Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04647-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04647-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04647-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
17 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04647-01
Accionante: SORAYDA HERNÁNDEZ CARRILLO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE CONFIRMA EL
FALLO IMPUGNADO. Se declara improcedente por no cumplir el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. Sanción moratoria.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia de
1.° de septiembre de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Sorayda Hernández Carrillo, a través de apoderado judicial, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, en conexidad con los principios de legalidad, seguridad
jurídica, confianza legítima y favorabilidad, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 11 de febrero de 2025, proferida por la Sala de Decisión núm. 3 del
Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 15001-33-33-
014-2022-00040-01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relatóque, al haber ejercido como docente, presentó una reclamación de
reconocimiento y pago de las cesantías ante la Secretaría de Educación del
Departamento de Boyacá, la cual fue resuelta de forma positiva mediante la
Resolución núm. 5100 de 17 de diciembre de 2020 y, al ser notificada de dicha
decisión, informó que renunciaba a términos de ejecutoria. Así, el 19 de febrero de
2021 la Fiduprevisora S.A. puso a disposición los dineros correspondientes.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Sorayda Hernández Carrillo
2.2. Señaló que el 25 de marzo de 2021 formuló una petición de reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de sus cesantías parciales
y al no recibir respuesta por parte de la entidad competente consideró que el
silencio administrativo negativo se había configurado.
2.3. Mencionó que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicación 15001-33-33-014-2022-00040-00 contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y el Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, con
el fin de que se declarara “[…] la nulidad del acto administrativo ficto presunto,
configurado el 26 de junio de 2021[…]” y a título de restablecimiento del derecho,
se ordenara a la demandada que reconociera y cancelara, a favor de la docente, la
sanción moratoria por pago tardío de conformidad con la Ley 1071 de 31 de julio
de 20061 y la Ley 1955 de 25 de mayo de 20192.
2.4. Señalóque el conocimiento del proceso ordinario le correspondió al Juzgado
Catorce Administrativo del Circuito de Tunja, autoridad judicial que, mediante
sentencia de 20 de junio de 2024, negó las pretensiones de la demanda.
2.5. Adujo que interpuso el recurso de apelación contra la anterior decisión y que la
Sala de Decisión núm. 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá, a través sentencia de
11 de febrero de 2025, confirmó la decisión de primera instancia.
2.6. Afirmó que la sentencia de segunda instancia vulneró sus derechos
fundamentales indicados supra por haber incurrido en los defectos fáctico y
sustantivo.
2.7. Como fundamento del defecto fáctico señaló que “[…] el acervo probatorio
recaudado en el proceso conducía necesariamente a una conclusión diferente a la
adoptada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, toda vez que el departamento
accionado no logró demostrar que el trámite seguido en el caso de la señora Sorayda
Hernández Carrillo se ajustó a los lineamientos normativos aplicables al caso concreto
y, tampoco desplegó esfuerzo argumentativo alguno, ni en sede administrativa ni en
el curso del proceso judicial, encaminado a justificar que la demora en la gestión
obedeció a una causa objetiva, siendo claro entonces que incumplió con la carga
probatoria que le correspondía para desvirtuar los hechos expuestos en la demanda,
carga que no puede ser suplida por el operador judicial sin desconocer los principios
de imparcialidad y contradicción y, por tal motivo, debía asumir las consecuencias
jurídicas derivadas de dicha omisión […].
2.8. Sobre el defecto sustantivo indicó que la autoridad judicial tuvo como sustento una
norma que no resultaba aplicable en lo relacionado con “[…] la configuración de la
sanción moratoria derivada del retraso en el trámite de reconocimiento y pago de las
cesantías. En efecto, en la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia
1
“[…] por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales
a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación […]”.
2
“[…] Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ […]”.
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Accionante: Sorayda Hernández Carrillo
se sostuvo que la entidad territorial disponía de un término superior a los quince días
para dar respuesta a la reclamación presentada por la señora Sorayda Hernández
Carrillo, con fundamento en la ampliación de plazos establecida en el artículo 5° del
Decreto 491 de 2020, por medio del cual se adoptaron medidas extraordinarias para
garantizar la continuidad en la atención y prestación de los servicios a cargo de las
autoridades públicas durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica
declarado en el territorio nacional. Empero, dicha disposición únicamente modificó de
manera temporal los términos generales previstos en el artículo 14 de la Ley 1437 de
2011, sin extenderse a aquellas solicitudes sometidas a regímenes especiales, como
lo es el reconocimiento de cesantías, por lo que su aplicación al presente caso
resultaba improcedente […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ - SALA
DE DECISIÓN No. 3 en la sentencia calendada del 11 de febrero de 2025
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo
radicado No. 15001-33-33-014-2022-00040-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD de la señora SORAYDA HERNÁNDEZ CARRILLO,
atendiendo que la decisión no se ajusta a la normatividad aplicable al caso
particular y, los hechos debidamente acreditados en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ - SALA DE DECISIÓN No. 3 dejar sin
efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva,
con observancia de la normatividad especial que regula el procedimiento
administrativo de reconocimiento y pago de las cesantías del personal docente
del Fomag y, la valoración íntegra y adecuada del acervo probatorio arrimado
en la controversia laboral […]”. [Negrilla del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 30 de julio de 2025, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de
terceros con interés en el resultado del proceso al Juzgado Catorce Administrativo
del Circuito de Tunja, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al
Departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), a la Fiduprevisora S.A., al
Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 15001-33-33-014-2022-00040-
00/01.
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Accionante: Sorayda Hernández Carrillo
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:
5.1. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Tunja señaló que se
surtieron todas las etapas procesales en el presente caso, por lo que no se
vulneraron los derechos fundamentales que alega, puesto que se acogió lo
dispuesto en el Decreto Legislativo núm. 491 de 2020, es decir, la petición debía
resolverse en el término de 30 días como era pertinente. Además, adujo que se
pretende debatir nuevamente lo que ya tuvo pronunciamiento en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo.
5.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó se nieguen las pretensiones de
la acción de tutela, en razón a que no se observa que la decisión acusada haya
sido vulneradora de los derechos fundamentales incoados. Lo que se observa es
que la accionante pretende utilizar el mecanismo de amparo como una instancia
adicional al proponer los mismos argumentos en ambos mecanismos judiciales.
5.3. El Departamento de Boyacá solicitó se declare la improcedencia de la acción
de tutela toda vez que no hay vulneración de derechos por parte de la entidad, los
argumentos ya fueron estudiados por el juez natural y no tiene vinculación alguna
con la accionante.
5.4. El Ministerio de Educación solicitó se declare improcedente por carecer de
relevancia constitucional por cuanto es una controversia de naturaleza
estrictamente económica, además, no se observa que la decisión acusada
vulnerara los derechos fundamentales señalados. Agregó que no tiene legitimación
en la causa por pasiva, no está facultada para definir situaciones administrativas
particulares en relación con la prestación efectiva del servicio público educativo,
por lo que solicitó su desvinculación del proceso.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 1.° de septiembre de 2025, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, al considerar que “[…]
la controversia versa sobre un asunto meramente legal y económico. Según la
jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal relativas a un derecho
de esta naturaleza deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios
dispuestos para su trámite […]”.
7. Lo anterior, en razón a que “[…] la acción de tutela no es el escenario adecuado
para examinar la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías que
fue negado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia de segunda
instancia, dado el innegable carácter patrimonial que implica dicha temática,
5
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Accionante: Sorayda Hernández Carrillo
sumado al carácter eminentemente legal de la discusión planteada en la acción
constitucional […]”.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
8. La accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó se acceda a las
pretensiones de la acción de tutela amparando “[…] los derechos fundamentales
del debido proceso, acceso a la administración de justicia, prevalencia del derecho
sustancial, tutela judicial efectiva, confianza legítima, igualdad, seguridad jurídica y,
principio pro homine del accionante […]”. Adicionalmente, reiteró los argumentos
expuestos en el escrito de tutela respecto a los defectos fáctico y sustantivo.
9. Mencionó que la presente acción de tutela sí tiene relevancia constitucional, dado
que el análisis versa sobre la falta de soporte probatorio en la que incurrió la
sentencia del Tribunal, lo cual conllevó a que la providencia se estructurara “[…] a
partir de conjeturas y no de los elementos de juicio efectivamente allegados en la
actuación administrativa sometida a control de legalidad en sede judicial […]”.
10. Expuso que quedó debidamente demostrado que la Secretaría de Educación del
departamento de Boyacá excedió los términos legales establecidos para resolver
la reclamación de cesantías sin que se acreditara una causa legítima que justificara
el retardo.
11. Argumentó que el tribunal pasó por alto que el artículo 5 del Decreto 491 de 28
de marzo de 20203 exceptuó expresamente de su aplicación aquellas peticiones
reguladas por normas especiales, limitando su alcance únicamente a las solicitudes
tramitadas bajo el régimen general de la Ley 1755 de 30 de junio de 20154, pero la
reclamación de cesantías se encuentra regulada de forma taxativa por la Ley 1071
de 31 de julio de 20065 y, en ese sentido, era improcedente extender los efectos de
la norma invocada.
12. Indicó que “[…] no existía en el plenario prueba alguna que permitiera concluir
que la demora en el trámite del reconocimiento del auxilio económico obedeciera a
la circunstancia invocada por el tribunal, pues el Departamento de Boyacá guardó
silencio frente a tal hecho y no lo alegó para eximirse de responsabilidad […]”.
3
“[…] Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de
las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y
de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica […]”.
4
“[…] Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
5
“[…] Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o
parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación […]”.
6
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Accionante: Sorayda Hernández Carrillo
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19916, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20157, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20218 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20259, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 201910, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 202411.
VIII.2. Cuestión previa
14. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Ministerio de Educación.
15. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T-1001 de 200612, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]’ […]” (Negrilla fuera del
texto).
6
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
7
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
8
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
10
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
11 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
12
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
7
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Accionante: Sorayda Hernández Carrillo
16. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación fue parte demandada dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado por la
accionante, la Sala considera que a esta entidad sí le asiste el interés jurídico para
ser vinculada a esta acción constitucional.
17. Por lo anterior, se denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia
VIII.3. Problemas jurídicos
18. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado13, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en los defectos fáctico y sustantivo.
19. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de acuerdo con los requisitos generales y especiales de procedibilidad;
para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
20. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201214, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
21. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
22. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
13
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
23. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial15, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución16.
24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”17 que encaje en dichos
parámetros.
25. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
15
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
16
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
17
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Sorayda Hernández Carrillo
VIII.5. El caso concreto
27. La señora Sorayda Hernández Carrillo, a través de apoderado judicial, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, en conexidad con los principios de legalidad, seguridad
jurídica, confianza legítima y favorabilidad, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 11 de febrero de 2025, proferida por la Sala de Decisión núm. 3 del
Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con número de radicación 15001-33-33-
014-2022-00040-01.
28. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito general de relevancia constitucional.
VIII.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
29. El requisito de procedencia de relevancia constitucional se entiende cumplido
cuando se acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental18 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por otras
jurisdicciones19.
30. En las acciones de tutela contra providencias judiciales20 el referido requisito se
cumple siempre que se evidencie la afectación o vulneración de las garantías
constitucionales o núcleo esencial de los derechos fundamentales y se descarte el
uso del mecanismo de amparo como una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces21.
31. En cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación22, sostuvo que:
“[…] La ‘relevancia constitucional’ es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
18
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
19
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
20
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
21
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
22
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04647-01
Accionante: Sorayda Hernández Carrillo
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de ‘relevancia constitucional’, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto]
32. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202223 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, el accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04647-01
Accionante: Sorayda Hernández Carrillo
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho; (iii)
laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones
económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
33. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202324.
34. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales25.
35. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada vulneró sus
derechos fundamentales indicados supra por haber incurrido, presuntamente, en
los defectos fáctico y sustantivo.
36. Como fundamento del defecto fáctico señaló que “[…] el acervo probatorio
recaudado en el proceso conducía necesariamente a una conclusión diferente a la
adoptada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, toda vez que el departamento
accionado no logró demostrar que el trámite seguido en el caso de la señora Sorayda
Hernández Carrillo se ajustó a los lineamientos normativos aplicables al caso concreto
y, tampoco desplegó esfuerzo argumentativo alguno, ni en sede administrativa ni en
el curso del proceso judicial, encaminado a justificar que la demora en la gestión
obedeció a una causa objetiva, siendo claro entonces que incumplió con la carga
probatoria que le correspondía para desvirtuar los hechos expuestos en la demanda,
carga que no puede ser suplida por el operador judicial sin desconocer los principios
24
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04647-01
Accionante: Sorayda Hernández Carrillo
de imparcialidad y contradicción y, por tal motivo, debía asumir las consecuencias
jurídicas derivadas de dicha omisión […].
37. Sobre el defecto sustantivo indicó que la autoridad judicial tuvo como sustento
una norma que no resultaba aplicable en lo relacionado con “[…] la configuración
de la sanción moratoria derivada del retraso en el trámite de reconocimiento y pago
de las cesantías. En efecto, en la parte considerativa de la sentencia de segunda
instancia se sostuvo que la entidad territorial disponía de un término superior a los
quince días para dar respuesta a la reclamación presentada por la señora Sorayda
Hernández Carrillo, con fundamento en la ampliación de plazos establecida en el
artículo 5° del Decreto 491 de 2020, por medio del cual se adoptaron medidas
extraordinarias para garantizar la continuidad en la atención y prestación de los
servicios a cargo de las autoridades públicas durante el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica declarado en el territorio nacional. Empero, dicha
disposición únicamente modificó de manera temporal los términos generales
previstos en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sin extenderse a aquellas
solicitudes sometidas a regímenes especiales, como lo es el reconocimiento de
cesantías, por lo que su aplicación al presente caso resultaba improcedente […]”.
38. Alrespecto, esta Sección ha venido sosteniendo que comoquiera que la
inconformidad planteada gira en torno a la falta de reconocimiento de la sanción
moratoria, este asunto no involucra la afectación de derechos fundamentales, sino
que tiene una naturaleza eminentemente económica.
39. Lodicho previamente se fundamenta en que la Corte Constitucional, en
sentencia SU-573 de 201926, precisó que la sanción moratoria no constituye «[…]
un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional […]». En esa oportunidad, dicha Corporación expuso lo
siguiente:
«[…] 55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna
de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia
de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías,
como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la
persona que se queda temporalmente sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida
en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente
cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al
mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia,
cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las
cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al
fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un
reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que
no amerita la intervención del juez de tutela […]». (Negrilla fuera del texto)
26
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-573 de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04647-01
Accionante: Sorayda Hernández Carrillo
40. A partir de lo anterior, esta Sección27, al igual que las Secciones Tercera, Cuarta
y Quinta de esta Corporación28, ha venido reiterando, de manera pacífica, que los
conflictos en materia de tutela relacionados con el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria están asociados a controversias de índole meramente legal y
económica, por lo que no cumplen con el citado requisito general de procedencia.
41. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; ii) corresponde a un asunto meramente económico y, iii) la parte
accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia, con lo que
busca reabrir la discusión que fue resuelta por el juez natural del asunto.
42. Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección confirmará el
fallo impugnado, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de
Educación Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 1.° de septiembre de 2025, proferida por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
27
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01425-01;
de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-02676-01; de 7 de abril de 2022 expediente número
11001-03-15-000-2022-01593-00.
28
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 17 de marzo de 2022 expediente número 11001-03-15-000-2022-01048-00;
de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01482-01; de 8 de julio de 2021 expediente número
11001-03-15-2021-02351-00; de 20 de mayo de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01836-00.
14
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04647-01
Accionante: Sorayda Hernández Carrillo
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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