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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04654-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04654-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Departamento del Atlántico, en la forma indicada en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. MODIFICAR la Sentencia de 19 de septiembre de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para que, en su lugar, disponga: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el Municipio de Puerto Colombia, frente al defecto fáctico y, NEGAR las pretensiones de la tutela frente al defecto sustantivo, por las razones contenidas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 13 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-04654-01 Demandante: Municipio de Puerto Colombia TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-04654-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04654-01
Demandante: Municipio de Puerto Colombia
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad.
Competencia para establecer límites territoriales entre un distrito
y un municipio. Violación directa de la Constitución. Defecto
sustantivo. Defecto fáctico.
Decisión: Modifica sentencia de primera instancia.

La Sala decide la impugnación formulada por la parte actora en contra de la
Sentencia proferida el 19 de septiembre de 2025 por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 28 de julio de 2025, la parte actora, a través de apoderado judicial,
presentó una acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
así como al principio de la buena fe, los cuales fueron presuntamente transgredidos
por el Tribunal Administrativo del Atlántico y la Sección Primera del Consejo de
Estado, dentro del proceso de nulidad No. 08001-23-31-000-2009-01129-00/01/02.

2. A título de amparo, solicitó que (i) se dejaran sin efectos las Sentencias de
14 de diciembre de 2016 y 6 de febrero de 2025 y, en consecuencia, que se
ordenara dictar una decisión de remplazo.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
relató que el gobernador del Departamento del Atlántico expidió el Decreto No. 19
de 24 de junio de 1905, a través del cual se creó el Municipio de Puerto Colombia,
el cual, a su turno, fue aprobado mediante el Decreto No. 483 de 26 de abril de
1906, expedido por el presidente de la República. Asimismo, señaló que el artículo
3 de la Ordenanza No. 30 de 5 de mayo de 1913 estableció los límites y las
divisiones territoriales del departamento.

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Demandante: Municipio de Puerto Colombia

4. Indicó que, mediante el Acto Legislativo No. 1 de 17 de agosto de 1993, se
erigió a la ciudad de Barranquilla como Distrito Especial, Industrial y Portuario, y
precisó que dicho distrito abarcaría la comprensión territorial del barrio Las Flores,
el corregimiento de La Playa del Municipio de Puerto Colombia y el tajamar
occidental de Bocas de Cenizas en el río Magdalena, sector Ciénaga de Mallorquín,
en el Departamento del Atlántico.

5. Sostuvo que, si bien en 1993 el Municipio de Puerto Colombia perdió el
corregimiento de La Playa y el sector de la antigua Ciénaga de Mallorquín, tajamar
occidental de Bocas de Ceniza, dicha pérdida territorial no desconoció las
comprensiones establecidas en la Ordenanza No. 30 de 5 de mayo de 1913. Añadió
que, con fundamento en esa ordenanza, se había adelantado la planificación del
municipio, apoyada en la base catastral suministrada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC) y con base en la cual se aprobaron sus planes de
ordenamiento territorial.

6. El 26 de mayo de 1999, la Asamblea Departamental del Atlántico expidió la
Ordenanza No. 21, mediante la cual se aclararon y precisaron los límites del
Municipio de Puerto Colombia con el Municipio de Tuburá y con el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla; sin embargo, precisó que dicho acto
administrativo fue anulado por el Consejo de Estado, mediante Sentencia de 9 de
diciembre de 2004 1.

7. El 8 de enero de 2009, el IGAC rindió un informe técnico sobre la
actualización de la delimitación territorial entre el Municipio de Puerto Colombia y el
Distrito de Barranquilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 2 de la
Ley 136 de 1994, el cual fue presentado al entonces Ministerio del Interior y de
Justicia y, posteriormente, remitido por este a la Asamblea Departamental del
Atlántico por competencia 3.

8. Manifestó que dicho informe no fue acogido por la Asamblea Departamental
del Atlántico, en la medida en que no se ajustaba a las comprensiones territoriales,
técnicas y jurídicas definidas en la Ordenanza No. 30 de 1913. En consecuencia,
señaló que esa corporación procedió a expedir la Ordenanza No. 75 de 20094,
mediante la cual se establecieron los límites territoriales entre el Municipio de Puerto
Colombia y el Distrito Especial de Barranquilla, de conformidad con la competencia
prevista en el numeral 11 del artículo 300 de la Constitución Política, en
concordancia con la Ley 136 de 1994.

9. El 18 de diciembre de 2009, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y otro 5, inconformes con los límites establecidos, interpusieron

1
Rad. 08001-23-31-000-1999-02322-00/01/02.
2
«Artículo 194. Distritos. En cuanto no pugne con las leyes especiales, la presente Ley se aplicará a los distritos.»
3
«Dicho informe de carácter técnico comportaba un insumo no vinculante para que la Asamblea Departamental del Atlántico
lo tuviera como elemento de juicio para adoptar la decisión limítrofe de su competencia y, en caso de que no se asumiera
dentro del año siguiente a ser radicado ante esa Corporación, se utilizaría su trazado como límite provisional, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 30 de la Ley 962 de 2005.»
4
Es necesario precisar que la parte actora señaló que la ordenanza era del 2010. Sin embargo, una vez revisado el proceso
ordinario y las pruebas, se advierte que la fecha correcta es 2009, esto para efectos de mejor claridad en el desarrollo fáctico
y jurídico de la presente providencia.
5
Alexander de Jesús Polo del Veccio.

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Demandante: Municipio de Puerto Colombia

demanda de nulidad simple contra los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Ordenanza
No. 75 de 2009, tras considerar que (i) se habían vulnerado el numeral 4 del artículo
150 y el artículo 286 de la Constitución Política, el artículo 1 del Acto Legislativo No.
1 de 1993, los artículos 170, 86 y 87 del Decreto No. 1222 de 1986, así como el
artículo 84 y 158 del CCA; (ii) no existía competencia para su expedición; (iii) se
había reproducido un acto administrativo previamente anulado; y (iv) se expidió de
manera irregular.

10. El 14 de diciembre de 2016, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró
la nulidad total de la Ordenanza No. 75 de 7 de diciembre de 2009, tras estimar que
el acto incurrió en las causales de invalidez de violación de las normas en que debía
fundarse y expedición irregular, específicamente por: (i) la falta de competencia de
la Asamblea Departamental del Atlántico para establecer los límites territoriales
entre el Municipio de Puerto Colombia y el Distrito Especial de Barranquilla; (ii) la
reproducción de un acto administrativo que ya había sido anulado por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo; y (iii) vicios de forma en el procedimiento de
formación del acto.

11. El 20 de enero de 2017, el hoy accionante y otro6 interpusieron recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia. Consideraron que para la época
en que se expidió la Ordenanza No. 75 de 2009, no existía una regulación especial
sobre la solución de conflictos limítrofes entre distritos y municipios. Por tal razón,
sostuvieron que resultaban aplicables las normas del régimen municipal, en
particular el artículo 14 de la Ley 136 de 1994 7, que facultaba a las asambleas
departamentales para fijar límites territoriales. Añadieron que la Ley 768 de 2002 8
no reguló dicha materia y que solo hasta la expedición de la Ley 1617 de 2013 se
le asignó expresamente esa competencia al Congreso, por lo que estimaron que la
Asamblea Departamental del Atlántico había actuado dentro de su competencia
residual al definir los límites entre el Distrito Especial de Barranquilla y el Municipio
de Puerto Colombia, sin crear ni modificar una entidad territorial. Razón por la cual
la ordenanza se había expedido conforme a la normatividad vigente, sin reproducir
los vicios del acto previamente anulado.

12. El 6 de febrero de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó
la Sentencia de 14 de diciembre de 2016. Explicó que, si bien el Municipio de Puerto
Colombia y el Departamento del Atlántico sostuvieron que, ante la inexistencia de
una norma especial, resultaba procedente aplicar de manera subsidiaria el artículo
14 de la Ley 136 de 1994, la corporación concluyó que dicha remisión no era válida,
en la medida en que el acto acusado no solo resolvió una disputa territorial, sino
que definió y modificó el territorio del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla, asunto respecto del cual la asamblea carecía de competencia. En ese
sentido, precisó que se reiteró que la fijación de límites distritales implicaba una

6
Departamento del Atlántico.
7
«Artículo 14. Modificación De Límites Intermunicipales. Cuando dos o más municipios de un mismo departamento
mantengan disputa territorial por no existir entre ellos límites definidos o por presentar problemas de identidad, atendidas sus
características naturales, sociales, económicas o culturales, las Asambleas Departamentales por medio de ordenanza, podrán
modificar o precisar los respectivos límites intermunicipales para lo cual deberán cumplirse los requisitos y condiciones
siguientes. […]»
8
«Por la cual se adoptó el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla,
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta» .

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modificación territorial sujeta a reserva legal, postura que fue confirmada por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-313 de 2009 y posteriormente reafirmada
con la Ley 1617 de 2013, lo que condujo a confirmar la decisión de primera instancia.

13. El hoy accionante y otros9 interpusieron recurso de adición y aclaración,
dirigidos a 3 aspectos específicos: (i) que se adicionara la sentencia por no haberse
realizado un pronunciamiento sobre todos los argumentos expuestos en la decisión
de primera instancia; (ii) que se aclarara si la causal a partir de la cual se declaró la
nulidad correspondía a la falta de competencia de la entidad que profirió el acto
acusado; y (iii) que se precisaran los efectos de la decisión.

14. El 20 de marzo de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado negó
las solicitudes de adición y aclaración de la sentencia, tras considerar que no
resultaba procedente la adición propuesta, en tanto se encontraba acreditado que
se incurrió en la causal de falta de competencia al expedir el acto acusado, razón
por la cual no era necesario efectuar un análisis adicional sobre los demás
argumentos. De igual modo, sostuvo que la solicitud de aclaración de los efectos de
la decisión no era procedente, en la medida en que la providencia no contenía
referencias que generaran dudas para las partes del proceso, máxime cuando el
objeto del fallo se circunscribía a determinar la legalidad del acto acusado.

15. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora sostuvo que el
Tribunal Administrativo del Atlántico y la Sección Primera del Consejo de Estado
incurrieron en una violación directa de la Constitución, por haber concluido que la
Asamblea Departamental del Atlántico carecía de competencia para fijar o actualizar
los límites territoriales entre un municipio y un distrito especial. En ese sentido,
afirmó que para el año 2010 no existía un régimen especial que regulara los límites
de los distritos, por lo que resultaba aplicable el régimen municipal previsto en la
Ley 136 de 1994, el cual atribuía dicha competencia a las asambleas
departamentales. Así, alegó que el Acto Legislativo No. 1 de 1993 y el artículo 2 de
la Ley 768 de 2002 10 habilitaban la aplicación subsidiaria de las normas municipales,
en la medida en que dicha competencia solo habría sido retirada con la expedición
de la Ley 1617 de 2013. Añadió que la controversia no versó sobre la creación,
eliminación, modificación o fusión de entidades territoriales, sino exclusivamente
sobre la actualización de límites preexistentes. Asimismo, sostuvo que la decisión
judicial aplicó de manera errónea la Sentencia C-313 de 2009 de la Corte
Constitucional, con lo cual se habrían vulnerado los principios de autonomía
territorial y de confianza legítima.

9
Rocío del Pilar Acosta Moreno, el Departamento del Atlántico, la Asamblea Departamental del Atlántico y el Distrito Especial
de Barranquilla.
10
«Artículo 2. Régimen aplicable. Los Distritos Especiales de Barranquilla, Cartagena de Indias y Santa Marta, son entidades
territoriales organizadas de conformidad con lo previsto en la Constitución Política, que se encuentran sujetos a un régimen
especial autorizado por la propia Carta Política, en virtud del cual sus órganos y autoridades gozan de facultades especiales
diferentes a las contempladas dentro del régimen ordinario aplicable a los demás municipios del país, así como del que rige
para las otras entidades territoriales establecidas dentro de la estructura político administrativa del Estado colombiano.
En todo caso las disposiciones de carácter especial prevalecerán sobre las de carácter general que integran el régimen
ordinario de los municipios y/o de los otros entes territoriales; pero en aquellos eventos no regulados por las normas especiales
o que no se hubieren remitido expresamente a las disposiciones aplicables a alguno de los otros tipos de entidades territoriales
previstas en la C.P. y la ley, ni a las que está sujeto el Distrito Capital de Bogotá, estos se sujetarán a las disposiciones
previstas para los municipios.»

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16. Indicó que se incurrió en un defecto sustantivo, toda vez que se aplicó de
manera retroactiva la Ley 1617 de 2013 para invalidar la Ordenanza No. 75 de 2009,
en desconocimiento de la regla general de irretroactividad de la ley y sin que se
realizara una interpretación sistemática fundada en las normas constitucionales
vigentes al momento de expedición de dicha ordenanza. Al respecto, alegó que las
autoridades judiciales omitieron aplicar el numeral 6 del artículo 300 de la
Constitución Política 11 y los artículos 14 y 194 de la Ley 136 de 1994, así como el
régimen previsto en la Ley 1447 de 2011, conforme al cual las asambleas
departamentales eran competentes para definir límites territoriales entre distritos
distintos de Bogotá y municipios antes de la entrada en vigor de la Ley 1617 de
2013. Del mismo modo, afirmó que la Sección Primera del Consejo de Estado
desconoció el Concepto No. 2179 de 21 de mayo de 2014 de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, en el cual se reconocía dicha competencia, y
que, en su lugar, invocó de manera inconexa la Sentencia C-313 de 2009 de la
Corte Constitucional, apartándose del marco normativo aplicable y afectando la
razonabilidad jurídica y la confianza legítima en la administración de justicia.

17. Finalmente, adujo que se configuró un defecto fáctico, en la medida en que
se omitió la valoración de pruebas determinantes que obraban en el expediente. En
particular, sostuvo que las autoridades judiciales no verificaron ni valoraron el
informe técnico del IGAC remitido por el Ministerio del Interior y de Justicia, ni
realizaron una corroboración técnica del territorio mediante mapas, planos,
documentos cartográficos o pruebas periciales. Señaló que dicha omisión condujo
a dar por probado, sin sustento técnico, que la Ordenanza No. 75 de 2009 había
modificado los límites territoriales, cuando del material probatorio se desprendía que
dicho acto se limitó a actualizar las comprensiones territoriales fijadas desde la
Ordenanza No. 30 de 1913, conforme a los avances técnicos en materia de
georreferenciación. Añadió que las decisiones judiciales no identificaron los
territorios supuestamente segregados ni justificaron sus conclusiones mediante
coordenadas o estudios técnicos del IGAC, lo cual derivó en una conclusión errónea
sobre una supuesta usurpación de competencias por parte de la Asamblea
Departamental del Atlántico, atribuible exclusivamente a la falta de una valoración
integral y razonable del acervo probatorio.

Intervenciones12

18. La Sección Primera del Consejo de Estado manifestó que la acción de tutela
debía declararse improcedente, ya que no cumplía con el requisito de relevancia
constitucional, en la medida en que resultaba evidente que lo planteado por el
accionante era reabrir la discusión sobre el objeto del litigio ya resuelto. En
particular, señaló que los cuestionamientos formulados reproducían los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, los cuales habían sido ampliamente
analizados y resueltos en la sentencia acusada.

11
«Articulo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: […] 6. Con sujeción a los
requisitos que señale la Ley, crear y suprimir municipios, segregar y agregar territorios municipales, y organizar provincias .»
12
Mediante Auto de 31 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal Administrativo
del Atlántico y la Sección Primera del Consejo de Estado, y vinculó a Alexander de Jesús Polo del Veccio, al Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, al Departamento del Atlántico (Asamblea Departamental del Atlántico) y al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi–IGAC, en calidad de terceros con interés legítimo.

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19. El Departamento del Atlántico solicitó su desvinculación de la acción de
tutela, tras considerar que no se configuraba actuación u omisión alguna que
pudiera serle atribuida y que permitiera establecer, siquiera de manera sumaria, la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante.
Asimismo, sostuvo que del análisis del material probatorio allegado no se
desprendían elementos que permitieran acreditar un nexo de causalidad entre su
conducta y los hechos que dieron origen a la supuesta vulneración.

20. Señaló que «la ordenanza declarada nula constituía un acto legítimo del
ejercicio del poder reglamentario de la Asamblea Departamental, conforme a la
atribución prevista en el artículo 300 de la Constitución Política». No obstante,
advirtió que la Sección Primera del Consejo de Estado prescindió de analizar
diversos elementos esenciales que sustentaban la legalidad de dicho acto, los
cuales habían sido puestos a consideración del superior mediante la sustentación
del recurso de apelación. Afirmó que el estudio efectuado se limitó exclusivamente
al análisis de la competencia de la asamblea, sin abordar otros aspectos
fundamentales del proceso.

21. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla sostuvo que el
asunto carecía de relevancia constitucional, por cuanto se originó en un proceso de
nulidad simple, propio del control abstracto de legalidad, que no involucraba la
definición concreta de derechos fundamentales. Señaló que el Tribunal
Administrativo del Atlántico y la Sección Primera del Consejo de Estado se limitaron
a interpretar y aplicar el marco constitucional y legal para definir la competencia de
la Asamblea Departamental, concluyendo, con apoyo en la Sentencia C-313 de
2009 de la Corte Constitucional, que dicha corporación carecía de competencia para
modificar el territorio de los distritos. Afirmó que la tutela pretendía reabrir un debate
estrictamente jurídico ya resuelto, pues buscaba convertir al juez constitucional en
una instancia adicional y sustituir el estudio realizado por el Consejo de Estado,
máxime cuando la controversia respondía a intereses de carácter económico y las
decisiones cuestionadas resultaban coherentes con decisiones anterior sobre el
mismo tema.

22. Indicó que la alegada violación directa de la Constitución se sustentó en una
discrepancia interpretativa del accionante frente a la conclusión según la cual la
Asamblea del Atlántico carecía de competencia para modificar el territorio del
Distrito de Barranquilla antes de la Ley 1617 de 2013. Precisó que la ordenanza
anulada no se limitó a una simple actualización de límites, sino que implicó una
modificación territorial mediante segregación, competencia reservada de manera
exclusiva al Congreso de la República conforme al numeral 4 del artículo 150 13 de
la Constitución, según la interpretación fijada por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-313 de 2009. Por ello, sostuvo que las autoridades judiciales no
desconocieron el régimen constitucional ni los precedentes aplicables, sino que

13
«Articulo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: […] 4. Definir
la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar,
modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias.»

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aplicaron correctamente la reserva de ley y descartaron la aplicación subsidiaria del
régimen municipal.

23. En relación con el supuesto defecto sustantivo, manifestó que no se
configuró aplicación retroactiva de la Ley 1617 de 2013, toda vez que la Sección
Primera aclaró expresamente que dicha norma no era aplicable al caso concreto y
que solo fue citada como reafirmación de la interpretación constitucional
previamente establecida en la Sentencia C-313 de 2009. Añadió que el
desconocimiento alegado del Concepto No. 2179 de 21 de mayo de 2014 de la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no era relevante, en tanto dichos
conceptos no tenían carácter vinculante ni constituían precedente obligatorio, y que
la providencia cuestionada se sustentó en jurisprudencia constitucional obligatoria
sobre la competencia exclusiva del Congreso para modificar el territorio de los
distritos.

24. Finalmente, sostuvo que tampoco se configuró el defecto fáctico alegado,
pues el informe técnico del IGAC estableció que la Ordenanza No. 30 de 1913 no
definió límites entre el Distrito de Barranquilla y el Municipio de Puerto Colombia,
razón por la cual no existía un límite previo susceptible de actualización. En ese
sentido, señaló que la Sección Primera concluyó razonadamente que la Ordenanza
No. 75 de 2009 sí implicó una modificación territorial pues definió con precisión
límites en una disputa entre un distrito especial y un municipio, lo cual suponía una
alteración del área distrital. Añadió que el accionante atribuyó erróneamente al
informe del IGAC el carácter de parte integrante de la ordenanza anulada,
desconociendo los antecedentes y conclusiones técnicas que sustentaron la
decisión judicial.

25. El Tribunal Administrativo del Atlántico envió el enlace de acceso al
expediente digital del proceso ordinario.

26. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y Alexander de Jesús Polo
del Veccio, pese a que fueron debidamente notificados, guardaron silencio.

Sentencia impugnada

27. El 19 de septiembre de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el
Municipio de Puerto Colombia, comoquiera que no se cumplía el requisito general
de relevancia constitucional. Al respecto, concluyó que la tutela pretendía reabrir un
debate ya resuelto por el juez natural del asunto, en la medida en que los
argumentos se orientaban a obtener una interpretación jurídica distinta sobre la
competencia de la Asamblea Departamental del Atlántico para fijar los límites del
Distrito de Barranquilla. Precisó que la competencia para la expedición del acto
cuestionado había constituido uno de los cargos centrales de las demandas, por lo
que fue ampliamente analizada tanto en la sentencia de primera instancia como en
el trámite de apelación y en la decisión de segunda instancia.

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28. Indicó que la posición adoptada por el Tribunal Administrativo del Atlántico
y por la Sección Primera del Consejo de Estado no fue el resultado de una
interpretación arbitraria o contraria del ordenamiento jurídico, sino del análisis de la
constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En particular, señaló que
ya se había resuelto una demanda de nulidad con circunstancias jurídicas similares,
de la cual se extrajo una regla jurídica que fue aplicada de manera extensible al
caso concreto.

29. Advirtió que, tras examinar la providencia cuestionada, se evidenciaba que
el juez natural del asunto valoró el material probatorio obrante en el expediente y
resolvió los cargos formulados en el recurso de apelación, sin que en dicho trámite
se hubieran alegado las supuestas deficiencias probatorias que posteriormente se
invocaron como fundamento de un defecto fáctico. En ese sentido, consideró que
los planteamientos del accionante buscaban reabrir el debate propio de la instancia,
en contravía de la naturaleza excepcional de la acción de tutela.

30. Finalmente, sostuvo que no se advertía una actuación caprichosa o
arbitraria por parte de las autoridades judiciales accionadas, razón por la cual
resultaba improcedente que el juez constitucional revisara o revaluara la
interpretación y el alcance otorgados por el juez natural del asunto. En
consecuencia, precisó que la acción de tutela no podía erigirse como una instancia
adicional del proceso ordinario ni como un mecanismo para que se desconociera la
autonomía e independencia que caracterizaban las decisiones judiciales.

Impugnación

31. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, tras sostener que no
pretendía reabrir un debate legal ya resuelto, sino plantear cargos de naturaleza
estrictamente constitucional. En ese sentido, afirmó que se alegó el
desconocimiento directo de normas superiores sobre autonomía territorial,
distribución de competencias y determinación del territorio, así como la
configuración de violación directa de la Constitución, de defectos sustantivo y
fáctico. Señaló que la sentencia impugnada omitió examinar dichos reproches y
desestimó la tutela sin un análisis material, lo que distorsionó el estándar de
relevancia constitucional y configuró un defecto de procedencia.

32. Sostuvo que la sentencia de primera instancia incurrió en un error de
derecho tras vaciar de contenido la causal de violación directa de la Constitución,
ya que no examinó la omisión de las normas constitucionales que regulaba la
autonomía y las competencias territoriales. Indicó que, para el año 2010, los distritos
distintos de Bogotá no habían sido excluidos del régimen municipal en materia de
límites, por lo que la Asamblea Departamental del Atlántico conservaba
competencia para actualizarlos. No obstante, afirmó que la decisión judicial se
sustentó exclusivamente en la reserva de ley derivada de la Sentencia C-313 de
2009 y de la Ley 1617 de 2013, sin que armonizara dichas fuentes con el marco
constitucional vigente ni verificar la existencia de un vacío normativo, reduciendo el
debate a una discrepancia interpretativa.

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33. Reiteró la configuración de un defecto sustantivo, en la medida en que la
Sección Primera aplicó de manera retroactiva la Ley 1617 de 2013 para invalidar la
Ordenanza No. 75 de 2009, desconociendo el régimen normativo aplicable al
momento de su expedición. Añadió que se omitió el análisis del Concepto No. 2179
de 2014 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que
reconocía la competencia de las asambleas departamentales antes de dicha ley, y
que la sentencia impugnada se limitó a reiterar la tesis de la reserva de ley sin que
examinara el reproche concreto de retroactividad ni el eventual apartamiento
injustificado de precedentes, pese a la incidencia de la decisión en la planificación
territorial y administrativa del municipio.

34. Finalmente, sostuvo que sí se había configurado el defecto fáctico,
comoquiera que no se valoró el informe técnico del IGAC de 8 de enero de 2009 ni
se analizaron las pruebas técnicas relevantes para que se determinara si la
Ordenanza No. 75 de 2009 modificó o no los límites territoriales. Afirmó que la
sentencia de tutela descartó dicho defecto con una motivación genérica, sin
confrontar el acervo probatorio ni examinar los antecedentes históricos y técnicos
del caso, lo que implicó una renuncia al control constitucional frente a una alegada
omisión probatoria con impacto en derechos fundamentales.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

35. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión previa

36. Se observa que, en la Sentencia de 19 de noviembre de 2025, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no se pronunció frente
a la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento del Atlántico. Al
respecto, la Sala negará la solicitud de desvinculación comoquiera que el resultado
de la controversia podría ser de su interés, teniendo en cuenta que era parte
demandada en el proceso de nulidad No. 08001-23-31-000-2009-01129-00/01/02.

37. Revisado el escrito de tutela, se advierte igualmente que los reparos del
accionante están encaminados a que se dejen sin efectos las Sentencias de 14 de
diciembre de 2016 del Tribunal Administrativo del Atlántico y 6 de febrero de 2025
de la Sección Primera del Consejo de Estado. No obstante, el análisis de la presunta
vulneración se centrará en la Sentencia de 6 de febrero de 2025, toda vez que esta
providencia fue la que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión
de primera instancia y definió el asunto objeto de debate.

38. Finalmente, es preciso señalar que el accionante afirmó en su escrito que
la Sección Primera del Consejo de Estado violó directamente de la Constitución e

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incurrió en los defectos sustantivo y fáctico. En atención a ello y por razones
metodológicas, la Sala analizará de manera conjunta los cuestionamientos relativos
a la presunta violación directa de la Constitución y al defecto sustantivo. Ello
obedece a que la línea argumentativa planteada por la accionante evidencia una
estrecha conexidad entre ambos reproches, en la medida en que se orientan a
controvertir el régimen jurídico aplicable para dirimir los conflictos relacionados con
los límites territoriales entre un distrito y un municipio.

Problema jurídico

39. Corresponde a la Sala determinar si la presente acción de tutela cumple los
requisitos de procedencia para controvertir la Sentencia de 6 de febrero de 2025,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. De ser así, deberá
establecerse si, al proferir la providencia cuestionada, se incurrió en un defecto
sustantivo y de violación directa de la Constitución, por la indebida aplicación e
interpretación de las normas relacionadas con los conflictos sobre los límites
territoriales entre el Distrito Especial de Barranquilla y el municipio de Puerto
Colombia, y/o en un defecto fáctico, por la falta de valoración de pruebas
determinantes dentro del proceso de nulidad.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

40. La Sala advierte que la acción de tutela frente al reparo relacionado con el
defecto fáctico no satisfizo el requisito de subsidiariedad, por las razones que pasan
a explicarse:

41. El accionante alegó que la Sección Primera del Consejo de Estado incurrió
en un defecto fáctico al proferir la Sentencia de 6 de febrero de 2025, pues, en su
criterio, dicha autoridad judicial omitió valorar el informe técnico del IGAC remitido
por el Ministerio del Interior y de Justicia, y no realizó una corroboración técnica del
territorio mediante mapas, planos, documentos cartográficos o pruebas periciales .
Señaló que dicha situación vulneraba sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, así como al principio de la buena
fe.

42. Frente a ello, la Sala advierte que el Municipio de Puerto Colombia cuenta
con un mecanismo judicial ordinario idóneo para controvertir los eventuales reparos
por la omisión probatoria como lo es el recurso extraordinario de revisión, a la luz
de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 201114. En
ese sentido, si la parte actora consideraba que la Sección Primera del Consejo de
Estado incurrió en un defecto fáctico por cuanto no valoró u omitió las pruebas que
presuntamente acreditaban la competencia de la Asamblea Departamental del
Atlántico para expedir la Ordenanza No. 75 de 2009 que estableció límites
territoriales entre el Distrito Especial de Barranquilla y el Municipio de Puerto
Colombia, debió interponer dicho recurso con el propósito de que la autoridad

14
«Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de los previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de
revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que n o procede recurso de
apelación.»

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competente se pronunciara sobre los posibles errores u omisiones advertidos en el
escrito de tutela. Sin embargo, en el presente caso, tal circunstancia no ocurrió,
comoquiera que dicho recurso no se interpuso.

43. En ese orden de ideas, de acuerdo con la Sentencia de Unificación SU-026
de 2021 de la Corte Constitucional, la subsidiariedad se incumple cuando el
ordenamiento jurídico dispone de medios judiciales ordinarios o extraordinarios
aptos para controvertir los defectos alegados en sede constitucional. En particular,
la Corte ha precisado que el recurso extraordinario de revisión constituye un
mecanismo idóneo y eficaz para cuestionar omisiones probatorias, situaciones
asociadas a la aparición de nuevos elementos de convicción o irregularidades que
afecten la dimensión material del debido proceso. En tales eventos, la tutela resulta
improcedente comoquiera que el examen propio del juez constitucional no está
llamado a sustituir las competencias asignadas al juez natural.

44. La tutela, por su carácter excepcional, no puede ser empleada como una
instancia sustitutiva de los medios judiciales ordinarios y extraordinarios ni como
una herramienta para enmendar omisiones procesales atribuibles a las partes. Por
ello, al no cumplirse los requisitos de procedencia exigidos por la Constitución y la
ley, la Sala se ve en la obligación de declarar su improcedencia frente a dicho
reparo al advertirse que no se satisfizo con el requisito de subsidiariedad.

45. Por su parte, en lo que respecta al defecto sustantivo, la acción de tutela
cumplió con todos los requisitos generales de procedencia, toda vez que (1) se
encuentra satisfecha la legitimación en la causa por activa y por pasiva, debido a
que, por un lado, la parte actora tenía la calidad de tercero interesado en el proceso
de nulidad y, por el otro, la Sección Primera del Consejo de Estado profirió la
decisión que se cuestiona; (2) se encuentra acreditada la exigencia de
subsidiariedad, comoquiera que se agotaron todos los mecanismos judiciales que
tenía para procurar la defensa de sus derechos; (3) la acción de tutela se presentó
el 28 de julio de 2025, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación
de la Sentencia de 6 de febrero de 2025 (notificación por edicto fijado el 17 de
febrero de 2025); (4) no se cuestionó una irregularidad procesal, en la medida de
que se alega una aplicación e interpretación errónea de la norma; (5) se
identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los
cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (6) la tutela no se
interpone contra una providencia de igual naturaleza.

46. (7) En relación con la relevancia constitucional, contrario a la tesis adoptada
por el juez de tutela de primer grado, logró advertirse que se satisfizo el requisito
en comento dado que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
así como al principio de la buena fe, por un presunto defecto sustantivo, el cual fue
debida y suficientemente desarrollado. Aunado a ello, no se trata de una discusión
de raigambre eminentemente legal y/o económico, sino que entraña una relación
directa con el principio de autonomía territorial.

47. En ese orden de ideas, se modificará la decisión de primera instancia para

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mantener la improcedencia del defecto fáctico, esta vez por falta de subsidiariedad,
y se estudiará el fondo de la controversia en lo que respecta al defecto sustantivo
– violación directa de la Constitución.

Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos

48. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a
continuación:

49. El accionante sostuvo que la Sección Primera del Consejo de Estado
incurrió en el aludido defecto al proferir la Sentencia de 6 de febrero de 2025,
mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia que declaró la nulidad
de la Ordenanza No. 75 de 2009, expedida por la Asamblea Departamental del
Atlántico, por medio de la cual se establecieron límites entre el municipio de Puerto
Colombia y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. A su juicio, la
autoridad judicial desconoció lo dispuesto en los artículos 14 y 194 de la Ley 136
de 1994, el Acto Legislativo No. 1 de 1993 y la Ley 768 de 2002, disposiciones que,
según afirmó, permitían la aplicación del régimen ordinario municipal ante la
inexistencia de una ley especial sobre distritos, lo que, en su criterio, atribuía
competencia a la asamblea departamental para expedir la ordenanza cuestionada.

50. No obstante, el Consejo de Estado en la Sentencia de 6 de febrero de 2025
concluyó que, aunque para la época de expedición de la Ordenanza No. 75 de 2009
no existía una regulación especial que estableciera de manera expresa la fijación
de límites de los distritos especiales y los municipios, dicha circunstancia no
habilitaba a las asambleas departamentales para que asumiera competencias
constitucionalmente que fueron reservadas al legislador. En ese sentido, con
fundamento en la Sentencia C-313 de 2009 de la Corte Constitucional, precisó que
el Congreso de la República ostentaba una cláusula general de competencia para
crear, modificar o delimitar entidades territoriales distintas del municipio, entre ellas
los distritos, en virtud de la reserva de ley prevista en el numeral 4 del artículo 150
de la Constitución.

51. En efecto, la Corte Constitucional, al interpretar de manera sistemática los
artículos 150, 286 15 y 300 de la Constitución, estableció que las competencias
atribuidas a las asambleas departamentales para crear, suprimir o modificar
municipios no son extensibles a los distritos, atendiendo a su naturaleza
constitucional diferenciada y a la reserva de ley que gobierna los actos de creación,
modificación o delimitación de entidades territoriales distintas del municipio. Desde
esta perspectiva, señaló que la ausencia de una regulación especial no podía
entenderse como una habilitación implícita para que las autoridades
departamentales asumieran competencias que el Constituyente reservó de manera
expresa al legislador.

52. En consecuencia, la decisión del Consejo de Estado de descartar la

15
«Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.
La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la
Constitución y de la ley.»

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aplicación del régimen municipal a una controversia limítrofe entre un distrito y un
municipio no resulta arbitraria ni irrazonable. Por el contrario, obedece a una
interpretación que salvaguarda la coherencia constitucional, el principio de
legalidad y se ajusta a la estructura constitucional del ordenamiento territorial, al
evitar la extensión indebida de competencias administrativas más allá de los límites
fijados por la Constitución. Así, la providencia cuestionada se apoyó en una lectura
razonada y constitucionalmente consistente del marco normativo y jurisprudencial
aplicable, razón por la cual no se configura el defecto sustantivo alegado.

53. En cuanto al cuestionamiento relativo al presunto desconocimiento del
Concepto No. 2179 de 21 de mayo de 2014 de la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado, la Sala precisa que dichos conceptos no tienen la
naturaleza de providencia judicial. En ese sentido, se advierte que los mismos no
tienen carácter vinculante ni constituyen precedente obligatorio para las
autoridades judiciales, por lo que su inobservancia no implica, por sí sola, la
configuración de un defecto sustantivo. Además, la providencia cuestionada se
sustentó en jurisprudencia constitucional, en la cual se estableció la competencia
exclusiva del Congreso de la República para modificar el territorio de los distritos y
que el régimen municipal no podía ser extensivo a los distritos.

Conclusión

54. La Sala modificará la Sentencia de 19 de septiembre de 2025, proferida por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el sentido de
confirmar la declaratoria de improcedencia respecto del defecto fáctico, en cuanto
no satisfizo el requisito de subsidiariedad, y negar las pretensiones de la acción de
tutela respecto del defecto sustantivo, con fundamento en las consideraciones
expuestas anteriormente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el
Departamento del Atlántico, en la forma indicada en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. MODIFICAR la Sentencia de 19 de septiembre de 2025 proferida
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para que, en su
lugar, disponga: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por
el Municipio de Puerto Colombia, frente al defecto fáctico y, NEGAR las
pretensiones de la tutela frente al defecto sustantivo, por las razones contenidas en
la parte motiva de esta providencia.

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TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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