Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04728-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-04728-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04728-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
19 de agosto de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-04728-00
Demandante: LUIS CARLOS RÚA SÁNCHEZ
Demandado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD JUDICIAL –
MORA JUDICIAL – SE NIEGA EL AMPARO.
Síntesis del caso: el demandante alega que la autoridad judicial demandada no ha emitido la
correspondiente sentencia de segunda instancia en una acción popular. La Sala negará el
amparo de sus derechos fundamentales porque no encontró acreditada una mora judicial
injustificada.
La Sala decide la acción de tutela presentada mediante escrito del 29 de julio de 20251
por el señor Luis Carlos Rúa Sánchez en contra de la Sección Primera del Consejo de
Estado para la protección a sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y
acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 23, 29 y 229 de la
Constitución Política, supuestamente vulnerados con ocasión de la presunta mora
judicial en proferir sentencia de segunda instancia en la acción popular con radicación
no. 25000-23-41-000-2023-00518-01.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente (índice 2 en SAMAI):
1) Presentó demanda de acción popular contra la Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI), el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Ministerio de Transporte y la Unidad
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Índice 2 del expediente digital disponible en SAMAI.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04728-00
Demandante: Luis Carlos Rúa Sánchez
Acción de tutela
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para la protección de los derechos
colectivos a la moralidad administrativa, a obras públicas oportunas y eficientes y a la
prevención de desastres previsibles técnicamente por las fallas de diseño en el puente
de la transversal “Aguaclara - Río de Oro”, enmarcado en un fragmento del tramo II PR
28+230 de la Ruta del Sol.
2) Mediante sentencia del 22 de mayo de 2024, la Subsección C de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el amparo del derecho colectivo
a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles por parte del INVIAS
y del Ministerio de Transporte y profirió las órdenes encaminadas a conjurar la
vulneración y conformó un comité para verificar el cumplimiento del fallo, en los
siguientes términos:
“CUARTO.- ORDENAR al Instituto Nacional de Vías - INVIAS:
a) Que en el término de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a
la notificación de esta sentencia, adelante el estudio de estabilidad general
de la ladera en condiciones estáticas y pseudoestáticas teniendo en cuenta
las cargas sobre impuestas por la infraestructura (puente ubicado en el PR
28+230), de conformidad con lo dispuesto en el informe de inspección visual
realizado el 2 de junio de 2023 y que se aportó como prueba en la
contestación de la demanda, término al cabo del cual deberá allegar a todos
los miembros del comité de verificación de cumplimiento de la presente
acción popular copia del análisis junto con un informe ejecutivo de su
contenido y principales conclusiones.
b) Que en el término de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a
la notificación de esta sentencia, ejecute la demolición de las obras falsas
usadas para el proceso constructivo del puente para conformar el talud y dejar
una pendiente uniforme para evitar empozamientos de aguas lluvias, de
conformidad con lo dispuesto en el informe de inspección visual realizado el
2 de junio de 2023 y que se aportó como prueba en la contestación de la
demanda, término al cabo del cual deberá allegar a todos los miembros del
comité de verificación de cumplimiento de la presente acción popular, registro
fotográfico tanto del procedimiento adelantado como de su resultado.
c) Que en el término de tres (3) meses, contados a partir del día siguiente a
la notificación de esta sentencia, adelante los estudios y diseños desde el
componente de hidrología, hidráulica y socavación para la proyección de la
protección requerida para los estribos que actualmente presentan pérdida de
cobertura por desprendimiento del terreno, de acuerdo con el informe de
inspección visual realizado el 14 de noviembre de 2023 por los profesionales
del Consorcio Diseño Nacional y que obra en el plenario de este proceso,
término al cabo del cual deberá allegar a todos los miembros del comité de
verificación de cumplimiento de la presente acción popular copia del análisis
junto con un informe ejecutivo de su contenido y principales conclusiones.
d) Que en el término de tres (3) meses posteriores a la obtención de los
resultados del estudio indicado en el literal anterior, el INVIAS despliegue las
gestiones presupuestales y contractuales tendientes a contratar las obras de
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04728-00
Demandante: Luis Carlos Rúa Sánchez
Acción de tutela
protección que se requieran respecto de los estribos que presentan pérdida
de cobertura por desprendimiento de terreno.
e) Que en el término de cinco (5) meses posteriores al despliegue de las
gestiones indicadas en el literal anterior, el INVIAS ejecute las obras de
protección que se requieran respecto de los estribos que presentan pérdida
de cobertura por desprendimiento de terreno.
f) Que dentro de un (1) mes siguiente a la notificación de la presente decisión,
el INVIAS presente al Despacho del Magistrado Ponente y a los miembros
del Comité de verificación de cumplimiento de la presente acción popular un
cronograma de ejecución de las actividades que aquí se ordenan en el que
se deberá precisar de manera clara la actividad a desarrollar, la fecha máxima
o período en que ejecutará cada actividad, así como los resultados o
entregables documentales que acreditarán el cumplimiento de cada una de
ellas, cumpliendo en todo los plazos concedidos a través de esta decisión.
QUINTO.- ORDENAR al Ministerio de Transporte:
a) Que coordine con el INVIAS la ejecución de las órdenes que aquí se
disponen e intervenga en lo de su competencia para lograr llevar a cabo de
manera efectiva cada uno de los requerimientos que tienden a proteger los
derechos conculcados.
b) Que en el marco de sus funciones ejerza la vigilancia que le es propia
respecto de las actividades a cargo del INVIAS, para lo cual deberá presentar
dentro de un (1) mes siguiente a la notificación de esta sentencia un plan de
vigilancia en el que se incluyan las actividades a ejecutar, las fechas o
períodos concretos en que estas se desplegarán y las evidencias que
acreditarán el cumplimiento de las mismas, asegurando, con su intervención,
que se cumplan los términos dispuestos en esta providencia para el
cumplimiento de las acciones que tienden a proteger el derecho amenazado.
c) Que, por lo anterior, presente a los miembros del comité de verificación de
cumplimiento de esta acción popular informes mensuales que dé cuenta del
cumplimiento de sus funciones de coordinación y vigilancia respecto de las
obras que requiere el Puente PR 28+230 del corredor vial 7007.
SEXTO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SÉPTIMO.- INTEGRAR el comité de verificación de cumplimiento de esta
sentencia con la participación: i) del actor popular y su coadyuvante, ii) del
Defensor del Pueblo o su delegado, iii) del representante legal del Instituto
Nacional de Vías INVIAS, quien sólo podrá delegar en un funcionario del nivel
directivo o asesor directamente relacionado con el asunto tratado en esta
providencia, iv) del representante legal del Ministerio de Transporte, quien
sólo podrá delegar en un funcionario del nivel directivo o asesor directamente
relacionado con el asunto tratado en esta providencia, v) el Agente del
Ministerio Público acreditado ante el Despacho del Magistrado Ponente de
esta providencia, y vi) el Magistrado Ponente de esta decisión, quien lo
presidirá.”
3) El INVIAS y el Ministerio de Transporte apelaron la anterior decisión y mediante auto
del 14 de junio de 2024 la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca concedió el recurso y ordenó remitir el expediente a
la Sección Primera del Consejo de Estado.
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Demandante: Luis Carlos Rúa Sánchez
Acción de tutela
4) A la fecha de presentación de la acción de tutela, a pesar de que el proceso ya fue
asignado a un despacho de la Sección Primera del Consejo de Estado, no se ha
proferido fallo de segunda instancia.
2. Los fundamentos de la vulneración
El demandante alegó que la Sección Primera del Consejo de Estado vulneró sus
derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la administración de
justicia porque aún no ha proferido sentencia de segunda instancia dentro de la acción
popular con número de radicación 25000-23-41-000-2023-00518-01.
3. Las pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:
“PRIMERA. Se declare que el ACCIONADO ha vulnerado mis derechos
como ciudadano.
SEGUNDA. Se ordene al despacho correspondiente a poner una fecha límite
para el fallo, acorde a las normatividades y acorde también a mis derechos
fundamentales y el riesgo que reviste la obra como se señaló en la primera
instancia.” (mayúsculas y negrillas del original – archivo disponible a índice 2
en SAMAI).
4. La actuación procesal
Por auto del 4 de agosto de 20252, se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar al
presidente y a los magistrados integrantes de la Sección Primera del Consejo de
Estado y se vinculó a la actuación como terceros interesados al presidente o quien
haga sus veces del INVIAS, al presidente o quien haga sus veces de la Agencia
Nacional de Infraestructura, al ministro de transporte y al presidente o quien haga sus
veces de la UNGRD, entregándoles copia de la demanda y los anexos.
2
Índice 4 del expediente digital disponible en SAMAI.
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Demandante: Luis Carlos Rúa Sánchez
Acción de tutela
5. Intervenciones de las autoridades demandadas y vinculadas
1) El coordinador del Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Transporte3 solicitó la desvinculación de esa autoridad por considerar que
carece de legitimación en la causa por pasiva, pues las pretensiones de la acción de
tutela están dirigidas contra la Sección Primera del Consejo de Estado y no es la
competente para atender lo requerido por el demandante.
2) El INVIAS4, a través de apoderado judicial, solicitó i) negar las pretensiones de la
acción, porque no se demostró ninguna vulneración de los derechos fundamentales del
actor en vista de que no son aplicables las reglas sobre el derecho de petición en
procesos judiciales y las sentencias judiciales son proferidas conforme al turno
asignado después de que ingresan al despacho para fallo; y ii) ser desvinculada del
trámite de la acción de tutela porque lo pretendido no está dentro de las competencias
o funciones de esa entidad.
3) La UNGRD presentó respuesta por medio de apoderada judicial5, sin embargo, no
presentó los documentos necesarios para acreditar dicha condición.
4) La magistrada del despacho titular de la Sección Primera6 ante el cual se tramita la
acción popular presentó un recuento de las actuaciones que se han surtido dentro de
la segunda instancia del proceso de acción popular y afirmó que ha sido tramitado sin
dilaciones ni demoras injustificadas teniendo en cuenta que el proceso pasó al
despacho para fallo el 27 de septiembre de 2024 y actualmente hay 1185 procesos
pendientes de trámite en el despacho, por lo cual solicitó desestimar las pretensiones
de la acción de tutela.
5) La ANI presentó respuesta por medio de apoderada judicial7, sin embargo, no
presentó los documentos necesarios para acreditar la calidad del funcionario que
confirió poder.
3
Índice 9 del expediente digital disponible en SAMAI.
4
Índice 10 del expediente digital disponible en SAMAI.
5
Índice 11 del expediente digital disponible en SAMAI.
6
Índice 12 del expediente digital disponible en SAMAI.
7
Índices 15 y 16 del expediente digital disponible en SAMAI.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04728-00
Demandante: Luis Carlos Rúa Sánchez
Acción de tutela
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) solicitudes de
desvinculación procesal y 3) caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.
2. Las solicitudes de desvinculación procesal
La Sala no accederá a las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio
de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, toda vez que dichas autoridades
intervinieron como demandadas en la acción popular con radicación no. 25000-23-41-
000-2023-00518-00/01; por lo tanto, su vinculación en el presente trámite tuvo como
finalidad ponerlas en conocimiento de la existencia de la acción de tutela y de las
eventuales resultas del proceso.
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Demandante: Luis Carlos Rúa Sánchez
Acción de tutela
3. El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección
Primera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la
administración de justicia, supuestamente vulnerados con ocasión de la mora en
proferir sentencia de segunda instancia en la acción popular con radicación no. 25000-
23-41-000-2023-00518-01.
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala negará el amparo por las
razones que se exponen a continuación:
3.1 Caracterización de la mora judicial
En diferentes oportunidades, la Corte Constitucional8 ha resaltado la importancia de
que los jueces dicten las providencias dentro de los términos legales con el fin de evitar
que se vulneren los derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
Sin embargo, también señaló que, en la mayoría de los casos, el incumplimiento de los
términos procesales no es imputable a las actuaciones de los funcionarios judiciales,
sino a las dificultades que debe afrontar la Rama Judicial por el exceso de carga laboral
o de congestión judicial y la complejidad de los asuntos, entre otras, lo cual justifica, de
cierto modo, el retardo para adelantar algunas actuaciones.
En esa medida, se ha establecido que, para determinar si una dilación es o no
injustificada, es preciso tener en cuenta i) la complejidad del asunto, ii) la actividad
procesal del interesado, iii) la conducta de las autoridades judiciales y iv) el análisis
global del procedimiento.
Por su parte, el Consejo de Estado9 manifestó que existen condiciones estructurales
en la Rama Judicial no imputables a los jueces que producen congestión en los
despachos y que dificultan la resolución oportuna de los asuntos.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión. Sentencia T-052 del 22 de febrero de 2018.
9
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 4 de septiembre de 2014, radicación no. 11001-03-
15-000-2014-01444-00.
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Demandante: Luis Carlos Rúa Sánchez
Acción de tutela
En conclusión, todo ciudadano tiene derecho a una pronta y oportuna resolución de
sus solicitudes; por lo cual, para que se estructure una violación de derechos
fundamentales por incumplimiento de términos judiciales, es imprescindible analizar i)
si existen motivos razonables que justifiquen la demora y ii) si la tardanza es imputable
a la dilación en el cumplimiento de las funciones por parte de la autoridad judicial.
3.2 El análisis de la mora judicial en el caso concreto
1) En el caso concreto, el demandante manifestó que la Sección Primera del Consejo
de Estado incurrió en una supuesta mora injustificada, pues, a pesar de que ha
transcurrido más de un año desde que la Subsección C de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el recurso de apelación en contra
de la sentencia de primera instancia en el proceso de acción popular que promovió,
este no ha sido resuelto.
2) Sin embargo, una vez analizados los medios de prueba aportados al expediente y
efectuada la revisión del proceso en el Sistema de Consulta de Procesos de la Rama
Judicial – SAMAI, resulta claro que, si bien ha transcurrido más de un año desde que
el recurso de apelación fue asignado por reparto al despacho ponente de la Sección
Primera de esta Corporación (el 25 de junio de 2024), ello no puede catalogarse como
una omisión caprichosa o negligente pues, por el contrario, ello se debe a la congestión
judicial que presenta el despacho y no a una supuesta mora judicial y, por ende, una
falta de diligencia y cuidado de la autoridad judicial demandada.
3) Al respecto, la Sala resalta que la autoridad judicial demandada, en su contestación
a la acción de tutela, sostuvo que i) el expediente fue asignado al despacho por reparto
el 25 de junio de 2024; ii) mediante auto del 18 de julio de 2024 admitió los recursos
de apelación y resolvió la solicitud de decreto de pruebas del INVIAS, de la cual corrió
traslado a las partes; iii) el proceso ingresó al despacho nuevamente el 2 de agosto de
2024; iv) mediante auto del 30 de agosto de 2024 se corrió traslado a las partes por 10
días para alegar de conclusión; y v) el 27 de septiembre de 2024 el proceso pasó al
despacho para fallo.
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Acción de tutela
4) Adicionalmente, debe destacarse que las controversias que se suscitan en el marco
de las acciones populares revisten un grado significativo de complejidad técnica,
jurídica y fáctica, particularmente cuando involucran asuntos de infraestructura, riesgos
ambientales y múltiples entidades del orden nacional, naturaleza que exige un estudio
pormenorizado del expediente para garantizar una decisión debidamente motivada y
respetuosa del principio de legalidad, lo cual constituye una razón adicional que
justifica que el tiempo de elaboración del fallo de segunda instancia se extienda más
allá de los plazos ideales, sin que ello implique per se una vulneración de derechos
fundamentales atribuible a mora judicial injustificada.
5) De lo anterior es claro que la autoridad judicial demandada ha tramitado el proceso
en debida forma y los tiempos en la actuación no resultan desproporcionados o
irrazonables, además de que ya solo se encuentra pendiente la resolución del recurso
de apelación, y –como lo advirtió el despacho ponente de la Sección Primera en su
contestación– la sentencia será proferida conforme a su turno para fallo.
6) Bastan las anteriores consideraciones para concluir que no existe vulneración
alguna a los derechos fundamentales de la parte actora que sea susceptible de amparo
por la vía de la acción de tutela, por lo cual se negarán las pretensiones de la
demanda.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Niégase el amparo invocado, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2º) Niéganse las solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio de
Transporte y el Instituto Nacional de Vías, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva.
3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-04728-00
Demandante: Luis Carlos Rúa Sánchez
Acción de tutela
4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
FREDY IBARRA MARTÍNEZ (E) ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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