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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04592-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04592-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Desvincular del presente trámite a la Fiscalía General de la Nación. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 19 de septiembre de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B que negó el amparo, para en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Germán David Ramírez Figueroa Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Radicado: 11001-03-15-000-2025-04592-01 TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04592-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

26 de febrero de 2026

Demandante: Germán David Ramírez Figueroa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04592-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04592-01
Demandante: GERMÁN DAVID RAMÍREZ FIGUEROA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Tutela - presunta mora judicial - Revoca decisión. Declara carencia
actual de objeto.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante, contra
la sentencia del 19 de septiembre 2025, en virtud de la cual el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B negó el amparo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

El señor Germán David Ramírez Figueroa, actuando en nombre propio, instauró acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, por la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales de petición, a la información, al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.

Lo anterior, debido a que la autoridad judicial accionada no ha emitido ninguna
respuesta frente a la solicitud que elevó el 07 de mayo de 2025 tendiente a que se le
reconozca como cesionario de los derechos litigiosos de la parte ejecutante en el
proceso ejecutivo identificado con el radicado número 68001-33-33-013-2019-00051-
00/01.

1 Índice 002 de Samai. La tutela se radicó el 24 de julio de 2025 a la que se le asignó la secuencia

interna número 7329.

1

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Demandante: Germán David Ramírez Figueroa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04592-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

PRIMERA. Reconocer. Que desde el tribunal se me reconozca como cesionario de
los derechos litigiosos de los señores LENIN MAURICIO Y HARBEY ORLANDO
FIGUEROA GÓMEZ.

SEGUNDA. Declarar. Declarar probado que soy el cesionario de los derechos
litigiosos de los señores LENIN MAURICIO Y HARBEY ORLANDO FIGUEROA
GÓMEZ.

TERCERA. Ordenar. Ordenar de inmediato a quien corresponda la entrega a mi
favor de la totalidad de los dineros consignados por la Fiscalía General de la Nación
para el cumplimiento de la sentencia en el proceso de referencia, conforme al
fraccionamiento realizado por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial
de Bucaramanga y trasladados al H. Tribunal Administrativo de Santander. Ala
cuenta de ahorro número 61714166 del banco Nu.C.F.2

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará:

Los señores Eddy Teresa, Pilar Eliana Veloza Figueroa, Germán David Rodríguez
Figueroa, Gladys Amparo Figueroa Gómez, Hermes Alirio Figueroa Gómez,
Clodovaldo Figueroa Gómez, Nancy Azucena Figueroa Gómez presentaron demanda
de reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta
de la libertad de la señora Eddy Teresa Figueroa, pretensiones a las que accedió el
Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de Descongestión, Sala Única
mediante sentencia del 26 de junio de 2015.

Las partes conciliaron el monto de la condena y este acuerdo se aprobó por el referido
tribunal en el auto del 21 de octubre de 2015.

Como consecuencia de lo anterior, los demandantes presentaron demanda ejecutiva
contra la Fiscalía General de la Nación con el fin de obtener el pago del monto
acordado en la conciliación, el que se asignó al Juzgado Trece Administrativo del
Circuito Judicial de Bucaramanga, con el radicado número 68001-33-33-013-2019-
00051-00, que mediante auto del 2 de septiembre de 2019 libró mandamiento de pago
y en la sentencia del 18 de marzo de 2020 ordenó seguir adelante con la ejecución. A
renglón seguido, en el auto del 28 de junio de 2021 aprobó la liquidación del crédito.

2 Transcripción literal del texto original con posibles errores.

2

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Demandante: Germán David Ramírez Figueroa
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La parte ejecutada apeló el auto del 28 de junio de 2021, cuyo recurso se asignó al
Tribunal Administrativo de Santander. Sin embargo, en memorial fechado el 6 de
septiembre de 2023 la entidad desistió de la alzada, solicitud que se aceptó por el
tribunal en providencia del 9 de octubre del mismo año.

Por otra parte, el accionante elevó una solicitud al juzgado con el fin de que se le:
«reconozca formalmente como cesionario de los derechos litigiosos originalmente
pertenecientes a los señores Lenin Mauricio y Harbey Orlando Figueroa Gómez» y se le
entregue el título judicial respectivo. Esta solicitud se negó por el juzgado mediante
auto del 31 de agosto de 2023, porque los cedentes no habían promovido la demanda
ejecutiva para reclamar las pretensiones concedidas en el proceso ordinario por parte
del Tribunal Administrativo de Santander.

El 21 de abril de 2025, el actor reiteró la anterior solicitud, la que se resolvió de forma
negativa por el despacho judicial a través del auto del 2 de mayo de 2025. En esta
providencia le iteró la negativa a su requerimiento, que ya había sido objeto de estudio
en el proveído del 31 de agosto de 2023. No obstante, le señaló que la competencia
para el reconocimiento de lo pedido estaba en cabeza del Tribunal Administrativo de
Santander, por ser el juez que conoció del proceso ordinario.

En consecuencia, el 7 de mayo de 2025 el accionante elevó la misma solicitud ante el
Tribunal Administrativo de Santander.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora adujo que el tribunal accionado vulneró las garantías invocadas debido
a la falta de respuesta a la petición radicada el 7 de mayo de 2025, pese a que ya
feneció el plazo de 15 días hábiles que señala la Ley 1755 de 2015.

Para el accionante, el silencio prolongado frente a su reclamación le genera perjuicios
porque lo priva de la posibilidad de exigir el pago del monto reconocido en la sentencia
del proceso ordinario, máxime porque la decisión condenatoria está en firme y el monto
de esta ya fue pagado por la ejecutada.

1.5. Auto admisorio
Por auto del 28 de julio de 2025, el magistrado ponente del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación a la parte
accionante3, y como accionado, al Tribunal Administrativo de Santander4.

3 Índice 008 de Samai. La notificación fue realizada a: germandavid.rf@gmail.com.
4 Índice 008 de Samai. La notificación fue realizada a: sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sgtadminstd@notificacionesrj.gov.co; sg02tadminstd@notificacionesrj.gov.co y
prestastd@cendoj.ramajudicial.gov.co.
3

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Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés en el resultado del
proceso a los señores Eddy Teresa, Hermes Alirio, Clodovaldo y Nancy Azucena
Figueroa Gómez, Pilar Eliana Veloza Figueroa y Gladys Amparo Figueroa,
[ejecutantes]5 a la Nación - Fiscalía General de la Nación [ejecutada]6 y al Juzgado Trece
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga [a quo del proceso ejecutivo]7

1.6. Intervenciones

1.6.1. Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga8

El titular del despacho hizo un breve recuento de las actuaciones surtidas en el proceso
ejecutivo. A continuación, refirió que la solicitud del actor está encaminada a impulsar
un trámite judicial, por lo que no puede darse aplicación a lo dispuesto en la Ley 1755
de 2015 dado que las reglas generales del derecho de petición no se emplean en los
aspectos propios de la litis, pues estas están gobernadas por la normatividad
correspondiente, sujetas a los términos y etapas procesales previstos para el efecto.

Por lo anterior consideró que no se han vulnerado los derechos fundamentales
invocados por el actor por lo que pidió negar al amparo.

Además, aportó el expediente electrónico del expediente ejecutivo.

1.6.2. Fiscalía General de la Nación9

La profesional de Gestión de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad pidió ser
desvinculada de esta acción porque carece de legitimación en la causa por pasiva
dado que no advierte la existencia de una relación de causalidad entre sus actuaciones
u omisiones y la presunta vulneración a las garantías invocadas.

1.6.3. El Tribunal Administrativo de Santander, así como los señores Eddy Teresa,
Hermes Alirio, Clodovaldo y Nancy Azucena Figueroa Gómez, Pilar Eliana Veloza
Figueroa y Gladys Amparo Figueroa, guardaron silencio, pese a que fueron
debidamente notificados de la presente acción.

5 Índice 021 de Samai. La notificación fue realizada por medio de aviso a la comunidad, dada la
imposibilidad de efectuar la notificación personal al correo electrónico de quienes conformaron el
extremo activo del proceso ejecutivo.
6 Índice 008 de Samai. La notificación fue realizada a: uridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co;

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co; carrera.especialfgn@fiscalia.gov.co;
juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co.
7 Índice 008 de Samai. La notificación fue realizada a: adm13buc@cendoj.ramajudicial.gov.co;

jadmin13bga@notificacionesrj.gov.co.
8 Índice 014 de Samai.
9 Índice 018 de Samai.

4

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1.7. Sentencia de primera instancia10

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 19 de
septiembre de 2025 negó el amparo.

Lo anterior, dado que, a su juicio, la petición elevada por el actor no se acoge a las
normas generales del derecho de petición, sino que se trata de un impulso procesal
respecto de una pretensión elevada dentro del proceso ejecutivo con radicado 68001-
33-33-013-2019-00051-00, por lo que se rige por su correspondiente procedimiento.

Además, consideró que «lo pretendido versa sobre un aspecto meramente
económico».

1.8. Impugnación11

La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia argumentado que
se desconoció la verdadera entidad de la vulneración alegada, dado que su solicitud
aún sigue sin resolverse, e independientemente de que se trate de un asunto
económico o administrativo, lo cierto es que no ha obtenido una respuesta a su
reclamación.

Reiteró que el silencio del tribunal afecta el goce material de los derechos que fueron
reconocidos judicialmente y que ya fueron pagados por la ejecutada, pero que no le
han sido entregados por la omisión de la autoridad judicial accionada en resolver su
petición y reconocerlo como cesionario de los derechos litigiosos que originalmente
fueron reconocidos a los señores Lenin Mauricio y Harbey Orlando Figueroa Gómez.

Por lo anterior, pidió que se revoque el proveído de primera instancia y, en su lugar,
se acceda al amparo. Asimismo, que se prevenga al tribunal para que, en adelante,
observe los mandatos constitucionales y jurisprudenciales relativos al derecho de
petición.

1.9. Actuaciones en segunda instancia

En escrito del 24 de febrero de 2026 el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez
manifestó estar impedido para conocer de la acción constitucional del asunto
invocando el numeral 1° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, porque su
cónyuge se encuentra vinculada en carrera como fiscal adscrita a una unidad nacional
de la Fiscalía General de la Nación, entidad que fue vinculada a esta acción
constitucional.

Al respecto, la Sala, por auto del 26 de febrero de 2026, declaró infundada la causal,

10 Índice 024 de Samai.
11 La sentencia se notificó el 14 de enero de 2026 y el memorial de impugnación se radicó el día 19 del

mismo mes y año, por lo que fue oportuna su interposición. El recurso se concedió en auto del 26 de
enero de 2026.
5

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pues no se encontró acreditado el supuesto de hecho establecido en la norma.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, conforme con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021,
y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación, por cuanto se dirige
contra el Tribunal Administrativo de Santander.

2.2. Cuestión previa

La Fiscalía General de la Nación solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva al considerar que las
pretensiones de la acción de tutela se dirigen exclusivamente a cuestionar la falta de
respuesta a la solicitud elevada ante el Tribunal Administrativo de Santander. La
anterior no fue resuelta por el a quo constitucional por lo que se procederá a resolver
la presente.

La Sala accederá a la solicitud de desvinculación, en la medida en que, pese a que la
Fiscalía General de la Nación fue vinculada como tercero con interés, lo cierto es que
la Sección no advierte que la decisión que se profiera dentro del presente mecanismo
comporte un beneficio o afectación a los intereses de la entidad, comoquiera que lo
cuestionado por el accionante es la omisión atribuida al despacho judicial accionado
en adoptar una decisión respecto de la solicitud de ser reconocido como cesionario de
los derechos litigiosos de quienes fueron demandantes en el proceso ordinario.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la providencia del 19
de septiembre de 2025 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, para lo cual, se debe resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿El Tribunal Administrativo de Santander incurrió en mora judicial al no resolver
la solicitud del actor dirigida a ser reconocido como cesionario de los derechos
litigiosos pertenecientes a los señores Lenin Mauricio y Harbey Orlando
Figueroa Gómez y que se le entregue el título judicial consignado a favor de
estos, en el proceso ejecutivo identificado con el radicado 68001-33-33-013-
2019-00051-00/01?

Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) del derecho de petición en actuaciones
judiciales; (iii) mora judicial injustificada; (iv) de la carencia actual de objeto; y (v) el
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análisis del caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto
2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable12.

2.5. Del derecho de petición en actuaciones judiciales

La jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica al señalar que existen dos clases
de solicitudes que pueden ser elevadas ante los operadores de justicia, a saber, i)
aquellas relativas al proceso judicial que se tramitan de conformidad con el
procedimiento que para el efecto se ha previsto en la ley; y ii) las generales que no
tienen incidencia en el contradictorio y que están reguladas en el Título 2 de la Ley
1437 de 2011.

En efecto, esta Sección en sentencia del 25 de enero de 201813 señaló:

“La Corte Constitucional14 y esta Corporación15 de manera reiterada han señalado
que las peticiones presentadas en el marco de actuaciones judiciales tienen un
alcance diferente que implica limitaciones, por ello, se ha especificado que deben
diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces, las cuales pueden ser
de dos clases:

(i) Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tal razón se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces
la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el efecto; y

(ii) Aquellas que, por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas generales
del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

12 Ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
13 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 11001-03-15-000-2017-02981-00, sentencia de 25 de

enero de 2018. M.P.: Alberto Yepes Barreiro.
14 Ver, entre otras, las sentencias T-377 de 2000; T-215 A de 2011 y T-311 de 2013.
15 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 41001-23-33-000-2017-00225-01, sentencia de 13 de

julio de 2017. M.P: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 25 de enero de 2018. M.P. Alberto Yepes Barreiro
Rad. 11001-03-15-000-2017-02891-00.
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En el mismo sentido el Máximo Tribunal Constitucional indicó que “[e]l derecho de
petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un
servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una
actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora
judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso
efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición”.

2.6. La mora judicial injustificada

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar
a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos
casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la
complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de
carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisión
sistemática de sus deberes.16

Asimismo, el máximo tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»17.

En esa línea dicha Corporación frente al particular precisó que:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor
tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para
valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la
jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden
vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso
recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el
incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la
complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del
operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o
de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por
el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación
injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su
comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada en
relación con la existencia de mora judicial18, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En el

16 Corte Constitucional, Sentencia T-1019 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
18 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-2012-

01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal Administrativo
de Antioquia. M.P.: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014, Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-
00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado: Procuraduría General de la Nación.
8

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evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la
administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un proceso.

2.7. Carencia actual de objeto

La sala ha explicado en varias ocasiones19 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de manera actual e inminente.

No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez constitucional
tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos
fundamentales.

En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de
tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos: (i) por
hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una situación sobreviniente.

Al respecto, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 1.º de septiembre de
2016, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por
lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría
inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción20.

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido
o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un
peligro ya subsanado. (Negrillas propias).

19 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.

M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 15.11.17, Rad. 2017-00085-01, y M.P. Rocío Araújo Oñate,
Sentencia 19.10.17, Rad. 2017-2365-00.
20 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se

transcribe literalmente: «Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005».
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Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita
salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular,
se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente
descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho
superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar
por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente21.

Con base en el marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha sostenido que:

El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de
1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando
en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad demandada ha
realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos
fundamentales22.

En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante
determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección Quinta), lo que
indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad
demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos
fundamentales.

De hecho, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese tribunal23.

En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere
antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado
que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta
desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de reproche, en caso
de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los
derechos afectados24.

2.8. Caso concreto

El actor alegó que sus derechos fundamentales de petición, a la información, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia se vulneran por parte del Tribunal

21 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se

transcribe literalmente: «Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013».
22 Corte Constitucional. Sentencia T-038/19, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
23 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
24 Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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Demandante: Germán David Ramírez Figueroa
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04592-01

Administrativo de Santander, debido a la falta de respuesta a su solicitud formulada el
7 de mayo de 2025, encaminada a que se le reconociera como cesionario de los
derechos litigiosos de los señores Lenin Mauricio y Harbey Orlando Figueroa Gómez
y se le entregara el título judicial consignado a favor de estos, dentro del proceso
ejecutivo identificado con el radicado 68001-33-33-013-2019-00051-00/01.

El a quo constitucional negó el amparo al considerar que no existe vulneración al
derecho de petición del actor porque la solicitud presentada no se acoge a las normas
generales del derecho de petición, sino que se trata de un impulso procesal a una
pretensión elevada dentro del proceso ejecutivo, por lo que se rige por su
correspondiente procedimiento.

El accionante inconforme con el fallo impugnó la decisión y pidió que se amparen sus
derechos fundamentales, comoquiera que no ha obtenido una respuesta a su
reclamación por parte de la autoridad judicial accionada, lo que le impide gozar
materialmente la condena obtenida en sede judicial, que ya fue saldada por la entidad
ejecutada, pero cuyo desembolso no se puede efectuar hasta que no se resuelva la
cesión de los derechos litigiosos, solicitud que elevó el 7 de mayo de 2025.

A pesar de que el accionante alegó como vulnerado su derecho fundamental de
petición, de acuerdo con lo señalado en el acápite de las peticiones elevadas ante las
autoridades judiciales, la Sala considera que dicha garantía constitucional no procede
para poner en marcha el aparato judicial puesto que las actuaciones judiciales están
sometidas a las reglas procesales. Por lo tanto, el caso será estudiado desde la óptica
de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

Ahora bien, cabe advertir que la Corte Constitucional ha indicado que la dilación
injustificada que configura la violación del derecho fundamental al debido proceso, se
caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
actuación por parte del funcionario competente; (ii) la omisión en el cumplimento de
las obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la
falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que no
se pueden contrarrestar.

De las actuaciones obrantes en Samai, se evidencia lo siguiente respecto del proceso
de ejecutivo de segunda instancia:

Fecha Actuación
Petición del actor dirigida a ser reconocido como cesionario de los
07 de mayo de 2025 derechos litigiosos pertenecientes a los señores Lenin Mauricio y
Harbey Orlando Figueroa Gómez.
Desarchivo del expediente e ingreso al despacho para resolver la
26 de mayo de 2025
solicitud.

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Solicitud de impulso procesal frente a la reclamación de cesión de
13 de junio de 2025
derechos.
16 de junio de 2025 Archivo del proceso.
Desarchivo del expediente e ingreso al despacho para resolver la
6 de febrero de 2026
pretensión de reconocimiento y entrega de dineros.
Auto de trámite en el que se resuelve la solicitud y notificación por
23 de febrero de 2026
estado de la providencia.

Como se observa, en el proceso de la referencia se han desplegado las actuaciones
correspondientes, dado que a través del auto fechado el 20 de febrero de 2026 se
resolvió la solicitud elevada por el accionante, en los siguientes términos:

[…]
En ese contexto, verificado el estado procesal, resulta evidente que este Tribunal
carece de competencia para pronunciarse sobre la solicitud presentada el 7 de mayo
de 2025. El objeto procesal que justificaba la intervención en este despacho, la
apelación ya desistida, se agotó con la providencia del 9 de octubre de 2023, cuyo
cumplimiento resulta obligatorio. -2019-00051-00,

En consecuencia, no es procedente reabrir ni asumir competencia respecto de asuntos
ajenos a la función ejercida en sede de apelación y que corresponden al juzgado de
primera instancia; las actuaciones relacionadas con la cesión de derechos, la
identificación de los beneficiarios del título judicial y la entrega material de los dineros
consignados son competencia del Juzgado Trece Administrativo Oral de Bucaramanga,
autoridad que tramita el proceso ejecutivo radicado 68001333301320190005100,
derivado de la sentencia cuya ejecución pretende el solicitante. Así se desprende del
contenido del expediente y de las comunicaciones efectuadas por ese despacho
judicial.

Conviene agregar que frente a los dineros consignados existe decisión judicial en firme,
en esta Corporación por medio del Despacho Escritural a cargo del Doctor Mendoza
Saavedra, que mediante auto del 11 de diciembre de 2025, dispuso expresamente que
la Secretaría del Tribunal Administrativo de Santander debía verificar la existencia de
depósitos judiciales pendientes de pago dentro del proceso ordinario. En caso de
hallarse dichos títulos, ordenó convertirlos y ponerlos a disposición del Juzgado Trece
Administrativo Oral de Bucaramanga, por ser este el competente para efectuar la
entrega dentro del proceso ejecutivo radicado 680013333013-2019-00051-00,
promovido por la señora Eddy Teresa Figueroa Gómez contra la Nación – Fiscalía
General de la Nación.

El proveído anterior se notificó por estado el día 23 de febrero de 202625, y se le envió
comunicación electrónica al actor al correo electrónico: germandavid.rf@gmail.com26,
dirección electrónica que corresponde con la aportada en el escrito de tutela 27 y en la
solicitud presentada ante la autoridad judicial accionada, de la que se anexó copia a

25 Índice 037 de Samai del proceso 68001333301320190005101.
26 Índice 038 de Samai del proceso 68001333301320190005101.
27 Índice 002 de Samai.

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este trámite, tal como se advierte en la captura de pantalla que se inserta a
continuación:

En consecuencia, la Sala advierte que el tribunal se pronunció sobre lo pedido por el
tutelante y le indicó que carece de competencia para resolver de fondo su reclamación,
puesto que es el Juzgado Trece Administrativo Oral de Bucaramanga el que ostenta
la facultad para hacer efectiva la entrega y pago de los dineros del proceso ejecutivo.

Por consiguiente, lo cierto es que la autoridad judicial accionada resolvió la
reclamación del actor en la providencia del 20 de febrero de 2026, cuya providencia se
le notificó en debida forma al tutelante.

De conformidad con lo expuesto, no es necesaria la intervención de la Sección Quinta
del Consejo de Estado, como juez constitucional, pues el asunto que presuntamente
vulneraba los derechos fundamentales del señor Germán David Ramírez Figueroa
dejó de existir durante el presente trámite, en ese orden, esta Sala de Decisión
revocará la sentencia del 19 de septiembre de 2025 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B en la que negó el amparo y, en su lugar, se
declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Desvincular del presente trámite a la Fiscalía General de la Nación.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 19 de septiembre de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B que negó el amparo, para en su
lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04592-01

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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