Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04681-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04681-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04681-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
15 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04681-00
Accionante: NÉSTOR RINCÓN BASTIDAS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN A Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – requisitos / relevancia
constitucional / improcedencia – El accionante acudió a la acción de tutela con el
propósito de reabrir una discusión ya resuelta en sede del proceso ordinario.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala estudia la acción de tutela promovida el 29 de julio 20251 por Néstor Rincón
Bastidas, quien actúa a través de apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección C, y el Consejo
de Estado – Sección Segunda, Subsección A. El actor cuestionó las Sentencias del
1 de junio de 2022 y el 26 de septiembre de 2024, respectivamente. A su juicio,
dichas autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad
jurídica, al trabajo en condiciones dignas y justas, a los principios constitucionales
de legalidad, irrenunciabilidad de la seguridad social en materia laboral y
mantenimiento del poder adquisitivo del salario.
ANTECEDENTES
1. El presente caso corresponde a una acción de tutela contra una providencia
judicial, por lo que tendrá el siguiente orden en la exposición de los antecedentes:
(i) los hechos que dieron origen al proceso ordinario y su trámite; y (ii) los
argumentos que fundamentaron la interposición de la acción de amparo
constitucional, así como las pretensiones formuladas por el demandante.
1 Índice electrónico 01 de SAMAI. “REPARTO Y RADICACIÓN DEL PROCESO REALIZADAS EL
martes, 29 de julio de 2025 con secuencia: 747”
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04681-00
Accionante: Néstor Rincón Bastidas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección A y Otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Antecedentes del proceso ordinario
2. El tutelante manifestó que ingresó a la Policía Nacional en calidad de Subteniente
el 1 de noviembre de 1989. Posteriormente, el 3 de septiembre de 2008, la entidad
reconoció al actor la asignación de retiro en el grado de coronel.
3. El 17 de noviembre de 2020, el demandante pidió a la Policía Nacional que
reliquidara, reconociera y pagara las diferencias de su asignación mensual desde
2004. Para ello, alegó que los valores debían ajustarse a la inflación causada entre
1992 y 2004 en relación con el sueldo de referencia de un General o Almirante.
También solicitó que dichos reajustes se aplicaran anualmente en su hoja de
servicios y que se gestionaran ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional2 los efectos prestacionales, incluidas las cesantías y la sanción moratoria
de la Ley 244 de 1995.
4. El 14 de diciembre de 2020, mediante acto administrativo S-2020-053711, la
Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional negó la petición con
fundamento en que no existía decreto expedido por el Gobierno Nacional que
ordenara la reliquidación y reajuste de la asignación mensual con base en la
inflación causada.
5. De igual manera, el 17 de noviembre de 2020, el actor formuló ante CASUR la
petición de reliquidación de su asignación de retiro con los ajustes de actualización
plena derivados de la inflación causada entre 1992 y 2004.
6. A través de Oficio No. 625062 del 18 de enero de 2021, el director general de
CASUR explicó que el Gobierno Nacional expide cada año los decretos de
incremento salarial de la fuerza pública y fija los parámetros que rigen dichos
reajustes. Agregó que, tras revisar el expediente administrativo del actor, constató
que su asignación de retiro aumentó conforme a los decretos expedidos por el
Gobierno Nacional, en aplicación de la escala gradual porcentual.
7. En consecuencia, el actor promovió demanda a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional y CASUR. Solicitó la nulidad de los actos administrativos
del 14 de diciembre de 2020 y del 18 de enero de 2021, por medio de los cuales se
le negó la reliquidación de la diferencia de salarios de los decretos de oscilación, la
2 En adelante: CASUR.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04681-00
Accionante: Néstor Rincón Bastidas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección A y Otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
variación porcentual del índice de precios al consumidor3 entre 1992 y 2004, y la
reliquidación de la asignación de retiro.
8. El demandante solicitó a título de restablecimiento del derecho, la reliquidación y
reajuste de su asignación básica, prestaciones y asignación de retiro, con base en
el IPC y en el sueldo de un General de la República. También solicitó el
reconocimiento de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, comprendidos en
el lucro cesante (intereses legales), la sanción moratoria de las Leyes 244 de 1995
y 1071 de 2006 por el pago tardío de cesantías, el daño emergente equivalente al
30% del valor de la sentencia y 100 SMLMV por concepto de perjuicios morales.
9. Mediante Sentencia del 1 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección C, negó las pretensiones al
considerar que la asignación básica de la Fuerza Pública depende de los valores
fijados para los ministros y que los incrementos decretados preservaron el poder
adquisitivo y el mínimo vital.
10. El actor interpuso recurso de apelación y alegó que la providencia de primera
instancia desconoció la Sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional, que
protege el poder adquisitivo de todos los servidores públicos, y afirmó que no aplicar
ese precedente discriminaba a quienes prestaron servicio entre 1992 y 2004,
cuando los reajustes fueron inferiores a la inflación.
11. Mediante providencia del 26 de septiembre de 2024, el Consejo de Estado,
confirmó la decisión. Precisó que desde 1992 el demandante recibió los incrementos
salariales fijados por la Ley 4 de 1992 y que la reliquidación con base en el IPC
resultaba improcedente. Agregó que el reajuste con ese índice solo procede para
prestaciones reconocidas entre 1997 y 2004, lo cual no aplica al caso del actor, cuya
asignación de retiro fue reconocida en 2008.
Fundamentos de la demanda de tutela
12. El peticionario afirmó que la presente acción de amparo satisface los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sostuvo que las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección C y el Consejo de Estado – Sección
Segunda, Subsección A incurrieron en un defecto sustantivo por al menos dos
razones. Primera, omitió la aplicación de los artículos 13, 26, 48, 53, 216, 217, 218
3 En adelante: IPC.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04681-00
Accionante: Néstor Rincón Bastidas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección A y Otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
y 230 de la Constitución Política. Segunda, las autoridades judiciales demandadas
desconocieron el precedente fijado en la Sentencia C-931 de 2004, mediante la cual
la Corte Constitucional ordenó al Congreso de la República y al Gobierno Nacional
actualizar los salarios de los servidores públicos conforme con la inflación causada
y acumulada, dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. Precisó
que en dicha providencia la Corte consideró improcedente la congelación de los
ingresos de los trabajadores de rango medio y alto, y advirtió la obligación de
garantizar la actualización plena del poder adquisitivo real del salario.
13. Finalmente, alegó un defecto fáctico, en tanto no se valoraron las pruebas que
demostraban la vulneración sistemática al núcleo esencial del derecho al salario,
generada por la pérdida progresiva de su poder adquisitivo.
Pretensiones
14. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):
“PRIMERA: INFIRMAR, REVOCAR, Y/O DECLARAR la nulidad de la sentencia
del primero (1o.) de junio de dos mil veintidós (2022) y veintiséis (26) de
septiembre de dos mil veinticuatro (2024), proferidas respectivamente por
la Subsección “C” Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Sección Segunda Subsección “A” del Consejo de
Estado, dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho,
con Radicación: 25000-23-42-000-2021-00495-00 y 25000-23-42-000-2021-
00495-01, en consecuencia, disponer
SEGUNDA: Dejar sin efecto la decisión proferida en la sentencia referida en la
pretensión PRIMERA y en su lugar, Acceder a las pretensiones de acuerdo con
el libelo del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
impetrado, y en consecuencia, ordenar que, dentro de los veinte (20) días
siguientes a la notificación de la providencia de la presente acción de tutela, la
Subsección “A” Sección Segunda del Consejo de Estado, profiera la
sentencia correspondiente en derecho.
TERCERA: Las anteriores pretensiones, se fundamentan en el defecto factico,
y material o sustantivo de la providencia, la cual es contraria al fin de garantizar
el debido proceso y al trabajo en condiciones dignas y justas; la providencia
además en si misma se encuentra fundada en un defecto de falsa o errónea
motivación y en un defecto por violación directa de la Constitución, además la
providencia proferida por la Subsección “C” Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca
y la Sección Segunda Subsección “A” del Consejo de Estado, en una
omisión, resultado de una actuación en contra de sentencia debidamente
ejecutoriada, desconociendo los efectos vinculantes y resolutivos de la
sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro
(2004), expediente D-5125 de la Corte Constitucional.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04681-00
Accionante: Néstor Rincón Bastidas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección A y Otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
CUARTA: Que con el fin de determinar lo ordenado en la sentencia C-931 del
veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125
de la Corte Constitucional, se establezca y declare la pérdida de poder
adquisitivo del valor consagrado como asignación básica y gastos de
representación fijados en los decretos salariales por el Gobierno Nacional a los
Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2
del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y la
consecuente diferencia efectuada en las anualidades de los años 1993 a 2004,
ello, como consecuencia del ajuste año a año realizado por parte del Gobierno
Nacional, y la que realmente corresponde por ajustes de la inflación causada
respecto del año inmediatamente anterior, los cuales se encuentran
establecidos en las escalas de asignación básica de los empleados públicos de
la Rama Ejecutiva, entre los cuales se fijan la de los Ministros de Despacho,
con la expedición de los Decretos 11 de 1993 (Diario Oficial No. 40.711, de 7
de enero de 1993), 42 de 1994 (Diario Oficial No. 41.168, de 11 de enero 1994),
25 de 1995 (Diario Oficial No. 41.673 de 13 de enero de 1995), 10 de 1996
(Diario Oficial No. 42.689, de 17 de enero de 1996), 31 de 1997 (Diario Oficial
No. 42.960, de 17 de enero de 1997), 1758 de 1997 (Diario Oficial No. 43.083,
de 14 de julio de 1997), 40 de 1998 (Diario Oficial No. 43.212, de 10 de enero
de 1998), 35 de 1999 (Diario Oficial No. 43.473, de 8 de enero de 1999), 2720
de 2000 (Diario Oficial No. 44.272, de 27 de diciembre de 2000), 2710 de 2001
(Diario Oficial No. 44.651, de 19 de diciembre de 2001), 660 de 2002 (Diario
Oficial No. 44.770, de 15 de abril de 2002), 3535 de 2003 (Diario Oficial No.
45.397, de 10 de diciembre de 2003), 4150 de 2004 (Diario Oficial No. 45.761,
de 13 de diciembre de 2004), pérdida de poder adquisitivo con la que se viene
causando una serie de daños y perjuicios, con la cual se afecta el núcleo
esencial del derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario
de manera permanente desde el año 2004 a la fecha.
QUINTA: De conformidad al ordinal quinto de la sentencia C-931 del
veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125
de la Corte Constitucional, y al existir vicios sustanciales insubsanables con
los cuales el Gobierno Nacional ha expedido los Decretos 916 de 2005 (Diario
Oficial No. 45.865, de 31 de marzo de 2005), 372 de 2006 (Diario Oficial No.
46.177, de 9 de febrero de 2006), 600 de 2007 (Diario Oficial No. 46.558, de 2
de marzo de 2007), 643 de 2008 (Diario Oficial No. 46.921, de 4 de marzo de
2008), 708 de 2009 (Diario Oficial No. 47.283, de 6 de marzo de 2009), 1374 de
2010 (Diario Oficial No. 47.692, de 26 de abril de 2010), 1031 de 2011 (Diario
Oficial No. 48.032, de 4 de abril de 2011), 853 de 2012 (Diario Oficial No.
48.412, de 25 de abril de 2012), 1029 de 2013 (Diario Oficial No. 48.794, de 21
de mayo de 2013), 199 de 2014 (Diario Oficial No. 49.057, de 9 de febrero de
2014), 1101 de 2015 (Diario Oficial No. 49.523, de 26 de mayo de 2015), 229
de 2016 (Diario Oficial No. 49.784, de 12 de febrero de 2016), 999 de 2017
(Diario Oficial No. 50.259, de 9 de junio de 2017), 330 de 2018 (Diario Oficial
No. 50.512, de 19 de febrero de 2018), 1011 de 2019 (Diario Oficial No. 50.976,
de 6 de junio de 2019), 304 de 2020 (Diario Oficial No. 51.240, de 27 de febrero
de 2020), 961 de 2021 (Diario Oficial No. 51.774, de 22 de agosto de 2021), 471
de 2022 (Diario Oficial No. 51.991, de 29 de marzo de 2022), 905 de 2023
(Diario Oficial No. 52.414, de 2 de junio de 2023), 301 de 2024 (Diario Oficial
No. 52.689, de 5 de marzo de 2024) y 611 de 2025 (Diario Oficial No. 53.138,
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04681-00
Accionante: Néstor Rincón Bastidas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección A y Otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
de 4 de junio de 2025), por los cuales se fijan las escalas de asignación básica
de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama
Ejecutiva, entre los cuales se fijan las de los Ministros de Despacho y
evidenciándose que la pérdida de poder adquisitivo acumulado en las
anualidades de los años 1992 a 2004, no han sido reconocidas. Decretar la
Nulidad de estos en la parte pertinente de conformidad a las pretensiones
inicialmente solicitadas en el medio de control y/o inaplicar por vía de excepción
dichos decretos.
SEXTA: Que según lo determinado y ordenado en la sentencia C-931 del
veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125
de la Corte Constitucional, y una vez establecida y declarada la pérdida de
poder adquisitivo del valor consagrado como asignación básica y gastos de
representación fijados en los decretos salariales por el Gobierno Nacional a los
Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2
del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y los
decretos subsiguientes con los cuales, se han realizado los ajustes año a año
en el periodo comprendido entre los años 1993 a 2025, se declare igualmente,
la pérdida de poder adquisitivo al valor fijado como asignación básica y/o
sueldo básico de un oficial en el grado de General o Almirante, ello
consecuentemente de la implicación directa, material y objetiva que consagran,
la asignación básica y los gastos de representación fijados por el Gobierno
Nacional a los Ministros de Despacho, en la liquidación del Sueldo Básico de
un oficial en el grado de General o Almirante, de que tratan los artículos 14
y 15 del Decreto 921 de junio 2 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio
de 1992), y del artículo 2º de los Decretos 25 de 1993 (Diario Oficial No. 40.711,
de 7 de enero de 1993), 65 de 1994 (Diario Oficial No. 41.168, de 11 de enero
1994), 133 de 1995 (Diario Oficial No. 41.676 de 13 de enero de 1995), 107 de
1996 (Diario Oficial No. 42.693, de 18 de enero de 1996), 122 de 1997 (Diario
Oficial No. 42.965, de 23 de enero de 1997), 2072 de 1997 (Diario Oficial No.
43.113, de 25 de agosto de 1997), 58 de 1998 (Diario Oficial No. 43.212, de 10
de enero de 1998), 62 de 1999 (Diario Oficial No. 43.473, de 8 de enero de
1999), 2724 de 2000 (Diario Oficial No. 44.272, de 27 de diciembre de 2000),
2737 de 2001 (Diario Oficial No. 44.651, de 19 de diciembre de 2001), 745 de
2002 (Diario Oficial No. 44.773, de 18 de abril de 2002), 3552 de 2003 (Diario
Oficial No. 45.398, de 11 de diciembre de 2003), 4158 de 2004 (Diario Oficial
No. 45.761, de 13 de diciembre de 2004), 923 de 2005 (Diario Oficial No.
45.865, de 31 de marzo de 2005), 407 de 2006 (Diario Oficial No. 46.178, de 10
de febrero de 2006), 1515 de 2007 (Diario Oficial No. 46.621, de 7 de mayo de
2007), 673 de 2008 (Diario Oficial No. 46.921, de 4 de marzo de 2008), 737 de
2009 (Diario Oficial No. 47.283, de 6 de marzo de 2009), 1530 de 2010 (Diario
Oficial No. 47.698, de 3 de mayo de 2010), 1050 de 2011 (Diario Oficial No.
48.032, de 4 de abril de 2011), 842 de 2012 (Diario Oficial No. 48.412, de 25 de
abril de 2012), 1017 de 2013 (Diario Oficial No. 48.794, de 21 de mayo de 2013),
187 de 2014 (Diario Oficial No. 49.057, de 9 de febrero de 2014), 1028 de 2015
(Diario Oficial No. 49.519, de 22 de mayo de 2015), 214 de 2016 (Diario Oficial
No. 49.784, de 12 de febrero de 2016), 984 de 2017 (Diario Oficial No. 50.259,
de 9 de junio de 2017), 324 de 2018 (Diario Oficial No. 50.512, de 19 de febrero
de 2018), 1002 de 2019 (Diario Oficial No. 50.976, de 6 de junio de 2019), 318
de 2020 (Diario Oficial No. 51.240, de 27 de febrero de 2020), 976 de 2021
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04681-00
Accionante: Néstor Rincón Bastidas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección A y Otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
(Diario Oficial No. 51.774, de 22 de agosto de 2021), 466 de 2022 (Diario Oficial
No. 51.991, de 29 de marzo de 2022), 910 de 2023 (Diario Oficial No. 52.414,
de 2 de junio de 2023), 305 de 2024 (Diario Oficial No. 52.689, de 5 de marzo
de 2024) y 615 de 2024 (Diario Oficial No. 53.138, de 4 de junio de 2025),
evidenciándose primariamente la pérdida acumulada de poder adquisitivo del
sueldo básico de un General o Almirante, en las anualidades de los años 1992
a 2004; lo que genera una pérdida de poder adquisitivo causada y acumulada
en el periodo comprendido entre los años 1992 a 2004, con la que se viene
causando una serie de daños y perjuicios a mi prohijado a partir del año 2004 y
posteriores, por el incumplimiento de la sentencia C-931 del veintinueve (29)
de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Honorable
Corte Constitucional.
SEPTIMA: Que como consecuencia de las anteriores pretensiones, se declare
igualmente, la pérdida del poder adquisitivo al valor porcentual fijado como
sueldo básico a mi prohijado y que según la Escala Gradual Porcentual se
encuentra establecido en el grado de grado de TENIENTE CORONEL en un
52.3616%, ello consecuentemente de la implicación de manera directa, material
y objetiva que consagran, la asignación básica y los gastos de representación
fijados por el Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho, y de la
Asignación Básica y/o el Sueldo Básico de un oficial en el grado de
General o Almirante, según lo establece el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, de
conformidad al desarrollo contenido inicialmente en los Decretos 872 y 921 de
1992, con los cuales se estructuro la base para consolidar una Escala Gradual
Porcentual para el personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel
ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública; Escala Gradual Porcentual con la
cual, se fijan los sueldos básicos mensuales a los integrantes de la Fuerza
Pública, los cuales corresponden al porcentaje que se indica para cada grado,
con respecto a la asignación básica del grado de General; Teniéndose que
dicha asignación básica no fue establecida, se ha de tener de presente el
desarrollo que sobre el sueldo básico indicado, conllevó la pérdida acumulada
efectuada en las anualidades de los años 1992 a 2004, lo anterior, como
consecuencia de la forma como el Gobierno Nacional ajusta año a año, la
asignación básica y los gastos de representación de los Ministros de
Despacho, lo cual tiene una implicación directa, material y objetiva sobre el
sueldo básico de un oficial en el grado de General o Almirante;
evidenciándose primariamente la pérdida acumulada de poder adquisitivo del
sueldo básico de un General o Almirante, en las anualidades de los años 1992
a 2004; lo que genera una pérdida de poder adquisitivo causada y acumulada
en el periodo comprendido entre los años 1992 a 2004, aplicable en la Escala
Gradual Porcentual, con la que se viene causando una serie de daños y
perjuicios a mi prohijado a partir del año 2004 y posteriores, por el
incumplimiento de la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de
dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Honorable Corte
Constitucional.
OCTAVA: De conformidad al parágrafo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011,
se realicen las declaraciones, que el despacho judicial llegare a encontrar
debidamente probadas dentro de la presente acción de tutela, teniéndose como
precedente los artículos 4, 13, 25, 48, 53, 123, 150, 230 y 334 de la Constitución
Política y las disposiciones contenidas en las Leyes 42 de 1980, 1 de 1986, 4
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04681-00
Accionante: Néstor Rincón Bastidas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección A y Otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
de 1992, y al mandato Constitucional ordenado al Gobierno Nacional y al
Congreso de la Republica en la sentencia C-931 del veintinueve (29) de
septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125.
NOVENA: Como medida restaurativa, ordénese al Ministro de Hacienda y
Crédito Público, al Ministro de Defensa Nacional, al Director del Departamento
Administrativo de la Función Pública, al Director de la Policía Nacional, al
Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y a los
funcionarios judiciales que avocaron el conocimiento y profirieron sentencia en
los procesos con radicación 25000-23-42-000-2021-00495-00 y 25000-23-42-
000-2021-00495-01; a que en evento público dé amplia difusión y publicación
se dé a conocer lo resuelto en la presente acción de tutela, siendo el mismo
trasmitido a través de los canales institucionales del Estado Colombiano, y que
en dicho acto las autoridades deberán expresar sus responsabilidades, y
expresen las disculpas por la violación a que fue objeto el señor NESTOR
RINCON BASTIDAS por parte del Estado Colombiano desde el año 2005 al no
ser restaurado su derecho a mantener mi pensión acorde al derecho de
mantener el poder adquisitivo, tal como quedo ordenado en sentencia judicial
C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004),
expediente D-5125 por la Honorable Corte Constitucional”4.
Trámite en primera instancia
15. Por auto del 31 de julio de 20255, el despacho sustanciador requirió al abogado
Juan Carlos Arciniegas Rojas para que en el término de 3 días acreditara el poder
que lo habilitara como representante judicial del señor Néstor Rincón Bastidas. En
atención a lo dispuesto, el profesional allegó mediante memorial del 8 de agosto de
20256, el respectivo poder, el cual cumplía con las exigencias legales.
16. En consecuencia, a través de Auto del 14 de agosto de 2025 7, el despacho
admitió la acción de amparo constitucional, ordenó notificar a la parte demandada y
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y dispuso la vinculación de
la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional en calidad de terceros interesados. Finalmente,
reconoció personería al abogado Juan Carlos Arciniegas Rojas para actuar dentro
de la presente acción.
4 Índice electrónico 02 de SAMAI. 1_DemandaWeb_Demanda_1ACCIONDETUTELATCNES(.pdf)
NroActua 2.
5 Índice electrónico 05 de SAMAI. 6Autoquerequie_620250468100REQUIERE(.pdf) NroActua 5.
6Índice electrónico 09 de SAMAI. 9_MemorialWeb_Recurso-15SUBSANACIONACCION(.pdf)
NroActua 9.
7 Índice electrónico 011 de SAMAI. 11Autoqueadmite_20250468100ADMITENES(.pdf) NroActua 11.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04681-00
Accionante: Néstor Rincón Bastidas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección A y Otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Intervenciones
17. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-CASUR8 solicitó su
desvinculación del trámite, al considerar que carece de legitimación en la causa por
pasiva. Sostuvo que las pretensiones del accionante se dirigen en realidad contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección C y el
Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección A, despachos judiciales a los
cuales corresponde responder en este asunto. Adicionalmente, señaló que en
ningún momento vulneró los derechos fundamentales invocados por el tutelante.
18. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional9 solicitó que
se negaran las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que no vulneró
los derechos fundamentales invocados en la presente acción de tutela. Además,
indicó que no se advierte la configuración de un perjuicio irremediable que justifique
la intervención excepcional del juez constitucional.
19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda,
Subsección C10 solicitó negar las pretensiones de la presente acción de amparo
constitucional, al indicar que la sentencia objeto de reparo se profirió con apego a
las normas y a la jurisprudencia en que debía fundamentarse.
20. El Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección A guardó silenció a
pesar de haber sido notificado11.
CONSIDERACIONES
21. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201912.
8Índice electrónico 016 de SAMAI.19_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-Document13(.pdf)
NroActua 16.
9 Índice electrónico 017 de SAMAI. 21RECIBEMEMORIAL_GS2025024123SEGEN(.pdf) NroActua
17.
10Índice electrónico 019 de SAMAI.
28RECIBEPRUEBAS_REVISADAF468100Conte(.pdf) NroActua 19.
11 Índice electrónico 014 de SAMAI. Soporte notificación Auto que admite dema(.pdf) NroActua 14.
12 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
9
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Accionante: Néstor Rincón Bastidas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección A y Otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
22. En primer lugar, la Sala debe determinar si la presente acción de tutela satisface
el requisito general de relevancia constitucional, previsto en la jurisprudencia
constitucional para su admisión. En caso de superar dicho examen preliminar, en
segundo lugar, será procedente estudiar de fondo si las decisiones judiciales
proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda,
Subsección C y el Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección A, en
providencias del 1 de junio de 2022 y el 26 de septiembre de 2024, respectivamente,
incurrieron en un defecto sustantivo13 y fáctico.
23. En particular, la Sala deberá determinar si tales yerros derivaron en la
vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, al trabajo en
condiciones dignas y justas, a los principios constitucionales de legalidad,
irrenunciabilidad de la seguridad social en materia laboral y mantenimiento del poder
adquisitivo del salario, al concluir que el actor no logró demostrar que su asignación
básica o salario hubiese permanecido invariable a lo largo de los años, pues las
pruebas obrantes en el expediente evidenciaban que dicho ingreso se ajustó de
manera periódica, en concordancia con los porcentajes establecidos en la escala
salarial correspondiente al régimen especial al que se encontraba vinculado.
24. Con el objetivo de resolver el problema jurídico, la Sala adoptará la siguiente
ruta de análisis: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (ii) el requisito de relevancia constitucional; (iii) reiteración
de jurisprudencia, en relación con la exigencia de una carga argumentativa
cualificada para cuestionar las decisiones de las altas Cortes y, (iv) análisis del caso
concreto.
13 En el presente caso, el actor sostuvo que la autoridad judicial incurrió en un desconocimiento del
precedente, en particular la Sentencia C-931 de 2004. No obstante, la Corte Constitucional ha
precisado que el desconocimiento de sentencias de constitucionalidad constituye un defecto
sustantivo. Al respecto, en la Sentencia SU-304 de 2022, el Tribunal Constitucional afirmó: “Así, esta
Corporación introdujo dos elementos adicionales a los supuestos de procedencia de la acción de
tutela contra providencias. Por una parte, se indicó que el defecto sustantivo, referido a los errores
en la interpretación y aplicación de normas jurídicas, también se configuraba por el desconocimiento
de sentencias con efectos generales que definían el alcance de estas últimas”.
10
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
25. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200514, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
26. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar15; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela16, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional17 o el Consejo de Estado18,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-19; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable20 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
14 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
15 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
16 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
18 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
20 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
11
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decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
El requisito de relevancia constitucional
27. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.
28. La Corte Constitucional indicó21 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias, ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.
29. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el
eventos en que se pretende reabrir el debate22: (i) el debate debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.
30. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
trasgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia23.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
22 Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.
12
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La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias de las
altas cortes
31. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales emitidas por
una alta Corte debe ser analizada con un criterio de excepcionalidad y estricta
rigurosidad, dado que se trata de decisiones adoptadas por el máximo órgano de la
jurisdicción competente. En consecuencia, su procedencia no puede fundamentarse
en una mera discrepancia con el fallo judicial, sino que exige la demostración clara
y suficiente de que la providencia impugnada ha generado una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental, derivada de una actuación arbitraria,
irrazonable o contraria a los principios constitucionales24.
32. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha enfatizado la necesidad de
restringir la procedencia de la tutela contra providencias judiciales proferidas por
altas cortes, resaltando su importancia en el sistema jurídico. En este sentido, ha
señalado lo siguiente25:
“Así, por ejemplo, en las sentencias SU-072 de 2018, SU-424 de 2021 y SU-
149 de 2021 la Corte hizo énfasis sobre la procedencia más restrictiva de la
tutela contra providencias de las altas cortes, en tanto sus decisiones, como
órganos de cierre de las distintas jurisdicciones, no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
33. En suma, la acción de tutela contra providencias judiciales de las altas cortes
constituye un mecanismo extraordinario, reservado únicamente para escenarios en
los que se acredite una vulneración clara, grave y actual de derechos
fundamentales, derivada de un defecto protuberante en la decisión judicial
cuestionada.
Análisis del caso concreto
34. El señor Néstor Rincón Bastidas promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección C y el Consejo de
Estado – Sección Segunda, Subsección A, al considerar que las sentencias del 1
de junio de 2022 y del 26 de septiembre de 2024 incurrieron en defectos sustantivo
y fáctico, con lo cual se vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad
24 Corte Constitucional, Sentencia T-202 de 2025.
25 Corte Constitucional, Sentencia SU 215 de 2022.
13
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
jurídica, al trabajo digno y a los principios de legalidad, irrenunciabilidad de la
seguridad social y mantenimiento del poder adquisitivo del salario.
35. En Sentencia del 1 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al concluir que la asignación
básica de los miembros de la Fuerza Pública se determina con base en la
remuneración de los ministros de Despacho y los porcentajes previstos en los
decretos del Gobierno Nacional. Precisó que lo solicitado por el actor carecía de
sustento jurídico, en la medida en que implicaba extender lo dispuesto en la
Constitución y la ley, y añadió que los incrementos anuales reconocidos
conservaron el poder adquisitivo de su salario y garantizaron el mínimo vital
conforme al régimen especial aplicable.
36. Mediante providencia del 26 de septiembre de 2024, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, confirmó la decisión de primera instancia al
señalar que desde 1992 el señor Néstor Rincón Bastidas recibió los incrementos
salariales anuales fijados por el Gobierno en aplicación de la Ley 4 de 1992, por lo
que la reliquidación con base en el IPC resultaba improcedente. Esto se explica en
que la norma prohíbe acudir a un parámetro distinto para acrecentar dicha
prestación. Señaló que la Sentencia C-931 de 2004 no respaldaba la pretensión del
actor, pues entre 1992 y 2004 el Gobierno no estaba obligado a aplicar el IPC.
Finalmente, aclaró que el reajuste con base en dicho índice solo procede respecto
de las asignaciones de retiro reconocidas entre 1997 y 2004, circunstancia que no
cobija al accionante, cuya asignación fue reconocida en 2008.
37. En primer lugar, la Sala examinará la legitimación en la causa; en segundo lugar,
verificará el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional; y, finalmente,
analizará la excepcionalidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
dictadas por las altas cortes en el caso concreto.
Legitimación en la causa por activa y pasiva
38. En primer lugar, Néstor Rincón Bastidas acredita la legitimación en la causa por
activa, por cuanto actúa como la persona directamente afectada por las decisiones
proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda,
Subsección C y el Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección A. Según
afirmó, estas providencias vulneraron sus derechos fundamentales.
14
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
39. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección C y el Consejo de
Estado – Sección Segunda, Subsección A, autoridades judiciales que emitieron las
providencias a las que se les atribuye la trasgresión de los derechos fundamentales
reclamados por el tutelante.
40. Ahora bien, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-CASUR solicitó
ser desvinculada del trámite, al sostener que carece de legitimación en la causa por
pasiva. No obstante, la Sala advierte que las resultas del proceso pueden incidir en
su ámbito de competencia y le concierne directamente, al ser la pagadora de la
asignación de retiro del actor, en consecuencia, se mantendrá vinculada al presente
proceso constitucional.
Relevancia Constitucional
41. Los defectos sustantivo y fáctico no superan el requisito general de relevancia
constitucional, dado que la acción de tutela es utilizada para reiterar argumentos
que fueron analizados y resueltos en las dos instancias del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho26. Una muestra de ello es que los argumentos de la
acción de tutela replican los fundamentos del escrito de alzada en el trámite
impugnado27. Al respecto, se realizó el siguiente cuadro:
Cuadro 1. comparación entre el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y la presente acción
de tutela
Recurso de apelación contra la
Sentencia de primera instancia, Acción de tutela
identificada con número de radicado
25000234200020210049500.
“Dejándose aclarado que han de “Las pretensiones de la Acción de Tutela se
inaplicarse en este caso concreto y con fundamentan en el defecto sustantivo de las
efecto inter-partes los decretos providencias, la cual es contraria al fin de
promulgados por el Gobierno nacional a garantizar el debido proceso, la cosa
partir del año 2004, ello en una correcta juzgada constitucional, la seguridad jurídica
interpretación y aplicación del marco y al estar inmersas las providencias
normativo fijado en la sentencia C-931 de judiciales proferidas por la Subsección “C”
26Identificado con el número de radicado: 25000-23-42-000-2021-00495-00/01.
27Índiceelectrónico 027 de SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
32_RECIBEMEMORIALES_202100495(.pdf) NroActua 27.
15
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2004 de la Honorable Corte Sección Segunda del Tribunal
Constitucional, y no dar lugar a un defecto Administrativo de Cundinamarca y la
sustantivo en la sentencia. Sección Segunda Subsección “A” del
Por lo tanto es claro que desde este hilo Consejo de Estado, en una omisión,
conductor, se circunscribe un defecto resultado de una actuación en contra de
sustantivo en el cual incurrió el a-quo, sentencia debidamente ejecutoriada,
pues de acuerdo a la mala interpretación desconociéndose por los magistrados, los
que le ha dado dicho ente judicial, el cual efectos vinculantes y resolutivos de la
soporta para negar el derecho reclamado, sentencia C-931 del veintinueve (29) de
en un análisis contrario a derecho, en el septiembre de dos mil cuatro (2004),
que conductualmente la sala, se aparta sin expediente D-5125 de la Corte
justificación y argumentación alguna, de Constitucional.
un mandato de carácter constitucional Con todo lo anterior se argumentan las
previsto y ordenado en la sentencia C-931 acciones violatorias de los derechos
de 2004 por la Corte Constitucional, el fundamentales invocados en la presente
cual es oponible a cualquier autoridad, acción de tutela, así como los defectos
incluso la judicial. sustantivos, facticos y materiales en los
Para el caso particular, y contrario a lo cuales han incurrido las instancias judiciales
indicado por la sala en este aparte, SI al desconocer el precedente judicial
EXISTE MANDATO contenido en la sentencia C-931 del
JURISPRUDENCIAL, que ordenó hacer la veintinueve (29) de septiembre de dos mil
actualización plena de conformidad a la cuatro (2004), expediente D-5125 de la
inflación causada y acumulada, y por Honorable Corte Constitucional”.
tanto, el apartarse de dicho precedente
jurisprudencial del orden Constitucional,
deberá indicarse, a juicio del operador
judicial, las razones por las cuales se
aparta de la aplicación que conlleva la
sentencia C-931 de 2004”.
42. De la acción de tutela se advierte que los planteamientos formulados por el actor
ya fueron objeto de estudio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. En dichas actuaciones, se concluyó que desde el año 1992 el señor Néstor
Rincón Bastidas percibió de manera continua los incrementos salariales anuales
fijados por el Gobierno Nacional, según establece la Ley 4 de 1992. De ahí que, la
pretensión de reliquidar dichas asignaciones con fundamento en el IPC carece de
viabilidad jurídica, en tanto que la normativa expresamente prohíbe acudir a un
parámetro distinto al previsto en la mencionada disposición legal.
43. En criterio de esta Corporación, el requisito de relevancia constitucional implica
que el accionante no solo identifique un derecho fundamental presuntamente
afectado, sino que además acredite de manera clara, específica y suficiente la forma
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
en que la providencia judicial cuestionada desconoce dicha garantía. El
razonamiento jurídico requiere algo más que la simple alegación de la transgresión
de derechos fundamentales. Es imprescindible explicar con precisión la forma en
que estos han sido afectados, evitando que la tutela se convierta en un mecanismo
para manifestar una mera inconformidad contra las providencias adoptadas y sea
utilizada como una instancia adicional.
44. En este caso, resulta evidente que la acción constitucional fue promovida con el
único propósito de reabrir un debate ya agotado en sede contencioso-
administrativa, donde las objeciones del actor fueron ampliamente examinadas a la
luz del acervo probatorio y decididas conforme al ordenamiento jurídico. Conviene
recordar que la tutela no constituye un recurso alternativo frente a sentencias
desfavorables, especialmente cuando las cuestiones debatidas fueron objeto de un
análisis dentro del proceso ordinario.
45. Además, el actor persiste en indicar que su salario no ascendió en el período
cuestionado. Sin embargo, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, él jamás
demostró que ello sucedió y que su salario no tuvo aumento alguno. Por el contrario,
el incremento del salario ocurrió, de acuerdo con el marco legal establecido para
ello.
46. Conjuntamente, no se evidencia una presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso que tenga una relevancia para el proceso de tutela.
La Corte Constitucional ha señalado que dicho derecho solo resulta importante en
términos ius-fundamentales cuando se desconocen sus garantías esenciales, como
el acceso al juez natural, la posibilidad de aportar y controvertir pruebas, la
publicidad del trámite y de las decisiones, la imparcialidad judicial o el ejercicio de
la defensa. Ninguno de estos aspectos resultó afectado en el caso bajo estudio,
toda vez que el accionante intervino de manera activa en el proceso ordinario,
ejerció su derecho a la defensa y obtuvo pronunciamientos de fondo. En efecto, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección C y el
Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección A, mediante providencias del 1
de junio de 2022 y del 26 de septiembre de 2024, respectivamente, resolvieron sus
pretensiones.
47. En esa misma lógica, no se advierte que el tutelante alegue una vulneración o
amenaza a una dimensión constitucional del derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia. El actor pudo acudir ante la jurisdicción, sin restricciones.
Por ejemplo, el actor tuvo a su disposición los recursos previstos en el ordenamiento
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jurídico para controvertir las decisiones adoptadas dentro del proceso. Por el
contrario, el expediente refleja que las garantías propias del debido proceso fueron
respetadas, lo cual descarta cualquier afectación a la tutela judicial efectiva.
La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias de las altas
cortes
48. En el presente caso, la acción de tutela se dirige contra una providencia
proferida por una alta corte, lo que impone un análisis de procedencia
especialmente riguroso y exige del peticionario una carga argumentativa cualificada.
Dada su naturaleza excepcional, este mecanismo solo resulta procedente cuando
se acredita, de manera clara y suficiente, la existencia de una vulneración directa y
desproporcionada de derechos fundamentales, derivada de una actuación judicial
arbitraria, caprichosa o manifiestamente contraria al orden constitucional.
49. Del escrito de tutela no se desprende que la decisión cuestionada provenga de
un ejercicio judicial infundado ni que haya producido una afectación de tal magnitud
que justifique la intervención del juez constitucional. Por el contrario, lo que pretende
el accionante es reabrir un debate previamente analizado y resuelto dentro del
proceso ordinario, lo cual desnaturaliza la acción de tutela al convertirla en una
instancia adicional de revisión.
50. En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de amparo
constitucional, por cuanto no se cumplen los requisitos generales de procedencia.
En particular, no se acredita la relevancia constitucional, pues el accionante
pretende emplear la acción de tutela como un mecanismo para reabrir un debate ya
definido en el proceso ordinario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04681-00
Accionante: Néstor Rincón Bastidas
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección A y Otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Néstor Rincón Bastidas, quien actúa a través de apoderado judicial, por no
satisfacer el requisito general de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
19
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