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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04596-01

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04596-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04596-01 PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR el fallo de 18 de septiembre de 2025 proferido la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-04596-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Diego Fernando Agudelo Erazo
Parte accionada: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04596-01
Asunto: Acción de tutela contra providencia judicial. Se revoca el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de la relevancia
constitucional

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo de
18 de septiembre de 2025 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. El señor Diego Fernando Agudelo Erazo en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda
contra el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, con el fin de que se
declarara la existencia de una relación laboral durante el periodo que
prestó servicio y el respectivo reconocimiento económico por las
diferencias salariales de acuerdo con las escalas de asignación básica
de los empleos de la entidad y prestaciones sociales y económicas
durante el periodo comprendido entre el 27 de enero de 2006 y el 14 de
agosto de 2015.

1.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 6

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-04596-01

de febrero de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda.

1.3. Contra la decisión anterior el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
presentó recurso de apelación.

1.4. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 26 de junio de 2025, revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda,
al considerar que no se “[…] demostró que la prestación del servicio
hubiera estado sometida a una continuada subordinación […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte accionante manifestó que la autoridad accionada incurrió en defecto
fáctico, por no valorar de manera integral las pruebas aportadas al proceso,
que daban cuenta de una subordinación al Servicio Nacional de Aprendizaje,
en el periodo comprendido entre 2006 y 2012, como la asignación de aulas, el
cumplimiento de horario programación en la plataforma SOFIA PLUS,
instrucciones, asistencia a reuniones, evaluaciones institucionales y otras
actividades propias del personal docente de planta de la entidad.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por
indebida aplicación de las normas relacionadas con el contrato laboral.

Indicó que la autoridad judicial incurrió en desconocimiento del precedente por
cuanto desatendió varias sentencias proferidas por el Consejo de Estado1.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1 Consejo de Estado: Exp.: 66001-23-33- 000-2015-00153-01 de 1 de septiembre de 2021.

Actor: Actor: Carlomán Arcila Zuluaga; Exp.: 66001-23-33- 000-2018-00099-01de 15 de junio
de 2023. Actora: Luz Marina Páez Ruíz. Exp.: 25000-23-42- 000-2015-05577-01 de 6 de
marzo de 2024. Actora: Clara Inés Quevedo García.

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“[…] 1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, al
trabajo, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, los
cuales fueron vulnerados por la sentencia de segunda instancia proferida
el 26 de junio de 2025 por la Sección Segunda – Subsección A del
Consejo de Estado, dentro del expediente radicado bajo el número
76001233300020160021901.

2. Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia del Consejo
de Estado del 26 de junio de 2025, y en su lugar, ordenar que se
mantengan los efectos del fallo de primera instancia del 6 de febrero
de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que reconoció la existencia de una relación laboral encubierta entre el
suscrito y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA durante el
periodo comprendido entre el 27 de enero de 2006 y el 30 de junio de
2012.

3. En subsidio, y para el evento en que estime necesario un nuevo
pronunciamiento de fondo de, ordenar la a autoridad judicial
accionada que emita una nueva decisión, previa valoración integral del
material probatorio y con aplicación del precedente jurisprudencial
relevante, particularmente lo resuelto en los casos de Carlomán Arcila
Zuluaga, Luz Marina Páez Ruíz y Clara Inés Quevedo García.

4. Ordenar al SENA y a la autoridad judicial demandada que se
abstengan de incurrir nuevamente en actuaciones que vulneren los
derechos fundamentales del accionante, y que garanticen un trato
igualitario a todos los instructores en condiciones similares […]”. [Sic en
toda la cita y negrillas del texto original]

II. INTERVENCIONES

1. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA solicitó declarar improcedente la
presente acción de tutela al considerar que no tiene relevancia constitucional
y que no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, como
tampoco lo hizo el Consejo de Estado. Igualmente, advirtió que carece de
legitimación en la causa por pasiva.

2. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó
negar las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto el accionante no
señaló con precisión la prueba que presuntamente fue valorada de manera
arbitraria o irracional.

Sostuvo que en la providencia cuestionada se hizo un análisis integral del
acervo probatorio a partir del cual se concluyó que el accionante no tuvo una
relación laboral con la entidad.

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3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca envió el enlace del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con el núm. de radicación
76001-23-33-000-2016-00219-00.

III. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 18 de
septiembre de 2025, negó la solicitud de amparo.

Señaló que no se configuró el defecto fáctico alegado por el accionante, toda
vez que el juez de segunda instancia realizó una valoración probatoria
conforme a los principios de la sana crítica, de manera individual y conjunta, y
con base en criterios objetivos y razonables.

Indicó que en la sentencia cuestionada se hizo un análisis detallado del
material probatorio, tanto documental como testimonial, concluyéndose que
las pruebas no demostraban la existencia de una relación laboral subordinada,
sino el cumplimiento de obligaciones propias de un contrato de prestación de
servicios.

Manifestó que la conclusión del juez natural respecto de la inexistencia del
elemento de subordinación resulta razonable y se encuentra debidamente
sustentada en las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso. En
este sentido, los argumentos expuestos por el accionante en sede de tutela no
evidencian una irregularidad sustancial en la actividad probatoria, sino una
discrepancia subjetiva con la valoración realizada por el juez competente, lo
cual no habilita la procedencia del amparo constitucional.

Respecto del desconocimiento del precedente judicial, el a quo advirtió que los
fallos citados por el accionante presentan errores en su identificación y, en su
mayoría, fueron proferidos por una subsección distinta a la que emitió la
sentencia cuestionada. En este contexto, precisó que, tratándose de
precedente horizontal la observancia no es estricta y el juez conserva un
margen de interpretación conforme a su autonomía funcional, siempre que su

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decisión se mantenga dentro de los límites de la razonabilidad. Además, que
los casos invocados no presentan identidad fáctica ni jurídica con el asunto
objeto de análisis, por lo que no puede predicarse una contradicción con
precedente vinculante ni una transgresión al principio de igualdad.

Finalmente, concluyó que la decisión judicial impugnada se encuentra
debidamente motivada y no vulnera derechos fundamentales, razón por la cual
no se configura ninguna de las causales que habilitan la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

IV. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó el fallo de primera instancia por las siguientes razones:

Manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico al
omitir o valorar de manera irrazonable un conjunto probatorio esencial que
acredita subordinación continuada. La decisión judicial concluyó que los
documentos aportados solo evidencian obligaciones propias de un contratista,
sin considerar que varios elementos demuestran control institucional,
asignación de tareas, integración funcional y supervisión directa.

Al respecto, señaló que entre las pruebas omitidas se encuentran: i) el
memorando 76-9544-101 de 2011, mediante el cual el subdirector del Centro
de Biotecnología Industrial lo designa para realizar una evaluación técnica con
fechas específicas de cumplimiento; ii) la carta 76-9544-02 de 2011, en la que
el Coordinador Académico lo presenta como instructor institucional y solicita
su inclusión en un proceso de capacitación oficial; iii) los reportes del sistema
SOFIA Plus entre 2006 y 2012, que evidencian programación académica,
seguimiento y validaciones institucionales; iv) los horarios oficiales y
asignación de aulas en jornadas diurnas y nocturnas; y v) los informes
mensuales y actas con verificación por superiores.

Indicó que estas pruebas, en conjunto, configuran indicios de subordinación,
porque reflejan órdenes institucionales, control sobre tiempo, modo y lugar de

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ejecución y vinculación a funciones misionales del SENA. La exigencia de una
“orden expresa” en cada documento desconoce que la subordinación puede
acreditarse por la convergencia de actos administrativos, cronogramas
obligatorios y supervisión funcional.

Reprochó que el a quo no haya confrontado ni desvirtuado de manera
específica estos elementos, lo que constituye una omisión relevante en la
valoración probatoria y configura el defecto fáctico alegado.

Sostuvo que la decisión impugnada desconoce precedentes judiciales
aplicables que comparten identidad fáctica y jurídica con su caso, motivo por
el cual descartar dichos precedentes por diferencias accesorias o por
pertenecer a otra subsección, sin ofrecer una motivación reforzada que
justificara el apartamiento frente a hechos sustancialmente análogos vulnera
el principio de igualdad y el deber de coherencia jurisprudencial.

Aclaró que la sola pertenencia de un fallo a una subsección distinta no exime
del deber de coherencia jurisprudencial, especialmente cuando se trata de
decisiones dentro de la misma Sección del Consejo de Estado.

Finalmente, afirmó que la acción de tutela no constituye una tercera instancia,
sino un mecanismo excepcional orientado a corregir la afectación grave de
derechos fundamentales derivada de errores ostensibles en la valoración
probatoria y de una aplicación desigual del precedente judicial.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19912, en concordancia

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución

Política”.

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con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Cuestión previa

La Sala advierte que el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA solicitó su
desvinculación del presente trámite de tutela y que el juez de primera instancia
omitió pronunciarse al respecto, por tanto, en esta instancia se resolverá.

Precisado lo anterior, la Sala considera que, comoquiera que el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA fungió como parte procesal dentro del proceso
objeto de estudio, le asiste interés directo en la decisión de la acción
constitucional de la referencia, razón por la que se le negará la solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

3. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado3, la Sección debe
establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, si
ello es así, se deberá:

B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

3 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional4 como del Consejo
de Estado5 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.

Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental6 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces7.

4 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
5 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)

y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.
6 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428,

Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
7 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-
18.

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En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.

Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicación 76001-23-33-000-2016-00219-01.

Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial accionada haya incurrido en

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una arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual
se evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental” y mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.

Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está
asociada a que, a su juicio, la autoridad accionada no reconoció la existencia
de una relación laboral durante el periodo comprendido entre el 27 de enero
de 2006 y el 14 de agosto de 2015 con el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), pese a que se encontraban demostrados los elementos esenciales
del contrato de trabajo, especialmente la subordinación, circunstancia que se
traduce en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de
la causa judicial.

Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta trasgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con las decisiones adoptadas por las autoridades
accionadas como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so
pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su
naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.

Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección revocará el fallo impugnado
que negó el amparo deprecado por el actor y, en su lugar,
declarará improcedente la acción de tutela de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

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PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR el fallo de 18 de septiembre de 2025 proferido la
Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en su lugar, DECLARAR
improcedente la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta decisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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