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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04715-01

Fecha
6 de marzo de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-04715-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por el Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de tutela, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-04715-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

6 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04715-01

Accionante: JAIME HUMBERTO ZULUAGA ÁNGEL

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra el fallo proferido
el 25 de septiembre de 2025, por el Consejo de Estado-Sección Cuarta que declaró
improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 29 de julio de 20251, Jaime Humberto Zuluaga Ángel, en calidad de Procurador
32 Judicial II para asuntos Administrativos de Medellín, formuló acción de tutela con
el fin de obtener la protección al derecho fundamental al debido proceso que
consideró vulnerado por la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia,
al proferir los autos del 18 de julio y 23 de julio de 2025 dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho de radicado no. 5001-33-33-029-2021-00077-01.

1 Cfr. SAMAI, Índice 2.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04715-01
Solicitante: Jaime Humberto Zuluaga Ángel
Acción de tutela – Segunda instancia

Mediante el auto del 18 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia
resolvió abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo respecto a la solicitud de
nulidad de las actuaciones procesales posteriores a la admisión del recurso de
apelación realizada por el Ministerio Público. Posteriormente, a través del auto del
23 de julio de 2025, el Tribunal no repuso el auto del 18 de julio del 2025.

En virtud del amparo, solicita que (se trascriben, incluso con errores):

«PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso, en consecuencia,

SEGUNDO: ORDENAR al señor Magistrado CARLOS ENRIQUE PINZÓN MUÑOZ
que en SALA UNITARIA DE DECISIÓN, profiera decisión dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho-laboral, con radicado 05001 33 33 029 2021
00077 01, Demandante: NORMA CONSTANZA CASTRO ARIAS, Demandado:
NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG, declarando la nulidad de
las actuaciones posteriores al auto que admite el recurso de apelación interpuesto por
la entidad pública demandada en contra de la sentencia de primera instancia,
indicando la actuación o actuaciones que deben renovarse, según escrito presentado
el día 03 de diciembre de 2024, mediante el que se alega y sustenta la nulidad procesal
que tuvo su ocurrencia con la Sentencia No. 109 que se profiere el día 28 de noviembre
de 2024 por parte de la SALA CUARTA DE DECISIÓN del Tribunal Administrativo de
Antioquia, consistente en la omisión de una etapa u oportunidad procesal en la que
precisamente este Procurador Judicial como agente del Ministerio Público podía emitir
su concepto dentro del proceso, si a bien lo tenía.»

Igualmente, solicita como medida provisional:

«(…) Le ruego ordenar, como MEDIDA PROVISIONAL que el expediente no sea
devuelto al juez de la primera instancia hasta que no sea resuelta la presente acción,
para que en el evento en que se tutele el derecho invocado, la orden pueda ser
cumplida inmediatamente y sin el adelantamiento de otros trámites»

1. Hechos relevantes

La señora Norma Constanza Castro Arias, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la Nación-Ministerio de
Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con el fin de
obtener la declaratoria de nulidad parcial del acto administrativo mediante el cual se
cual se reconoció la pensión de jubilación sin incluir el 20% adicional correspondiente

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04715-01
Solicitante: Jaime Humberto Zuluaga Ángel
Acción de tutela – Segunda instancia

a la asignación o sobresueldo por el cargo de coordinadora, devengado durante el
año anterior a la adquisición del estatus de pensionada.

El 19 de julio de 2024, el Juzgado Veintinueve Administrativo de Medellín, bajo el
radicado 05001-33-33-029-2021-00077-01, accedió́ a las pretensiones de la
demanda. La Fiduprevisora S.A. apeló la providencia y el 20 de noviembre de 2024
se admitió el recurso de apelación. El auto ordenó notificar «personalmente esta
providencia al Ministerio Público, en cumplimiento de lo previsto en el numeral 3º del
artículo 198 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –CPACA-, quien podrá conceptuar si a bien lo tiene, hasta antes de
que ingrese el proceso a despacho para sentencia»2.

El 21 de noviembre de 20243 se notificó el auto admisorio y el 22 de noviembre de
20244 se registró el proyecto de sentencia.

El 28 de noviembre de 2024, el Ministerio Público5 intervino en el proceso. Consideró
que se debía revocar la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del
acto administrativo demandado y que accedía parcialmente a las pretensiones de la
parte demandante. En esa misma fecha, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Cuarta de Decisión, profirió sentencia de segunda instancia6 en la que confirmó la
providencia apelada. En el fallo se indicó que «Una vez trascurrido el término legal,
el Procurador delegado ante esta Corporación no emitió́ concepto»7.

El 3 de diciembre de 2024 el procurador 32 Judicial II para Asuntos Administrativos
de Medellín presentó solicitud de nulidad de las actuaciones posteriores al auto que
admitió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Invocó la
causal de nulidad contenida en el numeral 6 del artículo 133 del Código General del
Proceso –CGP-. Es decir, que se omite la oportunidad para alegar de conclusión ya
que se omitió la etapa u oportunidad procesal en la que él podía emitir su concepto.
Manifestó que en dicha causal se encontraba comprendida la oportunidad del

2 Cfr. SAMAI, Índice 2 de primera instancia. Nota: se puede acceder al documento a través del
hipervínculo del radicado de la sentencia de segunda instancia.
3 Cfr. SAMAI, Índice 2 de primera instancia. Nota: se puede acceder al documento a través del

hipervínculo del radicado de la sentencia de segunda instancia.
4 Cfr. SAMAI, Índice 9 del proceso 05001-33-33-029-2021-00077-01.
5 Cfr. SAMAIA, Índice 10 del proceso 05001-33-33-029-2021-00077-01.
6 Cfr. SAMAI, Índice 11 del proceso 05001-33-33-029-2021-00077-01.
7 Cfr. SAMAI, Índice 2 de primera instancia.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04715-01
Solicitante: Jaime Humberto Zuluaga Ángel
Acción de tutela – Segunda instancia

ministerio público para intervenir de conformidad con la sentencia del Consejo de
Estado del 1 de febrero de 2018 de radicado no. 76001-23-33-003-2015-00384-01.
Alegó que no se otorgó el término legal para que el Ministerio Público rindiera
concepto pues se registró el proyecto al día siguiente en que se notificó el auto
admisorio, sin que el auto admisorio cobrara ejecutoria, incumpliendo el término
estipulado por la misma providencia para la presentación de su intervención, y sin
que ingresara el expediente al despacho para fallo. Lo último, a su vez, no cumple
con lo estipulado en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA.

El 18 de junio de 2025, la Sala Unitaria de decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia resolvió abstenerse de pronunciarse de fondo sobre la nulidad solicitada.
Manifestó que no tenía competencia para resolver el incidente de nulidad de
conformidad con el artículo 134 del CGP pues pretende que se declare la nulidad de
todo lo actuado desde la admisión del recurso de apelación, incluyendo la sentencia
de segunda instancia contra la que no procede ningún recurso y que en ese caso el
mecanismo idóneo es el recurso extraordinario de revisión. Además, de forma
complementaria indica que de conformidad con el articulo 250 del CPACA el recurso
extraordinario de revisión tiene previsto como causal la existencia de nulidades
originadas en la sentencia que puso fin al proceso y frente a la cual no procede
recurso de apelación. Así, «una vez finalizado el proceso con una decisión definitiva
e inimpugnable, el recurso de revisión se erige como el medio procesal idóneo para
controvertir eventuales vicios que no pudieron alegarse oportunamente.»

El 24 de junio de 2025 el accionante interpuso recurso de reposición en contra del
auto. Manifestó que el fundamento del auto cuestionado relacionado con el artículo
134 del CGP desconoce que hay otras oportunidades para alegar las nulidades en
los casos referenciados. Específicamente, la que indica que se pueden alegar en
cualquiera de las instancias, e incluso con posterioridad a la sentencia si se
originaran en ella. Como sustento de este punto citó la sentencia C-449 de 1995. Así
mientras no se termine la segunda instancia con sentencia ejecutoriada, es posible
que dentro de ella se presenten de manera oportuna las nulidades que ocurrieron en
la sentencia, tal como aconteció en el presente caso. Teniendo en cuenta lo anterior,
se puede concluir que la oportunidad para alegar una nulidad que se origina en la
sentencia puede variar, pero generalmente se debe hacer en la misma instancia

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04715-01
Solicitante: Jaime Humberto Zuluaga Ángel
Acción de tutela – Segunda instancia

antes de que la sentencia quede ejecutoriada, pues si no se alega la nulidad dentro
del plazo se considera saneada y el proceso sigue su curso.

Adicionalmente, alega que de conformidad con el artículo 209 del CPACA, las
nulidades del proceso se tramitan como in incidente. En el numeral 4 del artículo 210
del CPACA también provee la existencia de incidentes de nulidad en casos en que
son promovidos después de proferida la sentencia o providencia que da fin al
proceso. De tal forma que la nulidad si era procedente en la oportunidad alegada.
Así no comparte que el recurso de revisión era el medio procesal idóneo para
controvertir la nulidad alegada.

El recurso de reposición interpuesto por el acciónate fue trasladado a las partes. El
apoderado de la parte demandante del proceso indicó que se apartaba de los
argumentos planteados. Adujo que, si bien era cierto que no había tenido la
oportunidad de presentar su concepto, este no era vinculante y por ende no afecta
la decisión contenida en la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Agregó que la presentación de recursos estaba haciendo más gravosa la situación
de la demandante8.

El 23 de julio de 2025, mediante auto, el Tribunal determinó no reponer la providencia
recurrida. Explicó que de acuerdo con el artículo 134 del CGP, las nulidades pueden
alegarse en cualquiera de las instancias previas a que se dicte sentencia o con
posterioridad a la misma si ocurren en ella. Las originadas en la sentencia se pueden
alegar en la diligencia de entrega como excepción en la ejecución de la sentencia, o
mediante recurso de recisión si no se pudo alegar en las oportunidades anteriores.
De lo anterior concluye que la nulidad puede alegarse en cualquiera de las instancias
previas a que se dicte la sentencia a menos de que la nulidad provenga de la misma.
En el caso concreto, la nulidad no se originó en la sentencia y en consecuencia debió
alegarse antes de que se dictara.

Además, indicó que el artículo 135 del CGP establece que no podrá alegar nulidad
quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla. Así,
como el accionante había presentado la manifestación del Ministerio Público

8 Cfr. SAMAI, Índice 2 de primera instancia.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04715-01
Solicitante: Jaime Humberto Zuluaga Ángel
Acción de tutela – Segunda instancia

después de que se configurara la nulidad sin hacer mención a la misma, ya no podía
ser propuesta por el accionante.

Señaló que el juez deberá rechazar de plano la solicitud que se proponga después
de saneada. Es decir, después de que no se alegó oportunamente, se actuó sin
proponerla, y cuando a pesar del vicio el acto cumplió su finalidad y no se violó el
derecho de defensa. Como el registro de proyecto y la sentencia cumplieron su
propósito al poner fin a la controversia.

Finalmente, argumentó que si se considerara la nulidad alegada se originó en la
sentencia, la nulidad se debe solicitar a través de un recurso extraordinario de
revisión.

2. Fundamentos de la solicitud

El 29 de julio de 20259, Jaime Humberto Zuluaga Ángel, en calidad de Procurador
32 Judicial II para asuntos Administrativos de Medellín, formuló acción de tutela en
con el fin de obtener la protección al derecho fundamental al debido proceso que
consideró vulnerado por la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Antioquia,
al proferir los autos del 18 de julio y 23 de julio de 2025 dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho de radicado no. 5001-33-33-029-2021-00077-01.

El accionante manifestó, como sustento jurídico de la acción de tutela, que las
decisiones judiciales reprochadas incurrieron en defecto sustantivo al interpretar
erróneamente las normas aplicables lo que conllevó un defecto procedimental que
vulneró el derecho al debido proceso.

Manifestó su inconformidad con que el término establecido por el auto admisorio para
que el Ministerio Público rindiera su concepto aún se encontraba en curso cuando
se profirió la sentencia de segunda instancia, que erradamente se indicó en la

9 Cfr. SAMAI, Índice 2 de primera instancia.

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Solicitante: Jaime Humberto Zuluaga Ángel
Acción de tutela – Segunda instancia

sentencia que el procurador no había emitido concepto y que el asunto nunca ingresó
al despacho.

Como consecuencia de estas irregularidades, el accionante alegó la nulidad procesal
de lo actuado después del auto admisorio del recurso de apelación. Argumentó que
hubo una contradicción pues el tribunal indicó que no hay un término legal para que
el Ministerio Público rinda su concepto en el curso de la segunda instancia, pero en
la sentencia de segunda instancia indicó que «Una vez trascurrido el término legal,
el Procurador delegado ante esta Corporación no emitió concepto». Lo anterior
resulta en que se configurara la nulidad alegada.

A su vez, manifestó que no comparte la interpretación que el tribunal hace del
numeral 4 del artículo 136 del CGP pues considera que en la medida en que la
nulidad se origina en la sentencia y no en los actos previos a la misma, la nulidad no
se saneó cuando estos cumplieron su finalidad.

Finalmente, manifestó que la solicitud de nulidad procesal se formuló antes de que la
sentencia de segunda instancia cobrara ejecutoria y que esa era la oportunidad para
ello.

Posteriormente, el 4 de agosto de 202510, el despacho ponente de la primera
instancia por medio de auto lo requirió para que acreditara cómo se configuraban los
requisitos o defectos especiales de la acción de tutela en contra de providencia
judicial en el caso concreto.

Como respuesta al requerimiento, el 11 de agosto de 202511, el accionante manifestó
que en el caso en cuestión se configuran dos defectos especiales: el defecto material
o sustantivo y el defecto procedimental absoluto.

Frente al primero adujo que, como se evidencia a partir de los fundamentos jurídicos
del escrito de tutela, las decisiones contenidas en los autos atacados se
fundamentaron en el inciso segundo del artículo 134 del CGP. Sin embargo, el
accionante considera que esto deja de lado la oportunidad genérica contenida en el

10 Cfr. SAMAI, Índice 5 de primera instancia.
11 Cfr. SAMAI, Índice 9 de primera instancia.

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Solicitante: Jaime Humberto Zuluaga Ángel
Acción de tutela – Segunda instancia

inciso primero del mismo artículo, que permite que las nulidades se presenten en
cualquier instancia antes de que se dicte sentencia o con posterioridad si la nulidad
se origina en ella. Manifestó que en el caso particular la nulidad se alegó y sustentó
antes que la sentencia cobrara ejecutoria el 3 de diciembre de 2024. Así, de esta
manera se configuró un defecto material sustantivo al desconocerse y no aplicarse
al caso analizado por el juez el claro contenido de una disposición jurídica.

Frente al segundo, adujo que las decisiones contenidas en los autos atacados
omitieron la etapa u oportunidad procesal en la que el Procurador Judicial como
Agente del Ministerio Público puede emitir su concepto. Etapa que es obligatoria y
que está establecida en el CPACA.

3. Trámite de primera instancia

El 15 de agosto de 202512 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación
a la autoridad judicial accionada. Igualmente, se notificó al Juzgado 29 Administrativo
de Medellín, a la Fiduprevisora S.A., a la señora Norma Constanza Castro Arias, y al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. También
se negó la medida provisional solicitada.

En el escrito de contestación13, la Sala Unitaria de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia reiteró las normas que aplicó para resolver el caso
concreto. Precisó que el artículo 247 del CPACA, que fue modificado por la ley 2080
de 2021, establece que el Ministerio Público podrá emitir el concepto desde que se
admite el recurso hasta antes de que se ingrese el proceso a despacho para
sentencia, sin contemplar ningún término específico, en días, que deba concederse
a este delegado. Sin embargo, la redacción original de la Ley 1437 de 2011 sí
contemplaba un término en días para que el procurador delegado presentara su
concepto.

Adujo que la ausencia de registro de la actuación procesal relativa al paso al
despacho para fallo es un error secretarial y que pese a ello no se vulneraron los

12 Cfr. Samai, Índice 11 de primera instancia.
13 Cfr. SAMAI, Índice 20 de primera instancia.

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Solicitante: Jaime Humberto Zuluaga Ángel
Acción de tutela – Segunda instancia

derechos de las partes pues la sentencia cumplió con su finalidad de poner fin al
proceso y no omitió la participación de las partes en la toma de la decisión.

Manifestó que la tutela es improcedente por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad pues se advierte la posibilidad de interponer un recurso extraordinario
de revisión. Adicionalmente, indicó que no existe defecto sustantivo porque el asunto
fue resuelto bajo el estudio de las normas aplicables, ni defecto orgánico porque el
Tribunal era competente para resolver el asunto. El tribunal remitió copia del
expediente digital.

Los demás intervinientes guardaron silencio.

Mediante sentencia del 25 de septiembre de 202514, el Consejo de Estado-Sección
Cuarta declaró improcedente la acción de tutela, pues no satisface el requisito de
relevancia constitucional. Precisó que en el caso objeto de estudio la acción de tutela
se está empleando como una instancia adicional, pues los argumentos expuestos
para argumentar el defecto sustantivo y procedimental reiteraron lo planteado en la
solicitud de nulidad y en el recurso de reposición interpuestos contra la sentencia de
segunda instancia en el proceso ordinario. En consecuencia, estima que la acción
de tutela carece de relevancia constitucional pues no se evidencia una vulneración
real del derecho al debido proceso sino una discrepancia con las decisiones tomadas
por la autoridad accionada.

El accionante impugnó el fallo de primera instancia. Adujo que la tesis que los
argumentos del escrito de tutela no son los mismos de la solicitud de nulidad.
Manifestó que en la tutela alegó que no se aplicó al caso la oportunidad genérica
contenida en el primer inciso del artículo 134 del CGP. Igualmente, alegó que se
debía interponer el recurso en el proceso ordinario para cumplir con el requisito de
subsidiariedad de la tutela.

Finalmente, argumenta que sí se satisface el requisito de relevancia constitucional
pues en las providencias reprochadas se configura el defecto fáctico procedimental
absoluto porque desconocen el contenido de una disposición jurídica que lleva a que

14 Cfr. SAMAI, Índice 23 de primera instancia.

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se omitiera una etapa procesal, desconociendo el derecho fundamental del debido
proceso.

El 17 de octubre de 202515 se concedió la impugnación.

Llevado el proyecto a Sala para ser decidido, el 30 de enero de 2026 el Consejero
doctor Nicolas Yepes Corrales, presenta impedimento para conocer del fallo de
segunda instancia, sustentándose en el artículo 56 numeral 1 del Código de
Procedimiento Penal en razón a que su cónyuge ocupa el cargo de Procuradora
Judicial II Delegada para la Conciliación Administrativa.

Mediante auto de 10 de febrero de 2026, se declaró infundado.

CONSIDERACIONES

4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 25 de septiembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección
Cuarta-, que declaró improcedente la acción de tutela.

5. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental16. De conformidad
con su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii)
que el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y

15 Cfr. SAMAI, Índice 32 de primera instancia.
16 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04715-01
Solicitante: Jaime Humberto Zuluaga Ángel
Acción de tutela – Segunda instancia

extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela17.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional18: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad

17 Ibidem.
18 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado

número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Acción de tutela – Segunda instancia

de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

Las providencias judiciales bajo estudio negaron la solicitud de nulidad presentada
por Jaime Humberto Zuluaga Ángel, en calidad de Procurador 32 Judicial II para
asuntos Administrativos de Medellín. El auto del 18 de julio de 2025 resolvió
abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo sobre la solicitud de nulidad de las
actuaciones posteriores a la admisión del recurso de apelación, porque consideró
que no tenía competencia por tratarse de una solicitud posterior a la sentencia contra
la que no procede recurso y que en consecuencia el medio para alegar la nulidad era
el recurso extraordinario de revisión. Por su parte, el auto del 23 de julio de 2025 no
repuso el auto del 18 de julio porque consideró que la nulidad se originó en los actos
previos y no en la sentencia por ende se debió alegar antes de que se profiriera el
fallo, y debió ser alegada en el concepto del procurador. Como no fue así, se
consideró saneada. Finalmente, argumentó que si la nulidad se hubiera originado en
la sentencia la solicitud de nulidad debía ser encausada por medio de un recurso
extraordinario de revisión.

El accionante, en la solicitud de nulidad invocó la causal de nulidad contenida en el
numeral 6 del artículo 133 del Código General del Proceso –CGP-. Es decir, que se
omite la oportunidad para alegar de conclusión ya que se omitió la etapa u
oportunidad procesal en la que él podía emitir su concepto. Alegó que no se otorgó
el término legal para que el Ministerio Público rindiera concepto pues se registró el
proyecto al día siguiente en que se notificó el auto admisorio, sin que el auto
admisorio cobrara ejecutoria, incumpliendo el término estipulado por la misma

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Acción de tutela – Segunda instancia

providencia para la presentación de su intervención, y sin que ingresara el
expediente al despacho para fallo.

Posteriormente, en el recurso de reposición que interpuso en contra del auto del 18
de julio de 2025 argumentó que la providencia desconoce que hay otras
oportunidades para alegar las nulidades. Específicamente, la que indica que se
pueden alegar en cualquiera de las instancias, e incluso con posterioridad a la
sentencia si ocurrieran en ella contenida en el artículo 134 del CGP. Concluye de lo
anterior que la oportunidad para alegar una nulidad que se origina en la sentencia
puede variar, pero generalmente se debe hacer en la misma instancia antes de que
la sentencia quede ejecutoriada, pues si no se alega la nulidad dentro del plazo se
considera saneada y el proceso sigue su curso.

También alega que de conformidad con el artículo 209 del CPACA, las nulidades del
proceso se tramitan como un incidente y que en el numeral 4 del artículo 210 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
CPACA- también se prevee la existencia de incidentes de nulidad en casos en que
son promovidos después de proferida la sentencia o providencia que da fin al
proceso. De tal forma que la nulidad si era procedente en la oportunidad alegada.
Finamente manifiesta que no comparte que el recurso de revisión fuera el medio
procesal idóneo para controvertir la nulidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala estima que los argumentos presentados por el
accionante no acreditan una vulneración o amenaza de derechos fundamentales,
sino que se encaminan a volver sobre la controversia ya decidida por el juez de
conocimiento. Además de ello, revisados los fundamentos jurídicos que motivaron la
decisión, la Sala estima que provienen de una interpretación razonable de las
pruebas aportadas al expediente, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable
al asunto. Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez de tutela revise o
evalúe la interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de
tutela no es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para
desconocer la autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones
judiciales. Por las razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional.

14
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-04715-01
Solicitante: Jaime Humberto Zuluaga Ángel
Acción de tutela – Segunda instancia

Así las cosas, la Sala habrá de confirmar la sentencia del 25 de septiembre de 2025,
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el
amparo, por los motivos antes expuestos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2025 por el
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de
tutela, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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