Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04738-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-04738-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04738-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04738-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
22 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04738-01
Accionante: CONSORCIO CONCREMAT – V&A
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto. Incumplimiento del requisito de la relevancia
constitucional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, quien actúa mediante apoderado judicial, contra la
sentencia de 9 de octubre de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 30 de agosto de 2025, el consorcio demandante pidió al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de
acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad
judicial accionada.
En consecuencia, formula la siguiente pretensión:
“Con fundamento en todo lo expuesto, muy respetuosamente solicito de los Honorables
Magistrados amparar al accionante frente a la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al efectivo acceso a la administración de justicia (art.
229 C.P.), a efecto de que, en la forma que ustedes determinen, se declare la nulidad
del contrato de interventoría referido y se reconozcan los perjuicios ocasionados al
Consorcio accionante Concremat V&A”.
2. Hechos
El consorcio accionante relató que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil mediante Resolución núm. 03043 de 29 de junio de 2007, dio apertura al
“concurso de méritos 7000004 AOF”, con el fin de contratar la interventoría de las
obras de modernización y expansión del aeropuerto El Dorado del distrito capital de
Bogotá, el cual una vez culminó el proceso, se expidió la Resolución núm. 5362 de
1 de noviembre de 2007, en la que se le adjudicó el contrato.
Afirmó que, a pesar de remitir las hojas de vida de 30 profesionales a la Aeronáutica,
con el fin de cumplir con la obligación referente a la vinculación del personal mínimo
exigido para la ejecución del acto jurídico, dicha entidad no se pronunció en el
término y, posteriormente, advirtió que la documentación presentada respecto de
17 personas no cumplía con los parámetros de la matriz de evaluación del personal,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04738-01
Accionante: Consorcio Concremat V&A
por lo que debía ser subsanada, lo cual fue atendido, sin embargo, se ratificó la
decisión de que no se cumplía con lo exigido en los parámetros contractuales.
Indicó que mediante Resolución núm. 6648 de 27 de diciembre de 2007, la entidad
decidió no suscribir el contrato con el Consorcio Concremat – V&A, pues no se
cumplió con la condición requerida para su firma, relacionada con la acreditación de
la totalidad de las hojas de vida del personal. Además, declaró como injustificada la
causa que impidió la firma y declaró la causal de inhabilidad. Adicionalmente, a
través de la Resolución núm. 6649 de la misma fecha, se hizo efectiva la garantía
de seriedad de la oferta presentada por el mencionado consorcio y se ordenó
adjudicar el contrato al Consorcio JFA-A&C.
Sostuvo que interpuso recursos en contra de los actos 6648 y 6649 de 27 de
diciembre de 2007; sin embargo, mediante Resoluciones núm. 1505 y 1506 de 11
de abril de 2008, se confirmó la decisión de declarar la imposibilidad de suscribir el
contrato y que hizo efectiva la garantía de seriedad de la oferta y se adjudicó el
contrato al Consorcio JFA-A&C.
Señaló que presentó dos demandas de controversias contractuales contra la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Por una parte, contra la Resolución
núm. 6649 de 27 de diciembre de 2007 (radicado núm. 25000-23-26-000-2008-
00134-00) y, de otro lado, contra las Resoluciones núm. 6648 de 27 de diciembre
de 2007 y 1506 de 11 de abril de 2008 (radicado núm. 25000-23-26-000-2010-
00385-00).
Aseguró que la Subsección C en Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en sentencia de 4 de septiembre de 2014, negó
las pretensiones de la demanda en el proceso con radicado núm. 2008-00134-00,
con sustento en que la decisión de la demandada de declarar la imposibilidad de
suscribir el contrato estaba contenida en varios actos administrativos y el consorcio
demandante no demandó la Resolución núm. 6448 de 27 de diciembre de 2007,
que modificó la situación jurídica del accionante. Por consiguiente, no se formuló la
“proposición jurídica completa” y los actos no controvertidos estaban ejecutoriados
y gozaban de presunción de legalidad.
Afirmó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, con sustento
en que no podía esperar la Resolución del recurso interpuesto contra el acto
administrativo núm. 6649 de 2007, pues habría operado la caducidad.
Luego, mencionó que la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en fallo de 13 de agosto de 2025, negó las
pretensiones de la demanda en el proceso con radicado núm. 2010-00385-00, al
considerar que se había configurado el fenómeno de la caducidad de la acción de
controversias contractuales para solicitar la nulidad del contrato1.
Resaltó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, al considerar
que las observaciones que la entidad hizo a las hojas de vida fueron
extemporáneas, por lo cual debían entenderse aceptadas, pues de lo contrario se
infringiría el artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
Relató que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
proveído de 23 de septiembre de 2020, decretó la acumulación de los procesos con
radicado núm. 2008-00134-00 y 2010-00385-00.
1
El sustento de la caducidad, fue el hecho de que el propio adjudicatario subsanó las falencias detectadas en las hojas de
vida de los profesionales, en consecuencia, tuvo por aceptado no sólo el requerimiento sino la presencia de dichas falencias,
lo que convalidó la decisión de la administración de ausencia de requisitos en las hojas de vida, a pesar de que el
requerimientos había sido comunicado de manera extemporánea.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04738-01
Accionante: Consorcio Concremat V&A
Finalmente, manifestó que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado mediante sentencia de 28 de abril de 2025 (decisión objetada), confirmó
las dos decisiones proferidas en primera instancia, pues si bien la demanda del
proceso con radicado núm. 2008-00134-02 fue oportuna, lo cierto es que la
correspondiente al radicado núm. 2010-00385-00 no lo fue, toda vez que la
Resolución núm. 6648 quedó en firme el 9 de mayo de 2008, por lo que el plazo
máximo para incoar la acción era hasta el 23 de junio de 2008, pero el mecanismo
solo fue interpuesto el 7 de mayo de 20102. De otro lado, con respecto a la nulidad
del acto de adjudicación por la extemporaneidad del pronunciamiento por parte de
la Aeronáutica Civil, la decisión de que éstas fueron observadas en tiempo y que la
respuesta en la que se afirmó que la gestión del consorcio fue insatisfactoria se
encuentra contenida en las Resoluciones núm. 6648 de 2007 y 1505 de 2008, actos
administrativos que se presumen legales, y en contra de los cuales la parte presentó
su demanda extemporánea, lo que a su vez conllevó que se negara el cargo de la
nulidad absoluta del contrato.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que la acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedencia, pues i) el asunto goza de relevancia constitucional, toda vez que
“está de por medio la vulneración de derechos fundamentales al debido proceso,
derecho de defensa, acceso a la administración de justicia y a la reparación de
perjuicios que les asiste a todos los integrantes del Consorcio CONCREMAT”, ii) no
cuenta con algún recurso ordinario o extraordinario contra la decisión objetada, iii)
la solicitud de amparo se presentó en un término razonable, iv) se señalaron las
irregularidades de carácter procesal en las que incurrió la autoridad judicial
accionada y, por último, v) no se reprocha una decisión de tutela.
Por otro lado, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que declaró la caducidad,
en tanto que se debió demandar en el término de los 30 días siguientes a la
notificación del acto demandado, a pesar de que el contrato se había adjudicado a
otro consorcio.
Indicó que solo “podía invocarse como fundamento de la nulidad absoluta del
mismo, mediante la acción de controversias contractuales, dentro de los treinta (30)
días siguientes a su expedición, acatando así lo consagrado en el artículo 87 del
C.C.A., modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998”.
Señaló que en la sentencia objetada se decidió de forma diferente a lo planteado en
la demanda, pues omitió que el acto previo legalmente no era posible demandarlo,
pues el contrato de interventoría ya se había celebrado con un tercero y, en
consecuencia, solo podía solicitar la nulidad del contrato basado en la ilegalidad del
acto previo.
Agregó que “el Consorcio Concremat V&A perdía totalmente la oportunidad de
demandar ese acto. No podía demandarlo, porque dentro del término para hacerlo,
(30) treinta días, el contrato con el otro Consorcio ya se había celebrado y, por
consiguiente, ante esta situación, según el mandato legal, “la ilegalidad de los actos
previos SOLAMENTE podrá invocarse como fundamento de la nulidad absoluta del
contrato”. Situación ésta que efectivamente se presentó en el caso bajo estudio y
que infortunadamente no fue tomada en consideración al momento de dictar la
sentencia de segunda instancia”.
2
Esto en razón a que el acto administrativo se dictó en la etapa precontractual, por lo que se debió demandar en simple
nulidad o en nulidad y restablecimiento del derecho. En consecuencia, debió demandarse dentro de los 30 día siguientes de
la comunicación, notificación o publicación de acuerdo con el artículo 86 del Decreto 01 de 1984.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04738-01
Accionante: Consorcio Concremat V&A
Finalmente, mencionó las sentencias C-1048 de 4 de octubre de 2001 de la Corte
Constitucional y de 7 de octubre de 1999, 24 de agosto de 2000 y 16 de febrero de
2001, en las que se establecen que era necesario y legalmente posible estudiar el
fondo de la controversia a pesar de que se declarara la caducidad respecto del acto
previo, para que así la autoridad judicial accionada pudiera determinar si el contrato
era nulo, por fundarse en una decisión ilegal de no celebrar el contrato con el
Consorcio Concremat V&A. y, en consecuencia, resarcir los perjuicios que se le
hubiese creado.
4. Oposición
4.1. Respuesta de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado
El magistrado ponente de la sentencia objetada informó que en la providencia y el
expediente contienen los argumentos y elementos necesarios para que el juez de
la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda.
4.2. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
La apoderada de la entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela por no cumplir con el requisito de la subsidiariedad y por falta de congruencia
en el escrito de tutela.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Quinta del Consejo de Estado, en fallo de 9 de octubre de 2025 declaró
improcedente la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de la relevancia
constitucional y subsidiariedad.
Sostuvo que el consorcio accionante intenta reabrir el debate legal sin controvertir
el sustento de la decisión objetada, el cual parte del criterio de que no era viable el
estudio de la nulidad del acto de adjudicación, por el hecho de que no se desvirtuó,
en término, la presunción de legalidad de las Resoluciones núm. 6648 y 1505, en
atención a que la demanda contra esos actos administrativos fue extemporánea.
Indicó que los argumentos se centran en un aspecto meramente legal que no le
corresponde definir a esta sala investida como juez constitucional, máxime cuando
la subsección accionada explicó que no era viable declarar la nulidad absoluta del
contrato, porque este requerimiento era consecuencial de la declaratorita de nulidad
de las Resoluciones núm. 6648 y 1505, y sobre todo cuando el acto de adjudicación
a favor de un tercero existe y es válido.
Finalmente, manifestó que la parte actora pudo solicitar la adición de la sentencia,
con el fin de que la autoridad judicial accionada se pronunciara sobre los aspectos
que supuestamente omitió y, a su vez, con el recurso extraordinario de revisión en
lo relacionado con la falta de motivación de la providencia objetada.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo
cual expuso lo siguiente:
Afirmó que el asunto ostenta relevancia constitucional, pues está de por medio la
vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso
a la administración de justicia, así como la reparación de perjuicios para los
integrantes del consorcio accionante.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04738-01
Accionante: Consorcio Concremat V&A
Por lo demás, insistió en los mismos argumentos presentados en el escrito de tutela
relacionados con la caducidad de la acción frente a los actos administrativos
previos, por no ejercerse la acción dentro del término de los 30 establecidos en el
artículo 87 del Decreto 01 de 1984.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 9 de octubre de 2025 de la Sección Quinta del
Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con los requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad y, en caso
afirmativo y que cumpla con los demás requisitos generales de procedencia, si la
autoridad judicial accionada incurrió en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de
justicia de la parte actora.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones3.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20054, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
3
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
5
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04738-01
Accionante: Consorcio Concremat V&A
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala6, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad,
pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza
o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron
de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación
de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si
fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
El Consorcio Concremat – V&A presentó acción de tutela contra la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de
justicia por incurrir en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al declarar
la caducidad de la acción y no resolver sobre los perjuicios causados por la
Aeronáutica Civil.
La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 9 de octubre de 2025
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, bajo el argumento de que la
parte actora no cumplió con los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.
La parte actora impugnó la anterior decisión, para lo cual aseguró que el asunto
goza de relevancia constitucional, en tanto pretende demostrar la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la
administración de justicia.
6
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04738-01
Accionante: Consorcio Concremat V&A
Descendiendo al caso concreto, la Sala confirmará la sentencia impugnada, toda
vez que la acción de tutela no cumple con el requisito de la relevancia
constitucional. Con el fin de respaldar esa determinación, se realizará un breve
recuento de las actuaciones del proceso ordinario, así:
El Consorcio Concremat – V&A presentó demanda de controversias contractuales
contra la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, con el fin de que
se anulara la Resolución núm. 06649 de 27 de diciembre de 2007, por medio de la
cual se adjudicó el contrato de interventoría a las obras de modernización y
expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado del distrito capital de Bogotá al
Consorcio JFA - A&C. Igualmente, que se declarara que el Consorcio Concremat -
V&A, como legítimo adjudicatario y se ordenara a título de restablecimiento del
derecho suscribir el contrato con el demandante y le cancelara por ese concepto el
valor total del mismo, así como los dineros causados por el hecho de no haber
celebrado el acto jurídico con el accionante dentro del término de ley. A ese proceso
que le correspondió el radicado núm. 25000-23-26-000-2008-00134.
La Subsección C en descongestión de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en fallo de 4 de septiembre de 2014, negó las
pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que la decisión de la Aeronáutica
Civil de declarar la imposibilidad de suscribir el contrato con el consorcio accionante
estaba contenida en varios actos administrativos, sin embargo, el Consorcio
Concremat - V&A no demandó la Resolución núm. 6448 de 27 de diciembre de
2007, y fue esta la decisión que modificó su situación jurídica, pues allí se
desarrollaron las consideraciones para no firmar el contrato. Adicionalmente, la
acción de nulidad respecto de la Resolución núm. 1506 de 11 de abril de 2008 fue
radicada “luego de haber operado la caducidad de la acción, y por ende esta
Subsección carece de competencia para pronunciarse en torno a la misma”.
La parte actora interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, en la que
resaltó que la demanda fue interpuesta en término en contra del acto administrativo
de adjudicación y que no podía esperar la resolución del recurso interpuesto contra
la Resolución núm. 6649 de 2007, pues habría operado la caducidad para demandar
el mencionado acto de adjudicación. Agregó que “los demás actos administrativos
permitían el ejercicio de la acción de controversias contractuales. Eran susceptibles
de controvertir en la vía gubernativa (…) la caducidad no se limita a 30 días, sino
que se extiende a dos años, con mayor razón en el presente caso, en donde ya se
había suscrito el contrato correspondiente”.
Por otra parte, el consorcio presentó otra demanda de controversias contractuales
contra la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, con el fin de que
se declarara la nulidad de las Resoluciones núm. i) 06648 de 27 de diciembre de
2007, a través de la cual se declaró la imposibilidad de suscribir el contrato de
Interventoría a las obras de modernización y expansión del Aeropuerto Internacional
El Dorado del distrito capital de Bogotá con el Consorcio Concremat - V&A, se
declaró la inhabilidad para sus miembros y se tomaron otras determinaciones, y ii)
01505 de 11 de abril de 2008, por medio de la cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución núm. 06648 de 27 de diciembre de 2007
y se confirmó el artículo primero del acto recurrido, en el cual se declaró la
imposibilidad de suscribir el contrato, revocó la calificación de injustificada que se le
había dado a la causa que impidió la firma del contrato aludido, revocó la declaración
de inhabilidad para sus miembros y la orden de informar a la Cámara de Comercio
de Bogotá la existencia de la inhabilidad y se tomaron otras determinaciones. A ese
proceso le correspondió el radicado núm. 25000-23-26-000-2010-00385.
La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en fallo de 13 de agosto de 2015, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que la acción de nulidad y restablecimiento de los actos
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04738-01
Accionante: Consorcio Concremat V&A
administrativos demandados estaba caducada. No obstante, la acción de
controversias contractuales para solicitar la nulidad del contrato, con base en la
ilegalidad de los actos, no lo estaba, sin embargo, explicó que la parte demandante
convalidó los requerimientos de la administración relacionados con las falencias de
las hojas de vida, incluso si estos se llegan a considerar extemporáneos.
El consorcio demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
en el que expuso que las observaciones de la Aeronáutica Civil respecto de las
hojas de vida fueron extemporáneas, por lo que la mismas debían entenderse
aceptadas, aunado al hecho de que la mencionada entidad informó que se estaban
estudiando las hojas de vida y luego manifestó que no celebraría el contrato.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto de 23 de
septiembre de 2020, decretó la acumulación del expediente con radicado núm.
25000-23-26-000-2008-00134 al 25000-23-26-000-2010-00385. Posteriormente, en
proveído de 30 de noviembre de 2022 se aceptaron los impedimentos de los
magistrados Fredy Ibarra Martínez y Martín Bermúdez Muñoz, razón por la cual la
Sala de Decisión se conformó con un conjuez.
Luego, en sentencia de 28 de abril de 2025 -decisión objeto de tutela- confirmó las
sentencias i) de 4 de septiembre de 2014 de la Subsección C en Descongestión de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ii) de 13 de
agosto de 2015 de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
Por lo anterior, en primer término, se refirió a la caducidad de las acciones de nulidad
y restablecimiento del derecho y de controversias contractuales, para lo cual relató
que mediante la Resolución núm. 6648 de 27 de diciembre de 2007, se declaró la
imposibilidad de celebrar el contrato, calificó como injustificada la causa que impidió
suscribir el contrato, e inhabilitó al Consorcio Concremat - V&A. Luego, con la
Resolución núm. 6649 de 27 de diciembre de 2007 se decidió hacer efectiva la
garantía de seriedad de la oferta presentada por el consorcio antes mencionado y
adjudicó el contrato al Consorcio JFA-A&C. Posteriormente, se expidió la
Resolución núm. 1505 de 11 de abril de 2008, en la que se confirmó la declaratoria
de imposibilidad de celebrar el contrato con Concremat y se revocaron las demás
decisiones adoptadas en la Resolución núm. 6648 de 2007. Finalmente, con la
Resolución núm. 1506 de 11 de abril de 2008, se confirmó en todas sus partes la
Resolución núm. 6649 de 2007.
Adicionalmente, mencionó que la Resolución núm. 1505 de 11 de abril de 2008, de
acuerdo con la Aeronáutica Civil, quedó en firme el 9 de mayo de 2008, razón por
la cual el término de 30 días para que operara la caducidad, prescrito en el artículo
86 del anterior Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), venció el
23 de junio de 2008. Por consiguiente, la demanda interpuesta el 16 de junio de
2010 (radicado núm. 25000-23-26-000-2010-00385-00) fue extemporánea, a pesar
que “la parte demandante presentó una solicitud de conciliación el 7 de mayo de
2010, pues para ese momento ya había operado la caducidad de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Resolución 1505 de 11 de
abril de 2008”.
Ahora bien, respecto a la nulidad absoluta del contrato, precisó que “el literal e, del
numeral 10, del artículo 136 del CCA, la nulidad absoluta podía ser alegada por
“cualquier persona interesada, dentro de los dos años siguientes a su
perfeccionamiento”. En el caso, el contrato fue celebrado el 9 de mayo de 2008, por
lo cual la parte demandante contaba hasta el 10 de mayo de 2010 para demandar
la nulidad del contrato. Debido a que se presentó una solicitud de conciliación el 7
de mayo de 2010, el término se suspendió hasta el 16 de junio de 2010, por lo que
la demanda, interpuesta el 16 de junio de 2010, fue presentada en término”.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04738-01
Accionante: Consorcio Concremat V&A
Posteriormente, con respecto a la nulidad del acto de adjudicación a un tercero y la
presunción de legalidad del acto que declaró la imposibilidad de celebrar el contrato,
resaltó que no puede estudiar la ilegalidad de los actos que declararon la
imposibilidad de suscribir el contrato, toda vez que no tiene la autorización de
estudiar la ilegalidad de otros actos administrativos no demandados, a diferencia de
lo que ocurre con la nulidad absoluta del contrato, en la cual puede estudiar la
ilegalidad de actos previos, cuando se invoque como fundamento de la nulidad.
Finalmente, en lo relacionado con la nulidad absoluta del contrato y la presunción
de legalidad del acto de adjudicación, la autoridad judicial accionada precisó que la
pretensión de la demanda se circunscribe a que se declarara la nulidad absoluta del
contrato como consecuencia de la anulación de las Resoluciones 6648 y 1505. Es
decir, que la mencionada pretensión es sucesiva o consecuente, sin embargo, como
se probó la caducidad de la acción frente a los mencionados actos se torna
innecesaria desarrollar consideraciones respecto a dicho alegato.
Adicionalmente, resaltó que “aunque se obviara el escollo procesal recién advertido,
y se estudiara la nulidad absoluta del contrato con la idea de que el CCA permitía
estudiar la ilegalidad de los actos previos cuando se invocaba como fundamento de
la nulidad del contrato; surge una circunstancia jurídica adicional que lleva a la
negación de tal pretensión. El acto de adjudicación a favor de un tercero existe y es
válido según el juicio que se hizo en el numeral anterior. Por ello, no podría
declararse la nulidad del contrato celebrado al amparo de un acto de adjudicación
que se presume válido y solamente con base en la presunta ilegalidad de unos actos
previos, relacionados con la imposibilidad de suscribir el contrato, pero que no se
relacionan directamente con la decisión de adjudicar el Contrato al Consorcio JFA-
A&C contenida en otro acto”.
De lo antes expuesto, Sala advierte que, a partir de los argumentos desarrollados
en los escritos de tutela e impugnación, la solicitud de amparo no cumple con el
requisito de la relevancia constitucional, en tanto que la parte actora utiliza la acción
de tutela para insistir en el mismo debate relacionado con la caducidad de la acción,
así como el reconocimiento y pago de los perjuicios causados por no suscribir el
contrato con el consorcio accionante. Ese presupuesto no fue sustentado con
suficiencia por la parte actora, quien se limitó a indicar que “la controversia sometida
en acción de tutela a consideración del Honorable Consejo de Estado, sin duda reviste
importancia constitucional por cuanto está de por medio la vulneración de derechos
fundamentales al debido proceso, derecho de defensa, acceso a la administración de
justicia y a la reparación de perjuicios que les asiste a todos los integrantes del Consorcio
CONCREMAT, cuyos derechos resultaron negativamente afectados con la sentencia
cuestionada, expedida por la Sección Tercera – Subsección B del Honorable Consejo de
Estado, con ponencia del H. Magistrado ALBERTO MONTAÑA PLATA, de fecha 28 de abril
de 2025, dentro del proceso contractual instaurado por la Sociedad Vías y Ambiente
Limitada – Viambiente Ltda. y la sociedad Concremat Engenhaira e Tecnología, integrantes
del Consorcio CONCREMAT – V&A”.
Al estudiar los argumentos planteados por la parte actora en los escritos de tutela e
impugnación, se observa que se alega que la autoridades judicial accionada incurrió
en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues, en su sentir, en el
presente asunto no podía demandar los actos previos a la celebración contrato
dentro de los 30 días, toda vez que la Aeronáutica Civil ya había suscrito el acto
jurídico con otro consorcio, además que contaba con la posibilidad de reprochar las
decisiones precontractuales como nulidad absoluta del contrato.
De lo anterior, se observa que estos reproches fueron objeto de estudio por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, así como la Subsección
C en Descongestión de la Sección Tercera y la Subsección C de la Sección Tercera,
ambas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quienes a partir del material
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04738-01
Accionante: Consorcio Concremat V&A
probatorio y en atención a las normas vigentes al momento en que se presentó la
demanda, concluyeron que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
estaba caducada, pues la parte demandante contaba con 30 días para ejercer su
derecho de acción, sin embargo, como la Resolución núm. 1505 de 11 de abril de
2008 quedó en firme el 9 de mayo de 2008, la demanda se debió radicar a más
tardar el 23 de junio de 2008 y no 16 de junio de 2010, adicionalmente, no demandó
el acto de adjudicación a un tercero los cuales gozaban de presunción de legalidad
Aunado a lo anterior, se observa que existen similitudes en los reproches que se
desarrollaron en la demanda y en el recurso de apelación, con los argumentos que
se plantean tanto en el escrito de tutela como en el de impugnación bajo la supuesta
configuración del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto por parte del
accionante.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20197, estableció que
la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”8 (Negrilla y
resalta de la Sala)
Aunado a lo anterior, la providencia objetada fue dictada por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, por lo que la verificación del requisito de la
relevancia constitucional adquiere mayor importancia y se torna más estricto en este
caso, teniendo en cuenta que se trata de una providencia emitida por una Alta Corte.
En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que este presupuesto es más
riguroso cuando se trata de providencias judiciales proferidas por una Alta
Corporación. Al respecto, en la sentencia SU-917 de 20109, expresó lo siguiente:
“La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la
medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el
control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal
entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los
principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos
supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente
del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.
Lo anterior, fue reiterado por la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 202210,
en la que se afirmó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad,
razón por la cual “se requiere demostrar que en la providencia atacada se presenta
una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto de una
actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una vulneración a los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional. Se destaca que este requisito
no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los derechos
fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan advertir
7
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
8
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
9
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio Estrada, SU-050
de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-217 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
10
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04738-01
Accionante: Consorcio Concremat V&A
tal situación a primera vista especialmente, cuando se trata de una tutela contra una
sentencia de una alta corte”.
A su vez, en sentencia SU-451 de 202411, la Corte Constitucional enfatizó que la
“tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección
del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
Lo expuesto es suficiente para concluir que la parte actora acudió a la acción de
tutela con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia, en este
caso, a la manera de una instancia adicional, toda vez que insiste en el mismo
debate relacionado con la caducidad de sus pretensiones tendientes a la nulidad
del acto administrativo de adjudicación de un contrato, la nulidad absoluta de este y
el resarcimiento de los perjuicios causados por la Unidad Administrativa Especial de
la Aeronáutica Civil, lo que fue objeto de pronunciamiento por parte del juez natural
del asunto en sus dos instancias.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia impugnada que declaró
la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de la
relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 9 de octubre de 2025, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
11
M.P. Jorge Enrique Ibañéz Najar.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.