Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04740-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04740-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04740-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
29 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04740-00
Accionante: Gerson Gregorio Quintero Sanguino
Accionados: Fondo para la Reparación de las Víctimas y Unidad para la
Atención y Reparación Integral de Víctimas
Tema: tutela por vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a
la vida, a la salud, al mínimo vital y a la dignidad. Subtema 1: falta de pruebas.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Gerson Gregorio Quintero Sanguino
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Gerson Gregorio Quintero Sanguino presentó escrito de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida,
a la salud, al mínimo vital y a la dignidad que consideró vulnerados por el Fondo
para la Reparación de las Víctimas (FRV) y la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV), en razón a que no lo han inscrito en el Registro
Único de Víctimas (RUV), ni han expedido a su favor la resolución de pago de la
sentencia del 20 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Superior de
Bogotá, Sala Penal de Justicia y Paz en el expediente identificado con el radicado
núm. 2014-00027.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (60-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-04740-00
Accionante: Gerson Gregorio Quintero Sanguino
Accionados: Fondo para la Reparación de las Víctimas y otro
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2. El señor Gerson Gregorio Quintero Sanguino manifestó que es víctima de
desplazamiento forzado en la vereda Filo Gringo del municipio El Tarra (Norte de
Santander), por hechos ocurridos entre 1998 y 1999, atribuibles a exintegrantes del
Bloque Catatumbo de las extinguidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
3. Señaló que el 20 de noviembre de 2014, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala
Penal de Justicia y Paz dictó sentencia condenatoria contra postulados del Bloque
Catatumbo de las AUC, entre ellos, Salvatore Mancuso Gómez. Además, reconoció
indemnizaciones a favor de las víctimas.
4. Expuso que, mediante sentencia de tutela del 26 de noviembre de 2024, la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó a la Unidad
Administrativa de Reparación Integral de Víctimas (UARIV) adelantar los trámites
correspondientes para las víctimas de desplazamiento forzado atribuido al grupo
armado al margen de la ley AUC, incluyendo la inscripción en el Registro Único de
Víctimas (RUV) y la emisión de la respectiva resolución de pago a su favor.
5. Indicó que, por Oficio 2025 0507456-1 del 2 de mayo de 2025, la asesora
jurídica de la UARIV informó haber dado cumplimiento a dicha decisión.
6. Afirmó que tiene conocimiento de que la Agencia Nacional de Tierras y la
Fiscalía Especializada «han entregado sumas de dinero por valor equivalente a
$381.000.000.000 M/cte y $355.000.000.000 M/cte respectivamente en las arcas
de FONDO DE REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS DE CONFLICTO ARMADO».
2.2. Pretensión y argumentos de la tutela
7. El señor Gerson Gregorio Quintero Sanguino solicitó en el escrito de tutela lo
siguiente:
En base a los hechos antes mencionados depreco se sirva conceder ésta a mi favor
ordenando COORDINADORA FRV de UARIV que en término de 10 días hábiles
contados a partir de la ejecutoria de la sentencia de tutela se sirvan emitir
RESOLUCIÓN DE PAGO, a mi favor, referente a la REPARACIÓN JUDICIAL y
conforme a los valores descritos en la SENTENCIA PARCIAL proferida contra
POSTULADOS DE AUCC de fecha 20 de noviembre de 2014 M.P. LESTER MARÍA
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GONZÁLEZ ROMERO TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ SALA PENAL DE
JUSTICIA Y PAZ RADICADO 2014-000271.
8. Como fundamento de sus pretensiones, el actor alegó que la UARIV no lo ha
incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV), como tampoco ha dado
cumplimiento al pago de la indemnización ordenada en la sentencia del 20 de
noviembre de 2014.
9. Asimismo, sostuvo que no resultaba aceptable que el Fondo para la Reparación
de Víctimas alegue insolvencia económica para justificar el incumplimiento de dicha
obligación, pues, según indicó, dicha entidad ha recibido recursos y, en
consecuencia, está en el deber de acatar las órdenes impuestas por las autoridades
judiciales.
2.3. Trámite procesal
10. El despacho ponente, mediante auto del 15 de octubre de 20252, admitió la
solicitud de amparo; ordenó notificar al Fondo para la Reparación de Víctimas y a
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en calidad de
accionados; requirió, en medio digital, los expedientes con radicados núm. 2014-
00027 y 140986, y tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda
de tutela.
2.4. Intervenciones
11. La UARIV3 solicitó que no se accediera a la solicitud de amparo, con
fundamento en que, luego de revisar las bases de datos de esa entidad, no
evidenciaba solicitud presentada por el accionante como tampoco que contara con
reconocimiento de indemnización judicial. En consecuencia, sostuvo que la acción
de tutela era improcedente por cuanto el actor acudió directamente a exigir la
protección de derechos sin darle la oportunidad a esa entidad de pronunciarse.
1 Se transcribe incluso con errores de texto.
2
Samai, índice 18, certificado núm. 8708F1DC791A907F 52A80251D039DEE4 BFFCDB39FC11F97C
C297EBA27FF185BA.
En cumplimiento del auto 1458 del 17 de septiembre de 2025 de la Corte Constitucional que resolvió:
«PRIMERO. DEJAR SIN EFECTOS el Auto del 1 de agosto de 2025 proferido por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela formulada por el señor Gerson Gregorio Quintero Sanguino
en contra del Fondo para la Reparación de las Víctimas, de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas y del “Gerente General del Fondo del Presupuesto General de la Nación para reparar
económicamente víctimas del conflicto armado”. SEGUNDO. REMITIR el expediente ICC-5119 a la Sección
Segunda del Consejo de Estado para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a la que
haya lugar (…)».
3
Samai, exp. índice 23, certificado 4CB03FB85EE41E81 7FCBD3CA3C798802 EABC0A18FFCBE14D
6710BC2D58E831F4
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12.La Sala de Casación Penal de la Sala de Decisión de Tutelas núm. 2 de la
Corte Suprema de Justicia4 informó que en sentencia del 26 de noviembre de
2024 resolvió las acciones de tutela con radicado interno núm. 140986, 140987,
140990, 140991, 141084, 141091, 141092, 141094, 141095, 141097, 141099,
141100, 141102, 141103, 141105, 1411069 y 141335, pero que el señor Gerson
Gregorio Quintero Sanguino no hizo parte del grupo de accionantes.
13. Adicionalmente, solicitó la desvinculación del proceso, con fundamento en que
esa Sala de Decisión no vulneró los derechos fundamentales del actor.
14. El magistrado Álvaro Fernando Moncayo Guzmán, integrante de la Sala de
Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 5 rindió
informe en el que expuso que dentro del proceso con radicado núm. 11001-22-52-
000-2014-00027-00, profirió el 20 de noviembre de 2014 sentencia condenatoria
contra Salvatore Mancuso Gómez y otros desmovilizados de las AUC, al
encontrarlos responsables de cometer múltiples violaciones a los derechos
humanos y al Derecho Internacional Humanitario contra personas de la población
civil dentro del marco del conflicto armado interno.
15. Asimismo, que en dicho proceso recibió las respectivas pretensiones
indemnizatorias dentro del incidente de reparación integral y, en consecuencia, la
Sala efectuó los correspondientes reconocimientos. Sostuvo que la sentencia fue
objeto de varios recursos promovidos por los sujetos procesales, los cuales fueron
resueltos por la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia.
16. Indicó que una vez ejecutoriada la decisión, la remitió junto con la totalidad del
expediente al Juzgado de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz
del Territorio Nacional, autoridad que tenía a cargo velar por el cumplimiento de lo
ordenado. A partir de lo anterior, explicó que esa Sala perdió la competencia del
proceso.
17. Advirtió que el accionante no concurrió al proceso, razón por la cual no se hizo
reconocimiento alguno a su favor, omisión que inhabilitaba a ese despacho a
realizar cualquier adición o aclaración sobre su situación particular.
18. Finalmente, explicó que, si lo pretendido por el actor era obtener una
indemnización por vía judicial, debía acudir ante la Unidad de Justica Transicional
de la Fiscalía General de la Nación para solicitar información sobre los hechos en
4
Samai, exp. índice 26, certificado CC0503DE7FCE5F08 E62B2F7AE3566AD6 D00A8008C9075807
6A6FB342A194E361
5
Samai, exp. índice 25, certificado 1ED0453CC1148C2E 4B4910A1BE966CAD 2DC5F96585A2635C
B44D16951D033A08
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los que resultó afectado y verificar si estos fueron objeto de legalización por parte
de esta jurisdicción. En caso afirmativo, podía intervenir dentro de un incidente de
reparación que se tramite contra el Bloque Catatumbo de las AUC.
19. La magistrada Alexandra Valencia Molina, integrante de la Sala de Justicia y
Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 6, solicitó la
desvinculación del despacho a su cargo, por cuanto encontró que, contra Salvatore
Mancuso, máximo comandante del Bloque Catatumbo, existían las sentencias del
20 de noviembre de 2014 (dentro del expediente radicado núm. 11001-22-52-000-
2014-00027-00) y del 31 de octubre de 2014 (en el expediente bajo radicado núm.
11001-60-00-253-2006-800-00), y que el señor Gerson Gregorio Quintero
Sanguino no hizo parte de las víctimas directas ni indirectas allí reconocidas.
20. Por último, aclaró que dentro del trámite de la jurisdicción transicional de
Justicia y Paz se aplica el principio de reparación progresiva a las víctimas, razón
por la cual, los ciudadanos que hayan sido afectados por el conflicto armado podrán
ser reparados en incidentes diferidos dentro de los procesos que cursen contra la
estructura que les causó daño, siempre y cuando se acredite su inclusión en el
Registro Único de Víctimas.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra del Fondo para la Reparación
de las Víctimas y Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas.
3.2. Legitimación en la causa
22. La legitimación en la causa por activa del señor Gerson Gregorio Quintero
Sanguino se encuentra acreditada, por cuanto en calidad de víctima del
desplazamiento forzado, es titular de los derechos que considera fueron
vulnerados.
23. Asimismo, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Fondo para
la Reparación de las Víctimas y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, por cuanto son las entidades que según el accionante vulneraron sus
derechos fundamentales
6
Samai, exp. índice 27, certificado A3D5168799D9F0CF 65652173F76DA348 E34F6238A2A00BCA
23D3E8DA8525D1B4
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24. Frente a las solicitudes de desvinculación presentadas por la Sala de Casación
Penal de la Sala de Decisión de Tutelas núm. 2 de la Corte Suprema de Justicia y
por la magistrada Alexandra Valencia Molina, integrante de la Sala de Justicia y
Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, es preciso indicar que
dichas corporaciones no fueron vinculadas como partes ni como terceros con
interés en el presente trámite constitucional, pues únicamente se les requirió para
que remitieran los expedientes digitales con radicado núm. 2014-00027 y 140986.
En consecuencia, no hay lugar a pronunciarse respecto de tales solicitudes.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
25. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados
por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que
señala la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia:
la subsidiariedad y la inmediatez7.
26. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable8; y el segundo consiste
en que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de
lo contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela
queda en entredicho […]»9.
3.4. Problema jurídico
27.Corresponde a la Sala determinar si el Fondo para la Reparación de las Víctimas
y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la salud, al mínimo vital y a
la dignidad del señor Gerson Gregorio Quintero Sanguino. Para el efecto, es
necesario determinar, en primer lugar, si el escrito supera el requisito de
procedibilidad de subsidiariedad.
3.5. Análisis del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
28. Es preciso indicar que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario de
protección, al cual se acude únicamente cuando no existen otros medios de
defensa judicial idóneos o eficaces para la protección inmediata de los derechos
fundamentales, o cuando, a pesar de existirlos, se acredita la existencia de un
perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del juez constitucional.
7
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
8 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
9 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
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Accionante: Gerson Gregorio Quintero Sanguino
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29. En el presente asunto, el señor Gerson Gregorio Quintero Sanguino manifestó
que el Fondo para la Reparación de las Víctimas y la Unidad para la Atención y
Reparación Integral de Víctimas no lo han incluido en el Registro Único de Víctimas,
ni le han pagado la indemnización en su calidad de desplazado por la violencia y
beneficiario de la sentencia del 20 de noviembre de 2014, dictada por el Tribunal
Superior de Bogotá, Sala Penal de Justicia y Paz. Además, sostuvo que, mediante
sentencia de tutela del 26 de noviembre de 2024, la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia ordenó a la UARIV que adelantara los trámites para el
registro de las víctimas en el RUV y que emitiera resolución de pago.
30. Por su parte, la UARIV indicó que no había solicitud por parte del señor Quintero
Sanguino a esa entidad y tampoco evidenciaba que contara con reconocimiento de
alguna indemnización judicial.
31. El Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia indicaron que en
los procesos adelantados con los radicados identificados con núm. 2014-00027 y
140986, no figuró como parte el aquí accionante.
32. Al respecto, la Sala advierte que el señor Gerson Gregorio Quintero Sanguino
junto con el escrito de tutela no aportó prueba alguna, si quiera sumaria, que
acreditara las afirmaciones en las que sustenta la solicitud de amparo.
33. Justamente por lo anterior, se requirió a las autoridades judiciales para que
aportaran las sentencias que relacionó el accionante y frente a las que sostuvo que
habían ordenado su inscripción en el RUV y el pago de una indemnización en calidad
de víctima de desplazamiento forzado por las AUC. Sin embargo, de la lectura de
dichas decisiones, la Sala advierte lo siguiente:
• En la sentencia 20 de noviembre de 201410, la Sala de Justicia y Paz del
Tribunal, dictó sentencia condenatoria, entre otros, contra Salvatore
Mancuso Gómez como exintegrante de las AUC. En el anexo de tasación de
perjuicios materiales y morales de los delitos materia del proceso se
relacionaron a las víctimas directas e indirectas, sin que el nombre del señor
Gerson Gregorio Quintero Sanguino figure en ellas.
• En la sentencia de tutela del 26 de noviembre de 2024 11, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó:
1. AMPARAR los derechos fundamentales de OLICER GUERRERO TORRES y
ORDENAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que
en el plazo máximo de diez (10) días hábiles inicie las gestiones para su inclusión
10
Proceso 11001-22-52-000-2014-00027-00.
11
STP17326-2024 del 26 de noviembre de 2024, esta Sala de Decisión resolvió las acciones de tutela con
radicado interno 140986, 140987, 140990, 140991, 141084, 141091, 141092, 141094, 141095, 141097,
141099, 141100, 141102, 141103, 141105, 141106 y 141335.
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Accionante: Gerson Gregorio Quintero Sanguino
Accionados: Fondo para la Reparación de las Víctimas y otro
en la próxima resolución que ordene el pago de la reparación judicial a la que
tiene derecho.
2. NEGAR la acción de tutela respecto de los accionantes que: (i) recibieron el
pago de la indemnización judicial como víctimas del conflicto armado; y (ii) no
acreditaron la condición de víctimas del conflicto armado, la existencia de una
indemnización judicial a su favor ni la presentación de alguna solicitud ante las
autoridades accionadas o vinculadas.
3. EXHORTAR a la Fiscalía 54 Delegada de la Dirección de Justicia Transicional
y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a
comunicarse con los accionantes que no han sido reconocidos judicialmente
como víctimas, e informarles sobre las condiciones y requisitos exigidos para: (i)
iniciar el proceso de reconocimiento judicial; y (ii) obtener el pago de la
indemnización administrativa.
4. EXHORTAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
a que informe a los accionantes que están en proceso de valoración para su
inclusión en el Registro Único de Víctimas sobre el estado del trámite, junto con
las gestiones que deben adelantar para obtener la indemnización administrativa.
5. EXHORTAR a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
a comunicarse con los accionantes que no se encuentran incluidos en el RUV y
a aquellos que no han acreditado su condición de víctimas, con el fin de
informarles sobre las condiciones y requisitos exigidos para iniciar el proceso de
registro.
La Sala constató que el señor Quintero Sanguino no hace parte del grupo de
accionantes en ese proceso de tutela.
34. Con fundamento en lo anterior, esta Sala constitucional confirma lo expuesto
por las autoridades judiciales, en el sentido de que el accionante no fue parte en
los procesos antes relacionados.
35. Dado que no obra prueba alguna que acredite las afirmaciones del actor, ni
consta solicitud presentada ante la UARIV para el reconocimiento de sus derechos,
no es posible acceder a lo pretendido a través de la presente acción.
36. Al respecto, la Corte Constitucional12 ha precisado que, si bien una de las
características de la acción de tutela es la informalidad, el juez tiene el deber de
corroborar los hechos que dan cuenta de la violación de un derecho fundamental.
Asimismo, ha determinado que los hechos afirmados por el accionante en el trámite
de una acción de tutela, deben ser probados, siquiera sumariamente, pues de lo
contrario no se puede conceder la solicitud de amparo. Así lo ha expresado la Corte:
12
Sentencias T-514 de 2023 y T-571 de 2015.
8
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[…]“un juez no puede conceder una tutela si en el respectivo proceso no existe prueba,
al menos sumaria, de la violación concreta de un derecho fundamental, pues el objetivo
de la acción constitucional es garantizar la efectividad de los derechos fundamentales,
cuya trasgresión o amenaza opone la intervención del juez dentro de un procedimiento
preferente y sumario. Así las cosas, los hechos afirmados por el accionante en el trámite
de una acción de tutela, deben ser probados siquiera sumariamente, a fin de que el juez
pueda inferir con plena certeza la verdad material que subyace con la solicitud de
amparo constitucional.
Por otra parte, la Corte en Sentencia TY-131 de 2007 se pronunció sobre el tema de la
carga de la prueba en sede de tutela, afirmando el principio “onus probandi incumbit
actori” que rige en esta materia, y según el cual, la carga de la prueba incumbe al actor.
Así, quien pretenda el amparo de un derecho fundamental debe demostrar los hechos
en que se funda su pretensión a fin de que la determinación del juez, obe4dezca a la
certeza y convicción de que se ha violado o amenazado el derecho.
37. De manera que, ante la falta de pruebas, resulta claro que el accionante acudió
directamente a la acción de tutela sin dirigirse, en primer lugar, a las autoridades
administrativas competentes para solicitar la inclusión en el Registro Único de
Víctimas o el reconocimiento de la indemnización que reclama.
38. En consecuencia, el actor deberá acudir a través de los medios idóneos y
eficaces previstos en el ordenamiento jurídico para el reconocimiento de sus
derechos. En particular, puede dirigirse ante la Unidad de Justica Transicional de
la Fiscalía General de la Nación para verificar si los hechos en los que resultó
afectado han sido objeto de judicialización en el marco del proceso de Justicia y
Paz, y ante la UARIV para solicitar su inclusión en el Registro Único de Víctimas
(RUV) y, de ser reconocido como tal, iniciar los trámites de asistencia, atención y
reparación integral, incluidos los relacionados con la indemnización administrativa
o judicial que eventualmente le corresponda.
39. Por lo anterior, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente, en
tanto el agotamiento efectivo de los mecanismos de defensa no solo es un acto de
diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios asuntos, sino un
presupuesto necesario para la procedencia del amparo constitucional. En esa
medida, la tutela no puede emplearse como un medio para subsanar la falta de
actividad del accionante.
IV. CONCLUSIONES
En consecuencia, la Sala concluye que la solicitud de amparo presentada por el
señor Gerson Gregorio Quintero Sanguino no superó el requisito de subsidiariedad
y, por lo tanto, la declarará improcedente.
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V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo de tutela solicitado por el
señor Gerson Gregorio Quintero Sanguino, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
EPG/SEJV
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