 2025, proferida por la Sala Segunda de
Oralidad del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, dentro del incidente de
desacato con radicado Nro. 05001-33-33-034-2019-00385-02.
3. ORDENAR al Juzgado Treinta y Cuatro Oral Administrativo de Medellín que, en un
término perentorio y breve que esa Alta Corporación estime prudente, profiera una
nueva decisión de fondo dentro del referido incidente de desacato, en la cual, en
estricta observancia de los precedentes constitucionales sobre la responsabilidad
subjetiva y del acervo probatorio obrante en el expediente, se abstenga de imponer
sanción alguna al accionante, y proceda a realizar el análisis de responsabilidad en
cabeza de quien fungía como representante legal del Distrito de Medellín durante el
término concedido para el cumplimiento de la orden judicial.
1.3. Hechos
La solicitud se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes
para la decisión que se adoptará en esta sentencia:
El señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga relató que la Parcelación Vallados de
Gratamira 1 P.H., la Parcelación Vallados de Gratamira 2 P.H., la Urbanización
Zanzíbar y la Urbanización San Juan de la Peña presentaron un medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos (acción popular) en contra del Distrito
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y el Fondo de Valorización de
Medellín – FONVALMED con miras a la ejecución de obras de adecuación de las
carreras 15, 16 A sur y 16 de Medellín para que las mismas cumplan las condiciones
básicas requeridas para una vía pública y puedan ser utilizadas en condiciones de
seguridad y movilidad deseables de acuerdo con el flujo proyectado para las mismas
y las nuevas condiciones de tráfico y tránsito que se presentarán por la prolongación
carrera 15 San Lucas – San Marcos de la Sierra. Trámite que le correspondió por
reparto al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Medellín,
con radicado 05001-33-33-034-2019-00385-00.
Que dicha autoridad judicial, por medio de sentencia del 8 de junio de 2022, (i) exoneró
al Fondo de Valorización de Medellín – FONVALMED; (ii) concedió el amparo a los
derechos colectivos establecidos en los literales l y m1 del artículo 4° de la Ley 472 de
1998 y (iii) ordenó al distrito demandado, en un plazo perentorio de 13 meses, la
estructuración de un plan técnico, financiero y jurídico (7 meses), y la ejecución de una
obra principal (6 meses), así:
i) Estudios idóneos por parte de un equipo multidisciplinario de sus diversas
dependencias, informando en lo pertinente a la comunidad oportunamente, de manera
que se les garantice el derecho a participar-, en un término máximo de 7 meses, gestiones
1
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; // m) La realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
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administrativas y contractuales pertinentes, o antes de ser ello posible, con el fin de
estructurar un plan técnico, financiero y jurídico a efectos de llevar a cabo el diseño y
construcción de:
(i.i) Andén reglamentario en el tramo de 50 metros al paso del predio identificado con la
nomenclatura carrera 16 #12 sur-111, garantizando el ancho de la vía vehicular
mínimamente permitido-, que dé continuidad al andén en la margen occidental de la
carrera 16. A su turno el plan que se proyecte para esta obra especifica, deberá ejecutarse
en un término que no sobrepase los 6 meses posteriores a los 7 meses previstos para su
estructuración, o antes de ser ello posible, de manera que se garantice al menos la
continuidad del andén en la margen occidental del corredor.
(i.ii) Mantener la continuidad del andén en la margen oriental de la carrera 16, 16 a sur y
15 desde punto indicado en el literal anterior, y hasta la portería de la Urbanización
Quadratto en la Cra. 15 #16A sur-06. A su turno este componente especifico del plan que
se proyecte deberá ejecutarse en ese tramo de la margen oriental, en el mediano plazo
en los planes del Municipio de Medellín, sujeto a la disponibilidad presupuestal y la
priorización de obras públicas del ente territorial, en la medida que la prioridad recae en
garantizar al menos la continuidad del andén en la margen occidental como se precisó
antes.
ii) Mientras se construye los andenes faltantes en los tramos citados, el Municipio de
Medellín deberá garantizar la señalización efectiva y adecuada para vehículos y peatones,
muy especialmente en frente del predio ubicado en la carrera 16 con la nomenclatura #12
sur-111 de la aludida vía, y contemplar medidas de mitificación del riesgo como lo sería
instalar reductores de velocidad -en caucho por ejemplo- al lado y lado de tal tramo (es
decir al norte y sur colindante del tramo sin andenes a ningún lado), u otra medida que se
estime pertinente y adecuada para mitigar el riesgo, de lo cual deberá informarse al
Juzgado dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia.
Señaló que el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín interpuso
recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
por medio de la sentencia del 3 de octubre de 2022, en el sentido de confirmar lo
resuelto por el aludido juzgado.
Que el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, por
proveído del 10 de agosto de 2023, abrió incidente de desacato y requirió al señor
Daniel Quintero Calle, exalcalde del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín.
Precisó que la anterior decisión se dejó sin efecto, a través del auto del 25 de enero
de 2024, para abrir el incidente de desacato frente al señor Federico Andrés Gutiérrez
Zuluaga, en calidad de actual alcalde del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
de Medellín.
Que el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Medellín,
mediante auto del 3 de marzo de 2025, sancionó al accionante con multa de un (1)
S.M.L.M.V., porque (i) encontró acreditado el incumplimiento de la orden judicial en el
término estipulado (13 meses); y (ii) los informes tendientes a evidenciar las vicisitudes
y desafíos presentados en la ejecución de la obra no son de recibo en una fase de
cumplimiento.
Afirmó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través del proveído del 14 de
marzo de 2025, confirmó la aludida sanción en sede del grado jurisdiccional de
consulta, pues (i) las limitantes aducidas por la entidad para exculparse no «desdibujan
el hecho notorio y principal», esto es, el incumplimiento cabal a lo ordenado en la
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sentencia popular, pese que han transcurrido más de dos años después de su
ejecutoria en el año 2022; y (ii) la multa fijada está muy por debajo del tope máximo
fijado en la Ley 472 de 1998.
1.4. Sustento de la petición
El señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga consideró que las decisiones
sancionatorias atrás referenciadas pretermitieron un análisis de su responsabilidad
subjetiva, si se considera que: (i) asumió la alcaldía cuando ya había fenecido el plazo
para dar cumplimiento a las órdenes emitidas en el fallo de la acción popular y (ii) no
actuó con dolo o culpa grave.
Puntualizó que el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrieron en defectos sustantivo y
fáctico, así:
En lo que atañe al defecto sustantivo, puso de presente que las aludidas autoridades
judiciales «desconocieron al momento de fallar el precedente que existe por parte de
la H. Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado sobre la necesidad de analizar la
responsabilidad subjetiva en los trámites incidentales por desacato, pues no se tuvo
en cuenta que [él] no se encontraba habilitado para dar cumplimiento a la Sentencia
Nro. 039 [la del 8 de junio de 2022] en el término que fue indicado, pues para la fecha
en qué se posesionó como Alcalde del Distrito de Medellín, el término de 13 meses
para dar cumplimiento a la orden ya había vencido.»
En lo que respecta al defecto fáctico, señaló las autoridades judiciales accionadas
realizaron una indebida valoración del acervo probatorio, pues no tuvieron en cuenta
que se posesionó como alcalde el 1º de enero de 2024 y, por tanto, no era el llamado
a acreditar las acciones de cumplimiento.
Enfatizó que las providencias del 3 y 14 de marzo de 2025, omitieron el paso
intermedio y crucial que exige la jurisprudencia, esto es, el análisis de la conducta
subjetiva. En efecto, el juez se limitó a señalar que las acciones desplegadas son
«insuficientes» y que la fase de cumplimiento «no es una etapa para exponer
alegatos», aplicando así un estándar de resultado objetivo. De manera similar, el
Tribunal accionado, si bien enunció el requisito del «elemento subjetivo», lo despachó
afirmando que la ausencia de cumplimiento cabal, tras más de dos años, evidencia
«negligencia o renuencia», imputando de facto la inacción de la anterior administración
a él, sin analizar su conducta personal y el corto tiempo que llevaba en el cargo.
1.5. Actuación procesal
Mediante auto del 28 de julio de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar al tutelante, y al Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juzgado Treinta y
Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, en calidad de accionados.
Así mismo, se ordenó vincular a los representantes legales de la Parcelación Vallados
de Gratamira 1 P.H., la Parcelación Vallados de Gratamira 2 P.H., la Urbanización
Zazíbar y la Urbanización San Juan de La Peña, al director general del Fondo de
Valorización de Medellín - FONVALMED y al señor Daniel Quintero Calle, en calidad
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de terceros con interés en las resultas del proceso.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6. Intervenciones
1.6.1. El Fondo de Valorización de Medellín – FONVALMED indicó que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron, en sus decisiones, en los mismos
defectos sustantivos y fácticos, pues desconocieron el precedente sobre la naturaleza
subjetiva del desacato y omitieron valorar la prueba irrefutable de la cronología de los
hechos, que demostraba la imposibilidad fáctica y jurídica de imputar responsabilidad
al señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga.
En todo caso, pidió su desvinculación formal porque carece de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que la controversia subyacente—la legalidad de una sanción por
desacato—se deriva de una orden judicial en la cual fue explícitamente exonerado.
1.6.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia aseveró que las decisiones
cuestionadas se fundaron en la normativa que regula las medidas coercitivas en las
acciones populares, en especial la figura del desacato como instrumento para
garantizar el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
Que el objetivo del trámite de desacato en las acciones populares es verificar y lograr
el cumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo que protege los derechos
colectivos invocados. Aclaró que para imponer la respectiva sanción no basta con la
mera inobservancia de la orden, sino que es necesario que se encuentre demostrada
la negligencia o renuencia del obligado a cumplirla.
Destacó, respecto del elemento subjetivo, que no basta evidenciar una serie de
actuaciones y supuestas limitaciones que surgieron para cumplir lo dispuesto en la
sentencia popular, ya que ello no desvirtúa el hecho notorio y principal, esto es, el
incumplimiento de las órdenes impartidas.
Que la sanción emitida en el incidente de desacato no recae en la persona natural,
sino en el representante legal del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, ya que tiene la responsabilidad institucional de garantizar el cumplimiento de
las decisiones judiciales.
Recalcó que, además, el principio de continuidad de la función pública impone al actual
alcalde la obligación de asumir las consecuencias derivadas del incumplimiento de las
órdenes judiciales, sin que ello implique una sanción por hechos ajenos.
1.6.3. El Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín insistió en que
las autoridades judiciales accionadas: (i) incurrieron en un craso error categorial, pues
aplicaron la lógica de la responsabilidad objetiva, propia del trámite de cumplimiento,
al ámbito del derecho sancionatorio del desacato; y (ii) confundieron la continuidad de
la obligación administrativa con la transferencia automática de la culpa personal.
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Lo anterior, porque desatendieron la jurisprudencia que distingue entre la obligación
de cumplimiento de un fallo y la sanción por desacato, así:
El Deber de Cumplimiento: Es una responsabilidad de tipo objetivo e institucional. La
obligación de acatar la orden judicial recae sobre la entidad pública (en este caso, el
Distrito de Medellín). Este deber es permanente y se transmite con el cambio de
administración en virtud del principio de continuidad de la función pública. El nuevo
administrador hereda la obligación de cumplir lo que su predecesor no hizo.
La Sanción por Desacato: Es una medida correccional de naturaleza sancionatoria que
exige, de manera ineludible, una responsabilidad de tipo subjetivo, personal e
intransferible. Para imponer una sanción por desacato no basta con constatar el
incumplimiento objetivo del fallo. Es un imperativo constitucional y legal que el juez
demuestre la existencia de dolo o culpa (negligencia grave) en la conducta del funcionario
específico a quien se pretende sancionar. La culpa no se presume; debe ser probada.
Especificó que, en la sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional estableció
subreglas claras para los jueces al momento de resolver un incidente de desacato,
entre las que se destaca el deber de verificar «la responsabilidad subjetiva (dolo o
culpa) del obligado.» La pretermisión de este análisis, como ocurrió en el presente
caso, conlleva un desconocimiento del precedente y vicia la decisión por defecto
sustantivo.
Que la sanción por desacato es personalísima y, por ello, no puede presumirse la culpa
por el solo hecho del incumplimiento.
Concluyó que las autoridades accionadas crearon una ficción jurídica inaceptable, en
la medida en que fusionaron la persona jurídica (Distrito de Medellín) con la persona
natural del alcalde para efectos sancionatorios. En efecto, argumentaron que las
dificultades administrativas no son excusa para el incumplimiento; si bien ello es
correcto en lo que respecta al deber institucional del Distrito de Medellín de cumplir un
fallo judicial, resulta falaz cuando se utiliza para fundamentar una sanción personal
contra un nuevo alcalde.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la acción constitucional del asunto, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
2.2. Cuestión previa
El Fondo de Valorización de Medellín – FONVALMED solicitó su desvinculación del
trámite tutelar dada su falta de legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, esta
solicitud se negará pues fue vinculado como tercero con interés y no como accionado,
en la medida que los hechos narrados por el señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
involucran su participación en el trámite ordinario 05001-33-33-034-2019-00385-00.
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2.3. Problema jurídico
Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados; la Sala deberá resolver el siguiente
problema jurídico:
¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela contra
providencias judiciales?
De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala examinará lo
siguiente:
¿El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia vulneraron el derecho fundamental al
debido proceso del accionante con ocasión de los autos proferidos dentro del
incidente de desacato con radicado 05001-33-33-034-2019-00385-02?
Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii)
procedencia de la acción de tutela contra autos que resuelven incidente de desacato;
(iii) cumplimiento de las órdenes del medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos (acción popular) y el incidente de desacato; (iv) requisitos adjetivos
de procedibilidad; (v) generalidades de los defectos alegados y, (vi) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:
[…] si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han
abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio
sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es
necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial
y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo
indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta el momento
jurisprudencialmente […]».
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En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la
protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y,
por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no
puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y
otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen
a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– y cuáles
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos
generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea relevante
constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii) inmediatez; y (iv)
subsidiariedad.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por el
contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra autos que resuelven incidente de
desacato
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede contra incidentes
de desacato o solicitudes de cumplimiento siempre que se cumplan los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se
constate una vulneración o una amenaza a los derechos fundamentales del
sancionado2.
En ese contexto, puntualizó que el juez de tutela debe analizar de forma estricta lo que
tienen ver con posibles vulneraciones del derecho al debido proceso. Esto es, evaluar
especialmente cómo actuó el operador judicial en relación con el cumplimiento de la
orden proferida, si actuó bajo los postulados del derecho al debido proceso en relación
con la valoración probatoria, del derecho de contradicción y defensa de las partes, y si
la sanción impuesta, si fuere el caso, no resultó arbitraria3.
2.6. Cumplimiento de las órdenes emitidas en un medio de control de protección
de derechos e intereses colectivos (acción popular) y el incidente de desacato.
La Corte Constitucional, en sentencia T-437 de 199223, explicó que las acciones
populares ya existían antes de la Constitución Política de 1991 y que el artículo 88 de
la Carta, lo que hizo fue ampliar el campo de estas para atender las nuevas
circunstancias que se vivía la sociedad moderna.
2
Sentencia T- 325 de 2015
3
Sentencia T-1113 de 2005
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Concretamente, la Ley 472 de 1998, desarrolló el artículo 88 Superior en relación con
el ejercicio de las acciones populares y de grupo y reguló lo referente a las medidas
coercitivas, como la del artículo 41, así:
Desacato. La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad
competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa
hasta de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales con destino al fondo para la defensa
de los derechos e intereses colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses,
sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante
trámite incidental y será consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de
tres (3) días si debe revocarse o no la sanción. La consulta será en el efecto devolutivo.
De lo expuesto, es posible señalar que el trámite de la acción popular prevé el incidente
de desacato como mecanismo para garantizar el cumplimiento de una orden judicial,
mecanismo en el que es procedente imponer una sanción de multa que puede ser
conmutable por arresto.
Ahora bien, la sanción que se imponga en el trámite del incidente de desacato será
consultada a través del mecanismo del grado jurisdiccional, figura que opera ope legis.
2.7. Estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad
2.7.1. Tutela contra tutela
La Sala de decisión encuentra que no existe cuestionamiento en relación con este
juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de
la misma naturaleza, pues las providencias judiciales controvertidas se profirieron en
el marco de un incidente de desacato previsto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998
e identificado con radicado 05001-33-33-034-2019-00385-02.
2.7.2. Relevancia Constitucional
En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 reiteró que este presupuesto «protege
el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela
como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales» y explicó en detalle los criterios que
se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
[...] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente
una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la
acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(Destacado por la Sala)
En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573 de 27 de
noviembre de 2019 que «la controversia debe versar sobre un asunto constitucional,
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pero no meramente legal y/o económico» y que según la jurisprudencia constitucional,
las discusiones de orden legal, es decir, las relativas a un derecho de índole
económico4 deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para
su trámite5, comoquiera que «le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario 6», so pena de
involucrarse en cuestiones que le corresponden definir a otras jurisdicciones.
En tales condiciones, se advierte que este requisito se encuentra superado, en razón
a que el señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga explicó de manera diáfana por qué
le fue vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, y precisó los defectos
sustantivo y fáctico en que incurrieron las autoridades judiciales accionadas.
Lo anterior, al imponerle una sanción por el incumplimiento de una sentencia emitida
dentro un medio de control de control de protección de derechos e intereses colectivos
(acción popular), sin analizar el elemento subjetivo y la fecha de su posesión como
alcalde.
Por lo tanto, se puede establecer que se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, por cuanto el asunto a tratar no se trata de cuestiones económicas ni
de interpretación de tipo legal, sino que la discrepancia versa sobre la posible
vulneración del debido proceso.
Por ello, se puede establecer que se acreditan los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, ante la posible transgresión de una garantía constitucional
del accionante.
2.7.3. Inmediatez
La solicitud de amparo se presentó en el plazo prudencial de 6 meses, si se considera
que la última providencia cuestionada corresponde al auto del 14 de marzo de 2025 y
la acción de tutela fue radicada el 23 de julio siguiente.
Lo anterior, demuestra que no hubo dilación ni retardo en cabeza de la parte actora en
la defensa de su derecho fundamental.
2.7.4. Subsidiariedad
Para la Sala está satisfecho el requisito de la subsidiariedad de la acción, debido a
que el accionante está cuestionando la providencia que puso fin al trámite incidental
con radicado 05001-33-33-034-2019-00385-02, es decir la que resolvió el grado
jurisdiccional de consulta.
4
No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso a la
administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante constitucionalmente, pues
si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de una pretensión de contenido
económico, la discusión carecerá de tal relevancia”
5
Sentencia T-606 de 2000
6
Ibidem
10
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Por otra parte, en sentencia T-055 de 2021, la Corte Constitucional dispuso que el
análisis de las solicitudes de amparo en contra de decisiones proferidas en el trámite
de un incidente de desacato, «parte del reconocimiento de que el legislador no previó
otros medios de impugnación destinados a controvertir lo decidido por el juez de
conocimiento, en relación con la conducta desplegada por el obligado por el fallo de
tutela para la satisfacción de las órdenes allí impartidas». Asimismo, en esa
oportunidad, aclaró que tales reglas dictadas sobre el incidente de desacato en tutela
son aplicables para las acciones populares, así:
Dado que el auto que pone fin al incidente de desacato no es susceptible de apelación,
resulta improcedente la exigencia de agotar otros medios de defensa judicial con el fin de
cuestionar las decisiones adoptadas en él. La jurisprudencia de la Corte sostiene que lo
que se requiere es que la decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada y por ello la acción de tutela es improcedente si se interpone antes. Esta
posición es aplicable también para solicitudes de amparo contra providencias expedidas
en el trámite de incidentes de desacato a sentencias de acciones populares, como ya lo
ha reconocido la jurisprudencia constitucional.
En consecuencia, se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, pues el
accionante no cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, diferentes a la acción
de tutela, que le permitan controvertir los autos del 3 y 14 de marzo de 2025.
2.8. Generalidades de los defectos invocados
2.8.1 Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
Para esta Sala, el precedente es aquella regla de derecho creada por una alta corte y
órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un determinado
conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido
para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es vinculante para los
demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, se crea una regla aplicable
en los demás asuntos que se basen en los mismos supuestos de hecho.
Para la Corte Constitucional, dicho precedente puede llegar a desconocerse cuando:
«(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por
sentencias de control de constitucionalidad,(ii) se contraría la ratio decidendi de
sentencias de control de constitucionalidad, especialmente, la interpretación de un
precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior,
o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada,
o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de
constitucionalidad o de revisión de tutela. El desconocimiento del precedente
constitucional, además de violar los derechos de las partes a la igualdad y al debido
proceso, entre otros, vulnera el principio de supremacía constitucional, lo que
constituye una razón de más que hace procedente la acción de tutela contra la
providencia atacada.»7
Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al definir
7
Sentencia T-309/15
11
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directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la Constitución.
2.8.2. Defecto fáctico
El defecto fáctico como causal de procedencia de la acción tutela contra providencias
judiciales se presenta cuando el juez no tiene el apoyo probatorio suficiente para
aplicar el supuesto legal en el que sustenta la decisión porque dejó de valorar una
prueba o no la valora dentro de los cauces racionales y/o denegó la práctica de alguna
sin justificación.
Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar
pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio
determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii)
valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con
fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso.
Este se da cuando la autoridad judicial omite el decreto de pruebas, efectúa una
valoración caprichosa y arbitraria de las mismas, se separa de los hechos probados
dentro del proceso o no las valora en su integridad.
Por consiguiente, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo que plantea,
para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la
decisión judicial y la exigencia de una carga argumentativa razonable.
2.9. Caso concreto
El señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga considera vulnerada su garantía
fundamental al debido proceso con ocasión de los autos de 3 y 14 de marzo de 2025
proferidos, en su orden, por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, que le impusieron una
multa de un (1) S.M.L.M.V., por el incumplimiento de las órdenes emitidas dentro del
radicado 05001-33-33-034-2019-00385-00, correspondiente al medio de control de
protección de derechos e intereses colectivos (acción popular) promovido por la
Parcelación Vallados de Gratamira 1 P.H., la Parcelación Vallados de Gratamira 2
P.H., la Urbanización Zanzíbar y la Urbanización San Juan de la Peña en contra del
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y el Fondo de Valorización de
Medellín – FONVALMED.
Precisa que las aludidas providencias incurren en los defectos sustantivo por
desconocimiento del precedente, y fáctico por valoración defectuosa del material
probatorio allegado al proceso, porque no analizaron su responsabilidad subjetiva, tal
como lo ha fijado la jurisprudencia; ni tuvieron en cuenta que se posesionó como
alcalde el 1º de enero de 2024, así como las justificaciones y acciones que desplegó
y puso de presente para exculparse.
Para descender al caso concreto, se observa que el Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, mediante proveído del 10 de agosto
de 2023, abrió un incidente de desacato y requirió al señor Daniel Quintero Calle, ex
alcalde del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para que brindara
las explicaciones que considerara pertinentes.
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Luego, dicha autoridad judicial, a través del auto del 25 de enero de 2024, dejó sin
efecto la anterior actuación para abrir el incidente de desacato frente al señor Federico
Andrés Gutiérrez Zuluaga, en calidad de actual alcalde del Distrito de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín.
El Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, al descorrer el traslado,
advirtió que el incidente de desacato no tiene por finalidad «la imposición de la sanción
en sí misma, sino que es una de las formas de búsqueda del cumplimiento de la
sentencia. De ahí que el desacato no es más que medio disuasorio del que se dota al
juez del conocimiento de la acción popular, en orden a que en ejercicio de su potestad
disciplinaria proceda a sancionar a quien deliberadamente desatienda las órdenes
judiciales impartidas para hacer efectiva la protección de los derechos e intereses
colectivos.»
Explicó que, en todo caso, se debe: (i) comprobar la responsabilidad subjetiva del
actual alcalde, desde que se posesionó, máxime cuando ha demostrado una actitud
responsable, de buena fe, obediente y proactiva para dar cumplimiento a la orden
judicial con sus vicisitudes y complejidades; y (ii) analizar las razones técnicas,
normativas, presupuestales, jurídicas y operativas que solo han permitido adelantar
los estudios y la ejecución de los andenes en la margen occidental, las cuales, bajo
ninguna circunstancia, pueden resolverse automáticamente como un incumplimiento.
Concluyó que no existe prueba que permita deducir válidamente que la tardanza en el
cumplimiento de la orden contenida en el fallo de acción popular obedezca al capricho
o a la negligencia del actual representante de la entidad.
El Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, por auto
del 3 de marzo de 2025, sancionó por desacato al cumplimiento de la sentencia popular
al señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga con multa de un (1) S.M.L.M.V., en su
calidad de alcalde del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Lo
expuesto, porque (i) encontró acreditado el incumplimiento de la orden judicial en el
término estipulado (13 meses); y (ii) los informes tendientes a evidenciar las vicisitudes
y desafíos presentados en la ejecución de la obra no son de recibo en una fase de
cumplimiento, como lo son: la apropiación de recursos necesarios; la invasión del
espacio público y el inicio del trámite de recuperación; el esclarecimiento del
propietario de una franja ocupada por la portería de la Urbanización San Juan de la
Peña; la compra de 225 metros cuadrados de propiedad de la Clínica Veterinaria San
Lucas y de 461 metros cuadrados del Colegio Manzanares; la existencia de 392
metros y 965 metros cuadrados que pertenecen, en su orden, a la zona verde de la
margen occidental localizada en el Barrio los Balsos No.1 y al Corregimiento de Santa
Elena; el traslado de postes e hidrantes; y la afectación de una quebrada, así:
Denota el Despacho que, en el informe allegado ha quedado en evidencia que no se ha
dado cumplimiento cabal a lo ordenado en sentencia popular del proceso de la referencia,
puesto que en este se fijó un término de 7 meses para iniciar las gestiones administrativas
y contractuales pertinentes para estructurar un plan técnico, financiero y jurídico para
llevar a cabo el diseño y construcción, que el plan que se proyectara la dicha obra
especifica debía ser ejecutado en un término que no sobrepasara los 6 meses posteriores
al vencimiento del término inicial previsto para su estructuración.
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Es importante reiterar que el fallo popular se encuentra en firme y surtiendo sus
efectos, y la fase de cumplimiento del mismo no es una etapa para exponer alegatos
propios de la fase previa a la sentencia y reabrir la fase declarativa, por lo tanto, la
manifestación del Distrito de Medellín en donde conceptúa que a su juicio del mismo
ente condenado no debe ejecutarse la obra dispuesta en la forma indicada en la
sentencia, resulta ser improcedente y no puede ser de recibo.
Se encuentra entonces que el Distrito Especial de Medellín, no ha dado cabal
cumplimiento a lo ordenado por el despacho en dicho fallo y las acciones desplegadas en
procura de cumplir el fallo obrantes en el proceso, son insuficientes, acorde con el
cronograma de la parte resolutiva de la sentencia ejecutoriada, por lo que ante el retardo
y el incumplimiento parcial puesto de presente en el marco de una acción constitucional
prevalente – Acción popular, por parte del Distrito Especial de Medellín, que ha quedado
claramente en evidencia en el recuento antes realizado, conlleva a que se deba emitir
sanción por desacato a sentencia popular, acorde el mandato del art. 41 de la Ley 472 de
1998 Frente al señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga – Alcalde del Distrito de Ciencia,
Tecnología e Innovación de Medellín en un equivalente a 1 SLMLV que deberán
consignarse dentro de los 5 días posteriores a la firmeza de esta decisión, al Fondo para
la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, una vez concluya el trámite de
Consulta ante el Superior (negrita en el texto).
El Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín presentó una solicitud de
inaplicación de la sanción el 11 de marzo de 2025, en atención a que la autoridad
judicial no efectuó una valoración del elemento subjetivo de la persona que
supuestamente incumplió la sentencia.
Insistió en que, en este asunto, «no existe elemento de prueba alguno que permita
deducir válidamente que la tardanza en el cumplimiento de la orden contenida en el
fallo obedezca al capricho o a la negligencia del actual representante legal del Distrito
de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín», máxime cuando, pese a los desafíos
que se han presentado, ha mostrado interés y diligencia, con el emprendimiento de
acciones y trámites que son necesarios para asegurar la materialización de la obra.
Sobre el particular, destacó que se consultaron lineamientos normativos y técnicos al
Departamento Administrativo de Planeación; detectaron tramos de anden que
requieren adquisición y gestión predial para que cumplan las dimensiones mínimas; y
se efectuaron, entre otras acciones, un levantamiento topográfico y de redes de
servicios y demás elementos pertenecientes al espacio público; un estudio de suelos;
un análisis hidrológico para caracterizar el régimen de precipitaciones y calcular los
caudales de diseño; una evaluación de las condiciones actuales del manejo de aguas
del sector Colegio Manzanares; y un inventario forestal, con su respectivo un plano
digital. Insumos con los que, en el año 2025, se planea seguir trabajando para pasar
a la etapa de aprobaciones y adquisición de predios.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la providencia del 14 de marzo de
2025, confirmó la sanción, porque (i) las limitantes aducidas por la entidad para
exculparse no «desdibujan el hecho notorio y principal», esto es, el incumplimiento a
lo ordenado en la sentencia popular, desde su ejecutoria en el año 2022; (ii) la multa
fijada está muy por debajo del tope máximo fijado en la Ley 472 de 1998, así:
Es importante señalar que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 3 de octubre
de 2022 y confirmó en su integridad lo dispuesto por el A quo y desde la ejecutoria de la
sentencia, ha transcurrido con creces el lapso de siete meses conferido para realizar los
estudios ordenados y el tiempo de 6 meses para la ejecución de la obra específica. Lo
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anterior pues, han pasado más de dos años después de la ejecutoria de la sentencia de
segunda instancia.
[….]
Establecido lo precedente, en lo relacionado con elemento subjetivo hay que verificar si la
inobservancia del plazo para atender la orden impartida ocurrió por renuencia, negligencia
o desidia de la persona encargada de dicho cumplimiento. Ahora bien, se precisa que no
es facultativo por parte del distrito, por conducto de su representante legal, cumplir o no
la sentencia. Se trata de una orden judicial que debe se acatar.
La entidad ha evidenciado una serie de actuaciones y de pretensas limitantes a la hora de
cumplir lo dispuesto en la sentencia, lo que en manera alguna desdibuja el hecho notorio
y principal, consistente en que no se ha dado cumplimiento cabal a la sentencia, pues no
basta con efectuar tareas tendientes y encaminadas a poder materializar las órdenes.
Al punto se recuerda que no han transcurrido dos, ni cuatro, ni seis meses luego de la
sentencia como para que se aduzca que tales tareas y las diversas situaciones que se
presentan tales como que es necesario adquirir fajas de terreno y que se presentan
ocupaciones de algunos puntos para sustentar la ausencia del cumplimiento. En este
punto, se destaca que ni siquiera se ha acatado la orden inicial por así decirlo, esto es, el
estudio para realizar el diseño y la construcción “del andén reglamentario” y de la
“continuidad del andén” en los puntos señalados en la sentencia.
[…]
En suma, quiere decir lo anterior que la materialización de las obras ordenadas en la
sentencia, se encuentran más que lejos de ser cumplidas, pues ni siquiera se cuenta con
el estudio que permita dar inicio a ellas. En tal sentido, se tiene que las diversas gestiones
adelantadas por la parte, no tienen la entidad o la capacidad para evidenciar una
verdadera diligencia en aras de dar cumplimiento a la sentencia y, en sentido contrario,
evidencian la negligencia o la renuencia a cumplir lo ordenado a la sentencia.
De otro lado, se advierte que la sanción se encuentra adecuada y proporcionada, teniendo
en cuenta que se fijó un “SLMLV” y que el tope establecido en la norma para imponer la
sanción se encuentra en 50 salarios mínimos mensuales, por lo cual, se determinó muy
por debajo el tope máximo estatuido en la Ley. Adicionalmente, se encuentra acompasada
con esa ausencia de cumplimiento de la sentencia que se le ha reprochado en el presente
proveído.
El anterior pronunciamiento tuvo un salvamento de voto, en el que destacó que, si bien
está demostrado el factor objetivo para la imposición de la sanción, no ocurre lo mismo
en relación con el aspecto subjetivo, aspecto que es imprescindible para el ejercicio
del ius puniendi por parte del Estado y que se debe considerar, máxime cuando existen
pruebas que dan cuenta de las acciones desplegadas por el actual alcalde del Distrito
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
Para abordar los defectos atribuidos a los autos del 3 y 14 de marzo de 2025, resulta
pertinente advertir la potestad para imponer una sanción (multa conmutable en
arresto), está limitada por dos requisitos, a saber: (i) que se verifique el incumplimiento
de la orden judicial, y (ii) que se determine la responsabilidad subjetiva del demandado
en la renuencia para acatarla.
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Así lo ha precisado y reiterado la jurisprudencia de la Corte Constitucional8 y el Consejo
de Estado9 al señalar que no es suficiente para sancionar que se haya inobservado el
plazo concedido para la atención de la orden impartida, sino que debe probarse la
negligencia de la persona encargada de su cumplimiento, lo que garantiza que no se
presuma la responsabilidad por el sólo hecho del desacato.
Así las cosas, si la sanción implica la comprobación de una responsabilidad
subjetiva, en el procedimiento para imponerla deben tenerse en cuenta los elementos
propios del régimen sancionatorio, verbigracia, los grados y modalidad de la culpa o
negligencia con que haya actuado el funcionario, las posibles circunstancias de
justificación, agravación o atenuación de la conducta, y por supuesto, el derecho de
defensa y contradicción.
Lo anterior, supone que la sanción por desacato a la orden judicial de una acción
popular se enmarca en el régimen sancionatorio personal y no institucional; de lo que
se colige que la multa conmutable en arresto señalada en el artículo 41 de la Ley 472
de 1998, procede respecto de la persona responsable del incumplimiento y no de la
autoridad o entidad pública, genéricamente considerada10.
Atendiendo esta línea y la finalidad del trámite de desacato (el cumplimiento de las
órdenes judiciales impartidas y no la sanción en sí misma), la Sección Primera de esta
Corporación11 consolidó los presupuestos mínimos que deben garantizarse en el
trámite de un incidente de desacato en acciones populares, de la siguiente manera:
Para tal efecto, la Sala advierte que el trámite de desacato, en el marco de las acciones
populares, debe cumplir, como mínimo, con las reglas que se exponen a continuación:
i) El incidente de desacato procede de oficio o a solicitud de parte.
ii) El trámite se inicia con el auto de apertura del incidente de desacato contra la persona
natural encargada de cumplir la orden impartida por el juez de la acción popular.
Esta providencia debe individualizar, en debida forma, a la persona responsable del
cumplimiento para efectos de garantizar el debido ejercicio de los derechos de
contradicción y de defensa.
Es importante recordar que la sanción por desacato es personal y no institucional; es
decir, la apertura del incidente no se debe realizar contra la institución, la dependencia
o el cargo en abstracto, sino individualizada respecto de quien está obligado al
cumplimiento de la orden impartida en la providencia presuntamente incumplida.
Asimismo, la providencia debe conceder un plazo razonable para que la persona dé
cuenta de la razón por la cual no ha cumplido la orden impartida y presente sus
argumentos de defensa.
iii) La providencia de apertura del incidente debe ser notificada, en debida forma, a la
persona contra la cual se haya iniciado el respectivo trámite incidental.
iv) En caso que se haya solicitado la práctica de pruebas, el juez deberá proveer sobre
estas, para lo cual determinará si son conducentes, pertinentes y útiles. Asimismo,
8
Véase: Sentencias T-652 del 2010 ySU-034 de 2018. En tales decisiones, la Corte Constitucional
estableció subreglas claras para los jueces al momento de resolver un incidente de desacato, entre las
que se destaca el deber de verificar "la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado".
9
Ver entre otras, sentencia de 24 de noviembre de 2005, Expediente 2000-3508, y sentencia de 10 de
mayo de 2004, expediente 2003-90007, con ponencia de Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
10 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de febrero de 2018, expediente 20001-23-15-
000-2002-01485-01, M.P. María Elizabeth García González
11
Auto del 11 de abril de 2018, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, expediente 2015-00323-02.
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decretadas las pruebas, el juez fijará un plazo para su práctica, acorde con los principios
que rigen el trámite de las acciones populares.
v) Una vez practicadas las pruebas, el juez procederá a resolver el incidente de
desacato, conforme a los parámetros expuestos en esta providencia, para lo cual deberá
verificar si se acreditan los elementos objetivo y subjetivo; es decir, que el incumplimiento
objetivo es atribuible a la persona, en virtud de un vínculo de causalidad -culpa o dolo-,
propios del régimen sancionatorio.
En todo caso, la sanción que se imponga debe ser personal, proporcional, y establecer
en forma precisa el monto de la misma. Asimismo, solamente se podrá sancionar la
persona respecto de la cual se inició el incidente de desacato, garantizándole sus
derechos de contradicción y de defensa.
vi) La providencia que resuelva el incidente de desacato deberá ser notificada en debida
forma.
vii) En caso de haberse impuesto sanción, el juez deberá remitir el expediente en consulta
al superior.
viii) Y, el trámite de desacato tiene por objeto el cumplimiento de las órdenes
impartidas en la providencia y no la sanción en sí misma. (negrita fuera del texto)
Ahora bien, la Sala encuentra que en el trámite del incidente de desacato, el señor
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga enfatizó que no era la persona natural encargada
de cumplir la orden impartida por el juez de la acción popular y pidió, de forma
insistente, que se analizara el elemento subjetivo de su responsabilidad, desde que se
posesionó el 1 de enero de 2024, con los elementos propios del régimen sancionatorio,
esto es, los grados y modalidad de la culpa o negligencia con que haya actuado y las
circunstancias de atenuación o justificación presentadas, para luego sí determinar la
pertinencia y/o proporcionalidad de una sanción.
Las autoridades judiciales accionadas, en los proveídos del 3 y 14 de marzo de 2025,
en atención del principio de continuidad de la función pública, determinaron que la
persona natural encargada de cumplir las órdenes emitidas en el radicado 05001-33-
33-034-2019-00385-00 era el accionante, sin hacer limitación alguna en cuanto a la
fecha de su posesión como alcalde el 1 de enero de 2024.
En efecto, el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Medellín,
por auto del 3 de marzo de 2025, sancionó al señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
por desacato con multa de un (1) S.M.L.M.V. porque, sin atender ninguna justificación,
encontró acreditado el incumplimiento de la sentencia ejecutoriada en el año 2022, en
el término estipulado para el efecto (13 meses). Así que el retardo evidenciado conllevó
a la imposición de la multa.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la providencia del 14
de marzo de 2025, confirmó la sanción cuestionada en grado jurisdiccional de consulta,
pues las limitantes aducidas por la entidad para exculparse no «desdibujan el hecho
notorio y principal», esto es, el incumplimiento a lo ordenado en el fallo popular, más
aún cuando han transcurrido más de dos años después de su ejecutoria en el año
2022.
En ese orden de ideas, las autoridades judiciales accionadas trasladaron el
incumplimiento que vislumbraron desde el 2022 al señor Federico Andrés Gutiérrez
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Zuluaga y lo sancionaron por el solo hecho del desacato, sin advertir que se posesionó
como alcalde el 1 de enero de 2024 y valorar las acciones que desplegó durante su
administración, ni las complejidades que obstaculizaron, desde su antecesor, atender
las órdenes emitidas en la sentencia del 8 de junio de 2022, en un término tan
perentorio de 13 meses.
Respecto de lo último, vale la pena evidenciar que el Distrito de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín en informe de cumplimiento del 17 de abril de 2023, dirigido al
Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, puso de
presente que el término de 13 meses no puede cumplirse, en atención a los desafíos
y las vicisitudes que se han presentado y escapan de su competencia.
En el mismo sentido, el aludido distrito al revisar sus propias actuaciones, en oficio del
9 de febrero de 2024, plasmó que la complejidad y magnitud de la obra, sumada a los
diversos sucesos presentados, han requerido el trabajo articulado de varias
dependencias y de otras entidades (entre ellas, la Secretaría de Medio Ambiente, la
Secretaría de Infraestructura Física - Unidad Socio Ambiental y Paisajísmo, el
Departamento Administrativo de Planeación, el Departamento Administrativo de
Gestión del Riesgo de Desastres, y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá), así
como el inició de varias acciones y trámites para obtener: estudios indispensables;
permisos varios; recuperación de espacios públicos y compra de predios; y
presupuesto, que permitan asegurar el cumplimiento de la sentencia popular.
Efectivamente, no se tuvieron en cuenta las justificaciones atrás referenciadas, ya que
el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Medellín consideró
que no son de recibo «en fase de cumplimiento» y el Tribunal Administrativo de
Antioquia estimó que no «desdibujan el hecho notorio y principal», esto es, el
incumplimiento desde el año 2022. Razonamientos que se quedaron con la
desobediencia, como único elemento para efecto de imponer la sanción, lo cual es
violatorio del debido proceso del señor señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga.
Lo anterior, si se atiende que las autoridades judiciales accionadas no efectuaron un
análisis que permitiera probar la renuencia, la negligencia o el capricho del accionante
en acatar la sentencia popular desde que asumió el cargo de alcalde. Valoración que
era imperativa para determinar su responsabilidad subjetiva y la pertinencia y
proporcionalidad de la sanción impuesta.
En este punto, resulta pertinente señalar que ese análisis que se echa de menos, por
ser propio de un régimen sancionatorio, debe atender los grados y la modalidad de la
culpa o negligencia con que haya actuado el accionante, así como las posibles
circunstancias de justificación, agravación o atenuación de su conducta.
En el asunto sub judice, el juzgado y el tribunal accionados (i) presumieron la
responsabilidad del señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga por el incumplimiento de
la sentencia popular desde que quedó ejecutoriada en el año 2022, sin atender la fecha
en que tomó posesión del cargo de alcalde (1 de enero de 2024); (ii) dejaron de lado
el estudio de la responsabilidad subjetiva, pues desestimaron de tajo las justificaciones
y acciones que presentó el antes nombrado; y (iii) utilizaron un método de ponderación
en el que no se tuvo en cuenta el dolo y la culpa grave, sino la fijación al arbitrio de
una multa equivalente a un (1) S.M.L.M.V..
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04565-00
Las razones que anteceden son suficientes para evidenciar que se configuraron los
defectos sustantivo y fáctico alegados por el señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga,
porque el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y
el Tribunal Administrativo de Antioquia (i) presumieron la responsabilidad del señor
Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga a partir del incumplimiento, o la configuración del
elemento objetivo, lo cual contradice la jurisprudencia rectora y (ii) desatendieron las
pruebas que daban cuenta de la fecha de posesión del accionante y de las
circunstancias de justificación o atenuación que invocó el accionante, con lo cual se
obvió la valoración del elemento subjetivo y desconoció la finalidad del incidente de
desacato, esto es, el acatamiento de la orden impartida por el juez de la acción popular
y no la imposición de la sanción.
Por consiguiente, la Sala concederá el amparo del derecho fundamental al debido
proceso del accionante, quien fue sancionado en el trámite incidental de desacato
dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos (acción
popular) con radicado 05001-33-33-034-2019-00385-00, en calidad de alcalde del
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
En consecuencia, se dejarán sin efectos los autos del 3 y 14 de marzo de 2025
proferidos, en su orden, por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito
Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ordenará al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo
del Circuito Judicial de Medellín que, en el término de diez (10) días, contados a partir
de la notificación de esta sentencia, profiera una providencia de reemplazo, teniendo
en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Fondo de
Valorización de Medellín – FONVALMED por las razones expuestas.
SEGUNDO: Ampárase el derecho fundamental al debido proceso del señor Federico
Andrés Gutiérrez Zuluaga.
En consecuencia, déjanse sin efectos los autos del 3 y 14 de marzo de 2025 proferidos,
en su orden, por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia.
TERCERO: Ordenar al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Demandante: Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04565-00
CUARTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto No. 2591 de 1991.
QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente el
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591
de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/
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