Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04599-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04599-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-04599-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04599-00
Accionante: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente el amparo porque no cumple con el requisito de legitimación en
la causa por activa.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural contra el Tribunal Administrativo de La Guajira.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó, a través de apoderado
judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y al mínimo vital y móvil, cuya vulneración le atribuyó a
las providencias de 25 de septiembre de 2024 y 21 de enero de 2025, proferidas
por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dentro de la acción de tutela con
número de radicación 44001-23-40-000-2017-00250-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Señaló que los señores Adolfo González Epieyú, Luzmila Ipuana Epieyú, Edinson
González, Danis García y Guillermina Urrariyú, actuando en nombre propio y en
calidad de autoridades tradicionales de las comunidades indígenas de Warruttou,
Waraliet, Juisharou, Topia y Tres Bocas, respectivamente, jurisdicción del municipio
de Uribia, presentaron acción de tutela con número de radicación 44001-23-40-000-
2017-00250-001, mediante la cual solicitaron la protección de los derechos
fundamentales a la vida, a la dignidad humana, al mínimo vital en agua potable, a la
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Acumulado con los procesos identificados con radicaciones núms. 44001-23-40-000-2017-00237-00, 44001-23-40-000-
2017-00242-00, 44-001-23-40-000-2017-00246-00 y 44-001-23-40-000-2017-00245-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
igualdad y a la diversidad étnica y cultural de los miembros de las comunidades que
representan, por la falta de suministro de agua potable que impide la satisfacción de
otras necesidades básicas.
2.2. Manifestó que, mediante la sentencia de 21 de septiembre de 2017, el Tribunal
Administrativo de La Guajira amparó los derechos fundamentales incoados y, en
consecuencia, dispuso “[…] reitérense a las entidades demandadas y vinculadas -
Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Viceministerio de Agua y
Saneamiento Básico – Municipio de Uribia - Empresa de Acueducto, Alcantarillado,
Aseo y Energía de Uribia S.A.S. E.S.P. – Administradora Temporal para el sector
del Agua Potable y Saneamiento básico en el Departamento de La Guajira, las
órdenes judiciales dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, esta Corporación y el Tribunal Superior de esta ciudad, los días 11
de diciembre de 2015, 24 de agosto y 31 de mayo de 2016, respectivamente,
descritas en la parte motiva de esta providencia, relacionadas con el suministro de
agua potable a las comunidades indígenas demandantes […]”. [Negrilla fuera de
texto].
2.3. Indicó
que contra dicha sentencia se interpuso impugnación, sin embargo, el
Tribunal mediante auto de 5 de octubre de 2017 la rechazó por extemporánea.
2.4. Expuso que, mediante auto de 26 de enero de 2018, la Corte Constitucional
seleccionó el expediente para revisión y profirió la sentencia T-415 de 10 de octubre
de 2018 en la que resolvió:
“[…] Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada en el curso del
presente proceso.
Segundo.- CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo del veintiuno (21) de septiembre
de 2017 proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira y, en
consecuencia, TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana
y al agua potable (en su faceta subjetiva para consumo humano ) de los miembros de
las comunidades indígenas de Warrutou, Warraliet, Juisharou, Topia y Tres Bocas,
ubicadas en el municipio de Uribia –La Guajira, de conformidad con lo establecido en
la sentencia T-302 de 2017 que declaró la existencia de un estado de cosas
inconstitucional en la materia.
Tercero.- ORDENAR que el Tribunal Contencioso Administrativo de la
Guajira, INFORME a los accionantes que la sentencia T-302 de 2017 que declaró el
estado de cosas inconstitucional en este sentido, y que esta declaración cobija la
situación de las comunidades wayuu tutelantes, todas ubicadas en el municipio de
Uribia del departamento de La Guajira, razón por la cual, su situación debe ser atendida
por las autoridades vinculadas a la superación del mencionado estado de cosas
inconstitucional.
Cuarto.- ORDENAR a las entidades accionadas dentro de este trámite a divulgar esta
sentencia con cada uno de los miembros del Mecanismo Especial de Seguimiento y
Evaluación de Políticas Públicas al que hace referencia la sentencia T-302 de 2017
[…]”. [Negrilla y mayúscula original del texto].
2.5. Relató que respecto de dicha decisión se presentó incidente de desacato y el
Tribunal, mediante auto de 25 de septiembre de 2024, resolvió:
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“[…] PRIMERO: DECLARAR que han incurrido en conducta de desacato sancionable,
con ocasión de las órdenes contenidas en la Sentencia T-415 de 10 de octubre de
2018, dictada por la Corte Constitucional en el expediente de la referencia (que
confirmó parcialmente el fallo de fecha 21 de septiembre de 2017 proferido por el
Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira), los doctores Jaime Luis Buitrago
García–Alcalde del Municipio de Uribia-; Martha Viviana Carvajalino Villegas -Ministra
de Agricultura y Desarrollo Rural y José Ricardo Hurtado Chacón -Subdirector para el
Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Lo anterior, conforme se expuso en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR que no han incurrido en conducta de desacato sancionable,
con ocasión de las órdenes contenidas en el fallo de tutela antes referenciado los
incidentados Ediño de Jesús Vides Guerra -Gerente de la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica de Uribia S.A.S. E.S.P.-, Andreina Susana
García Pinto – Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira “ESEPGUA
S.A. E.S.P-, Helga María Rivas Ardila – Ministra de Vivienda Ciudad y Territorio-, Jairo
Aguilar Deluque-Gobernador de La Guajira-, Guillermo Alfonso Jaramillo - Ministro de
Salud y Protección Social-, Andrea Feo Mahecha - Directora de Inclusión productiva
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Rodrigo Elías Daza Vega
-Director (E) de la Regional Guajira-, Mario Alejandro Valencia Barrera -Subdirector
General de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de
Planeación- Luz Marina Múnera Medina -Consejera Presidencial para las Regiones-
Luis Carlos Leal Angarita –Superintendente Nacional de Salud-. Lo anterior, por las
razones precisadas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se impone una sanción
equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a cargo de cada
uno de los sancionados […]”. [Negrilla, subrayado y mayúscula del texto original].
2.6. Señaló que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto de 7 de
noviembre de 2024, resolvió el grado jurisdiccional de consulta y confirmó la sanción
por desacato impuesta a los señores Jaime Luis Buitrago García y Martha Viviana
Carvajalino Villegas y, por el contrario, revocó la sanción impuesta al señor José
Ricardo Hurtado Chacón.
2.7. Indicó que el Tribunal, mediante auto de 21 de enero de 2025, resolvió obedecer
y cumplir lo ordenado por el Consejo de Estado en el auto que confirmó la sanción.
2.8. Adujo que las providencias de 25 de septiembre de 2024 y 21 de enero de 2025
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al mínimo vital y móvil por incurrir en los defectos fáctico
y sustantivo, así como en desconocimiento de precedente jurisprudencial.
2.9. Precisó que a la ministra sancionada no le es exigible la función por la que se le
sanciona, en la medida en que mediante el Decreto 1300 de 18 de octubre de 2024
se aprobó su solicitud de impedimento frente a asuntos que tengan relación con el
cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, proferida por la Corte Constitucional,
en razón a su intervención como agente del Ministerio Público en calidad de
Procuradora Judicial Agraria y Ambiental asignada al seguimiento de aquella
decisión.
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2.10. En ese sentido, indicó que no se le puede hacer juicio de imputación debido a
que no puede ejecutar acciones concretas para cumplir con lo requerido sin invadir
la competencia de la ministra ad hoc, quien es la encargada de acuerdo con las
Circulares núms. 0001 de 21 de noviembre de 2024 y 0002 de 4 de marzo de 2025.
2.11. Sostuvo que “[…] con la decisión mediante la cual se impone la sanción, se incurrió
en error porque se pretermitió el análisis sobre los criterios de imputación y en tal
sentido cualquier razonamiento sobre la intención de producir el resultado dañino
en la actuación judicial y además la afectación efectiva de los bienes jurídicos
protegidos, corre la suerte de dicho yerro, en caso que existiera, pero es ayuno (sic)
el fallo del accionado en mencionar o hacer énfasis o análisis en esa intención de
producir un daño […]”. [Negrilla de texto original].
2.12. Señaló que “[…] [s]i bien en los dos reportes se informa sobre la suscripción de
convenios que datan del 2023, en el reporte que se realizó en marco del incidente
de desacato se indicaron algunas gestiones que corresponde a la vigencia 2024 y
que tienen sus soportes en el expediente contractual respectivo que no fue aportado
pero que dicha falta de aportación no indica como se aseveró la falta de
materialización […] no obstante para otorgar mayor detalle y certeza de
materialización de las gestiones se entregan más datos en el informe adjunto […]”
en donde, a su juicio, se demuestran las gestiones que la entidad ha desplegado en
vigencias 2023, 2024 y 2025.
2.13. Refirió que “[…] se expusieron las reglas jurisprudenciales que existen sobre el
ejercicio de los poderes correccionales del juez, pero respecto dichos argumentos
el juez no hizo reparo alguno y no tuvo en cuenta nada del precedente que sobre el
particular se informó […]”, como por ejemplo la sentencia C-203 de 2011 en la cual
se sostuvo que “[…] iii) La imposición de la multa debe en todo caso estar
antecedida de una actuación que cumpla con los ingredientes mínimos del debido
proceso (publicidad, contradicción y defensa). […] iv) Adicionalmente, la imposición
de la sanción debe provenir de una valoración sobre los criterios de imputación que
permitan verificar la intención de producir el resultado dañino en la actuación judicial
y además la afectación efectiva de los bienes jurídicos protegidos de la
administración de justicia […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 5.1. Que, como consecuencia del amparo constitucional, se deje sin
efectos lo resuelto mediante providencia del 25 de septiembre de 2024, y [a]uto,
fechado veintiuno (21) [de] enero de dos mil veinticinco (2025) proferidos por el
Tribunal Administrativo de [L]a Guajira que mediante (sic) impuso sanción
equivalente a tres salarios mínimos mensuales a la Dra. Martha Viviana
Carvajalino Villegas, [m]inistra de Agricultura y Desarrollo Rural, ordenando la
devolución de las sumas recaudadas por concepto de pago de incidente de
desacato a:
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BANCO GNB SUDAMERIS
Empresa: Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura.
Código: […]
Valor: $4.270.500
Referencias: […]
CC. […]
5.2. Que, en su lugar, se declare la nulidad del debido proceso y se ordene al
accionado rehacer la actuación por violación a los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, buen nombre y honra
[…]”. [Negrilla y mayúscula original del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 1.° de agosto de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela y negó la solicitud de medida
provisional. Asimismo, se vincularon en calidad de terceros con interés directo en el
resultado del proceso a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y
Energía del municipio de Uribia S.A.S. E.S.P., al municipio de Uribia y a los señores
Adolfo González Epieyú, Luzmila Ipuana Epieyú, Édison González, Danis García,
Guillermina Urrariyú, Jaime Luis Buitrago García, Ediño de Jesús Vides Guerra,
Andreina Susana García Pinto, Helga María Rivas Ardila, Jairo Aguilar Deluque,
Guillermo Alfonso Jaramillo, Martha Viviana Carvajalino Villegas, Andrea Feo
Mahecha, Rodrigo Elías Daza Vega, José Ricardo Hurtado Chacón, Mario Alejandro
Valencia Barrera, Luz Marina Múnera Medina y Luis Carlos Leal Angarita.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a los sujetos
vinculados, se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio indicó que “[…] no se opone ni
coadyuva las pretensiones formuladas en esta acción de tutela […] [debido a que]
no ha participado en los hechos que originaron la presente controversia, no profirió
ni ejecutó las providencias judiciales cuestionadas, ni tiene competencia funcional
o legal frente a las actuaciones surtidas en el marco del incidente de desacato que
dio lugar a la sanción impuesta […]” y, al encontrar configurada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva, solicitó ser desvinculado del proceso.
5.2. La Sección Cuarta del Consejo de Estado señaló que “[…] en el presente caso
no se menciona mi despacho como una de las autoridades que presuntamente se
encuentran vulnerando los derechos de la parte actora, de ahí que se deba declarar
la falta de legitimación en la causa por pasiva […] y, en consecuencia, se disponga
la desvinculación del despacho a mi cargo del presente trámite constitucional […]”.
5.3. El Tribunal Administrativo de La Guajira solicitó “[…] declarar improcedente la
pretensión de amparo de la referencia, por no cumplir con los presupuestos
generales de procedencia de la acción de tutela, consistentes en la legitimación en
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la causa por activa e inmediatez […]”, en la medida en que “[…] la señora ministra
es la directa afectada […] en tanto que las sanciones por incumplimiento de las
órdenes de tutela no son de índole institucional, sino que tienen carácter personal
[…]. Así, la señora ministra es la legitimada para solicitar el amparo de los derechos
fundamentales invocados y no la cartera ministerial […]”.
5.4. Agregó que no se cumplió con el requisito de inmediatez por cuanto el auto de
consulta que dejó en firme la sanción fue notificado el 19 de noviembre de 2024 y
no fue sino hasta el 24 de julio de 2025, cuando ya había transcurrido el término de
6 meses, que se interpuso la acción de tutela. Además, respecto a que la ministra
sancionada fue separada de las actuaciones relacionadas con el seguimiento de la
sentencia T-302 de 2017, indicó que “[…] la conducta que originó la sanción por
desacato en el incidente No. 4 ocurrió con anterioridad a la expedición del Decreto
1300 de 18 de octubre de 2024 [que aceptó el impedimento] y […] tal situación no
fue alegada y, mucho menos, acreditada dentro del trámite incidental [...]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195,
modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T-1001 de 20067, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]’ […]” (Negrilla fuera del
texto).
9. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio fue parte
demandada dentro de la acción de tutela cuestionada por el accionante, la Sala
considera que a esta entidad sí le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta
acción constitucional.
10. Respecto de la Sección Cuarta del Consejo de Estado se tiene que fue la autoridad
judicial que mediante auto de 7 de noviembre de 2024 resolvió el grado jurisdiccional
de consulta del incidente de desacato debatido, por lo que la Sala considera que le
asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional.
11. Por lo anterior, se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
12. De acuerdo con la situación fáctica planteada la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia. Y, si ello es así, se deberá determinar:
b) Si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al mínimo vital y
móvil, por incurrir presuntamente en los defectos fáctico y sustantivo, así
como en desconocimiento de precedente jurisprudencial.
13. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones proferidas dentro del trámite incidental de desacato; iii) análisis
del caso concreto.
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VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
14. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
15. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
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Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04599-00
Accionante: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.
19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
20. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. Sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas
dentro del trámite incidental de desacato en un proceso de tutela
21. Frente a la procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven
incidentes de desacato, la Corte Constitucional12 ha señalado que este mecanismo
procede excepcionalmente en contra de providencias proferidas en el trámite del
incidente de desacato, cuando se generen situaciones que vulneren derechos
fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso de cualquiera de las
personas que fueron parte en la tutela previamente resuelta.
22. Precisamente, a través de la sentencia SU- 034 de 2018, la Corte Constitucional
condicionó la procedencia de la acción de tutela contra los autos que resuelven un
incidente de desacato, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
“[…] i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada;
es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de
finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una
de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes
con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que
a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron
pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar
de oficio […]”.
VI.6. El caso concreto
23. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó, a través de apoderado
judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Ver sentencias T- 271 de 12 de mayo de 2015, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. T-010 de 20 de enero
de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04599-00
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la administración de justicia y al mínimo vital y móvil, cuya vulneración le atribuyó a
las providencias de 25 de septiembre de 2024 y 21 de enero de 2025, proferidas
por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dentro de la acción de tutela con el
número de radicación 44001-23-40-000-2017-00250-00.
24. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento del requisito de
legitimación en la causa por activa respecto del accionante.
VI.6.1. De la falta de legitimación en la causa por activa del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural
25. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la
prestación de un servicio público.
26. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 1991, que se refiere a la
legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:
“[…] LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.
27. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i) cuando
la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es promovida
por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de amparo es
interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa en calidad de
agente oficio del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del agenciado de
actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida por el Defensor
del Pueblo o los personeros municipales.
28. También ha precisado la Corte Constitucional que la legitimación en la causa por
activa “[…] no es otra cosa que el reconocimiento de la titularidad subjetiva de los
derechos fundamentales de quien presenta la acción […]”13 y, en ese mismo
sentido, ha indicado que:
“[…] Desde sus inicios, particularmente en la sentencia T-416 de 1997, la Corte
Constitucional estableció que la legitimación en la causa por activa constituye
13
Corte Constitucional, sentencia T–086 de 2010.
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un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la
calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en
el proceso de tutela.
Más adelante, la sentencia T-086 de 2010 reiteró lo siguiente con respecto a la
legitimación en la causa por activa como requisito de procedencia de la acción
de tutela:
‘Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la
acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra
persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos
fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado
judicial o aun de agente oficioso’.
Asimismo, en la sentencia T-176 de 2011 este Tribunal indicó que la
legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona
que presenta la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto
del amparo que se solicita al juez constitucional, de tal forma que fácilmente el
fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del
demandante.
En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-435 de 2016, al
establecer que se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción
de tutela siempre que se presenten las siguientes condiciones: (i) que la
persona actúe a nombre propio, a través de representante legal, por medio de
apoderado judicial o mediante agente oficioso; y (ii) procure la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales’14 […]”.
29. En ese sentido, en el supuesto en que quien interponga la acción sea un tercero
obrando en defensa de los intereses de otro, deberá invocar expresamente alguna
de las calidades antes mencionadas, por cuanto, para efectos de determinar si
existe o no legitimación en la causa por activa, al juez le corresponde verificar de
manera precisa quién es el titular del derecho fundamental que está siendo
vulnerado y cuál es el medio a través de cual acude al amparo constitucional 15.
30. Frente al anterior escenario es pertinente precisar que si media representación
por mandato concedido a un profesional del derecho debe allegarse con la demanda
el poder especial que faculta al abogado para actuar en nombre y representación
del afectado16.
31. Finalmente, es importante resaltar que respecto de las personas jurídicas de
derecho público la Corte Constitucional ha precisado que están legitimadas para
impetrar acciones de tutela cuando consideren que se han visto vulnerados o están
siendo amenazados sus derechos fundamentales, siempre que esos derechos por
su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas17.
32. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que el accionante solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al mínimo vital y móvil, cuya vulneración atribuyó a las
providencias de 25 de septiembre de 2024 y 21 de enero de 2025, proferidas por el
14
Corte Constitucional, sentencia T–511 de 2017.
15
Corte Constitucional, sentencia T-430 de 2017.
16
Corte Constitucional, sentencia T-552 de 2006.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-447 de 2011.
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Tribunal Administrativo de La Guajira, dentro de la acción de tutela con número de
radicación 44001-23-40-000-2017-00250-00.
33. Mediante las providencias citadas supra, la autoridad judicial accionada sancionó
por desacato a los señores Jaime Luis Buitrago García (alcalde del municipio de
Uribia), Martha Viviana Carvajalino Villegas (ministra de Agricultura y Desarrollo
Rural) y José Ricardo Hurtado Chacón (subdirector para el Manejo de Desastres de
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre), siendo este último
exonerado por auto proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en grado
de consulta.
34. Esta Sección ha sostenido en su jurisprudencia que solo las personas
sancionadas por el desacato de una orden proferida en un proceso judicial se
encuentran legitimados para cuestionar este tipo de decisiones, en razón a la
naturaleza personal y no institucional de estas sanciones.
35. Al respecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de
14 de marzo de 202418, señaló lo siguiente:
“[…] 3.3.2. De la falta de legitimación en la causa por activa para
controvertir el auto del 4 de diciembre de 2023
[…]
3.3.2.2. Vistas así las cosas, la Sala advierte que la apoderada del Municipio de
Sopó, impetró la acción de tutela de la referencia con la finalidad de
salvaguardar, entre otros, los derechos fundamentales a la libertad, honra, buen
nombre y dignidad, de los funcionarios públicos de Municipio de Sopó, los
cuales, fueron presuntamente vulnerados con la apertura del incidente de
desacato por el incumplimiento de lo ordenado en la medida cautelar de
urgencia adoptada en la providencia del 24 de noviembre de 2023, dentro del
medio de control de protección de derechos e intereses colectivos que se
identifica con el número de radicado 25000 23 15 000 2001 00479 02.
Se deriva de lo expuesto que para la presente acción de amparo no se halla
acreditado el requerimiento de legitimación al que se ha aludido, toda vez que
el poder que reposa en el plenario fue otorgado por un ente territorial (una
persona jurídica, el Municipio de Sopó), es decir, por un sujeto distinto al que
invoca la trasgresión de sus derechos, que, entre otros, para el caso resulta ser
el señor Miguel Alejandro Rico Suárez, quien para ese entonces ostentaba la
calidad de Alcalde del ente territorial accionante, así como los demás
funcionarios de ese Municipio frente a los cuales se dio apertura al desacato
[…]”.
36. Igualmente, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia de 18 de octubre de 202319, sostuvo:
“[…] De acuerdo con lo citado, esta Sala de Subsección encuentra que la
solicitud de tutela va encaminada a que se deje sin efectos la sanción impuesta
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 14 de Marzo de 2024, Exp. núm.
11001-03-15-000-2023-07646-00. C.P. Oswaldo Giraldo López.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 18 de octubre de 2023, Exp.,
núm. 11001-03-15-000-2023-04338-00, C.P.: Gabriel Valbuena Hernández.
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contra el señor Daniel Quintero Calle, en su calidad de entonces alcalde y
representante legal del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Medellín en
providencia del 20 de abril de 2023 […].
[…]
En ese sentido, dada la naturaleza disciplinaria del incidente de desacato, la
sanción que se imponga por el desconocimiento de una orden de tutela recae
en cabeza de la persona encargada del cumplimiento del mandato judicial y es
sobre ella que se sustrae el acatamiento de la sentencia […]”.
37. En el caso objeto de estudio, la sanción por desacato fue impuesta a la señora
Martha Viviana Carvajalino Villegas, y no al Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, por lo que esta entidad carece de legitimación en la causa por activa, para
cuestionar las providencias que sancionaron a la citada funcionaria.
38. Igualmente, tampoco convergen los requisitos para reconocer al accionante como
agente oficioso de la señora Martha Viviana Carvajalino Villegas, en razón a que en
el escrito de tutela no se manifestó que se actuaba en calidad de agente oficioso y
no se acreditó que la agenciada se encontraba imposibilitada para interponer por sí
misma la acción de tutela.
39. Conforme a lo indicado, la Sala declarará improcedente esta acción de tutela
presentada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por falta de
legitimación en la causa por activa, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Accionante: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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