Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04572-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04572-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04572-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04572-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
30 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SALA DIEZ ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Revisión automática de acto sancionatorio Ley 2094 de 2021
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante Octavio Cárdenas Almeida
Demandado Procuraduría General de la Nación1
Decisión Decisión del 29 de mayo de 2025 de la Sala Disciplinaria
recurrida: de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
Popular de la Procuraduría General de la Nación. Radicado
E-2021-343830 / D-2021-1946194.
Temas: Control automático de la sanción disciplinaria de destitución e
inhabilidad impuesta a un servidor público de elección
popular
SENTENCIA DE REVISIÓN
ASUNTO
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión regulado en los artículos 54
a 60 de la Ley 2094 de 2021 de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia C-030
de 2023 y el auto de unificación jurisprudencial proferido por la Sala Plena de
esta corporación del 3 de diciembre de 20242 dentro del proceso de la
referencia.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de revisión automática de la decisión disciplinaria
1. Por Oficio SDJ-SEP 340 del 23 de julio de 2025, la procuradora delegada
de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
Popular de la Procuraduría General de la Nación, remitió el proceso disciplinario
con radicado E-2021-343830 / D-2021-1946194, con el fin de que se surtiera la
1
En adelante PGN.
2
Proferido dentro del proceso con radicado 11001–03–15–000–2023–00871–00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
revisión de que trata el artículo 54 de la Ley 2094 de 2021, en cumplimiento de
lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 20233.
2. Lo anterior en atención a que la sala de la Procuraduría General de la
Nación mencionada declaró la responsabilidad disciplinaria de Octavio
Cárdenas Almeida, servidor de elección popular, y le impuso sanción de
destitución e inhabilidad general de 10 años, mediante acto del 29 de mayo de
2025. La decisión confirmó parcialmente la proferida por la Procuraduría
Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga del 23 de agosto de 2024 en lo que
se refirió a la responsabilidad. No obstante, varió la sanción y fijó la enunciada.
1.2. Trámite del proceso disciplinario ante la Procuraduría General de la
Nación
3. Como actos relevantes dentro del trámite disciplinario se destacaron los
siguientes:
3.1. Octavio Cárdenas Almeida fue elegido concejal del municipio de
Piedecuesta (Santander) por el periodo constitucional 2020-2023.
3.2. El 29 de junio de 2021, el portal electrónico «Piedecuesta 24/7/» publicó
en la red social Facebook una nota en la que denunció al disciplinado por
protagonizar una riña en estado de embriaguez, por abusar de su posición
como servidor público durante el trámite policivo de detención del que fue objeto
con el fin de mantener su libertad; y por acudir a la sesión del concejo municipal
del 27 de junio de 2021 en estado de embriaguez4.
3.3. El 1 de julio de 2021, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga ordenó
abrir indagación preliminar con fundamento en la publicación aludida, con el fin
de determinar la ocurrencia de los hechos y si constituían falta disciplinaria.
Para tal efecto, dispuso practicar varias pruebas documentales y testimoniales5.
La providencia fue notificada a Octavio Cárdenas Almeida el 10 de septiembre
20216.
3.4. El 15 de marzo de 2022, la autoridad disciplinaria decidió acumular al
proceso disciplinario E-2021-343830 / D-2021-1946194, el radicado
IUS-E-2022-081886/IUC-D-2022-2272555 que se originó en una queja anónima
en la que se informó que el disciplinado participó en una riña en la noche del 26
y la madrugada del 27 de junio de 2021 en estado de embriaguez por lo que fue
trasladado por la Policía Nacional a la estación del municipio7.
3.5. El 15 de marzo de 2022, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga
dispuso abrir investigación en contra de Octavio Cárdenas Almeida en su
condición de concejal del municipio de Piedecuesta (Santander) por la
3
Índice 2, samai.
4
Índice 2, Samai archivo «3ED_Cuaderno1(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2». Folios 1 a 3 del
Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 2 y 4 del archivo PDF).
5
Ibidem. Folios 4 a 7 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 5 a 11 del archivo
PDF).
6
Ibidem. Folios 8 y 9 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 12 y 13 del archivo
PDF).
7
Ibidem. El auto y la queja reposan en los folios 35 y 36 y 56 a 58 del Cuaderno 1 del
expediente disciplinario, (Folios 48 y 49 y 50 a 52 del archivo PDF).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
responsabilidad que le podía asistir, porque con su actuación incurrió en el
posible abuso de la función pública por hacer prevalecer su cargo en el
desarrollo de un procedimiento policivo de detención y por la presunta
irregularidad de asistir a la sesión del concejo municipal del 27 de junio de 2021
en estado de embriaguez en contravía de los principios que rigen la función8.
3.6. El 7 de septiembre de 2022, la procuraduría aludida determinó el cierre
de la investigación disciplinaria para su evaluación9. La decisión fue notificada al
disciplinado el 7 de septiembre de 2022 a su correo electrónico y dirección
física10 y acudió a la sede de la entidad para ser notificado personalmente11.
3.7. El 27 de septiembre de 2022, la Procuraduría Provincial de
Bucaramanga formuló pliego de cargos en contra de Octavio Cárdenas
Almeida12. La providencia se notificó el 27 de octubre de 202213. Se le endilgó el
siguiente cargo:
«[…] El señor Octavio Cárdenas Almeida, en su condición de concejal de
Piedecuesta, para [las] últimas horas del día 26 de junio de 2021 y el amanecer
del día siguiente, en el adelantamiento de un procedimiento policial, al parecer
influyó en el actuar de los uniformados que intervinieron, pues prevaliéndose de
su calidad de corporado los amenazó con un eventual traslado, buscando que
cesara el procedimiento y así evitar la imposición de los comparendos
68-547-6-2021-2763 y 68-547-6-2021-2768 por haber reñido e inobservado las
restricciones al tránsito de personas por ocasión de covid, respectivamente,
comportamiento con el [que] incurrió en el tipo disciplinario previsto en el numeral
42 [del] artículo 48 de la ley 734 de 2002 (hoy numeral 8 artículo 62 de la ley
1952 de 2019) […]» (sic).
La PGN consideró que la conducta descrita desconoció el principio de
3.7.1.
moralidad de la función pública porque tenía la responsabilidad «de velar por una
conducta integra y respetuosa de las autoridades instituidas por la Constitución y la
Ley, apartada de cualquier influencia proveniente del ejercicio de un cargo de elección
popular y de la autoridad política que pueda tener por el desempeño del cargo». En la
providencia ordenó remitir por competencia el proceso a la Procuraduría
Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga para que iniciara la etapa de
juzgamiento con fundamento en el artículo 225 de la Ley 1952 de 2019.
3.8. El 30 de enero de 202414, la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de
Bucaramanga avocó conocimiento del proceso para instruir la etapa de
juzgamiento.
3.9. El 23 de agosto de 2024, la autoridad disciplinaria profirió el acto
disciplinario de primera instancia15 en el que declaró disciplinariamente
8
Ibidem. Folios 40 a 45 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 58 a 68 del archivo
PDF).
9
Ibidem. Folios 129 a 131 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 180 a 185 del
archivo PDF).
10
Ibidem, folios 132 y 133 y 136 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folios 187 y 188 y
191 del archivo PDF).
11
Ibidem, folios 137 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folio 193 del archivo PDF).
12
Ibidem, folios 163 a 176 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folio 221 a 248 del
archivo PDF).
13
Ibidem, folio 177 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folio 249 del archivo PDF).
14
Ibidem, folios 187 a 189 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folios 259 a 263 del
archivo PDF).
15
Índice 2, Samai archivo «18ED_Cuaderno2(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2». Folios 380 a
403 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario, (Folios 214 a 259 del archivo PDF).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
responsable a Octavio Cárdenas Almeida por el cargo formulado y le impuso la
sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 13 años. El acto
fue notificado el 27 de agosto de 202416.
3.10. El 29 de mayo de 202517, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular confirmó parcialmente la decisión de
primera instancia. La entidad confirmó la destitución, pero disminuyó la
inhabilidad general a 10 años. El acto fue notificado el 4 de junio de 202518.
1.3. Decisión disciplinaria de primera instancia19
4. La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga en el acto
disciplinario del 23 de agosto de 2024 declaró responsable a Octavio Cárdenas
Almeida por el cargo imputado. Como consecuencia de ello, le impuso la
sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer la función pública por
el término de 13 años. La decisión se fundamentó en lo siguiente:
5. Sobre la competencia y normativa aplicable
5.1. El artículo 277 de la Constitución Política, así como la sentencia C-030
de 2023, facultó a la PGN para juzgar disciplinariamente a los servidores
públicos de elección popular.
5.2. En el presente caso se aplicó la Ley 1952 de 2019 en lo que respecta al
procedimiento, puesto que cuando entró en vigor no se había proferido el acto
de formulación de cargos como lo exigía el artículo 263 ibidem. En cuanto a las
normas sustantivas debía seguirse con las previstas en la Ley 734 de 2002
porque los hechos ocurrieron durante su vigencia.
6. Sobre la tipicidad
6.1. Dentro del proceso se demostró con la prueba documental y testimonial
que Octavio Cárdenas Almeida participó en su calidad de concejal del municipio
de Piedecuesta (Santander) en una riña ocurrida la noche del 26 y la
madrugada del 27 de junio de 2021 por lo que fue necesario la presencia de
uniformados de la estación de policía de ese municipio quienes lo detuvieron.
6.2. Asimismo, se acreditó que al ser conducido a la estación de policía y
debido a su estado de alteración se valió de su condición de concejal y
amenazó a los uniformados con trasladarlos con el fin de que cesarán con el
procedimiento que se adelantaba en su contra. De igual manera, ejerció actos
de intimidación al exigir la presencia del personero municipal. Todo lo anterior
para lograr que no se le impusieran comparendos por infringir las normas de
restricción impuestas por el COVID 19 y por la riña en la que participó.
16
Ibidem. Folios 403 a 415 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario, (Folios 260 a 272 del
archivo PDF).
17
Ibidem. Folios 434 a 447 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario (Folios 301 a 326 del
archivo PDF).
18
Ibidem. Folios 447 y 448 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario (Folios 327 a 328 del
archivo PDF).
19
Índice 2, Samai archivo «18ED_Cuaderno2(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2». Folios 380 a
403 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario, (Folios 214 a 259 del archivo PDF).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
6.3. Por lo anterior, quedó establecido que incurrió en la falta disciplinaria
descrita en el numeral 42 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
7. Sobre la ilicitud sustancial
7.1. El comportamiento desplegado por Octavio Cárdenas Almeida vulneró el
principio de moralidad. Cuando invocó su investidura para influir en los
miembros de la Policía Nacional para que actuaran en su favor rompió la
probidad, imparcialidad y moralidad exigidas para el desempeño de su cargo,
mucho más porque tales servidores públicos merecían respeto por haber
actuado en cumplimiento de su deber.
8. Sobre la culpabilidad y la calificación de la falta
8.1. El disciplinado desarrolló una conducta gravísima, a título de dolo, puesto
que sabía que con su actuar incurrió en una falta disciplinaria; lo hizo de
manera voluntaria porque tenía la posibilidad de actuar de acuerdo con el
ordenamiento jurídico; tenía conciencia de la ilicitud, pues conocía que su
comportamiento era contrario a derecho al tratarse de una indebida influencia
amparada en la calidad de su cargo; y le era exigible que desplegara un
comportamiento diferente para debatir los comparendos, como era acudir al
proceso policivo.
9. Criterios de graduación de la sanción
9.1. Comoquiera que durante el desarrollo del proceso entró en vigencia la
Ley 1952 de 2019, era necesario verificar si la sanción que reglaba esta
normativa era más beneficiosa para el disciplinado y en caso de ser así si debía
ser aplicada en virtud del principio de favorabilidad.
9.2. Al comparar el contenido de los artículos 45 de la Ley 734 de 2002 y 49
de la Ley 1952 de 2019 se constató que la sanción era igual para las faltas
gravísimas dolosas, por lo que regía la primera de las leyes al no existir en la
nueva una situación más ventajosa.
9.3. No obstante, en lo que respecta a los criterios para la graduación de la
pena, el artículo 50 de la Ley 1952 de 2019 distinguió, a diferencia del artículo
47 de la Ley 734 de 2002, una serie de agravantes y atenuantes y estableció la
inexistencia de antecedentes como uno de estos últimos. Por tal razón, su
contenido era más favorable y en ese sentido debía ser la elegida para calcular
la sanción.
9.4. En consideración con lo expuesto, eran aplicables como agravantes «el
grave daño social de la conducta» porque la comunidad confiaba en el disciplinado
como su representante; «el conocimiento de la ilicitud» pues sabía que sus
actuaciones debían ceñirse a la ley; «la naturaleza de los perjuicios causados»
toda vez que se afectó a la sociedad al perder la confianza, respeto y
credibilidad en sus dirigentes. Bajo esos supuestos, la sanción que
correspondía imponer era la destitución y la inhabilidad por 13 años. Esto último
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
fue calculado desde el término mínimo [10 años] y 1 año más por cada
agravante probado.
1.4. El recurso de apelación20
10. Octavio Cárdenas Almeida interpuso el recurso de apelación en contra
de la decisión disciplinaria de primera instancia para que fuera revocada. La
apelación se fundamentó en los argumentos que se expondrán a continuación.
11. Indebida valoración probatoria
11.1. En el proceso se realizó una incorrecta evaluación de las pruebas
recaudadas. Específicamente, la PGN apoyó la decisión en el testimonio de
Brandon Rosas Carrillo, pero no tuvo en cuenta el informe técnico elaborado
por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales [DNIE] en el que
conceptuó que en el video recolectado como prueba no era posible escuchar
que el disciplinado hubiese amenazado a los policías.
11.2. Tampoco valoró la respuesta suscrita por el capitán Ricardo Alfonso
Montoya en la que informó cómo ocurrieron los hechos y que en los registros de
la estación de policía no se consignó la conducta por la cual la PGN inició el
trámite disciplinario.
11.3. La entidad dejó de valorar el informe del 26 de junio de 2021 rendido por
Brandon Steven Rosas, contratista de la Personería Municipal de Piedecuesta,
en el que no incluyó lo que luego aseveró como testigo en el proceso
disciplinario sobre el comportamiento de Octavio Cárdenas Almeida.
Los testimonios ofrecidos por Javier Eduardo Díaz Peña, Karen Andrea
11.4.
Méndez y Miguel Ángel Leal Sandoval, quienes relataron que el disciplinado no
amenazó a los policías, no fueron tenidos en cuenta.
12. Inexistencia de la tipicidad
12.1. Los integrantes de la patrulla de policía que atendieron los hechos en los
que estuvo involucrado el disciplinado en ningún momento manifestaron en sus
testimonios que este les decía que «no sabían con quién se estaban metiendo» y,
por el contrario, relataron que solo cuando estaba en la estación se dieron
cuenta de que era concejal del municipio.
12.2. No podía afirmarse que Octavio Cárdenas Almeida intimidó a los
uniformados, pues lo tenían esposado ante el público. Además, la exigencia
que hizo para que compareciera el personero municipal no era prueba de ello
porque tenía derecho a pedir la garantía de sus derechos.
12.3. Por lo anterior, la conducta no se subsumió en el tipo disciplinario
previsto en el numeral 42 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
20
Índice 2, Samai archivo «18ED_Cuaderno2(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2». Folios 416 a
421 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario, (Folios 273 a 285 del archivo PDF).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
13. Inexistencia de la ilicitud sustancial
13.1. La PGN justificó la ilicitud sustancial en conductas que no fueron
debatidas dentro del proceso disciplinario. Específicamente, la entidad señaló
que Octavio Cárdenas Almeida con su proceder irrespetó a los policías que
atendieron el procedimiento policivo; no obstante, no se le impuso un
comparendo por irrespeto a la autoridad y no se le inició un proceso penal por
violencia contra servidor público.
14. Sobre la culpabilidad
14.1.En el proceso no se logró establecer que el disciplinado con su
comportamiento hubiese tenido la intención de influir en los policías con el fin de
obtener un beneficio propio. Menos aún se probó que conocía que su actuar
podía ser ilícito y que quería su realización. Es decir, no se demostró que su
proceder fue a título de dolo.
15. Inexistencia de criterios para emitir una sanción
15.1.Ante la inexistencia de la tipicidad y de la ilicitud sustancial para la PGN
era improcedente establecer criterios de graduación de la sanción. Además, la
entidad no podía afirmar que en el presente caso hubo certeza sobre la
ocurrencia de la conducta juzgada.
1.5. Decisión disciplinaria de segunda instancia objeto de revisión21
16. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
Popular confirmó parcialmente el acto de primera instancia en la decisión del 29
de mayo de 2025. En el acto avaló la sanción impuesta por la comisión de la
falta prevista en el artículo 48.42 de la Ley 734 de 2002, pero disminuyó la
inhabilidad a 10 años. Lo fundamentó en lo siguiente:
17. Sobre la competencia de la PGN para proferir la decisión disciplinaria
17.1. La PGN tiene asignada la función disciplinaría por expreso mandato del
artículo 277.6 Constitucional. En relación con los servidores públicos de
elección popular el orden interno se adecuó al mandato de los artículos 8 y 23
de la Convención Americana de Derechos Humanos con la expedición de la Ley
2094 de 2021 cuya constitucionalidad quedó plasmada en la sentencia C-030
de 2023 que autorizó esa función en cabeza de la entidad, al igual que el
Consejo de Estado en auto de unificación del 3 de diciembre de 2024.
18. Sobre la indebida valoración de las pruebas
18.1.En la decisión de primera instancia sí se analizó el informe técnico
elaborado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la PGN.
21
Ibidem. Folios 434 a 447 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario (Folios 301 a 326 del
archivo PDF).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
De los documentos examinados se pudo concluir que, específicamente por el
video de un medio de comunicación, que el disciplinado afirmó el día de los
hechos ser concejal, estaba sin tapabocas y a la vez «estaba lanzando
improperios».
18.2.En relación con la respuesta suscrita por el capitán Ricardo Alfonso
Montoya le asistió razón al disciplinado, puesto que en ella no se hizo referencia
a amenazas que hubiera proferido en contra de los uniformados. No obstante,
con el informe aludido en el párrafo anterior se pudieron corroborar otros
hechos como son que Octavio Cárdenas Almeida participó en una riña, que
estaba alterado y que se le impusieron comparendos.
18.3. Respecto del informe del 26 de junio de 2021 suscrito por Brando Steven
Rosas, invocado para desacreditar el testimonio que este rindió dentro del
trámite, la entidad señaló que no fue parte del acervo probatorio incorporado al
proceso en los términos del artículo 128 de la Ley 734 de 2002 ni aportado por
la defensa. Y tampoco cuando el mencionado rindió declaración fue
cuestionado sobre algún informe.
18.4. La declaración de Javier Eduardo Díaz Peña en la que afirmó que
Octavio Cárdenas Almeida nunca se identificó como concejal ante los policías y
en la que se apoyó la defensa fue contradicha por el relato de Brandon Steven
Rosas Carrillo, quien no tenía relación alguna con el disciplinado. Por el
contrario, el primero sí tenía relación de amistad con él, lo que restaba
credibilidad a su narración.
18.5. De igual manera, aunque Karen Andrea Méndez y Katherine Moreno no
afirmaron que el disciplinado hubiese amenazado a los policías apoyado en su
calidad de concejal, quedó probado que no estuvieron presentes en todo el
procedimiento, que solo lo estuvieron una parte de él y que se fueron antes que
Brandon Steven Rosas Carrillo.
18.6. El relato de Javier Eduardo Díaz Peña también se contradijo con los de
los patrulleros Carlos Arturo Duarte Ortiz, Juan Luis Granados Manrique y José
Ignacio Arias Arias quienes relataron que Octavio Cárdenas Almeida manifestó
ser concejal cuando estaba en la estación de policía y que los iba a hacer
trasladar.
18.7. Así las cosas, los testimonios anteriores coincidieron en que el
disciplinado entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de junio de 2021 fue
recluido en la estación de policía de Piedecuesta (Santander) por haber
participado en una riña y estar alterado. También en que manifestó ser concejal
y, «además, haber influido en los policiales con el hecho de amenazarlos con hacerlos
trasladar, para evitar el procedimiento de policía adelantado».
19. Sobre la tipicidad
19.1.Con las pruebas recaudadas dentro del trámite disciplinario se probó que
Octavio Cárdenas Almeida participó en una riña la noche del 26 de junio de
2021, que estaba en estado de embriaguez, que ello sucedió durante la
vigencia de la ley seca y del toque de queda impuesto por la existencia de la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
pandemia del Covid-19 y que por tal razón fue detenido y trasladado a la
estación de policía del municipio de Piedecuesta (Santander).
19.2. También quedó demostrado que se le impusieron dos comparendos, que
se identificó como concejal y que durante su estancia en las instalaciones
policiales había amenazado a los policías que efectuaron el procedimiento con
hacerlos trasladar por el hecho de haberlo retenido.
19.3. Por lo anterior, su conducta se subsumió en la falta disciplinaria prevista
en el numeral 42 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Ello porque el verbo
rector que determinaba la conducta «influir» «implic[ó] un comportamiento dirigido
por un objetivo, pero el tipo disciplinario se configur[ó] independientemente de que el
servidor público consig[uió] el resultado». Por lo tanto, el que se le hubiese
impuesto los dos comparendos no convertía la conducta en atípica ni
significaba que la falta imputable debió ser otra.
20. Sobre la ilicitud sustancial
20.1. Octavio Cárdenas Almeida vulneró el deber funcional porque su actuar
fue contrario al principio de moralidad al haberse valido de su cargo como
concejal del municipio de Piedecuesta (Santander) para influir en los
uniformados, lo que se materializó con las amenazas de su traslado. Tal
comportamiento afectó a la función pública al atentar contra el principio aludido,
aun cuando no lo desarrolló en ejercicio de las funciones del cargo.
20.2. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
Popular se apartó de la conclusión a la que llegó la primera instancia
relacionada con que el disciplinado irrespetó a los uniformados, pues consideró
que esa no era la conducta juzgada. Sin embargo, ello «no conlleva[ba] a
desvirtuar la ilicitud sustancial».
21. Culpabilidad
21.1. El disciplinado desarrolló la conducta a título de dolo porque la
naturaleza de la falta imputada «e[ra] de aquellas conductas que en materia
disciplinaria el legislador en su facultad de configuración legislativa tipificó,
excepcionalmente, con el ingrediente normativo subjetivo, pues de la sola lectura se
desprend[ía] que e[ra] una conducta dolosa […]». Asimismo, desplegó el
comportamiento para conseguir una actuación con conocimiento y
voluntariedad sin importar que hubiese conseguido el resultado.
22. Dosificación de la sanción
22.1. La defensa tenía razón cuando cuestionó la fundamentación usada para
cuantificar la sanción. Fue así porque no se configuraron los agravantes
previstos en los literales c), e) y h) del artículo 50 de la Ley 1952 de 2019,
normativa aplicable en virtud del principio de favorabilidad.
22.2. Ciertamente, no se acreditó el grave daño social de la conducta por
haber transcendido en la sociedad. Tampoco se probó la existencia de
perjuicios y no era viable usar como agravante el argumento según el cual el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
disciplinado conocía la ilicitud del comportamiento, en razón a que aquel ya
había sido analizado para determinar la culpabilidad y volver sobre ese punto
implicaría la vulneración de non bis in idem.
22.3.Además, la primera instancia no tuvo en cuenta que Octavio Cárdenas
Almeida no presentó antecedentes disciplinarios, lo cual constituía un atenuante
en su favor, de acuerdo con lo reglado en el literal a) del artículo 50 de la Ley
1952 de 2019.
22.4.Por lo anterior, era procedente sancionarlo con la destitución y con el
mínimo del término de inhabilidad previsto en el artículo 44.1 de la Ley 734 de
2002, esto es, 10 años.
1.6. Trámite del proceso
23. Por Oficio SDJ-SEP 340 del 23 de julio de 2025, la procuradora delegada
de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
Popular de la Procuraduría General de la Nación remitió el proceso disciplinario
con radicado E-2021-343830 / D-2021-1946194, con el fin de que se surtiera la
revisión de que trata el artículo 54 de la Ley 2094 de 2021, en cumplimiento de
lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia C-030 de 202322.
24. Previo a ello, la PGN ordenó en el acto sancionatorio correr traslado al
disciplinado por el término de 30 días siguientes a su notificación para que
ejerciera su derecho de defensa. Aquel lo ejerció dentro de ese plazo23.
25. Con auto del 26 de agosto de 202524 el despacho avocó conocimiento de
la revisión automática del acto administrativo sancionatorio.
26. En la providencia se dispuso notificar al disciplinado y a la PGN. También
se ordenó dar traslado a esta por el término de 5 días para que interviniera de
acuerdo con lo previsto por el artículo 238F de la Ley 1952 de 2019 adicionado
por el artículo 59 de la Ley 2094 de 2021. Finalmente, se advirtió a la PGN y al
Ministerio del Interior que la ejecución de la sanción quedaría suspendida hasta
que se profiriera la sentencia dentro del presente proceso.
1.7. Recurso extraordinario de revisión25
27. Dentro del término otorgado por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular de la PGN en el acto de segunda
instancia y en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia C-030 de 2023,
Octavio Cárdenas Almeida solicitó dejar sin efectos la sanción e imponer, en
caso de encontrarse acreditada su responsabilidad, la de suspensión, con
fundamento en los argumentos que se citan enseguida.
28. Falta de competencia de la PGN
22
Índice 2, Samai.
23
Índice 2, Samai archivo «18ED_Cuaderno2(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2». Folios 446 a
457 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario.
24
Índice 4, Samai.
25
Índice 2, Samai archivo «18ED_Cuaderno2(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2». Folios 450 a
457 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario, (Folios 330 a 345 del archivo PDF).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
28.1. La entidad no tenía competencia para proferir el acto administrativo
sancionatorio porque limitó derechos políticos. Según el artículo 23.2 de la
Convención Americana de Derechos Humanos y la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs Colombia ello
procedía mediante una sentencia proferida por un juez penal.
28.2. La anterior postura fue acogida por la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia del 15 de noviembre de 201726. También la propia PGN señaló en
decisión del 24 de noviembre de 202027 que tenía competencia para destituir e
inhabilitar servidores públicos de elección popular solo si eran casos de
corrupción o de infracción al Derecho Internacional Humanitario.
29. Atipicidad de la conducta:
29.1. Los elementos configurativos de la falta disciplinaria prevista en el
numeral 42 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 no fueron probados. Dentro
del proceso no se acreditó que Octavio Cárdenas Almeida hubiese buscado con
su actuar influir en los policías para que no se le impusieran los comparendos y
cesara el procedimiento policivo.
29.2. Por el contrario, con lo informado por el comandante de la estación de
policía de Piedecuesta (Santander) el 26 de septiembre de 2021 con el oficio
GS-2021-109335 y lo que se consignó en el libro de población quedó claro que
no manifestó ser concejal del municipio para lograr el propósito descrito. Lo que
se demostró con los documentos fue la existencia de unos ciudadanos
alterados y embriagados que fueron trasladados a las instalaciones policiales.
29.3. Si bien Octavio Cárdenas Almeida estuvo alterado e hizo mención «de
algunas frases desafortunadas», lo hizo porque la Policía Nacional lo esposó de
manera abusiva en una valla, como lo relató Javier Eduardo Díaz Peña. Su
actuar fue una reacción a ello y no pretendió influir en los policías para que
cesaran el procedimiento. Prueba de esto último fue que exigió la presencia del
personero municipal, puesto que la influencia aludida normalmente se hacía en
privado.
29.4. La PGN buscó probar que el disciplinado amenazó a los uniformados con
su traslado, pero esta conducta se subsumía en un irrespeto para con estos.
Por ende, la entidad «dejó de lado la imputación fáctica relacionada con el beneficio,
que era justamente que no se impusieran esos comparendos, hecho que no quedó
acreditado porque no ocurrió». Al no definirse este punto en los actos
sancionatorios se vulneró el principio de congruencia «porque la situación fáctica
no se desarrolló en concordancia con la imputación jurídica».
29.5. Lo anterior en razón a que la autoridad interpretó que la presunta
amenaza era una influencia indebida para obtener un beneficio, pero esa
conducta era propia de otra falta disciplinaria «como por ejemplo la incursión en
una prohibición por un acto de irrespeto o una extralimitación de funciones».
26
Radicado 11001-03-25-000-2014-00360-00.
27
Radicado 2016-341758 1UC-D-2016-652-887075 y reiterada en el radicado IUS E
2017-519707 IUC-D- 2017956399.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
30. Proporcionalidad de la sanción
30.1. La sanción impuesta fue desproporcionada, puesto que se consideró que
el actuar fue doloso sin haberse demostrado. Además, la calificación de la falta
era grave y no gravísima. Por ende, era procedente la imposición de la sanción
de suspensión en el cargo de encontrarse acreditada la responsabilidad.
1.8. Intervención de la Procuraduría General de la Nación28
31. La entidad se opuso a que por vía del recurso extraordinario de revisión
se dejara sin efectos el acto administrativo sancionatorio con fundamento en los
siguientes argumentos:
31.1. El recurso no debió constituir una tercera instancia en la que se pudiera
replantear el objeto de litigio. Además, no se sustentó ni se demostró la
ocurrencia de alguna de las causales de procedencia previstas en el artículo
238C del Código Disciplinario. El auto de unificación del Consejo de Estado del
3 de diciembre de 2024 impuso la obligación de fundar el recurso en al menos
una de estas, no hacerlo impedía la revocatoria de la sanción.
31.2. La PGN realizó un recuento de la sustentación que en el acto
administrativo de segunda instancia esbozó relacionado con la calificación de la
falta y la graduación de la sanción para refutar el cargo de desproporcionalidad
de la sanción. A su vez se remitió a él para refutar el argumento.
31.3. La conducta del disciplinado encajó en la falta descrita en el artículo 62.8
de la Ley 1952 de 2019 y respecto de esta no se exigía para su configuración
un resultado, de acuerdo con la sentencia del Consejo de Estado con radicado
11001-03-25-000-2011-00 (0675-2011).
31.4. La ilicitud sustancial se materializó en la vulneración de los deberes
funcionales, puesto que Octavio Cárdenas Almeida desconoció el principio de
moralidad pública con su comportamiento.
31.5. En los actos administrativos sancionatorios se efectuó un adecuado
análisis de la culpabilidad que se fundó en el examen probatorio, la
comprensión del disciplinado de la ilicitud de la conducta y la voluntad de
realizarla, por lo que se configuró un actuar doloso. Además, la decisión
disciplinaria no fue producto del capricho de la autoridad disciplinaria, sino de
un análisis y ponderación de los supuestos fácticos, jurídicos y probatorios que
permitieron concluir la certeza de la conducta.
31.6. La PGN era la competente para juzgar el comportamiento sancionado de
acuerdo con los antecedentes jurisprudenciales previstos en las sentencias
SU-381 y SU-382 de 2024, SU-053 de 2015, C-500 de 2014, SU-355 de 2015,
C-146 de 2021, C-325 de 2021y C-030 de 2023, así como por virtud de los
artículos 123, 125, 277 y 278 de la Constitución Política.
32. Los actos administrativos disciplinarios se sujetaron a la
28
Índices 9, Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
constitucionalidad y legalidad y, por tal razón, eran eficaces y debían producir
sus efectos normales por haber guardado las formas prescritas para ello.
Ciertamente, en el trámite se observaron las reglas de legitimación,
representación, notificaciones, términos para pruebas, competencias, recursos
e instancias en acatamiento del debido proceso. Además, los actos expresaron
con claridad y precisión las razones que se tuvieron en cuenta para la sanción.
1.9. Alegatos de conclusión
33. Por auto del 24 de junio de 202629 se corrió traslado para que las partes
presentaran alegatos de conclusión, oportunidad en la que se pronunciaron de
la siguiente manera:
33.1.La PGN30 solicitó que se avalara la legalidad de los actos administrativos
sancionatorios, puesto que el trámite disciplinario fue adelantado por autoridad
competente, con garantía del debido proceso y del derecho de defensa.
33.2. Además, porque la conducta del disciplinado se subsumió en la falta
gravísima prevista en el numeral 42 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002
[ahora artículo 62.8 de la Ley 1952 de 2019] y la responsabilidad se impuso con
una valoración probatoria conjunta de los testimonios de los uniformados que
participaron en el procedimiento policial y de los contratistas de la Personería
Municipal de Piedecuesta (Santander). Asimismo, la sanción atendió los
principios de proporcionalidad, razonabilidad y favorabilidad.
33.3. Octavio Cárdenas Almeida31 ratificó los argumentos de defensa que
expuso en el trámite disciplinario y en el recurso de revisión. Específicamente
que la PGN fundó la responsabilidad exclusivamente en el testimonio de
Brandon Rosas. En que la entidad no valoró de manera conjunta los testimonios
de los policías que afirmaron que no habían escuchado al disciplinado pedir
algo en su favor, igual que Javier Eduardo Díaz Peña y Karen Andrea Méndez
Espinosa. En que la PGN no valoró el informe de la DNIE, específicamente los
videos, del cual se puede extraer que no amedrentó a los uniformados.
Finalmente, en que no se configuraron los elementos de la responsabilidad
disciplinaria.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
34. La Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 238B de la Ley 1952 de
2019 que estableció que «[l]as Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado
conocerán de los recursos extraordinarios de revisión contra las decisiones de segunda
instancia o de doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación, las
Salas de Juzgamiento y los Procuradores Delegados. Igualmente, contra las
29
Índice 22 de Samai.
30
Índice 27 de Samai.
31
Índice 28 de Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
decisiones producto de la doble conformidad dictadas por el Procurador General de la
Nación […]» y 107 del CPACA.
2.2. Generalidades del recurso extraordinario de revisión previsto en los
artículos 238A a 238G de la Ley 1952 de 2019
35. A través de la Ley 1952 de 2019 se expidió el Código General
Disciplinario32, por lo que derogó la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de
la Ley 1474 de 2011. En la norma se estableció que su entrada en vigor se
daría 4 meses después de su promulgación [28 de mayo de 2019] y algunas
normas de procedimiento 18 meses después [28 de julio de 2020]33. No
obstante, la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo, difirió la vigencia
del nuevo estatuto disciplinario a partir del 1 de julio de 2021.
36. La aplicación del CGD se vio afectada por la sentencia que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos dictó en el caso Petro Urrego vs
Colombia el 8 de julio de 2020, en la que declaró responsable al Estado
colombiano por la violación de los artículos 8.1, 8.2 y 23.2 de la Convención
Americana de Derechos Humanos [CADH] por la sanción de destitución e
inhabilidad que impuso la Procuraduría General de la Nación al entonces
alcalde mayor de Bogotá D.C.
37. En el caso aludido, la Corte consideró que una «autoridad
administrativa» no podía imponer una sanción que restringiera los derechos
políticos de los servidores públicos elegidos democráticamente señalados en el
artículo 23.2 de la CADH, pues esto solo podía hacerlo un juez competente
mediante sentencia. En ese sentido, ordenó al Estado colombiano en aplicación
«del artículo 2 de la Convención»34, que adecuara «[...] en un plazo razonable, su
ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos en [esa] Sentencia [...]».
38. A raíz de lo anterior, con el fin de cumplir el fallo se expidió la Ley 2094
de 2021 con la que se reformó la Ley 1952 de 2019. La nueva disposición:
38.1. (i) dividió las etapas de investigación y de juzgamiento en los procesos
disciplinarios;
38.2. (ii) otorgó facultades «jurisdiccionales» disciplinarias a la Procuraduría
General de la Nación para juzgar y sancionar con suspensión, destitución e
inhabilidad a los servidores públicos, entre ellos, los de elección popular
[artículos 1, 2, 13, 16, 17, 54, 73 y 74]; y
38.3. (iii) creó el recurso extraordinario de revisión como un mecanismo judicial
especial para controlar los fallos disciplinarios proferidos por tal entidad
[artículos 54 a 60]. Tales normas establecieron su procedencia, la competencia
para conocerlo, las causales que podían invocarse, el término para
interponerse, sus requisitos, y su trámite.
32
En adelante CGD.
33
Los artículo 33, 101, 102, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 y 254.
34
Que contempla el deber general de los Estados Parte de adecuar su derecho interno a las
disposiciones de la misma para garantizar los derechos en ella consagrados.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
39. La constitucionalidad de la función «jurisdiccional» dada a la PGN fue
demandada ante la Corte Constitucional, que en sentencia C-030 de 2023
declaró inexequible las expresiones «jurisdiccionales» y «jurisdiccional»
establecidas en los artículos 1, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 de 2021. También de
la expresión «ejecutoriadas» del artículo 54 ibidem. La Corte consideró que la
atribución de funciones jurisdiccionales a la PGN vulneró el inciso tercero del
artículo 116 de la Constitución, al desconocer los presupuestos fijados por la
carta para asignar esta competencia.
40. De este modo, las decisiones disciplinarias volvieron a tener el carácter
de actos administrativos por su naturaleza administrativa y no jurisdiccional. La
Corte precisó que la imposición definitiva de las sanciones de destitución,
suspensión e inhabilidad de los servidores públicos de elección popular
correspondía a los jueces, con independencia de su especialidad, de acuerdo
con el criterio adoptado en la sentencia C-146 de 2021 en la que interpretó el
artículo 23.2 de la CADH.
41. Para la Corte, la reserva judicial se justificó en la protección del principio
democrático y el derecho a la representación política que obligan a interpretar el
artículo 277.6 Constitucional armónicamente con la CADH para «[...] maximizar
el respeto por los derechos políticos [...]» de tales servidores. Bajo este criterio
declaró la exequibilidad del artículo 1 de la Ley 2094 de 2021.
42. En esa línea, indicó que tal competencia podía recaer en los jueces de lo
contencioso administrativo y no necesariamente en los penales, siempre bajo
las reglas del debido proceso. Lo anterior lo justificó al señalar que una
interpretación literal del artículo 23.2 de la CADH vulneraba el principio de
«necesidad en materia penal» según el cual este debe ser la última ratio del
derecho punitivo, y también ignoraba la gravedad de las faltas. De esta manera,
consideró desproporcionado aplicar el derecho penal para proteger bienes
jurídicos de inferior jerarquía que podían cuidarse con otras alternativas menos
lesivas.
43. En concordancia con lo expuesto, la Corte Constitucional al examinar la
expresión «ejecutoriadas» del artículo 54 de la Ley 2094 de 2021 que creó el
recurso extraordinario de revisión para controlar los fallos disciplinarios
proferidos por la PGN, la declaró inexequible porque las decisiones de
destitución, suspensión e inhabilidad de los servidores públicos de elección
popular las debía proferir de manera definitiva un juez de la República,
específicamente, el juez de lo contencioso administrativo.
44. Sin embargo, la Corte adecuó el alcance del recurso a la Carta Política y
a la CADH para mantenerlo dentro del ordenamiento jurídico y evitar un vacío
normativo ante la declaración de inexequibilidad del término «jurisdiccionales»
del artículo 1 ibidem.
45. En tal virtud, manifestó que la regulación del recurso garantizaba el
debido proceso, el derecho de defensa del disciplinado y la reserva judicial de la
decisión al suspender sus efectos hasta que un juez se pronunciara [párrafos
335 a 337 de la sentencia]. No obstante, precisó que su carácter rogado
amenazaba la intervención efectiva del juez y que las causales taxativas de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
procedencia limitaban el derecho de defensa y el control integral de la decisión.
Por tal razón, moduló las consecuencias normativas del recurso de la siguiente
manera:
«[...] a) El estándar de garantía constitucional exige que la intervención de juez
en la determinación e imposición de las sanciones analizadas a los servidores de
elección popular sea obligatoria y no rogada. También, debe ser ordinario y
siempre estar presente en la imposición de dichas sanciones, para que estas se
concreten en una sentencia judicial. Por lo tanto, el trámite del recurso de revisión
operará de manera automática e inmediata y no está supeditado a las causales
taxativas de procedencia, permitiéndosele al ciudadano disciplinado el ejercicio
de todas las actividades procesales que estime pertinentes a su defensa, tales
como presentar argumentos a su favor, solicitar pruebas y permitir su
contradicción, lo cual podrá hacer dentro de los 30 días siguientes a la
notificación de la providencia disciplinaria proferida por la PGN, tal como lo
establece el artículo 57 de la Ley 2094 de 2021, el cual creó el artículo 238 D de
la Ley 1952 de 2019. Vencido este término, en el que el disciplinado puede
ejercer de manera efectiva su derecho de defensa y todas sus garantías
procesales, la PGN deberá enviar, inmediatamente, el proceso ante el juez de lo
contencioso administrativo, quien deberá hacer un examen integral de la
actuación disciplinaria adelantada por la PGN, no solo de corrección de legalidad.
b) Las decisiones de la PGN que se refieran a la destitución, suspensión e
inhabilidad de funcionarios de elección popular, no podrán, en ningún caso, ser
impuestas de manera definitiva sin la intervención del juez de lo contencioso
administrativo.
c) Contra la sentencia del juez de lo contencioso administrativo procederán los
recursos de ley consagrados en el CPACA. El sistema de investigación y
juzgamiento disciplinario de servidores de elección popular se complementará
con las normas que se enuncian en el artículo 22 de la Ley 1952 de 201964,
entre las que está el artículo 179 y siguientes del CPACA y las reglas supletivas
del Código General del Proceso. [...]».
46. De igual modo, la Corte señaló los efectos de la decisión:
«[...] solamente las actuaciones disciplinarias que hayan implicado la imposición
de sanciones de destitución, suspensión o inhabilidad para servidores públicos
de elección popular, respecto de las cuales i) no hubieren transcurrido 30 días
desde su notificación, ii) en las que estuviere en trámite el recurso extraordinario
de revisión o iii) las que se adopten con posterioridad, en todos los casos,
teniendo en cuenta el día siguiente de la fecha de esta decisión (17 de febrero de
2022) [sic], se someterán a las reglas de modulación sobre el recurso
extraordinario de revisión ante el juez contencioso administrativo. Lo anterior
implica que los efectos de la decisión que ahora adopta la Corte Constitucional
no dejan sin efecto las determinaciones que se hayan proferido hasta ahora por
parte de la PGN o por las autoridades judiciales que realizaron el control judicial
de esas decisiones. [...]»
47. El Consejo de Estado se pronunció sobre la procedencia y trámite del
recurso extraordinario de revisión previsto en los artículos 54 a 60 de la Ley
2094 de 2021. La Sala Plena en auto de unificación del 3 de diciembre de
202435 acogió por completo el criterio expuesto en la sentencia C-030 de 2023
sobre su alcance. No obstante, fijó varias reglas de unificación con el fin de
llenar algunos vacíos dejados por la legislación y la sentencia de
constitucionalidad sobre la aplicación del mecanismo judicial. Las reglas son las
siguientes:
35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto unificación del 3 de
diciembre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2023-00871-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
«[...] Primera regla:
Procedencia:
El recurso de revisión solo procede contra las decisiones de segunda instancia o
de doble conformidad emitidas por la Procuraduría General de la Nación que
impongan sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores
públicos de elección popular, siempre y cuando el disciplinado esté en ejercicio
de un cargo de elección popular al momento de la imposición de la sanción.
Igualmente, procede contra estas mismas decisiones, respecto de las faltas
cometidas durante el mandato popular y la sanción disciplinaria se imponga con
posterioridad, en tanto dicha sanción comporte inhabilidad para ocupar cargos o
ejercer funciones públicas.
[...]
Segunda Regla:
Suspensión de la sanción:
La ejecución de la sanción quedará suspendida hasta que termine el trámite de
revisión, esto es, hasta la ejecutoria de la sentencia mediante la cual se resuelve
el recurso de revisión.
[...]
Tercera regla:
Intervención directa del sancionado:
El servidor público de elección popular, dentro de los treinta días siguientes a la
notificación de la decisión sancionatoria por parte de la Procuraduría General de
la Nación, tendrá derecho a formular cargos, presentar argumentos a su favor,
solicitar pruebas y permitir la contradicción de las practicadas en el procedimiento
administrativo. En tal caso, puede intervenir directamente o [a] través de
apoderado para el ejercicio de sus derechos, sin mayores exigencias formales
distintas a la legitimidad, oportunidad y sustentación de los motivos de
inconformidad.
[...]
Cuarta regla:
Auto que avoca conocimiento del trámite de revisión
El trámite judicial del recurso de revisión inicia con el auto que avoca
conocimiento, el cual debe notificarse a la Procuraduría General de la Nación y al
disciplinado. El órgano de disciplina, dentro de los cinco (5) días siguientes,
podrá oponerse a los cargos presentados por el servidor público de elección
popular, en su escrito de intervención, en los términos del artículo 59 de la Ley
2094 de 2021.
Quinta regla:
Procedencia, oportunidad y trámite del recurso de doble conformidad
En el evento de que se profiera una sentencia confirmatoria de la sanción
disciplinaria impuesta por la procuraduría, procederá el recurso de doble
conformidad y su trámite será el previsto en el artículo 247 del CPACA.
Sexta regla:
Competencia para resolver el recurso de doble conformidad
El recurso de doble conformidad contra las sentencias de revisión emitidas por
las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado, se resolverá por la Sala
Especial de Decisión que siga en orden numérico.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
Séptima Regla:
Control integral:
El juez contencioso administrativo ejercerá un examen integral sobre la
constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de la actuación administrativa de
la procuraduría y de sus decisiones sancionatorias de destitución, suspensión e
inhabilidad de servidores públicos de elección popular [...]»
48. En virtud de la última regla de unificación, corresponde a la Sala realizar
un examen integral del proceso disciplinario sujeto a la revisión automática de
los artículos 54 a 60 de la Ley 2094 de 2021. Esto implica, de acuerdo con la
sentencia C-030 de 2023 y la providencia de unificación citada «[...] efectuar un
cotejo con todo el ordenamiento jurídico superior, al cual está sometida la decisión
[...]». Así las cosas, el control va más allá de los cargos expuestos por el
disciplinado, puesto que la garantía de reserva judicial comprende lo siguiente
de conformidad con el criterio unificado:
«[...] i) el análisis de la actuación administrativa sancionatoria bajo los principios
rectores de la ley disciplinaria, esto es, legalidad de la falta y de las sanciones,
ilicitud sustancial, debido proceso, reconocimiento de la dignidad humana,
presunción de inocencia, culpabilidad, favorabilidad, congruencia, igualdad,
derecho a la defensa, proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, motivación,
interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de los principios e integración
normativa con los tratados internacionales sobre derechos humanos y los
convenios internacionales ratificados por Colombia y ii) la posibilidad de variar la
calificación de la falta y la imposición de la sanción, sin afectar el principio de la
no reformatio in pejus, entre otros aspectos [...]».
49. La Sala Plena definió que las reglas de unificación son vinculantes hacia
el futuro desde la ejecutoria de la decisión. En consecuencia, las sanciones que
imponga la PGN de destitución, suspensión e inhabilidad a los servidores
públicos de elección popular deben sujetarse a ellas. Asimismo, determinó que
«[...] los trámites ya iniciados, en los cuales el magistrado ponente hubiere dictado
auto admisorio o aquel que avoca conocimiento del recurso de revisión, deberán
adecuarse a estas reglas de unificación [...]».
50. Con fundamento en lo expuesto, la Sala efectuará el control judicial del
fallo disciplinario que la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores
Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación expidió
dentro del proceso disciplinario con radicado IUS E-2021-343830 /
D-2021-1946194, en relación con la sanción de destitución e inhabilidad general
impuesta a Octavio Cárdenas Almeida.
3. Problemas jurídicos
51. La Sala realizará el examen integral del proceso disciplinario en los
términos ordenados en la sentencia C-030 de 2023 y en el auto de unificación
dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado del 3 de diciembre de 2024.
52. El estudio se adelantará en dos etapas, de la siguiente manera:
52.1. En la primera, se examinará el cumplimiento de los postulados y
garantías del debido proceso. En ese sentido, se verificará si se aplicó el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
procedimiento legal que correspondía, si los actos administrativos se expidieron
dentro del término establecido en la ley, si al disciplinado se le respetó la
oportunidad para presentar argumentos y solicitar pruebas, si se le notificaron
en debida forma las decisiones y si pudo refutarlas, la congruencia del pliego de
cargos con el fallo disciplinario y demás garantías procesales.
52.2.En la segunda etapa, y siempre que se hubiese superado la primera, se
evaluará los elementos de la responsabilidad y el análisis jurídico y probatorio
que sobre ellos se efectuó en sede administrativa para efectos de definir la
responsabilidad disciplinaria.
3.1. Respeto de las garantías procesales
3.1.1. Normativa que la PGN debió aplicar
53. La Ley 1952 de 2019, Código General Disciplinario36, derogó la Ley 734
de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011. No obstante, su
entrada en vigor se prolongó primero por el artículo 265 que estableció que
entraba a regir «[...] cuatro (4) meses después de su sanción y publicación [...]» y
que derogaba las normas mencionadas. Tal artículo en su inciso segundo
determinó que las normas relativas al procedimiento regirían «[...] dieciocho (18)
meses después de su promulgación [...]» y que entretanto se aplicaría el trámite de
la Ley 734 de 2002.
54. Las normas procedimentales a las que se refería la última parte de la
citada disposición eran los artículos 33, que regularon la prescripción de la
acción disciplinaria; 101 y 102 que reglaron las competencias de las salas
disciplinarias de la PGN y del procurador general; 208 a 235 que contenían el
trámite desde la indagación preliminar hasta la decisión de la segunda
instancia; y el 254 que preveía el juzgamiento disciplinario jurisdiccional.
55. La Ley 1952 de 2019 se publicó el 28 de enero de 2019, por lo que sus
disposiciones, con excepción de las procedimentales mencionadas,
comenzaron a gobernar el proceso disciplinario desde el 28 de mayo de ese
año. Las que hicieron alusión a este último aspecto lo harían desde el 28 de
julio de 2020.
56. Ahora bien, el vigor de estas normas no irradió todos los procesos
disciplinarios, puesto que el artículo 263 ibidem original decretó que aquellos en
los que se hubiese «[...] proferido auto de apertura de investigación disciplinaria o de
citación a audiencia [...]» a su entrada en vigencia «[...] continuar[ían] tramitándose
de conformidad con las ritualidades consagradas en el procedimiento anterior [...]»; es
decir, por la Ley 734 de 2002.
57. Posteriormente, la Ley 1955 de 201937, publicada el 25 de mayo de 2019
[3 días antes de que las normas no procedimentales de la Ley 1952 de igual
año entraran a operar], difirió en su artículo 140 la vigencia del nuevo estatuto
disciplinario para otra fecha, 1 de julio de 2021. Así las cosas, tanto las normas
36
En adelante CGD.
37
Plan Nacional de Desarrollo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
procedimentales38 como las que no tenían esta naturaleza entraron a regir la
fecha aludida.
58. Luego, la expedición de la Ley 2094 de 2021, que reformó la Ley 1952
de 2019 e introdujo otras normas al régimen disciplinario, cambió la fecha de
entrada en rigor del CGD. Así, en su artículo 73 [que modificó el 263 del CGD]
estableció lo siguiente:
«[...] ARTÍCULO 73. Modificase el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, el cual
quedará así:
Artículo 265. Vigencia y derogatoria. Las disposiciones previstas en la presente
ley, y las contenidas en la Ley 1952 de 2019, que no son objeto de reforma,
entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación. Durante este
período conservará su vigencia plena la Ley 734 de 2002, con sus reformas.
Deróguese el artículo 248 de la Ley 1952 de 2019 y deróguese la referencia a las
palabras “y la consulta” que está prevista en el numeral 1 del artículo 59 de la ley
1123 de 2007.
Los regímenes especiales en materia disciplinaria y las norma relacionadas con
la Comisión de Ética del Congreso conservarán su vigencia.
PARÁGRAFO 1o. El artículo 1o de la presente Ley, relativo a las funciones
jurisdiccionales39 entrará a regir a partir de su promulgación.
PARÁGRAFO 2o. El artículo 7o de la presente ley entrará a regir treinta meses
(30) después de su promulgación. Mientras tanto, mantendrá su vigencia el
artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la ley 1474 de
2011 [...]».
59. Significa lo expuesto, que la Ley 2094 de 2021 y todas las normas del
CGD entraron en vigor 9 meses después de la promulgación de la primera ley
[29 de junio de 2021], es decir, el 29 de marzo de 2022. Antes de ello el
proceso disciplinario seguía gobernado por la Ley 734 de 2002. Lo anterior,
salvo lo dispuesto en el artículo 1, en el que regló la titularidad de la potestad
disciplinaria y las atribuciones de la PGN, que entró a regir una vez promulgada
la norma. También el artículo 7, que modificó el 33 de la Ley 1952 de 2019
[prescripción de la acción disciplinaria], regiría 30 meses después de la
promulgación de la ley, esto es, el 29 de diciembre de 2023.
60. Así las cosas, las normas de las leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021
tienen vigencia desde el 29 de marzo de 2022, con las dos excepciones
expuestas. Además, el artículo 263 de la primera ley modificado por el 71 de la
segunda dispuso lo siguiente:
«[...] A ARTÍCULO 263. ARTÍCULO TRANSITORIO. <Artículo modificado por el
artículo 71 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> A la entrada
en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido la
notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso
verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734
de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta
ley.
PARÁGRAFO. <Parágrafo corregido por el artículo 3 del Decreto 1656 de 2021.
El nuevo texto es el siguiente:> La designación de la primera sala disciplinaria de
juzgamiento a que alude el artículo 17 de esta ley, deberá ser integrada de forma
tal que, a su entrada en vigencia, asuma inmediatamente sus competencias. El
38
Artículos 33, 101, 102 y 208 a 235 y 254.
39
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
sentencia C-030 de 2023.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
período de esta primera sala se extenderá hasta el 17 de marzo de 2025, sin
perjuicio de su eventual prórroga [...]».
61. De esta manera, en los procesos disciplinarios que, para el 29 de marzo
de 2022, fecha en que entró en vigor del CGD, se hubiese notificado el pliego
de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, el procedimiento
aplicable es el fijado en la Ley 734 de 2002. Si no fue así, a partir de la fecha
indicada el trámite continuó bajo los parámetros procedimentales de la Ley
1952 de 2019 con las modificaciones introducidas por la Ley 2094 de 2021.
62. En el proceso disciplinario se probó que la Procuraduría Provincial de
Bucaramanga aplicó la Ley 734 de 2002 para efectos de adelantar el trámite
desde la indagación preliminar hasta la investigación iniciada con auto del 15 de
marzo de 2022 notificado el 25 de ese mes y año40. Esta actuación cumplió con
la normativa vigente, por cuanto la Ley 2094 de 2021 y todas las normas de la
Ley 1952 de 2019 entraron en vigor el 29 de marzo de 2022.
63. Ahora bien, a partir del mes de abril de 2022, la entidad acudió a las
disposiciones de la Ley 1952 de 2019 para adelantar el proceso. Así se puede
evidenciar en la citación que hizo de los testigos a declarar en la que invocó las
normas sobre testimonios de esta última disposición normativa41. También en el
auto del 26 de abril de 2022 en el cual decretó como prueba de oficio varios
testimonios42, el proferido el 17 de junio de 2022 en el que dispuso el traslado
de un informe técnico43 y el que ordenó el cierre de la investigación el 7 de
septiembre de 2022 notificado igual día44.
64. La aplicación de la Ley 1952 de 2019 para tramitar el proceso
disciplinario después de su entrada en vigor encuentra justificación en su
artículo 263, puesto que para la fecha en que entró a regir la ley la Procuraduría
Provincial de Bucaramanga no había proferido el auto de cargos en contra de
Octavio Cárdenas Almeida dictado el 27 de septiembre de 2022 y notificado el
27 de octubre de ese año45.
65. De esta manera, en adelante la Ley 734 de 2002 era inaplicable para
regir el trámite, toda vez que esta continuaba vigente para los procesos en que
se hubiese emitido el pliego de cargos antes de la entrada en vigor de la nueva
normativa. Por lo tanto, la PGN aplicó la norma que correspondía.
66. Ahora, cabe precisar que la PGN analizó los elementos de la
responsabilidad con fundamento en el contenido del numeral 42 del artículo 48
de la Ley 734 de 2002 por estar vigente al momento de la ocurrencia de los
hechos juzgados. Al comparar esta falta con la prevista en el artículo 62.8 de la
Ley 1952 de 2019 se constató que esta disposición coincidía en lo esencial con
40
Ibidem. Folios 40 a 45 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 58 a 68 del archivo
PDF).
41
Ibidem. Folio 72 a 78 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folio 102 a 112 del archivo
PDF).
42
Ibidem. Folio 88 a 91 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folio 125 a 131 del archivo
PDF).
43
Ibidem. Folio 121 a 123 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folio 170 a 174 del
archivo PDF).
44
Ibidem. Folios 129 a 131 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 180 a 185 del
archivo PDF).
45
Ibidem, folio 177 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folio 249 del archivo PDF).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
la primera y no reglaba una situación más favorable para el disciplinado de
modo que pudiera concluirse que debió ser la empleada.
67. En efecto, ambas disposiciones señalan lo que sigue:
Ley 734 de 2002 Ley 1952 de 2019
«Artículo 62. Faltas relacionadas con la
«Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas moralidad pública46.
gravísimas las siguientes:
(…)
(…)
8. Influir en otro servidor público o particular
42. Influir en otro servidor público, que ejerza función pública, prevaliéndose de
prevaliéndose de su cargo o de cualquier su cargo o de cualquier otra situación o
otra situación o relación derivada de su relación derivada de su función o jerarquía
función o jerarquía para conseguir una para conseguir una actuación, concepto o
actuación, concepto o decisión que le pueda decisión que le pueda generar directa o
generar directa o indirectamente beneficio de indirectamente beneficio de cualquier orden
cualquier orden para si o para un tercero. para sí o para un tercero. Igualmente,
Igualmente, ofrecerse o acceder a realizar la ofrecerse o acceder a realizar la conducta
conducta anteriormente descrita». anteriormente descrita».
68. Al revisar el texto de ambas normas se pudo constatar que salvo la
expresión «o particular que ejerza función pública» incluida en la nueva disposición
y que no es aplicable en el presente caso por ser el disciplinado un servidor
público, las dos son idénticas. Por consiguiente, la PGN usó la normativa
correcta al no existir razones de favorabilidad que justificaran acudir al texto del
nuevo tipo disciplinario.
69. Igual ocurrió con la norma sobre la ilicitud sustancial, puesto que la PGN
acudió al artículo 5 de la Ley 734 de 2002 y no al 8 de la Ley 1952 de 2019. Si
bien ambas disposiciones variaron en su redacción, la segunda no introdujo
elementos que llevaran a considerar una variación en los criterios para analizar
la afectación al deber funcional. Ciertamente, el mandato de la nueva
disposición al igual que la anterior exige el análisis de la existencia de una
conducta contraria a derecho y que afecte el deber funcional sin una causal de
exclusión de responsabilidad al determinar que «[l]a conducta del disciplinable
será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna».
70. Ahora, se advierte que la PGN acudió por favorabilidad al artículo 50 de
la Ley 1952 para efectos de graduación de la sanción disciplinaria al encontrar
que en esa norma existía un elemento atenuante que no se encontraba en el
artículo 47 de la Ley 734 de 2002, específicamente, la ausencia de
antecedentes. En consecuencia, en principio la aplicación del artículo 50 de la
Ley 1952 está justificado en la ventaja que ofrecía para el disciplinado al
momento de determinar la sanción a imponer. No obstante, este será un tema
que se analizará con detenimiento en caso de que se determine la
responsabilidad disciplinaria.
46
Norma ubicada en el Libro II, parte especial, Titulo único «La descripción de las faltas
disciplinarias en particular», capítulo 1 «Faltas gravísimas».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
71. Así las cosas, si bien las normas de carácter sustancial que eran
aplicables al proceso eran las previstas en la Ley 734 de 2002, la PGN actuó de
conformidad con el artículo 29 Constitucional al decidir que debían regir las
contenidas en la Ley 1952 de 2019 que regulan la graduación de la sanción
disciplinaria, pues garantizó la aplicación del principio de favorabilidad.
72. Por lo expuesto, se concluye que la PGN tramitó el proceso disciplinario
de conformidad con la normativa que era aplicable según el tránsito legislativo
ocurrido entre las leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019 y la exigencia del principio
de favorabilidad.
3.1.2. Competencia para investigar y juzgar al disciplinado
73. Octavio Cárdenas Almeida manifestó que la PGN no tenía competencia
para proferir el acto administrativo sancionatorio porque limitó sus derechos
políticos. Según su criterio, el artículo 23.2 de la CADH, la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs
Colombia y la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia del 15 de
noviembre de 201747 indicaron que ello procedía mediante una sentencia
proferida por un juez penal. También que la PGN señaló en decisión del 24 de
noviembre de 202048 que tenía competencia para destituir e inhabilitar
servidores públicos de elección popular solo si eran casos de corrupción o de
infracción al Derecho Internacional Humanitario.
74. Al respecto cabe precisar que el artículo 118 de la Constitución Política
asigna al Ministerio Público el deber de vigilar «[...] la conducta oficial de quienes
desempeñan funciones públicas [...]». En tal virtud, en el artículo 277.6 ibidem le
otorga al procurador general la de ejercer vigilancia y el poder disciplinario
sobre quienes desempeñan funciones públicas «inclusive las de elección
popular»49. En consideración a lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado
que la función disciplinaria de la PGN aludida no se opone a lo previsto en el
artículo 23.2 de la CADH. Tal estudio lo realizó en dos periodos.
75. En el primero, la Corte Constitucional precisó que este artículo debía ser
interpretado de forma armónica con la Constitución Política sin que se
entendiera superior. Con tal fundamento, avaló que la entidad sancionara
aquellos servidores públicos con restricción de sus derechos políticos
[destitución e inhabilidad] bajo el entendido que los estados que hacían parte de
la CADH podían implementar medidas disciplinarias para proteger el erario en
aras de enfrentar a la corrupción50.
47
Radicado 11001-03-25-000-2014-00360-00.
48
Radicado 2016-341758 1UC-D-2016-652-887075 y reiterada en el radicado IUS E
2017-519707 IUC-D- 2017956399.
49
«[...] ARTICULO 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus
delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: (…) 6. Ejercer vigilancia superior de la
conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular;
ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e
imponer las respectivas sanciones conforme a la ley [...]».
50
En ese sentido la Corte Constitucional dictó la sentencia C-028 de 2006. Posición reiterada en
la SU-712 de 2013 en la que se especificó que el artículo 23 de la CADH más que exigir que la
sanción disciplinaria se aplique por un juez a través de una decisión judicial, lo que requiere es
que sea «[...] adoptada en el marco de un proceso administrativo, sujeto a las garantías que se
reconocen a dichas actuaciones tanto por la Constitución como por los instrumentos
internacionales que se integran a ella; y en todo caso es susceptible de ser sometida a control
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
76. En el segundo, la Corte se pronunció luego de que la Corte IDH definiera
el caso Petro Urrego Vs. Colombia. Con ese panorama, en la sentencia C-146
de 2021 determinó que la limitación de los derechos políticos solo procedía por
disposición de la ley o porque un juez lo decidiera sin importar su especialidad.
Por esta razón se adecuó la legislación interna en el ámbito disciplinario para
hacerla compatible con el artículo 23.2 de la CADH con la expedición de la Ley
2094 de 2021 que modificó la Ley 1952 de 2019.
77. La Ley 2094 de 2021 fue objeto de control de constitucionalidad en la
sentencia C-030 de 2023 en la que se retomó la tesis de la sentencia C-146 de
2021. En tal virtud señaló que la normativa aludida no desconocía los artículos
8 y 23.2 de la CADH siempre que se entendiera que la imposición definitiva de
la sanción correspondía al juez contencioso-administrativo. En esa medida,
avaló la existencia del recurso extraordinario de revisión, pero con carácter
automático según se expuso en la primera parte de esta providencia.
78. Así las cosas, la facultad de la PGN para sancionar servidores públicos
de elección popular con la destitución e inhabilidad se encuentra avalada por
las tesis jurisprudenciales expuestas, específicamente, por la prevista en las
sentencias C-146 de 2021 y C-030 de 2023, puesto que con la Ley 2094 de
2021 se garantizó la aplicación de la reserva judicial en estos eventos.
79. Por lo tanto, el trámite que se adelantó en el presente caso estuvo
acorde con la interpretación actual del artículo 23.2 de la CADH al emitirse en
vigencia de la Ley 2094 de 2021 que creó en su artículo 54 el recurso
extraordinario de revisión que garantiza la revisión en vía judicial de forma
automática sin que se ejecute la sanción.
3.1.3. La prescripción de la acción disciplinaria
80. En el caso presente la prescripción debe regirse por el artículo 33 de la
Ley 1952 de 2019, comoquiera que era la aplicable porque cuando entró en
vigor la ley no se había proferido pliego de cargos [artículo 71 de la Ley 2094 de
2021] y, además, porque, aunque el artículo referido tuvo vigencia solo a partir
del 29 de diciembre de 2023 no se había terminado el proceso.
81. Pues bien, la norma preceptúa lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO 33. Prescripción e interrupción de la acción disciplinaria. La
acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados para las faltas
instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o
continuado, desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas,
cuando haya cesado el deber de actuar.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un mismo proceso la
prescripción se cumple independientemente para cada una de ellas.
judicial ante la más alta autoridad de la jurisdicción contencioso administrativa, o
excepcionalmente por el juez constitucional a través de la acción de tutela [...]». igual postura se
plasmó en la sentencia SU-355 de 2015 y en la sentencia C-086 de 2019, que estudió la
constitucionalidad de los artículos 157 de la Ley 734 de 2002 y 217 de la Ley 1952 de 2019 los
cuales facultaban a la PGN a suspender provisionalmente al servidor público de elección
popular dentro del proceso disciplinario.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
La prescripción se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia.
Interrumpida la prescripción, esta se producirá si transcurridos dos (2) años
desde la notificación del fallo de primera instancia no se notifica la decisión de
segunda instancia. Para las faltas señaladas en el artículo 52 de este Código, el
término de prescripción será de doce (12) años. La prescripción, en estos casos,
se interrumpirá con la notificación del fallo de primera instancia. Interrumpida la
prescripción, esta se producirá si transcurridos tres (3) años desde la notificación
del fallo de primera instancia no se ha notificado la decisión de segunda
instancia.
PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique […]».
82. Como se advierte, la nueva norma dispuso que la prescripción es de 5
años computables desde que se cometió la falta si esta es instantánea o de la
realización del último hecho si es continuada, contrario al contenido del artículo
33 de la Ley 734 de 2002 en el que se establecía que el término comenzaba
desde la apertura de la investigación. Luego su aplicación también se deriva de
que es más favorable para el disciplinado.
83. Además, el artículo citado prevé que tal fenómeno se interrumpe con el
fallo de primera instancia y que una vez interrumpido se produciría si pasados 2
años no se profirió el de segunda, aspecto no reglado en la anterior disposición.
84. En el presente asunto, los hechos que dieron lugar al inicio del trámite
disciplinario ocurrieron la anoche del 26 y finalizaron la madrugada del 27 de
junio de 2021 fecha que debe ser el punto de partida para contabilizar la
prescripción. De este modo, el plazo para dictar el acto administrativo
disciplinario de primera instancia vencía el 27 de junio de 2026. Al ser proferido
el 23 de agosto de 202451 y notificado al disciplinado y a su apoderada el 27 de
igual mes y año52 se hizo dentro del término de prescripción.
85. Asimismo, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos
de Elección Popular dictó el acto disciplinario de segunda instancia el 29 de
mayo de 2025 y lo notificó el 7 de junio de ese año, por lo que no excedió el
término de 2 años con el que contaba a partir de la notificación del acto de
primera instancia.
86. En consecuencia, no se configuró la prescripción de la acción
disciplinaria en vigencia de la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de
2021.
3.1.4. cumplimiento de los requisitos del trámite de la indagación, de la apertura
y cierre de la investigación disciplinaria
87. En este punto cabe recordar lo expuesto en esta providencia relacionado
con que la Procuraduría Provincial de Bucaramanga aplicó la Ley 734 de 2002
para efectos de adelantar el trámite desde la indagación preliminar hasta el auto
que dispuso abrir la investigación. También que acudió a las disposiciones de la
Ley 1952 de 2019 para el desarrollo de esta etapa, el cierre de la investigación
y el trámite subsiguiente. Por lo tanto, el análisis del cumplimiento de la
51
Índice 2, Samai archivo «18ED_Cuaderno2(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2». Folios 380 a
403 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario, (Folios 214 a 259 del archivo PDF).
52
Ibidem. Folios 403 a 415 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario, (Folios 260 a 272 del
archivo PDF).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
normativa y sus garantías abarca ambos códigos, de acuerdo con el lapso en el
que fueron aplicados.
88. La autoridad disciplinaria inició su actuación bajo los parámetros de la
Ley 734 de 2002 con fundamento en el reporte de prensa publicado en el portal
electrónico «Piedecuesta 24/7/» el 29 de junio de 2021, en el que se denunció
acerca de unos hechos en los que participó Octavio Cárdenas Almeida la noche
del 26 y la madrugada del 27 de junio de 2021. También en la queja presentada
el 14 de febrero de 2022 que denunció su participación en una riña en esa
fecha53.
89. Por consiguiente, se cumplió con lo ordenado por el artículo 69 de la Ley
734 de 2002 que establece que la actuación disciplinaria puede iniciarse de
oficio cuando la información provenga de algún medio que amerite credibilidad
como en este caso el portal de noticias. También si tiene origen en una queja.
Ambas circunstancias confluyeron en este caso.
90. De igual manera, se pudo constatar que la Procuraduría Provincial de
Bucaramanga dio apertura a la indagación preliminar del 1 de julio de 202154
con apoyo en la publicación aludida y en lo afirmado en la queja, con el fin de
determinar la ocurrencia de los hechos, si constituían falta disciplinaria y sin
referirse a hechos distintos o sin relación con los denunciados. Por lo anterior,
cumplió con lo previsto en el inciso final del artículo 150 de la Ley 734 de 2002
que establece que la indagación preliminar «[...] no podrá extenderse a hechos
distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean
conexos […]».
91. También se pudo verificar que la Procuraduría Provincial de
Bucaramanga dio apertura a la investigación disciplinaria mediante auto del 15
de marzo de 202255 fundamentado en los cargos endilgados sin que hubiesen
sido variados y luego de haber decretado y practicado varias pruebas para su
corroboración, de acuerdo con lo reglado en el artículo 152 ibidem.
92. A partir de allí concluyó que existía mérito para investigar a Octavio
Cárdenas Almeida por «[...] las presuntas irregularidades relacionadas con abuso de
la función pública haciendo prevalecer su cargo de servidor público dentro de un
procedimiento policivo de detención, buscando generar un beneficio para conseguir la
decisión de libertad el 26 de junio de 2021, y presuntas irregularidades en la asistencia
en estado de embriaguez a la sesión ordinaria del Concejo de Piedecuesta (S) el
pasado 27 de junio de 2021 […]» (sic).
93. Asimismo, para determinar la ocurrencia de la falta disciplinaria y la
responsabilidad decretó varias pruebas, dispuso la recepción de la versión libre
del investigado, se notificó la decisión con la advertencia de que podía
comparecer con abogado, con lo que acató lo prescrito en los artículos 153, 154
y 155 ibidem. El auto se notificó personalmente56.
53
Ibidem. El auto y la queja reposan en los folios 35 y 36 y 56 a 58 del Cuaderno 1 del
expediente disciplinario, (Folios 48 y 49 y 50 a 52 del archivo PDF).
54
Índice 2, Samai. Folios 25 a 27 (folios 26 a 28 del archivo PDF) del cuaderno 001 del proceso
disciplinario.
55
Ibidem. Folios 40 a 45 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 58 a 68 del archivo
PDF).
56
Ibidem. Folios 46 y 49 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 69 y 72 del archivo
PDF). La notificación se hizo al correo personal del disciplinado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
94. La versión libre se escuchó el 19 de mayo de 202257, diligencia en la que
se le informó que tenía derecho a guardar silencio en los términos del artículo
33 de la Constitución Política, que la versión era un medio de defensa y que
podía ser asistida por un abogado, todo en garantía del debido proceso.
95. La investigación se cerró con auto del 7 de septiembre de 202258
notificado igual día59 y contra él no procedía recurso por virtud de los artículos
130 y 131 de la Ley 1952 de 2019, que se aplicó en esta etapa. La decisión fue
notificada al disciplinado el 7 de septiembre de 2022 a su correo electrónico y a
su dirección física60 y acudió a la sede de la entidad para ser notificado
personalmente61.
96. La entidad le otorgó el término de 10 días hábiles para que presentara
los alegatos precalificatorios de acuerdo con el artículo 220 ibidem. En ella se le
informó de nuevo que tenía derecho a ser escuchado en versión libre y los
beneficios de la confesión prevista el artículo 162 ibidem. El disciplinado
presentó los alegatos el 21 de septiembre de 202262 y no hizo petición de
pruebas.
97. De este modo, se puede concluir que la Procuraduría Provincial de
Bucaramanga actuó ajustada a los mandatos tanto de la Ley 734 de 2002 para
la etapa de indagación preliminar y hasta la expedición del auto de apertura de
la investigación. Asimismo, acató la Ley 1952 de 2019 en lo relacionado con la
práctica de las pruebas, la expedición del auto de cierre de la investigación y la
evaluación del mérito de la investigación al otorgar al disciplinado la oportunidad
para la presentación de los alegatos precalificatorios.
3.1.5. cumplimiento de los requisitos relacionados con la formulación de los
cargos y el derecho de defensa
98. La Procuraduría Provincial de Bucaramanga formuló pliego de cargos en
contra de Octavio Cárdenas Almeida con auto del 27 de septiembre de 202263
con fundamento en los artículos 221 y 222 de la Ley 1952 de 2019. El cargo fue
el siguiente:
«[…] El señor Octavio Cárdenas Almeida, en su condición de concejal de
Piedecuesta, para [las] últimas horas del día 26 de junio de 2021 y el amanecer
del día siguiente, en el adelantamiento de un procedimiento policial, al parecer
influyó en el actuar de los uniformados que intervinieron, pues prevaliéndose de
su calidad de corporado los amenazó con un eventual traslado, buscando que
cesara el procedimiento y así evitar la imposición de los comparendos
57
Índice 2, Samai. Folios 209 y 210 (folios 10 Y 11 del archivo PDF) del cuaderno 002 del
proceso disciplinario.
58
Ibidem. Folios 129 a 131 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario, (Folios 180 a 185 del
archivo PDF).
59
Ibidem, folios 132 y 133 y 136 y 137 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folios 187 y
188 y 191 a 193 del archivo PDF). La notificación se hizo al correo electrónico del disciplinado y
a su dirección física.
60
Ibidem, folios 132 y 133 y 136 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folios 187 y 188 y
191 del archivo PDF).
61
Ibidem, folios 137 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folio 193 del archivo PDF).
62
Ibidem, folios 143 a 154 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folio 200 a 211 del
archivo PDF).
63
Ibidem, folios 163 a 176 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folio 221 a 248 del
archivo PDF).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
68-547-6-2021-2763 y 68-547-6-2021-2768 por haber reñido e inobservado las
restricciones al tránsito de personas por ocasión de covid, respectivamente,
comportamiento con el [que] incurrió en el tipo disciplinario previsto en el numeral
42 [del] artículo 48 de la ley 734 de 2002 (hoy numeral 8 artículo 62 de la ley
1952 de 2019) […]» (sic).
99. Según se pudo constatar en el auto, la PGN motivó la decisión en las
pruebas documentales y testimoniales decretadas y practicadas las cuales se
contrastaron con la versión libre y los argumentos de la defensa. Con
fundamento en ello, concluyó que había incurrido en la conducta descrita en el
artículo 48.42 de la Ley 734 de 2002. En este punto se reitera que la entidad
decidió aplicar el procedimiento previsto en la Ley 1952 de 2019 [CGD], pero el
proceso continuó regido en lo sustancial por la Ley 734 de 2002, según se
analizó previamente.
100. En esa línea, en cumplimiento del artículo 223 del CGD la entidad
especificó las normas vulneradas con la conducta y concretó su modalidad en
activa, analizó la ilicitud sustancial e indicó que con el comportamiento se afectó
el deber funcional por ser contrario al principio de moralidad, puesto que este
«lleva inmersa la responsabilidad de velar por una conducta íntegra y respetuosa de
las autoridades instituidas por la Constitución y la ley, apartada de cualquier influencia
proveniente del ejercicio de un cargo de elección popular y de la autoridad política que
pueda tener por el desempeño del cargo». Por ende, al usar la investidura para un
beneficio personal se «rompe la probidad, la imparcialidad y la moralidad exigida
para el desempeño del cargo».
101. De igual manera, en el auto se realizó el análisis de la culpabilidad y se
determinó que el disciplinado procedió con dolo, por cuanto sabía que en su
cargo debía observar una conducta proba. No obstante, de manera voluntaria
desplegó su actuación y, además, tenía los conocimientos para refutar la
actuación policial de otra manera. Asimismo, era consciente de que usó su
investidura para obtener un fin benéfico particular.
102. Finalmente, en igual auto de formulación de cargos la Procuraduría
Provincial de Bucaramanga archivó la investigación relacionada con la
asistencia de Octavio Cárdenas Almeida a la sesión del concejo municipal en
estado de embriaguez por no encontrar pruebas que lo acreditaran, con lo cual
dio cumplimiento al artículo 224 del CGD.
103. Se pudo constatar que el pliego de cargos se notificó al disciplinado por
medio de su apoderada el 27 de octubre de 202264, según lo ordenado por los
artículos 125 y 225 de la Ley 1952 de 2019. De igual manera, la Procuraduría
Provincial de Bucaramanga dispuso remitir el proceso a la «Procuraduría
Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga» para que adelantara la etapa de
juzgamiento ordenada en los artículos 225 y siguientes ibidem.
104. Así las cosas, se puede concluir que la Procuraduría Provincial de
Bucaramanga actuó de acuerdo con el mandato de los artículos 221 a 225 del
CGD al proferir el pliego de cargos sin que se advierta irregularidad alguna que
afectara el derecho de defensa de Octavio Cárdenas Almeida.
64
Ibidem, folio 177 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folio 249 del archivo PDF).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
105. Lo anterior, puesto que el acto administrativo se motivó en las pruebas
recaudadas dentro de la investigación; en él se determinó la conducta
reprochable y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió, las
normas que vulneró; se identificó de manera precisa el cargo y este guardó
relación con la causa del inicio de la investigación; se analizó el material
probatorio recaudado; se expusieron las razones de la calificación de la falta, la
forma de culpabilidad y se estudiaron los argumentos de defensa.
3.1.6. cumplimiento de las garantías en la etapa de juzgamiento
106. La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga avocó
conocimiento del trámite con auto del 30 de enero de 202465 y dispuso aplicar el
procedimiento ordinario al encontrar que no se daban los supuestos del artículo
225A del CGD para que se aplicara el verbal por no ser una de las faltas
gravísimas por las que procedía. Igualmente, otorgó el término de 15 días al
disciplinado para que presentara los descargos, con lo cual dio cumplimiento al
artículo 225B ibidem.
107. La providencia se notificó al disciplinado y a su apoderada66 quien
presentó los descargos dentro del término. En el escrito solicitó el decreto de
varias pruebas testimoniales y la comparecencia del funcionario que elaboró el
informe técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones [DNIE]67. Y,
además, expuso las siguientes razones de defensa:
(i) refutó el informe de la DNIE por no cumplir con los parámetros que
107.1.
exige el artículo 226 del Código General del Proceso para ser considerado
como un dictamen pericial. Al respecto indicó que el funcionario que lo realizó
no fue imparcial al ser parte de la PGN, además, no prestó juramento y su
elaboración no requirió especiales conocimientos científicos. Por tal razón la
prueba es inexistente, al ser recaudada sin cumplir con las formalidades legales
de acuerdo con el artículo 158 de la Ley 1952 de 2019.
(ii) no existió ilicitud sustancial porque al momento de los hechos Octavio
107.2.
Cárdenas Almeida no se encontraba en cumplimiento de sus funciones como
concejal y no se probó que se valiera de su cargo para obtener un beneficio;
107.3.(iii) la conducta no se subsumió en la falta imputada, por cuanto no
existió relación de sumisión entre el disciplinado y los miembros de la Policía
Nacional, además, aquel se encontraba privado de la libertad por lo que era
imposible que pudiera ejercer algún tipo de autoridad;
107.4. (iv) no se demostró que el disciplinado en su actuar hubiese conocido la
ilicitud de su proceder y tampoco que quiso realizarlo.
65
Ibidem, folio 187 a 190 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folios 259 a 263 del
archivo PDF).
66
Ibidem, folios 191 a 201 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folios 260 a 273 del
archivo PDF).
67
Índice 2, Samai archivo «18ED_Cuaderno2(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2». Folios 208 a
216 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario, (Folios 10 a 19 del archivo PDF).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
108. La PGN decretó en auto del 16 de abril de 202468 las pruebas
testimoniales y documentales pedidas; no obstante, negó la relacionada con la
comparecencia del funcionario de la DNIE porque no era un peritaje, sino una
recopilación de información y, además, del informe se había dado traslado al
disciplinado para que pidiera aclaración, ampliación o corrección y no lo hizo
por lo que dejó precluir la oportunidad.
109. El auto fue notificado al disciplinado y a su apoderada al correo que
informó69 y en él se indicó que en su contra procedía el recurso de apelación
con lo cual se cumplió con lo previsto en el artículo 134 del CGD. Contra la
decisión no se presentó recurso y, en cambio, la abogada de Octavio Cárdenas
Almeida comunicó los datos para la citación de los testigos. Por lo tanto, la
decisión que negó el decreto de la prueba quedó en firme sin que se advierta
que se hubiese desconocido el derecho del disciplinado a refutarla.
110. Frente a la decisión de la PGN que negó la comparecencia del
funcionario de la DNIE para que explicara el informe técnico, se advierte que tal
como lo señaló la entidad la prueba no era un dictamen pericial, pues su objeto
fue la recopilación de la información que existía en redes sociales, medios de
comunicación, videos en internet, entre otras, sobre los hechos que dieron lugar
al inicio del trámite disciplinario.
111. Al revisar su contenido se pudo constatar que a ello se limitó el informe,
sin que el funcionario de la DNIE emitiera un concepto técnico sobre el
particular que ameritara su citación para ser interrogado. Por lo tanto, la
negativa de la entidad no significó la vulneración del derecho de defensa del
disciplinado, máxime cuando tuvo la oportunidad de presentar el recurso de
apelación y no lo hizo.
112. A lo anterior se suma que en la práctica de los testimonios se hizo
presente la apoderada del disciplinado70 y que, como resultado de lo afirmado
por los testigos, aquella pidió el decretó de otras pruebas documentales a lo
que la PGN accedió con auto del 31 de mayo de 2024 en cumplimiento del
artículo 225C del CGD71. Finalmente dispuso con auto del 28 de junio de 2024
ordenar el traslado para los alegatos finales una vez se terminó con la práctica
de las pruebas, acto notificado al disciplinado y a su apoderada72, quien ejerció
el derecho dentro del plazo de ley73.
113. Como se advierte, en la etapa de juzgamiento previa a la expedición del
acto administrativo de primera instancia se garantizó el debido proceso, por
cuanto el pliego de cargos se notificó en debida forma y se otorgó la posibilidad
68
Ibidem, folios 217 a 223 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario (Folios 20 a 31 del
archivo PDF).
69
Ibidem, folios 224 a 236 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario (Folios 21 a 47 del
archivo PDF). El correo informado en el poder era «maritzalizarazo-123 @hotmail.com» y a este
se hizo la notificación [folio 203 del expediente].
70
Ibidem, folios 328 a 331 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario (Folios 153 a 156 del
archivo PDF).
71
Ibidem, folios 333 a 334 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario (Folios 157 a 160 del
archivo PDF).
72
Ibidem, folios 353 a 363 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario (Folios 181 a 193 del
archivo PDF).
73
Ibidem, folios 374 a 377 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario (Folios 207 a 211 del
archivo PDF).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
de presentar los descargos y solicitar pruebas que se decidieron de acuerdo
con los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad y se dio la oportunidad
para recurrir la decisión. De igual manera, se concedió el término para la
presentación de los alegatos de conclusión y este derecho fue ejercido.
114. En lo que respecta al acto administrativo de primera instancia74 se
evidenció que guardó coherencia con el pliego de cargos, puesto que la
conducta que juzgó coincide en su totalidad con el cargo formulado y no se
advierte que se hubiese estudiado la responsabilidad por hechos diferentes.
Ello quedó evidenciado en los antecedentes de esta providencia en los que se
resumió el contenido de la decisión.
115. Con lo anterior, la autoridad disciplinaria acató el principio de
congruencia en materia disciplinaria, según el cual debe existir correspondencia
entre la formulación de los cargos y el acto disciplinario como garantía del
debido proceso, puesto que garantiza que se formule un cargo por una falta y
en la decisión no se atribuya una distinta de aquella que fue imputada75. Se
trata de una garantía del ejercicio del derecho de defensa y contradicción que
fue acatada.
116. De igual manera, la autoridad disciplinaria analizó las pruebas
recaudadas y los argumentos de la defensa, la configuración de la ilicitud
sustancial con la conducta, la calificación de la falta disciplinaria, así como de la
culpabilidad, la dosificación de la sanción y las razones de la sanción. En
consecuencia, la actuación cumplió con lo reglado en el artículo 225F del CGD.
117. Además, al disciplinado se le notificó la decisión el 27 de agosto de 2024
por correo electrónico76 y, en tal virtud, pudo ejercer su derecho de
contradicción al punto que interpuso el recurso de apelación77.
118. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección
Popular resolvió el recurso, mediante acto de segunda instancia del 29 de mayo
de 202578, notificado el 4 de junio de 202579. En la decisión se examinaron
todos los argumentos de defensa planteados, como consta en los antecedentes
de esta providencia en los que se plasmó el contenido del acto y del recurso de
los cuales se puede advertir que en el primero se hizo alusión a lo alegado en el
segundo relacionado con la inadecuada valoración probatoria, la inexistencia de
la tipicidad, de la ilicitud sustancial, de la culpabilidad y de la falta de criterios
para proferir la sanción. Además, en el acto sancionatorio de segunda instancia
no se varió el cargo endilgado.
74
Índice 2, Samai archivo «18ED_Cuaderno2(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2». Folios 380 a
403 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario, (Folios 214 a 259 del archivo PDF).
75
Sobre el principio de congruencia se puede consultar la siguiente providencia: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de abril de 2017 radicado
11001-03-25-000-2012-00123-00 (0544-12).
76
Ibidem. Folios 403 a 415 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario, (Folios 260 a 272 del
archivo PDF).
77
Índice 2, Samai archivo «18ED_Cuaderno2(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2». Folios 416 a
421 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario, (Folios 273 a 285 del archivo PDF).
78
Ibidem. Folios 434 a 447 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario (Folios 301 a 326 del
archivo PDF).
79
Ibidem. Folios 447 y 448 del Cuaderno 2 del expediente disciplinario (Folios 327 a 328 del
archivo PDF).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
119. De este modo, se puede concluir que a Octavio Cárdenas Almeida se le
garantizó el derecho a la segunda instancia y no se advierte que la Sala
Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular se
hubiese pronunciado sobre aspectos no señalados en el recurso, por lo que
acató lo previsto en el artículo 234 del CGD.
120. Adicional, se resalta que la PGN remitió a esta corporación el proceso
disciplinario para que se realizara el control automático ordenado por la Corte
Constitucional en la sentencia C-030 de 2023 y reglado en los artículos 54 y
siguientes de la Ley 2094 de 2021, lo cual hizo previo traslado por el término de
30 días para que ejerciera su derecho de contradicción. Con esta actuación
garantizó la reserva judicial en la imposición de la sanción y, por ende, el debido
proceso del disciplinado.
121. Finalmente, dentro del proceso no existe evidencia de que al disciplinado
se le hubiese sido juzgado en otro proceso disciplinario por igual objeto o
hechos y causa, de suerte que pudiera vulnerarse el principio de non bis in
ídem incluido en el artículo 29 Constitucional como garantía para evitar un doble
enjuiciamiento80.
122. Por todo lo expuesto, se concluye que a Octavio Cárdenas Almeida se le
respetó el debido proceso durante el trámite del proceso disciplinario por parte
de la PGN. En consecuencia, se pasará a evaluar los elementos de la
responsabilidad disciplinaria y el análisis jurídico y probatorio que sobre ellos se
efectuó en sede administrativa.
3.2. Análisis de la responsabilidad disciplinaria de Octavio Cárdenas
Almeida
3.2.1. Estudio de la tipicidad de la conducta
123. Al tenor de la jurisprudencia constitucional, la potestad sancionadora
administrativa es una manifestación del ius puniendi del Estado que se
concreta, fundamentalmente, en el derecho penal, contravencional, disciplinario,
y correccional81. Para que esta potestad se pueda concretar, se requiere que
para imponer una sanción se cumpla con las garantías del debido proceso.
124. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política prevé que nadie podrá
ser juzgado, sino conforme con las leyes preexistentes al acto que se le imputa
y, a su turno, la Ley 734 de 2002 que el servidor público y el particular solo
serían investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que
estuvieran descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización.
125. Esta corporación ha sostenido que la tipicidad es una «categoría
dogmática» que «encuentra su razón de ser en el principio de legalidad como
80
Sobre este principio se ha señalado que «[e]n cuanto a su aplicación, la posición
jurisprudencial ha indicado que, por su estrecha relación con el principio de cosa juzgada, debe
cumplir tres requisitos, a saber i) el sujeto: identidad de persona imputada, ii) objeto: igual hecho
da lugar a ambas actuaciones y, iii) causa […]». Sentencia del Consejo de Estado Sección
Segunda, Subsección A, del 28 de septiembre de 2017, radicado
11001-03-25-000-2012-00150-00 (0665-12).
81
Corte Constitucional, sentencias C-827 de 2001 y C-135 de 2016.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
expresión del debido proceso»82, así como en el de reserva de ley. Ciertamente, la
Constitución autorizó solo al legislador para que estableciera qué conductas
constituían una infracción de carácter disciplinario, el cual está obligado «a
describir la conducta o comportamiento que considera ilegal o ilícito, en la forma más
clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la
omisión o la prohibición que da lugar a la sanción»83.
126. Para garantizar que el servidor público o sujeto pasivo de la acción
disciplinaria tenga conocimiento pleno, claro y preciso de la falta que se le
reprocha, le corresponda al legislador «definir de forma abstracta y objetiva, qué
conductas desplegadas por quienes tienen a su cargo el ejercicio de funciones públicas
deben ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del servicio que le ha
sido encomendado o por el abuso de su ejercicio84»85.
127. Es decir que este principio comprende dos garantías86: la primera, de
orden material y alcance absoluto que se refiere a que la conducta y la sanción
estén previamente consignadas a la comisión de la falta y, la segunda, que es
formal y se concreta en que aquellas estén contenidas en una norma de rango
legal, «la cual podrá hacer remisión a otra ley o un reglamento siempre y cuando
queden determinados los elementos estructurales de la conducta antijurídica»87.
128. En línea con ello, debe atenderse que tanto la Corte Constitucional
como esta corporación han puntualizado que, cuando se trata del derecho
disciplinario, el legislador puede establecer las normas con mayor grado de
flexibilidad ante la imposibilidad de establecer todas y cada una de las
conductas que puede ejecutar un servidor público. Al respecto se dijo lo
siguiente:
«El proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de
la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable y
la efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez, una
relación de contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo el
ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente incumplido.
El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria y dentro del mismo, la
autoridad cuenta con un margen de interpretación más amplio que el que se
encuentra en el derecho penal, pues la precisión con la cual deben estar
descritos los comportamientos disciplinariamente reprochables tiene una mayor
flexibilidad al concebido en materia criminal, ante la dificultad de que la ley haga
un listado detallado de absolutamente todas las conductas constitutivas de falta88;
como consecuencia de ello se ha avalado, desde un punto de vista
82
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2017,
radicación 11001-03-25-000-2010-00290-00 (2388-2010).
83
Corte Constitucional, sentencia C-135 de 2016.
84
El artículo 6 de la Constitución Política prevé: Los particulares sólo son responsables ante las
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma
causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
85
Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
86
Corte Constitucional, sentencia C-135 de 2016.
87
Ibidem.
88
Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las
conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades
sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la
comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita -en principio- cierta
flexibilidad» [1], posición reiterada en sentencias C-818 de 2005 y C-030 de 2012.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
constitucional89, la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados y la
formulación de los tipos abiertos y en blanco que están redactados con una
amplitud tal que hace necesario remitirse a otras normas en las que se
encuentren consagrados los deberes, las funciones o las prohibiciones que se
imponen en el ejercicio del cargo, y que exigen un proceso de hermenéutica
sistemática lógica que demuestre en forma congruente cómo la conducta
investigada se subsume en la descrita por la ley» 90
129. En lo atinente a los conceptos jurídicos indeterminados, la sentencia
citada apuntó a que «son admisibles en la forma de consagrar infracciones
administrativas siempre que las remisiones a otras normas o a otros criterios permitan
determinar los comportamientos censurarles», lo cual tiene asidero en que permitir
que el operador disciplinario establezca a su arbitrio la conducta reprochable
desconocería el principio de legalidad previsto en el artículo 29 superior.
130. De otro lado, respecto de la formulación de los tipos abiertos y en blanco,
la sentencia del 26 de octubre de 201791 también explicó:
«Lo anterior se desprende del concepto jurídico avalado en la sentencia C-818 de
200592, entre otras, en la cual se sostuvo que los tipos abiertos son “aquellas
infracciones disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con
un listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas,
remiten a un complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en
las que se consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables
a los servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se
determina por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la
orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el
incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una
infracción disciplinaria”.
En relación con los tipos en blanco, aquella Corporación también considera que
apunta a preceptos que requieren de una remisión normativa para completar su
sentido93 bajo la condición de que se “verifique la existencia de normas jurídicas
precedentes que definan y determinen, de manera clara e inequívoca, aquellos
aspectos de los que adolece el precepto en blanco” exigencia que trasciende al
campo disciplinario, según lo señalado por la sentencia C-343 de 2006.
No obstante, la doctrina distingue los tipos en blanco de los abiertos, para señalar
que los primeros requieren de un suplemento normativo para completar su
alcance94, mientras que los segundos se pueden delimitar así “[e]l tipo abierto,
como lo ha definido su creador, es aquel en el cual el legislador no ha
determinado de manera completa la materia de la prohibición, correspondiéndole
cerrarlo al juez: ‘la materia de la prohibición no está descrita en forma total y
exhaustiva por medio de elementos objetivos’95, afirma Hans Welzel”96. Es así
como los tipos en blanco se han incluido en la clasificación de tipos según su
estructura formal97, mientras que los abiertos ingresan en la división según su
contenido98».
89
Frente a este punto se pueden ver varias sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la
C-393 de 2006.
90
Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
91
Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
92
En este aparte, cita la sentencia C-401 de 2001.
93
Ver la sentencia 404 de 2001.
94
Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 2017, pp. 433 – 445.
95
Claus Roxin. Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico, Buenos
Aires, Depalma, 1979, p.6.
96
Gómez Pavajeau. Op. Cit., p. 431.
97
Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal, Bogotá, Editorial Temis S.A. 2000, p.115.
98
Ibidem p.118.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
131. En definitiva, el principio de tipicidad se materializa cuando la conducta
que se sanciona está descrita de manera precisa, bien por estar determinada
en el mismo cuerpo normativo o porque sea determinable a partir de otras
normas jurídicas; la sanción se encuentre definida en la ley y que exista
correlación entre la conducta y la sanción.
132. En el presente caso, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga formuló
pliego de cargos en contra de Octavio Cárdenas Almeida con auto del 27 de
septiembre de 202299 y le imputó la falta descrita en el artículo 48.42 de la Ley
734 de 2002 que indica lo siguiente:
«Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
[...] 42. Influir en otro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de
cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía para
conseguir una actuación, concepto o decisión que le pueda generar directa o
indirectamente beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero.
Igualmente, ofrecerse o acceder a realizar la conducta anteriormente descrita.»
133. Como se advierte, la estructura del tipo disciplinario se conforma de los
siguientes elementos:
(i) tanto el sujeto activo como el pasivo deben tener la condición de
servidores públicos;
(ii) el verbo rector es «influir» que significa «[e]jercer predominio, o fuerza
moral»100 [entiéndase también influencia como «[p]ersona con poder o
autoridad con cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o
beneficio»101];
(iii) la acción debe ejecutarla el sujeto activo prevaliéndose [«valerse o
servirse de algo para ventaja o provecho propio102»] de su cargo o de
cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía;
(iv) esta -la acción- debe tener una finalidad o propósito que es conseguir
una actuación, concepto o decisión que pueda representar un
beneficio directo o indirecto, entendiéndose el vocablo beneficio como
«utilidad o provecho»103. Se recuerda que la expresión «para
conseguir» impide que se interprete como un tipo de resultado104.
134. Expuesto lo anterior, se pasará a determinar si con la conducta
desplegada por Octavio Cárdenas Almeida entre la noche del 26 y madrugada
del 27 de junio de 2021 durante el desarrollo del procedimiento policial en el
cual le impusieron dos comparendos y fue llevado a las instalaciones de la
estación de policía de Piedecuesta (Santander), se configuraron los elementos
99
Ibidem, folios 163 a 176 del Cuaderno 1 del expediente disciplinario (Folio 221 a 248 del
archivo PDF).
100
Diccionario de la lengua española. Enlace: https://dle.rae.es/influir.
101
Diccionario de la lengua española. Enlace: https://dle.rae.es/influencia?m=form.
102
Diccionario de la lengua española. Enlace: https://dle.rae.es/prevaler?m=form.
103
Diccionario de la lengua española. Enlace: https://dle.rae.es/beneficio?m=form.
104
En ese sentido se puede consultar la sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del 23
de enero de 2025 con radicado 11001-03-25-000-2013-00561-00 (1093-2013).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
descritos del tipo disciplinario previsto en el artículo 48.42 de la Ley 734 de
2002.
135. Para lo anunciado, es preciso examinar en conjunto las pruebas
recaudadas, hacer un análisis crítico de ellas. Todo para determinar si la
conclusión a la que la autoridad disciplinaria arribó corresponde con la realidad
probatoria.
3.2.1.1. tanto el sujeto activo como el pasivo deben tener la condición de
servidores públicos
136. En el proceso se probó que Octavio Cárdenas Almeida fue elegido
concejal del municipio de Piedecuesta (Santander) para el periodo 2020 a 2023
con la credencial E-27 el 31 de octubre de 2019 proferida por la Comisión
Escrutadora Municipal de la Registraduría Nacional del Estado Civil105. También
que se posesionó en el empleo el 2 de enero de 2020 con el Acta 001 del
Concejo Municipal106, y que para la época de los hechos juzgados [madrugada
del 27 de junio de 2021] desempeñaba el cargo, según certificado laboral
expedido el 1 de marzo de 2022.
137. Asimismo, está demostrado que la interacción del disciplinado durante
los hechos que fueron objeto de juzgamiento disciplinarios se dio de manera
directa con los policías de la estación de Piedecuesta (Santander), puesto que
los uniformados de esta dependencia fueron los que realizaron el procedimiento
policial que dio lugar a su detención.
138. Por lo tanto, se cumplió con el elemento de la falta disciplinaria que exige
que sean servidores públicos los sujetos activo y pasivo de la conducta.
3.2.1.2. La acción de influir debe ejecutarla el sujeto activo prevaliéndose de su
cargo o de cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía
139. En el expediente disciplinario reposan las declaraciones de varios
policías que prestaban el servicio para del 26 y la madrugada del 27 de junio de
2021 en las que relataron que fueron alertados sobre la ocurrencia de una riña
cerca de la estación de policía, por lo que acudieron al lugar y encontraron que
el disciplinado participó en ella. Asimismo, que en aras de garantizar el orden
público se vieron obligados a detenerlo y a trasladarlo a las instalaciones
policiales debido a su agresividad. En esa línea declararon al unísono los
uniformados Carlos Arturo Duarte y Juan Luis Granados Manrique que
participaron en el procedimiento policial.
140. Ello lo corrobora el informe GS-2021-MEBUC del 27 de junio de 2021107
mediante el cual el patrullero José Ignacio Arias Arias informó al comandante de
la estación de Policía de Piedecuesta (Santander) acerca de los hechos
sucedidos. En el documento consta que Octavio Cárdenas Almeida se mostró
agresivo, fomentó la riña y el escándalo en la vía pública y que hizo caso omiso
a las órdenes de la Policía, motivo por el cual fue trasladado al centro policial.
105
Índice 2, Samai archivo «27ED_1formatoe27(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».
106
Índice 2, Samai archivo «28ED_02actaposecion02deen(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».
107
Índice 34, Samai archivo «72RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumental(.pdf) NroActua 34».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
También así lo informó el comandante de la estación, Ricardo Alfonso Montoya
Oviedo, mediante el Oficio GS-2021-109335108.
141. Según las declaraciones de varios de los uniformados que participaron
en el procedimiento, se enteraron de que Octavio Cárdenas Almeida era
concejal del municipio cuando se encontraba en las instalaciones de la estación
de policía momento en el que se los manifestó y, además, que iba a gestionar
su traslado.
142. Así lo declaró Carlos Arturo Duarte, comandante de guardia de la
Estación de Policía de Piedecuesta (Santander) de la forma siguiente109:
«[…] Preguntado. Ok, ok, perfecto. Bueno, indíquele al despacho en qué parte
del procedimiento tuvo usted contacto o entrevista con el señor Octavio Cárdenas
Almeida.
Contestó. Cuando ya llegan las patrullas de apoyo, ahí se intentan separar las
cuatro personas que están realizando la riña. Ellos están en un alto grado de
exaltación, por tal motivo son conducidos aquí a la estación. Donde aquí el señor
ya nos manifiesta que es concejal del municipio de Piedecuesta. De inmediato
nosotros al enterarnos que es concejal, llamamos al comandante de estación y
se le informa a personería para que ellos estén presentes en el procedimiento y
sean garantes.
Preguntado. Ok, ¿en qué momento exacto del acompañamiento, si fue en el
acompañamiento, en el traslado o en la detención a la estación, cuando el señor
Cárdenas Almeida hizo la alusión o manifestó ser concejal de Piedecuesta? ¿En
qué momento exacto le dice a usted?
Contestó. Cuando ya se encontraba acá en las instalaciones
Preguntado. Intendente ¿con qué fin o intención manifestó el señor Octavio
Cárdenas Almeida su calidad de concejal de Piedecuesta?
Contestó. Pues él decía que era concejal de Piedecuesta, que no sabíamos con
quién nos estábamos tratando. Yo le dije, doctor, si usted es concejal, yo no lo
conozco, no lo había visto aquí antes, entonces no tiene conocimiento.
Preguntado. Ok, perfecto. Indíquele al despacho si el señor Octavio Cárdenas
Almeida, en su calidad de concejal, buscó algún tipo de favorecimiento en el
procedimiento o algún tipo de beneficio.
Contestó. Pues sí, en una llegó a manifestar que nos iba a ser trasladar y de
igual forma contra los señores de la personería también los insultaba y los trataba
mal […]» (sic).
143. En igual sentido el patrullero de la Policía Nacional José Ignacio Arias
Arias, que participó en el operativo y suscribió el informe GS-2021-MEBUC del
27 de junio de 2021, declaró110 lo que sigue:
« […] Preguntado: Perfecto, indíquele al despacho si el señor Octavio Cárdenas
Almeida en algún momento del acompañamiento, traslado o detención a la
estación de policía hizo algún tipo de alusión o manifestación de su dignidad de
concejal del municipio de Piedecuesta, si él en algún momento refirió esa calidad.
108
Índice 34, Samai archivo «72RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumental(.pdf) NroActua 34».
109
Índice 2, Samai archivo « 13ED_1CarlosArturoDuarteO(.mp4) NroActua 2(.mp4) NroActua
2».
110
Índice 34, Samai archivo «72RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumental(.pdf) NroActua 34».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
Contestó: No, en el momento que llegamos no manifestó que era concejal,
además yo no tenía conocimiento de la situación, no sabía que era concejal, ya
cuando estaba dentro de las instalaciones, en la parte de afuera obviamente, el
señor manifestó que era concejal, lo único que manifestó fue que nos iba a hacer
trasladar y por ese motivo también debido a la situación por transparencia en el
procedimiento de policía hizo presencia delegados de la personería, con quien
también fue, pues un poco grosero.
Preguntado: Ok, o sea que usted dice que cuando hizo alusión a la calidad de
concejal fue en las instalaciones de policía.
Contestó: Sí, en el momento en el que no tenía conocimiento de eso, no sabía
quién era el señor, no lo conocía.
Preguntado: Ok, perfecto. Manifieste si el señor al incumplir o desacatar la orden
de policía, cuando ustedes le dan la orden de que termine la discusión o riña, él
invoca su calidad o solos en la estación.
Contestó: Eso fue en la estación, en ningún momento el señor, cuando lo
abordamos manifestó que era concejal y tampoco no teníamos conocimiento de
quién era ese señor
(…)
Disciplinado: Quisiera preguntarle al patrullero, al policía, si en algún momento
utilicé mi condición como servidor público, como concejal del municipio, para
buscar algún beneficio sobre algún patrullero o algún comandante de la estación.
Contestó: Bueno, yo conozco solamente lo que manifestó ya en la estación de
policía, fue que nos iba a hacer trasladar, no dijo nada más. Eso fue el hecho
nada más […]» (sic).
144. Las declaraciones citadas las corroboró Miguel Ángel Leal Sandoval,
patrullero de la Policía Nacional que también participó en el procedimiento111 y
que relató lo que se cita:
« […] Preguntado: Ok, manifieste al despacho si el señor Octavio Cárdenas en
algún momento del acompañamiento, traslado o la detención dentro de la
estación de policía hizo alusión o manifestó su dignidad de concejal de
Piedecuesta.
Contestó: Yo creo que después de estar en la estación, mencionó que era,
desempeñaba el cargo de concejal de ahí del municipio y por eso se llamó a la
personería, creo que ellos hicieron presencia ahí en el lugar para verificar el
procedimiento […]» (sic).
145. Así las cosas, está demostrado que Octavio Cárdenas Almeida no utilizó
su cargo como concejal del municipio de Piedecuesta (Santander) para evitar
que se realizara el procedimiento policial que terminó con su detención cuando
los policías llegaron al sitio en el que se presentaba la riña. Por el contrario, se
probó para ese momento los uniformados no tenían conocimiento de que
ostentaba tal empleo público y que solo se enteraron cuando se encontraban en
las instalaciones de la estación de policía. De este modo, en esa etapa del
procedimiento policial el disciplinado no incurrió en la falta imputada.
146.Ahora, de acuerdo con el informe GS-2021-MEBUC del 27 de junio de
2021 Octavio Cárdenas Almeida ingresó a la sede de la estación de policía a
111
Índice 34, Samai archivo «72RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumental(.pdf) NroActua 34».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
las 23:50 del 26 de junio de 2021 y su salida se produjo a las 2:55 a. m. del día
siguiente. Lo anterior quiere decir que permaneció detenido en las instalaciones
policiales por un tiempo de 3 horas y 5 minutos.
147. De acuerdo con las declaraciones citadas de los policías, fue en el
transcurso de este tiempo en el que el disciplinado les manifestó que era
concejal del municipio de Piedecuesta (Santander) y que iba a gestionar su
traslado, pues les indicó que «los iba a hacer trasladar». La anterior
aseveración fue confirmada por Katherine Moreno Rodríguez y Brandon Steven
Rosas Carrillo, contratistas de la personería de Piedecuesta y quienes
presenciaron parte de los hechos y fueron citados como testigos al proceso
disciplinario.
148. En efecto, Katherine Moreno Rodríguez, quien acompañó el
procedimiento policial en representación de tal entidad, en su declaración dijo lo
siguiente112:
«[…] Preguntado: Usted manifiesta que cuando llegaron a la estación de policía
y observaron a esas dos personas esposadas en una de las vallas que hay allá
afuera, esas personas estaban en alto estado de excitación. Estaban un poco
molestos. Puede decirnos de pronto ¿usted identificó plenamente quién era el
señor Octavio Cárdenas Almeida, lo conoce a él lo distinguió ahí?
Contestó: En ese momento me enteré que era concejal porque precisamente él
lo manifestaba, él decía yo soy concejal de Piedecuesta, ustedes no saben quién
soy yo, suélteme de aquí, ese tipo de frases y estaba bastante alterado. Esa fue
lo que nos llamó la atención y ahí fue cuando digamos que me di cuenta que si
correspondía a un concejal de Piedecuesta.
Preguntado: Dentro de ese momento, cuando él estaba como usted lo
manifiesta alterado y que él manifestaba yo soy concejal suéltenme ¿usted
recuerda, o estuvo presente, o usted pudo observar y escuchar que él hubiera
manifestado a los policiales que lo soltaran porque era concejal y porque él los
podía hacer trasladar de ahí?
Contestó: Sí, en realidad él, inclusive a nosotros mismos también, pues nos
decían que iba a cuestionar nuestras labores allí, porque pues reiteraba mucho
que era concejal del municipio y que por favor lo soltaran. Bueno, que suéltenme,
yo soy el concejal, ustedes tienen que respetarme, llámenme a Freddy, o sea, él
no quería que nosotros le verificáramos, sino que fuera directamente el
personero, y pues sí pedía constantemente que llamaran al personero que
porque él era el concejal.
Preguntado: Sí, doctora Catherine, pero puede ser precisa en mi pregunta
¿Usted escuchó si él les manifestó a los policías que él los podía hacer trasladar
de ahí?
Contestó: Pues no recuerdo con exactitud qué fue lo que él les dijo en palabras
taxativas, pero sí él amenazaba constantemente de que él era un concejal y que
podían acarrear consecuencias por si no actuábamos conforme a lo que él
deseaba.
(…)
112
Índice 2, Samai archivos «25ED_DILIGE1DOC(.doc) NroActua 2(.doc) NroActua 2» y
«26ED_DILIGE1MP4(.mp4) NroActua 2(.mp4) NroActua 2».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
Preguntado: ¿Usted identificó qué concejal en alguna exaltación, algún tipo de
situación que usted pudiera advertir que en el uso del cargo se pusiera en riesgo
la administración pública, o si estuviese buscando un favor para así?
Contestó: Pues él en reiteradas ocasiones sí manifestaba de que él era concejal,
que lo soltaran rápido, que ustedes se les olvida quién soy yo, yo soy un concejal
y que me respeten, suéltenme ese tipo de expresión, pero pues que recuerde
fueron esas las situaciones presentadas […]» (sic).
149. Por su parte, Brandon Steven Rosas Carrillo relató que había hecho
presencia para vigilar el caso porque llegó a la estación de policía cuando
terminaba unas labores de control del toque de queda que estaba vigente en el
municipio como consecuencia del Covid 19 y que cuando estaba en el lugar el
personero municipal lo llamó para que vigilara lo que sucedía con el caso de
Octavio Cárdenas Almeida. En cuanto al comportamiento de este narró lo que
se cita a continuación113:
«[…] Preguntado: Al inicio de su relato dice que ellos [se refería al disciplinado y
a Javier Eduardo Díaz Peña que había sido retenido con él] estaban ahí un poco
exaltados, como discutiendo con los policías ¿usted logró observar esa situación,
qué tipo de conversaciones tenían?
Contestó: Pues el señor Octavio gritaba, les gritaba que lo soltaran, que no era
un delincuente, eh, bueno, los insultó un par de veces, se mostraba bastante
alterado, que bueno, que él era concejal, que ellos no podían pasar por encima
de él, más o menos así como comentarios de ese tipo, era lo que hacía el señor.
Preguntado: Dentro de esos comentarios que él hizo ¿en algún momento usted
escuchó que él les hubiera dicho que por ser concejal, que con esa investidura
que él ostentaba, los iba a ser trasladar de la estación?
Contestó: Sí, sí, en varias oportunidades lo dijo él y el acompañante con el que
él estaba, eh que si desconozco quién era, no sé si de pronto también era un
funcionario, eso sí lo desconozco, pero también les decía que, pues no sé, se
hacía, se presentaba como alguien importante, decía que, que no sabía quién era
él, que se iba a encargar, mejor dicho, de que los borraran de ahí […]» (sic).
150. Como se advierte, las declaraciones de los uniformados y de los
contratistas de la personería municipal coinciden en afirmar que Octavio
Cárdenas Almeida manifestó a los primeros que era concejal del municipio de
Piedecuesta cuando estaba en las instalaciones de la estación de policía.
También concuerdan en que les comunicó que iba a gestionar su traslado con
expresiones como «los voy a hacer trasladar». Es decir, apeló a su cargo para
ejercer la influencia o poder sobre los miembros de la Policía Nacional.
151. Aunque con el informe de la DNIE del 13 de mayo de 2022114 se
aportaron unos videos grabados el día de los hechos que mostraban al
disciplinado alterado y que es cierto que de su contenido no se deduce que
hubiese amenazado a los miembros de la Policía Nacional con gestionar su
traslado, ello no desvirtúa lo aseverado por los testigos citados porque lo
grabado corresponde a un reclamo que Octavio Cárdenas Almeida y su
acompañante, Javier Eduardo Díaz Peña, hicieron con ocasión de un
procedimiento policial diferente del que fueron objeto y relacionado con otra
113
Índice 2, Samai archivos « 19ED_DILIGENCIADEDECLARAC(.docx) NroActua 2(.docx)
NroActua 2» y «20ED_DILIGE1MP4(.mp4) NroActua 2(.mp4) NroActua 2».
114
Índice 2, Samai archivo «6ED_Anexo1(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
persona.
152. Ciertamente, en las grabaciones se les escucha reclamar por la retención
de una motocicleta a otra persona. En los videos se oye que gritan a los policías
que no podían hacerlo porque no eran la autoridad encargada y que al realizarlo
cometían un atropello, a la vez se quejan con los miembros de la personería
presentes. En la trascripción de los audios de los videos se puede constatar lo
afirmado por el disciplinado en el contexto descrito115:
« […] Señores personeros ¿Para qué hacen eso? Guárdenme. Métanme en el
calabozo, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran conmigo. Eso no tienen
por qué hacerlo. Es más les voy a decir algo. Todos los que están acá, yo creo
que ni viven acá en Piedecuesta, hijueputa. Ustedes no viven acá en
Piedecuesta. Ustedes no conocen las necesidades que nosotros queremos para
que vengan, hijueputa […]».
153. Luego, Octavio Cárdenas Almeida se dirigió a la persona que grababa el
video y le manifestó lo que se cita:
«[…] Mire les voy a demandar con la Procuraduría. Con la Procuraduría, se lo
voy a demandar mañana. Aquí me tienen mire [al hablar se dirige a quien graba el
video], soy concejal de Piedecuesta y ah, eso no se hace […]».
154. Por su parte, Javier Eduardo Díaz Peña, quien fue detenido junto con el
concejal, gritaba lo que se cita:
« […] Hermano son personería si están ahí tenían que haber gravado
comprenda eso hermano, usted es la que tiene que hacer eso. Es el trabajo de
ellos, mire que tiene que estar grabando esas situaciones no ve que eso no
puede [inaudible]. Como van a [inaudible] con esa camioneta ahí hermano.
Grave, grave bastante, jefe. Créanme que lo que hizo la personería no está bien.
Son buenas personas. Son unos promotores particulares, jefe. [inaudible]
necesitamos la presencia de la Procuraduría realmente, los derechos humanos
internacionales, la Procuraduría, la personería de Piedecuesta realmente no está
trabajando. Ustedes como policías no acepten esas cosas hermano que mañana
pueden ser ustedes mismos, su familia, sus hermanos. Entonces, le pedimos la
situación, hermano. Miren, que bueno que usted está en la camioneta […]» [
termina el video].
155. Finalmente, el disciplinado en otro video dice lo que sigue:
« […] de toda la personería y ahora llegan a decir las cosas, no. No, señor. Claro,
soy concejal [esto lo afirma porque un policía se acerca y le pregunta algo en voz baja,
no se alcanza a escuchar]
¿Qué? Soy concejal de Piedecuesta y lo que están haciendo acá no lo pueden
hacer. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer.
Hagan todo lo que quieran. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer.
¿En carro particular? Usted sabe cuánto le cobran al municipio. Vengan personas
de la personería ¿Quiénes están? […]» [termina el video].
156. Como se advierte, el video registra hechos diferentes de los que se
115
Índice 2, Samai archivo «11ED_Video20220427at11153(.mp4) NroActua 2(.mp4) NroActua
2».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
juzgaron en el proceso disciplinario, puesto que muestran los reclamos de
Octavio Cárdenas Almeida y de Javier Eduardo Díaz Peña a los policías y a los
miembros de la personería municipal sobre un procedimiento con un vehículo
automotor. Por el contrario, los testimonios citados de los uniformados y de los
contratistas de la personería aluden a la reacción del disciplinado por su
detención, supuestos de hechos completamente diferentes.
157. Con todo, la PGN no fundamentó la tipicidad en los videos descritos,
pues la sustentó principalmente en los testimonios de los patrulleros Carlos
Arturo Duarte Ortiz, Juan Luis Granados Manrique y José Ignacio Arias Arias,
analizados con antelación en esta providencia.
158. De este modo, es posible concluir que la acción de influir Octavio
Cárdenas Almeida la ejecutó prevaliéndose de su cargo como concejal del
municipio, por lo que se cumplió este elemento del tipo disciplinario.
3.2.1.3. La acción debe tener una finalidad o propósito que es conseguir una
actuación, concepto o decisión que pueda representar un beneficio directo o
indirecto
159. Octavio Cárdenas Almeida refutó la configuración de la tipicidad de la
conducta imputada en el recurso de apelación presentado contra el acto
administrativo sancionatorio de primera instancia y en el escrito que sustentó el
recurso automático de revisión. Esta postura la fundamentó en lo siguiente:
159.1.(i) los uniformados que testificaron no afirmaron que los había intimidado
y, por el contrario, señalaron que se enteraron que era concejal cuando ya
estaba detenido en la estación de policía;
159.2.(ii) exigir la presencia de la personería no era prueba de la intimidación y
solo era una garantía para sus derechos;
159.3.(iii) no se demostró que hubiese querido influir en los policías para que
no se le impusieran los comparendos y cesara el procedimiento policivo. Las
anotaciones en el oficio GS-2021-109335 y en el libro de población solo
acreditan que estaba alterado y embriagado;
159.4. (iv) aunque pronunció frases desafortunadas contra los uniformados lo
hizo como reacción porque fue esposado en la calle, pero no con la intención de
influir en sus decisiones; y
159.5. (v) la actuación constituyó solo un irrespeto para con los policías, por
cuanto no se demostró el beneficio que buscaba con ella y, en ese sentido, en
los actos sancionatorios se vulneró el principio de congruencia «porque la
situación fáctica no se desarrolló en concordancia con la imputación jurídica».
160. Pues bien, en cuanto a la intención que el disciplinado tuvo al decirles a
los miembros de la Policía Nacional que era concejal de Piedecuesta y que
haría lo posible por lograr su traslado, los testimonios de estos no son claros.
161. Ciertamente, ni Carlos Arturo Duarte ni José Ignacio Arias Arias en los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
43
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
testimonios citados en el item anterior contestaron con claridad la pregunta
sobre si conocieron las intenciones del disciplinado cuando les indicaba su
cargo y la advertencia del traslado. Los policías se limitaron a indicar que
efectivamente le dijo esto último, pero no aseveraron nada respecto a la
finalidad que lo movía a hacerlo.
162. Por su parte, Juan Luis Granados Manrique, patrullero de la Policía
Nacional que también presenció los hechos, narró sobre el particular lo
siguiente116:
«[…] Preguntado: ¿En qué, con qué fin o intensión él manifestó su calidad de
concejal?
Contestó: Desconozco, no me acuerdo.
Preguntado: Ok, pero usted dice que le dijo que los iba a trasladar ¿en qué
momento les dijo eso?
Contestó: Cuando ya estaba en la estación, no le paré tanto [inaudible] a la
palabra, sino que esperé fue a que hicieran el procedimiento normal.
(…)
Preguntado: Ok, pero usted de pronto sabe si el señor Octavio, al aducir su
condición de concejal, buscó algún tipo de favorecimiento o beneficio.
Contestó: No, no, señor […]» (sic).
163. En esa línea, el patrullero Miguel Ángel Leal Sandoval al ser indagado
sobre este tema relató que él estuvo más atento a lo que sucedía con las otras
personas que participaron en la riña y no tanto a la situación de Octavio
Cárdenas Almeida. Luego respondió:
«[…] Preguntado: Ok, ¿con qué fin o intención el señor Octavio manifestó su
dignidad de concejal?
Contestó: Bueno, pues la verdad no estoy muy claro en qué pasó esa vez
debido al tiempo, pero no, no, no estoy claro porque como le digo yo estaba en la
otra parte, estaba con el otro muchacho, con la otra persona que estuvo ahí en la
discusión y pues escuché que hablaban, hablaban, pero no le presté así mucha
atención.
Preguntado: Ok, o sea, ¿usted no escuchó en ningún momento que el señor
solicitara algún tipo de favorecimiento o beneficio por ser concejal?
Contestó: ¿Hacia mi parte? No […]» (sic).
164. Hasta este punto puede concluirse que todos los uniformados
coincidieron en afirmar que Octavio Cárdenas Almeida estaba alterado, que les
hizo saber que era concejal cuando estaba en las instalaciones de la estación
de policía, y que les decía que iba a gestionar su traslado. Ninguno de los
declarantes aseveró que las afirmaciones de aquel tenían la intención de
impedir que continuara el procedimiento policial, esto es, mantener la detención
y realizar la imposición de las sanciones que correspondían en virtud de la Ley
116
Índice 2, Samai archivo « 14ED_2JaimeAlbertoValenzu(.mp4) NroActua 2(.mp4) NroActua
2». También indice 34, Samai archivo «72RECIBEPRUEBAS_TestigoDocumental(.pdf)
NroActua 34».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
44
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
1801 de 2016117.
165. Sin embargo, que su percepción no hubiese sido esa no significa que
Octavio Cárdenas Almeida no lo pretendiera. Ciertamente, las reglas de la
experiencia permiten deducir que al identificarse como concejal del municipio lo
que buscaba era advertir a los uniformados que estaban ante alguien con
autoridad y con importancia que no merecía ese tratamiento. Asimismo, al
indicar que los iba a hacer trasladar envió el mensaje que podía lograrlo en
ejercicio de ese poder que aducía y como respuesta al procedimiento policial
que se desarrollaba. De otro modo no hubiese invocado su cargo para debatir la
actuación policial.
166. La anterior inferencia se puede corroborar con las declaraciones que
rindieron dos de los contratistas de la personería municipal de Piedecuesta que
presenciaron parte de los hechos y que fueron citadas en el punto previo.
167. En efecto, según la narración de Katherine Moreno Rodríguez, el
disciplinado indicó que él era concejal y exigía que por tal razón lo debían
liberar al pronunciar frases como que «era concejal, que lo soltaran rápido, que
ustedes se les olvida quién soy yo, yo soy un concejal y que me respeten, suéltenme».
Asimismo, Brandon Steven Rosas Carrillo relató en su testimonio, trascrito
antes, que Octavio Cárdenas Almeida señaló que era concejal, que exigía que
lo soltaran y que les gritó que «ellos no podían pasa por encima de él».
168. Así pues, de los testimonios recaudados de los policías y de los
contratistas de la personería es factible deducir que Octavio Cárdenas Almeida
pretendió, al identificarse como concejal del municipio y amedrentar a los
uniformados con el anuncio de que actuaría para que estos fueran trasladados,
que ellos terminaran con el procedimiento policial del que era objeto y lo
liberaran. Si bien los policías en sus declaraciones no identificaron que buscaba
ese beneficio con su actuar y se limitaron a decir que les advertía que era
concejal y que los iba a hacer trasladar, ello no significa la inexistencia de ese
hecho y así lo corroboraron Katherine Moreno Rodríguez y Brandon Steven
Rosas Carrillo.
169. Ciertamente, una conclusión en otro sentido iría en contravía de las
circunstancias en que ocurrieron los hechos y de la lógica, puesto que
implicaría aceptar que el disciplinado solo les gritaba a los uniformados que era
concejal y que los iba a hacer trasladar sin propósito alguno. Además, está
probado con las diferentes declaraciones que su estado de ánimo estaba
alterado, por lo que puede deducirse que en virtud de ello decidió ejercer cierta
presión a través de su posición de poder como servidor público sobre los
uniformados para que cesará el procedimiento policivo.
117
«Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana». Al
disciplinado le impusieron las órdenes de comparendos 68-547-6-2021-2763 y
68-547-6-2021-2768 con fundamento en los siguientes artículos de esa ley: Artículo 27.
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. (…) 1 Reñir, incitar o incurrir en
confrontaciones violentas que puedan derivar en agresión». «Artículo 35. Comportamientos que
afectan las relaciones entre las personas y las autoridades (…) 2 Incumplir, desacatar,
desconocer e impedir la función o la orden de policía». Índice 2, Samai archivo «
8ED_ORDENDECOMPARENDOExp(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.» y archivo
«7ED_ORDENDECOMPARENDOExp(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
170. Todo lo anterior permite desvirtuar la defensa de Octavio Cárdenas
Almeida ejercida en el recurso de apelación que presentó contra el acto
administrativo sancionatorio de primera instancia y en el de revisión ante esta
corporación, pues está demostrado que con su actuar sí quiso influir en las
decisiones de los miembros de la Policía Nacional.
171. Aunque es cierto que en el informe GS-2021-MEBUC del 27 de junio de
2021 suscrito por el patrullero José Ignacio Arias Arias de la Policía Nacional y
el del comandante de la estación, Ricardo Alfonso Montoya Oviedo contenido
en el Oficio GS-2021-109335, no se incluyeron los hechos por los cuales se
inició el proceso disciplinario, esta circunstancia solo prueba una omisión por
parte de los uniformados en los reportes, pero no invalida los testimonios de
quienes participaron en el operativo policial y tampoco los de los contratistas de
la personería municipal que presenciaron los hechos.
172. Tampoco es de recibo el argumento según el cual la actuación del
disciplinado constituyó solo un irrespeto para con los policías porque no se
demostró el beneficio que buscaba con ella, por cuanto está probado que apeló
al cargo que desempeñaba como concejal para influir en estos y lograr que lo
liberaran, como lo testificaron Katherine Moreno Rodríguez y Brandon Steven
Rosas Carrillo. No fue, por lo tanto, un simple acto de irrespeto hacia la
autoridad, sino un actuar que buscó amedrentar a los uniformados basado en
su posición por el cargo que ejercía y la advertencia de las consecuencias por
su actuar, que era la realización de actos para que fueran trasladados. El
invocar su cargo como señal de poder descarta que solo fuese un irrespeto
para con los policías y da cuenta de su intención de intimidarlos.
173. Si bien dentro del expediente existe el testimonio de Karen Andrea
Méndez Espinosa, quien era contratista de la Personería de Piedecuesta
(Santander) y participó en el acompañamiento al procedimiento policial, quien
narró no recordar que Octavio Cárdenas Almeida hubiese manifestado a los
policías que era concejal y que gestionaría su traslado118, su relato se
contradice con los de los policías Carlos Arturo Duarte, José Ignacio Arias
Arias, Miguel Ángel Leal Sandoval, Juan Luis Granados Manrique; y con los de
los contratistas de la personería municipal, Katherine Moreno Rodríguez y
Brandon Steven Rosas Carrillo. Además, lo que afirma es no recordar, no que
el disciplinado nunca lo hubiese dicho. Por consiguiente, es un testimonio que
carece de la fuerza suficiente para desvirtuar lo aseverado por los otros
testigos.
174. Dentro del proceso también declaró Javier Eduardo Díaz Peña, quien era
el acompañante del disciplinado el día de los hechos y fue detenido junto con él.
118
La testigo relató lo siguiente: «[…] Preguntado: ¿Usted notó, escuchó, se dio cuenta si el
señor Octavio Cárdenas Almeida le indicó, le manifestó a los agentes de policía que estaban
ahí presentes que era concejal y que podía hacerlos trasladar? Contestó: La verdad, no
recuerdo. Sí sé que estaba alterado, pero no recuerdo en ese momento las palabras con las
que él se dirigió a los policías y a nosotros. Sí, sé que estaba alterada (…) Preguntado: Por
favor, manifiéstele al despacho si identificó en algún momento usted en el concejal alguna
exaltación de algún tipo de situación que usted pudiera advertir que con el uso del cargo de
concejal se pusiera en riesgo la administración pública, o se estuviese buscando algún favor
en favor del mismo concejal. Contestó: No, la verdad no, no lo recuerdo […]». Índice 2,
Samai archivos « 23ED_DILIGE1DOC(.doc) NroActua 2(.doc) NroActua 2» y «
24ED_DILIGE1MP4(.mp4) NroActua 2(.mp4) NroActua 2».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
46
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
El testigo relató que Octavio Cárdenas Almeida en ningún momento les
manifestó a los policías que era concejal, que los policías se enteraron de ello
por intermedio de otra persona que no identificó y que tampoco les dijo que los
iba a trasladar119.
175. Las aseveraciones del testigo carecen de credibilidad, pues contradicen
las de los demás testigos, no identifica las circunstancias en que los policías se
enteraron de que el disciplinado era concejal y, además, es el único testigo con
cercanía personal con este, lo que permite inferir o al menos sospechar de su
intención de favorecerlo con su declaración. Por lo tanto, este testimonio no
constituye una prueba que permita desvirtuar las otras recaudadas que
demostraron que el actuar de Octavio Cárdenas Almeida se subsumió dentro de
la falta prevista en el artículo 48.42 de la Ley 734 de 2002.
176. Finalmente, es oportuno referirse al argumento del disciplinado expuesto
en los descargos, según el cual la conducta no se subsumió en la falta
imputada, por cuanto no existía relación de sumisión entre él y los miembros de
la Policía Nacional, además, aquel se encontraba privado de la libertad por lo
que era imposible que pudiera ejercer algún tipo de autoridad.
177. Al respecto, debe precisarse que la falta descrita en el artículo 48.42 de
la Ley 734 de 2002 no exige dentro de los elementos de configuración que
exista una relación de dependencia o sujeción entre el servidor público que
pretende influir con su posición y el que es objeto de la influencia. En ese
sentido, no puede variarse su contenido con el fin de obtener una interpretación
más favorable que implique la atipicidad de la conducta. Hacerlo, implicaría
para la autoridad disciplinaria atribuirse competencias propias del legislador,
único facultado para expedir normas sancionatorias como la Ley 734 de 2002 a
la luz de los artículos 29 y 150 Constitucionales.
3.2.1.4. Conclusiones probatorias. Configuración de la tipicidad
178. Por todo lo expuesto, se concluye que el comportamiento del disciplinado
tuvo como finalidad influir, prevaliéndose de su cargo de concejal, para que los
miembros de la Policía Nacional emitieran una decisión favorable para su caso,
específicamente, que cesara el procedimiento que se adelantaba en su contra.
179. En ese sentido, se cumplieron los presupuestos del tipo disciplinario
previsto en el artículo 48.42 de la Ley 734 de 2002 puesto que (i) el sujeto
activo como el pasivo tenían la condición de servidores públicos; (ii) Octavio
Cárdenas Almeida con su actuar quiso influir prevaliéndose de su cargo de
119
Sobre el particular manifestó lo siguiente: «[…] Preguntado: Dígale a este despacho en
qué momento, cuando ustedes estaban en el calabozo o cuando estaban siendo trasladados
a la estación de policía al calabozo ¿en qué momento el señor Octavio Cárdenas Almeida, o
si en algún momento, él les manifestó a los policías que era concejal? Contestó: En ningún
momento se lo dijo, pues tanto así fue que no hubo tiempo de nada de absolutamente nada,
porque fue un problema que se ocasionó, o sea, fue muy rápido (…) pero en ningún
momento, en ningún momento Octavio nombró esas palabras (…) después fue que ellos se
dieron cuenta por parte de otra persona que Octavio era concejal porque obviamente hay
policías, hay personas de ahí mismo que trabajan y se dieron cuenta que él era un
funcionario, (…) pero en ningún momento dijo, yo soy concejal, en ningún momento dijo yo
los voy a trasladar en ningún momento lo dijo en absolutamente ningún momento lo dijo
[…]».Índice 2, Samai archivos « 21ED_DILIGENCIADEDECLARAC(.docx) NroActua 2(.docx)
NroActua 2» y « 22ED_DILIGE1MP4(.mp4) NroActua 2(.mp4) NroActua 2».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
47
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
concejal y con la advertencia de que iba a gestionar su traslado sobre la
decisión de los miembros de la Policía Nacional en lo relativo al trámite policivo;
y (iii) su proceder tuvo como fin conseguir que este cesara y fuera liberado.
180. Si bien los uniformados hicieron caso omiso a lo pretendido por Octavio
Cárdenas Almeida con su actuar y finalmente permaneció detenido por el
tiempo de 3 horas y 5 minutos y se le impuso las ordenes de comparendo
68-547-6-2021-2763 y 68-547-6-2021-2768, ello no conlleva la falta de
configuración de la conducta típica.
181. Es así, porque el artículo 48.42 de la Ley 734 de 2002 estableció que la
influencia fundada en el cargo ocupado debía ejercerse «para conseguir» una
actuación que beneficiara al sujeto activo de la conducta. Es decir, no supeditó
su configuración a la obtención de un resultado y para ello bastaba la sola
intención de obtenerlo sin que fuera necesario su materialización, según se
explicó.
3.2.2. La ilicitud sustancial
182. La función pública alude al conjunto de actividades que les compete
desarrollar a los órganos del Estado para cumplir con sus fines y la satisfacción
del interés general120. Los encargados de ejecutar o materializarla son los
servidores públicos a través del ejercicio de las funciones propias de sus
cargos.
183. La vinculación de los ciudadanos en tal calidad les genera una relación
de dependencia especial para con el Estado. Tal nexo conlleva que deban
asumir cargas y obligaciones adicionales a las de los demás, en cuanto su
propósito es cumplir con los fines esenciales de aquel. Es por ello por lo que el
artículo 6 Constitucional establece que «[l]os particulares sólo son responsables
ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos
lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
funciones […]» (se resalta).
184. En ese sentido, el vínculo especial entre Estado y servidor público es el
que «[…] determina no sólo el ámbito de maniobra de las autoridades con miras a la
realización de los fines estatales, sino que también precisa el correlativo espacio de su
responsabilidad […]»121. Esto concuerda con la exigencia del artículo 122
Constitucional según el cual «[n]ingún servidor público entrará a ejercer su cargo sin
prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que
le incumben […]» y con lo previsto en el artículo 123 ibidem que señala que los
servidores públicos «[…] ejercerán sus funciones en la forma prevista por la
Constitución, la ley y el reglamento […]».
185. De este modo, desde las normas constitucionales se indicó que la
responsabilidad de los servidores públicos se configura por la extralimitación en
120
En la sentencia C-631 de 1996, la Corte Constitucional señaló que « [l]a función pública,
implica el conjunto de tareas y de actividades que deben cumplir los diferentes órganos del
Estado, con el fin de desarrollar sus funciones y cumplir sus diferentes cometidos y, de este
modo, asegurar la realización de sus fines. Se dirige a la atención y satisfacción de los intereses
generales de la comunidad […]»
121
Sentencia C-252 de 2003.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
48
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
el ejercicio de sus funciones y también por infringir la Constitución y las leyes,
dentro de los que se encuentran los principios de la función administrativa
señalados en el artículo 209 de la Carta Política, a saber: los de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad122. Por ello,
el artículo 27 de la Ley 734 de 2002 establece que «[l]as faltas disciplinarias se
realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o
función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones […]».
186. Ahora bien, en materia disciplinaria, el artículo 5 ibidem reguló la ilicitud
sustancial de la siguiente manera: «[…] [l]a falta será antijurídica cuando afecte el
deber funcional sin justificación alguna [...]». El enunciado normativo señala que la
falta es «antijurídica» cuando afecta el «deber funcional» sin justificación. La
antijuricidad a la que refiere el artículo ha sido entendida como un actuar
contrario al ordenamiento jurídico que puede darse por el desconocimiento de
los deberes, prohibiciones, del régimen de inhabilidades, incompatibilidades,
impedimentos y conflicto de intereses.
187. Sin embargo, la falta no se configura solo con la adecuación del
comportamiento al tipo disciplinario [antijuridicidad formal]. Para que la conducta
sea relevante en el campo disciplinario, es necesario que quebrante los deberes
funcionales encargados al servidor público de una manera «sustancial», de
modo que afecte la consecución de los fines del Estado. En ese orden, sobre la
antijuridicidad se ha señalado lo siguiente:
«[…] debe tenerse en cuenta que el artículo 5.º de la Ley 734 de 2002 asimiló los
conceptos de «antijuridicidad» con el de «ilicitud sustancial» luego, en
consideración a ello, es claro que no puede simplemente analizarse el primer
término aisladamente, sino que es menester que a este se agregue el adverbio
«sustancial», aspecto que repercute de forma directa en el análisis que debe
observarse cuando de juzgar una actuación de un servidor público a la luz del
derecho disciplinario se trata.
(...) la referencia a sustancial en relación con la ilicitud significa que la infracción
del deber sustancial debe tener cierta relevancia, importancia o esencial frente a
los fines del Estado, la satisfacción del bien general y los principios de la función
pública.
En términos generales, esto quiere decir, que la actuación u omisión del servidor
público violatoria de sus deberes, es decir, contraria a derecho (ilicitud), debe
desembocar en una real y efectiva afectación del buen funcionamiento del Estado
y por tanto del servicio público (sustancialidad) y en esa medida puede decirse,
pese a que la ley no lo mencionó de este modo, que cuando estas dos
características confluyen se está en presencia de una «antijuridicidad
sustancial», requisito indispensable para que pueda afirmarse que se configuró
una conducta disciplinaria susceptible de ser sancionada [...]»123.
188. El concepto de «antijuridicidad sustancial» conlleva dejar de lado como
conductas sancionables por el derecho disciplinario aquellas que, pese a
122
Esta corporación al respecto ha dicho que «[…] la función pública envuelve el desarrollo de
labores asignadas por la Constitución, la ley o el reglamento, con las cuales se pretende: i)
cumplir los fines del Estado y; ii) la satisfacción del bien general. Por ende, la ejecución de la
misma conlleva que quienes deben cumplirla lo hagan con respeto y acatamiento de los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política […]». Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 17 de mayo de 2018, radicado 11001-03-25-000-2013-01092-00 (2552-13).
123
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de mayo de 2018,
radicado 11001-03-25-000-2013-01092-00 (2552-13).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
49
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
encajar en los supuestos de tipicidad del tipo disciplinario, no tienen el alcance
de afectar la función pública, esto es, el adecuado funcionamiento del Estado y
la consecución de sus fines. Sobre el particular, la Corte Constitucional al
examinar la constitucionalidad del artículo 5 de la Ley 734 de 2002 manifestó lo
siguiente:
«[...] Para la Corte, como se desprende de las consideraciones preliminares que
se hicieron en relación con la especificidad del derecho disciplinario, resulta claro
que dicho derecho está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales
se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio
de sus funciones. En este sentido y dado que, como lo señala acertadamente la
vista fiscal, las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta
de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el
objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el
objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber
funcional de quien tiene a su cargo una función pública.
El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que
orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan
por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho
deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo
señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber,
es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por
ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la
conducta [...]»124 (Se resalta).
189. De igual manera, cabe precisar que la antijuridicidad de la conducta
reglada en el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 no exige la materialización de un
resultado lesivo o dañino al Estado para que sea sancionable, como sí lo
reclama tal concepto en el derecho penal. En el primero, según se expuso,
basta con que la conducta afecte el deber funcional y, por ende, los fines del
Estado sin una justificación para que se configure la falta disciplinaria.
190. Esta distinción entre la antijuridicidad en el derecho penal y en el
disciplinario se explica por la diferencia entre la finalidad y los bienes jurídicos
que protegen. Así, mientras que el primero busca resguardar «[…] el orden social
en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores
[…]»125, el segundo protege la organización y funcionamiento del Estado, con el
fin de amparar el interés público, esto es «[…] tiene como finalidad específica la
prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del
cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los
servidores públicos que los afecten o pongan en peligro […]»126.
191. En lo que respecta al concepto de «deber funcional» que trae el artículo 5
de la Ley 734 de 2002, la jurisprudencia lo ha definido como «[…] (i) el
124
Sentencia C-948 de 2002.
125
Sentencia C-1161 de 2000. Sobre la antijuridicidad en el derecho penal en la sentencia
C-420 de 2002 se explicó que «[…] el delito debía tener un contenido de ilicitud no solo formal
frente a la norma sino también un contenido material que consistía en la lesión o, al menos, en
la puesta en peligro de un bien jurídico. Así, la injusticia del delito radicaba en la afección de
derechos ajenos […]». A su vez la antijuridicidad en el derecho penal se encuentra regulada en
el artículo 11 del Código Penal de la siguiente manera: « […] Para que una conducta típica sea
punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien
jurídico tutelado por la ley penal […]».
126
Sentencia T-146 de 1993. Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Segunda. Subsección B. sentencia del 16 de abril de 20158, radicado
11001-03-25-000-2012-0352-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
50
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo, (ii) la obligación de actuar
acorde a la Constitución y a la ley; (iii) garantizando una adecuada representación del
Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales [...]»127 y en ese orden, ha
dicho que «[s]e infringe el deber funcional si se incurre en comportamiento capaz de
afectar la función pública en cualquiera de esas dimensiones[...]»128, siempre que se
afecte la función pública y la consecución de los fines del Estado.
192. En conclusión, la conducta del servidor público será sancionable si se
comprueba que con ella vulneró su deber funcional, es decir, que actuó en
contra o con extralimitación de las funciones que le otorgó el ordenamiento
jurídico [antijuridicidad]. Pero, además, ese quebrantamiento del deber debe ser
sustancial [antijuridicidad sustancial], esto es, que conllevó una real y efectiva
afectación del buen funcionamiento del Estado, del interés general y/o de la
función pública129, sin que sea necesario que se hubiese materializado un daño
en contra del Estado.
193. Sin embargo, el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 especificó también que
ello ocurre, siempre que la conducta antijurídica que afectó el deber funcional
carezca de justificación. Tal postulado significa que el comportamiento no esté
excusado por alguna de las causales de exclusión de responsabilidad previstas
en el artículo 28 ibidem.
3.2.2.1. Análisis de la ilicitud sustancial en el caso concreto
194. En el presente caso, el acto disciplinario de primera instancia indicó que
la conducta del disciplinado fue ilícita de manera sustancial, por cuanto afectó el
deber funcional al vulnerar el principio de moralidad. Ello, puesto que al ejercer
su investidura para influir en los miembros de la Policía Nacional para que
actuaran en su favor rompió la probidad, imparcialidad y moralidad exigida para
el desempeño de su cargo.
195. Por su parte, Octavio Cárdenas Almeida aseveró, en los descargos
presentados en primera instancia del proceso disciplinario y en el recurso de
apelación que radicó contra el acto de primera instancia, que con su conducta
no se configuró la ilicitud sustancial porque:
195.1.(i) al momento de los hechos no se encontraba en cumplimiento de sus
funciones como concejal y no se probó que se valiera de su cargo para obtener
un beneficio;
(ii) la PGN justificó la ilicitud sustancial en conductas que no fueron
195.2.
debatidas dentro del proceso disciplinario. Específicamente, porque Octavio
Cárdenas Almeida con su proceder irrespetó a los policías que atendieron el
procedimiento policivo; no obstante, no se le impuso un comparendo por
127
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de mayo de 2014.
radicado: 11001-03-25-000-2011-00268-00(0947-11).
128
Ibidem.
129
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de mayo de 2018,
radicado 11001-03-25-000-2013-01092-00 (2552-13).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
51
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
irrespeto a la autoridad y no se le inició un proceso penal por violencia contra
servidor público.
196. El acto de segunda instancia indicó que Octavio Cárdenas Almeida
vulneró el deber funcional porque su actuar fue contrario al principio de
moralidad al valerse de su cargo como concejal del municipio de Piedecuesta
(Santander) para influir en los uniformados, lo que se materializó con las
amenazas de traslado. A juicio de la PGN el comportamiento afectó la función
pública al atentar contra el principio aludido, aun cuando el disciplinado no lo
desarrolló en ejercicio de las funciones del cargo que ostentaba.
197. Con fundamento en lo anterior, se verificará si el comportamiento de
Octavio Cárdenas Almeida afectó el deber funcional sin justificación alguna y,
por ende, si incurrió en una conducta catalogada como ilícita o antijuridica de
forma sustancial como lo consideró la PGN.
198. Pues bien, en el caso examinado quedó probado que el comportamiento
del disciplinado se subsumió en el tipo disciplinario previsto en el artículo 48.42
de la Ley 734 de 2002 porque prevaliéndose de su cargo como concejal quiso
influir sobre la decisión de los miembros de la Policía Nacional en lo relativo
trámite policivo con el fin de que cesara.
199. Para la Sala esta actuación vulneró el principio de moralidad establecido
en el artículo 209 Constitucional porque fue un comportamiento prohibido para
quienes ejercen la función administrativa, tal como lo concluyó la PGN. Es así,
por cuanto este principio establece la obligación de todos los servidores
públicos de actuar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y con el fin de
satisfacer el interés general130.
200. En el presente caso, el disciplinado desacató este deber al utilizar su
investidura como modo de influencia y de presión hacia los miembros de la
Policía Nacional para obtener un beneficio personal. En ese sentido, se cumple
el primer supuesto que exige el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 para
considerar la conducta como antijurídica.
201. En lo que respecta a la afectación del deber funcional, esto es la
sustancialidad de la actuación ilícita, es evidente que el disciplinado actuó por
fuera de los mandatos que como concejal le otorgó la Constitución y la ley. Tal
comportamiento implicó que la comunidad advirtiera que uno de sus
representantes ejercía el mandato de representación del cual fue investido sin
atender una conducta dirigida a obtener el bienestar general y guiada por la
probidad y la honestidad como un mínimo esperado por la sociedad.
202. Cabe precisar que el principio de moralidad como guía fijada en el
artículo 209 Constitucional no solo se concreta en el deber de observar las
funciones que le han sido asignadas por la ley o el reglamento, sino que
comprende, a su vez, «el actuar pulcro, probo y honesto, no desde un punto de vista
de subjetividad o consciencia moral, de quien ejerce la función administrativa, sino a
partir de referentes objetivos, tales como la defensa del patrimonio público, del interés
130
Sobre el principio de moralidad administrativa puede consultar la sentencia de la Sección
Segunda del 2 de octubre de 2014 con radicado 11001-33-31-005-2008-00144-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
52
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
general y del ordenamiento jurídico»131.
203. La jurisprudencia ha señalado también que el principio «no corresponde al
fuero interno de los servidores, sino a su relación con el ordenamiento jurídico a partir del cual
se esperan por la sociedad una serie de comportamientos»132, es decir, abarca «la gama
del comportamiento que la sociedad en un momento dado espera de quienes manejan los
recursos de la comunidad y que no puede ser otro que el de absoluta pulcritud y
honestidad»133.
204. De esta manera, el principio de moralidad exige que todo funcionario
público se caracterice por la probidad, honradez, honorabilidad, honestidad,
integridad, rectitud y decoro en sus actuaciones134. En el caso de Octavio
Cárdenas Almeida se pide ello con mayor razón si se considera que accedió al
cargo de concejal por virtud de una elección democrática que le acarreaba un
grado de responsabilidad mayor en su comportamiento para con sus electores y
para con la sociedad entera al ser su referente.
205. Por tal razón, su actuar sí afectó el deber funcional de manera sustancial,
pues, aunque no se materializó en un daño para el Estado y para la función
pública medible desde el punto de vista patrimonial, el comportamiento sí
perturbó su imagen ante la sociedad que vio perdida su confianza en sus
representantes. Además, la ilicitud sustancial reglada en el artículo 5 de la Ley
734 de 2002 no exige la materialización de un resultado lesivo o dañino al
Estado para que sea sancionable.
206. En ese orden de ideas, se concluye que la interpretación que la PGN
hizo al respecto es razonable y se ajusta a los postulados del principio
examinado, puesto que señaló que se había vulnerado en razón a que el
disciplinado usó su investidura para influir en los miembros de la Policía
Nacional para que actuaran en su favor en contravía de la probidad,
imparcialidad y moralidad exigida para el desempeño de su cargo.
207. Asimismo, se descarta el argumento de la defensa del disciplinado según
el cual no se configuró la ilicitud sustancial porque para el momento de los
hechos no se encontraba en cumplimiento de sus funciones como concejal,
toda vez que utilizó su investidura como medio de influencia y presión para
obtener un beneficio. Dar viabilidad al argumento implicaría aceptar el uso
indebido del empleo público por el solo hecho de no estar en un horario en el
que deba cumplir con sus funciones. Además, tal como se indicó, el principio de
moralidad implica que el servidor público tenga un comportamiento honesto
ante la sociedad a la cual se debe, más allá de si en ese instante está o no en
ejercicio de sus funciones.
208. Finalmente, la defensa señaló que la PGN justificó la ilicitud sustancial en
conductas que no fueron debatidas dentro del proceso disciplinario al afirmar
que Octavio Cárdenas Almeida con su proceder irrespetó a los policías que
atendieron el procedimiento policivo. El cargo no prospera porque, si bien en la
131
Corte Constitucional, sentencias SU-585 de 2017 y C-093 de 2020.
132
Sentencia C-643 de 2012.
133
Ibidem.
134
Sobre este tema se puede consultar también la sentencia del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B con radicado 11001-03-25-000-2013-00561-00 (1093-2013) del 233 de
enero de 2025.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
53
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
primera instancia la entidad argumentó ello, en la segunda dejó claro que se
apartaba de ese fundamento al no ser la conducta juzgada.
209. De esta manera, se cumplió el segundo requisito que exige el artículo 5
de la Ley 734 de 2002 para que la conducta sea sancionable, esto es, el
comportamiento desplegado por el disciplinado sí afectó el deber funcional al
trasgredir el principio de moralidad. En consecuencia, su conducta está
revestida de la ilicitud sustancial por acarrear una real y efectiva afectación del
buen funcionamiento del Estado, tal como acertadamente lo concluyó la PGN.
210. Por último, no se advierte que en el presente caso Octavio Cárdenas
Almeida hubiese actuado amparado bajo alguna causal eximente de
responsabilidad de las previstas en el artículo 28 de la Ley 734 de 2002 y ello
tampoco fue alegado como parte de la defensa.
3.2.2.2. Conclusión respecto de la existencia de la ilicitud sustancial
211. Por todo lo expuesto, se concluye que en el presente caso se configuró
la ilicitud sustancial en los términos que exige el artículo 5 de la Ley 734 de
2002, puesto que la conducta fue antijurídica, afectó el deber funcional al
trasgredir el principio de moralidad y no se sustentó en una causal de exclusión
de responsabilidad de las previstas en el artículo 28 ibidem.
212. En consecuencia, se comparte la conclusión a la que arribó la PGN y no
se advierte que hubiese actuado de manera contraria al ordenamiento jurídico.
3.3.3. Análisis de la culpabilidad en el presente caso
3.3.3.1. Tipo de falta y culpabilidad
213. La declaratoria de responsabilidad disciplinaria requiere la existencia del
elemento subjetivo de la conducta, esto es, que el servidor público hubiese
actuado a título de dolo o de culpa. Ello, en virtud de lo previsto en el artículo 29
Constitucional según el cual «[…] toda persona se presume inocente mientras no se
haya declarado judicialmente culpable […]» y en el artículo 13 de la Ley 734 de
2002 que establece que «[e]n materia disciplinaria queda proscrita toda forma de
responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa […]»,
mandato incluido también en el artículo 10 de la ley 1952 de 2019135.
214. El principio de culpabilidad incide de manera directa en la imposición de
la sanción, puesto que la distinción de si la actuación se realizó con dolo o culpa
permite distinguir el grado de culpabilidad que debe ser observado por la
autoridad disciplinaria al momento de definir la sanción136.
215. La Ley 734 de 2002 en el parágrafo del artículo 44 definió los conceptos
de culpa grave y culpa gravísima así «[h]abrá culpa gravísima cuando se incurra en
falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta
135
«Artículo 10. Culpabilidad. En materia disciplinaria solo se podrá imponer sanción por
conductas realizadas con culpabilidad. Las conductas solo son sancionables a título de dolo o
culpa. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva».
136
Artículo 44 de la Ley 734 de 2002.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
54
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en falta
disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común
imprime a sus actuaciones […]». En igual sentido lo hizo la Ley 1952 de 2019 en
su artículo 29137.
216. Respecto del dolo en materia disciplinaria, la jurisprudencia ha
considerado que para su configuración debe existir el conocimiento del servidor
público de que su conducta es constitutiva de infracción disciplinaria; y la
voluntad en la realización del comportamiento138, criterios acogidos por el
artículo 28 de la Ley 1952 de 2019.
217. En cuanto a la calificación de las faltas disciplinarias, la Ley 734 de 2002
en su artículo 42 prevé que pueden ser gravísimas, señaladas de forma taxativa
en el artículo 48 ibidem; graves y leves, que de acuerdo con el artículo 50
ibidem ocurren ante «[…] el incumplimiento de los deberes, el abuso de los
derechos, la extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones,
impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados
en la Constitución o en la ley […]». Esta clasificación también la estableció la Ley
1952 en sus artículos 46 y 67139.
218. En el presente caso, la falta imputada es gravísima, puesto que así fue
clasificada en el artículo 48.42 de la Ley 734 de 2002. Por lo tanto, la PGN se
ciñó al mandato del artículo 42 que ordena que solo pueden ser catalogadas
como gravísimas las que el legislador de manera expresa fije con ese alcance.
219. Cabe precisar que, tal como lo consideró la PGN, en la clasificación de la
falta no operaba el principio de favorabilidad, en la medida que el contenido del
tipo disciplinario citado coincide en su totalidad con el reglado en el artículo 62.8
de la Ley 1952 de 2019 y esta normativa también la catalogó como gravísima140,
luego no hay norma más favorable a aplicar.
220. En cuanto a la culpabilidad, la PGN en el acto de primera instancia
decidió que Octavio Cárdenas Almeida actuó con dolo porque sabía que con su
actuar incurría en una falta disciplinaria, lo hizo de manera voluntaria, y tenía
conciencia de la ilicitud al tratarse de una indebida influencia amparada en la
calidad de su cargo. Además, indicó que le era exigible que desplegara un
comportamiento diferente para debatir los comparendos como era acudir al
proceso policivo.
137
«Habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina,
desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa
será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que
cualquier persona del común imprime a sus actuaciones».
138
Sentencia del Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. del 29 de enero de
2015, radicado: 11001-03-25-000-2013-00190-00(0449-13). En la providencia se indicó lo
siguiente: «[…] Por otra parte por la vía de la jurisprudencia constitucional y de la doctrina se ha
aceptado que el dolo se entiende configurado, en principio, cuando el disciplinado conoce la
tipicidad de su conducta y, pese a ello, actúa en contra de sus deberes funcionales, con lo cual
el conocer involucra el querer, ya que si se tiene conocimiento y pese a ello se realiza la
conducta es porque efectivamente quiere el resultado […]».
139
«Artículo 67. Faltas graves y leves. Constituye falta disciplinaria grave o leve, el
incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o
la incursión en prohibiciones, salvo que la conducta este prevista como falta gravísima».
140
El artículo 62 fue ubicada en el Libro II, parte especial, Titulo único «La descripción de las
faltas disciplinarias en particular», capítulo 1 «Faltas gravísimas».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
55
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
221. El disciplinado en el recurso de apelación manifestó que no hubo dolo,
por cuanto no se determinó que con su comportamiento tuviera la intención de
influir en los policías con el fin de obtener un beneficio propio ni que conocía
que su actuar podía ser ilícito y que quería su realización.
222. En el acto sancionatorio de segunda instancia se indicó al resolver el
alegato que Octavio Cárdenas Almeida desarrolló la conducta a título de dolo
porque la naturaleza de la falta imputada era de aquellas que contenían
intrínsicamente el elemento normativo subjetivo al desprenderse de su lectura
que es una conducta dolosa. Agregó que aquel desplegó su actuar para
conseguir una actuación con conocimiento y voluntariedad.
223. Frente al particular, se debe precisar que en materia de culpabilidad se
parte de la presunción prevista en el artículo 122 de la Constitución, según el
cual, el servidor al momento de asumir sus funciones se compromete a cumplir
con la Constitución, la ley y los reglamentos que rigen la función que va a
desempeñar. En ese sentido, se entiende que le asiste el deber de conocer las
normas. Por ende, solo es inexistente la culpabilidad si se demuestra que la
vulneración del ordenamiento jurídico fue ajeno a su voluntad o que buscó un fin
diferente del conseguido141.
224. En el caso presente, se comparte la conclusión a la que arribó la PGN,
puesto que Octavio Cárdenas Almeida tenía conocimiento como servidor público
que no podía utilizar su investidura como concejal para buscar beneficios de tipo
personal, mucho menos ante otras autoridades. Pese a ello, de manera consciente
y voluntaria se valió de su cargo para tratar de influir en los miembros de la Policía
Nacional para que cesaran el procedimiento policivo que se adelantaba en su
contra.
3.3.3.2. La graduación de la sanción
225. Comoquiera que en el presente caso se demostró que Octavio Cárdenas
Almeida cometió la falta gravísima prevista en el artículo 48.42 de la Ley 734 de
2002 y que lo hizo a título de dolo, la sanción que se debe imponer es la
prevista en el numeral 1 de artículo 44 ibidem que estableció para este tipo de
conductas la «1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas
dolosas».
226. Esta norma debe ser aplicada en concordancia con el artículo 46 ibidem
que regló el límite de las sanciones. Esta disposición señaló en su inciso
primero que «[l]a inhabilidad general será de diez a veinte años». En ese sentido, al
ser la sanción que corresponde en el presente asunto, debe oscilar en ese
lapso.
227. En este punto cabe precisar que la Ley 1952 de 2019 estableció en su
artículo 48 igual sanción al indicar en el numeral 1 que la sanción a aplicar para
las faltas gravísimas dolosas es la «[d]estitución e inhabilidad general de diez (10) a
veinte (20) años». Por ende, al ser igual la sanción para este tipo de faltas tanto
en la Ley 734 de 2002 como en la Ley 1952 de 2019 no hay lugar a aplicar el
141
Sobre el particular se puede consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B con radicado 11001-03-25-000-2013-00561-00 (1093-2013) del 23 de enero de
2025.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
56
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
principio de favorabilidad en su fijación.
228. Ahora bien, tal y como lo señaló la PGN en el acto administrativo
sancionatorio de segunda instancia, en lo que sí difieren ambas leyes es en los
criterios para tener en cuenta para la graduación de la pena, esto es, para
definir el tiempo de la inhabilidad general. Ciertamente, la comparación de los
artículos 47 de la Ley 734 de 2002 y 50 de la Ley 1952 de 2019 así lo indica, a
saber:
Ley 734 de 2002 Ley 1952 de 2019
«[…] Artículo 47. Criterios para la «[…] Artículo 50. Criterios para la
graduación de la sanción. graduación de la sanción. La cuantía de la
multa y el termino de duración de la
1. La cuantía de la multa y el término suspensión e inhabilidad se fijaran de
de duración de la suspensión e acuerdo con los siguientes criterios:
inhabilidad se fijarán de acuerdo con
los siguientes criterios: 1. Atenuantes:
a) Haber sido sancionado fiscal o a. La diligencia y eficiencia demostrada en el
disciplinariamente dentro de los desempeño del cargo o de la función o la
cinco años anteriores a la comisión ausencia de antecedentes.
de la conducta que se investiga;
b. La confesión de la falta o la aceptación de
b) La diligencia y eficiencia cargos.
demostrada en el desempeño del
cargo o de la función; c. Haber, por iniciativa propia, resarcido el
daño o compensado el perjuicio causado y.
c) Atribuir la responsabilidad
infundadamente a un tercero; d. Haber devuelto, restituido o reparado,
según el caso, el bien afectado con la
d) La confesión de la falta antes de la conducta constitutiva de la falta, siempre que
formulación de cargos; la devolución, restitución o reparación no se
hubieren decretado en otro proceso.
e) Haber procurado, por iniciativa
propia, resarcir el daño o compensar 2. Agravantes:
el perjuicio causado;
a. Haber sido sancionado fiscal o
f) Haber devuelto, restituido o disciplinariamente dentro de los cinco (5)
reparado, según el caso, el bien años anteriores a la comisión de la conducta
afectado con la conducta constitutiva que se investiga. Salvo lo establecido para la
de la falta, siempre que la multa y la amonestación que serán valorados
devolución, restitución o reparación si fueron impuestas en los últimos tres (3)
no se hubieren decretado en otro años. Las sanciones de multa y la
proceso; amonestación se tendrán como agravantes si
fueron impuestas en los tres (3) años
g) El grave daño social de la anteriores a la comisión de la conducta que
conducta; se investiga.
h) La afectación a derechos b. Atribuir la responsabilidad infundadamente
fundamentales; a un tercero:
i) El conocimiento de la ilicitud c. El grave daño social de la conducta;
j) Pertenecer el servidor público al d. La afectación a derechos fundamentales;
nivel directivo o ejecutivo de la
entidad […]» e. El conocimiento de la ilicitud;
f. Pertenecer el servidor público al nivel
directivo o ejecutivo de la entidad;
g. Ejecutar la conducta constitutiva de falta
disciplinaria por recompensa o promesa
remuneratoria de un tercero;
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
57
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
h. La naturaleza de los perjuicios causados.
(Modificado por el artículo 11 de la Ley 2094
de 2021) […]» (Se resalta).
229. Según se advierte de las normas, en lo que respecta a los atenuantes
coinciden, excepto en la última parte del literal (a) del numeral 1 del artículo 50
la Ley 1950 de 2019 que estableció también la «ausencia de antecedentes» no
reglada en la norma de la Ley 734 de 2002. En ese sentido, la nueva
disposición es más beneficiosa al disciplinado, al fijar una nueva causa de
atenuación punitiva y, por ende, es la normativa aplicable en virtud del principio
de favorabilidad.
230. En cuanto a los agravantes, ambas normas concuerdan, salvo en las de
los literales (g) y (h) del artículo 50 la Ley 1950 de 2019. No obstante, ello no
significa que no deba aplicarse la nueva normativa porque los agravantes que
reglan esos numerales no son aplicables en el presente caso al no haberse
cometido la conducta en busca de una recompensa o causado perjuicio que
deba ser resarcido.
231. En esa línea, la sanción que debía imponerse era la de destitución y la
inhabilidad general mínima de 10 años que señala el artículo 46 de la Ley 734
de 2002 [que coincide con el artículo 48.1 de la Ley 1952 de 2019], puesto que
se configura la casual de atenuación de ausencia de antecedentes y no se
advierte la existencia de agravantes, tal y como lo dedujo de manera acertada
la PGN que aplicó en el acto sancionatorio de segunda instancia la sanción
aludida.
232. Así las cosas, la calificación de la falta impuesta al disciplinado, los
criterios para determinarla, la sanción asignada y los parámetros de su
graduación fueron decididos por la PGN de acuerdo con el tipo de
comportamiento, la afectación al servicio público y dentro de los márgenes
regulatorios establecidos en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 734 de 2002 y 50
de la Ley 1952 de 2019, aplicado en virtud del principio de favorabilidad.
233. Todo anterior descarta el alegato del disciplinado planteado en el recurso
de revisión según el cual la sanción impuesta fue desproporcionada y debió solo
establecerse la suspensión al no demostrarse que su actuar fue con dolo y ser
la falta grave y no gravísima.
4. Conclusión
234. Con fundamento en lo expuesto se concluye que no existió irregularidad
que afectara el debido proceso de Octavio Cárdenas Almeida o sus derechos
como servidor público de elección popular en el proceso disciplinario con
radicado E-2021-343830 / D-2021-1946194. Lo anterior, comoquiera que para
su trámite se aplicó la normativa que era procedente según el tránsito legislativo
ocurrido entre las leyes 734 de 2002 y 1952 de 2019, se acudió en debida forma
el principio de favorabilidad, se dictó el acto sancionatorio dentro del término de
prescripción y por la autoridad competente.
235. Asimismo, se respetaron los principios del proceso disciplinario, entre
ellos, el de legalidad de la falta y las sanciones, el debido proceso, culpabilidad,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
58
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
congruencia, proporcionalidad y razonabilidad de la sanción.
236. Además, en el proceso disciplinario se probó, más allá de toda duda
razonable, que la conducta de Octavio Cárdenas Almeida fue constitutiva de la
falta disciplinaria reglada en el artículo 48.42 ibidem y que en ella concurrieron
los elementos necesarios para declarar la responsabilidad y ser sancionada
[tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad] sin que se configurará alguna causal
de exclusión de responsabilidad.
237. En tal virtud, se convalidará la sanción de destitución del cargo de
concejal del municipio de Piedecuesta (Santander) impuesta en el acto
sancionatorio del 29 de mayo de 2025 por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento
de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la
Nación, de acuerdo con lo ordenado en la sentencia C-030 de 2023 y en el auto
de unificación dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado del 3 de
diciembre de 2024. Con la decisión se garantiza la reserva judicial definida por
el artículo 23.2 de la CADH en los términos precisados en tales providencias.
238. Finalmente, se advierte a Octavio Cárdenas Almeida que contra la
decisión procede el recurso de doble conformidad, en los términos previstos por
la Sala Plena del Consejo de Estado en el auto de unificación del 3 de diciembre
de 2024142.
239. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Diez Especial de Decisión, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Declarar ajustado al ordenamiento el acto disciplinario dictado por la
Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular
de la Procuraduría General de la Nación del 29 de mayo de 2025 dentro del
proceso disciplinario con radicado E-2021-343830 / D-2021-1946194 mediante
el cual se impuso la sanción de destitución e inhabilidad general de 10 años a
Octavio Cárdenas Almeida.
Segundo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del
CPACA.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.
Firmada electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
142
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto unificación del 3 de
diciembre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2023-00871-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
59
Radicado: 11001 03 15 000 2025 04572 00 (7132)
Demandante: Octavio Cárdenas Almeida
Firmada electrónicamente Firmada electrónicamente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.