Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04617-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04617-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04617-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04617-01
Demandante: Néstor Hugo Torres Niz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección A y otros
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Proceso
ejecutivo. Liquidación de crédito. Intereses moratorios.
Decisión: Confirma improcedencia.
La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 1 de septiembre de 2025 por la Subsección A de la Sección
Tercera de esta corporación, mediante la cual declaró improcedente la acción de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 25 de julio de 2025, Néstor Hugo Torres Niz, por intermedio de apoderado
judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, vida digna y seguridad social.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar a la Administradora
Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) pagar la suma de $91.580.317,29,
por concepto de intereses moratorios adeudados, aplicados sobre las diferencias
pensionales causados desde la fecha de ejecutoria del fallo y hasta cuando se
produjo el pago de la obligación, es decir, 31 de diciembre de 2023, descontando lo
pagado en vía administrativa o judicial.
3. De manera subsidiaria, pidió requerir al Juzgado 28 Administrativo de
Bogotá para que liquide la obligación con los intereses moratorios mencionados,
«aplicando la norma en su sentido literal (art. 177 del CCA y 192 del CPACA, Art.
431 inciso dos, art. 446 del CGP, por remisión del art. 306 del CPACA: los intereses
se deben sobre las diferencias que se siguen causando hasta la fecha del pago total
de la obligación)».
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04617-01
Demandante: Néstor Hugo Torres Niz
4. Por otra parte, solicitó unificar jurisprudencia frente al tema materia de
discusión, con el fin de que las autoridades judiciales apliquen dicho precedente.
5. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, se observa que el
30 de junio de 2015, el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá, en un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho (Rad. 11001-33-35-028-2013-00663-00)
promovido por Néstor Hugo Torres Niz en contra de COLPENSIONES, ordenó
reliquidar la pensión del demandante sobre el 75% del promedio de todo lo
devengado en el año anterior a su retiro, esto es, entre el 1 de julio de 2000 y el 30
de junio de 20011.
6. El 11 de febrero de 2016, COLPENSIONES, mediante la Resolución No.
GNR 46355, en cumplimiento de la anterior decisión, reliquidó la pensión a un valor
de $2.585.615, efectiva a partir del 24 de julio de 2006, y reconoció como retroactivo
la suma de $224.916.060.
7. El señor Torres Niz presentó demanda ejecutiva en contra de la entidad
mencionada, al considerar que no se cumplió a cabalidad lo ordenado en la
Sentencia del 30 de junio de 2015. Proceso al cual le fue asignado el radicado No.
11001-33-35-028-2016-00269-00.
8. El 7 de julio de 2017, el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá libró
mandamiento de pago a favor del demandante por la suma de $268.517.464, sin
perjuicio de que dicho monto pudiera modificarse en la etapa de liquidación del
crédito.
9. El 12 de abril de 2018, la autoridad judicial precitada (i) declaró no probadas
las excepciones de mérito propuestas por COLPENSIONES [pago, inexistencia del
derecho reclamado, cobro de lo no debido y prescripción]; (ii) modificó el
mandamiento de pago, en el sentido de aclarar que la ejecución lo es por las
diferencias causadas entre el 24 de julio de 2006 y el 17 de julio de 2015, más los
intereses moratorios; y, en consecuencia, (iii) ordenó seguir adelante con la
ejecución.
10. Inconformes con la anterior decisión, ambos extremos procesales
presentaron recurso de apelación. El 30 de abril de 2020, la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la
sentencia de primera instancia.
1
Textualmente, expuso lo siguiente: «a) Reliquidar el valor de la mesada de la pensión de vejez reconocida al señor Néstor
Hugo Torres Niz […] sobre el 75% del promedio de todo lo devengado en el año anterior a su retiro –1° de julio de 2000
y el 30 de junio de 2001–, esto es, la asignación básica, vacaciones, 1/12 de primera de vacaciones, bonificación por
servicios, 1/12 de prima de navidad, 1/12 de prima de servicios, el reajuste de la bonificación por servicios y 1/12 de
los ajustes a la prima de navidad, prima de vacaciones y prima semestral.
b) En la nueva liquidación se dispondrá el descuento del valor de los aportes no realizados oportunamente sobre los factores
salariales certificados en el último año de servicios del actor.
c) La diferencia resultante no cancelada, será objeto de indexación, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 187 del
C.P.A.C.A. La indexación mencionada se efectuará con la aplicación de los índices de inflación certificados por el DANE […]
d) Pagar a favor del señor Néstor Hugo Torres Niz las diferencias (indexadas) que resulten de la nueva liquidación».
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Demandante: Néstor Hugo Torres Niz
11. El 11 de agosto de 2022, el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá improbó
las liquidaciones presentadas por las partes y, en su lugar, aprobó la realizada por
ese despacho por la suma de $ 277.097.742, por concepto de capital indexado a la
fecha de ejecutoria de la sentencia base de recaudo e intereses moratorios
liquidados a la fecha de esa providencia, los cuales segarían causándose hasta que
COLPENSIONES efectuara el pago total de la obligación.
12. La parte ejecutante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión porque en dicha liquidación se determinó un porcentaje inferior por
intereses de mora diario al que realmente correspondería, de acuerdo con lo
determinado por la Superintendencia Financiera de Colombia, dado que en el mes
de mayo y junio de 2016 se estableció un porcentaje de 0,073609 cuando el valor
correcto era de 0,0855, lo que incidió en el monto de los intereses calculados.
13. El 30 de enero de 2024, la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la providencia de primera instancia, al
verificar que las tasas de intereses aplicadas en forma mensual y las operaciones
aritméticas para efectos de establecer la tasa de interés diario corresponden a la
realidad, dado que se empleó la fórmula financiera prevista en el artículo 2.8.6.6.2
del Decreto 2469 de 2015 para la liquidación de dichos intereses.
14. En cumplimiento de la orden judicial, el 2 de enero de 2024,
COLPENSIONES profirió la Resolución SUB-119, mediante la cual ordenó el pago
a favor del ejecutante de $451.700.418.
15. Sin embargo, el 23 de febrero de 2024, la parte actora radicó un memorial
ante el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá, en el que solicitó el informe de pago
y la actualización del crédito, puesto que, en su sentir, la entidad le adeuda
$91.580.317,29 al 31 de diciembre de 2023, comoquiera que los intereses de la
condena no debían liquidarse solamente sobre el capital adeudado a la fecha de
ejecutoria de la sentencia, sino también sobre las mesadas causadas a futuro y
hasta tanto se efectuara el pago total de la obligación.
16. El 28 de noviembre de 2024, el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá (i)
improbó la actualización presentada por el demandante; (ii) estableció como suma
adeudada por la entidad ejecutada cero pesos y, en consecuencia, (iii) dio por
terminado el proceso por pago total de la obligación.
17. Para ello, explicó que COLPENSIONES, en el acto administrativo precitado,
indicó expresamente que pagaría la liquidación aprobada por $ 277.097.742,77, la
cual quedó saldada en enero de 2024, quedando pendiente únicamente el pago de
intereses moratorios generados entre el 12 de agosto de 2022 y el 31 de diciembre
de 2023, los cuales fueron calculados en $49.309.229,60. Frente a esta suma,
señaló que el fondo pensional pagó $89.237.036, por concepto de intereses,
cubriendo por completo la deuda, incluso con un excedente que corresponde a
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Demandante: Néstor Hugo Torres Niz
«capital posterior e intereses moratorios reconocidos sobre el mismo, cálculos que
no revisaría en detalle [porque no eran objeto de revisión] en ese proceso».
18. Como fundamentos de derecho, el accionante afirmó que el valor de la
condena disminuyó exageradamente porque las autoridades judiciales accionadas,
en providencias del 11 de agosto de 2022 y 30 de enero de 2024, mediante las
cuales se aprobó la liquidación del crédito, no siguieron los lineamientos para
liquidar la condena, fijados en los artículos 431 y 446 del Código General del
Proceso.
19. Adicionalmente, manifestó que se interpretó de manera errónea y arbitraria
los artículos 177 del CCA y 192 del CPACA, toda vez que se limitó el reconocimiento
de intereses moratorios sobre el capital causado hasta la ejecutoria del fallo, a pesar
de que existe una tesis jurisprudencial en la que se estableció que era procedente
el pago de intereses posteriores a la ejecutoria de la sentencia declarativa por
tratarse de una suma que no se pagó en tiempo.
20. Indicó que el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá, al expedir la providencia
del 28 de noviembre de 2024, incurrió en decisión sin motivación, puesto que no
existe fundamento jurisprudencial para la postura acogida por aquella autoridad, que
finalmente premió la desidia de COLPENSIONES porque terminó condonando los
intereses establecidos en el artículo 192 del CPACA. En contraste, mencionó que
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la Sentencia de
9 de septiembre de 2021, en un proceso ejecutivo con contorno similares2, liquidó
los intereses de la condena sobre el capital acumulado a la ejecutoria de la
sentencia y sobre las diferencias causadas a partir de allí y hasta el pago total de la
obligación.
21. Finalmente, alegó que en los más de 9 años que duró el proceso ejecutivo,
las autoridades judiciales nunca liquidaron y ajustaron la condena de conformidad
con el título de recaudo, ya que siempre favorecieron a la entidad ejecutada, por lo
que aceptar la forma de liquidación de los intereses moratorios, permitiría que las
administradoras de pensiones continúen actuando con impericia respecto del
cumplimiento de sus obligaciones.
Intervenciones3
22. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca aseguró que no se cumplió con el requisito de relevancia
constitucional, puesto que lo pretendido por el accionante al incoar la acción de
tutela fue emplearla como una instancia adicional para reabrir una discusión jurídica
que por negligencia o decisión propia no se plantearon en el proceso ejecutivo
oportunamente.
2
Radicado No. 17001-23-33-000-2018-00112-01.
3
El 31 de julio de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación admitió la acción de tutela en contra del
Juzgado 28 Administrativo de Bogotá, de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y de la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES).
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Demandante: Néstor Hugo Torres Niz
23. Aunado a ello, precisó que si bien es cierto que el Juzgado 28 Administrativo
de Bogotá realizó una delimitación en la condena, no lo es menos que esa misma
dependencia judicial aclaró que tal restricción no exoneraba a COLPENSIONES del
pago de los intereses causados a partir de la ejecutoria de la sentencia, solo que
aquellos no podían reclamarse por la vía ejecutiva; posición que refrendó esa
Subsección en sede de alzada.
24. Por lo anterior, manifestó que no comprende en qué forma vulneraron el
derecho a la vida digna y seguridad social del actor si actualmente ostenta de la
condición de pensionado y, además, obtuvo la reliquidación de su prestación, así
como el pago de las sumas derivadas del cumplimiento de la respectiva condena.
25. Adicionalmente, señaló que a cada una de las actuaciones promovidas por
el ejecutante se le dio el curso procesal correspondiente, hasta llegar a la
terminación del proceso por pago, cuyas decisiones se adoptaron en ejercicio de la
autonomía e independencia de los funcionarios judiciales, al margen de que estas
no coincidan con los intereses de la parte actora.
26. De otro lado, sostuvo que tampoco se encuentra satisfecha la exigencia de
inmediatez por cuanto desde el auto que ordenó la terminación del proceso que, en
estricto sentido no se pronunció sobre la delimitación de la condena que discute el
accionante, han transcurrido más de 6 meses, de manera que no se refleja un grado
de urgencia para la protección de los derechos que se invocan en la presente
solicitud de amparo. En ese orden de ideas, peticionó declarar improcedente la
acción de la referencia.
27. COLPENSIONES indicó que este mecanismo no es procedente para
solicitar una prestación que puede reclamarse por vías ordinarias. Informó que el 28
de enero de 2025, el señor Torres Niz solicitó el reconocimiento y pago de los
intereses moratorios por un valor de $91.580.317,29. Sin embargo, explicó que, a
través del Oficio No. SUB-175641 del 4 de junio de 2025, se negó dicha solicitud,
en atención a que la obligación principal ya se satisfizo en su totalidad, conforme a
lo dispuesto por el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá en el Auto del 28 de
noviembre de 2024, por el cual se terminó el proceso ejecutivo.
28. El Juzgado 28 Administrativo de Bogotá no rindió el informe solicitado a
pesar, de que fue debidamente notificado del auto admisorio de la acción de la
referencia.
Sentencia impugnada
29. El 1 de septiembre de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera de esta
corporación declaró improcedente la acción de tutela. Para soportar su decisión, en
primer lugar, afirmó que no se encontraba acreditado el requisito de inmediatez,
comoquiera que el accionante dejó transcurrir más de seis desde la notificación de
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la providencia proferida el 28 de noviembre de 2024, mediante la cual se terminó el
proceso ejecutivo. Además, expuso que en el proceso no está acreditado que el
señor Torres Niz se encontrara en una situación especial que le impidiera ejercer la
acción de tutela en un término razonable tras la notificación del proveído censurado,
con mayor razón si se tiene en cuenta que esta no requiere de formalidades para
su presentación y que estuvo representado por un apoderado judicial.
30. En segundo lugar, indicó que no se cumplió con la exigencia de
subsidiariedad, puesto que el accionante contaba con otros mecanismos de defensa
judicial, como lo es el recurso de reposición y el de apelación, previstos en los
artículos 61 y 62 de la Ley 2280 de 2021, mediante los cuales se modificaron los
artículos 242 y 243 del CPACA, respectivamente; sin embargo, no los agotó, sino
que acudió directamente a la acción de amparo, lo que desconoce su carácter
residual.
31. Sostuvo que si bien puede flexibilizarse la anterior regla cuando exista un
perjuicio irremediable o la situación amerite la intervención del juez de tutela para
que la acción proceda de manera transitoria, en el caso concreto no se demostró
dicha afectación.
32. Finalmente, en tercer lugar, en relación con la pretensión que involucra a
Colpensiones, adujo que carece de relevancia constitucional, dado que la parte
actora persigue un beneficio meramente económico y, por ello, insiste en el debate
planteado en el proceso de origen, que finalmente, se circunscribe a que se
reconozcan y paguen a su favor los intereses moratorios generados sobre el capital
(diferencias de las mesadas) causado después de la ejecutoria de la sentencia
aportada como título de recaudo.
Impugnación
33. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual
manifestó que se acreditó el cumplimiento de la exigencia de inmediatez, pues si
bien es cierto que la providencia que declaró la terminación del proceso fue proferida
el 28 de noviembre de 2024, también lo es que el término de 6 meses debe contarse
desde la Resolución SUB-175641 del 4 de junio de 2025, mediante la cual
COLPENSIONES negó el pago de intereses moratorios, por lo que la acción de
tutela se interpuso dentro del término razonable.
34. De igual forma, sostuvo que se acreditaron los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiaridad, toda vez que se discutieron asuntos que van más allá
de una simple controversia legal o económica y que afecta directamente sus
derechos a la seguridad social, debido proceso y acceso efectivo a la justicia.
35. Adujo que la acción fue interpuesta contra una providencia que revocó una
decisión que fue favorable a sus intereses, quien ha esperado más de 11 años para
que se resuelva su proceso ejecutivo, sin contar el tiempo invertido en el medio de
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Demandante: Néstor Hugo Torres Niz
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Agregó que por su avanzada edad
(74 años), ha sufrido un perjuicio irremediable al no ajustarle su pensión de manera
correcta desde hace más de 16 años, es decir, desde la expedición de la Resolución
No. 24352 del 24 de noviembre de 2009, mediante la cual se reconoció la prestación
pensional inicialmente a partir del 24 de julio de 2006, por lo que es procedente el
reconocimiento de dichos intereses como compensación por el daño causado y la
pérdida del poder adquisitivo del dinero.
36. Adicionalmente, señaló que el juez de primer grado omitió valorar las
pruebas obrantes en el expediente e interpretó de manera errónea las normas
relativas al reconocimiento de intereses, en particular el artículo 177 del CCA.
Estimó que la Corte Constitucional o el Consejo de Estado deberían aprovechar
esta oportunidad para fijar un criterio unificado sobre la forma de liquidar intereses
moratorios en el marco de lo dispuesto por el CCA y el CPACA, dada la disparidad
interpretativa entre operadores jurídicos durante años.
37. Alegó que la autoridad judicial accionada favoreció los intereses de la
entidad demandada (COLPENSIONES), en detrimento de una persona mayor de
edad avanzada, que debió acceder a su prestación pensional hace más de 2
décadas, motivo por el cual acudió al juez constitucional ante la inexistencia de otro
mecanismo eficaz para proteger los derechos fundamentales involucrados.
38. Finalmente, resaltó que la Corte Constitucional ha reconocido la
procedencia de la tutela en casos con contenido económico, como los relacionados
con pensiones, procesos ejecutivos o reparaciones directas, siempre que se
advierta una clara afectación de derechos fundamentales, lo cual, a su juicio, ocurrió
en este caso.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
39. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
40. Corresponde a la Sala determinar si la presente acción reúne los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. De
obtenerse una respuesta afirmativa, deberá establecerse si las autoridades
judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales del accionante.
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Demandante: Néstor Hugo Torres Niz
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
41. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante la cual la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado de esta corporación
declaró improcedente la acción de tutela, por no encontrarse satisfecho, entre otros,
el requisito de inmediatez2, de acuerdo con las razones que a continuación se
exponen.
42. Néstor Hugo Torres Niz solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, vida digna y seguridad social, los cuales estimó
vulnerados por el Juzgado 28 Administrativo de Bogotá y por la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
43. Pues bien, del recuento realizado en la parte inicial de esta providencia, se
tiene que el 28 de noviembre de 2024 el Juzgado mencionado terminó el proceso
ejecutivo con radicado No. 11001-33-35-028-2016-00269-00, al encontrar la
obligación impuesta en la sentencia base de ejecución satisfecha en su totalidad. Al
respecto, se denota que la anterior decisión fue notificada por estado al día
siguiente, por lo que adquirió ejecutoria el 4 de diciembre de 20244.
44. Ahora, si bien es cierto el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un
término de caducidad, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, dado el
carácter preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, su
interposición debe darse dentro de un término razonable y proporcionado a partir
del hecho generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos
fundamentales. Lo anterior, en aras de i) proteger derechos de terceros, ii) impedir
que el amparo se convierta en un factor de inseguridad jurídica y iii) evitar su uso
como herramienta supletoria de la negligencia en la agencia de derechos,
desnaturalizando con ello su finalidad5.
45. Así, en Sentencia de 5 de agosto de 20146, el Consejo de Estado, Sala
Plena, acogió como regla general un plazo de 6 meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencia judicial se ejercía oportunamente. Lo anterior,
luego de explicar que la inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de
amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, por encontrarse en juego los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
46. Sin embargo, la solicitud de amparo, según la constancia de radicación que
obra en el expediente, fue instaurada el 25 de julio de 2025, por lo que, en el mismo
sentido que lo coligió el juez de primera instancia, el accionante superó el término
prudencial de 6 meses establecidos jurisprudencialmente para cuestionar a través
4
Código General del Proceso, artículo 302. Ejecutoria. «Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas
tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos».
5
Corte Constitucional. Sentencias T-936 de 2013, T-1063 de 2012 y T-328 de 2010.
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Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
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Demandante: Néstor Hugo Torres Niz
de este mecanismo una providencia judicial.
47. No obstante, como el solo paso del tiempo no habilita al juez constitucional
para considerar incumplido el requisito general de inmediatez, debe determinarse
si la tardanza en la interposición de la acción de tutela estuvo justificada por una
causa válida que hubiera imposibilitado su presentación en un límite razonable. Por
tanto, le corresponde al operador judicial determinar, en cada caso, si existen
razones válidas para la inactividad, si permanece la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales y/o si la parte actora se encuentra en un estado de
debilidad manifiesta que haga desproporcionada la exigencia en cuestión7.
48. En relación con lo anterior, se advierte que la parte recurrente, en el escrito
de impugnación, afirmó que el plazo de inmediatez debía contabilizarse desde la
expedición de la Resolución SUB-175641 del 4 de junio de 2025, mediante la cual
COLPENSIONES negó el pago de intereses moratorios.
49. Sin embargo, no le asiste razón al actor, pues no resulta posible calcular el
término de inmediatez desde dicho acto administrativo, toda vez que fue a partir de
la notificación de la providencia del 28 de noviembre de 2024 que el accionante
tuvo conocimiento de la terminación del proceso ejecutivo, debido a que la
autoridad judicial determinó que COLPENSIONES había pagado totalmente la
obligación, entre otros, por el concepto de intereses moratorios, aspecto sobre el
cual el actor hoy ventila sus inconformidades.
50. En todo caso, no puede perderse de vista que los reparos de la parte actora
están relacionados con los intereses moratorios derivados de una condena judicial,
aspecto que tiene un contenido eminentemente económico y, en consecuencia,
hace que la controversia no satisfaga el requisito de relevancia constitucional.
51. En esos términos, la Sala confirmará la sentencia proferida el 1 de
septiembre de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta corporación,
mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela formulada por Néstor
Hugo Torres Niz, por las razones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2025 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la acción de tutela instaurada por Néstor Hugo Torres Niz, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-619 de 2017.
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Demandante: Néstor Hugo Torres Niz
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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