Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04664-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04664-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04664-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
27 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Italides Moncada Páez
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04664-01
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia de 22 de agosto de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
1. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La señora Italides Moncada Páez presentó demanda ejecutiva contra la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y, como
medida cautelar, solicitó el embargo y retención de los dineros de la
entidad ejecutada.
1.2. El Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante
la providencia de 25 de marzo de 2025, resolvió negar la medida
cautelar, al considerar que los bienes destinados a la prestación de un
servicio público esencial son inembargables por disposición del
legislador.
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1.3. Contra la decisión anterior la actora presentó recurso de apelación.
1.4. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 23 de julio de 2025, confirmó la
decisión de primera instancia al considerar que “[…] no existe una suma
liquida determinada, como quiera que no se ha agotado el trámite
correspondiente para determinar con certeza el valor de la obligación,
pues hasta este momento procesal no existe siquiera una liquidación
provisional de las sumas adeudadas por la entidad ejecutada, toda vez
que, las pretensiones de la demanda se no se elevaron por una suma
determinada de dinero, sino en abstracto […]”, por lo que “[…] es luego
de [establecerse] la suma realmente adeudada, que debe solicitarse la
medida cautelar, […] de lo contrario resultaría altamente perjudicial y
más gravoso para la entidad, ordenar el embargo de dineros que
excedan el monto real del crédito, contraviniendo así, lo dispuesto en el
artículo 599 del C.G.P. […]”.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la autoridad accionada desconoció que el
principio de inembargabilidad de los recursos públicos no es absoluto, tal como
lo ha establecido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en diferentes
pronunciamientos.
Señaló que la autoridad accionada al negar las medidas cautelares dentro del
proceso ejecutivo laboral desconoció pruebas claras y suficientes que
acreditaban la existencia de bienes y cuentas embargables impidiendo la
materialización de una sentencia laboral ejecutoriada.
Sostuvo que la negativa del tribunal accionado desconoció que los procesos
ejecutivos laborales son de naturaleza forzosa y habilitan al juez para decretar
embargos aun de oficio sobre bienes que no gocen de protección especial. Sin
este análisis por parte de la autoridad judicial a un documento oficial que
contiene información detallada de bienes inmuebles, matrículas inmobiliarias,
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ubicación, destinación y tipo de inmueble, la autoridad judicial incurrió en falta
de valoración probatoria integral. Además, el fallo contradijo la jurisprudencia
del Consejo de Estado respecto de la embargabilidad de las cuentas públicas
para garantizar el cumplimiento de sentencias laborales, a partir de las
excepciones legales y constitucionales correspondientes.
Finalmente, afirmó que la decisión acusada representa una forma de negación
de la justicia que perpetúa la mora en el pago de derechos laborales
reconocidos judicialmente. Con la exigencia a la parte ejecutante de pruebas
contables y financieras que solo pueden ser certificadas por la entidad deudora
y con lo cual se desconoce el principio de impulso procesal y se vulneran los
postulados del Estado Social de Derecho.
3. Pretensiones
La parte actora planteó las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Que se amparen los derechos fundamentales invocados.
2. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocar el
auto cuestionado y decretar medidas cautelares.
3. Que se reconozca la prueba sobreviniente aportada mediante el
documento “SUBREDES INMUEBLES VARIOS 2024”.
4. Que se ordene al Tribunal embargar los inmuebles plenamente
identificados.
5. Que se requiera a la Subred Sur Occidente E.S.E. informar
expresamente: i) las cuentas bancarias de la entidad, ii) cuáles han sido
utilizadas para pagar sentencias laborales y conciliaciones, y iii) el saldo
actual en dichas cuentas. De este modo, se pueda verificar su
embargabilidad, especialmente respecto de la cuenta de la cual ya se han
pagado condenas laborales firmes.
6. Que se incorpore al expediente la totalidad del documento aportado
como prueba sobreviniente.
7. Que se ordene el envío del expediente del proceso ejecutivo al juez de
tutela para verificación integral y valoración de todas las pruebas. […]”.
[sic en toda la cita]
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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 30 de julio de 2025, se admitió la presente acción de tutela
contra la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y se vinculó a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente E.S.E. y al Juzgado Veinticinco Administrativo de Bogotá - Sección
Segunda, como terceros con interés en los resultados de este proceso.
2. El 22 de agosto de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado profirió sentencia de primera instancia declarando
improcedente el mecanismo de amparo de la referencia.
3. Mediante auto de 29 de octubre de 2025, se concedió la impugnación
presentada por la parte actora contra el fallo de primera instancia.
III. INTERVENCIONES
1. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur – Occidente ESE solicitó
que se reconozca que los recursos y bienes de esa entidad se encuentran
protegidos por el principio de inembargabilidad, en virtud de su destinación
específica para la prestación del servicio público y derecho fundamental a la
salud, por lo que solicita que no se acceda a esta pretensión dentro del trámite
de la acción de tutela, sin perjuicio del derecho que tiene la parte accionante
de formular solicitud de información por la vía ordinaria, a través de los canales
establecidos por la entidad para atender peticiones.
Señaló que de acuerdo con la naturaleza de los bienes relacionados en el
documento Subredes inmuebles varios 2024, estos no pueden definirse por su
uso administrativo o logístico aparente, sino que deben valorarse en conjunto
con su finalidad institucional y su contribución, directa o indirecta a la
prestación del servicio de salud y resaltó que los bienes y recursos públicos
destinados al cumplimiento de su función misional resultan ser inembargables,
conforme al artículo 25 de la Ley 1751 de 2015 y los numerales 1 y 4 del
artículo 594 del CGP, además del artículo 48 de la Constitución Política.
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2. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca señaló que no incurrió en violación alguna de los derechos
fundamentales invocados porque la decisión que se adoptó fue con
fundamento en las normas pertinentes y con la interpretación que a ellas
corresponde.
Indicó que lo que pretende la accionante es revivir un debate surtido en la
jurisdicción contencioso- administrativa.
3. El Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito de Bogotá remitió el
expediente digital del proceso ejecutivo con número de radicación: 11001-33-
35-025-2024-00206-00.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 22 de agosto de 2025, declaró improcedente el amparo solicitado
al considerar que no cumplía con el requisito de subsidiariedad.
Indicó que el proceso ejecutivo dentro del cual se alegó la vulneración de
derechos fundamentales se encuentra en trámite y pendiente de continuar con
la práctica de la liquidación del crédito, por lo que la acción de tutela no cumple
con el requisito de la subsidiariedad.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos expuestos en el escrito de tutela y adicionalmente
expuso las siguientes razones:
Indicó que en el presente caso los medios judiciales ordinarios resultan ser
ineficaces porque sus derechos laborales permanecen sin pago por más de
siete (7) años y la entidad reconoció su incapacidad financiera para cumplir,
por lo que este mecanismo es el único idóneo y urgente para garantizar la
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protección real y efectiva de los derechos que considera vulnerados.
Sostuvo que la providencia impugnada desconoce el precedente del Consejo
de Estado1 y de la Corte Constitucional2 que han establecido que la
inembargabilidad no es absoluta permitiendo el embargo de cuentas
destinadas al pago de sentencias laborales.
Destacó que la negativa del amparo constitucional constituye una violación
directa a los artículos 25, 53 y 229 de la Constitución Política porque la privan
del acceso efectivo a la justicia frente a una entidad que admite su incapacidad
de pago y desconoce el principio de eficacia de la justicia y la supremacía del
derecho sustancial.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con
lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13
del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado3, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, si
ello es así, se deberá:
1 Consejo de Estado, 3 de mayo de 2023. Exp.: 11001-03-15-000-2022-02547-00
2 Corte Constitucional: SU- 556 de 2019. T-240 de 2022; T-333 de 2023
3 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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B) Determinar si la providencia acusada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional4 como del Consejo
de Estado5 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Esta acción constitucional fue instituida como un instrumento subsidiario
excepcional y residual, es decir, que solo procede cuando el afectado no
dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable, de
conformidad con lo previsto en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
Política y en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.
4 Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
5 Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-
02201-01, respectivamente. Entre otras.
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El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba
ser conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable,
para neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho6.
De acuerdo con lo expuesto, se tiene que, para acudir a la acción de amparo
el interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal
(acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial
cualquiera que sea su naturaleza7), lo que significa que la parte accionante
tiene la obligación de interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley
o las acciones que estén a su alcance.
Adicionalmente, esta Sección8, de manera reiterada, ha considerado,
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, que el requisito
de subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite el
proceso donde se profirió la decisión objeto de tutela.
En el caso objeto de estudio, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, se deje sin efectos la providencia de 23 de
julio de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso ejecutivo identificado con
número de radicación 11001-33-35-025-2024-00206-01, mediante la cual se
confirmó la decisión de primera instancia que negó las medidas cautelares
solicitadas.
Nótese, que la providencia a la cual la parte actora le atribuyó la supuesta
afectación de sus garantías fundamentales no puso fin a la litis, dado que el
proceso ejecutivo “[…] aún está en curso para seguir adelante con la ejecución
y practicar la liquidación del crédito […]”, tal como lo consideró el a quo.
Por tanto, tal como lo manifestó el juez de primera instancia “[…] la accionante
6 Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
7 Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de
diciembre de 2017, C.P. doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-
15-000-2017-03006-00.
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debía esperar a su resolución o, por lo menos, a que estuviera la liquidación
del crédito en firme, teniendo en cuenta que, se afirmó que no existe certeza
del valor de la obligación, pues, las pretensiones de la demanda no se
plantearon por una suma de dinero, sino en abstracto […]”.
Bajo este escenario, la intervención del juez constitucional en este asunto se
encuentra vedada, en razón a que, tal como lo ha considerado esta Sección:
“[…] cuando el proceso se encuentra en curso, la acción de tutela no es
procedente para cuestionar cualquier decisión adversa a las partes, aún luego
de agotados los recursos que contra ellas proceden dentro del proceso, si el
desarrollo del medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se puede
tener certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal
en la decisión que pone fin al proceso […]”9. [Negrillas de la Sala]
Así las cosas, la Sala advierte que la presente solicitud de amparo deviene
improcedente por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, máxime cuando
de la revisión del escrito de tutela no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que habilite la intervención del juez constitucional como
mecanismo transitorio.
Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala advierte que en todo caso el presente
asunto no satisface el requisito general de relevancia constitucional dado que
el argumento expuesto por la actora asociado a que el principio de
inembargabilidad de recursos públicos no es absoluto no guarda relación con
lo decidido por el tribunal accionado en razón a que la medida de embargo no
fue negada con fundamento en dicho argumento, sino por la inexistencia de
una liquidación provisional de las sumas adeudadas.
De ahí que la Sala advierte que la argumentación que esgrimió la parte actora
para acreditar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales en que
incurrió la autoridad accionada no devela que el presente asunto gire en torno
al alcance de algún derecho fundamental, sino que están dirigidos a demostrar
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017,
número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00.
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la procedencia de la medida cautelar solicitada dentro del proceso ejecutivo
objeto de tutela.
En consecuencia, se considera que los argumentos de la parte actora más que
develar la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia
constitucional” que conlleve la presunta trasgresión de derechos
fundamentales, demuestra una inconformidad con la decisión adoptada por la
autoridad accionada como si este mecanismo se tratase de un recurso o
instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho
asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio
de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.
Por último, Sala advierte que el alcance de la discusión en esta oportunidad
es estrictamente económico porque no involucra el desarrollo del núcleo
esencial de un derecho fundamental. Por lo tanto, la intervención del juez en
estos asuntos se encuentra restringida.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela de 22 de agosto de 2025 proferido
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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