Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04681-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-04681-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-04681-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Néstor Rincón Bastidas
Parte accionada: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A
y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04681-01
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Se confirma el fallo
impugnado. Improcedencia por no cumplir con el requisito de la relevancia
constitucional
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia de 15 de septiembre de 2025 proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El señor Néstor Rincón Bastidas en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR-, con la finalidad de
que se ordenara el reajuste de su asignación básica, prestaciones y
asignación de retiro con base en el IPC y con el sueldo equivalente al
de un General de la República. Asimismo, solicitó que le fueran
reconocidos perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales,
comprendidos en el lucro cesante, la sanción moratoria de las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006 por el pago tardío de cesantías, el daño
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emergente equivalente al 30% del valor de la sentencia y 100 SMLMV
por concepto de perjuicios morales.
1.2. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 1° de junio de 2022, negó las
pretensiones de la demanda.
1.3. Inconforme con la anterior decisión la parte accionante presentó recurso
de apelación.
1.4. Mediante sentencia de 26 de septiembre de 2024, la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión de
primera instancia, al considerar que el ajuste salarial con fundamento
en el IPC resultaba improcedente, dado que para las anualidades de
1992 a 2004, el Gobierno no se encontraba en la obligación de hacer el
incremento en ese porcentaje a las asignaciones salariales y, además
los decretos mediante los cuales se fijaron los incrementos salariales
no fueron cuestionados en el medio de control.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte accionante adujo que el tribunal accionado incurrió en defecto
sustantivo por omitir la aplicación de los artículos 13, 26, 48, 53, 216, 217, 218
y 230 de la Constitución Política.
Adujo que se desconoció el precedente fijado en la sentencia C-931 de 2004,
mediante la cual la Corte Constitucional ordenó al Congreso y al Gobierno
Nacional actualizar los salarios de los servidores públicos conforme con la
inflación causada y acumulada, declaró improcedente la congelación de los
ingresos de los trabajadores de rango medio y alto y, advirtió la obligación de
garantizar la actualización plena del poder adquisitivo real del salario.
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Sostuvo que la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico por no valorar
las pruebas que demostraban la vulneración sistemática de su derecho al
salario que ocasionó la pérdida progresiva del poder adquisitivo del mismo.
3. Pretensiones
La parte actora planteó las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: INFIRMAR, REVOCAR, Y/O DECLARAR la nulidad de la
sentencia del primero (1o.) de junio de dos mil veintidós (2022) y
veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024),
proferidas respectivamente por la Subsección “C” Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda
Subsección “A” del Consejo de Estado, dentro del medio de control de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con Radicación: 25000-23-42-
000-2021- 00495-00 y 25000-23-42-000-2021-00495-01, en
consecuencia, disponer
SEGUNDA: Dejar sin efecto la decisión proferida en la sentencia referida
en la pretensión PRIMERA y en su lugar, Acceder a las pretensiones de
acuerdo con el libelo del medio de control de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho impetrado, y en consecuencia, ordenar que, dentro de los
veinte (20) días siguientes a la notificación de la providencia de la
presente acción de tutela, la Subsección “A” Sección Segunda del
Consejo de Estado, profiera la sentencia correspondiente en derecho.
TERCERA: Las anteriores pretensiones, se fundamentan en el defecto
factico, y material o sustantivo de la providencia, la cual es contraria al fin
de garantizar el debido proceso y al trabajo en condiciones dignas y
justas; la providencia además en si misma se encuentra fundada en un
defecto de falsa o errónea motivación y en un defecto por violación directa
de la Constitución, además la providencia proferida por la Subsección
“C” Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y la Sección Segunda Subsección “A” del Consejo de Estado, en una
omisión, resultado de una actuación en contra de sentencia debidamente
ejecutoriada, desconociendo los efectos vinculantes y resolutivos de la
sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro
(2004), expediente D5125 de la Corte Constitucional.
CUARTA: Que con el fin de determinar lo ordenado en la sentencia C-
931 del 6 veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004),
expediente D5125 de la Corte Constitucional, se establezca y declare
la pérdida de poder adquisitivo del valor consagrado como asignación
básica y gastos de representación fijados en los decretos salariales por el
Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto
en el parágrafo del artículo 2 del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No.
40.461, de 2 de junio de 1992), y la consecuente diferencia efectuada en
las anualidades de los años 1993 a 2004, ello, como consecuencia del
ajuste año a año realizado por parte del Gobierno Nacional, y la que
realmente corresponde por ajustes de la inflación causada respecto del
año inmediatamente anterior, los cuales se encuentran establecidos en
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las escalas de asignación básica de los empleados públicos de la Rama
Ejecutiva, entre los cuales se fijan la de los Ministros de Despacho, con
la expedición de los Decretos […] pérdida de poder adquisitivo con la que
se viene causando una serie de daños y perjuicios, con la cual se afecta
el núcleo esencial del derecho constitucional a mantener el poder
adquisitivo del salario de manera permanente desde el año 2004 a la
fecha.
QUINTA: De conformidad al ordinal quinto de la sentencia C-931 del
veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente
D-5125 de la Corte Constitucional, y al existir vicios sustanciales
insubsanables con los cuales el Gobierno Nacional ha expedido los
Decretos […] por los cuales se fijan las escalas de asignación básica de
los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama
Ejecutiva, entre los cuales se fijan las de los Ministros de Despacho y
evidenciándose que la pérdida de poder adquisitivo acumulado en las
anualidades de los años 1992 a 2004, no han sido reconocidas. Decretar
la Nulidad de estos en la parte pertinente de conformidad a las
pretensiones inicialmente solicitadas en el medio de control y/o inaplicar
por vía de excepción dichos decretos.
SEXTA: Que según lo determinado y ordenado en la sentencia C-931 del
veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente
D5125 de la Corte Constitucional, y una vez establecida y declarada la
pérdida de poder adquisitivo del valor consagrado como asignación
básica y gastos de representación fijados en los decretos salariales por el
Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto
en el parágrafo del artículo 2 del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No.
40.461, de 2 de junio de 1992), y los decretos subsiguientes con los
cuales, se han realizado los ajustes año a año en el periodo comprendido
entre los años 1993 a 2025, se declare igualmente, la pérdida de poder
adquisitivo al valor fijado como asignación básica y/o sueldo básico de
un oficial en el grado de General o Almirante, ello consecuentemente
de la implicación directa, material y objetiva que consagran, la asignación
básica y los gastos de representación fijados por el Gobierno Nacional a
los Ministros de Despacho, en la liquidación del Sueldo Básico de un
oficial en el grado de General o Almirante, de que tratan los artículos
[…] evidenciándose primariamente la pérdida acumulada de poder
adquisitivo del sueldo básico de un General o Almirante, en las
anualidades de los años 1992 a 2004; lo que genera una pérdida de poder
adquisitivo causada y acumulada en el periodo comprendido entre los
años 1992 a 2004, con la que se viene causando una serie de daños y
perjuicios a mi prohijado a partir del año 2004 y posteriores, por el
incumplimiento de la sentencia C-931 del veintinueve (29) de
septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la
Honorable Corte Constitucional.
SEPTIMA: Que como consecuencia de las anteriores pretensiones, se
declare igualmente, la pérdida del poder adquisitivo al valor porcentual
fijado como sueldo básico a mi prohijado y que según la Escala Gradual
Porcentual se encuentra establecido en el grado de grado de TENIENTE
CORONEL en un 52.3616%, ello consecuentemente de la implicación de
manera directa, material y objetiva que consagran, la asignación básica y
los gastos de representación fijados por el Gobierno Nacional a los
Ministros de Despacho, y de la Asignación Básica y/o el Sueldo
Básico de un oficial en el grado de General o Almirante, según lo
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establece el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, de conformidad al desarrollo
contenido inicialmente en los Decretos 872 y 921 de 1992, con los cuales
se estructuro la base para consolidar una Escala Gradual Porcentual
para el personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y
agentes de la Fuerza Pública; Escala Gradual Porcentual con la cual, se
fijan los sueldos básicos mensuales a los integrantes de la Fuerza Pública,
los cuales corresponden al porcentaje que se indica para cada grado, con
respecto a la asignación básica del grado de General; Teniéndose que
dicha asignación básica no fue establecida, se ha de tener de presente el
desarrollo que sobre el sueldo básico indicado, conllevó la pérdida
acumulada efectuada en las anualidades de los años 1992 a 2004, lo
anterior, como consecuencia de la forma como el Gobierno Nacional
ajusta año a año, la asignación básica y los gastos de representación de
los Ministros de Despacho, lo cual tiene una implicación directa, material
y objetiva sobre el sueldo básico de un oficial en el grado de General
o Almirante; evidenciándose primariamente la pérdida acumulada de
poder adquisitivo del sueldo básico de un General o Almirante, en las
anualidades de los años 1992 a 2004; lo que genera una pérdida de poder
adquisitivo causada y acumulada en el periodo comprendido entre los
años 1992 a 2004, aplicable en la Escala Gradual Porcentual, con la que
se viene causando una serie de daños y perjuicios a mi prohijado a partir
del año 2004 y posteriores, por el incumplimiento de la sentencia C-931
del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004),
expediente D-5125 de la Honorable Corte Constitucional.
OCTAVA: De conformidad al parágrafo del artículo 135 de la Ley 1437 de
2011, se realicen las declaraciones, que el despacho judicial llegare a
encontrar debidamente probadas dentro de la presente acción de tutela,
teniéndose como precedente los artículos 4, 13, 25, 48, 53, 123, 150, 230
y 334 de la Constitución Política y las disposiciones contenidas en las
Leyes 42 de 1980, 1 de 1986, 4 de 1992, y al mandato Constitucional
ordenado al Gobierno Nacional y al Congreso de la Republica en la
sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro
(2004), expediente D-5125.
NOVENA: Como medida restaurativa, ordénese al Ministro de Hacienda
y Crédito Público, al Ministro de Defensa Nacional, al Director del
Departamento Administrativo de la Función Pública, al Director de la
Policía Nacional, al Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional y a los funcionarios judiciales que avocaron el conocimiento y
profirieron sentencia en los procesos con radicación 25000-23-42-000-
2021-00495-00 y 25000-23-42-000-2021-00495-01; a que en evento
público dé amplia difusión y publicación se dé a conocer lo resuelto en la
presente acción de tutela. […]”. [sic en toda la cita y negrillas originales
del texto]
II. INTERVENCIONES
1. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional indicó que no
se dan los supuestos de perjuicio irremediable o una amenaza inminente e
injustificada que amerite la procedencia de la acción de tutela, ni se vulneraron
los derechos fundamentales del accionante.
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2. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca señaló que la sentencia fue proferida con absoluto apego a las
normas y jurisprudencia en que debía fundarse.
3. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional solicitó ser desvinculada
al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.
III. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 15 de septiembre de 2025, declaró improcedente la acción de
tutela, por considerar que carece del requisito de relevancia constitucional.
Al respecto, consideró que los argumentos de la acción de tutela ya fueron
objeto de estudio en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho por lo que el accionante pretende reabrir un debate ya agotado en la
jurisdicción contencioso - administrativa en el que sus inconformidades fueron
ampliamente examinadas a la luz del acervo probatorio y decididas conforme
al ordenamiento jurídico.
IV. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó el fallo de primera instancia al reiterar en términos generales
los argumentos expuestos en el escrito de tutela y adicionalmente en las
siguientes razones:
Advirtió que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado no
valoró la relevancia constitucional y los efectos vinculantes de la sentencia C-
931 de 2004 vulnerando los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Señaló que las decisiones judiciales impugnadas se basan en jurisprudencia
superada, lo que constituye un defecto sustantivo y una posible vía de hecho
justificando la nulidad, revocatoria o corrección del fallo.
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Resaltó que la tutela es procedente como mecanismo de protección de los
derechos fundamentales, conforme al Auto 291 de 2017, dado el cumplimiento
del mandato constitucional por parte del legislador, el Gobierno y la
administración de justicia.
Cuestionó el hecho de que el Consejo de Estado haya justificado los
incrementos salariales decretados por el Gobierno Nacional bajo una supuesta
legalidad, lo que puede ser interpretado como una convalidación de la
violación de los derechos laborales.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con
lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 13
del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena
del Consejo de Estado.
2. Cuestión previa
La Sala advierte que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -
CASUR solicitó su desvinculación del presente trámite de tutela y que el juez
de primera instancia omitió pronunciarse al respecto, por tanto, en esta
instancia se resolverá.
Precisado lo anterior, la Sala considera que, comoquiera que la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR fue parte demandada dentro
del proceso objeto de tutela, le asiste interés directo en la decisión de la acción
constitucional de la referencia, razón por la que se le negará la solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
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3. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado1, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela y, si ello es así, se deberá:
B) Determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
4. Caso concreto
4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
1
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
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el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrieron las autoridades accionadas no devela que
el presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental,
sino, únicamente, frente a la mera inconformidad con las decisiones adoptadas
en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación número 25000-23-42-000-2021-00495-01.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que las autoridades judiciales hayan incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está asociada
a que, a su juicio, las autoridades accionadas incurrieron en el desconocimiento
de la sentencia C-931 de 2004 al no ordenar el reajuste de su asignación de
retiro de acuerdo con el IPC de la época, circunstancia que se traduce en la
reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa
judicial.
Por tanto, se considera que los argumentos de la parte actora más que develar
la existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta trasgresión de derechos fundamentales, demuestra
una inconformidad con las decisiones adoptadas por las autoridades
accionadas como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho asunto, so
pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio de su
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naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.
Bajo las anteriores consideraciones, esta Sección confirmará el fallo
impugnado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de 15 de septiembre de 2025 proferido por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
Cuarto: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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