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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04583-01

Fecha
23 de octubre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04583-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 21 Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-04583-01 Actora: ANDREA NATALIA HENAO VALENCIA

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04583-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

23 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04583-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: ANDREA NATALIA HENAO VALENCIA

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE
CON EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD PUESTO QUE LA PARTE
ACTORA CONTABA CON OTRO MECANISMO DE DEFENSA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: TRABAJO, ACCESO AL DESEMPEÑO DE
FUNCIONES Y CARGOS PÚBLICOS, IGUALDAD Y DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 4 de septiembre de 2025, mediante la cual la

SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró

improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1
En adelante Sección Cuarta.

2

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-04583-01
Actora: ANDREA NATALIA HENAO VALENCIA

I.1.- La Solicitud

La señora ANDREA NATALIA HENAO VALENCIA, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al trabajo, al acceso al desempeño de

funciones y cargos públicos, a la igualdad, al debido proceso y a los

principios del mérito, transparencia y confianza legítima, los cuales

estima vulnerados por el JUZGADO TERCERO LABORAL DEL

CIRCUITO DE ARMENIA2, al expedir las resoluciones núms. 021 de

12 de junio y 035 de 23 de julio de 2025, mediante las cuales su

titular nombró como escribiente al señor ALEXANDER ARDILA

PEDRAZA y resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la

decisión inicial.

I.2.- Hechos

Señaló que el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL

QUINDÍO3-, a través del Acuerdo núm. CSJQUA17-428 de 2017,

convocó a concurso de méritos para la conformación del registro

2
En adelante Juzgado.
3
En adelante Consejo Seccional

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3

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seccional de elegibles para la provisión de los cargos de empleados

de carrera de tribunal, juzgados y centros de servicios.

Refirió que se inscribió en el mencionado concurso de méritos para

ocupar el cargo de escribiente de Juzgado del Circuito del Distrito

Judicial en Armenia, en el que aprobó satisfactoriamente la prueba

con un puntaje de 881.51 puntos.

Indicó que mediante Resolución núm. CSJQUR21-141 de 21 de mayo

de 2021, el CONSEJO SELECCIONAL conformó la lista de elegibles

en orden descendiente de puntajes, ocupando el sexto lugar con

665.49 puntos.

Señaló que mediante Resolución núm. CSJQUR25-113 de 27 de

marzo de 2025, se actualizó la inscripción en el registro seccional de

elegibles por reclasificación, en la que obtuvo 718.27 puntos, y

mediante Acuerdo núm. CSJQUA25-16 de 19 de marzo de 2025, se

conformó la lista de elegibles para proveer exclusivamente el cargo

de escribiente nominado del JUZGADO, en el que ocupó el primer

lugar.

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Arguyó que mediante Resolución núm. 021 de 12 de junio de 2025,

el titular del JUZGADO nombró como escribiente en propiedad al

señor ALEXANDER ARDILA PEDRAZA, por concepto favorable de

traslado.

Manifestó que inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso

de reposición, el cual fue resuelto de manera desfavorable mediante

Resolución núm. 035 de 23 de julio de 2025.

I.3. Fundamentos de derecho

Sostuvo que el JUZGADO desconoció de manera directa su derecho

de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos al nombrar

al señor ALEXANDER ARDILA PREDAZA.

Aseveró que los actos administrativos censurados fueron expedidos

en contravía de los principios de mérito y confianza legítima.

Indicó que el medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho no resulta ser un mecanismo judicial idóneo ni eficaz para

impedir el perjuicio irremediable que se le está ocasionando a sus

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derechos con el nombramiento del señor ALEXANDER ARDILA

PREDAZA.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Tutelar mis derechos fundamentales de acceso al trabajo,
acceso a cargos públicos, el ingreso a la carrera administrativa, el
mérito, transparencia, confianza legitima, igualdad, debido
proceso, fines del estado, principios, valores y objetivos que
inspiran la Constitución y el Estado colombiano, principios de la
función pública.
2. Dejar sin efectos las resoluciones 021 y 035 de 2025 expedidas
por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia.
3. Ordenar al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Armenia, que
en el término de cuarenta y ocho (48) horas, nombre en propiedad
a Andrea Natalia Henao Valencia con c.c. 1.097.401.700 de
Calarcá, como escribiente nominado de Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Armenia, conforme al principio del mérito y de
confianza legitima, al encontrarse en primer lugar de la lista de
elegibles y cumplir los requisitos objetivos para el cargo.
4. Las demás derechos fundamentales y legales que considere el
Honorable Despacho para proteger mis derechos […]”. (Sic en toda
la cita).

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO solicitó declarar improcedente la solicitud de

amparo de la referencia por falta del requisito general de la

subsidiariedad, toda vez que la accionante cuenta con un mecanismo

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idóneo y efectivo para proteger sus derechos fundamentales como es

el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así

como la posibilidad de solicitar al juez ordinario la adopción de

medidas cautelares.

Sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales invocados por la

actora, habida cuenta que el acto de nombramiento del señor

ALEXANDER ARDILA PEDRAZA fue expedido teniendo en cuenta

las disposiciones legales aplicables al caso concreto y la

jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 4 y la

Corte Constitucional en las sentencias C-295 de 23 de abril de 2002,

T-488 de 20 de mayo de 2004 y T-159 de 9 de marzo de 2017, en

las que han señalado que la labor del nominador cuando concurren

para un nombramiento la lista de elegibles y solicitudes de traslado,

es realizar un análisis objetivo teniendo como soporte las hojas de

vida de los aspirantes.

Refirió que en el primer registro el señor ARDILA PEDRAZA alcanzó

una puntuación de 678.96, mientras que la de la accionante fue

inferior con 655.49.

4
Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Cuarta. M.P. Wilson Ramos Girón
sentencia de 18 de abril de 2024, expediente identificado con el número único de radicación 2024-
00004-01.

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I.5.2.- El CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL

QUINDÍO sostuvo que en cuanto a la inconformidad planteada en la

presente solicitud de amparo, no tiene competencia alguna, pues los

reparos recaen sobre el JUZGADO.

I.5.3.- La UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA

JUDICIAL solicitó ser desvinculada del presente trámite

constitucional ya que no le asiste legitimación en la causa por pasiva,

dado que las pretensiones e inconformidades alegadas por la actora

se dirigen a cuestionar las decisiones adoptadas por la nominadora

del JUZGADO.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El señor ALEXANDER ARDILA PEDRAZA indicó que es

víctima del conflicto armado, padre cabeza de familia y responsable

económicamente de su madre, esposa e hija.

Solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela de la

referencia, puesto que carece del requisito de subsidiariedad ya que

existen otros medios de defensa judicial, esto es, el medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho.

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I.6.2.- Los señores ANDRÉS HUMBERTO OROZCO HURTADO,

PAOLA ANDREA CASTAÑO ARENAS, DIANA LUCÍA

CASTRILLÓN MARTÍNEZ y GERMÁN LÓPEZ MEJÍA, a pesar de

ser debidamente notificados, guardaron silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN CUARTA mediante sentencia de 4 de septiembre de

2025, declaró improcedente el amparo el amparo deprecado al

considerar que no se encontró satisfecho el requisito de

subsidiariedad, comoquiera que la actora cuenta con un

mecanismo idóneo y efectivo para proteger sus derechos

fundamentales como es el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho para controvertir los actos

administrativos en discusión.

Indicó que no se advierte la existencia de algún perjuicio irremediable

en el asunto que amerite la intervención del juez constitucional,

puesto que la accionante continua en la lista de elegibles, por lo

tanto, su nombramiento puede hacerse efectivo en cualquier

momento en otro despacho judicial.

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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN

CUARTA manifestando su desacuerdo, pues, a su juicio, lo resuelto

no se ajusta a lo establecido por la jurisprudencia que ha establecido

que la acción de tutela procede cuando existe otro medio de defensa

judicial pero este no resulte eficaz para defender los derechos

fundamentales alegados.

Aseveró que la acción de tutela es procedente, por cuanto el estudio

de legalidad de los actos administrativos a través del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho no resulta ser un

mecanismo judicial idóneo ni eficaz para impedir el perjuicio

irremediable que se le está ocasionando.

Manifestó que se está desconociendo lo establecido por la Corte

Constitucional en las sentencias C-295 de 23 de abril de 2002, T-488

de 20 de mayo de 2004, T-947 de 16 de noviembre de 2012, T-059

de 14 de febrero de 2019 y T-443 de 5 de diciembre de 2022,

respecto al nombramiento de personas que han participado en un

concurso de méritos y ocupan el primer lugar en la lista de elegibles.

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

La Sala advierte que la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE

CARRERA JUDICIAL solicitó su desvinculación en la presente acción

de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

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“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

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Comoquiera que la acción de tutela de la referencia está dirigida,

entre otros, contra la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE

CARRERA JUDICIAL, su vinculación se dio como parte accionada,

razón por la que la Sala denegará su solicitud de desvinculación por

falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

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En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

dejen sin efecto las resoluciones núm. 021 de 12 de junio y 035 de

23 de julio de 2025, proferidas el JUZGADO, mediante las cuales su

titular nombró en propiedad en el cargo de escribiente al señor

ALEXANDER ARDILA PEDRAZA y resolvió el recurso de reposición

interpuesto contra la decisión inicial.

Los disensos de la actora radican en que la autoridad judicial

accionada desconoció de manera directa su derecho de acceso al

desempeño de funciones y cargos públicos al nombrar al señor

ALEXANDER ARDILA PREDAZA.

Aseveró que los actos administrativos censurados se encuentran

motivados, en contravía de los principios de mérito y confianza

legítima.

Indicó que el medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho no resulta ser un mecanismo judicial idóneo ni eficaz para

impedir el perjuicio irremediable que se le está ocasionando a sus

derechos con el nombramiento del señor ALEXANDER ARDILA

PREDAZA.

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN CUARTA que, mediante sentencia de 4 de septiembre de

2025, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no

se acreditó el requisito de la subsidiariedad.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la

motivación de la decisión, pues, a su juicio, no se ajusta a lo

establecido por la jurisprudencia que ha indicado que la acción de

tutela procede cuando existe otro método de defensa judicial pero

este no resulte eficaz para defender los derechos fundamentales

vulnerados.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad accionada vulneró los derechos

fundamentales deprecados.

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En ese orden, se examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela, en especial, el

requisito de la subsidiariedad.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de

improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa

judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia

de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,

atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante»

(Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

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Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el juez constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»5 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Precisado lo anterior, la Sala evidencia que las inconformidades

planteadas por la actora en este trámite constitucional recaen en que

la entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales, al

nombrar en propiedad al señor ARDILA PEDRAZA.

5 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.

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Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, como bien lo

señaló el a quo la presente acción de tutela es improcedente

por carencia del requisito de subsidiariedad, en la medida en

que el JUZGADO nombro en propiedad en el cargo de escribiente al

señor ARDILA PEDRAZA a través de las resoluciones núms. 021 de

12 de junio y 035 de 23 de julio de 2025, -este último que resolvió

el recurso de reposición-, los cuales son susceptibles de ser

controvertidos a través del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, mecanismo en el cual puede solicitar

la adopción de medidas cautelares incluso de urgencia conforme con

los artículos 229 y subsiguientes del CPACA.

Al respecto cabe anotar que, en relación con la improcedencia de

la acción de tutela para controvertir actos administrativos

puesto que cuenta con otros medios de control que posibilitan

el empleo de medidas cautelares, en sentencia de 5 de marzo de

20146, esta Sala reiteró la posición sobre el tema y señaló lo

siguiente:

“[…] «i) lo que ahora se discute a través de la acción de tutela
se podrá discutir promoviendo el proceso de nulidad o nulidad

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de marzo de 2014, CP
Alfonso Vargas Rincón, número único de radicación 2013-06871-01

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y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que
la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma
prontitud y eficacia protectora que la acción de tutela, por
varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b)
procede para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la
contradicción que se exige para suspender el acto
administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado:
que sea ostensible; de hecho se puede hacer un estudio
complejo para concluirlo[…]”

Significa lo anterior que la aquí accionante cuenta con un medio de

defensa judicial, como lo es el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, a través del cual puede discutir la

legalidad de los actos administrativos en cuestión, en el que, además,

podrá solicitar medidas cautelares.

Finalmente, con el fin de analizar si en el presente caso se configura

la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la

acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo

dispuesto por la Corte Constitucional7 que, frente al tema, ha

sostenido lo siguiente:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta
Corporación ha precisado que éste debe reunir las
siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y
suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un

7
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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detrimento sobre un bien altamente significativo para la
persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a
la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice
con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable
[…]”.

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala no advierte la

existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción

de tutela de la referencia como mecanismo transitorio, dado que de

los elementos de juicio obrantes en el expediente no es posible

establecer dicha circunstancia, máxime si se tiene en cuenta que

tampoco se alegó su configuración.

En ese sentido, la Sala itera que la presente acción de tutela es

improcedente por no cumplir el requisito general de la

subsidiariedad, toda vez que la parte actora cuenta con otro medio

de defensa judicial, esto es, el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, a través del cual puede cuestionar

la legalidad de los actos administrativos.

En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo, que declaró

improcedente la solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá

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Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-04583-01
Actora: ANDREA NATALIA HENAO VALENCIA

en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

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Actora: ANDREA NATALIA HENAO VALENCIA

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de octubre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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