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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04702-00

Fecha
9 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04702-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por Pedro Gabriel Orjuela Calderón, de conformidad con las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 17. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04702-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

9 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 9 de septiembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04702-00
Demandante: Pedro Gabriel Orjuela Calderón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA | Niega

Síntesis del caso: La parte actora reclamó la protección de sus derechos fundamentales,
los cuales consideró vulnerados por la parte accionada, tras exigirle la realización del
examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018 como requisito indispensable para poder
otorgarle la tarjeta profesional de abogado con vigencia definitiva.

De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Pedro Gabriel
Orjuela Calderón, mediante apoderada judicial, contra el Consejo Superior
de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia y la Universidad Politécnico Grancolombiano.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 29 de julio de 2025, Pedro Gabriel Orjuela Calderón, mediante
apoderada judicial, presentó una acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia y la Universidad Politécnico Grancolombiano, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la educación,
igualdad, trabajo, mínimo vital y debido proceso, con ocasión de la
negativa del Consejo Superior de la Judicatura de concederle la tarjeta
profesional de abogado hasta tanto no acreditara la presentación del
examen de Estado establecido en la Ley 1905 de 2018.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04702-00
Demandante: Pedro Gabriel Orjuela Calderón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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“PRIMERO Tutelar los derechos fundamentales de ESCOGER LIBREMENTE Y
EJERCER PROFESION U OFICIO, MINIMO VITAL, EDUCACION, PRINCIPIO A LA
IGUALDAD, EQUIDAD, PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, DEBIDO PROCESO,
TRABAJO que el derecho estipulado en el Articulo 43 donde se establece que
la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades en el ámbito
social, económico y cultural, además valiendo la condición de persona de la
tercera edad de mi prohijado del señor PEDRO GABRIEL ORJUELA CALDERON

SEGUNDO: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura y/o Registro Nacional
de Abogados que con plazo 48 horas se expida la Tarjeta Profesional de
abogado Definitiva a la cual tiene derecho mi mandante el señor PEDRO
GABRIEL ORJUELA CALDERON por haber cumplido con todos los requisitos
exigidos en la página Sirna Rama Judicial Consejo Superior Judicatura, y de
esta manera impedir se siga vulnerando sus derechos fundamentales […].”

3. Como hechos relevantes a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) Pedro Gabriel Orjuela Calderón ingresó a la Institución Universitaria
Politécnico Grancolombiano en el periodo 2017-60 al programa de Técnico
Profesional Judicial, del cual se graduó el 2 de septiembre 2019.

5. 2) El 27 de septiembre de 2019, el señor Orjuela Calderón solicitó la
admisión al programa de derecho, para lo cual se le realizó el proceso de
homologación interna de las asignaturas cursadas en el programa técnico
que tenían una asociación con el nuevo programa de interés, pero no fue
sino hasta el periodo académico 2021-10 que inició su carga académica,
porque previamente había solicitado el aplazamiento de la matrícula
durante los periodos 2020-10 y 2020-60.

6. 3) El señor Calderón Orjuela culminó las materias del programa de
derecho en el periodo 2023-10, por lo que, el 25 de octubre de 2023, la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura le otorgó una licencia profesional con
carácter temporal.

7. 4) El 8 de marzo de 2024, el señor Calderón Orjuela obtuvo su título de
abogado y, el 1 de abril de 2024, la Institución Universitaria Politécnico
Grancolombiano, mediante correo electrónico suscrito por Jerónimo
Gabriel Antia Pimentel, profesor tiempo completo auxiliar, reportó a la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura que el egresado inició la carrera de
derecho el 1 de febrero de 2021 y culminó el programa el 8 de marzo de
2024.

8. 5) El 24 de abril de 2024, el accionante realizó la preinscripción del
trámite de inscripción como abogado, a través del Sistema del Registro

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04702-00
Demandante: Pedro Gabriel Orjuela Calderón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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Nacional de Abogados – SIRNA y, el 26 de marzo siguiente, remitió la
documentación requerida para adelantar el trámite.

9. 6) La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acta No. 36728 de
29 de mayo de 2024, realizó la inscripción de Pedro Gabriel Orjuela Calderón
en el Registro Nacional de Abogados y le asignó la tarjeta profesional de
abogado con vigencia provisional No. 429.140.

10. 7) El 15 de octubre de 2024, el señor Orjuela Calderón radicó una
petición ante la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de
la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, en la que señaló que inició
el programa de derecho en el mes de agosto de 2017 y, por tanto, solicitaba
la modificación de su tarjeta profesional de abogado, en el sentido de
expedirle una nueva sin la anotación provisional.

11. 8) El 25 de octubre de 2024, la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia reportó a la Institución Universitaria
Politécnico Grancolombiano la inconsistencia reportada por el accionante,
y le requirió que diera claridad del reporte de fecha de inicio de la carrera
de derecho.

12. 9) El 28 de octubre de 2024, la universidad dio respuesta a la solicitud
en la que señaló que el señor Orjuela Calderón inició, el 1 de agosto de 2017,
un técnico de profesional judicial y que, posteriormente, con ocasión de una
homologación, el 1 de febrero de 2021, inició el programa de derecho, el
cual cursó satisfactoriamente y culminó el 8 de marzo de 2024.

13. 10) El 11 de noviembre de 2024, la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura
dio respuesta a la petición presentada por el señor Orjuela Calderón en la
que le indicó que, para acceder a la tarjeta profesional de abogado de
forma definitiva, debía acreditar el requisito del examen de Estado
establecido en la Ley 1905 de 2018, dado que, según el reporte entregado
por la universidad, las materias homologadas correspondían a un programa
distinto al de la carrera de derecho y, por tanto, la fecha en la que inició
efectivamente este programa fue el 1 de febrero de 2021.

14. 11) El accionante manifestó que el 14 de enero de 2025 presentó una
petición ante la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano donde
solicitó que precisara la información brindada a la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura para poder acceder a la tarjeta profesional definitiva. Asimismo,
pidió que le remitiera una lista de los egresados del programa de Técnico

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04702-00
Demandante: Pedro Gabriel Orjuela Calderón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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Profesional Judicial hacia el 2 de septiembre de 2019 y de quienes
decidieron continuar con la carrera de derecho.

15. 12) El 30 de marzo de 2025, el señor Orjuela Calderón interpuso una
acción de tutela contra el Politécnico Grancolombiano para que se
ampararan sus derechos de petición, trabajo, mínimo vital, salud y vida, ante
la falta de resolución sustancial a la solicitud presentada el 14 de enero de
2025.

16. 13) La tutela fue tramitada por el Juzgado 2 Promiscuo Municipal de
Inírida, bajo el radicado No. 940014089002-2025-00048-00, el cual, mediante
Sentencia de 8 de abril de 2025, declaró la carencia actual por hecho
superado porque la institución universitaria respondió la petición presentada
por el señor Orjuela Calderón, el 2 de abril de 2025, donde le indicó que no
había lugar a realizar ninguna corrección ante el Consejo Superior de la
Judicatura en vista de que su admisión al programa de derecho fue el 27 de
septiembre de 2019 y la fecha de inicio del programa correspondía a la
fecha de iniciación del periodo académico en el que efectivamente
inscribió y curso materias, es decir, en el periodo 2021-10.

17. En lo relacionado con la solicitud de los datos de quienes habían
egresado del programa técnico para el 2 de septiembre de 2019 y quienes
decidieron continuar con la carrera de derecho, le respondió que la
información requerida tenía el carácter de dato personal, por lo que como
institución universitaria era responsable de su tratamiento y tenía el deber de
conservarla bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su
adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.

18. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que no
se le podía exigir la presentación del examen de Estado establecido en la
Ley 1905 de 2018 para poder acceder a la tarjeta profesional definitiva, toda
vez que, como constaba en certificaciones emitidas por la Institución
Universitaria Politécnico Grancolombiano, cursó la carrera de derecho entre
agosto de 2017 y junio de 2023, antes de que comenzara a regir lo dispuesto
en la comentada ley.

19. Agregó que presentó la solicitud de entrega de la tarjeta profesional
definitiva antes de que se realizara el primer examen de idoneidad a los
abogados del país, por lo que no le era aplicable la disposición normativa
que exigía el cumplimiento de dicho requisito.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04702-00
Demandante: Pedro Gabriel Orjuela Calderón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados2

20. El Ministerio de Educación3 presentó un informe en el que señaló que
no tenía competencia funcional, jerárquica ni administrativa para
pronunciarse frente a la reclamación planteada por la parte actora, ya que
las actuaciones que presuntamente generaron la vulneración de derechos
fundamentales estaban relacionadas con decisiones administrativas de dos
instituciones autónomas: por un lado, una institución de educación superior
de naturaleza privada y, por el otro, un órgano de gobierno judicial.

21. Precisó que no tenía funciones de inspección, vigilancia o control
sobre el ejercicio de la abogacía ni sobre el trámite de expedición de la
tarjeta profesional y que tampoco era competente para controlar
directamente al Politécnico Grancolombiano, que se constituía como una
institución de educación superior con personería jurídica propia y
autonomía universitaria. Por tal razón, señaló que no tenía legitimación en la
causa por pasiva y que la acción de tutela debía declararse improcedente
respecto de ella.

22. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
del Consejo Superior de la Judicatura4 señaló que, de conformidad con la
información que le remitió la Institución Universitaria Politécnico
Grancolombiano, el accionante inició la carrera de derecho el 1 de febrero
de 2021 y por tanto era destinatario de la Ley 1905 de 2018, de modo que
debía cumplir el requisito de la aprobación del examen de Estado para la
expedición de la tarjeta profesional con vigencia definitiva.

23. Precisó que la exigencia del examen estaba prevista en una
disposición legal respecto de la cual cumplía un rol de garante para su
materialización por lo que no tenía facultad alguna para ignorar su
cumplimiento.

24. El Politécnico Grancolombiano5 señaló que el accionante pretendía
de forma ilegítima que se indicara un periodo de iniciación del programa
de derecho al Consejo Superior de la Judicatura que no correspondía con
la realidad para evitar la presentación del examen de idoneidad exigido por
la Ley 1905 de 2018.

2 Mediante Auto de 1 de agosto de 2025, el despacho ponente resolvió, entre otros, (1) admitir la acción de tutela

de la referencia, (2) tener como demandados al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia y la Universidad Politécnico Grancolombiano y (3) vincular al Ministerio de
Educación Nacional, a la Defensoría del Pueblo y a Yeimmy Patricia Navas Cifuentes, como terceros con interés
en el asunto.
3 Índice 13 de SAMAI.
4 Índice 15 de SAMAI.
5 Índice 12 de SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04702-00
Demandante: Pedro Gabriel Orjuela Calderón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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25. Precisó que, el 27 de septiembre de 2019, el accionante solicitó la
admisión al programa de derecho, para lo cual se realizó un proceso de
homologación interna de las asignaturas cursadas previamente en el
programa de Técnico Profesional Judicial, pero solo hasta el periodo
académico 2021-10 inició formalmente sus labores académicas, pues
solicitó el aplazamiento de la matrícula del periodo 2020-10 y 2020-60.

26. Manifestó que, en todo caso, el programa de Técnico Profesional
Judicial no era un prerrequisito para iniciar el programa de derecho, puesto
que todos los aspirantes que fueran bachilleres y surtieran el respectivo
proceso de admisión podían iniciar sus estudios directamente en el
programa de derecho.

27. La Defensoría del Pueblo y Yeimmy Patricia Navas Cifuentes, pese a
haber sido notificados en debida forma6, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Verificación de la vulneración alegada. 2.4. Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela

28. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela porque esta se orientó a obtener la
protección de los derechos fundamentales7 a la educación, igualdad,
trabajo, mínimo vital y debido proceso. Pedro Gabriel Orjuela Calderón es el
titular de los derechos invocados como violados, por lo cual, se tiene por
acreditada la legitimación activa en la causa8.

29. De igual forma, la Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura y el Politécnico
Grancolombiano cuentan con legitimación pasiva en la causa9, porque de
estos se predica la presunta vulneración.

30. Respecto del requisito de subsidiariedad10, la Sala lo dará por
superado por no existir recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera al
accionante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa
de los derechos presuntamente vulnerados.

6
Índice 8 de SAMAI.
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
8 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
9 Ídem.
10 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1)

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04702-00
Demandante: Pedro Gabriel Orjuela Calderón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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31. En relación con el requisito de inmediatez11, la Sala lo tendrá por
cumplido, en la medida que la falta de la concesión de la anotación
definitiva en la tarjeta profesional del accionante se ha consolidado como
un acontecimiento actual y continuo.

2.2. Fijación de la controversia

32. Establecer si la parte accionada vulneró los derechos fundamentales
a la educación, igualdad, trabajo, mínimo vital y debido proceso de Pedro
Gabriel Orjuela Calderón, al no entregarle la tarjeta profesional de
abogado con carácter permanente por no acreditar la presentación del
examen de Estado, previsto en la Ley 1905 de 2018.

2.3. Verificación de la vulneración alegada

33. La Sala negará el amparo solicitado, por las razones que pasan a
explicarse.

34. La parte actora reclamó la protección de sus derechos fundamentales
a la educación, igualdad, trabajo, mínimo vital y debido proceso, los cuales
estimó vulnerados porque la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura no le concedió
la tarjeta profesional de abogado con carácter permanente, bajo la
condición de que para hacerlo debía acreditar la presentación del examen
de Estado de la Ley 1905 de 2018.

35. Sobre estos supuestos fácticos, es preciso recordar que la Ley 1905 de
2018 estableció que, para el ejercicio de la profesión de abogado, además
de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado debía
acreditar certificación de aprobación del examen de Estado que para el
efecto realizara el Consejo Superior de la Judicatura (artículo 1). Dicha
certificación, a su turno, sería requisito para la expedición de la respectiva
tarjeta profesional de abogado (parágrafo 2, artículo 1). Exigencia que
aplicaría a quienes iniciaron la carrera de derecho luego de la
promulgación de la aludida ley, es decir, del 28 de junio de 2018 (artículo
2)12.

36. Mediante el Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, el
Consejo Superior de la Judicatura, entre otras, fijó reglas sobre la expedición
de las tarjetas profesionales de abogados y, concretamente, sobre las
personas destinatarias de la Ley 1905 de 2018 señaló (se trascribe):

11 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4)
12 Esta Ley superó el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional, tal como lo dispone las Sentencias

C-138 de 2019 y C-549 de 2019.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04702-00
Demandante: Pedro Gabriel Orjuela Calderón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
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“Parágrafo transitorio 1. Mientras se desarrollan las fases necesarias para la
implementación del Examen de Estado, los destinatarios de la Ley 1905 de 2018,
podrán solicitar, sin la acreditación del certificado de aprobación del examen,
su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de la Tarjeta
Profesional de Abogado que tendrá vigencia provisional hasta la publicación
de los resultados de la primera prueba.

Parágrafo transitorio 2. Las Tarjetas Profesionales de Abogados que se expidan
bajo las condiciones del parágrafo anterior, contendrán la denominación
“Provisional”.

Parágrafo transitorio 3. Quienes obtengan la Tarjeta Profesional de Abogado
con vigencia provisional, en los términos del presente Acuerdo, una vez sea
dispuesta la aplicación del Examen del Estado, deberán presentarlo y acreditar
su aprobación, para efectos de que les sean expedidas las respectivas tarjetas
profesionales de abogado.”

37. Luego, a través del Acuerdo PCSJA23-12127 de 22 de diciembre de
2023, se dio apertura a la etapa de inscripciones para la presentación del
examen de Estado señalado en la Ley 1905 de 2018 (Aplicación 2024-I). En
dicho reglamento se indicó que los interesados en la aplicación de la
respectiva prueba debían cumplir alguno de los siguientes requisitos (se
trascribe):

“a) Abogados graduados de una institución de educación superior reconocida
oficialmente, que iniciaron sus estudios de derecho después del 28 de junio de
2018.

b) Abogados que cuentan con tarjeta profesional de abogado con vigencia
provisional, en los términos del Acuerdo PCSJA22-11985 del 29 de agosto de
2022.

c) Abogados cuyo título haya sido otorgado por institución de educación
superior extranjera, que hayan iniciado su carrera después del 28 de junio de
2018. Para inscribirse deberán contar con la resolución de convalidación, como
abogado, del Ministerio de Educación Nacional.”

38. Aunado a ello, fijó como fechas de inicio y cierre de la etapa de
inscripción el 26 de diciembre de 2023 y el 23 de enero de 2024.

39. Con los Acuerdos PCSJA24-1216213 y PCSJA24-12163 de 9 de abril de
202414, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso que (1) el abogado
destinatario de la Ley 1905 de 2018 podía solicitar, sin acreditar la
aprobación del examen de estado, el registro y expedición de la tarjeta
profesional provisional, cuya vigencia iría hasta la publicación final de los
resultados de la prueba aplicada el 26 de mayo de 202415; y (2) para el 2024,

13 “Por el cual se establecen normas para la inscripción en el Registro Nacional de Abogados, expedición de la

tarjeta profesional de abogado y se dictan otras disposiciones”.
14 “Por el cual se establece el reglamento para la presentación del Examen de Estado para Abogados señalado

en la Ley 1905 de 2018”.
15 Acuerdo PCSJA24-12162, artículo 11 transitorio.

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se realizarían 2 aplicaciones del examen de Estado: una el 26 de mayo y la
otra el 20 de octubre16.

40. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-128 de 2024,
sobre la aplicación y exigibilidad de examen de Estado como requisito para
obtener la tarjeta profesional de abogado, indicó (se trascribe):

“246. En consecuencia, la Sala ordenará al C. S. de la J. expedirle a los
accionantes la tarjeta profesional de abogado con carácter definitivo y sin la
exigencia de aprobación del Examen de Estado previsto en la Ley 1905 de
2018. Mientras el C. S. de la J. expide las tarjetas profesionales definitivas a los
accionantes y las personas cobijadas con los efectos inter pares de esta
providencia, se entenderá que las tarjetas profesionales provisionales que
actualmente portan tienen carácter de permanentes. Lo anterior, bajo el
entendido de que para estas personas, como ya se advirtió, los requisitos
eficaces y factibles de satisfacer al momento de hacer la solicitud de su tarjeta
profesional de abogados eran los previstos con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 1905 de 2018. En esta medida, cuando dichas personas
solicitaron su tarjeta profesional satisfacían todos los requisitos aplicables en ese
momento para obtener su tarjeta profesional de abogados con carácter
permanente. Esta decisión respeta, además, el acceso a la administración de
justicia y la confianza legítima de los ciudadanos que han sido o están siendo
representados por estos abogados.

247. Además, la Sala, con el fin de proteger el derecho a la igualdad, otorgará
efectos inter pares a esta decisión, y en virtud de ellos dispondrá que estas
mismas órdenes deberán cumplirse frente a: (i) todas aquellas personas
graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 a
quienes el Consejo Superior de la Judicatura hubiere expedido tarjeta
profesional provisional y que presentaron la solicitud de tarjeta antes de las cero
horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, fecha en la cual dicha entidad abrió
las inscripciones para la primera aplicación del Examen de Estado, y (ii) todas
las personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905
de 2018 que presentaron la solicitud de tarjeta profesional antes de las cero
horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, siempre y cuando satisfagan los
demás requisitos vigentes para la expedición de la tarjeta profesional.”

41. Lo anterior, da cuenta de que la Corte ordenó la expedición de tarjetas
profesionales de carácter definitivo, sin necesidad del requisito del examen
de Estado de la Ley 1905 de 2018, únicamente a aquellos que presentaron
la solicitud para obtener la tarjeta profesional antes del 26 de diciembre de
2023. Debe aclararse que la motivación de tal decisión fue la de evitar que
se restringiera el ejercicio de la profesión de manera indefinida a los
graduados del pregrado de derecho, por no haber presentado un examen
que aún no había sido implementado y del que no se tenía fecha para su
realización, con lo cual, la medida se estaba convirtiendo en una restricción
injustificada a la libertad de ejercer la profesión.

42. Asimismo, respecto de los efectos de la decisión, la Corte fue clara en
indicar que la expedición del reglamento de la prueba, concretamente, lo

16 Acuerdo PCSJA24-12163, artículo 14.

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Decisión: Niega
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relativo a la etapa de inscripciones y la fecha de aplicación de la prueba,
daban pie a que fuera exigible el requisito en comento (se trascribe):

“248. Para extender los efectos de la decisión a las personas señaladas, la Corte
tiene en cuenta que estas, al igual que los accionantes, al momento de
graduarse del pregrado en Derecho y presentar su solicitud de tarjeta
profesional, estaban imposibilitadas para satisfacer el requisito de aprobación
del Examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018, pero acreditaban todos
los demás requisitos vigentes. En efecto, como ya se indicó, antes del 26 de
diciembre de 2023, el C. S. de la J. no había habilitado la inscripción para la
primera prueba del examen, lo que implica que materialmente el requisito de
aprobación del mencionado examen era imposible de cumplir y, en esa
medida, inexigible, en aplicación del principio general del derecho según el
cual nadie está obligado a lo imposible.

249. La Sala encuentra que la situación es distinta, en cambio, frente a las
personas destinatarias de la Ley 1905 que presentaron la solicitud de tarjeta
profesional a partir del 26 de diciembre de 2023. Para la Corte, la habilitación
que el Consejo Superior de la Judicatura hizo de las inscripciones para la primera
convocatoria del examen, acompañada de la indicación de una fecha
determinada para la realización de esa primera aplicación de la prueba (26 de
mayo de 2024), activó la posibilidad del cumplimiento del requisito y, con ello,
su eficacia jurídica y exigibilidad. Eso explica por qué la Corte, en principio, no
extenderá a estas personas los efectos inter pares de esta decisión.”

43. Bajo ese entendido, la Sala evidencia que el 1 abril de 2024 el
Politécnico Grancolombiano, mediante correo electrónico remitido por
Jerónimo Gabriel Antia Pimentel, profesor de la mencionada institución,
reportó a la Unidad Nacional de Unidad de Registro de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura la información
de fecha de inicio y terminación de materias de la carrera de derecho del
señor Pedro Gabriel Orjuela Calderón.

44. Luego, el 24 de abril de 2024, el accionante realizó la preinscripción del
trámite de inscripción como abogado, a través del Sistema del Registro
Nacional de Abogados – SIRNA y, adicionalmente, el 26 de marzo siguiente,
remitió la documentación requerida para continuar con el trámite y así
poder expedir la tarjeta profesional definitiva. No obstante, la Unidad
Nacional de Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acta No. 36728 de 29 de mayo
de 2024, realizó la inscripción en el Registro Nacional de Abogados y le
asignó la tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional No.
429.140.

45. Por lo anterior, el 15 de octubre de 2024, el señor Orjuela Calderón
radicó una petición ante la Unidad Nacional de Unidad de Registro de
Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura en
la que manifestó que inició el programa de derecho en agosto de 2017, por
lo cual pedía que se expidiera una nueva sin la anotación provisional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04702-00
Demandante: Pedro Gabriel Orjuela Calderón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
______________________________________________________________________________________________________________

46. Frente a esa confusión, el 25 de octubre de 2024, Unidad Nacional de
Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura requirió a la Institución Universitaria Politécnico
Grancolombiano para que indicara con precisión cuál fue la fecha en la
que el señor Orjuela Calderón inició la carrera de derecho, por lo que la
universidad, mediante oficio remitido el 28 de octubre de 2024, señaló que
inició, en primer lugar, un Técnico de Dependiente Judicial el 1 de agosto
de 2017 y luego, en virtud de una homologación, el 1 de febrero de 2021,
inició el programa de derecho, el cual finalizó el 8 de marzo de 2024.

47. De esta forma, es claro que Pedro Gabriel Calderón Orjuela inició
propiamente la carrera de derecho el 1 de febrero de 2021 y que, a pesar
de que desde 1 de agosto de 2017 comenzó a cursar el Técnico de
Dependiente Judicial y que de ese programa se le homologaron algunas
materias, lo cierto es que la homologación se dio entre programas distintos
con registros calificados diferentes.

48. En vista de esa circunstancia y que, de acuerdo con la información
remitida por el Politécnico Grancolombiano, el accionante terminó el
programa de derecho el 8 de marzo de 2024, la Sala encuentra que es
destinatario de la Ley 1905 de 2018 y, por tanto, debe cumplir el requisito de
la aprobación del examen de Estado para la expedición de la tarjeta
profesional con vigencia definitiva.

49. Además, se observa que, pese a que la convocatoria para la
inscripción al examen de Estado del período 2024-II, estuvo vigente del 6 de
junio al 4 de julio, el accionante no se inscribió para su aplicación y esta se
llevó a cabo el 20 de octubre de 2024.

50. En consecuencia, para que el señor Orjuela Calderón pueda
finalmente acceder a la tarjeta profesional definitiva deberá presentar el
examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018 y acreditar el
cumplimiento de tal requisito ante la Unidad de Registro de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura.

2.4. Conclusión

51. La Sala negará el amparo de derechos solicitado por la parte actora,
tras acreditar que no se configuró la vulneración alegada.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-04702-00
Demandante: Pedro Gabriel Orjuela Calderón
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y otro
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega
______________________________________________________________________________________________________________

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por Pedro Gabriel Orjuela
Calderón, de conformidad con las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 17.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE,
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

17 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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