Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04611-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04611-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04611-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04611-00
Accionante: NERIO ALEXANDER BASTIDAS PADILLA
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
Tema: ACCIÓN DE TUTELA. Se declara improcedente el mecanismo de
amparo. El accionante dispone de otro medio de defensa judicial para la
salvaguarda de su derecho fundamental.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Consejo
Superior de la Judicatura y la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Cúcuta.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señorNerio Alexander Bastidas Padilla solicitó el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó al Consejo Superior
de la Judicatura y a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta
con ocasión de su exclusión de la nómina de empleados de la Rama Judicial como
consecuencia de la desvinculación del cargo de oficial mayor que venía
desempeñando en el Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Cúcuta.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que mediante Resolución núm. 003 de 10 de abril de 2024 fue nombrado
en provisionalidad para ocupar el cargo de oficial mayor del Juzgado Décimo
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta.
2.2. Refirió que la médica general de la E.P.S. Sanitas le concedió una incapacidad
médica por 10 días desde el 15 al 24 de julio de 2025.
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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
2.3. Indicó que estando en incapacidad médica, el Juzgado mediante Resolución
núm. 026 de 21 de julio de 2025 le notificó la desvinculación al cargo en forma
definitiva.
2.4. Manifestó que mediante petición del 22 de julio de 2025 le solicitó al Área de
Talento Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta:
“[…] que la prenomina del mes de julio hogaño, se liquide de manera completa,
ya que si los 21 días liquidados obedecen a la expedición de la Resolución 026
del 21 de julio de 2025 por medio de la cual se me desvincula, la misma no se
encuentra en firme ni ejecutoriada para que surta efectos legales, hasta tanto,
y, respecto de esta no se agoten los recurso (sic) de Ley, y esta quede
debidamente ejecutoriada, tal como se puede observar en el numeral 4 de la
referido Acto Administrativo […]”
2.5. Señaló que la anterior petición fue negada mediante comunicación del 23 de
julio de 2025 en los siguientes términos:
“[…] me permito informarle que no es posible efectuar la liquidación completa
de la nómina correspondiente, debido a que, si bien su desvinculación fue
formalizada a partir del 21 de julio de 2025, esta situación no se rige
exclusivamente por lo dispuesto en la Resolución No. 026 del mismo día, la
cual constituye es más una formalización administrativa, por cuanto a lo que se
está atendiendo es a lo resuelto en la Resolución No. 003 del 10 de abril de
2024, mediante la cual se efectuó su nombramiento en provisionalidad. En este
acto administrativo se estableció expresamente que su vinculación tendría
vigencia hasta tanto el cargo fuera provisto en propiedad, tal como
efectivamente ocurrió.
[…]
Es importante precisar que el día 21 de julio de 2025 se recibió la novedad
correspondiente a la posesión en propiedad de una persona proveniente del
registro de elegibles, quien fue designada legalmente para ocupar el mismo
cargo que usted venía ejerciendo en calidad de provisional, en consecuencia,
su desvinculación opera de pleno derecho, en virtud del nombramiento y
posesión efectiva en propiedad, sin que ello implique la necesidad de una
notificación previa adicional.
Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, conforme al principio
constitucional establecido en el artículo 128 de la Constitución Política, el de
eficiencia del gasto público y al del artículo 19 de la ley 4 de 1992, se encuentra
prohibido que dos personas reciban remuneración con cargo al erario por el
desempeño simultáneo del mismo empleo público. En este sentido, la
administración está impedida legal y presupuestalmente para cancelar
emolumentos a dos personas por el mismo cargo y periodo.
Por lo tanto, en cumplimiento de la normatividad vigente y para evitar una doble
erogación contraria al ordenamiento jurídico, la liquidación de su nómina se
limita hasta la fecha de desvinculación efectiva, es decir, el 20 de julio de 2025
[…]”
2.6. Agregóque el 6 de agosto de 2025 fue atendido por el especialista en
neurocirugía, quien le ordenó “[…] RADIOGRAFÍA DE COLUMNA LUMBOSACRA
LUMBAR […]”, “[…] ELECTROMIOGRAFIA DE MIEMBROS INFERIORES 2,
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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
ELECTROIOGRAFIA DE PARAESPINALES 2, NEUROCONDUCCION 8,
REFLEJO H (POR NERVIO) 4, ONDA (POR NERVIO) 4 […]”, se ordenó “[…]
CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN
NEUROCIRUGÍA […]” y le concedió una incapacidad por 30 días contados a partir
del 4 de agosto al 2 de septiembre de 2025, lo que demuestra “[…] que mi estado
de debilidad manifiesta por razones de salud persiste […]”.
2.7. Señaló que el 4 de agosto de 2022 la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez le diagnosticó una pérdida de la capacidad permanente del 37.40% por
una enfermedad de origen común.
2.8. Expusoque, en el Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Cúcuta existen 2 cargos vacantes de oficial mayor, de los cuales
no se demostró “[…] la existencia de una condición de debilidad manifiesta […]”,
y dada su condición de incapacidad, se debía nombrar al integrante de la lista en
alguno de ellos.
2.9. Señaló que las autoridades accionadas lo excluyeron de nómina, sin que se
hubieran agotado todos los recursos contra el acto administrativo que lo
desvinculó del cargo que venía desempeñando en provisionalidad.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Que, se Avoque el conocimiento de la presente acción de
tutela, con base a las reglas de reparto vigente, decreto 333 de 2021. Se
informa que el suscrito es empleado que pertenece a la Jurisdicción Ordinaria
esto es: el Juzgado Décimo Penal del Circuito Con Funciones de
Conocimiento, la presente acción de tutela sea repartida a la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, tal como lo dispone el Decreto 333 de 2021,
de acuerdo a la parte motiva.
SEGUNDO: Que, se Decrete la vulneración al debido proceso administrativo,
por parte de la Nación Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura
• Dirección de Administración Judicial – Área de Nomina.
TERCERO: Que, como consecuencia de la vulneración al debido proceso
administrativo, se Ordene a la Nación Rama Judicial – Consejo Superior
de la Judicatura - Dirección de Administración Judicial – Área de
Nomina, que, se me incluya en nómina, así como a la seguridad social, hasta
que referido Acto Administrativo resolución 026 del 21 de julio de 2025, se
encuentre debidamente ejecutoriado, con el agotamiento de los recurso de
ley, de acuerdo al numeral 4 del referido acto administrativo, como lo dispone
el artículo 79 del CPACA. Código de Procedimiento Administrativo de lo
Contencioso Administrativo […]”.
3.1. Mediante escrito de adición a la acción de tutela solicitó:
“[…] En virtud de lo expuesto, ruego al honorable Consejero Ponente que,
considerando mi estado de debilidad manifiesta, decrete la inclusión en la
nómina. Hasta que esta quede debidamente ejecutoriada y en contra de esta
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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
se hayan agotado los recurso (sic) otorgados en esta. Esta medida se solicita
con el fin de garantizar mis derechos laborales y fundamentales, en particular
el acceso a un trabajo en condiciones dignas, derecho a la seguridad social y
a la salud a cargo de mi empleador la Rama Judicial. Considera el accionante
que la vinculación deberá mantenerse hasta que se realice mi cirugía de
columna y el proceso de rehabilitación posterior, ya que este empleo es el
único sustento económico con el que cuento, para poder subsistir […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 24 de julio de 2025 el Juzgado Tercero Penal del Circuito
con función de conocimiento de Bogotá, remitió las diligencias a esta Corporación.
5. Por auto de 1.° de agosto de 2025, el Despacho sustanciador admitió la presente
acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros con interés directo en el
resultado del proceso a las sociedades Entidad Promotora de Salud Sanitas
S.A.S. y Porvenir S.A., al Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de
Santander y Arauca y al Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de San José de Cúcuta.
6. Mediante auto de 20 de agosto de 2025 se vinculó como tercero con interés
directo en el resultado del proceso a Yormin Humberto Amaya Julio.
V. INTERVENCIONES
7. Efectuada la notificación a las autoridades accionadas y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:
7.1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca indicó
que en cumplimiento a la Resolución núm. 026 de 21 de julio de 2025 expedida por
el Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta, a
través de la cual se desvinculó en forma definitiva al señor Nerio Alexander Bastidas
Padilla del cargo de oficial mayor del circuito, el área de nómina de esta dirección
seccional procedió a realizar la respectiva novedad.
7.2. Por lo anterior, solicitó se niegue las pretensiones de la acción constitucional.
7.3. El Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Cúcuta afirmó que ese despacho judicial mediante Resolución núm. 026 de 21 de
julio de 2025 “[…] se dispuso como mero acto comunicativo y formal la
desvinculación del aquí accionante sobre el cargo de oficial mayor que ocupaba en
provisionalidad, en virtud del nombramiento en propiedad efectuado sobre el mismo
en favor del señor YORMIN HUMBERTO AMAYA JULIO a través de la resolución
No.025 de la misma fecha, derivado del registro de elegibles, y consecuente
posesión […]”.
7.4. Advirtió que los efectos fiscales de la desvinculación del accionante se deben a lo
dispuesto en la Resolución núm. 003 de 10 de abril de 2024 en el cual se dispuso
“[…] PRIMERO: NOMBRAR al doctor NERIO ALEXANDER BASTIDAS PADILLA
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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
quien se identifica con la C.C. No. […] de Barinitas – Barinas - Venezuela; en el
cargo de OFICIAL MAYOR O SUSTANCIADOR CIRCUITO, de este Despacho
Judicial, en provisionalidad, a partir de la fecha inclusive, y hasta tanto el mismo
resulte ocupado en propiedad […]”. [Negrilla original del texto]
7.5. Comentó que el nombramiento en propiedad del señor Yormin Humberto Amaya
Julio como Oficial Mayor del Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Cúcuta se realizó a través de la Resolución núm. 025 de 21 de julio
de 2025, asimismo se dio posesión del cargo en la misma fecha.
7.6. Porvenir S.A. informó que una vez validada la base de datos, se encontró que el
señor Nerio Alexander Bastidas Padilla no se encuentra afiliado a esa sociedad
administradora, motivo por el cual solicitó se nieguen las pretensiones frente a esa
entidad.
7.7. La E.P.S. Sanitas solicitó su desvinculación del trámite de la presente acción, en
razón a que “[…] no tiene injerencia en temas como inclusión de nómina de
empleados y pagos de seguridad social […]”, a su vez indicó que en el caso en
concreto no existe una acción u omisión por parte de esa entidad promotora de salud.
7.8. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta señaló que la
salida del accionante se debió al nombramiento en propiedad de quien integraba la
lista de elegibles para el cargo de oficial mayor del circuito, motivo por el cual existe
una imposibilidad legal para mantener en nómina a dos personas ocupando el mismo
cargo.
7.9. Por lo anterior solicitó se declare la improcedencia de la acción de tutela “[…] por
ausencia de una relación laboral, que permita realizar lo pretendido por la parte
accionante […]”, aunado a que el accionante cuenta con una vía ordinaria para
debatir su inconformidad con los actos administrativos acusados en la presente
acción de tutela.
7.10. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó su desvinculación, en razón a que
la autoridad legitimada para dirimir la controversia administrativa señalada es la
Unidad de Recursos Humanos de las Direcciones Seccionales y/o Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial por cuanto son las que tienen la aptitud legal
para definir el reconocimiento y pago de los emolumentos y prestaciones sociales
con relación del personal que trabaja en los despachos judiciales de su jurisdicción
territorial.
7.11. El
señor Yormin Humberto Amaya Julio indicó que en el marco de la
convocatoria núm. 04 del concurso de méritos para ocupar los cargos de empleados
de carrera administrativa de la Rama Judicial, fue el único integrante de la lista de
elegibles para ocupar la vacante de oficial mayor del Juzgado Décimo Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta.
7.12. Señaló que la autoridad nominadora le comunicó a través de la Resolución 022
de 16 de julio de 2025 que de acuerdo con la distribución de las funciones del
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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Despacho “[…] se tenía a un oficial mayor para la sustanciación de temas
constitucionales, y otro en el que se realizaba la sustanciación y seguimiento de los
asuntos jurídico penales […]”, y dada la experiencia en derecho penal, decidió por el
cargo que desarrollaba dichas funciones, sin conocer la situación administrativa de
incapacidad médica en la que se encontraba el accionante.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.
VI.2. Cuestión previa
9. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura y la
E.P.S. Sanitas.
10. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en sentencia SU-077 de 2018, señaló lo siguiente:
"[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la
aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado
resulte demostrada.6
Sobre el particular, el artículo 86 de la Constitución establece que la
tutela procede contra cualquier autoridad pública. Por lo tanto, es
posible concluir que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil, están legitimadas por pasiva en el caso que
se analiza, pues se trata de autoridades públicas, presuntamente
responsables de las acciones y omisiones que, a juicio del accionante,
vulneraron sus derechos fundamentales […]". [Subrayado fuera del
texto].
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los
artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
6
Ver sentencias T-430 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara y T-662 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
11. En este contexto, la Sala considera frente al Consejo Superior de la Judicatura
que este fue señalado en el escrito de tutela como el causante de la vulneración
del derecho fundamental del accionante. En cuanto a la E.P.S. Sanitas se observa
que el accionante se encuentra vinculado a esta entidad prestadora de salud y es
la que actualmente conoce de la patología de este.
12. Por lo tanto, se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
13. De lo expuesto en los hechos y fundamentos de la presente acción de tutela,
se observa que la presunta vulneración de los derechos fundamentales del
accionante deviene de la expedición del acto administrativo que dio por terminado
el nombramiento en provisionalidad del accionante.
14. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:
b) Determinar si los accionados desconocieron el derecho fundamental al
debido proceso del accionante al excluirlo de la nómina de empleados de
la Rama Judicial, con ocasión de la desvinculación del cargo de oficial
mayor en provisionalidad que venía desempeñando en el Juzgado Décimo
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cúcuta.
15. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose
en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias
adjetivas.
VI.4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos
16. Sobre el particular, la Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por
el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiariedad de la acción
de tutela, por regla general, esta no procede para controvertir actos
administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el legislador previó
como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad, el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y el de nulidad.
17. En ese sentido, la jurisprudencia7 de la Corte Constitucional ha sido reiterativa
en expresar que:
7
Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 2011. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
8
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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
“[…] En principio, la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o
vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos de
contenido particular y concreto, ya que para controvertir estos actos el juez
natural es la jurisdicción contenciosa administrativa, instancia en la cual los
afectados pueden hacer uso de dos mecanismos de defensa.
De un lado, en ejercicio del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo,
se puede interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y,
según el artículo 152, numeral 2° del mismo código, en caso de que sea
manifiesta la infracción de una de las disposiciones invocadas, también se
puede solicitar la suspensión provisional del acto administrativo demandado.
De otro lado, el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo dispone
que toda persona podrá́ solicitar que se declare la nulidad de los actos
administrativos cuando quebranten las normas en que deberían fundarse,
hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en
forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa,
o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del
funcionario o corporación que los profirió […]”.
18. Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que
se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una vulneración
de derechos fundamentales y, ii) que, como consecuencia de lo anterior, exista
peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que el amparo procedería
como mecanismo transitorio.
19. En ese sentido, en sentencia T-514 de 20038, la Corte Constitucional determinó:
“[…] La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros
mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que
procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las
actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración
de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de
tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo [artículo 7 del
Decreto 2591 de 1991] u ordenar que el mismo no se aplique [artículo 8 del
Decreto 2591 de 1991] mientras se surte el proceso respectivo ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo […]”. [Negrilla original del texto].
20. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se
presenta una vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio
irremediable, la acción de tutela puede incluso proceder excepcionalmente. Sobre
este punto, en Sentencia T-912 de 20069, se señaló:
“[…] No obstante, esta Corporación también ha admitido que en ciertos casos,
cuando existe una vía de hecho en un acto administrativo y se observa la
8
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003. Exp., núm. T-705724. M.P.:
Eduardo Montealegre Lynett.
9
Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-912 de 3 de noviembre de 2006. Exp., núm. T-1410110.
M.P.: Mnauel José Cepeda Espinosa.
9
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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
existencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela procederá no sólo
como mecanismo transitorio, sino que excepcionalmente podrá́ concederse
de forma definitiva. En efecto, en la sentencia T-418 de 2003, se señaló́ sobre
este punto lo siguiente:
[...] si se trata de una decisión proferida en proceso administrativo, fiscal o
disciplinario, en la que se alega la existencia de una vía de hecho en la
decisión correspondiente, el examen del juez de tutela es distinto, pues, en
estos casos, el afectado siempre puede acudir ante la jurisdicción contenciosa
administrativa. En estos eventos, cuando existe indudablemente la vía de
hecho, según las circunstancias del caso concreto, y frente a un perjuicio
irremediable, debidamente sustentado, el juez de tutela puede conceder la
acción de tutela, como mecanismo transitorio, o, excepcionalmente, en forma
definitiva.’
Así también lo señaló en la sentencia T-811 de 2003, en donde la Corte
resaltó lo siguiente:
‘No obstante lo afirmado, ha de manifestarse que la acción de tutela resulta
excepcionalmente procedente contra actuaciones administrativas en todos
aquellos casos en los que la actuación de la autoridad respectiva carezca de
fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud
arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de
derechos fundamentales de la persona, incurriendo de esa manera en lo que
se ha denominado como ‘vía de hecho […]”.
VI.5. El caso concreto
21. El señor Nerio Alexander Bastidas Padilla solicitó el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó al Consejo Superior
de la Judicatura y a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta,
con ocasión de su exclusión de la nómina de empleados de la Rama Judicial como
consecuencia de la desvinculación del cargo de oficial mayor que venía
desempeñando en el Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Cúcuta.
22. En este caso, el accionante sostiene que la decisión de excluirlo de nómina
vulneró sus derechos fundamentales, en razón a que previamente no se habían
agotado los recursos procedentes contra el acto administrativo que dispuso su
desvinculación.
23. En ese contexto, y en razón a que la causa de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales alegada por el accionante tiene origen en la expedición
del acto administrativo que dispuso la terminación de su vinculación, la Sala
estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, en especial, el requisito de subsidiariedad.
VI.5.1. Del incumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad
24. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
25. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en
el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
[…]”.
26. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado
debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza10), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
27. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber
agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”11.
10
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
11
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge
Iván Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04611-00
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
28. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”12
29. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991
señalan una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que
cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción
de tutela sin agotar los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es
necesario, bajo este supuesto excepcional, agotar los mecanismos judiciales
ordinarios cuando con la acción de tutela se pretende evitar un perjuicio
irremediable.
30. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
31. En el presente caso, la parte accionante adujo que, con su exclusión de nómina
de empleados, se vulneraron sus derechos fundamentales, en razón a que no se
habían agotado los recursos procedentes contra el acto administrativo que
dispuso su desvinculación.
32. El accionante refirió que de las dos vacantes vigentes no se demostró “[…] la
existencia de una condición de debilidad manifiesta […]”, y dada su condición de
incapacidad por enfermedad, se debía nombrar en carrera en otro cargo vacante
de la misma categoría.
33. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que la presente acción de
tutela busca controvertir el acto administrativo que dio por terminado el
nombramiento en provisionalidad del señor Nerio Alexander Bastidas Padilla.
34. Respecto a la tutela contra actos administrativos, la Corte Constitucional ha
dicho que por regla general la acción constitucional resulta improcedente para
“[…] controvertir actos administrativos en atención a: (i) la existencia de
mecanismos de autotutela; (ii) la existencia de medios judiciales ordinarios
establecidos para controvertir las actuaciones de la administración en el
ordenamiento jurídico; (ii) la presunción de legalidad que las reviste; y (iii) la
posibilidad de que, a través de las medidas cautelares o provisionales, se adopten
remedios idóneos y eficaces de protección de los derechos en ejercicio de los
mecanismos ordinarios […]”13.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019,
Expediente número 11001031500020180403301, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
13
Sentencia T-149 de 9 de mayo de 2023, Expediente T-8.999.065, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04611-00
Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
35. Esta Sala de Decisión considera que el accionante cuenta con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la
Ley 1437 de 18 de enero de 201114. Este medio judicial es idóneo y eficaz para
controvertir el acto administrativo que, en últimas, desvinculó al accionante del
empleo público que venía desempeñando.
36. En el ejercicio del medio de control aludido, el juez ordinario tiene la facultad,
a petición de parte, de dictar “[…] las medidas cautelares que considere
necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y
la efectividad de la sentencia […]”15, siempre y cuando se cuente con la
acreditación de los requisitos para su procedencia.
37. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que la presente acción de
tutela no cumple con el requisito general de procedencia de subsidiariedad
porque el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial, idóneo y eficaz
para la protección de sus derechos y a través del cual puede discutir la legalidad
del acto administrativo que puso fin a su nombramiento en provisionalidad como
oficial mayor del Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Cúcuta. Además, no se encuentra acreditada la configuración
de un perjuicio irremediable.
38. Por lo anterior, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela por
no cumplir con el requisito general de procedencia de subsidiariedad, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Consejo
Superior de la Judicatura y la E.P.S. Sanitas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
14
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”.
15
Artículo 231 del CPACA: “[…] Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de
perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos […]”.
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Accionante: Nerio Alexander Bastidas Padilla
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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