Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04750-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04750-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04750-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
19 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-04750-01
Accionante: Engracia Díaz de Muñoz
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección C
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia proferida
el 26 de septiembre de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, por medio de la cual se declaró improcedente la demanda de tutela por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
SÍNTESIS 1
La parte actora cuestiona los autos del 7 de febrero y 2 de abril de 2025, mediante los
cuales el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se abstuvo de tramitar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 19 de abril de 2024 y, al resolver el recurso
de súplica, confirmó dicha decisión, al considerar extemporánea la alzada. Se confirma
la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la demanda de tutela
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en la medida en que la
accionante reitera los mismos argumentos que ya fueron planteados y expresamente
resueltos por el juez natural en el trámite del recurso de súplica.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 30 de julio de 2025, la señora Engracia Díaz de Muñoz presentó, mediante
apoderado judicial, demanda en ejercicio de la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad. A su juicio, dichas garantías fueron vulneradas con
los autos del 7 de febrero y 2 de abril de 2025, mediante los cuales el Tribunal se abstuvo
de tramitar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 19 de abril de
2024 y, al resolver el recurso de súplica, confirmó dicha decisión, dentro del proceso de
reparación directa radicado con el número 11001-33-43-065-2017-00103-01.
1
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Reparación directa / Recurso de apelación extemporáneo /
Recurso de súplica / Artículo 203 del CPACA / Defecto procedimental / Improcedencia / Relevancia constitucional
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04750-01
Accionante: Engracia Díaz de Muñoz
Se confirma la decisión de primera instancia
2. La accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
1. TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: Debido Proceso (Art. 29 CP),
Acceso a la Administración de Justicia (Art. 229 CP), Derecho de defensa y contradicción,
Igualdad procesal, de la demandante ENGRACIA DÍAZ DE MUÑOZ.
2. DEJAR SIN EFECTOS CON FINES DE CORRECCIÓN, La Providencia del siete (7)
de febrero de dos mil veinticinco (2025), mediante la cual EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA - SUB SECCIÓN C
MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO IREGUI CAMELO, se abstiene de tramitar el
recurso de apelación y, ordena devolver el expediente al juzgado de origen, y La
Providencia que resolvió el recurso de súplica, del dos (2) de abril de dos mil veinticinco
(2025), mediante la cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección tercera –
Subsección C, MAGISTRADO PONENTE: ANDREW JULIÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ,
confirmó el auto de 7 de febrero de 2025.
3. ORDENAR AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
TERCERA - SUB SECCIÓN C MAGISTRADO PONENTE: FERNANDO IREGUI
CAMELO, se proceda a DAR TRÁMITE AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO
CONTRA LA SENTENCIA DEL 19 DE ABRIL DE 2024, varias veces indicada, dentro de
los 10 días siguientes a la notificación del fallo de tutela, y posteriormente se sirva
DICTAR SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.
4. SE ADOPTEN todas las demás decisiones y medidas que el Juez Colegiado de Tutela
considere necesarias para el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales
de la señora ENGRACIA DÍAZ DE MUÑOZ.
B. Hechos
3. Ante el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
se tramitó el medio de control de reparación directa promovido por la señora Engracia
Díaz de Muñoz y otros contra el Distrito Capital – Secretaría Distrital de Salud y el Centro
Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), con el fin de que se declarara la
responsabilidad administrativa por la presunta falla en la prestación del servicio médico
que habría ocasionado el fallecimiento del señor Gustavo Muñoz Damián el 13 de
febrero de 2015.
4. Mediante sentencia proferida el 19 de abril de 2024, el Juzgado negó las
pretensiones de la demanda. La providencia fue notificada ese mismo día, mediante el
envío de mensaje de datos al buzón electrónico dispuesto para notificaciones judiciales.
5. El 9 de mayo de 2024, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia. Por auto del 12 de junio de 2024, el
Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá concedió
el recurso de apelación y ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca para que se surtiera la segunda instancia.
6. Mediante auto del 7 de febrero de 2025, el Magistrado Ponente del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección C, se abstuvo de
tramitar el recurso de apelación al estimar que había sido interpuesto de manera
extemporánea.
6.1. En dicha providencia se indicó que la sentencia de primera instancia se notificó el
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Accionante: Engracia Díaz de Muñoz
Se confirma la decisión de primera instancia
19 de abril de 2024 y que el término de notificación por medios electrónicos transcurrió
entre el 22 y el 23 de abril de 2024, razón por la cual el término de diez (10) días para
interponer el recurso de apelación corrió entre el 24 de abril y el 8 de mayo de 2024, de
modo que el recurso presentado el 9 de mayo de 2024 resultaba tardío.
7. El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de súplica contra esa
decisión, en el que sostuvo que el término debía contabilizarse de manera distinta, a
partir de la interpretación del artículo 203 de la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante, CPACA.
La súplica fue resuelta mediante auto del 2 de abril de 2025, en el que la Subsección
C confirmó la decisión del 7 de febrero de 2025, al considerar correcto el cómputo
efectuado por el Magistrado Ponente, y ordenó la devolución del expediente al juzgado
de origen.
C. Fundamentos de la vulneración
8. La accionante sostiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró sus
derechos fundamentales al “debido proceso, acceso a la administración de justicia,
defensa y contradicción e igualdad procesal”, al abstenerse de tramitar el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, bajo el argumento de
que fue presentado de manera extemporánea.
8.1. En particular, afirma que el cómputo del término realizado por el Tribunal fue
incorrecto, pues, en su criterio, la notificación de la sentencia de 19 de abril de 2024 no
podía entenderse surtida el mismo día del envío del mensaje de datos, sino con
posterioridad, de conformidad con el artículo 203 del CPACA. Sostiene que, si se aplica
adecuadamente dicha disposición, el término de 10 días para interponer el recurso de
apelación vencía el 14 de mayo de 2024, razón por la cual el escrito radicado el 9 de
mayo de 2024 habría sido oportuno. En ese sentido, alega que se incurrió en un defecto
procedimental.
8.2. Agrega que el Juzgado de primera instancia concedió el recurso de apelación
mediante auto de 12 de junio de 2024, lo que, a su juicio, demuestra que la alzada fue
presentada dentro del término legal. En consecuencia, considera que el Tribunal
desconoció una situación jurídica consolidada y restringió injustificadamente su derecho
a que la controversia fuera examinada en segunda instancia.
D. Trámite procesal
9. Por auto del 19 de agosto de 20252, el despacho ponente de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela y ordenó notificar
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y vincular, en calidad de tercero con interés,
a Bogotá D.C. – Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a la Secretaría de Salud de Bogotá y al
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias–CRUE, para que rindieran informe sobre
los hechos objeto de la demanda de tutela.
2
Índice 4 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
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Accionante: Engracia Díaz de Muñoz
Se confirma la decisión de primera instancia
E. Oposiciones e intervenciones
10. El Magistrado Fernando Iregui Camelo 3, en su condición de integrante de la Sección
Tercera – Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (accionado), rindió
informe en el que solicitó negar el amparo invocado. Señaló que el auto del 7 de febrero
de 2025, mediante el cual se abstuvo de tramitar el recurso de apelación, estuvo
debidamente motivado y se fundó en la aplicación de las normas que regulan la
notificación por medios electrónicos y el cómputo de términos en el CPACA.
10.1. Indicó que la sentencia de primera instancia fue notificada el 19 de abril de 2024
mediante mensaje de datos enviado a las direcciones electrónicas registradas para
notificaciones judiciales y que, conforme al numeral 2 del artículo 205 del CPACA, el
término de notificación por medios electrónicos transcurrió entre el 22 y el 23 de abril de
2024. En consecuencia, el término de 10 días para interponer el recurso de apelación
corrió entre el 24 de abril y el 8 de mayo de 2024, por lo que el recurso presentado el 9
de mayo de 2024 resultaba extemporáneo.
11. El Magistrado Andrew Julián Martínez Martínez 4, integrante de la Sección Tercera –
Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (accionado) informó que, al
resolver el recurso de súplica mediante auto del 2 de abril de 2025, la Subsección C
examinó los argumentos expuestos por la parte actora respecto del cómputo del término
y concluyó que la interpretación efectuada en el auto del 7 de febrero de 2025 era
correcta. En ese sentido, sostuvo que la providencia confirmatoria se limitó a reiterar la
aplicación de las disposiciones legales pertinentes y que la inconformidad de la
accionante obedece a un desacuerdo frente a la interpretación de normas procesales,
asunto propio del debate de legalidad ordinaria y no de relevancia constitucional.
12. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá5 (tercero con interés) manifestó que no
tuvo participación en las decisiones judiciales cuestionadas y que no le consta
vulneración alguna de derechos fundamentales atribuible a su actuación, por lo que
solicitó su desvinculación del trámite constitucional.
13.El Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá 6
remitió copia digital del expediente del medio de control de reparación directa.
F. Decisión impugnada
14. Mediante sentencia del 26 de septiembre de 20257, la Sección Tercera, Subsección
C del Consejo de Estado declaró improcedente la demanda de tutela. Consideró que no
se cumplían los requisitos generales de procedencia exigidos para la tutela contra
providencias judiciales, en particular el de relevancia constitucional.
14.1. Señaló que la controversia planteada por la accionante se circunscribía a cuestionar
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Índice 11 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
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Índice 9 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
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Índice 10 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
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Índice 8 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
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Índice 14 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
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Accionante: Engracia Díaz de Muñoz
Se confirma la decisión de primera instancia
el cómputo del término para interponer el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, asunto que fue examinado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca tanto en el auto del 7 de febrero de 2025 como en el del 2 de abril de
2025, al resolver el recurso de súplica. Precisó que la demanda de tutela no evidenciaba
la configuración de un defecto de entidad constitucional, sino que reiteraba los
argumentos expuestos en el trámite ordinario sobre la interpretación de las normas que
regulan la notificación y el cómputo de términos procesales.
15. En ese sentido, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Engracia Díaz
de Muñoz contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera- Subsección
C, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
G. Impugnación
16. En escrito radicado el 5 de diciembre de 20258, la parte accionante impugnó la
sentencia del 26 de septiembre de 2025 e insistió en las pretensiones formuladas en la
demanda de tutela.
16.1. Sostuvo que la sentencia de primera instancia realizó una interpretación
equivocada del requisito de relevancia constitucional en materia de tutela contra
providencias judiciales, al concluir que el asunto planteado se limitaba a un desacuerdo
interpretativo sobre normas procesales. Afirmó que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en un defecto procedimental al realizar un cómputo incorrecto
del término para interponer el recurso de apelación, lo que, en su criterio, le impidió
acceder a la segunda instancia y vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
16.2. Reiteró que la notificación de la sentencia de primera instancia del medio de control
de reparación directa no podía entenderse surtida el mismo 19 de abril de 2024 y que
el término debía contabilizarse conforme al artículo 203 del CPACA. Insistió en que, si
se aplicaba adecuadamente dicha disposición, el recurso de apelación interpuesto el 9
de mayo de 2024 resultaba oportuno, razón por la cual el Tribunal desconoció una
interpretación ajustada al ordenamiento jurídico y restringió indebidamente su derecho
a que la controversia fuera revisada en segunda instancia.
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Índice 18 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai
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Accionante: Engracia Díaz de Muñoz
Se confirma la decisión de primera instancia
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
17. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por la señora Engracia Díaz de
Muñoz contra la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, y en el Reglamento del Consejo
de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
I. Sentido de la decisión
18.La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la
demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por
cuanto se advierte que el actor pretende reabrir el debate ya resuelto por el juez natural
dentro del medio de control de reparación directa, desnaturalizando la acción de tutela.
J. Cuestión previa
19. En vista de que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado no
resolvió la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá, la Sala negará la solicitud en sede de impugnación. Lo anterior, toda vez que la
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá fue vinculada al proceso de la referencia en su
calidad de autoridad demandada en el proceso de reparación directa en el que se
profirieron las providencias objeto de tutela.
K. El requisito de relevancia constitucional
20. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales. 9 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada10, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.
21. En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
9
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
10
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04750-01
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corresponde definir a otras jurisdicciones. 11
22. En la sentencia SU-215 de 2022 12, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
(i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental;
(ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales;
(iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces,
no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental; y
(iv) el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales
23. Para la Corte Constitucional 13, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
24. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que
han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el sistema jurídico
de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del juez c onstitucional” 14.
11
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P.
José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073
de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
14 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04750-01
Accionante: Engracia Díaz de Muñoz
Se confirma la decisión de primera instancia
L. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda
25. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.
25.1. En el asunto sub iudice, la accionante cuestiona los autos proferidos el 7 de febrero
y 2 de abril de 2025 por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, pues considera que incurrieron en un defecto
procedimental. A continuación, la Sala describirá las características y elementos del
defecto alegado, con el propósito de determinar el objeto de la litis y examinar a fondo
la presunta vulneración de derechos fundamentales.
26. El defecto procedimental es una causal específica de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y tiene su fundamento en los artículos 29 y 228 de
la Constitución Política, los cuales consagran el derecho al debido proceso, el acceso a
la administración de justicia y la prevalencia del derecho sustantivo sobre el formalismo
procedimental. Para la Corte Constitucional, este defecto se configura cuando la
actuación judicial vulnera alguna de las garantías procesales esenciales de manera tal
que compromete la validez del procedimiento seguido y, por ende, el goce efectivo de
los derechos fundamentales del afectado.
15
26.1. La Corte Constitucionalha establecido que el defecto procedimental se manifiesta
de dos maneras: (i) el defecto procedimental absoluto, cuando el operador judicial
desconoce o se aparta del procedimiento legalmente establecido y (ii) el exceso ritual
manifiesto, que se presenta cuando «el goce efectivo de los derechos de los individuos
se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación de las normas procesales».
26.2. La procedencia de la acción de tutela por defecto procedimental, ya sea absoluto o
por exceso ritual manifiesto, exige (i) que no exista otro medio para corregir la
irregularidad, salvo la presencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto sea
manifiesto y tenga incidencia directa en la decisión cuestionada; (iii) que haya sido
alegado en el proceso ordinario, cuando ello fuera posible; (iv) que no sea atribuible al
afectado; y (v) que genere una vulneración de derechos fundamentales. 16
17
26.3. En particular, la Corte
ha precisado que la indebida notificación puede configurar
un defecto procedimental absoluto cuando el juez desconoce el procedimiento
legalmente establecido, pues ello implica una afectación grave al debido proceso al
comprometer las garantías de contradicción y defensa de las partes.
M. El caso concreto
27. La Sala observa que la demanda de tutela no satisface el requisito de relevancia
15
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-418 de 2019. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
17
Corte Constitucional, sentencia T-181 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Accionante: Engracia Díaz de Muñoz
Se confirma la decisión de primera instancia
constitucional, pues su propósito central consiste en cuestionar la interpretación que
realizó la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca sobre el régimen de notificación por medios electrónicos y el cómputo
del término para interponer el recurso de apelación, asunto que fue objeto de discusión
y decisión expresa en el trámite ordinario, sin que se advierta una actuación arbitraria o
carente de motivación por parte de la autoridad judicial accionada.
28. Del examen del expediente se evidencia que los reparos formulados en sede de
tutela coinciden sustancialmente con los planteados por la parte actora en el recurso de
súplica interpuesto contra el auto del 7 de febrero de 2025. En esa oportunidad, el
apoderado de la demandante, ahora accionante, sostuvo que la notificación de la
sentencia del 19 de abril de 2024 no podía entenderse surtida el mismo día del envío
del mensaje de datos y que el término debía contabilizarse conforme al artículo 203 del
CPACA, por lo que el recurso de apelación presentado el 9 de mayo de 2024 era
oportuno; así:
[…] el Despacho de primera instancia, el mismo día, 19 de abril de 2024, envió la notificación
a las 16:15 horas, y la norma, es decir, el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011, precisa que
se debe hacer dentro de los tres (3) días siguientes a su fecha (19 de abril de 2.024).
En gracia de discusión, no necesariamente debe hacerse al tercer día, bien había podido
efectuarse el primer día, esto es el 22 de abril de 2024, y no como se hizo, fuera de la norma
del art 203, que dice dentro de los tres días siguientes, y siguientes significa QUE NO
PUEDE SER EL MISMO DÍA DE PROFERIDA LA SENTENCIA. El Despacho de primera
instancia o la secretaría, no tuvo en cuenta los tres (3) días siguientes, esto es, LOS DÍAS
LUNES 22 DE ABRIL DE 2024, MARTES 23 DE ABRIL DE 2024 Y MIERCOLES 24 DE
ABRIL DE 2024.
29. Pese a lo anterior, en la demanda de tutela la accionante reitera, en esencia, el
mismo planteamiento, al afirmar que el Tribunal incurrió en un defecto procedimental
por indebido cómputo del término para apelar y que desconoció el alcance de las normas
que regulan la notificación electrónica, lo que, a su juicio, vulneró su derecho al debido
proceso y al acceso a la segunda instancia; en los siguientes términos:
El Despacho de primera instancia o la secretaría, no tuvo en cuenta los tres (3) días
siguientes, esto es, LOS DÍAS LUNES 22 DE ABRIL DE 2024, MARTES 23 DE ABRIL DE
2024 Y MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2024.
Como el Despacho de Primera instancia había podido optar la notificación entre el 22 de
abril y el 24 de abril de 2024, más NO EL 19 DE ABRIL DE 2024; para el presente caso,
que lo hubiese hecho el primer día después de la fecha de la sentencia, hubiese sido EL 22
DE ABRIL DE 2024, y es precisamente a partir de dicha fecha que se deben contabilizar
los términos […]
30. Sin embargo, los autos del 7 de febrero y 2 de abril de 2025 abordaron
expresamente esa discusión. En el primero, el Magistrado Ponente explicó que la
sentencia de primera instancia fue notificada el 19 de abril de 2024 mediante mensaje
de datos, que el término de notificación por medios electrónicos transcurrió entre el 22
y el 23 de abril de 2024, y que, en consecuencia, el término de 10 días para interponer
el recurso de apelación corrió entre el 24 de abril y el 8 de mayo de 2024, razón por la
cual el recurso presentado el 9 de mayo de 2024 resultaba extemporáneo.
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04750-01
Accionante: Engracia Díaz de Muñoz
Se confirma la decisión de primera instancia
Particularmente, en el auto del 2 de abril de 2025 se estableció lo siguiente:
Si bien en el recurso de súplica el apoderado de la parte demandante sostiene que el envío
del mensaje con el propósito de notificar la sentencia no puede ser enviado en la misma
fecha en que es proferido; lo cierto es que la disposición no contempla tal restricción, pues
el artículo 203 del CPACA establece que la notificación debe hacerse dentro de los tres (3)
días siguientes a su fecha, expresión que permite incluir el mismo día en que se emite la
providencia.
En este orden de ideas, dado que la sentencia objeto del recurso de apelación fue notificada
a las partes mediante correo electrónico remitido el 19 de abril de 2024 su notificación se
entiende realiza una vez transcurridos los días lunes 22 y martes 23 de abril de 2024.
En consecuencia, el término de diez (10) días para presentar el recurso de apelación inició
el miércoles 24 de abril y finalizó el 8 de mayo de 2024. Así, comoquiera que la parte actora
interpuso el recurso de alzada el 9 de mayo de 2024 se concluye que fue presentado en
forma extemporánea […]
30.1. Posteriormente, al resolver el recurso de súplica, la Subsección C examinó los
argumentos relativos a la aplicación del artículo 203 del CPACA y concluyó que el
cómputo efectuado en el auto inicial era correcto, confirmando la decisión de abstenerse
de tramitar la apelación y ordenando la devolución del expediente al juzgado de origen.
31. En ese contexto, los planteamientos formulados en sede de tutela no evidencian
una actuación arbitraria, caprichosa o abiertamente irrazonable, sino una discrepancia
frente a la interpretación jurídica adoptada por el juez natural en el marco de sus
competencias. La accionante pretende reabrir el debate sobre el cómputo del término
para apelar, ya examinado y decidido en el trámite ordinario, bajo la apariencia de una
vulneración constitucional.
32. La acción de tutela no está concebida como un mecanismo para sustituir la
interpretación razonada del juez natural ni para revisar nuevamente controversias de
estricta legalidad que fueron objeto de pronunciamiento expreso dentro del proceso
ordinario. El desacuerdo interpretativo sobre la forma en que debía surtirse la
notificación y contabilizarse el término de apelación no adquiere, por sí mismo,
dimensión constitucional.
33. En consecuencia, la Sala concluye que los reproches formulados en sede de tutela
son sustancialmente idénticos a los planteados y resueltos en el recurso de súplica y
persiguen el mismo fin, a saber, que se tramite el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia. Por ello, la demanda resulta improcedente, al
no acreditarse la relevancia constitucional necesaria para habilitar el examen
excepcional del juez de tutela frente a providencias judiciales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04750-01
Accionante: Engracia Díaz de Muñoz
Se confirma la decisión de primera instancia
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida el 26 de
septiembre de 2025 por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado que
declaró la improcedencia de la demanda de tutela.
SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación formulada por la Secretaría Distrital
de Salud de Bogotá.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
CUARTO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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