Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04624-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04624-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04624-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
19 de agosto de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04624-00
Demandante: SEGUROS DEL ESTADO SA
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
DEFECTOS SUSTANTIVO Y DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE. SE CONCEDE EL AMPARO
Síntesis del caso: la sociedad actora cuestionó la sentencia proferida en segunda instancia en
un proceso de controversias contractuales, pues consideró que la autoridad judicial demandada
desestimó erróneamente la aplicación del artículo 1081 del Código de Comercio en materia de
prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro. La Sala concederá el amparo al
verificar que la decisión cuestionada se apartó injustificadamente del precedente aplicable y
dejó de aplicar la norma a un caso que requería de su aplicación, vulnerando así los derechos
fundamentales invocados..
La Sala decide la acción de tutela presentada1 a través de apoderado judicial por la
sociedad Seguros del Estado SA en contra de la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para obtener la protección de sus
derechos fundamentales del acceso a la administración de justicia e igualdad,
vulnerados con ocasión de la providencia de 10 de abril de 2025 proferida por la aludida
autoridad judicial en el proceso de controversias contractuales con radicación no.
11001-33-43-064-2020-00183-01.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1
Escrito presentado el 25 de julio de 2025 (índice 2 aplicativo SAMAI)
2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04624-00
Demandante: Seguros del Estado SA
Acción de tutela
1) Presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales, con el fin de obtener la
nulidad de las resoluciones no. 1238 del 11 de abril de 2018 y no. 2248 del 30 de mayo
de 2018, mediante las cuales se declaró la ocurrencia del siniestro cubierto por el
amparo de estabilidad de la obra contenido en la póliza de cumplimiento no. 65-44-
101113083 y se ordenó el pago de la suma de SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO
NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA Y SIETE
CENTAVOS ($62.191.811,47), así como que, a título de restablecimiento del derecho,
se ordenara la restitución de la referida suma pagada por la aseguradora.
2) Las pretensiones se sustentaron en las causales de nulidad por infracción de las
normas en que debieron fundarse los actos administrativos, falta de competencia y falsa
motivación. El concepto de la violación referente a la infracción de las normas en que
debieron fundarse los actos administrativos versó en el desconocimiento de lo previsto
en el artículo 1081 del Código de Comercio2, disposición que regula el término de
prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro.
3) En sentencia del 19 de abril de 2023, el Juzgado 64 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda por considerar que no se
acreditaron los cargos de nulidad formulados3.
4) Contra dicha decisión, Seguros del Estado SA presentó recurso de apelación4 y
mediante sentencia del 10 de abril de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del
2
“Artículo 1081. Prescripción de Acciones. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de
seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado
haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.
La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a
contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.
Estos términos no pueden ser modificados por las partes.”
3
El juez consideró que: i) no se configuró la prescripción del contrato de seguro, toda vez que, la
afectación de la póliza de seguro se hizo dentro de los 2 años siguientes al momento en que se
conocieron los daños; ii) en el contrato de obra 770 de 2014 se estableció que la estabilidad y calidad de
la obra era un riesgo que debía asegurarse por 5 años; iii) De acuerdo con las pruebas, la obra fue
recibida el 14 de agosto de 2015, razón por lo que se debía garantizar su estabilidad hasta el 14 de
agosto de 2020; iv) aseguró que las fallas presentadas en la obra eran atribuibles al contratista de
acuerdo con lo establecido en visita de inspección; por ende los daños fueron puestos en conocimiento
desde el 4 de agosto de 2017, y v) Finalmente, sostuvo que, las demás causales de nulidad se
encuentran ligadas a la prescripción, por lo que también estaban desestimadas.
4
Alegó que los actos demandados estaban viciados de nulidad, toda vez que, se expidieron con
desconocimiento del artículo 1081 del Código de Comercio y precisó que: i) la prescripción de la acción
derivada del contrato de seguro debe computarse desde que el interesado tuvo conocimiento del hecho y
no desde la certeza del hecho; ii) aseguró que en el caso la administración conoció de los daños desde el
3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04624-00
Demandante: Seguros del Estado SA
Acción de tutela
Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia, pero lo hizo con
fundamentos distintos a los considerados por la primera instancia.
5) El tribunal consideró que no era procedente aplicar el término de prescripción de las
acciones derivadas del contrato de seguro (art. 1081 del Código de Comercio) para
efectos de la declaratoria del siniestro, porque –en su criterio– la contratación estatal se
rige por un régimen jurídico especial, distinto al del derecho privado y que no puede ser
desplazado por normas de origen privado.
6) Señaló que, cuando una compañía aseguradora expide un póliza de seguro para
amparar un riesgo asociado a un contrato estatal, se somete a las reglas propias del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, incluidas las que regulan
la competencia de la entidad contratante para declarar el siniestro mediante acto
administrativo, sin que resulte aplicable el régimen prescriptivo general de derecho
privado.
2. Los fundamentos de la vulneración
La parte actora alegó que la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
constitucionales fundamentales del acceso a la administración de justicia e igualdad por
cuanto incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente
jurisprudencial.
En relación con el defecto sustantivo, sostuvo que el tribunal no aplicó el artículo 1081
del Código de Comercio -que establece los términos de prescripción para las acciones
derivadas del contrato de seguro-, al considerar que esta norma había sido desplazada
por el régimen propio de la contratación estatal, sin que existiera una antinomia
normativa que justificara dicha exclusión.
Explicó que las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1437 de 2011 regulan la facultad y el
procedimiento para expedir un acto administrativo; mientras que el artículo 1081 del
Código de Comercio consagra una norma sobre prescripción extintiva aplicable a toda
25 de septiembre de 2015, fecha en que el supervisor del contrato suscribió un memorando requiriendo al
contratista revisar la pintura de una bodega; iii) en ese orden consideró que, desde el 25 de septiembre
de 2015, el Ministerio de la Salud y Protección Social conoció de las presuntas irregularidades en la
estabilidad de la obra contratada, razón por la cual, contaba hasta el 25 de septiembre de 2017, para
declarar la ocurrencia del siniestro para efectos de afectar la póliza de cumplimiento no. 65-44-
101113083, sin embargo, sólo hasta el 11 de abril de 2018 profirió la Resolución, por lo que no solo se
configura la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, sino la falta de competencia
temporal para declarar la ocurrencia del siniestro.
4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04624-00
Demandante: Seguros del Estado SA
Acción de tutela
obligación derivada del contrato de seguro, independientemente de la naturaleza
pública o privada del asegurado o beneficiario.
El tribunal demandado desconoció que, al no existir una norma especial, resulta
plenamente aplicable la disposición mencionada, en virtud del artículo 13 de la Ley 80
de 1993, según el cual los contratos estatales se rigen por las normas civiles y
comerciales, salvo en lo expresamente regulado por el Estatuto de Contratación.
En consecuencia, argumentó que las entidades públicas aseguradas y beneficiarias de
pólizas de cumplimiento están sujetas al término de dos años desde el conocimiento del
hecho generador del siniestro —y, en todo caso, cinco años desde su ocurrencia— para
reclamar la indemnización correspondiente, conforme al régimen general previsto en el
artículo 1081.
Cuestionó además que el tribunal hubiese calificado como “interpretación extensiva” la
aplicación de dicha norma por parte del Consejo de Estado, cuando en realidad se trata
de la aplicación directa de una disposición vigente, en ausencia de norma especial
derogatoria.
Respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial afirmó que desde el año
2002 existe una línea jurisprudencial consolidada de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que ha reiterado la aplicabilidad del artículo 1081 del Código de Comercio en
casos de seguros de cumplimiento a favor de entidades públicas, cuando estas actúan
como beneficiarias5.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 11 de
diciembre de 2002, exp. 22511; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, sentencia del 27 de junio de 2005, exp. 12394; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 21 de marzo de 2007, exp. 29102; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009, exp. 14667;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 19 de agosto
de 2009, exp. 21432; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 23 de junio de 2010, exp. 16494; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de julio de 2012, exp. 19519; Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de
mayo de 2013, exp. 24810; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014, exp. 29857; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de 2016,
exp. 33786; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 17 de abril de 2017, exp. 23359; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 5 de mayo de 2020, exp. 47166; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de octubre de 2021,
exp. 50623; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
Sentencia del 5 de agosto de 2020, exp. 45183; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2021, exp. 57454;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del
1 de marzo de 2023, exp. 67240; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 1 de marzo de 2023, exp. 57276; Consejo de Estado, Sala de lo
5
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04624-00
Demandante: Seguros del Estado SA
Acción de tutela
Citó pronunciamientos de los años 1991 y 1998 6 , 2009 7 , y 2025 8 y señaló que el
Consejo de Estado ha sido enfático en que la declaratoria del siniestro por parte de la
administración debe realizarse dentro del término de dos años contados desde el
conocimiento del hecho, incluso si la póliza se encuentra vencida, pues el acto
administrativo puede proferirse con posterioridad mientras no se configure la
prescripción.
Destacó que el tribunal omitió dicho precedente sin ofrecer una justificación
constitucionalmente suficiente, vulnerando con ello el principio de igualdad ante la ley,
la seguridad jurídica y el debido proceso, al apartarse de reglas jurisprudenciales
vinculantes en supuestos de hecho y de derecho sustancialmente análogos.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de SEGUROS DEL
ESTADO, vulnerados a través de la sentencia del 10 de abril de 2025
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, y, en consecuencia,
SEGUNDO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A revocar la
sentencia del 10 de abril de 2025 para, en su lugar, proferir una decisión
aplicando en debida forma el artículo 1081 del Código de Comercio,
declarando la nulidad de los actos administrativos impugnados en el proceso
judicial por haber operado la prescripción de la obligación de mi
representada.”. (índice 2 de SAMAI – negrillas y mayúsculas fijas del original).
4. Actuación procesal
Mediante auto de 28 de julio de 2025 se admitió la acción de tutela, se notificó al
presidente y a los magistrados integrantes de la Subsección A de la Sección Tercera
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 1 de noviembre de 2023, exp.
62025; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 24 de enero de 2024, exp. 53674; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Subsección A, Sección Tercera, sentencia del 8 de abril de 2024, exp. 60718.
6
Sentencias del 30 de abril de 1991 y del 20 de agosto de 1998.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril
de 2009, exp. 14667 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 22 de abril de 2009, exp. 14667
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de marzo de 2025, rad.
76001233100020040556401.
6
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04624-00
Demandante: Seguros del Estado SA
Acción de tutela
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y se vinculó en calidad de terceros con
interés al titular del Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y al ministro de Salud y Protección Social, como autoridad demandada en el
proceso de acción contractual en el cual se profirió la providencia cuestionada en la
presente acción de tutela, entregándoles copia de la demanda y los anexos (índice 4
SAMAI).
5. Actuación de la autoridad judicial demandada y vinculada
El magistrado ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca manifestó que la pretensión de la parte actora es
reabrir el debate del proceso ordinario a través de una tercera instancia, lo cual
desnaturaliza la finalidad de la acción de tutela (índice 9 de SAMAI).
En relación con los defectos invocados, señaló que la sentencia cuestionada sustentó
de manera razonada y suficiente los motivos por los cuales no resultaba aplicable el
artículo 1081 del Código de Comercio en el contexto de la contratación estatal. En su
criterio:
El legislador Colombiano se apartó del trámite previsto en el Código de Comercio para
la reclamación del siniestro y estableció un procedimiento especial con prerrogativas
propias, cuyo desarrollo se rige por las normas de derecho público y de materia
contencioso-administrativa.
No existe una disposición legal que fije expresamente el término con el que cuenta la
entidad pública para iniciar el procedimiento administrativo y proferir el acto declarativo
del incumplimiento o del siniestro, luego de liquidado el contrato.
El artículo 1081 del Código de Comercio es una norma del derecho privado cuya
finalidad es regular el término de prescripción aplicable cuando la aseguradora se niega
a reconocer un siniestro; por tanto, no resulta aplicable a los procedimientos
administrativos adelantados por las entidades públicas.
El ejercicio del derecho de acción en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
está limitado por los términos de caducidad -de orden público- regulados en el artículo
164 del CPACA, y no por figuras del derecho privado como la prescripción, que además
puede ser renunciada.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04624-00
Demandante: Seguros del Estado SA
Acción de tutela
Agregó que la jurisprudencia ha admitido un término diferenciado para la declaratoria
del siniestro, lo cual puede conllevar a situaciones en las que la entidad contratante
declare el incumplimiento contractual pero no el siniestro, escenario que, a su juicio: i)
podría desconocer el mandato legal de constituir garantías en la contratación estatal
(art. 7 de la Ley 1150 de 2007) y ii) contravendría lo dispuesto en el artículo 121 del
Decreto 1510 de 2013 (compilado en el artículo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de
20155), en cuanto exige que la garantía de cumplimiento tenga vigencia mínima hasta
la liquidación del contrato.
En consecuencia, la autoridad demandada indicó que la decisión cuestionada obedeció
a una interpretación sistemática y armónica de las normas que rigen la contratación
estatal, producto de un ejercicio argumentativo riguroso y jurídicamente viable, que
justifica el apartamiento del precedente jurisprudencial y representa -en su criterio- un
avance en la protección de los derechos fundamentales y los principios
constitucionales.
El ministro de Salud y Protección Social guardó silencio pese a que fue debidamente
notificado.
El titular del Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá9
indicó que la parte actora no acreditó la existencia de una vía de hecho en las
decisiones proferidas en primera y segunda instancia dentro del proceso ordinario. Lo
que en realidad pretende es que el juez de tutela reemplace al juez natural del proceso,
configurando así una tercera instancia, lo cual desnaturaliza el objeto y función de la
tutela.
Asimismo, solicitó su desvinculación de la actuación judicial porque no es la autoridad
judicial que deba cumplir la orden de tutela en caso de que se produzca un amparo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) solicitud de desvinculación
procesal y 3) caso concreto.
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Índice 8 del aplicativo SAMAI
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04624-00
Demandante: Seguros del Estado SA
Acción de tutela
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. La solicitud de desvinculación procesal
La Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada por el titular del
Juzgado Sesenta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, toda vez que
intervino como autoridad judicial de primera instancia en el proceso con radicación no.
11001-33-43-064-2020-00183-01; por lo tanto, su vinculación en el presente trámite
tuvo como finalidad ponerla en conocimiento de la existencia de la acción de tutela y de
las eventuales resultas del proceso.
3. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección A
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se
protejan los derechos constitucionales fundamentales del acceso a la administración de
justicia e igualdad de la sociedad Seguros del Estado SA, supuestamente vulnerados
con ocasión de la sentencia del 10 de abril de 2025 mediante la cual confirmó, con
fundamentos jurídicos distintos, la decisión adoptada el 19 de abril de 2023 por el
Juzgado 64 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de
la demanda.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04624-00
Demandante: Seguros del Estado SA
Acción de tutela
La parte actora afirmó que la decisión cuestionada se sustentó en premisas jurídicas
equivocadas, configurando así los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente, por cuanto omitió la aplicación del artículo 1081 del Código de Comercio.
Según lo expuesto, dicha norma -de conformidad con la jurisprudencia reiterada y
consolidada de esta Corporación- resulta aplicable a las pólizas de seguro suscritas por
las entidades públicas para asegurar una obra pública y posterior estabilidad de la
misma.
Dado que los argumentos que fundamentan ambos defectos presentan una identidad
sustancial en sus planteamientos, la Sala abordará su análisis de manera conjunta.
En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala concederá el amparo por
las razones que procederán a exponerse:
La acción de tutela cumplió con los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados
por la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) la cuestión que se discute resulta de
relevancia constitucional, en tanto se invocaron los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente jurisprudencial, los cuales no pudieron ser planteados
en el curso del proceso ordinario; máxime cuando la providencia cuestionada resolvió el
asunto con fundamentos jurídicos distintos a los presentados por la primera instancia y,
apartándose –según lo dicho por la demandante- del precedente consolidado del
Consejo de Estado; ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo; iii) no se trata de una irregularidad
procesal con incidencia determinante en la sentencia que se impugna y que afecte
derechos fundamentales; iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los
hechos que habrían generado la vulneración como los derechos presuntamente
transgredidos; v) no se ataca una sentencia de tutela y, vi) se cumplió con el requisito
de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6
meses siguientes a la notificación de la providencia del 10 de abril de 202510.
2.1 Caracterización de los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente jurisprudencial
1) De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto sustantivo se configura
cuando una providencia se sustenta en fundamentos jurídicos a todas luces no
10
La sentencia fue notificada el 21 de abril de 2025 y la demanda de acción de tutela se presentó el 25
de julio de 2025 (índice 2 aplicativo Samai).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04624-00
Demandante: Seguros del Estado SA
Acción de tutela
subsumibles al caso objeto de la litis o con base en “una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”11.
2) La Corte Constitucional 12 estableció que el defecto sustantivo abarca múltiples
causas que pueden generar un yerro en la aplicación o interpretación del derecho y
que, por tal razón, pueden llegar a afectar ostensiblemente el derecho fundamental del
debido proceso de las partes por la errónea elección de fuentes jurídicas o por la
omisión de normas aplicables, que pueden ser las subreglas jurisprudenciales que
gobiernen una determinada materia. Esa misma Corporación señaló que se genera
cuando una determinada autoridad judicial:
“(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica
un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el
supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación
contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o
desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical-
sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre
que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso”13.
3) Por otra parte, el precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de
sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la
resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un
juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia”14.
4) En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio pacífico y
reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los casos que, en lo
sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante casos con supuestos
fácticos y jurídicos similares se debe otorgar un tratamiento jurídico similar, la sentencia
precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior en aras de garantizar
la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad jurídica en las decisiones judiciales.
11
Corte Constitucional, sentencia T-073 de 2015.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-298 de 2015.
13
Corte Constitucional, sentencia T-830 de 2012.
14
Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04624-00
Demandante: Seguros del Estado SA
Acción de tutela
5) No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional15, es necesario precisar
que no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de precedente”,
pues ello solo será predicable de la “ratio decidendi”, en efecto, para mayor claridad
sobre dicho punto recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es
posible identificar tres partes (i) la parte resolutiva o “decisum”, en la que se profieren
las órdenes vinculantes para las partes del proceso y que constituye la solución al
problema jurídico examinado; (ii) la “ratio decidendi”, compuesta por las
consideraciones o razones que sustentan, motivan y justifican la decisión adoptada, y
(iii) los “obiter dicta” o dichos de paso, que no son más que aquellos argumentos de
referencia, complementarios o de contexto que no son vinculantes ni necesarios para la
resolución del asunto.
6) Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la “ratio decidendi” posee
fuerza de precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el caso
a resolver posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema jurídico
semejante, o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior;
y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean
semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse
posteriormente”16.
7) Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por el
contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero antecedente
judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para establecer una
regla cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.
8) Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente para
la definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que se
denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.
9) En la sentencia T-830 del 22 de octubre de 2012, esa Corporación se pronunció al
respecto en los términos siguientes:
“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior a
la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de
Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que
guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los
antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no
15
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021
16
Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.
12
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Demandante: Seguros del Estado SA
Acción de tutela
deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan
del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios
de transparencia e igualdad. (…)
[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las
que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia,
que sirve también para solucionar el nuevo caso.”.
10) Luego, entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos
en los cuales:
“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado. (ii)
la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye
la pretensión del caso presente. (iii) la regla jurisprudencial no ha sido
cambiada en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de
hecho para su aplicación17.”.
11) No obstante lo anterior, pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que
los jueces se aparten de este bajo las siguientes condiciones: i) deben hacer explícitas
las razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se apartan del
mismo, lo que se ha denominado cumplimiento de la “carga de transparencia”; ii) están
llamados a demostrar que los argumentos que ofrecen, desarrollan y amplían de mejor
manera el contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de
protección, pues no cualquier motivo constituye una razón válida para apartarse del
precedente, exigencia que se reconoce como la “carga de argumentación”.
2.2 Análisis de los defectos en el caso concreto
La parte actora sostuvo que la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente por cuanto consideró que no era aplicable el artículo
1081 del Código de Comercio, norma que regula los términos de prescripción de las
acciones derivadas de las pólizas de seguro al caso concreto.
1) La demandante reprochó la equivocada conclusión del tribunal en cuanto a que las
normas procedimentales para la expedición de actos administrativos derogaron la
norma jurídica consagrada en el artículo 1081 del Código de Comercio, cuando entre
ésta y aquellas no existe ninguna antinomia porque regulan materias distintas.
17
Corte Constitucional, sentencia T-158 de 2006.
13
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04624-00
Demandante: Seguros del Estado SA
Acción de tutela
2) La accionada intentó justificar la no aplicación del artículo 1081 del Código de
Comercio bajo el supuesto de que no se aplican las reglas de derecho privado e
indicando que el legislador no expidió una disposición normativa especial que prevea el
término para afectar la póliza de cumplimiento en favor de entidades estatales, pero
obvió que, precisamente, al no existir norma especial en contrario resulta plenamente
aplicable la mencionada disposición en el marco de los seguros de cumplimiento en
favor de entidades estatales, entre otras cosas porque el artículo 13 de la Ley 80 de
1993 lo permite.
3) Sin que exista norma especial en contrario, las entidades estatales aseguradas y
beneficiarias disponen del término de dos años para reclamar la indemnización a cargo
de la aseguradora desde que conocen o deben conocer el hecho que motiva la
reclamación, y, en todo caso, dentro de los cinco años contados a partir de su
ocurrencia, asunto que debió resolverse en la sentencia cuestionada; sin embargo, el
tribunal optó por negar las pretensiones porque no era posible aplicar la norma antes
citada.
4) Por otra parte, contrario a lo afirmado por el tribunal desde el año 2002 existe un
consolidado precedente jurisprudencial sobre los términos de prescripción que corren
contra las entidades estatales aseguradas o beneficiarias que quieren afectar una
póliza: en aquel el Consejo de Estado ha dicho que debe aplicarse la norma jurídica
contenida en el artículo 1081 del Código de Comercio.
5) La Sala advierte que este caso se trató de un medio de control de controversias
contractuales instaurado por Seguros del Estado SA, para que se declarara la nulidad
de las resoluciones no. 1238 de 2018 que declaró el siniestro del contrato 770 de 2014
e hizo efectiva la garantía única de cumplimiento del amparo de estabilidad y calidad de
la obra y 2248 de 2018 que confirmó; en consecuencia, solicitó se reintegrara el valor
pagado por la aseguradora en virtud de la póliza de cumplimiento 65-44-101113083.
6) Lo anterior en consideración a que, los actos demandados se expidieron con
desconocimiento del artículo 1081 del Código de Comercio toda vez que: i) la
prescripción de la acción derivada del contrato de seguro debía computarse desde que
el interesado tuvo conocimiento del hecho y no desde la certeza del hecho; ii) en este
evento la administración conoció de los daños desde el 25 de septiembre de 2015,
fecha en que el supervisor del contrato suscribió un memorando requiriendo al
contratista revisar la pintura de una bodega; iii) en ese orden afirmó que, desde el 25
de septiembre de 2015, el Ministerio de la Salud y Protección Social conoció de las
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04624-00
Demandante: Seguros del Estado SA
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presuntas irregularidades en la estabilidad de la obra contratada, razón por la cual,
contaba hasta el 25 de septiembre de 2017, para declarar la ocurrencia del siniestro
para efectos de afectar la póliza de cumplimiento No. 65-44-101113083, sin embargo,
sólo hasta el 11 de abril de 2018 profirió la resolución, por lo que lo hizo sin tener
competencia temporal para declarar la ocurrencia del siniestro.
7) Respecto de estos planteamientos el tribunal consideró que no había lugar a aplicar
el artículo 1081 del Código de Comercio porque a partir de una interpretación
sistemática y armónica de las normas que regulan la contratación estatal, no es de
recibo que, a efectos de la declaratoria del siniestro, se aplique el término de
prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro dado que la compañía
aseguradora al expedir una póliza de seguro para amparar un riesgo asociado a un
contrato estatal, acepta someterse a las reglas que rigen la contratación estatal y dicha
regulación no establece un tiempo determinado para afectar la póliza.
8) Textualmente la autoridad judicial explicó lo siguiente:
“En lo que respecta a este procedimiento, la jurisprudencia explica que, al
declarar el siniestro, la Administración no ejerce una potestad
sancionadora. Por ello, la administración –previa citación de la aseguradora–
está facultada para afectar el amparo de cumplimiento, siniestrando la póliza
conforme al procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
De lo expuesto hasta el momento, se puede advertir, que en tratándose de
contratación estatal, el legislador colombiano se apartó por completo del
trámite previsto para el reclamo del siniestro, expresamente regulado en
el código de comercio y por el contrario, consagró unas prerrogativas y un
trámite especial que deben adelantar las Entidades públicas, a efectos de: (i)
declarar el incumplimiento contractual; (ii) consecuencialmente declarar el
siniestro y (iii) ordenar el pago del valor amparado en una garantía
contractual. Lo evidenciado hasta el momento, permite advertir: (i) que a
diferencia de lo que sucede en las relaciones entre particulares, en el marco
de las relaciones contractuales, las entidades públicas tienen la potestad de
declarar ellas mismas, mediante acto administrativo motivado y expedido con
observancia del debido proceso, el incumplimiento contractual, y con ello a su
vez declarar el siniestro y (ii) que esa facultad para declarar el
incumplimiento contractual, según la jurisprudencia de lo contencioso
administrativo, debe ser ejercida dentro del término con el que cuentan los
extremos contratantes, para liquidar el contrato o incluso con posterioridad
a la liquidación del mismo, como en los eventos en que se configura el
riesgo de estabilidad de la obra.
En ese orden de ideas, considera la Sala que, en materia de contratación
estatal, no hay lugar a aplicar las normas sobre prescripción de la
acciones derivadas del contrato de seguro, a un procedimiento
administrativo adelantado por una entidad pública, a efectos de declarar el
siniestro y afectar la garantía única de cumplimiento.
En esta medida, no se trata de una pena de carácter legal o convencional,
porque no pretende terminar anormalmente del contrato –caducidad–, ni
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04624-00
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estima anticipadamente los perjuicios derivados del incumplimiento –cláusula
penal–, como tampoco son medios coercitivos de apremio –multas–. Todo lo
contrario, su función es salvaguardar el interés público y proteger
patrimonialmente a la Administración frente a los eventuales
incumplimientos imputables al contratista.
Se debe resaltar, que el legislador colombiano consagró expresamente un
procedimiento administrativo especial, para que las Entidades públicas,
puedan declarar el incumplimiento contractual, declarar el siniestro y en
consecuencia efectuar su cobro, sin embargo, no consagró expresamente,
cual es el término con el que cuenta la Entidad pública, es decir cuál es su
competencia temporal para: (i) iniciar el procedimiento administrativo y (ii)
proferir el acto administrativo ya sea de incumplimiento o el que declara el
siniestro para hacer efectiva la garantía por estabilidad de la obra, luego de la
liquidación del contrato.” (negrillas del texto)
9) Ahora bien, en relación con la aplicación que esta Corporación le ha dado al artículo
1081 del Código de Comercio cuando se afecta la póliza de cumplimiento, el tribunal
consideró que dicha interpretación ha sido extensiva e inadecuada, al estimar que el
estatuto de contratación estatal contiene una regulación propia que no puede ser
desplazada bajo el pretexto de aplicar normas del derecho privado.
10) A juicio del tribunal, cuando una compañía aseguradora expide una póliza para
amparar un riesgo derivado de un contrato estatal, acepta someterse a las reglas del
régimen de contratación pública, razón por la cual no resulta procedente trasladar
mecánicamente disposiciones propias del derecho comercial.
11) Sobre el particular el tribunal refirió lo siguiente:
“En criterio de la Sala, la tesis reiterada del H. Consejo de Estado, en relación
con aplicar el contenido del artículo 1081 del Código de Comercio y
especialmente el término de prescripción de las acciones derivadas del
contrato de seguro, al procedimiento administrativo que tiene como propósito
la declaratoria del siniestro, resulta incompatible con la noción de competencia
temporal, en sede administrativa, por las siguientes consideraciones:
En primer lugar, debe advertir la Sala, que el artículo 1081 del Código de
Comercio, es una norma de derecho privado que regula el término para el
ejercicio del derecho de acción, cuando después de haber efectuado el
reclamo del siniestro ante la compañía aseguradora, esta se opone al pago de
este, so pena de que opere la prescripción de la acción.
En otros términos, no es una norma destinada a regular procedimientos
administrativos y menos aún, a regular una materia administrativa ejercida por
una entidad pública en materia contractual.
Obsérvese que el término de prescripción de la acción derivada del contrato
de seguro, de conformidad con el artículo 1081 del Código de Comercio,
encuentra su razón de ser, cuando la compañía aseguradora se ha negado a
reconocer el siniestro amparado.
En segundo lugar, debe recordarse, que el ejercicio del derecho de acción en
la jurisdicción de lo contencioso administrativo no se encuentra limitado por la
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Acción de tutela
figura de la prescripción (que es renunciable o no), sino por un término de
caducidad (que es de orden público, y se encuentra expresamente regulado
en el artículo 164 del CPACA). Con lo anterior se quiere significar, que no es
de recibo que en tratándose de contratación estatal, se entremezclen dos
términos diferentes para el ejercicio del derecho de acción, como el de
prescripción y el de caducidad.
En tercer lugar, advierte la Sala, que la interpretación extensiva del artículo
1081 del Código de Comercio, que ha venido efectuado la Sección Tercera del
H. Consejo de Estado, conlleva serias dificultades, por cuanto:
El H. Consejo de Estado, ha venido precisando que las Entidades públicas,
cuentan con competencia temporal para declarar el incumplimiento contractual
(por lo tanto, también el siniestro): (i) con posterioridad al vencimiento del
plazo de ejecución del objeto del contrato asegurado y; (i) hasta antes de la
liquidación del contrato, o del vencimiento del plazo que tenían para efectuar
la liquidación del mismo, interpretación que parte de un análisis sistemático de
las reglas que regulan la contratación estatal.
Sin embargo, obsérvese que, por otro lado, la misma jurisprudencia, ha venido
avalando un término diferenciado, a efectos de declarar el siniestro, que es de
dos años desde el conocimiento por parte de la Entidad pública, del siniestro.
La anterior circunstancia, conlleva a permitir que, en algunos eventos, la
Entidad pública contratante pueda declarar el incumplimiento contractual, pero
no el siniestro, circunstancia que: (i) puede estar desconociendo el mandato
legal que ordena la constitución de garantías para la contratación estatal (art.
7 de la Ley 1150 de 2007); (ii) de igual manera lo consagrado en el artículo
121 del Decreto reglamentario 1510 de julio 17 de 20134 (compilado en el
artículo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 20155), en el sentido que la
garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la
liquidación de este.”
12) Finalmente, el tribunal concluyó que, tratándose de contratación estatal, no resulta
aplicable la prescripción prevista en el artículo 1081 del Código de Comercio para las
acciones derivadas del contrato de seguro. En su lugar, sostuvo que la entidad pública
contratante conserva la competencia para declarar el siniestro incluso después de la
liquidación del contrato, en aquellos casos -como el presente- en los que la garantía de
estabilidad de las obras fue pactada por un término de 5 años.
13) Según lo expuesto por el tribunal, la entidad estatal puede afectar la póliza de
seguro en cualquier momento dentro del término de estabilidad pactado, incluso
después de la liquidación del contrato, sin que le sean aplicables los términos
prescriptivos previstos en el artículo 1081 del Código de Comercio.
14) En ese contexto, la controversia que resolvió el tribunal se circunscribió a
determinar, en primer lugar, si, para el momento en el que la entidad pública declaró la
ocurrencia del siniestro de incumplimiento ya había operado la prescripción ordinaria de
las acciones derivadas del contrato de seguro, conforme a lo previsto en el artículo
1081 del Código de Comercio.
17
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15) En casos como el presente, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado
aplicable el artículo 1081 del Código de Comercio al sostener que las entidades
estatales que actúan como beneficiaras e interesadas en contratos de seguros, y que
cuentan con la facultad de declarar la ocurrencia del siniestro mediante acto
administrativo, deben ejercer dicha facultad dentro del término de prescripción previsto
en la referida norma.
16) Expresamente esta Corporación, ha dicho lo siguiente18:
“En relación con la prescripción de las acciones derivadas del contrato de
seguro, el artículo 1081 del Código de Comercio establece que:
“La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de
las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el
momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del
hecho que da base a la acción.
La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de
personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo
derecho.
Estos términos no pueden ser modificados por las partes”.
A partir de esta disposición, salta a la vista que, tratándose de seguros la ley
mercantil contempla dos tipos de prescripción: la ordinaria y la extraordinaria,
las cuales, a voces de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, se distinguen porque “la prescripción ordinaria, en materia del
contrato de seguro, es un fenómeno que mira el aspecto meramente subjetivo,
toda vez que concreta el término prescriptivo a las condiciones del sujeto que
deba iniciar la acción y, además, fija como iniciación del término para
contabilizarlo el momento en que el interesado haya tenido o debido tener
conocimiento del hecho que da base a la acción; en cambio, la extraordinaria
consagra un término extintivo derivado de una situación meramente objetiva,
traducida en que sólo requiere el paso del tiempo desde un momento preciso,
ya indicado, y sin discriminar las personas en frente a las cuales se aplica, así
se trate de incapaces”65.
En tal sentido, y de conformidad con la jurisprudencia de esta Sección66, las
entidades que son beneficiaras de contratos de seguros -interesadas- y que,
por tanto, tienen la facultad de declarar la ocurrencia del siniestro mediante
acto administrativo, deben proceder en tal sentido dentro término de
prescripción ordinaria, es decir, dentro de los dos (2) años contados desde el
momento en el que hayan tenido o debieron tener conocimiento del hecho que
da base a la acción67.
De otro lado, según lo manifestado por esta Subsección, la competencia,
como expresión del principio de legalidad68, es la facultad que, en virtud de la
Constitución, la Ley o el Reglamento, tiene un órgano o entidad pública para
ejercer determinada función en una materia y dentro de cierto tiempo y ámbito
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 24 de enero de 2024, exp. 53674
18
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territorial69. Bajo este entendido, los actos administrativos se ajustarán al
ordenamiento cuando hayan sido proferidos por una autoridad en el marco de
las facultades otorgadas en la Constitución, la Ley o el Reglamento. Por el
contrario, aquellos estarán viciados de nulidad cuando la autoridad los hubiese
dictado, “por fuera de la esfera de atribuciones que el ordenamiento jurídico le
ha otorgado.”.
17) Asimismo, ha dicho que “[E]n el seguro de cumplimiento pactado como garantía de
las obligaciones derivadas de un contrato estatal, la prescripción ordinaria es aplicable a
todo interesado que tenga o haya debido tener conocimiento de siniestro, tal como
ocurre con las partes del contrato de seguro y también con el beneficiario cuando este
es una entidad estatal que, de acuerdo con la ley, tiene a su cargo la vigilancia y control
de la ejecución del contrato, posición en virtud de la cual le es exigible enterarse acerca
de los hechos que pueden servir de sustento para la efectividad de los amparos
otorgados en su favor.”19
18) Para la Sala la jurisprudencia invocada por la parte demandante guarda similitud
fáctica y jurídica con el caso resuelto en la providencia cuestionada, por lo que no había
fundamento para descartar la aplicabilidad del artículo 1081 del Código de Comercio,
máxime cuando el asunto se refería precisamente a la afectación de una póliza de
seguro constituida entre las partes en controversia, frente a lo cual la entidad contaba
con el término previsto en dicha norma para ejercer la reclamación.
19) Si bien el tribunal expuso razones para descartar la aplicación de esa norma, lo
cierto es que la inexistencia de una norma especial en el estatuto de contratación
estatal que regule expresamente la materia no impide acudir al régimen supletorio del
derecho privado. En este sentido, dicha norma regula el plazo para que la entidad haga
exigible el derecho derivado del seguro, y no debe confundirse con el término de
caducidad de la acción judicial, como erradamente lo interpretó el tribunal.
20) Además, la controversia en el proceso ordinario giró en torno a la competencia de la
entidad estatal para afectar la póliza, lo cual fue objetado por la demandante con el
argumento de que dicha actuación se produjo dos años después de que la
administración tuvo conocimiento del supuesto incumplimiento contractual, de manera
que, el análisis del juez natural de la causa debió centrarse en el alcance normativo del
artículo 1081 del Código de Comercio, atendiendo a la pretensión formulada en la
demanda.
19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 21 de marzo de 2023. Expediente:
25000-23-36-000-2013-00945-01 (57.276)
19
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21) Aunque se reconoce que los jueces pueden apartarse de un criterio jurisprudencial
reiterado, ello impone la carga de justificar expresamente las razones del apartamiento,
lo cual se ha denominado el cumplimiento de la “carga de transparencia”. En este caso
la autoridad judicial expuso argumentos para sustentar su decisión, pero estos no
satisfacen los estándares constitucionales, pues no explicaron adecuadamente la
incompatibilidad entre la norma privada y el régimen de contratación estatal; asimilaron
erróneamente el procedimiento administrativo con el término de prescripción, y
desconocieron que la aplicación supletoria del derecho privado es válida cuando no se
desnaturalizan las reglas propias del régimen público —como sucede con el artículo
1081 del Código de Comercio.
22) En ese orden, la Sala denotó que la interpretación acogida por el tribunal no
resultaba razonable ni conforme a derecho, y advierte que la parte actora expuso
argumentos pertinentes que desvirtúan los argumentos de la decisión, razón por la cual
se impone la concesión del amparo solicitado.
3. Conclusión
Para la Sala resulta claro que la sentencia proferida el 10 de abril de 2025 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
vulneró los derechos constitucionales fundamentales de la demandante, debido a que
se encuentra configurados los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente jurisprudencial.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala amparará los derechos fundamentales de la parte
demandante, dejará sin efectos la sentencia atacada y dispondrá que la autoridad
judicial demandada profiera una nueva decisión de reemplazo en la que observe los
lineamientos de esta providencia y resuelva el caso conforme a la aplicación del artículo
1081 del Código de Cómercio.
La Sala considera pertinente precisar que el amparo que aquí se concede no implica en
modo alguno ningún tipo de direccionamiento ni insinuación acerca del sentido del fallo
que debe emitir la autoridad judicial demandada en cumplimiento de esta sentencia,
pues, en el ejercicio autónomo e independiente de su competencia deberá valorar los
elementos de prueba obrantes en el respectivo proceso de controversias contractuales
y consecuentemente adoptar la decisión de segunda instancia que en derecho deba
proferirse.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04624-00
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En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°) Ampáranse los derechos fundamentales invocados por la demandante, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) En consecuencia, déjase sin efectos la sentencia del 10 de abril de 2025 proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en el proceso de controversias contractuales con radicación no. 11001-33-43-064-2020-
00183-01.
3º) Ordénase a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que en el término de diez (10) días contados a partir de la fecha de
notificación de esta providencia profiera una decisión en reemplazo en la cual se tengan
en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia.
4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (E) Magistrado
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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