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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04592-00

Fecha
19 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04592-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición invocado por el señor Germán David Ramírez Figueroa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04592-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-04592-001
Demandante : Germán David Ramírez Figueroa
Demandado : Tribunal Administrativo de Santander
Vinculados : Eddy Teresa, Hermes Alirio, Clodovaldo y Nancy Azucena
Figueroa Gómez, Pilar Eliana Veloza Figueroa y Gladys
Amparo Figueroa, Nación - Fiscalía General de la Nación y
Juzgado Trece (13) Administrativo de Bucaramanga
Acción : Tutela
Derechos : Petición, información, debido proceso y acceso a la
administración de justicia
Tema : Solicitud de entrega de título judicial consignado en virtud de
cesión de crédito
Decisión : Sentencia de primera instancia - niega amparo

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela
incoada por Germán David Ramírez Figueroa contra el Tribunal Administrativo de
Santander, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición,
información, debido proceso y acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y,
finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

La demanda de tutela.

Germán David Ramírez Figueroa, quien actúa en nombre propio, interpuso el
presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales de petición, información, debido proceso y acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo

1
Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04592-00
Demandante: Germán David Ramírez Figueroa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

de Santander.

Por consiguiente, solicitó que se ordene a la autoridad accionada atender de
manera clara, motivada y expresa su petición elevada el 7 de mayo de 2025,
relacionada con la ejecución de una orden judicial y, que dicha respuesta sea
comunicada formalmente al correo electrónico suministrado para tal efecto.

Hechos2.

Relata el accionante que, el 7 de mayo de 2025 solicitó del Tribunal Administrativo
de Santander reconocerlo como cesionario de los derechos litigiosos de los
señores Lenin Mauricio y Harbey Orlando Figueroa Gómez, en la acción ejecutiva
con radicado 68001-33-33-013-2019-00051-00 instaurada por ellos y otras
personas en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación y, en
consecuencia, y que se ordenara «de inmediato a quien corresponda la entrega a [su] favor
de la totalidad de los dineros consignados por» dicha entidad, con ocasión de la sentencia

de 26 de junio de 2015 proferida dentro del proceso de reparación directa 68001-
23-31-000-2012-00493-00, en la que se le condenó a pagar las sumas
equivalentes por perjuicios morales y materiales derivados de la privación injusta
de la libertad de la señora Eddy Teresa Figueroa Gómez, en cuyo asunto las
partes llegaron a un acuerdo conciliatorio aprobado en providencia del 21 de
octubre de ese año.

Sin embargo, como no hubo una respuesta oficial reiteró su petición el 16 y 26 de
junio del año en curso, sin que a la fecha de presentación de la acción de tutela
(24 de julio de 2025) se haya emitido pronunciamiento alguno al respecto, lo cual,
«ha vulnerado [sus] derechos fundamentales de petición, información, debido proceso y acceso
a la justicia […] [y,] además[,] sienta un precedente negativo en cuanto al deber de las autoridades
judiciales de garantizar una administración de justicia diligente, transparente y acorde con los
mandatos constitucionales».

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 28 de
julio de 2025, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Santander; y (ii) dispuso vincular a los señores
Eddy Teresa, Hermes Alirio, Clodovaldo y Nancy Azucena Figueroa Gómez, Pilar

2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04592-00
Demandante: Germán David Ramírez Figueroa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

Eliana Veloza Figueroa y Gladys Amparo Figueroa, a la Nación - Fiscalía General
de la Nación y al Juzgado Trece (13) Administrativo de Bucaramanga, en los
términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 El Juzgado Trece (13) Administrativo de Bucaramanga3 adujo que, «aunque
el accionante invoca la vulneración de su derecho de petición por la presunta falta de respuesta por
parte del […] Tribunal Administrativo de Santander, lo cierto es que la [solicitud] demanda una
actuación dentro del proceso judicial y no se trata de un aspecto netamente administrativo que se
rige por las normas de la Ley 1755 de 2015».

Agregó que, «[l]a […] Corte Constitucional4 ha señalado que, cualquier persona puede elevar
peticiones ante los jueces, sin embargo, al tratarse de solicitudes encaminadas a impulsar un
proceso judicial, estas están sometidas a ser resueltas dentro de la oportunidad procesal y con
sujeción en las normas que sean propias de cada caso», por lo que «como lo pretendido […]
alude a una actuación procesal, el […] Tribunal Administrativo no está obligado a responder bajo las
previsiones normativas del derecho de petición, sino que, en acatamiento al debido proceso, deberá
dar prevalencia a los términos, procedimiento y contenidos de las actuaciones que correspondan» .

Indicó que por su parte «no se ha vulnerado ninguna garantía al [actor], ni del derecho de
petición ni del debido proceso porque tod[o]s sus [requerimientos] procesales han sido resuelt[o]s».

2.1.2 La Nación - Fiscalía General de la Nación5 deprecó su desvinculación del
presente trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva,
comoquiera que, «no existe una relación de causalidad entre sus actuaciones u omisiones y la
presunta vulneración del derecho fundamental de petición y otros» que alega el demandante.

2.1.3 El Tribunal Administrativo de Santander y los señores Eddy Teresa,
Hermes Alirio, Clodovaldo y Nancy Azucena Figueroa Gómez, Pilar Eliana
Veloza Figueroa y Gladys Amparo Figueroa guardaron silencio en la oportunidad
prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud

3
Índice 00014 de Samai.
4
Corte Constitucional, sentencias T-344 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández; T-394 de 2018. M.P: Diana Fajardo Rivera.
Ver sentencias T-1124 de 2005, T-215A de 2011, T-920 de 2012, T-311 de 2013 y C-951 de 2014.
5
Índice 00018 de Samai.
3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04592-00
Demandante: Germán David Ramírez Figueroa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.

3.2 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Cuestión preliminar.

Resulta necesario precisar que en el asunto sub examine el accionante afirma que
la génesis de la vulneración invocada radica en la falta de respuesta a su solicitud
formulada el 7 de mayo de 2025, encaminada a que se le reconociera como
cesionario de los derechos litigiosos de los señores Lenin Mauricio y Harbey
Orlando Figueroa Gómez y se le entregara el título judicial consignado a su favor
dentro del proceso ejecutivo con radicado 68001-33-33-013-2019-00051-00, por
consiguiente, la Sala considera que, en caso de que se demuestre la omisión a la
que alude, comportaría un quebranto de la garantía superior de petición, mas no
las de información, debido proceso y acceso a la administración de justicia, razón
por la cual, el correspondiente estudio se limitará, en virtud del principio de
oficiosidad6, a dilucidar si se configuró o no el eventual desconocimiento de aquel
derecho fundamental.

3.4 Problema jurídico.

6
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida
es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04592-00
Demandante: Germán David Ramírez Figueroa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

Le corresponde a esta Subsección determinar si la autoridad demandada ha
vulnerado la garantía superior de petición del tutelante, al no dar respuesta a su
solicitud formulada el 7 de mayo de 2025.

3.5 Derecho fundamental de petición. Consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política en los siguientes términos:

«Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales».

Por su parte, la Corte Constitucional, respecto del derecho de petición, ha
sostenido:

«Frente a las características esenciales del derecho de petición, ha sido abundante y
reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al considerar que el núcleo
esencial de este derecho reside en la resolución pronta y oportuna de la solicitud.

En este sentido, esta Corporación ha manifestado:

(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos
constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la
libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo,
de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta
debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible;
(v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre
en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades
estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo,
entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial,
no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el
contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado
el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía
gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la
exonera del deber de responder; y (x) ante la presentación de una petición, la entidad
pública debe notificar su respuesta al interesado.

De los anteriores componentes jurisprudenciales cabe destacar que el derecho de
petición exige, por parte de las autoridades competentes, una decisión de fondo a lo
requerido por el ciudadano, lo cual implica la prohibición de respuestas evasivas o
abstractas, sin querer decir con ello que la respuesta deba ser favorable. La respuesta
de fondo implica un estudio sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con
las competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición 7».

Asimismo, la aludida Corporación ha expresado que «una respuesta es suficiente cuando
resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que
[…] sea negativa a sus pretensiones; es efectiva si […] soluciona el caso que se plantea (artículos
2, 86 y 209 constitucionales); y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido,
de tal manera que la respuesta a lo solicitado verse acerca de lo preguntado y no sobre un tema

7
Sentencia T-1130 del 13 de noviembre de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04592-00
Demandante: Germán David Ramírez Figueroa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar
información adicional que se encuentre relacionada con la solicitud formulada» 8.

De acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, el derecho de petición es
vulnerado cuando la autoridad (i) no resuelve de fondo lo pedido o (ii) no emite una
pronta respuesta, conforme a los términos que directamente fija el legislador.

3.6 Solución al caso concreto.

En el presente asunto la inconformidad del tutelante consiste en que, a la fecha de
presentación de la acción de tutela (24 de julio de 2025), la autoridad accionada no
había respondido la petición que formuló el 7 de mayo de 2025, encaminada a que
se le reconociera como cesionario de los derechos litigiosos de los señores Lenin
Mauricio y Harbey Orlando Figueroa Gómez y se le entregara el título judicial
consignado a su favor dentro del proceso ejecutivo con radicado 68001-33-33-013-
2019-00051-00.

Por su parte, aunque el Tribunal Administrativo de Santander no presentó escrito
de contestación, verificada la herramienta electrónica para la gestión judicial
denominada Samai, se observa que, el 26 de mayo de 2025, la secretaría de esa
Corporación le informó al actor que «[r]ecibido el memorial de impulso procesal se ingresará
el proceso al despacho para continuar con la etapa subsiguiente», así:

8
Ver las sentencias T-669 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-350 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño y T-
682 de 20 de noviembre de 2017, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04592-00
Demandante: Germán David Ramírez Figueroa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

Ahora bien, cabe precisar que, la Corte Constitucional en sentencia T-394 de 20189
señaló que, «[e]n lo que respecta al derecho de petición ante autoridades judiciales, […] si bien
es cierto que […] puede ejercerse ante los jueces y en consecuencia estos se encuentran en la
obligación de tramitar y responder las solicitudes que se les presenten, también lo es que “el juez o
magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como también las partes y los
intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales
contempladas para las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe
observar el juez cuando les son presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser
resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio» .

Y, que en ese sentido «el alcance del derecho de petición encuentra limitaciones respecto de
las peticiones presentadas frente a autoridades judiciales, toda vez que han de diferenciarse los
tipos de solicitudes, las cuales pueden ser de dos clases: (i) las referidas a actuaciones
estrictamente judiciales, que se encuentran reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para tal efecto;
y (ii) aquellas peticiones que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales,
deben ser atendidas por la autoridad judicial bajo las normas generales del derecho de petición que
rigen la administración y, en especial, de la Ley 1755 de 2015» .

Ello fue reiterado por esa Corporación, en sentencia T-230 de 202010, al indicar que
«las actuaciones que se realicen como parte de los trámites judiciales o administrativos no tienen la
naturaleza del derecho de petición, sino que se encuentran cobijados por las normas especiales de
procedimiento».

De lo anterior se colige que, pese a que la inconformidad del actor consiste en la
omisión de la autoridad accionada de brindar respuesta a su pedimento de 7 de
mayo de 2025, lo cierto es que, en este solicitó realizar actuaciones estrictamente
judiciales dentro del proceso ejecutivo con radicado 68001-33-33-013-2019-00051-
00, por lo que, su trámite no se acoge a las normas generales del derecho de
petición, sino a su correspondiente procedimiento, además que, lo pretendido versa
sobre un aspecto meramente económico (el pago del título judicial consignado a su
favor).

En ese orden de ideas, es dable concluir que, la falta de pronunciamiento por parte
del Tribunal Administrativo de Santander, contrario a lo afirmado por el accionante,
no comporta una vulneración a su derecho fundamental de petición.

9
M. P. Diana Fajardo Rivera.
10
M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Demandante: Germán David Ramírez Figueroa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

Así lo dispuso la Sección Cuarta11 de esta Corporación en un asunto con similares
contornos al que es objeto de análisis:

«En este sentido, como quiera que se trata de solicitudes relacionadas con el trámite
judicial de los procesos ejecutivos, éstas se encuentran por fuera del ámbito de
protección del derecho de petición (art. 23 de la Constitución), por lo que no puede
predicarse la vulneración de dicha garantía ius fundamental […]».

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que, al no demostrarse la vulneración
del derecho fundamental de petición por parte de la autoridad accionada, se negará
la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR el amparo del derecho fundamental de petición invocado por
el señor Germán David Ramírez Figueroa, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

11
Sentencia de tutela de 22 de octubre de 2020, expediente 11001-03-15-000-2020-03416-00, C. P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
8

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-04592-00
Demandante: Germán David Ramírez Figueroa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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