Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04597-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04597-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04597-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
20 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04597-01
Accionante: JAIME ANDRÉS MEJÍA GÓMEZ
Accionado: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PLENA
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Solicitud de traslado de magistrado en
propiedad. Requisito de subsidiariedad por existir otro medio de
defensa judicial idóneo y eficaz
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Jaime Andrés Mejía Gómez, quien actúa en nombre propio,
contra la sentencia de 4 de septiembre de 2025, dictada por la Sección Primera del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 24 de julio de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad,
supuestamente vulnerados por la autoridad accionada.
En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
“Se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso administrativo y derechos
de carrera, y se ordene a la H. SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la respectiva
sentencia, formalice el traslado por razones de carrera judicial del suscrito Magistrado de
la Sala Única del Tribunal Superior de Pamplona, Norte de Santander, a la Sala Penal
del Distrito Judicial de Manizales, Caldas, teniendo en cuenta los criterios objetivos y
el principio del mérito que son propios del particular trámite, dejando sin efectos la
decisión de negarlo plasmada en el Acuerdo Nro. 2611 de 2025”.
2. Hechos
El accionante relató que al superar las pruebas del concurso de méritos, el 10 de
abril de 2014 se posesionó como magistrado en propiedad de la Sala Única del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona – Norte de Santander, cargo que
continúa ejerciendo.
Manifestó que en virtud del Acuerdo PCSJA17-10754 de 18 de septiembre de
20171, modificado por el Acuerdo PCSJA22-11956 de 17 de junio de 20222,
proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, solicitó el traslado bajo la
1 “Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras
disposiciones en la materia”.
2 “Por medio del cual se modifican los artículos décimo séptimo y vigésimo cuarto del Acuerdo
PCSJA17-10754 de septiembre 18 de 2017”.
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Accionante: Jaime Andrés Mejía Gómez
modalidad de “servidores de carrera” para la Sala Penal del Distrito Judicial de
Manizales, por encontrarse ahí su grupo familiar, y para los cargos que ocupaban
en provisionalidad los magistrados Rafael Alirio Gómez Sáenz y Paulina Juliana
Herrera Hoyos.
Indicó que el 21 de mayo de 2025, la Unidad de Administración de Carrera Judicial
emitió el oficio CJO25-2637 con un concepto favorable, el cual fue remitido a la
Corte Suprema de Justicia. Asimismo, agregó que fue el único funcionario que
presentó una solicitud de traslado, quedando tal petición incluida en el orden del día
del 5 de junio de 2025.
Finalmente, señaló que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia negó la
solicitud de traslado mediante el Acuerdo no. 2611 de 5 de junio de 2025, al
considerar que no se cumplió con el principio de mérito, y teniendo en cuenta el
criterio objetivo y razonado al cargo que aspiraba no tenía afinidad con el de
magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales,
debido a la estricta y exclusiva especialidad. Y concluyó que, en virtud del uso de la
facultad discrecional del nominador, el concepto favorable emitido por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial no tenía carácter vinculante.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora manifestó que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
fundamentó la negativa al traslado al señalar que no existe correspondencia en las
“funciones afines” entre la Sala en la que actualmente ejerce como magistrado y
aquella a la que aspiraba ingresar, aplicando un criterio de “estricta y exclusiva
especialidad”. A partir de ello, concluyó que no existía mérito suficiente en su perfil
para ocupar el cargo solicitado.
Asimismo, precisó que el concurso para proveer vacantes en la Sala Penal exigía
una evaluación más rigurosa en materia de especialidad que la prevista para las
Salas Únicas. Finalmente, señaló que la Corte Suprema de Justicia sustentó su
decisión adversa en su facultad discrecional como nominador y en el carácter no
vinculante del concepto favorable correspondiente.
No obstante, agregó que el artículo 132 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la
Administración de Justicia-, dispone que los cargos en la Rama Judicial se proveen
“1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan
superado todas las etapas del proceso de selección si el cargo es de carrera, o se
trate de traslado (…)”.
En relación con el criterio de falta de afinidad sostuvo que la autoridad judicial
accionada al resolver su solicitud de traslado, si bien hizo referencia en la parte
introductoria de su decisión al Acuerdo PCSJA22-11956 de 17 de junio de 2022, no
lo aplicó de manera material al momento de decidir de fondo.
A su juicio, ese aspecto revestía especial relevancia, toda vez que el artículo
vigésimo cuarto de dicho Acuerdo incorpora la denominada “tabla de afinidades”, la
cual fue ampliada y reglamentada expresamente para las Salas Únicas, pues dicha
tabla no se encontraba prevista con su respectivo asocio porcentual en los acuerdos
anteriores que regulaban la materia (PSAA10-6837 de 2010, PSAA12-9312 de
2012, PSAA12-9391 de 2012, PSAA13-9958 de 2013, PSAA13-9974 de 2013,
PSAA15-10344 de 2015 y PCSJA17-10754 de 2017).
Indicó que, dado que su carga laboral en materia penal superaba ampliamente el
porcentaje mínimo del 25% alcanzando un 34,88%, conforme se evidenciaba en el
concepto favorable emitido por la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
resultaba claro que cumplía con el criterio de afinidad previsto en el “artículo
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vigésimo cuarto (“Tabla de afinidades”) del Acuerdo PCSJA22-11956 de 17 de junio
de 2022. No obstante, afirmó que dicho precepto fue únicamente objeto de una
mención formal en el Acuerdo no. 2611 de 2025, mediante el cual se negó su
solicitud de traslado, sin que se valorara su contenido material ni su incidencia
directa en la decisión adoptada.
Manifestó que apartarse del procedimiento legalmente establecido para los
traslados y exigir como lo hizo el nominador, un criterio de estricta identidad temática
entre Salas, implicaba que solo podrían efectuarse traslados entre dependencias
con funciones idénticas, lo que en su caso anularía de plano el derecho al traslado,
pese a cumplir el requisito normativo de afinidad. Asimismo, precisó que igual
conclusión se obtenía si se adoptaba como en el Acuerdo no. 2611 de 2025 el
criterio de “exclusiva y estricta especialidad” como presupuesto del traslado previsto
en el Acuerdo PCSJA22-11956 de 2022, pues ello exigiría una coincidencia entre
los concursos de las distintas Salas, lo cual era materialmente imposible y vaciaría
de contenido las normas estatutarias y los acuerdos que regulan el derecho al
traslado entre Salas Mixtas y Especializadas. Y afirmó que en tales condiciones, los
traslados quedarían sujetos al arbitrio del nominador, desnaturalizando el principio
de mérito que orienta la carrera judicial y su régimen de garantías.
Agregó que ejerce sus funciones en la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pamplona con profesionalismo y compromiso, garantizando un servicio
judicial de igual calidad al de otros distritos del país. Señaló que, en materia penal,
ha participado en decisiones sobre bienes jurídicos fundamentales aplicando los
mismos criterios legales y jurisprudenciales que las Salas Especializadas.
Asimismo, aclaró que no se le ha señalado falta de idoneidad, conocimiento o
experiencia, por lo que no podía afirmarse que su traslado afectara la continuidad o
calidad del servicio, siendo improcedente desestimarlo únicamente por su
pertenencia a una Sala Única en la que ha servido por más de 11 años.
Finalmente, concluyó que el caso superaba una discusión de mera legalidad, pues
planteaba una controversia jurídica de especial relevancia constitucional
relacionada con el principio del mérito que regía la carrera judicial. Y manifestó que
al tratarse de un funcionario “con 11 años de excelente servicio en la actual, y para
el que cumple con absoluta claridad, a cabalidad, con todas las exigencias legales
estatutaria y los Acuerdos que las desarrollan y, no obstante, solamente por su
origen de Sala Única, bajo criterios de estricta y exclusiva especialidad, termina
esgrimiéndose falta de mérito y se le niega el derecho al traslado; igualmente, se
advierte el desconocimiento del debido proceso administrativo ante una decisión
negativa de traslado que no consulta los antecedentes fácticos, normativos y
jurisprudenciales que eran acá deducibles por parte de la H CSJ; aspectos que
entran en tensión con los derechos de funcionarios nombrados en provisionalidad”.
4. Oposición
4.1. Respuesta de la Corte Suprema de Justicia
El presidente de la Corte Suprema de Justicia rindió informe en el que solicitó que
se declare la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no es el mecanismo
idóneo para controvertir las decisiones de la Corporación, las cuales fueron
adoptadas en ejercicio de sus funciones constitucionales, a lo que agregó que el
ordenamiento jurídico prevé mecanismos de defensa como el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que el juez natural sea quien
determine la legalidad frente a quien considera perjudicados sus intereses.
Indicó que a la Corporación fue allegada copia del oficio CJO25-2637 de 21 de mayo
de 2025 proferido por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, mediante el
cual se remitió el concepto favorable de la solicitud de traslado del accionante. En
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ese orden de ideas, agregó que el mencionado oficio fue comunicado a la
magistrada Myriam Ávila Roldán, presidenta de la Sala de Casación Penal, toda vez
que la vacante donde se pedía el traslado era de esa especialidad.
Finalmente, remitió el trámite efectuado respecto de la solicitud de traslado del
accionante:
“1. Oficio OSG 2629, mediante el cual se le comunicó a la Dra. Myriam Ávila Roldán, copia
del oficio CJO25-2637 del 21 de mayo de 2025.
2. Escrito del señor Jaime Andrés Mejía Gómez, dirigido al Dr. Luis Benedicto Herrera Díaz
magistrado de la Sala de Casación Laboral.
3. CSG 1166 que contiene la parte pertinente del acta No. 34 correspondiente a la sesión
ordinaria de Sala de Gobierno celebrada el 3 de junio de 2025.
4.- CSG 1167 que contiene la parte pertinente del acta No. 13 correspondiente a la sesión
ordinaria de Sala Plena celebrada el 5 de junio de 2025.
5. Acuerdo N° 2611 del 5 de junio de 2025, por medio del cual se niega el traslado del Dr.
Jaime Andrés Mejía Gómez.
6. Solicitud de notificación del traslado allegada por el Dr. Jaime Andrés Mejía Gómez.
7. Oficios OSG 3042 Y 3043, mediante los cuales se le comunicó al Dr. Jaime Andrés Mejía
Gómez y a la directora de la Unidad de Administración de Carrera Notarial, la decisión de la
Sala Plena respecto de la solicitud de traslado del accionante.
8. Documentos allegados junto con el oficio CJO25-2774 del 27 de mayo de 2025, por medio
del cual la Dra. Claudia M. Granados R. directora de la Unidad de Carrera Judicial, comunica
a la Corporación el concepto favorable de traslado como servidor de carrera - Jaime Andrés
Mejía Gómez”.
4.2. Respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
Por intermedio de la directora rindió informe en el que solicitó la desvinculación de
la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, o declarar
improcedente el amparo pretendido porque no se observa que con el actuar
administrativo se haya afectado o desconocido los derechos fundamentales
invocados.
Sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura no debió ser parte accionada en
la presente acción de tutela, teniendo en cuenta que se trata de decisiones
administrativas de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de
autoridad nominadora para proveer el cargo de magistrado de la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, decisión en la cual no tuvo
injerencia la entidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 5° del artículo 131 de la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
Precisó que “el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la
Carrera Judicial carece de legitimación por pasiva, pues no es la autoridad
competente para decidir sobre el nombramiento de magistrados de tribunales. Su
función se limita a valorar los presupuestos necesarios para la emisión de concepto
previo, mientras que la decisión corresponde exclusivamente a la respectiva
autoridad nominadora —en este caso, la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia—, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Estatutaria
de la Administración de Justicia. En consecuencia, las pretensiones dirigidas contra
la Unidad deben ser desestimadas, ya que no tiene injerencia material en el acto
que se cuestiona”.
Finalmente, concluyó que no se han vulnerado, amenazado o puesto en riesgo los
derechos fundamentales invocados por el señor Jaime Andrés Mejía Gómez, toda
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vez que no es la autoridad competente para decidir sobre los nombramientos de los
magistrados de los tribunales judiciales.
4.3. Respuesta de los señores Paulina Juliana Herrera Hoyos y Rafael Alirio
Gómez Bermúdez
En condición de terceros con interés, rindieron informe en el que solicitaron que se
declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, comoquiera que el litigio versa sobre la validez de un acto
administrativo de carácter particular y la obtención de un efecto principal de
restablecimiento (orden de traslado). Por lo tanto, el ordenamiento jurídico prevé el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con la posibilidad de
solicitar medidas cautelares.
Manifestaron que “la procedencia excepcional de la tutela como mecanismo
transitorio exige la demostración de un perjuicio irremediable: grave, inminente,
urgente e impostergable. En este caso no se acredita tal afectación, pues el impacto
alegado es reparable mediante la vía ordinaria (incluso con medidas cautelares) y
no se evidencia vulneración de bienes jurídicos de alta entidad -como la vida, la
salud o el mínimo vital- que torne ineficaz el mecanismo judicial ordinario”.
Finalmente, aseveraron que al existir un medio judicial ordinario idóneo y eficaz y al
no demostrarse la configuración de un perjuicio irremediable, la acción de tutela no
cumplía con el requisito de subsidiariedad.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de 4 de septiembre
de 2025, declaró improcedente la acción de tutela, y resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva respecto de la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA
JUDICIAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.
El juzgador de primera instancia indicó que la acción de tutela no cumple con el
requisito de subsidiariedad porque el ordenamiento jurídico colombiano ha
establecido los mecanismos de defensa judicial para controvertir la legalidad de los
actos administrativos, y a través de los cuales se puede proteger oportunamente e
inmediata el derecho fundamental que el actor considera le ha sido vulnerado.
Manifestó que para demandar el acto administrativo acusado (Acuerdo no. 2611 de
5 de junio de 2025) expedido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el
legislador estableció en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo los medios de control, entre ellos, el de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Afirmó que “la pretensión del actor consistente en “[…] Se amparen mis derechos
fundamentales al debido proceso administrativo y derechos de carrera, y se ordene
a la H. SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA que, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la respectiva sentencia,
formalice el traslado por razones de carrera judicial del suscrito Magistrado de la
Sala Única del Tribunal Superior de Pamplona, Norte de Santander, a la Sala Penal
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del Distrito Judicial de Manizales, Caldas, teniendo en cuenta los criterios
objetivos y el principio del mérito que son propios del particular trámite, dejando
sin efectos la decisión de negarlo plasmada en el Acuerdo Nro. 2611 de 2025.
[…]”, debe analizarse por su juez natural ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, comoquiera que es el encargado de realizar el examen de legalidad
de dicho acto administrativo”.
Asimismo, agregó que la Ley 1437 de 2011 además de darle celeridad a los
procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene diferentes herramientas
jurídicas como los son las medidas cautelares, como la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se defina la
declaración o no de su nulidad. Por lo tanto, dichas herramientas demuestran la
efectividad del procedimiento ordinario cuando se advierte una situación que
necesite ser remediada antes de que se profiera una decisión definitiva.
Por último, consideró que no se advertía la existencia de un perjuicio irremediable
que hiciera procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, dado que
de los elementos de juicio obrantes en el expediente no era posible establecer dicha
circunstancia.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el señor
Jaime Andrés Mejía Gómez impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que
si bien en principio los actos administrativos que vulneran los derechos de carrera
pueden recurrirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo cierto es
que “la tutela procede de manera excepcional cuando se pretenda salvaguardar el
principio del mérito, concretamente en tratándose de traslados”. Y afirmó que se
desconoció la sentencia de unificación SU-452 de 2024 proferida por la Corte
Constitucional.
Y agregó que “en este caso se presenta una trascendente controversia jurídica que
involucra el principio constitucional del mérito de un funcionario de Carrera Judicial
que solicita un traslado de sede, con más de 11 años de excelente servicio en la
actual, y para el que cumple con absoluta claridad, a cabalidad, con todas las
exigencias legales estatutaria y los Acuerdos que las desarrollan, según se ha
discurrido. Pero, no obstante, y paradójicamente, esgrimiéndose falta de mérito, se
le niega el derecho al traslado, dejándose de lado “razones objetivas”, según se ha
discurrido ampliamente, entre otras cosas, sobre “afinidad” de funciones y su
regulación normativa. Así, se advierte el desconocimiento del debido proceso
administrativo ante una decisión negativa de traslado, que no consulta los
antecedentes fácticos, legales y jurisprudenciales que eran acá deducibles por parte
de la H CSJ; aspectos que entran en tensión con los derechos de funcionarios
nombrados en provisionalidad, que resultan privilegiados y garantizados, sobre los
del suscrito, un funcionario de carrera, quien cuenta frente a ellos con un “derecho
preferente de traslado”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.
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2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 4 de septiembre de 2025, mediante la cual la Sección
Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por
incumplir el requisito de subsidiariedad y, en su lugar, acceder a la protección
constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, por
la expedición del Acuerdo no. 2611 de 5 de junio de 2025, mediante el cual la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de traslado al cargo de
magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales.
3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la
acción de tutela (…)”.
En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario
de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares.
5. Estudio y solución del caso concreto
El señor Jaime Andrés Mejía Gómez, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela contra la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, por la
supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, con la expedición del Acuerdo no. 2611 de 5 de junio de 2025, mediante
el cual se le negó la solicitud de traslado al cargo de magistrado de la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, al considerar que, bajo el
criterio objetivo, concreto y razonado, dicho cargo no tenía afinidad con el que ejerce
actualmente (magistrado de Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pamplona).
En primera instancia, la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 4
de septiembre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela por desatender el
requisito de subsidiariedad, al considerar que el accionante tiene a su alcance otro
mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para ventilar las pretensiones
planteadas en la tutela como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho y, adicionalmente, precisó que tampoco procedía el mecanismo
constitucional para evitar un perjuicio irremediable.
En el escrito de impugnación, el accionante reiteró los argumentos del escrito de
tutela, y afirmó que si bien los actos administrativos que vulneran los derechos de
carrera pueden recurrirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo
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cierto es que “la tutela procede de manera excepcional cuando se pretenda
salvaguardar el principio del mérito, concretamente en tratándose de traslados”, y
señaló que se desconoció la sentencia de unificación SU-452 de 2024 proferida por
la Corte Constitucional.
En ese orden de ideas, dado que la inconformidad del actor se centra en la decisión
de improcedencia de la acción de tutela por no superarse el requisito de
subsidiariedad, corresponde a la Sala, previo al análisis del caso, determinar si para
este asunto particular y concreto en el que se controvierte la legalidad de un acto
administrativo, la intervención del juez constitucional se torna necesaria.
Sobre el particular, ha de indicarse que cuando se expiden actos administrativos
que ordenan o niegan el traslado de servidores públicos, la Corte Constitucional ha
establecido que, por regla general y en aplicación del requisito de subsidiariedad, la
acción de tutela es improcedente comoquiera que el mecanismo judicial idóneo para
controvertir este tipo de decisiones administrativas es el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho3.
No obstante, la Corte Constitucional también ha habilitado excepcionalmente la
procedencia de la acción de tutela para cuestionar los actos administrativos que
presuntamente lesionan derechos de carrera de funcionarios de la Rama Judicial
en el marco de controversias relacionadas con solicitudes de traslado o con
funcionarios que no son nombrados en una vacante pese a ocupar el primer lugar
de la lista de elegibles por haber aceptado el traslado de otro funcionario de carrera
a ese mismo cargo4.
Es decir, se han reconocido circunstancias excepcionales en las que la acción de
tutela puede proceder contra actos administrativos de traslado, las cuales, en
principio, se presentan cuando:
1. El medio de defensa judicial previsto por la ley no resulta idóneo ni eficaz frente a las particularidades
del caso; o
2. Aun existiendo un medio judicial idóneo, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En el primer supuesto, la tutela procede como mecanismo definitivo; en el segundo,
lo hace como mecanismo transitorio para evitar la consumación del perjuicio.
La Constitucional también ha precisado que un acto de traslado laboral vulnera o
amenaza derechos fundamentales cuando (i) sea ostensiblemente arbitrario, en el
sentido que haya sido adoptado sin consultar en forma adecuada y coherente las
circunstancias particulares del trabajador, e implique una desmejora de sus
condiciones de trabajo; y (ii) afecte de una forma clara, grave y directa los derechos
fundamentales del actor o de su núcleo familiar5.
Adicionalmente, para que sea procedente la acción de tutela, la Corte Constitucional
ha considerado que dichos presupuestos enunciados genéricamente “solo aplican
en situaciones en las que se evidencia la imposición de cargas desproporcionadas
e irrazonables para el trabajador y su familia, las cuales deben encontrarse
probadas en el expediente6”
3
Tal como lo ha reiterado la jurisprudencia en las sentencias T-653 de 2011, T-247 de 2012, T-095 de 2013, T-
338 de 2013, T-060 de 2015, T-159 de 2017, T-302 de 2019, T-468 de 2020, T-252 de 2021 y T-149 de 2022.
4
T-488 de 2004, T-953 de 2004, T-159 de 2017 y T-302 de 2019.
5 Sentencia T-149 de 2022, adoptado en la sentencia de 10 de agosto de 2023, CP Wilson Ramos Girón en la
acción de tutela con radicado núm. 1001-03-15-000-2023-03127-00 y visible en pronunciamientos de la Corte
Constitucional T-136 de 2023 y T-125 de 2024.
6
Sentencia T-149 de 2022 reiterada en sentencia T -125 de 2024.
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En relación con las solicitudes de tutela dirigidas a evitar la separación del núcleo
familiar, la Corte ha establecido que “debe tratarse de un distanciamiento que
materialmente derive en el rompimiento de los vínculos familiares7”
A su turno, para que sea procedente la tutela en defensa del derecho a la salud del
servidor o de algún familiar del solicitante, la Corte Constitucional ha precisado
que es necesario que exista un nexo causal entre la afectación del derecho a la
salud del miembro de la familia del peticionario y la necesidad de la reubicación o el
cambio de lugar de trabajo. Para comprobar la existencia de este vínculo, la Corte
ha determinado lo siguiente8:
a) La decisión sobre el traslado laboral genera serios problemas de salud,
especialmente porque en la localidad de destino no existan las condiciones para brindar
el cuidado médico requerido;
b) El traslado pone en peligro la vida o la integridad del servidor o de su familia;
c) Las condiciones de salud de los familiares del trabajador pueden incidir, dada su
gravedad e implicaciones, en la decisión acerca de la procedencia del traslado; y
d) La ruptura del núcleo familiar va más allá de la mera separación transitoria y de la
razonabilidad de la carga que se impone con el traslado.
Ahora bien, recientemente, en sentencia SU 452 de 20249, la Corte Constitucional
concluyó que “a pesar de la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y de que,
en principio, los actos administrativos que presuntamente lesionan los derechos de
carrera pueden recurrirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho e incluso se
pueden solicitar medidas cautelares conforme a lo previsto en los artículos 229 y
230 del CPACA, “la acción de tutela procede de manera excepcional para cuestionar
los actos administrativos de carácter particular y concreto que presuntamente
lesionan los derechos de carrera judicial cuando se pretenda salvaguardar el
principio del mérito”.
Es decir, a juicio de esta Corporación y siguiendo los diferentes pronunciamientos
del máximo órgano constitucional, corresponde al juez de tutela que conozca de
una controversia relacionada con temas de traslado de servidores judiciales,
estudiar el caso concreto en aras de determinar si procede en sede de tutela el
análisis de legalidad de los actos o si por las particularidades del caso, el asunto
debe ser de conocimiento del juez de lo contencioso administrativo cuando no
pueda a priori determinarse la falta de idoneidad o eficacia del medio de control
ordinario ni avizorarse de manera sumaria el desconocimiento del principio al mérito
o la configuración de un perjuicio irremediable.
Para el efecto y sin que sea una lista taxativa, se debe ponderar en cada caso si la
negación del traslado afecta de manera grave y directa los derechos fundamentales
del servidor judicial, siendo entonces relevante determinar si la negación de esa
solicitud (traslado) ocasiona: (i) problemas graves de salud para el trabajador,
especialmente si en la localidad donde labora no existen condiciones médicas
adecuadas para su tratamiento; (ii) riesgo para la vida o la integridad del servidor o
su familia; (iii) una ruptura del núcleo familiar que excede una separación razonable
y temporal, imponiendo una carga desproporcionada al servidor y; (iv) el
desconocimiento del principio del mérito, que puede darse entre otros, cuando se
privilegia un nombramiento en provisionalidad.
En ese escenario, por ejemplo, en la sentencia SU-452 de 2024, la Corte
Constitucional conoció de la controversia planteada por un magistrado de la otrora
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Chocó a
7
Corte Constitucional, sentencias T-149 de 2022, T-565 de 2014 y T-561 de 2013, entre otras.
8 Ver sentencias T-095 de 2013, T-252 de 2021, T-149 de 2022 y T-319 de 2016.
9 MP Jorge Enrique Ibáñez Najar.
9
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quien, pese a tener concepto favorable se le negó en el año 2022, su traslado a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas.
La petición de traslado en esa oportunidad se fundamentó en los artículos 134.3 y
152.6 de la Ley 270 de 1996 -vigente-, además se argumentó que el actor: “nació
en Manizales, la sede territorial del cargo al que aspira, lugar donde tiene su vida
personal y familiar, así como la posibilidad de cuidar su salud y la de su
esposa. Frente a este último punto indicó que su esposa y él están diagnosticados
con EPOC y que él tiene un antecedente de accidente cerebrovascular, por lo cual
debe someterse frecuentemente a exámenes y tratamientos médicos en la ciudad
de Manizales, dado que es un hecho público y notorio que la red hospitalaria y la
infraestructura de salud de Quibdó (…) padece de condiciones de extrema carencia,
por lo que el contacto con los médicos especialistas y los exámenes especializados
no pueden realizarse allí”.
En esa oportunidad, la Corte superó la subsidiariedad entre otras cosas porque la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial “adoptó y notificó una decisión
administrativa sin motivación alguna puesto que se limitó a señalar que había
decidido no acceder al traslado solicitado sin ahondar en las razones de dicha
decisión” y “a pesar de que la CNDJ dio a conocer al accionante la decisión
adoptada en la sesión de sala No. 084, esto solo ocurrió tres meses y medio
después de haberse adoptado la decisión”.
Además, porque los argumentos para negar el traslado se relacionaron con la
inexistencia de una lista de elegibles vigente para el cargo, por una parte y, por la
otra, con la posibilidad de proveer una vacante en la Rama Judicial mediante el
mecanismo de provisionalidad y el hecho de que el 11 de julio de 2022, otra abogada
se posesionó —en provisionalidad— en el cargo de magistrada en la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Caldas. Por ello, a juicio de la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial no había lista de elegibles ni tampoco vacante para el cargo
al que aspiraba el accionante, argumentos que para la Corte Constitucional no
resultaron admisibles pues no resultaba de recibo que un “nombramiento en
provisionalidad prime sobre el derecho al traslado de un funcionario de carrera”.
También concluyó que, en ese caso, el mecanismo de protección constitucional era
procedente de manera definitiva por cuanto la nulidad y restablecimiento del
derecho que fue presentada no resultaba idónea por las siguientes razones:
El caso involucra: (i) una controversia sobre el principio constitucional del mérito; (ii) una
posible tensión entre los derechos de carrera de un funcionario judicial que solicita el
traslado y los derechos de una funcionaria nombrada en provisionalidad generada por
la decisión de la CNDJ de darle prevalencia a los derechos de esta última y (iii) un
posible desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso administrativo con
ocasión, entre otras cosas, a una decisión presuntamente arbitraria de la CNDJ.
Tampoco resultaba eficaz dado que “primero, si bien se decretó una medida cautelar
en el proceso, esta se limitó a suspender la publicación del cargo de magistrado de
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial Caldas para traslado o nombramiento
en propiedad hasta que se decida de fondo el asunto, pero no ordenó el traslado
del accionante. Segundo, el medio de control fue interpuesto en mayo de 2023 y, a
pesar de las múltiples solicitudes del accionante para darle impulso al proceso —
como una solicitud de apertura de vigilancia judicial y dos solicitudes de
pronunciamiento de fondo— ha transcurrido más de un año y medio sin que el actor
cuente con una decisión definitiva que resuelva su situación jurídica concreta y les
brinde una protección oportuna a sus derechos”.
Es decir, en esa oportunidad la Corte Constitucional superó el requisito de
subsidiariedad por las especiales condiciones del caso, pues resultó
suficientemente probado la falta de motivación y notificación del acto, la ineficacia y
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falta de idoneidad del medio de control ordinario y la arbitrariedad de los argumentos
para negar el traslado, pues se indicó que el cargo no estaba vacante al estar
ocupado por una persona nombrada en provisionalidad.
En ese estado de cosas, descendiendo al caso concreto y conforme las pruebas
allegadas al trámite judicial y que interesan al proceso, se tiene que el ahora
tutelante, señor Jaime Andrés Mejía Gómez, superó el concurso de méritos y fue
posesionado en propiedad como magistrado de la Sala Única del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pamplona – Norte de Santander, el 10 de abril de 2014, cargo
que actualmente ejerce.
Se observa, además, que el 5 de noviembre de 2024, en virtud del Acuerdo
PCSJA17-10754 de 18 de septiembre de 2017, modificado por el Acuerdo
PCSJA22-11956 de 17 de junio de 2022, proferidos por el Consejo Superior de la
Judicatura, el actor solicitó el traslado bajo la modalidad de “servidores de carrera”
para la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, por
encontrarse ahí su grupo familiar, y para los cargos que ocupaban en
provisionalidad los magistrados Rafael Alirio Gómez Sáenz y Paulina Juliana
Herrera Hoyos.
Ante dicha solicitud, la Unidad de Administración de Carrera Judicial mediante oficio
CJO25-2637 de 21 de mayo de 2025 emitió concepto favorable para la solicitud de
traslado presentada y lo remitió oportunamente a la Corte Suprema de Justicia, que
en Sala Plena mediante Acuerdo no. 2611 de 5 de junio de 2025 resolvió negar la
solicitud de traslado, al considerar que “el cargo que ostenta actualmente como
magistrado de Sala Única de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, no
tiene funciones afines, bajo un criterio de estricta y exclusiva especialidad, con el
cargo al que pretende su traslado, esto es, el de magistrado de Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales”.
La Sala precisa que no obra en el expediente de tutela constancia alguna que de
cuenta que frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, contenida en el
acto administrativo de 5 de junio de 2025, el actor hubiere acudido a la jurisdicción
contencioso administrativa, por el contrario, la evidencia permite inferir que acudió
de manera directa a este medio de protección de derechos fundamentales por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales y el principio al mérito.
Así las cosas, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, así como los
pronunciamientos de esta Sala de Sección Cuarta10, procede analizar si en este
caso, se configuran supuestos especiales y de tal trascendencia que habiliten la
procedencia de la acción de tutela.
Para el efecto, se observa que el accionante actualmente se encuentra vinculado a
la Rama Judicial en propiedad en el cargo de magistrado de la Sala Única del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona – Norte de Santander, mediante
concurso de méritos, es decir, ya cuenta con un empleo estable, lo que descartaría
que su derecho al trabajo o mínimo vital esté siendo vulnerado de manera
irremediable, tampoco se evidencia una situación que implique la afectación de su
núcleo familiar, no se observan problemas relevantes de salud que no puedan ser
atendidos en su localidad, ni que su vida o integridad personal se encuentren en
peligro. Adicionalmente, se advierte que el motivo para negar la solicitud de traslado
se dio por falta de afinidad en las funciones por un criterio de estricta y exclusiva
especialidad, por lo que a priori no puede entenderse como desconocido el principio
al mérito, sino que obedece a una valoración realizada por el nominador.
10 Sentencia de 10 de agosto de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-03127-00, M.P. Wilson Ramos
Girón. SV Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Adicionalmente, tampoco se indicó ni se sustentaron los motivos por los cuales, el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho regulado en el artículo
138 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA11, no es idóneo ni eficaz para resolver la
controversia. Por el contrario, a juicio de la Sala, este medio de defensa judicial
estaba vigente al momento de presentar la demanda de tutela y no validar su
procedencia implicaría desconocer la naturaleza sumaria y subsidiaria de la acción
de tutela y, por contera, desconocer que el ordenamiento jurídico ha previsto un
medio de defensa judicial con la aptitud o idoneidad suficiente para ventilar estas
controversias de naturaleza estrictamente legal.
En ese sentido, la Sala resalta que la parte actora puede solicitar medidas
cautelares, las cuales ofrecen una protección adecuada y eficaz, pues de
conformidad con el artículo 229 del CPACA, pueden adoptarse en cualquier etapa
del proceso, incluso antes de que se notifique el auto admisorio de la demanda.
Asimismo, el artículo 230 ibídem establece que pueden tener carácter preventivo,
conservativo, anticipativo o suspensivo. En consecuencia, el juez contencioso
administrativo puede suspender provisionalmente los efectos de un acto o
procedimiento administrativo, sin importar su naturaleza o puede decretar medidas
innominadas como que no se provea en propiedad alguna las vacantes a las que
aspira el demandante o proceda con un traslado transitorio mientras se define de
fondo el debate legal.
Por lo tanto, no puede perderse de vista que las medidas cautelares en últimas son
medios preliminares dotados de eficacia para la protección de derechos
fundamentales y fueron concebidas como una garantía efectiva y material del
acceso a la administración de justicia que deben tener en cuenta no sólo
presupuestos legales, sino también constitucionales y convencionales para su
procedencia12.
Es decir, que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuenta en la
actualidad con las herramientas necesarias para garantizar la protección de los
derechos fundamentales de forma igual o superior al de la acción de tutela, por parte
de los jueces especializados en los asuntos del contencioso administrativo y
también encargados de la protección de los derechos fundamentales13.
De manera que como en el caso concreto no se configura una situación especial de
urgencia o inminencia, ni están dados los supuestos de procedencia excepcional de
la acción de tutela, corresponde al interesado acudir a los medios ordinarios de
defensa, para que el juez natural del caso determine con base en las pruebas
aportadas por las partes, si la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia
es ilegal y arbitraria.
En suma, la acción de tutela para este caso particular y concreto no procede como
mecanismo de protección definitivo ni transitorio, por la existencia de otro medio de
defensa judicial como lo es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que
resulta ser eficaz e idóneo para debatir ante el juez natural la legalidad de la decisión
que culminó negando el traslado solicitado por el actor. En ese escenario, procede
confirmar la decisión que declaró la improcedencia de la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
11 “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir
que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho;
también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas
en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo
general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en
tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de
ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”.
12 Sentencia T-179 de 2023 MP Alejandro Linares Cantillo.
13 Ibidem.
12
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2025, por la
Sección Primera del Consejo de Estado.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salva voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
13
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